Constanza Valdés, la abogada trans que quiere ser constituyente

Siempre activista por los derechos LGTBI+, la ahora asesora parlamentaria conversa sobre el tener que resistir como mujer trans en distintos ambientes machistas y conservadores, sus ambiciones políticas y cómo su personalidad le ha ayudado a seguir adelante a pesar de los discursos de odio. “Quiero dar la pelea por una nueva Constitución y posicionar temáticas de género, diversidad y multiculturalidad”, dice.

Por Florencia La Mura

Constanza Valdés (29) es Licenciada en Derecho y conocida principalmente por su faceta de activista, al trabajar en pos de la Ley de identidad de género. Incansable, participa también como Codirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), en la Agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y ha colaborado con Organizando Trans Diversidades (OTD), con Amnistía Internacional por la Ley de discriminación e impartido talleres sobre temas trans en distintos espacios. “Mi postura es bastante abierta a colaborar. No hay que guardar tu conocimiento, hay que compartirlo”, explica al teléfono desde Valparaíso -donde vive y trabaja como asesora parlamentaria de la diputada Claudia Mix- agregando que, en su afán por hacer de todo, también llegó al Departamento de Género del Colegio Médico de su ciudad.

La abogada Constanza Valdés vive en Valparaíso y es asesora parlamentaria de la diputada Claudia Mix. Crédito de foto: Carla Ríos.

La imagen que proyecta Constanza es de una mujer muy resuelta y decidida, pero no siempre fue así. “Me crié en Rancagua, una ciudad muy conservadora, siempre muy ligada a la derecha”, explica sobre qué fue lo que la llevó a esperar terminar sus estudios para recién transicionar. Viviendo en la sexta región, dice, nunca supo de referentes trans en una ciudad minera y “llena de machos”. Fue cuando llegó en 2010 a Santiago a estudiar en la Universidad Diego Portales que pudo empezar a leer y aprender sobre personas trans.

Si bien ahora se siente más cómoda participando del movimiento feminista, constantemente recibe ataques -sobre todo en redes sociales- incluso de parte de quienes se supone, son parte de su misma lucha. Aún así, está dispuesta a pelear: “si yo le puedo poner el pecho a las balas para que al resto no le llegue, bacán”. A pesar de tener claros sus privilegios -al haber podido estudiar y ejercer una carrera profesional, además de ser políticamente visible- su historia le ha servido para tener claro que no quiere que las personas trans pasen por lo que ella pasó. “Mi gran motivación es retribuir a la comunidad, al mundo”, afirma. 

-Has dicho que te identificas como una mujer trans desde los 18 años y que decidiste ocultarlo hasta luego de salir de la universidad ¿cómo fue esa experiencia en lo personal y por qué lo decidiste?

Vivía en una familia conservadora donde no tenía muchas herramientas y si más de alguna vez me lo había cuestionado, no era algo que quisiera resolver pronto. Cuando me fui a Santiago fue un momento de liberación y catarsis, me empecé a cuestionar mucho más y a buscarle un nombre a lo que me pasaba. En ese entonces, no habían muchos relatos de personas trans que hubieran transicionado en el ámbito universitario, donde hubiera salido todo bien, sino todo lo contrario. Decidí aplazarlo porque estaba en el primer año de universidad, no tenía mucha confianza y seguridad. El problema de ir esperando es que año a año aumentaba la ansiedad, depresión, tuve algunos intentos de suicidio, pero al final fue eso mismo lo que terminó provocando que me decidiera a transicionar cuando hubiera terminado la universidad. Fue como vivir una doble vida, nunca me sentí cómoda. Muchas veces, por lo mismo, no quería ir a clases pretendiendo que era otra persona. Nunca fui a carretear, a lo más jugaba a la pelota y me pasaba en la casa leyendo. Cuando hice la transición tuve esa tranquilidad de poder y querer salir, aunque ahora corro más peligros, a pesar de que yo pueda disfrutar bastante el exterior. 

-Eres la primera mujer trans en ser vocera de una coalición en el Congreso, ¿cómo crees que afecta tu presencia en ese espacio político? ¿has visto alguna evolución en estos años?

