Indignación y discrepancia en la conversación pública: ¿Ola de intolerancia o mayor pluralismo?

Un fantasma recorre Chile: el fantasma de la discrepancia. Consagrados intelectuales y comentaristas denuncian un clima hostil a la deliberación razonada. Y ponen en el banquillo a las redes sociales y los campus universitarios, al feminismo y a las nuevas generaciones. Aquí, voces reacias al fatalismo desmenuzan el fenómeno. Y observan el asomo de una situación marcada por el claroscuro: una sociedad más activa y deliberante, pero también menos capaz de procesar sus diferencias y encontrar puntos en común.

Por Francisco Figueroa

Nadie en Chile ha muerto por lapidación ni linchamiento en lo que va de 2020, tampoco en años recientes, pero las víctimas de este tipo de agresiones entre los intelectuales parecen ser legión. El sentido, por supuesto, es figurado. Se trataría de “lapidaciones” y “linchamientos” verbales y, en un sentido más estricto, virtuales y hasta anónimos. “Asistimos al terrible espectáculo de la desmesura y la ostentación del odio, que convierten el espacio público en la fosa de un circo romano”, escribió en junio en El Mercurio Cristián Warnken, en una columna que tituló “La epidemia de la intolerancia”, luego de recibir críticas por entrevistar al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en un estilo que muchos consideraron complaciente.

Dos meses más tarde, Canal 13 elegía también el tema de la tolerancia para estrenar el retorno del programa de conversación política “A esta hora se improvisa”. Sus panelistas discutieron con constantes referencias a los términos estadounidenses del debate, donde el peso de la “corrección política” estaría asfixiando el ejercicio de la libertad de expresión y dando lugar a nuevas formas de censura, como la ejercida a través de la “cultura de la cancelación”. El concepto, popularizado (y demonizado) por Donald Trump, alude a la práctica de quitar apoyo o boicotear a figuras públicas que ofenden o naturalizan la violencia contra grupos discriminados.

Ilustración de Fabián Rivas.

Pero si hay un hito que marcó la aproximación de muchos intelectuales al problema de la tolerancia en el debate público fue la carta “sobre la justicia y el debate abierto”, publicada en julio por la revista norteamericana Harper’s, en la que más de 150 intelectuales del mundo anglosajón alertan contra lo que consideran una radicalización del debate progresista que degrada su calidad y capacidad de hacer frente al autoritarismo tipo Trump. Que la carta surgiera en buena medida como contrapunto a las formas del movimiento Black Lives Matter, en plena epidemia de brutalidad policial en Estados Unidos, le valió una dura crítica de Judith Butler. En diálogo con la directora de Palabra Pública, Butler calificó la carta como un gesto “paternalista”, que “defiende el elitismo, no la conversación”, añadiendo que las críticas, por duras que sean, son oportunidades para que los intelectuales aprendan de sus errores y ganen más conocimiento.

Palabra Pública consultó a académicos de diversas disciplinas para indagar en qué hay detrás de una controversia que ha encontrado terreno fértil en la discusión pública chilena y que se ha intensificado desde la revuelta social de octubre de 2019.

El valor moral de la indignación

La doctora en Filosofía Política y académica de la Universidad de Chile, María José López, estudia el papel de las emociones en política. Sus trabajos más recientes hacen conversar sobre el asunto a Hannah Arendt, Humberto Giannini y Martha Nussbaum. Desde allí observa el lugar de emociones como la rabia y la indignación, cuya expresión considera “un signo de vitalidad necesario en una democracia”.

“La democracia puede perfectamente acoger la indignación moral y política; debe hacerlo, incluso, porque indignarse por una injusticia, por ejemplo, supone que hay cosas que en una democracia simplemente no se pueden tolerar y está bien descubrir y compartir esos límites, e ir haciéndolos cada vez más claros”, sostiene la académica. López recuerda que, en la tradición filosófica aristotélica, la ira es una emoción clave para la salud de una democracia.

