Reimaginar el desarrollo: de utopía postergada a tarea urgente

La frecuencia con que escuchamos frases como “diversificar las exportaciones”, “transformar nuestra matriz productiva” o “crecer respetando el medio ambiente”, parece tener una relación indirectamente proporcional con nuestra capacidad de ponerlas en práctica. Una realidad que puede cambiar después de una crisis social y sanitaria que hasta los más conformistas reconocen podría ser un punto de inflexión en la manera como Chile se desarrolla. En la antesala de un proceso constituyente que forzará la toma de definiciones en la materia, conversamos con Ricardo Ffrench-Davis, Maisa Rojas y José Miguel Ahumada para encontrar señales que nos guíen por ese camino.

Por Francisco Figueroa 

La economía chilena enfrenta serias dificultades para encontrar una senda de desarrollo justo y sostenible. El dilema no es nuevo: Chile completa 20 años de productividad estancada y al menos 15 de bajo crecimiento. Pero lo añoso del dilema no le ha quitado complejidad. Por el contrario, las crisis social, ambiental y sanitaria han enredado los propios términos del dilema y ampliado significativamente sus alcances. ¿Se escondían nuestras desdichas actuales en los logros pasados? ¿Cuánto aguanta el planeta el imperativo del crecimiento? ¿Son siquiera preguntas que la sociedad y el Estado puedan responder? ¿O estamos indefectiblemente en manos de los superricos?

Ricardo Ffrench-Davis, cofundador de CIEPLAN y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, reduce la incertidumbre reponiendo la centralidad de la desigualdad: “no hay crecimiento sostenible si no es incluyente”. Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y presidenta del Comité Científico de la COP25 para Chile, pone sus esperanzas en el camino hacia la carbono-neutralidad: “nos obliga a pensar en el largo plazo”. Y José Miguel Ahumada, profesor del Instituto de Estudios Internacionales y especialista en economía política del desarrollo, reconoce lo difícil pero ineludible de “introducir una racionalidad pública” en la determinación de las inversiones de los grandes grupos económicos.

El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis.

RICARDO FFRENCH-DAVIS: “PARA TENER UN CRECIMIENTO SOSTENIDO TIENES QUE ACORTAR LAS DISTANCIAS ENTRE LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO” 

—La crisis social que estalló en octubre parece haber develado la contracara negativa de cosas que considerábamos logros económicos. ¿Cómo se relacionan las virtudes y los defectos del desarrollo económico chileno de las últimas décadas?

Es muy interesante entender cómo fue posible que los primeros siete u ocho años de los últimos 30 hiciéramos logros tan importantes en reducción de la pobreza, del desempleo, crecimiento del producto e inversión productiva. Eso, en mi interpretación, fue consolidando esperanzas. Pero fueron apareciendo vicios tremendos (financiamiento de la política, Sename, ataques a las mujeres, colusiones), las reacciones fueron muy lentas debiendo haber sido brutales, y se deterioró la política macroeconómica. Chile, en 1990 y 91, fue contra la corriente poderosísima del Consenso de Washington al controlar la cuenta de capitales (los flujos especulativos) y el precio del dólar, nuestro nexo con la economía internacional. Pero el 99 el Banco Central retrocede y entrega el manejo de esas dos variables cruciales a los mercados financieros internacionales, y se colgó 100% de una creencia neoliberal profundamente equivocada: si frenamos la inflación, el resto se ajusta automáticamente. Nuestros empresarios empezaron a irse y parte de ese espacio lo ocupó la empresa extranjera. Tú no puedes hacer desarrollo incluyente y que las empresas extranjeras sean muy determinantes. Hubo un adormecimiento de nuestra dirigencia.

Ese crecimiento de cuya ralentización eres crítico, ¿importa en cantidad tanto como en calidad?

En el mundo se ha ido aprendiendo que no hay crecimiento sostenible en el tiempo si no es incluyente. El mercado libre es ineludiblemente generador de desigualdad, que es mala para la innovación, la diversificación productiva, las pequeñas y medianas empresas. Para tener un crecimiento sostenido tienes que acortar las distancias entre los de arriba y los de abajo. Eso ha ido tomando fuerza en los analistas más avispados del ámbito de la economía. Para crecer tienes que hacer crecimiento incluyente en el proceso, no después. ¿Lo ha hecho alguien? Europa occidental, Canadá y el Estados Unidos de Roosevelt. Con educación pública, a la que van ricos y pobres y apostando por la innovación no arriba, sino también desde abajo. Tenemos que agregar el manejo de nuestra macroeconomía, nuestro tipo de cambio, nuestra demanda agregada, nuestras tasas de interés. No podemos manejar la macro mundial obviamente, pero sí la interna; eso se hizo en los noventa eficazmente.

¿Y podemos diversificarnos con la actual matriz primario-exportadora?

No hay que perder lo que tenemos. Son decenas de miles de millones de dólares al año que financian nuestras importaciones. Necesitamos que eso se desarrolle, agregándole valor, y desarrollar nuevas actividades. La coreana era una economía agrícola el 65 y se convirtió en una economía industrial campeona en el mundo. Si somos el principal exportador de cobre en el mundo, ¿por qué no podemos producir más bienes y servicios intermedios para su producción e incluso exportarlos? Algo producimos, pero podríamos mucho más. E imitar a los oceánicos y los escandinavos, que pasaron de exportar troncos de árboles a casas y tableros y tecnología. Para exportar bienes intermedios que hoy importamos, podemos cooperar con nuestros vecinos cupreros. Entrar al mundo con otros de la región.

Al financierismo opones el productivismo, paradigma también cuestionado por la crisis socioambiental. ¿Se puede conciliar desarrollo y medio ambiente?