Cuando comencé a trabajar me miraban raro, había hombres que me saludaban de la mano y no de beso. En reuniones me tocaron muchos prejuicios y se sorprendían cuando les decía que había estudiado Derecho. De a poco la gente me iba conociendo y valorando. No veo que haya habido una evolución, el solo hecho de que yo esté allá no cambia nada. Soy solo una persona, estoy sobrepasada de cosas y no puedo pelear con toda la gente que quisiera porque me pueden echar. Tengo el reconocimiento de mi nombre y sexo registral desde el 2017, ¿cuál es el problema que pueden tener conmigo? es por como me veo. Sé que no paso desapercibida, porque soy muy alta y gorda. Soy realista, tampoco pienso que la facultad de Derecho UDP cambió porque tiene una egresada trans, si alguien lo piensa así es porque tiene un ego muy grande.

Ley de identidad de género: la pelea por no patologizar

El 7 de mayo de 2013 ingresó a la cámara del Senado el proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Fueron siete años de discusión parlamentaria donde sectores conservadores e incluso de izquierda pusieron trabas al proyecto original: desde “el bus de la libertad” de Marcela Aranda, mujer evangélica y asesora legislativa de parlamentarios de Chile Vamos, hasta oposiciones dentro de la izquierda. “El gobierno anterior no quería que fuera un procedimiento administrativo, sino con un juzgado de familia”, explica Constanza, haciendo hincapié en el matiz patologizante que tienen estas resoluciones y que aún viven en el espíritu de la ley, al solicitar distintos tipos de certificados médicos y judiciales para autorizar el cambio de nombre.

Pero además de la pelea institucional, Constanza ha tenido que defender su propia identidad. En 2017, desde su visibilidad como activista, pudo realizar su cambio de nombre y sexo registral, pero tiene claro que no le interesa operarse.


-¿Cómo llegaste a esa decisión, es común dentro de la comunidad trans?

Cuando se presentó la ley se esperaba que una persona trans quisiera operarse y por mucho tiempo pensé igual. Tenía este acceso a teoría feminista y queer, y así aprendí que había otras realidades en otros países. Cuando transicioné e iba a terapia, planteé que me sentía cómoda con mi cuerpo. Antes pensaba que las mujeres tenían que ser solo de una manera, muy femeninas, operadas, con un cambio radical en tu identidad y expresión. La gente me mira distinto y sé que no voy a tener la misma visibilidad en base a los cánones de belleza. Sabía que con mi decisión tendría que enfrentarme a la «consecuencia» que significa verme distinta. 

A propósito de lo mismo surgieron discusiones sobre cómo dentro de la comunidad LGTBI+ se higienizan las identidades, se homogeneizan las corporalidades y lo hemos visto sin mucha crítica. Las grandes historias de transición de mujeres trans responden a lo mismo: altas, femeninas, delgadas, sin vestigios de masculinidad. Cada día, más personas trans deciden cosas similares a mí, se ha ido visibilizando que no todas tienen que pasar por lo mismo y desde ahí se produce discriminación en la misma comunidad, mujeres trans que critican a quienes no se operan o también personas trans binarias hacia trans no binarias por el solo hecho de identificarse de otra manera. 

-En diciembre del año pasado se empezó a aplicar la Ley de identidad de género, hasta la fecha ¿cómo evalúas su ejecución y las modificaciones que recibió?

La patologización es muy cultural y ese es el problema, porque no se puede resolver a través de una ley. Lo bueno es que no exige ningún tipo de tratamiento hormonal ni operación quirúrgica para acceder al cambio de nombre sexo-registral, pero hay otras aristas, como cuál es el órgano competente para realizar el cambio, cuáles eran los requisitos y ahí es donde aún se patologiza. El gobierno anterior no quería que fuera un procedimiento administrativo, sino con un juzgado de familia. También querían incorporar informes psicológicos y eliminar eso fue una pelea de años. La primera discusión que tuve con ellos fue por aclarar por qué el proceso administrativo era mejor que uno jurisdiccional y cuáles eran sus falencias, eso era derecho administrativo y cuestionaban que yo no supiera algo que no fuera «derecho trans». La discusión ideológica de fondo es por qué un juez tiene que validar quién soy y es algo que se mantuvo para adolescentes de 14 a 17. Aún con el consentimiento de los padres hay que ir a un juzgado de familia, pasar por un juicio, presentar antecedentes. 

-¿Cómo se debe mejorar?

Si bien no se pide informe psicológico en adultos, se exige que presenten dos testigos que acrediten que tú conoces los efectos jurídicos de la solicitud. Esto fue gracias al gobierno actual, donde la oposición no hizo nada, decían que iba a «ser como un matrimonio», porque no saben lo terrible que es llevar a dos personas que confirmen que sabes lo que estás haciendo. Es muy tenue esa patologización en el discurso público, pero existe. Es invalidante en términos del derecho y del respecto a la identidad de las personas trans. En la práctica, nadie puede invalidar tu presunción de capacidad, lo dice el derecho, todas las personas se presumen capaces hasta que se demuestre lo contrario. 