María José López, doctora en Filosofía Política y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Humberto Giannini, por ejemplo, “da a la ira un especial rol en el descubrimiento de la ofensa moral”, recuerda López, pues no la reduce a una expresión de odio o desahogo, sino que la considera un “índice moral, al señalar una situación de injusticia que debería ser reparada”. Decía el filósofo de la vida cotidiana en Del bien que se espera y del bien que se debe (1997): “La iracundia es la expresión de un resentimiento. Pero también, una forma de liberarse de él”. Ya en los noventa, recuerda López, Giannini era crítico de una democracia de los acuerdos que “neutralizaba las diferencias, paralizaba el diálogo y la expresión democrática. En una cancha mal nivelada, no hay acuerdos ni deliberación, hay ejercicios de fuerzas donde unos imponen y otros ceden, nadie razona. ¿Para qué razonar si tengo la fuerza?”

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum ha sido citada con frecuencia en este debate, especialmente a partir de su libro La monarquía del miedo (2019), donde vincula esa emoción con la polarización de la vida pública contemporánea y la degradación de la convivencia en sociedades como la estadounidense. Pero al leerla, sostiene López, no se puede perder de vista que “una de las cosas más importantes que dice es que las emociones políticas no son tontas, no son ciegas, no son ‘irracionales’”. En el esquema de Nussbaum, añade, “la ira nos habla de un mundo injusto, donde existe, sin embargo, la posibilidad de reparación”.

Una esfera intelectual devaluada

“Caracterizar este tiempo por la intolerancia es al menos una hipótesis insuficiente”, asegura el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. “La homogeneidad que resulta de la pasividad y de la hegemonía que no deja intersticio alguno para la disidencia que incomoda es mucho peor y es una forma de intolerancia previa”, añade. Valle habla desde su experiencia en una de las instituciones más señaladas por la intelectualidad conservadora como cantera de odiosidad e intolerancia: la universidad. Pero su trayectoria cuenta una historia distinta.

Valle llegó a ser rector de la Universidad de Valparaíso en 2008 como figura de consenso entre académicos y estudiantes movilizados contra las irregularidades de la administración anterior. Y no sólo se mantuvo en el cargo, además presidió el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) entre 2011 y 2015, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) entre 2015 y 2020. Reconocido como persona de consensos por pares, autoridades y estudiantes, considera la conflictividad concentrada en las universidades durante la última década como síntoma de algo mucho más grande.

Aldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso.

“En la medida en que graves conflictos estructurales no se abrían a la sociedad de un modo transversal, las universidades eran el espacio para un antagonismo radical en su interior. La revuelta social de octubre de 2019 demostró que lo que ocurría antes y por años en las universidades era una señal de un proceso que envolvía a amplios sectores sociales. Lo que quieren los estudiantes no es tan distinto de la demanda transversal que circula por el país”, reflexiona Aldo Valle.

Paradójicamente, la relevancia de las universidades también podría estar en la raíz del malestar de algunos intelectuales. La masificación de la educación universitaria, piensa Valle, “termina desde luego devaluando el prestigio y reconocimiento que antes proveía y, correlativamente, reservando a una élite ese prestigio social”. Además, asegura, “las tecnocracias no necesitan intelectuales que discrepen o desordenen los discursos, las creencias y las prácticas”. Impera, a su juicio, “un uso privado de la razón. Chile ha vivido largo tiempo sin una esfera de deliberación intelectual y cultural diferenciada y, a la vez, participativa”.

Expresión sin encuentro

Manuel Antonio Garretón, si bien es crítico de los intelectuales que, como Warnken, han calificado posiciones discrepantes como inspiradas “en el odio y el mal”, se niega a reducir el problema a una “victimización de sectores intelectuales más bien de derecha o cercanos al poder”. El sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales piensa que “en la sociedad chilena sí hay un problema de intolerancia”.