Claro que sí. En todo lo que es renovable, regular mejor los volúmenes de manera que no liquide la renovabilidad. El yacimiento de cobre no es renovable, lo sacas y te va a quedar el hoyo. Ahí, yo digo, que no nos preocupe que quede el hoyo, pues da empleo e ingresos hoy. Lo importante es que, cuando lo saques, no destruyas el agua de los ríos y el aire. Eso significa costos y hay que pagarlos. No se puede pensar sólo en el PIB de hoy día, hay que avanzar en los valores agregados para suplir el agotamiento de lo no renovable. Entre otros, son muy importantes los impuestos verdes. Tienen que conversar medio ambiente y economía, capital y Estado, y para eso hay que estar a favor de todo tipo de acuerdos, pero sin ceder las banderas centrales de lucha. Haber cedido esas banderas el 99 (tipo de cambio y cuenta de capitales libre, macro manejada por los mercados financieristas, que viven de la especulación) ha sido mortal para Chile, nos deterioró el empleo y la economía.

¿Qué principios económicos y rol del Estado en la economía debiéramos consagrar en una nueva Constitución?

La economía al servicio de la gente. Con una visión latinoamericanista: construyamos desarrollos convergentes con nuestros vecinos. Y una economía que sea amigable con el medio ambiente, participando, adoptando y siguiendo fielmente acuerdos internacionales en la materia como Escazú, y aplicando las políticas internas para eso, incluido el sistema tributario que requiere recaudar más y progresivamente.

“En el mundo se ha ido aprendiendo que no hay crecimiento sostenible en el tiempo si no es incluyente. El mercado libre es ineludiblemente generador de desigualdad, que es mala para la innovación, la diversificación productiva, las pequeñas y medianas empresas”. 

Ricardo Ffrench-Davis es doctor en Economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y cofundador y director de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN). Presidió el Comité de las Naciones Unidas de Políticas para el Desarrollo (2007-2010) y fue galardonado con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2005). Es un activo integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.

MAISA ROJAS: “EL CONCEPTO DE BIEN COMÚN DEBE ENTENDERSE INDISOLUBLEMENTE RELACIONADO CON LA NATURALEZA”  

En 2018 nos dijiste que la crisis de la cual el cambio climático es síntoma “es el resultado de una construcción masculina del planeta y su desarrollo”. ¿Puedes ahondar en esa afirmación?

Lo central es que es una crisis de desarrollo y parte de esa crisis es una manera masculina de desarrollarse, de una visión de un mundo con recursos infinitos que uno puede conquistar. Es momento de instalar valores dentro de la esfera pública que asociamos a lo femenino. Tradicionalmente, tenemos un set de valores que apreciamos en la esfera pública y otro distinto para la privada. En la esfera privada está bien la empatía, la solidaridad, la colaboración; el cuidado, digamos. Pero para la esfera pública valoramos la competencia, la no colaboración, la conquista. Ese es el problema. Ha llegado el momento de apreciar esos valores también en la esfera pública.

¿Por qué ese momento es ahora? ¿Qué lo define como crucial?

Desde mi perspectiva en cuanto a cambio climático, el momento actual se inicia en 2015 con la firma del Acuerdo de París, un punto de inflexión bien importante para -por lo menos en términos de emisiones- enfrentar esta crisis. Después viene, en 2018, el muy influyente informe del IPCC sobre calentamiento global, que dice que es posible todavía limitar el calentamiento a 1,5 [grados Celsius], un espacio relativamente seguro y justo para el desarrollo humano y de nuestro planeta, y que esa pequeña ventana de oportunidad se nos cierra en los próximos diez años. Y después viene, en 2019, un informe de biodiversidad que dice que más de 1 millón de especies están en peligro de extinción. Y bueno, siendo chilena, después viene octubre con una crisis social y marzo con una crisis sanitaria que nos hablan de lo mismo. Entonces, el “momento” se ha ido reduciendo de este siglo a esta década, a este año.

¿Y cómo piensas que estamos parados frente a lo que nos queda de ventana?

En muchos aspectos, estamos todos de acuerdo en que la pandemia es un punto de inflexión en cuanto a darnos cuenta de lo rápido que uno puede cambiar comportamientos. La capacidad de transformación social es muy impactante, y puede ser positiva justamente para enfrentar en particular el cambio climático. Es nuestra última oportunidad. Y hay señales superpositivas en Europa. Estados Unidos es otra historia y sabremos recién en noviembre qué resulta, y China es un misterio. Europa, por lo menos, está comprometida con la acción climática e incluso en el peak de la pandemia se comprometen con impulsar la reactivación económica con los objetivos de cambio climático y sustentabilidad en general. Yo diría que en América Latina se escucha el tema. Y créeme que en Chile también, aunque nuestro ministro de Hacienda no lo vea, lamentablemente.

Maisa Rojas es Doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, Reino Unido, académica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2

—Chile se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono, pero, ¿es compatible el objetivo de esas medidas con seguir dependiendo de la extracción de recursos naturales?

Lo que uno quisiera es que el compromiso de Chile con ser carbono neutral signifique hacer las cosas de una manera distinta. Lamentablemente, uno sí podría ser carbono neutral y seguir siendo exportador de cobre. Para ser carbono neutral hay que, básicamente, transformar todas las fuentes de energía a renovables. Pero si las plantas solares las van a venir a hacer ingenieros de España o Italia, no tiene un gran plus versus si las hacemos acá, con la innovación que necesitan y si pensamos, más que en mega grandes centrales, en algo mucho más distribuido. Entonces, yo diría que es una tremenda oportunidad de cambiar, incluso si lo hacemos mal va a ser un país mucho mejor. Por ejemplo, eliminamos las zonas de sacrificio. Ahora, en cuanto a nuestra otra vulnerabilidad con el tema del agua, este camino hacia la carbono neutralidad permite un desarrollo muy distinto, pero no es automático. Lo que sí, es que nos obliga a pensar a largo plazo. Es una agenda a 30 años que va a determinar el desarrollo. En ese sentido, es una enorme ganancia para el país.