-¿Qué temas deja fuera la ley actual?

La ley tiene una postura bastante paternalista, porque considera a las personas trans como pobrecitas. Lo único que hace es reconocer el derecho a la identidad de género, regular temas de discriminación y establecer programas de acompañamiento que hasta el dia de hoy no han servido de nada. Se deja fuera el cupo laboral trans, educación, becas en universidades públicas y temas de salud (aún se solicita un informe psiquiátrico para acceder a tratamientos hormonales). En temas de vivienda y estadísticas, como sí lo plantea la ley trans de Uruguay, por ejemplo, no contempla nada. Además, hay un aspecto que pasa desapercibido y es la definición de identidad de género. Se habla de una convicción personal e interna de ser hombre o mujer, pero ¿qué pasa con las identidades no binarias? Esta ley no sigue los estándares internacionales de derechos humanos. La primera vez que se definió la identidad de género no se habló de ser hombre o mujer, solo de tu vivencia personal e individual de género.

“Me gusta pelear” 

De acuerdo a un estudio del Sindicato Amanda Jofré, citado por la misma Constanza en un reportaje del sitio Es mi fiesta, 95% de las mujeres trans en Chile ejerce trabajo sexual como forma de ingreso económico. Por lo mismo, tiene claro que pertenece a un pequeño grupo privilegiado al haber estudiado una carrera profesional y poder ejercerla. Desde ese lugar, pretende participar en todos los espacios posibles, tomando cualquier oportunidad para ayudar a quien lo necesite.

Bajo la misma premisa, fue que decidió postularse como candidata a constituyente, luego de desechar una posible candidatura a diputada. Desde ese espacio, dice, pretende luchar por los derechos de las mujeres y por incluir temas de multiculturalidad. A pesar de seguir en el activismo desde la comunidad LGTBI+, Constanza asegura que ahora se siente más cómoda en espacios feministas, donde ha sentido mucha inclusión y disposición a aprender, a pesar de constantemente recibir ataques de grupos trans excluyentes en redes sociales.

Constanza Valdés es además parte de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem). Crédito de foto: Lucian Francis

-¿De qué manera ves que afecta tu propia historia la manera en que asumes tu posición política?

La resilencia la fui adquiriendo con el tiempo, pero siempre he sido buena para pelear. Me carga que la gente crea tener la razón en todo, por lo mismo trabajo en incidencia educativa y políticas públicas. Creo que lo que me motivó a hacer activismo fue haber tenido el privilegio de estudiar, egresar, poder tener ingresos y pagarme la terapia en el momento que transicioné. Me inicié en el activismo porque no veía personas trans que hayan estudiado derecho. Asumí que tenía que aprovechar ese privilegio para visibilizar cosas. Lo que yo pasé -los intentos de suicidio, estar deprimida- es algo que no quiero que le siga pasando a más personas. Mi gran motivación es retribuir comunidad al mundo.

Desde el 2018 empecé a ampliar mis intereses y empecé a pelear por derechos de las mujeres además de LGTBI+ porque me da rabia y pena pensar que las cosas no van a cambiar sustancialmente y que quienes deciden todo, son las mismas personas que han estado décadas en el poder y son hombres. Cuando hay pocas mujeres que paran esos espacios reproducen los mismos estereotipos y las discusiones terminan siendo sobre réditos políticos antes que luchar por los derechos de las mujeres o la comunidad LGTBI+. 

-¿Qué te motiva en lo cotidiano?

Día a día mi enfoque es «qué cosa podemos cambiar o visibilizar, cómo podemos aportar desde algo en específico”. Durante los últimos tres años lo he hecho participando en varios espacios, estando siempre disponible para gente que necesita ayuda. Mucha gente me pregunta dudas por Twitter y ¿cómo voy a cobrar? He llevado varios casos pro bono. Eso me motiva a seguir adelante y aguantar de vuelta lo que viene después. Visibilizar también significa que te van a atacar con discursos de odio. Eso igual te hace «cuero de chancho». En algún momento me afectó leer mensajes del tipo «la gente LGTBI+ no tiene que existir» y ahora no dejo que me afecte, mientras físicamente no me pase nada e incluso así no sería un impedimento para seguir. 

-¿Cómo lidias con esa violencia en redes sociales?