“La intolerancia a aquello que contradice los grandes valores que la humanidad ha ido aceptando consensualmente como irreversibles e indiscutibles, es un avance civilizatorio”, dice Garretón. El problema, sostiene, es cuando en una sociedad no hay “condiciones para desarrollar y debatir las posiciones diferentes”, lo que iría asociado “a la disponibilidad de recursos institucionales, comunicacionales e intelectuales para desarrollar esas diferencias y la creación de espacios de encuentro entre las diferencias”.

Manuel Antonio Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.

Para Garretón, el drama de la sociedad actual es la ausencia “de instituciones que vayan cristalizando las opiniones y resolviendo aquellas diferencias que son necesarias de resolver para la toma de decisiones”. La intolerancia en la sociedad industrial, señala, se daba “entre cuerpos sociales que contaban con mediaciones ideológicas o institucionales como el sistema de partidos”. Esas mediaciones estarían ausentes en lo que llama “sociedad digital”.

Estamos pasando, postula el sociólogo, “a un tipo de sociedad en la cual las mediaciones institucionales necesarias y los espacios de encuentro entre diversidades son espacios de expresión, sin el momento del encuentro. Entonces, desde mi tribu digital, soy muy tolerante, porque no las escucho ni las leo, claro que cuando aparecen, no las acepto”. No es un problema de “confianza en las instituciones”, remata. “El problema es mucho más profundo: no las necesito”.

El negocio de la polarización

Con la masificación de las plataformas de redes sociales, “efectivamente hay un giro en lo que entendemos como esfera pública”, asegura Patricia Peña, periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su aproximación al impacto de estas plataformas en la vida pública, asegura, sigue la actitud de Umberto Eco: “ni apocalíptica ni integrada. El gran problema es que habíamos olvidado que estas plataformas son empresas y que la moneda de cambio somos nosotros”.

El despegue de Twitter, Facebook y WhatsApp se dio en Chile a partir del terremoto de 2010, asegura la investigadora, cuando muchas personas se abrieron cuentas para hablar e informarse sobre la catástrofe, “época, además, en la que era muy influyente una corriente positivista que veía estas plataformas como herramientas democratizadoras, y avanzaba la pérdida de credibilidad de los grandes medios de comunicación”. Pero no fue sino hasta el escándalo de Cambridge Analytica, en 2015, añade, que nos dimos cuenta de que “en estas plataformas se daba una manipulación y polarización de la opinión pública”.

Patricia Peña, periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

“La polarización tiene que ver con el juego que se hace en estas plataformas, que te meten en burbujas donde la realidad es negra o blanca y los matices no funcionan”, explica Peña. “Son dinámicas con las que terminas validando tus propias creencias. Si busco información sobre el proceso constituyente y tengo una cierta inclinación, voy a encontrar información que la refuerza. Termino leyendo de acuerdo a lo que yo creo, no me vinculo con toda la diversidad de otras opiniones. Ese es el efecto más perverso”, asegura.

Sin embargo, la académica advierte contra el peligro de caer “en la tentación en la que cayeron los autores del informe Big Data, según la cual estas plataformas tenían la fuerza para ser una de las causas del estallido social”. Más relevante que el impacto directo de estas plataformas, cuyo acceso sigue siendo acotado en la población, es su relación con los medios, sostiene la periodista. “Twitter y la televisión se empiezan a llevar demasiado bien. Los softwares de escucha social, el monitoreo de hashtags, que estaban hechos para medir evaluación y posicionamiento de marcas, se empiezan a usar como una suerte de people meter. Y allí viene la crítica constructiva que uno puede hacer: ¿qué está validando el medio televisivo cuando dice ‘se dijo en redes sociales’?”.

Otra dimensión problemática, asegura Peña, es que “este Internet de las plataformas es un Internet muy patriarcal, está hecho y diseñado por hombres blancos, del norte, con una cierta educación”. Una de las implicancias de este sesgo de género, agrega, “tiene que ver con el consentimiento. Que nos acostumbráramos a bajar aplicaciones sin leer los términos y condiciones y decir acepto, acepto, acepto, es lo que hoy cuestiona el movimiento feminista. Tenemos que cuestionar esta cultura del no consentimiento, muy engañosa y patriarcal. Tenemos que ser capaces de reapropiarnos de Internet, que esta no es la única forma de crear una plataforma de red social”.