¿Qué actividades inciden más en la escasez hídrica y cómo la transición hacia la carbono neutralidad puede incidir allí?

Tiene que ver sobre todo con la agricultura y, por lo tanto, con el Código de Aguas, con tener una legislación que no toma en cuenta que vivimos en un clima cambiante. La idea detrás de los derechos de agua perpetuos es que el agua es una cantidad fija, y eso es una gran mentira, se contrapone a principios biofísicos. La carbono neutralidad a veces se piensa sólo como reducir las emisiones, pero va junto con la resiliencia, que es la capacidad de un grupo o sociedad o ecosistema para mantener sus características intrínsecas después de una perturbación o un cambio que es continuo.

En abril nos dijiste: “el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI y (…) definitivamente debe ser incorporado en una nueva Constitución”. ¿Cómo lo harías?

Lo primero es decir sí, el cambio climático es nuestro telón de fondo, nuestra realidad. Escribir estas reglas comunes cuando uno ya tiene ese entendimiento, va a ser bien determinante. Vamos a tener que ir avanzando en escribir una Constitución que incluya una relación distinta con la naturaleza. ¿Qué debiera decir exactamente? La verdad es que no me lo imagino todavía, porque la Constitución actualmente sí da el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero la realidad es otra.

Solemos invocar el principio de interés público contra empresas contaminantes que se amparan en el derecho de propiedad y la libertad de empresa, pero ese principio también puede interpretarse como hacer lo mismo, pero desde el Estado. ¿Cómo repensarías la noción de interés público?

Claro, creo que es el concepto de bien común, el bien común debe incluir no solamente a los habitantes, sino que entenderse indisolublemente relacionado con la naturaleza. Somos parte de este ecosistema, de este planeta, no puede haber bien común ni bienestar humano sin cuidar la naturaleza. En ese sentido, hay que incorporar una visión más amplia que sólo la antropocéntrica. Tenemos que pensar la distribución, la igualdad, dentro de los límites que nos ofrecen la naturaleza y este planeta.

“Para ser carbono neutral hay que, básicamente, transformar todas las fuentes de energía a renovables. Pero si las plantas solares las van a venir a hacer ingenieros de España o Italia, no tiene un gran plus versus si las hacemos acá, con la innovación que necesitan”. 

Maisa Rojas es doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, Reino Unido, profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, de la misma casa de estudios. Presidió el Comité Científico Asesor de la COP25 para Chile y es investigadora del Núcleo Milenio en Paleoclima del Hemisferio Sur.

JOSÉ MIGUEL AHUMADA: “ES URGENTE CIERTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS GRANDES CONGLOMERADOS ECONÓMICOS” 

—Hay quienes sostienen que nuestro problema es el “capitalismo de amigos” y promueven como solución un “verdadero” capitalismo, competitivo e innovador. ¿Es un sueño realista y deseable?

José Miguel Ahumada es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

El problema con esa hipótesis es que, si bien es coherente teóricamente, ese modelo de libre comercio con el que se contrasta nunca ha existido. El capitalismo, como sistema social, tiende endógenamente a generar estas grandes estructuras organizativas, a conquistar mercados. La conformación de los grandes conglomerados económicos es connatural a la competencia capitalista. En la idea del capitalismo de amigos, lo que se ve como solución es únicamente tratar que no vuelvan a coludirse, no atacando el problema de fondo, que es, creo yo, la naturaleza de estos conglomerados, su estructura familiar y determinada por la competencia monopolística, lo que significa que su inversión va hacia sectores donde la ganancia es inmediata, no a sectores riesgosos, como la energía renovable o construir capacidades productivas donde no hay ventajas comparativas. Estos grupos, por su propia racionalidad económica y no porque sean amigotes, invierten en sectores que son socialmente improductivos y que, económicamente, han perdido la bencina que tuvieron en los noventa.

Con lo concentrada de nuestra economía, no es raro que hablemos mucho de diversificar nuestra matriz productiva pero poco de cómo hacerlo: parece que no está en nuestras manos. ¿Cómo recuperar esa capacidad?

Un problema es que los núcleos de acumulación que determinan el tipo de desarrollo del país están en los grandes conglomerados económicos, allí está la estructura organizacional que permite o no generar políticas de largo plazo para modificar la estructura productiva. ¿Qué sabemos de los casos que han sido relativamente similares a Chile y han logrado un despliegue de nuevas capacidades productivas y de diversificación exportadora? Un típico caso es Corea del Sur, pero más interesante me parece Finlandia, porque lo hicieron en democracia y con una matriz exportadora, en 1950, muy similar a la chilena: exportaban cobre y celulosa y el PIB per cápita era prácticamente igual al nuestro. Los finlandeses hicieron dos tipos de política. La primera, generar encadenamientos productivos para diversificar las exportaciones a partir de los recursos naturales, no sólo desde las empresas públicas, sino también vía alianzas con los grandes conglomerados, con subsidios condicionados a que pudieran establecer esos encadenamientos productivos. Ese fue un periodo para diversificarse en torno los recursos naturales, lo que genera límites. La segunda, en los 70, fue que el Estado creó un conjunto de instituciones para la innovación, con espacios donde sentaban a discutir a sindicatos, gremios, el Estado y la sociedad civil para pensar la política de desarrollo a 30 años. Y lo que se decidió fue dar un salto a invertir en sectores electrónicos y de telecomunicaciones. Ahí, por ejemplo, Nokia pasó de producir celulosa a los celulares que conocimos. Y dar subsidios a exportaciones sujetos a que los grandes conglomerados hicieran proyectos de innovación con instituciones públicas locales e incluyendo a la pequeña y mediana empresa. Así se fue formando un tejido productivo. Esto fue posible al complementarlo con la educación pública, gratuita y de calidad, el 67, y una reforma tributaria progresiva.

¿Y cómo introducir la mirada de largo plazo en esas grandes empresas? ¿Participación pública en las juntas directivas? ¿De los sindicatos?