Sé que si a mí me impacta de alguna manera, a otra gente le impactará más. Cuando me llegan comentarios de ese tipo denuncio y bloqueo. Si yo le puedo poner el pecho a las balas para que al resto no le llegue, bacán. La idea es lograr protegerse entre todas las personas y lograr redes de apoyo. El hecho de ser visible y ser activista lo hice parte de mi vida, porque quería y porque me gusta pelear, pero si el día de mañana hay alguien que quiere ser visible y no quiere pelear, no va a tener que hacerlo porque se lograron cambios gracias a personas que venían antes. Yo puedo hacerlo también gracias a eso. El día que tenga hijos o hijas no quiero que tengan que pasar por lo mismo. Hay que cambiar las cosas como sea, por eso participo en instancias institucionales, a pesar de sus problemas y de la elite. De a poco se logran los cambios y si no llegamos a las instituciones y las cambiamos de cero, van a seguir siendo así.

-En tu proceso de definirte e ir encontrando tu identidad, el feminismo te ayudó mucho. ¿Cómo te vas moviendo en esos espacios, considerando que hay discursos de odio de mujeres que se identifican como feministas?

Por mucho tiempo mi lógica fue feminista respecto a la situación. En el movimiento trans se habla de transfeminismo pero no hay mucha discusión respecto al tema, como sí sucede en organizaciones feministas. Me involucré en más espacios, como la Agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, también en pequeños colectivos feministas y luego vino Abofem, que me ha servido desde la incidencia legislativa. Conociendo a otras feministas lo que más he sentido es mucha inclusión de gente dispuesta a aprender más, hasta el día de hoy. Al involucrarme más en el movimiento empecé a pronunciarme más respecto a temáticas feministas y ahí empezaron a aparecer quienes me criticaban por hablar desde el ser trans y lesbiana. Por suerte, siempre han sido grupos muy minoritarios. En los mundos que me muevo no me ha tocado compartir espacios con ellas, pero sí en las redes sociales, porque ahí difunden esos discursos. Muchas veces es gente anónima que ojalá aportaran más por cambiar las cosas en vez de odiar. Pero las enfrento de la misma forma que he manejado el odio y el hostigamiento de personajes de ultraderecha, algo que vivimos las mujeres de forma pública y no exclusivamente por ser trans. Hay estudios que muestran que las mujeres con opinión en la esfera pública viven más hostigamiento y acoso, es cosa de ver lo que ha pasado con Izkia Siches. En ese sentido, me siento mucho más parte del movimiento feminista que dentro de la comunidad LGTBI+ porque está lleno de hombres muy machos, por lo mismo me gusta lo complementario de trabajar en ambos. 

-Has planteado qué quieres ser candidata a constituyente, ¿cuáles serían tus propuestas?

En 2017 me ofrecieron ser candidata a diputada y lo decliné, aunque lo dejé pensado para un futuro. Pero con mi experiencia de asesora parlamentaria, vi que la política congresal está muy desvalorizada. No hay mucho que pueda hacer un parlamentario, no solo por las herramientas que limita la Constitución, sino también por el panorama político. Por lo mismo, prefiero ser constituyente considerando que los cambios son a largo plazo. Dentro de la comunidad LGTBI+ y del movimiento feminista nunca hemos tenido mucha visibilidad y representación. Más allá de llegar al congreso y estar en un espacio que te limita bastante, pasar en un encierro que te distrae y abstrae del movimiento social, prefiero enfocarme en pelear por una nueva Constitución y posicionar temáticas de género, diversidad y multiculturalidad. Quiero cambiar estructural y políticamente nuestro país, eso significa quitarle atribuciones al presidente y al Tribunal Constitucional. Mi mantra de vida es hacer las cosas que hay que hacer día a día, con convicción y porque es lo correcto, pero no porque tienes un rédito político de eso.

Juan Enrique Pi: “Hay varias deudas vigentes con la comunidad LGBTI”

En el mes del orgullo de la comunidad LGBTI, el abogado de la U. de Chile y director de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, comenta el éxito del caso de filiación que llevó adelante como abogado, en el que tanto Emma de Ramón como Gigliola Di Giammarino fueron reconocidas por el Juzgado de Familia de Santiago como madres de Atilio, fallo inédito que repercutirá en el futuro de otros casos como este. Para el abogado, sin duda, se siguen abriendo puertas para la comunidad LGBTI en Chile, pero aún queda mucho por debatir y legislar.