¿Aprender a vivir en el conflicto?

“Me parece que cuando se habla tanto de las formas de la discusión y del disenso se olvida el fondo. La democracia es conflicto”, asegura María José López. “El conflicto también es necesario y parte de la riqueza de la misma experiencia de la diferencia vivida que debería ser propia de una democracia. Pero hay que aprender a vivir en el conflicto, hay que aprender a discutir en serio, hay que educarnos en la discrepancia y eso va a demorar tiempo y va a requerir ganas y voluntad”.

Manuel Antonio Garretón: «En Chile no hay un solo aspecto de la vida social que no esté afectado por las herencias de la dictadura»

Por Jennifer Abate / Fotografías: Miguel Ángel Larrea y Felipe Poga

Sorpresa fue lo que provocó Manuel Antonio Garretón en un panel radial cuando comentó, a principios de la década, su opinión sobre la recién estrenada película “No” (2012) de Pablo Larraín. “Fui a ver la película del No y es probablemente la basura ideológica y el bodrio más grande que he visto”, señaló. Esto, debido a que la película no consideraba, a su juicio, elementos clave en la recuperación de la democracia, como los miles de ciudadanos anónimos que custodiaron las elecciones, un cuadro internacional favorable, la coordinación política y las movilizaciones sociales que se desarrollaron en los meses previos.

Por cierto, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007 y académico de la Universidad de Chile tenía y sigue teniendo las credenciales para referirse con propiedad tanto a las batallas por la recuperación de la democracia como a lo que ocurrió tras el plebiscito de 1988 que prometía la llegada de la alegría. Autor o co-autor de decenas de libros y especialista en procesos de democratización y transición, Estado, sociedad, movimientos sociales y partidos políticos, Garretón ha sido una de las principales voces de la consciencia crítica de un país que a 30 años del triunfo del No se sigue asumiendo en transición y que por eso, en sus propias palabras, ha buscado los acuerdos políticos “en la medida de lo posible” con el fin de evitar una regresión autoritaria que desde su perspectiva, nunca estuvo cerca de suceder.

Tomás Moulian ha dicho que la transición se acabó cuando el gobierno de Ricardo Lagos eliminó los enclaves autoritarios de la Constitución del ´80. ¿Comparte usted esa opinión?

No.

¿Se acabó la transición en Chile?

Primero tenemos que ponernos de acuerdo en un concepto de transición, porque si no, cada cual va a decidir cuándo terminó la transición. De hecho, todos los ex presidentes han dicho que con ellos había terminado la transición. Hubo otros publicistas que dijeron que la transición había terminado el 4 de agosto del ‘92 y el propio presidente Aylwin tuvo que decir que en realidad se había equivocado y que la transición no había terminado y que probablemente duraría mucho tiempo. No entremos a hacernos trampas con los conceptos, no entremos a decidir que la transición comienza o termina cuando a mí me gusta o cuando yo decido al respecto.

Entonces, desde su perspectiva, ¿cuándo se acaba la transición?

Mi manera de plantear el asunto sería decir que la transición en el caso chileno comienza el 5 de octubre de 1988 en la noche, cuando queda superada la posibilidad del golpe de Estado. Con el plebiscito se desencadena el proceso de transición, es decir, todos los actores empiezan a preocuparse ya no de la lucha contra la dictadura sino que del régimen que viene y cómo se van a ubicar en el futuro. Por lo tanto, la transición comienza el 5 de octubre y termina el día en que Patricio Aylwin es nombrado Presidente de la República, el primer presidente propiamente tal después de Salvador Allende, porque Pinochet fue un tirano.

¿Y qué fue lo que ocurrió después de ese día?