Políticamente es, por supuesto, muy complejo, pero es urgente cierto nivel de participación pública en estos conglomerados. Finlandia, por ejemplo, tiene pocas empresas estatales, pero tiene un holding financiero público que controla alrededor de 17 de las 20 empresas más grandes de Finlandia. Son empresas privadas, pero el Estado tiene mayoría accionaria, eso permite que haya una racionalidad pública a la hora de determinar las inversiones. No implica la estatización, son actores que están en el mercado y la competencia, pero su cálculo es más de largo plazo. Esto que Keynes llamaba socialización de la inversión, pero vía el sector financiero, es políticamente muy difícil, pero abre una puerta para cierto control de hacia dónde va la inversión de estos grandes conglomerados, que permita, por ejemplo, diversificar hacia sectores productivos y no sólo aprovechar monopolios internos.

Es difícil imaginar la viabilidad de una estrategia de diversificación en un solo país. ¿Qué papel le asignas a la integración regional?

La integración es fundamental, no porque la sugerencia que yo hago implique sustitución de importaciones, no, no, es integrarnos de otra forma al comercio internacional. Imaginemos que ya no queremos sólo hacer duraznos en almíbar, sino maquinaria para su producción. No vamos a encontrar mercados para eso en Estados Unidos, China ni la Unión Europea. ¿Con qué país tenemos la canasta diversificada más grande? Con Bolivia. Entonces la pregunta es qué mercado vamos a estimular, y ahí yo creo que debe ser el latinoamericano. Eso abre otro conjunto de problemas, porque un proyecto de integración implica una tensión con Estados Unidos, por los acuerdos comerciales que se firmaron durante los gobiernos de la Concertación.

“Desarrollo no es crecer cuantitativamente, es un cambio cualitativo; pasar de una estructura productiva que se especializa en sectores intensivos en recursos naturales y explotados por una fuerza laboral de baja cualificación, a sectores intensivos en conocimiento y explotados por una fuerza laboral de alta cualificación”.

Otra tensión es con el medio ambiente. ¿Cómo se concilia desarrollo y medio ambiente?

Creo que hay cierta confusión. Se habla de desarrollismo desde fines de los noventa, pero ese régimen fue extractivista, el Estado tuvo un rol redistributivo, pero no modificó las estructuras productivas. Para mí, eso no fue un proceso de desarrollo, sino un típico caso de crecimiento periférico. Desarrollo no es crecer cuantitativamente, es un cambio cualitativo; pasar de una estructura productiva que se especializa en sectores intensivos en recursos naturales y explotados por una fuerza laboral de baja cualificación, a sectores intensivos en conocimiento y explotados por una fuerza laboral de alta cualificación. El desarrollo no implica necesariamente un crecimiento cuantitativo de la producción, sí de la torta, eso es verdad, porque pasar de un sector extractivo a uno intensivo en conocimiento crea más riqueza, pero este tipo de transformación productiva hace que unos sectores crezcan y otros decrezcan, y si se integra con las energías renovables, se puede conjugar con la sostenibilidad medioambiental.

José Miguel Ahumada es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es coordinador académico del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la misma casa de estudios y autor del libro The political economy of peripheral growth: Chile in the global economy (2019).

Conversación: el rol del conocimiento en la transformación del modelo de desarrollo en Chile

La atención mundial que ha concitado la generación de una vacuna que ponga a raya el Covid-19 y los anuncios de los organismos internacionales sobre cómo se propaga la enfermedad, cómo se trata y cómo creamos estrategias que nos permitan superar las crisis social y política tras la pandemia nos han mostrado como nunca hasta qué punto dependemos del conocimiento. ¿Cuál es su lugar en la sociedad actual? ¿Quién lo genera? ¿Nos sirve para cambiar lo que somos como comunidad? Esas son algunas de las preguntas que el vicerrector Flavio Salazar, la académica Adriana Bastías y el académico Claudio Gutiérrez se hicieron en esta conversación registrada el pasado 7 de octubre.

Por Jennifer Abate C.

¿De qué manera deberíamos comenzar a pensar el desarrollo del conocimiento y cuál es el rol que este debe jugar en una sociedad que pretende avanzar hacia el desarrollo? 

Flavio Salazar: durante la última etapa, en el desarrollo del sistema capitalista que se produjo después de la Revolución Industrial, el conocimiento no sólo ha sido un elemento de cultura o de bienestar general, sino que se ha transformado también en una mercancía y se ha insertado, como todas las acciones del trabajo humano, en la lógica del sistema capitalista que hoy impera. Llevándolo al plano actual, no existen sociedades que hayan avanzado, desde el punto de vista del progreso general, sin tomar en cuenta el tema de la generación de conocimiento. Desde el siglo XX en adelante, todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities. En eso hemos tenido un desarrollo muy potente, una industrialización muy importante en ciertos ámbitos como la extracción mineral, el bosque, la pesca, etc., pero con un impacto en la naturaleza y en las comunidades que es muy grande y sin un retorno y diversificación de la economía. Lo que hoy uno se plantea es una discusión en la cual podamos poner el conocimiento dentro de un plan de desarrollo nacional y que sea uno de los pilares que permita una sociedad distinta.

Flavio Salazar es vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile.

Adriana Bastías: como dice Foucault, todo saber, todo conocimiento implica poder, y de alguna forma son dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de conocimientos, no solamente del conocimiento. Nuestra producción de conocimiento se basa en índices, en índices que son publicaciones internacionales que muchas veces no consideran la realidad local ni tampoco la realidad regional, por lo tanto, se alejan de una ciudadanía que valore lo que nosotros hacemos o la generación de conocimientos. Para quienes somos de regiones, esto es más evidente, porque la generación de conocimientos o la valoración del conocimiento suele concentrarse en ciertos sectores, en ciertas universidades a las que acceden ciertos grupos sociales. Esto se va replicando y va generando una endogamia académica donde las mismas personas se autopublican y van, de alguna forma, generando una máquina de reproducción de papers. Este paperismo no tiene muchas veces que ver con la realidad o con la necesidad social de la generación de conocimiento para el bienestar social de todas las personas. 