Por Jennifer Abate
El abogado, egresado de la U. de Chile y director de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi.

—Desde organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres han denunciado con preocupación el riesgo que el confinamiento significa para muchas mujeres que tienen que compartir techo con sus agresores. Desde la Fundación Iguales, ¿tienen conocimiento de la situación en que se encuentran las personas disidentes sexuales en este contexto de encierro en los hogares?

Desde luego que hay niños, niñas, adolescentes LGBTI que no tienen el apoyo de su familia y se encuentran confinados con personas que pueden ejercer violencia. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo es estar atentos a cualquier denuncia que pudiera ocurrir y tuvimos, hace ya varias semanas, una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la que ellos quedaron en recibir las denuncias para precisamente buscar soluciones. Sin embargo, hay dos cosas importantes que decir sobre políticas públicas que faltan en nuestro país y que son sumamente urgentes. La primera es relativa al programa de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans que creó la Ley de Identidad de Género, que depende del Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo diría que esa política pública está atrasada, que no se está implementando y es urgente en contextos excepcionales como el de la pandemia, que nos obliga a estar encerrados. Ese programa de apoyo sería fundamental para esos niños, niñas trans que deciden iniciar su transición. Pero no sólo un apoyo a los niños, sino también a la familia, un apoyo multidisciplinario. Lo segundo que es sumamente importante es que necesitamos por lo menos algunas casas de acogida en algunas ciudades, que son las de mayor tamaño, porque muchas veces las personas LGBTI, especialmente niños, niñas y adolescentes, son expulsados por su familia, lo que los deja en situación de calle. Entonces, si existieran estas casas de acogida para que llegaran estas personas para no sufrir el abandono, sería algo bastante importante, yo creo que aquí el país nos deja nuevamente de manifiesto que si bien hemos avanzado mucho, no soy pesimista en ese sentido, tenemos deudas en políticas públicas que en situaciones excepcionales, difíciles como estas, puedan apoyar a la comunidad LGBTI.

Esta semana fue publicado un informe que pone a Chile en los últimos lugares entre los integrantes de la OCDE en materia de garantías de igualdad a los miembros de la comunidad LGBTI. ¿Cómo evalúas ese informe? ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos hacia el futuro en la legislación chilena y la protección de los derechos de las personas LGBTI?

En los últimos años hemos tenido importantes avances. Originalmente, uno analiza cómo ha ido avanzando el reconocimiento de derecho desde la despenalización de la sodomía, que ocurrió en 1999, es decir, hace 21 años, no olvidemos que las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos tenían pena de cárcel. Entonces, desde 1999 hasta el año 2020 hemos avanzado, hemos tenido la Ley Antidiscriminación, que con todas las falencias que tiene, es la primera vez que el Estado de Chile prohíbe discriminar, y eso ocurrió hace ocho años. Hace cinco años tuvimos la Ley de Unión Civil y hace seis meses está vigente la Ley de Identidad de Género, el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario está en su primer trámite constitucional, a pesar de que es un proyecto de ley presentado en 2017. Entonces, claro, el avance del reconocimiento ha sido importante, pero las deudas siguen estando vigentes, especialmente en dos ámbitos. Primero está la violencia contra la comunidad LGBTI; hoy en día, las personas que somos gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, corremos peligro de ser violentadas en el espacio público, en los establecimientos educacionales, lugares de trabajo, centros de salud. Es importante que eso se resuelva a través de una reforma a la Ley Antidiscriminación que cree una institucionalidad encargada de prevenir y de educar. La segunda deuda importante es en relación a que las familias compuestas por personas del mismo sexo siguen siendo consideradas de segunda categoría y no pueden acceder a los mismos derechos, como al matrimonio, que la Corte Suprema ha declarado que es un derecho humano. Por eso celebramos el caso de Emma y Gigliola, en el que por primera vez un niño nacido en una familia lesbomaternal tiene el reconocimiento legal de sus dos mamás.

¿Cuáles son las falencias de la Ley Antidiscriminación?