Estamos en presencia de un régimen democrático, un régimen democrático incompleto, pero es democracia, ya no es dictadura. Creo que, los distintos presidentes, incluso lo que dice Tomas Moulian sobre el gobierno de Ricardo Lagos, hicieron ampliaciones democráticas, reformas que mejoraron el régimen, pero el país ya no estaba en transición y yo creo que el uso del concepto de transición ha sido enteramente ideológico e instrumental.

¿Ideológico e instrumental de parte de quiénes y con qué objetivos?

De parte de todos, tal como se ha usado. ¿Por qué algunos dicen que la transición no ha terminado? Porque, “ah, la transición no ha terminado, por lo tanto, por favor no nos movilicemos demasiado, no generemos demasiados problemas, no exijamos demasiado, calmemos las demandas, hagamos acuerdos y consensos, porque como no ha terminado, capaz que pueda haber regresión autoritaria”. Una de las bases sobre la que se consolidó el modelo socioeconómico de la dictadura, con muchas y profundas correcciones por parte de la Concertación, eso es innegable, fue decir que si nos metíamos con el modelo económico, iban a reclamar los empresarios o los militares. Es decir, la amenaza de regresión autoritaria fue usada para una u otra política a pesar de que cualquier persona con un mínimo de cultura y de estudio de todo lo que han sido las transiciones en el mundo sabía que el 5 de octubre en la noche se acabó la posibilidad de regresión autoritaria. Puede haber habido boinazos, puede haber habido movimientos y amenazas, pero no había ninguna posibilidad de regresión autoritaria y eso lo sabían todos, pero convenía decir que estábamos bajo presión y bajo amenaza autoritaria.

Usted ha hablado de enclaves autoritarios que dificultan el desarrollo de la democracia representativa de calidad, como el control de la elite en la selección de candidatos o la inamovilidad del modelo económico heredado de la dictadura. ¿Cree que en los últimos años, a raíz de fenómenos como el cuestionamiento a la corrupción o la emergencia de nuevos movimientos y partidos políticos, se han reducido los enclaves?

Mire, yo quisiera atenerme un poco a una cierta definición, a un cierto concepto para no hacernos trampa. Cuando yo hablaba de enclaves autoritarios, de lo que hablaba fundamentalmente era de aquellos componentes propios de un régimen dictatorial o autoritario que se trasladan al régimen democrático y que restringen la capacidad democrática. Enclaves son aquellos elementos del régimen dictatorial que se perpetuán en el régimen democrático e impiden la plena expresión de la soberanía o la expresión popular. Dicho eso, los enclaves autoritarios pueden ser institucionales, como una Constitución, o, por ejemplo, ético-simbólicos, como la impunidad de los actores que perpetraron violaciones a los derechos humanos. También hay enclaves actorales, que representan a los actores de la dictadura que aún viven en la democracia buscando una regresión autoritaria, como el núcleo militar o el pinochetismo político.

¿Y se ha logrado reducir esos enclaves en los últimos años?

Si uno toma el enclave ético-simbólico, ahí uno diría que hay una parte importante de lo que se ha logrado que ha sido obra de los movimientos de derechos humanos, fundamentalmente los movimientos que representan a las víctimas, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos o las comisiones de derechos humanos. Es evidente que ahí ha habido un papel importante de los movimientos sociales, pero no hemos superado el tema constitucional y ese es el central. En ese punto, a mi juicio, los movimientos sociales han sido más bien débiles, el tema constitucional ha sido uno que han mantenido sobre todo los actores políticos y a veces con la idea de que a la gente no le preocupan esos problemas. En el tema constitucional se define, a mi juicio, la diferencia con la herencia de la dictadura.

Recientemente se aprobó la Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados, hace un año el aborto en tres causales y hace tres años el Acuerdo de Unión Civil. ¿De qué Chile nos hablan estos avances que eran impensados en los primeros años después de la transición?