Claudio Gutiérrez: enfatizo en lo que decía Adriana: hay que hablar de conocimientos, no de conocimiento. Los conocimientos son parte de lo que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que hacemos cosas, en todas las direcciones. Cuando uno habla de desarrollo, está hablando de una manera de ser, una manera de hacerse, una manera de construir una comunidad, una sociedad en la que participan las personas. El desarrollo tiene que ver mucho con ser sujeto, con entender qué somos, tiene que ver nuestra identidad como comunidad, como personas. En general, cuando uno habla de desarrollo, inmediatamente piensa en el desarrollo económico, porque ese es un sesgo brutal que tenemos hoy, equivocado para los tiempos que vivimos; no funciona. Pero el desarrollo es más amplio que ese ordenamiento, esa mirada económica. Hoy, por lo menos el PNUD y pensadores como Manfred Mac-Neef y Amartya Sen tienen una noción de desarrollo mucho más marcada en lo humano. 

“Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades”. Claudio Gutiérrez 

Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades; no estamos hablando del conocimiento que se produce en el noratlántico y baja y llega a través de las grandes ciudades y se distribuye a la población, como pensaban conservadores como Bello. No, los conocimientos vienen desde abajo también, están en las comunidades de diferente tipo. Es un tremendo desafío: cómo juntamos estas dos variables de los conocimientos con el desarrollo de una sociedad. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo de desarrollo? ¿Por qué es relevante tener una conversación sobre qué es y hacia dónde debe ir en momentos de crisis como el que enfrentamos actualmente no sólo en Chile, sino que en todo el mundo? 

Flavio Salazar: concuerdo en que durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI se ha posicionado una visión bastante estrecha, basada solamente en el crecimiento económico, y ya sabemos por experiencia propia e internacional que el crecimiento tiene dos elementos: por una parte, no garantiza el bienestar de todos, puede garantizar el bienestar de una minoría; por otra, genera daños de sustentabilidad ecológica que pueden amenazar incluso la supervivencia de la humanidad. Cuando nosotros planteamos un nuevo modelo de desarrollo, se trata de uno que se haga cargo de esas carencias y esas brechas, que sea beneficioso para la mayoría de las personas y que, de alguna manera, garantice los derechos mínimos que gran parte de la ciudadanía está solicitando, que no sea depredador. Chile, en las últimas décadas, ha desarrollado muy fuertemente el modelo neoliberal, que ha penetrado con lógicas de mercado todo el ámbito de la vida de las personas, por eso tenemos una salud de mercado, una educación de mercado, tenemos todos los elementos que constituyen una sociedad de mercado. Creo que uno no puede prescindir de un análisis de la realidad actual, no puede prescindir de tomar en cuenta las fuerzas que operan, los intereses que existen, las oposiciones, porque si uno no lo hace de esa manera, entonces es muy difícil establecer una propuesta que tenga viabilidad. Una vez identificados esos elementos que mencioné, que son los elementos básicos, podemos proponer un modelo que pueda generar la adhesión de una mayoría ciudadana que permita que esto se haga realidad.  

Adriana Bastías es Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile.

Adriana Bastías: creo que hablar de un modelo de desarrollo implica decir que hay ciertos lineamentos que buscan el desarrollo de una nación, un territorio. Nosotros ahora ya sabemos que, dada la crisis climática, debiésemos hablar de un desarrollo sustentable, que no solamente involucre el aspecto económico, sino que también el ámbito social, político y cultural. Los sistemas de protección social están muy relacionados con los modelos de desarrollo que históricamente han tenido lugar. ¿Por qué en un momento de crisis es necesario pensar en un nuevo modelo? Básicamente, porque uno se da cuenta, frente a una crisis social, a un estallido social que casi cumple un año, de que el modelo se agotó. Frente a una economía de mercado con una fuerte desigualdad que podemos ver en el índice de Gini o en otros índices, es necesario pensar en un nuevo modelo de desarrollo que podemos generar a través del proceso constitucional, más allá de que en la práctica sea difícil por los altos quórum.  

Claudio Gutiérrez: cuando uno habla del modelo de desarrollo, debería pensar más globalmente en qué queremos como país. Para la época de Pedro Aguirre Cerda estaba bien el “pan, techo y abrigo”, pero hoy necesitamos más que eso. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos insertarnos en el mundo? Quiero poner un ejemplo sobre esto. Recuerdo un foro, hace un año, discutiendo con otro colega sobre la academia uruguaya, sobre la Universidad de la República, y me acuerdo de cómo se reían de mí cuando yo les decía: “habría que mirar de otra manera esa universidad, que no aparece en ninguno de esos rankings que nos encantan, y preguntarse cuál es el rol que juega esa universidad que produce el conocimiento y los profesionales que ese país pequeño necesita”. Estoy esperando encontrarme con esa gente de nuevo para mostrarles que Uruguay tiene sólo 49 muertos por Covid, 49 muertos en total, nosotros llevamos 60 al día o algo por ahí. ¿Cómo esa sociedad pudo hacer eso? Ese resultado no depende del número de papers publicados, no depende de los enganches que uno tenga con los grandes centros mundiales para traer o no la vacuna. Depende de una población educada, depende de un sistema de salud sólido, depende de una infraestructura sistemática. Uruguay tenía un modelo de desarrollo distinto, donde la universidad cumplía una función distinta a la de acá. ¿De dónde salieron los médicos uruguayos que lograron esos niveles de detección del Covid? ¿De dónde salió ese sistema de salud? ¿De dónde salió la población educada que hizo lo que había que hacer? ¿De dónde salieron los economistas que ordenaron el país de esa manera? Ahí hay una idea de lo que puede ser un modelo de desarrollo y de educación enganchado con una visión de país diferente.  

“Todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities”. Flavio Salazar 

De sus palabras se desprende que consideran que es necesaria una nueva forma de pensar Chile. Pero, para aterrizar, ¿cómo se cambia el modelo de desarrollo de un país 

Flavio Salazar: es complejo. En cierta medida, concuerdo con varios de los aspectos que se han tocado acá, pero hay matices, y esos matices son importantes porque uno de los elementos claves, yo lo mencioné, es lograr un consenso en nuestras visiones, porque no se trata de pensarse como iluminados que van a generar una solución. Para mí, el tema económico sigue siendo uno de los temas centrales, sobre todo en un país que no ha alcanzado el nivel de desarrollo y que no ha alcanzado a cubrir las necesidades básicas de su población. No es lo único, sin duda, pero es crucial. Lo que hemos tenido en estos últimos años es una exacerbación de los elementos económicos y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Cualquier idea de cambio va a encontrar necesariamente férrea oposición de quienes hoy han sido beneficiados de forma absoluta por este modelo, y que cuentan no sólo con el respaldo de un número de individuos, sino que también con el respaldo de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que centrarse en romper la hegemonía del modelo económico neoliberal, generar una forma de relacionarnos que sea distinta, que releve la importancia de lo público. 

Claudio Gutiérrez es profesor titular de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.

Adriana Bastías: creo que el actual modelo se caracteriza por una alta concentración del ingreso y del poder económico, que va ignorando unas desigualdades bastante generalizadas. Pensando en la crisis ambiental, específicamente, somos altamente dependientes del carbono, hemos depredado nuestros recursos naturales. Lo que estamos produciendo requiere una baja tecnología porque estamos extrayendo recursos: no hemos creado un valor agregado a lo que estamos produciendo. Me gustaría mencionar que el modelo de desarrollo que se discuta y sobre el cual se llegue a acuerdo debería generar mecanismos de participación democrática por parte de los territorios, actualmente son casi inexistentes y creo que es necesario descentralizar las decisiones. Sin duda, tenemos que discutir el término del derecho a la propiedad, que en la actual Constitución está muy arraigado y ve al agua como propiedad. Tenemos que discutir para ver si llegamos al consenso de que eso no debiese ser así y que debiese ser considerado un bien universal, un bien de todas y todos. 

Claudio Gutiérrez: para cambiar el modelo se necesita, decía bien el vicerrector, mayorías, se necesita una conciencia generalizada de los cambios. Mi impresión es que el 18-O es exactamente esa conciencia generalizada de la gente, que dijo “no va más”. Si no tenemos eso, no hay posibilidad siquiera de cambiar nada. ¿Qué cambios se quieren? Aquí hay dos tipos de cambios, bueno, hay muchos, pero voy a insistir en dos tipos de cambios: de demandas materiales, querer mejorar los sueldos, querer otro tipo de salud, querer otro tipo de educación; y otro ámbito de demandas fundamentales que tienen que ver con la dignidad. En Chile, cuando te encuentras con alguien, lo jerarquizas, está arriba tuyo o está abajo; si está arriba tuyo, le hablas despacio, si está debajo, le gritas. Yo no olvidaría, cuando hablamos de cambiar el modelo, de esos dos bloques: los cambios materiales y los de dignidad de las personas. Desgraciadamente, no tengo la varita mágica para decir cómo hacerlo, pero creo que la clave acá son mayorías y convencimiento de que los cambios hay que hacerlos. Creo que lo fundamental ahora es convencer a la gente de que esos cambios son posibles. 

Adriana Bastías: una última cosa. Sin duda, la desigualdad de género es algo que se ha hecho patente y se ve con fuerza en Chile y en el mundo, no es casualidad que un movimiento como Lastesis haya surgido en Chile y se haya replicado en el mundo. Ahí hay una desigualdad y una molestia generalizada que es evidente y que también debiese considerarse, y esperamos que se tome en cuenta en el proceso constitucional. Eso va generando cambios, cambios que ojalá se vean y sean evidentes en un modelo de desarrollo que sea menos desigual o que genere menos desigualdad de la que se ha creado en Chile. 

Quiénes son

Flavio Salazar. Vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Ha participado en diversas sociedades científicas y es ex presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Inmunología. 

Adriana Bastías. Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile. Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente es la presidenta de la Red de Investigadoras, una asociación que promueve la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento.  

Claudio Gutiérrez. Profesor titular de la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias de la Computación e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Chile, Magíster en Lógica Matemática de la Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Computer Science en la Wesleyan University, Estados Unidos. 

Hacia un nuevo modelo económico para Chile

Por Ramón López

El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU. En cierta medida, esta imitación se basó en la percepción de un aparente éxito del modelo, el llamado “milagro chileno”, y también en la atracción ideológica que siempre un sistema ultra neoliberal ha ejercido sobre los economistas canónicos, cuyo poder de persuasión sobre los políticos en Chile y en otros países es muy alto.

Pero, ¿a qué se debió este aparente éxito? La década del 90 ha sido considerada una de las épocas más prósperas del capitalismo chileno. Los gobiernos democráticos hicieron muy poco para cambiar los parámetros del sistema económico-social impuesto en dictadura; de hecho, se profundizó a través de nuevas privatizaciones, desregularización de los mercados, imposición o mantención de las restricciones a la participación del Estado como inversionista y expansión de la asignación gratuita de una gran cantidad de recursos naturales a unas pocas grandes empresas o individuos (como los recursos hídricos, cuotas pesqueras, subsidios forestales, etc.). Además, se evitó el uso de royalties sobre la extracción de recursos naturales, incluso durante el gran boom del cobre y otros productos primarios de exportación.

Ilustración: Fabián Rivas.