La primera gran falencia es la falta de institucionalidad, esta es una ley absolutamente reactiva, te permite a ti demandar ante un tribunal civil cuando ya eres víctima, pero no tiene nada preventivo, es decir, no hay ninguna institucionalidad encargada de evitar que estas situaciones sigan sucediendo a través de un mandato específico y concreto de educación a la ciudadanía, a los organismos públicos, a las Fuerzas Armadas y de Orden, para evitar que nuevas personas sean violentadas, vulneradas en sus derechos, porque no olvidemos que la discriminación es un acto totalmente atentatorio de la dignidad de las personas. La segunda es que la demanda que uno entabla tiene tremendos desincentivos, por ejemplo, la persona discriminada tiene que solventar todo el procedimiento ante los tribunales de justicia, pagar un abogado, las notificaciones, es un procedimiento largo que se extiende a veces incluso por más de un año, para obtener simplemente que a la persona discriminadora le pasen una multa de un máximo de dos millones de pesos. Ese es un tremendo desincentivo para las personas. Esta ley además tiene una multa si uno resulta completamente vencido si la acción se ejerce, si el tribunal no acoge para nada la pretensión que la persona discriminada presenta. Entonces, además, a la persona discriminada le pueden pasar una multa. 

A mí me da la impresión de que esta acción debe ser modificada en distintas formas, la primera, eliminar esa multa porque el ordenamiento jurídico tiene lo que se llama la condena en contra, que si uno es completamente vencido le tiene que pagar el abogado a la contraparte, eso sería más que suficiente. En segundo lugar, creo que es sumamente importante aumentar la multa a beneficio fiscal, no debería ser de un máximo de 50 UTM, sino 500 UTM, algo que a la gente le duela o haga que lo piense dos veces antes de tener una acción discriminatoria. Y tercero, la víctima de discriminación debe tener la oportunidad de pedir una indemnización de perjuicios por el acto discriminatorio, porque es un acto que vulnera la dignidad de las personas y por lo tanto el daño es muy profundo y puede ser muy permanente. Por eso es importante que se pueda establecer no sólo que a la persona que discrimina se le pase una multa, sino que tenga que resarcir ese daño a través de una indemnización de perjuicios para las víctimas, de esa forma, la acción antidiscriminación sería mucho más utilizada. Hoy sabemos que se presentan menos de 200 demandas al año, cuando evidentemente las situaciones de discriminación son mucho más numerosas y recurrentes, lamentablemente, en nuestro país.

Emma de Ramón y Gigliola Di Giammarino defendieron en tribunales su derecho a ser ambas consideradas madres de su hijo Atilio y ganaron. Al frente, ellas; atrás, el abogado defensor Juan Enrique Pi.

—Hace unas semanas, el Juzgado de Familia de Santiago dictaminó que el hijo de Emma de Ramón y Gigliola Di Giammarino fuera inscrito en el Registro Civil como hijo de ambas mujeres, un fallo histórico del que fuiste parte como abogado de la pareja. ¿Cómo se gestó este proceso judicial? 

Se gestó desde el análisis literal del Código Civil y aquí me voy a poner un poco leguleyo porque es desde donde nace la acción. En el Código Civil hay un artículo que dice que la maternidad queda determinada por el parto y, en los demás casos, por reconocimiento o sentencia firme en juicio de filiación. Entonces nosotros dijimos: aquí tenemos a dos mujeres, una es la madre gestante y la otra es la madre con la que se compone una familia a través de la unión civil, que es el estatuto regulador de la pareja, que de acuerdo a lo que dice la ley, es un estatuto familiar. Entonces, esta familia compuesta a través de esta unión civil decide, en conjunto, someterse a una técnica de reproducción asistida con la intención de tener un hijo en común, un hijo que nace en el seno de esta familia producto de esta pareja, por lo tanto, una de las madres es la madre gestante, que es Gigliola, quien queda embarazada, pero ambas van a la técnica de reproducción asistida como lo hacen las parejas heterosexuales que no pueden procrear a través del acto sexual o porque hay un caso de infertilidad en uno de ellos o ambos. Entonces, en el caso de Gigliola, claramente la maternidad está determinada por el parto, pero este artículo tiene otras hipótesis que perfectamente son aplicables a la otra mujer de esta familia. 

Por lo tanto, decidimos que lo mejor era presentar una acción de reclamación de filiación en la cual Gigliola le dijera al tribunal que la otra madre, junto con ella, de su hijo, era su conviviente civil, con la que se había sometido en conjunto a la técnica, y la acción fue declarada admisible, porque los Tribunales de Familia no pueden, por ley, declarar inadmisible las acciones de filiación, están obligados siempre de conocer la acción en el fondo. Se decretó prueba y luego de la prueba se estableció que efectivamente Emma era la madre de este niño junto con su conviviente.

¿Se habían presentado acciones legales de este mismo tipo de familias lesbomaternales u homoparentales?