Es evidente lo que ha avanzado la sociedad chilena en los últimos cuatro o cinco años. Hace siete u ocho años, hacer un chiste sobre homosexualidad era celebrado en los festivales, en las casas y en todas partes. Hoy es inaceptable y puede ser constitutivo de delito. Esos fueron avances de los movimientos sociales que no habrían tenido una instalación jurídica si no hubiese sido por la política. Pero a su vez, los enclaves institucionales impidieron que pudiera expresarse cabalmente lo que era la demanda ciudadana. Por ejemplo, la ley de divorcio o las discusiones en torno al matrimonio igualitario todavía están atrapadas en una época anterior donde los sectores conservadores tenían mucho poder al respecto.

¿Cuáles diría usted que son las deudas más urgentes que le impiden a Chile alcanzar una democracia plena?

En primer lugar, no tenemos un régimen político completamente democrático debido a que tenemos una Constitución heredada de la dictadura y que tiene un sello de tipo neoliberal con predominio del mercado. No podemos tener democracia plena en un país que no tiene acceso a sus recursos porque los sectores privados son los dueños de estos. No hablo de democracia representativa sino de democracia como una forma de vida en que la sociedad define su destino. Por tanto, el aspecto constitucional es clave. Además, yo tengo la impresión de que siempre va a ser una democracia incompleta si no se define una nueva forma de relación con los pueblos originarios. Va a ser una democracia incompleta con este sistema actual de regionalización. Va a ser una democracia incompleta si no se introducen mecanismos de participación y de expresión de la soberanía popular como los plebiscitos, como la posibilidad de discutir la revocación de mandato, la iniciativa popular de ley, en fin.

La herencia principal de la dictadura ha sido el haber transformado a la sociedad hacia un modelo que si bien los gobiernos democráticos han modificado, se mantiene en sus principios centrales. Hay que llamar la atención sobre eso porque el caso de Chile es único. Los problemas que enfrentan países como Brasil y Argentina no tienen que ver con la época de la dictadura, su vida cotidiana no está afectada por la dictadura excepto en los temas de violaciones a los derechos humanos. Pero si uno mira el caso chileno, salud, educación, pensiones, regionalización, recursos naturales, todo eso tiene que ver con la dictadura. No hay un aspecto de la vida social, no digo de la vida privada, de la vida social, de la vida como país, que no esté afectado por las herencias de la dictadura. Con todos los elementos positivos que tuvo la Concertación, lo que uno más lamenta es que no se le haya dado importancia al debate sobre la modificación del modelo económico neoliberal y los enclaves autoritarios.

A propósito de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría, ¿qué dice de esas coaliciones, que fueron las que impulsaron la recuperación de la democracia, el hecho de que hoy no se puedan poner de acuerdo para celebrar los 30 años del triunfo del No?

Yo creo que expresa que no existe esa coalición. Dejó de existir como proyecto en un cierto momento y en la medida en que usted va dejando de existir como proyecto, también va dejando de existir como una comunidad con un pasado común. Como ya no tiene porvenir, vuelve sobre el pasado, y cuando hay debates sobre ese pasado, empiezan las divisiones.

“Cuando hablamos sobre qué sistema de Educación Superior queremos, estamos pensando en qué sociedad queremos”

Por Manuel Antonio Garretón

Cuando abordamos la pregunta sobre qué Educación Superior queremos, hay que considerar que éste, es decir, el sistema de instituciones encargado de producir y reproducir el conocimiento; desarrollar la creación artística; desarrollar cultura en un nivel superior; formar profesionales, técnicos y académicos de la mayor calidad, debe siempre estar relacionado con un proyecto de sociedad.

A mi juicio este es un punto clave: entender que cuando hablamos sobre qué sistema de Educación Superior queremos, estamos pensando en qué sociedad queremos a partir de ciertas determinantes estructurales. No es lo mismo pensar un sistema de Educación Superior en una sociedad de un 60% de población agraria o campesina, o una sociedad industrial, o en una sociedad llamada del conocimiento.

Si uno se pregunta a qué tipo de sociedad aspiramos, más allá de las ideologías particulares, lo que queremos es una sociedad igualitaria, democrática, en que se constituyan actores sociales fuertes y en que el Estado tenga un rol dirigente, pero controlado por esa sociedad. Y ese es un marco de determinantes estructurales distinto al dictatorial que originó el sistema actual.