Durante las tres décadas de democracia el Estado se mantuvo en niveles relativamente minúsculos, alcanzando menos del 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual restringió significativamente la inversión del Estado en bienes públicos y sociales. Eso tiene que ver con la recalcitrante negativa de los poderes políticos al aumento de los impuestos. Más aún, la política tributaria dio gran espacio a impuestos indirectos que son socialmente regresivos, como el IVA, en lugar de impuestos directos a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites.

Con una explotación casi sin restricciones de los recursos naturales renovables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presionado su control y el gobierno ha implementado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de producción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento económico tan aplaudido no era sostenible y, peor aún, generó una deuda ambiental que continúa pendiente.

La miniaturización del Estado generó un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públicos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda social, protección social, pensiones, inversión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeudamiento, con el riesgo de caer nuevamente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos.

Solamente una pequeñísima fracción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentración del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, socialmente sustentable.

Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios particulares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia crónica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y marginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioambiental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las llamadas “zonas de sacrificio”.

Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor parte de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los trabajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral.

Bases para un nuevo modelo de desarrollo

Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la experiencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recursos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una
participación del Estado en la economía que le permita promover un desarrollo económico diversificado y equilibrado. Una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr estos objetivos es un programa de mediano plazo que permita al Estado alcanzar por lo menos un 30% del PIB a partir de una reforma que aumente los recursos tributarios gradualmente en un periodo de cuatro años. Esto implica una reforma tributaria que:


(i) Reduzca drásticamente la evasión y elusión tributaria que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos. También deben eliminarse muchas exenciones tributarias que no tienen justificación alguna y deben restablecerse los impuestos a las ganancias de capital. También es necesario terminar con el sistema de semi integración tributaria, el que no se justifica en una economía pequeña y abierta como la chilena. Se deben restringir los “loopholes”, que incluyen la falta de fiscalización de las transferencias de riqueza en vivo entre familiares, que, entre otras válvulas de escape, impiden una recaudación significativa al momento de colectar los impuestos de herencia. Finalmente, el Estado debiera evaluar los programas existentes, evitar la duplicación de ellos y eliminar los que no cumplan sus objetivos Estos mecanismos deberían proveer alrededor de cuatro a cinco puntos del PIB en mayores recursos tributarios para fines sociales y productivos.

(ii) Se necesitan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica, dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Tal vez un mecanismo adecuado sería el uso de impuestos patrimoniales a los súper ricos. Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales y utilizar de una manera mucho más intensiva los impuestos verdes. Estos tributos pueden alcanzar tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.

Los mayores recursos públicos logrados por los medios recién descritos deben ser destinados a subsanar las enormes carencias económicas y sociales según estas prioridades:

• Mejorar significativamente la inversión en salud para acercarnos a los países de la OCDE. Reforzar el sistema Fonasa de forma de que el seguro de salud pública vaya gradualmente sustituyendo a las Isapres, las cuales pueden permanecer como un seguro de salud
complementario.
• Elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, el cual debe aumentar a $500.000 mensuales. Transferir los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados.
• Crear un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al nuevo salario mínimo.
• Aumentar la inversión en la calidad de la educación pública para acercarnos a los niveles de Portugal o Uruguay. Se debe prestar particular atención a la educación preescolar, que es donde se determina la capacidad cognitiva futura de los niños.
• Instalar un programa de vivienda social que subsane los déficits que se arrastran históricamente.
• Aumentar la inversión en la protección del medio ambiente para reducir los efectos nocivos de la polución. Además, es necesario invertir en la protección de los recursos naturales renovables.
• Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) a través de un programa del Estado en conjunto con las universidades, para lograr un aumento del 0,4% del PIB actual (INE, 2019) al 1,5%. Este gran aumento de la inversión en I+D todavía dejaría al país por debajo de los países OCDE que menos invierten en este ítem.
• Aumentar gradualmente la inversión pública en la promoción de la diversificación industrial hacia actividades cada más intensivas en capital humano y tecnología.

Este programa debiera reducir significativamente la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, y aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse.

Hoy se necesita un compromiso formal y solemne de todas las fuerzas políticas para que un eventual gobierno progresista implemente cambios estructurales que vayan en la dirección de eliminar el sistema ultra neoliberal y sustituirlo por un modelo mucho más consistente con una mejora real del bienestar de las grandes mayorías. De lo contrario, la desesperada situación que viene gestándose desde el año pasado puede desembocar en un proceso social caótico cuyas consecuencias son difíciles de prever.

El gobierno y el manejo dogmático de la crisis

La austeridad financiera con que el gobierno ha decidido abordar la crisis sanitaria en Chile nos ha llevado a un círculo vicioso en el que no ha sido posible ni salvar la economía ni detener los contagios, debido sobre todo a la insistencia de las autoridades en ignorar la desigualdad social. En esta columna, el economista Andras Uthoff afirma que Chile está en condiciones de aumentar su crédito internacional para ir en ayuda de las familias vulnerables, ya que es uno de los países con los niveles de deuda más bajos del mundo, y para ello plantea una serie de medidas a corto y mediano plazo.

Por Andras Uthoff

Hoy tenemos una crisis cuyas causas escapan a las que los economistas acostumbramos a abordar. Su origen es sanitario y su mayor impacto sobre la economía es la incertidumbre que genera. Sobre lo primero no tenemos competencia y respecto a lo segundo, siempre ha sido limitada nuestra capacidad para seleccionar la oportunidad y el conjunto de instrumentos para abordarla. Sin embargo, todas estas dificultades no justifican la irresponsabilidad con que el gobierno la ha abordado. Con asombro e incredulidad escuchamos las excusas que dan las autoridades para justificar los equívocos originados por sus dogmas, y sobre todo con vergüenza, cuando una de ellas es que desconocían la realidad del país que gobiernan.