Se habían presentado, pero con otra acción, que es la acción de protección, que tiene especial aplicación cuando hay actos ilegales o arbitrarios de una persona particular o bien de un servicio público. En ese sentido, se habían presentado acciones contra el Registro Civil por no permitir el reconocimiento en la inscripción de un niño por parte de dos madres o de dos padres. Sin embargo, la dificultad que tenía esa acción es que la razón que justifica es el acto arbitrario e ilegal del Registro Civil y, por lo tanto, probar eso tenía una dificultad evidente. En cambio, el fundamento de la acción de filiación es decirle al tribunal que la madre o el padre de este niño es esa persona. Esa era la acción idónea para poder determinar la maternidad.

¿De qué manera crees que influye en la posterior legislación este enorme triunfo que tuviste junto a Emma y Gigliola?

Creo que lo más importante está en que el Senado, donde se encuentran los proyectos de ley que hoy en día reconocen expresamente los derechos de familias lesbomaternales, homoparentales, avance en la tramitación de esos proyectos. En el Senado hay tres proyectos, uno es el de matrimonio igualitario, que como Fundación Iguales impulsamos porque regula no sólo la posibilidad de acceder al contrato de matrimonio, sino que además regula la filiación y la adopción; está el Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema de Adopción, que el año pasado terminó su primer trámite constitucional, permitiendo que todas las familias, sin distinción, pudieran iniciar procedimientos de adopción, es decir, incluía a las parejas del mismo sexo; y está también el Proyecto de Ley de Derechos Filiativos de parejas del mismos sexo, los tres con muy poco avance. Por lo tanto, lo más importante es que efectivamente la Comisión de Constitución del Senado ponga en tabla el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario y que la sala del Senado ponga para votación general el proyecto de Ley de Derechos Filiativos, porque esa es la solución definitiva. 

Para Fundación Iguales, la fórmula definitiva es a través de la Ley de Matrimonio Igualitario y, por lo tanto, llamamos a la Comisión de Constitución, al senador De Urresti, que la preside, a poner cuanto antes el proyecto de ley en tabla para la discusión.

De hecho, ustedes obtuvieron esa victoria a través de una demanda, de un proceso judicial, no como resultado de una ley.

Claro, y ese proceso de demanda no sólo es caro, larga y no pueden acceder a él todas las personas, sino además es para obtener un resultado que el resto de las familias heterosexuales obtiene de manera expedita, que no dura más de 10 minutos, es gratuito y ante el Registro Civil. Tenemos una desigualdad que es todavía latente y que se tiene que solucionar a través de la vía legislativa porque esa es la vía definitiva.

«La agenda LGBTI no se reduce al matrimonio, seríamos muy irresponsables si pensáramos eso (…) Tenemos dos grandes deudas, como la posibilidad de protección de los hijos, de adoptar, y la agenda de violencia, porque las personas LGBTI todavía somos violentadas en los espacios públicos y ahí tenemos una deuda de educación, de poder construir una sociedad donde no salgamos con miedo a la calle».

—A comienzos de este mes, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que declara como inconstitucional el matrimonio igualitario pues podría “conducir a extremos intolerables, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes o el matrimonio de niños de países africanos o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta Moon, en Corea del Sur, entre otros”, ¿Cuál es el análisis que se hace desde la Fundación Iguales de este tipo de declaraciones?

Esa es una sentencia de carácter absolutamente político y no tiene ningún sustrato jurídico. Es lamentable porque uno esperaría que un órgano autónomo, consagrado en la Constitución, es decir, que tiene una tarea no menor, que es determinar la constitucionalidad de ciertas normas, no se refiera en términos tan absurdos a una demanda histórica en nuestro país y que está vigente en gran parte del continente. No olvidemos que Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Costa Rica son países con matrimonio igualitario. Claro, el Tribunal Constitucional dice que se van a casar como los niños en África, matrimonios masivos de la secta Moon o matrimonios polígamos como en las culturas árabes, pero si mira al otro lado de la cordillera, va a ver que hace 10 años que hay matrimonio igualitario en Argentina. Un país que tiene una república muy similar a la nuestra, que tuvo un proceso independentista de España, mismo país colonizador, etc.

Me atrevería a decir que la sentencia del TC es de carácter político y no es una sentencia de carácter jurídico. Hay que salvar, sin embargo, el voto de minoría de cuatro ministros y ministras del TC que sí presentan un razonamiento jurídico bastante contundente y toman en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema. El voto de mayoría del TC se olvidó de la rica jurisprudencia que ha existido en nuestro país en temas de familia, de Cortes Supremas, de Cortes de Apelaciones. Es muy importante hacer esa diferencia entre el voto de mayoría que tiene estas frases atroces y el voto de minoría, que es un voto muy contundente y bien fundamentado.