A partir de ello, frente a la pregunta precisa de qué hacer con el sistema de Educación Superior que hoy tenemos, hay básicamente tres grandes respuestas. Una, la propuesta por los sectores dirigentes del modelo actual, que plantean que “esto hay que mantenerlo”. La segunda respuesta es la reforma: “aquí hay que mejorar o reformar ciertas estructuras y, sobre todo, someter un sistema básicamente desregulado a mayores regulaciones”. La tercera propuesta es la que sostenemos en esta Universidad, que recuerda a la frase de Giorgio Jackson que después se hizo vox populi y sentido común: “no queremos mejorar el modelo, queremos cambiarlo”.

Si mantenemos los actuales principios en que se basa la estructura y funcionamiento de la Educación Superior, aunque se mejore la calidad, estaremos consolidando un modelo construido para una sociedad de desigualdad y no democrática. Y ése es el punto fundamental para juzgar, por ejemplo, temas como el de la gratuidad; usted puede dar gratuidad a todos y mantener el sistema actual, a través de la consagración de un derecho que puede olvidar que la educación no es sólo un derecho de las personas, sino una función de la sociedad, y esa función y tarea las debe garantizar el Estado.

Ello significa que el núcleo básico de la reforma de la Educación Superior es pasar de un sistema básicamente privado, basado en el mercado y en la competencia entre individuos e instituciones, a uno básicamente público. No se trata de consagrar la provisión mixta que hoy no existe en muchos campos de la Educación Superior, sino que junto a ello debe consagrarse el predominio de las instituciones estatales con un espacio regulado para las instituciones privadas.

Quisiera enunciar, sin poder fundamentar por razones de espacio, algunas conclusiones que se derivan de este núcleo básico de la reforma y que suponen un proceso gradual, pero con un claro horizonte en el mediano plazo.

En primer lugar debe aumentarse la oferta estatal en todos los niveles de la Educación Superior para hacerla predominante, ya sea expandiendo la matrícula, generando nuevas instituciones o adquiriendo privadas.

En segundo lugar hay que reformular las relaciones que estas instituciones tienen con el Estado, para facilitar en el marco de la autonomía de aquellas su contribución al desarrollo integral del país, lo que significa algo más que su fortalecimiento. Ello supone una institucionalidad y un sistema de coordinación entre éstas.

En tercer lugar, el aporte del Estado debe centrarse en el financiamiento basal de las instituciones estatales, y excepcionalmente contribuir con instituciones públicas no estatales cuya autonomía de cualquier poder, democracia interna y dirección de sus comunidades y calidad estén consagrados por ley, como ocurre con varias de las llamadas universidades tradicionales no estatales.

En cuarto lugar, en términos estrictos, sólo debe haber gratuidad universal para las instituciones estatales y, subsidiariamente, mientras no se llegue a un sistema de predominio de las universidades y de las instituciones estatales en que se asegure el ingreso a todos quienes quieran ingresar a ellas, el Estado puede financiar la gratuidad de la educación de los sectores vulnerables en las instituciones privadas. Asegurar la gratuidad universal permanente desde ahora en todas las instituciones privadas de la Educación Superior, sin el aumento sustancial de la oferta estatal, significa consolidar definitivamente el modelo heredado de la dictadura.

En quinto lugar, y haciéndome cargo de algunos planteamientos hechos en la Cámara de Diputados, hay que eliminar del sistema de Educación Superior cualquier idea de competencia entre universidades. Esto no es un mercado y no corresponde que las universidades públicas compitan con las universidades privadas, porque son proyectos de naturaleza diferente. Ello tiene al menos dos consecuencias. La primera refiere a la acreditación, en el sentido que no puede aplicarse el mismo sistema de acreditación en cualquier nivel a las instituciones públicas que a las privadas o a las universidades públicas. La segunda es que debe limitarse drásticamente la publicidad comercial de las universidades.