En toda la historia de Chile, este es probablemente uno de los momentos más críticos donde en representación del Estado, el gobierno debió haber reconocido y enfrentado las verdaderas restricciones presupuestarias y las desigualdades imprescindibles para abordar la crisis. En ello no cabían equivocaciones. Sin embargo, cegado por la preocupación de mantener bajo el riesgo país -calificación que realizan las clasificadoras de riesgo internacionales según el manejo de la estabilidad fiscal y financiera- para acceder al crédito internacional barato, el gobierno se autoimpuso severas restricciones presupuestarias e ignoró las desigualdades. 

El presidente Piñera supervisando las cajas de alimentos que se están distribuyendo como ayuda a familias vulnerables.

La realidad reveló la desigualdad y gatilló una de las peores olas de contagio y muertes por Covid-19 en el mundo entero. En pocas semanas, Chile pasó a liderar el ranking de países con mayor incidencia de contagios y mortalidad. Bastó que el contagio se expandiera desde la zona oriente al poniente de Santiago, y desde ahí al resto del país, para contradecir al gobierno. La austeridad, sumada a ineficientes, paternalistas y casi inexistentes medidas para apoyar a las familias vulnerables -como el reparto de cajas cuyo contenido y frecuencia son insuficientes- contribuyeron a la expansión del contagio y la mortalidad. 

El círculo vicioso de los riesgos

Como corolario, hoy disponemos de acceso barato al crédito, pero en medio de una pandemia sin control que limita la certidumbre y la oportunidad de una reactivación económica. Las insuficientes medidas para contener la pandemia gatillaron con fuerza el riesgo social: tener que frenar la actividad económica debido a la necesidad de que la población entre a cuarentena para evitar los contagios. 

Dentro de su ortodoxia neoliberal, y al restarle importancia a la cuarentena como la variable que condiciona toda la situación económica, el gobierno cayó en la trampa de un círculo vicioso. En este caso: al privilegiar reactivar la economía se ocuparon del riesgo país, para mantener el ranking internacional gastaron poco dinero y al gastar menos no lograron hacer respetar la cuarentena. La ausencia de cuarentena agravó la crisis sanitaria, la crisis sanitaria demandó una mayor cuarentena, pero hacer respetar la cuarentena les ha impedido recuperar la economía. 

Un complejo dilema, cuya solución implica reconocer sin dogmas las diferentes causalidades. El rol de la crisis sanitaria sobre la recuperación de la economía, el rol de la cuarentena en el control de la crisis sanitaria, y el rol de la economía en el cumplimiento de la cuarentena. 

En el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos apoyado a los parlamentarios y a la opinión pública para que en el debate con el gobierno se corrijan estos errores. Como es habitual, los poderes fácticos han opacado nuestras voces.

«En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación».

Propiciamos una estrategia que dé cuenta de la verdadera causalidad y que subordine la economía a la superación de la crisis sanitaria, para que luego, gradualmente, se ocupe de la reactivación. Identificamos cinco pilares: (1) apoyo a la atención primaria de la salud, (2) a los municipios, (3) a las familias de niveles superiores al de la línea de la pobreza, (4) a la protección directa del empleo mediante la asistencia financiera y técnica a las medianas y pequeñas empresas, y (5) una estrategia de inversiones públicas y rescate de empresas estratégicas.

En el control de la pandemia, el Foro ha establecido con claridad dos insuficiencias: la restricción presupuestaria que se autoimpuso el gobierno y lo limitado de la población objetivo, que definió a los grupos vulnerables sin considerar los nuevos focos de vulnerabilidad a causa de la pandemia. Argumentamos que lo limitado de la ayuda a las familias hizo fracasar la cuarentena y, por ende, el control de la pandemia. Esto está dilatando la fase de reactivación. 

En el ámbito de la estimulación de la economía, el Foro ha establecido con claridad dos fuentes de insuficiencias: la premura con que el gobierno llamó a una reactivación, saltándose la etapa anterior, y el limitado rol que se le ha destinado al Estado en la asignación de los recursos hacia los sectores que podrán reactivarse rápidamente. Argumentamos que el Estado debe recuperar su rol de agente activo en sus funciones de asegurar el financiamiento apropiado, gestionarlo en forma eficaz y eficiente, y asignarlo hacia todos quienes pueden beneficiarse de la reactivación. 

Responsabilidad fiscal

Nuestros análisis sugieren que un mayor esfuerzo fiscal responsable es posible. El Fondo de Emergencia debe tener un rango de entre US$12 y 15 mil millones adicionales y no el techo de US$12 mil acordado en el marco de entendimiento, para financiar las medidas propuestas. Chile puede recurrir a un mayor endeudamiento bruto y/o girar contra sus fondos soberanos. Sugerimos revertir la caída de US$1.527 millones en la inversión pública. Para Chile, un déficit fiscal entre 10-15% del PIB es sostenible en el corto plazo, rango en que se situarán los déficits públicos en la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina. La deuda del gobierno se encuentra en los niveles más bajos del mundo y con espacio para aumentar en varios puntos del PIB, sobre todo considerando que la tasa de interés de largo plazo está en niveles muy bajos. 

Lo anterior no implica un gasto desatado. Por el contrario, el endeudamiento que hoy es barato sirve para aumentar los fondos de los que se dispone para enfrentar esta crisis. El gasto fiscal debe cautelosamente priorizar un Plan de Emergencia y luego activarse durante la reactivación. 

Reconocemos que ante la actual incertidumbre sobre la fecha de término de la pandemia, la regla fiscal que existe actualmente deberá modificarse. Habrá que hacerla compatible con criterios de credibilidad, transparencia y simpleza, y en un futuro será necesario un acuerdo político amplio para ello, con una trayectoria más pausada del balance fiscal estructural. 

La situación de emergencia que vive el país obliga a repensar la carga fiscal en el futuro. En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación. A más largo plazo, deberá promoverse un acuerdo tributario (post 2021) que se concentre en los impuestos directos y a las grandes fortunas. Se debe aspirar a elevar en 5% del PIB la carga tributaria hacia los próximos cuatro años, avanzando hacia un aumento de esta equivalente a la media de la OCDE.