Otras organizaciones LGBTI dicen que lo esencial no sería el matrimonio, que no debería ser esa la discusión central, sino otras que tienen que ver con la penalización de conductas atentatorias de las comunidades LGBTI. ¿Qué opinas sobre eso?

Estoy totalmente de acuerdo, la agenda LGBTI no se reduce al matrimonio, seríamos muy irresponsables si pensáramos eso. Por la misma razón, porque entendimos que había otras prioridades, por muchos años no impulsamos el matrimonio igualitario y sí la Ley de Identidad de Género, porque entendíamos que eso salvaba vidas, permitía el reconocimiento de su identidad y el libre desarrollo de esas personas en la sociedad. El matrimonio no es la única demanda y tenemos dos grandes deudas, como la posibilidad de protección de los hijos, de adoptar, y la agenda de violencia, porque las personas LGBTI todavía somos violentadas en los espacios públicos y ahí tenemos una deuda de educación, de poder construir una sociedad donde no salgamos con miedo a la calle.

Con miras al plebiscito, aún de fecha incierta. ¿Cuáles son tus expectativas en el debate por una nueva Constitución con respecto a las demandas de la comunidad LGBTI?

Esta pregunta me encanta porque me permite decir que yo voto apruebo y convención constitucional, lo habría votado en abril, en octubre o en el momento que sea y voy a aprobarlo, y lo segundo es contar por qué la nueva Constitución también tiene importancia para la comunidad LGBTI. Desde luego, la Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad sin establecer cuál y por lo tanto, desde esa no descripción de la familia es que hemos tenido mucha jurisprudencia en nuestro país que reconoce las distintas formas familiares. En segundo lugar, la igualdad y la no discriminación en muchas Constituciones de nuestro continente está expresada en los mismos términos que está consagrada en la Ley Antidiscriminación, con categorías sospechosas y específicas, y eso es un debate interesante. Hoy el derecho a la igualdad de nuestra Constitución es puramente formal y dice: “todas las personas son iguales ante la ley y un derecho de todas las personas es el derecho de igualdad ante la ley”, pero no dicen en qué se traduce eso y creo que un principio no discriminatorio en la Constitución también es sumamente importante, para que no incluya categorías sospechosas, no solamente la orientación sexual, identidad de género o la expresión de género, sino que también el sexo, la edad, la religión, nacionalidad, color de piel, distintas formas en las que se discrimina. Además, en muchas Constituciones del continente se toma el derecho a la educación como un mandato al Estado de educar en materia de derechos humanos y yo creo que es sumamente importante preguntarnos ¿qué queremos educar? Y esa respuesta no está hoy en día en nuestra Constitución, pero sí lo está en muchas Constituciones de América, y la razón por la que queremos educar es porque queremos buenos ciudadanos, que sepan relacionarse unos con otros, unas con otras, con respeto a la dignidad de las personas y sobre todo cuando el Estado toma el deber de los derechos humanos, ese deber también se traduce en nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden. Es sumamente importante, sobre todo considerando las situaciones que ocurrieron en el estallido social de vulneración a derechos humanos.

Has utilizado tu profesión de abogado y experto en derechos humanos para hacer activismo por las personas LGBTI en Chile. ¿Qué es lo más difícil de hacer ese tipo de activismo en un país como el nuestro?

Lo más difícil es que como soy un hombre homosexual, muchas veces en mis amigos y en la gente con la que hablo veo la desesperanza, la rabia, el agotamiento, la pena, son sentimientos que se acumulan por mucho tiempo. Tengo 35 años, pero cuando era un cabro chico, un adolescente gay en la década de los 90, a nadie le importaba la discriminación o el bulliyng, la burla no sólo venía de los compañeros, muchas veces también de profesores, apoderados, y eso va acumulando penas y rabias. Te diría que eso es lo más difícil, que en Chile cada vez que te encuentras con una injusticia reconoces esa angustia acumulada que uno también tiene, y eso muchas veces puede ser desolador, desmotivante. Por eso, cuando tenemos buenas noticias como el fallo de
Emma y Gigi, celebramos tanto, nos ponemos tan contentos, porque sentimos que avanzamos un pasito y volvemos a hacer justicia.

Extracto de la entrevista realizada el 26 de junio de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.