Sin brújula

Por Sofía Correa

Posiblemente no ha habido época en la historia de Chile independiente en la que sus contemporáneos no sintieran con profunda angustia que estaban viviendo una crisis intensa en todo sentido. No es que esta constatación venga a relativizar la actual crisis que nos tiene atribulados, puesto que cada experiencia histórica es única e irrepetible. No obstante, quizás la radicalidad de la actual es que probablemente ella está dando cuenta del fin de una época histórica, e incluso del fin de una civilización, sin que sepamos qué la reemplazará.

Pienso que vivimos el fin de una civilización, por muchos signos que se pueden observar. Por de pronto, no es nada novedoso constatar el enorme impacto que el desarrollo tecnológico ha tenido en los modos de relacionarnos y concebir la vida en el planeta. Las formas contemporáneas de comunicación digital no sólo han transformado la cotidianeidad, la convivencia social y familiar, las relaciones entre generaciones, la privacidad, sino también la manera en que nos situamos ante el tiempo y el espacio, al romper, con su instantaneidad, experiencias milenarias de la humanidad. La constatación de que todos los instrumentos que forman parte de la existencia contemporánea, que nos son imprescindibles para relacionarnos, están ya desde su inauguración en proceso vertiginoso de descarte por otros medios más avanzados tecnológicamente, constituye la base de la arraigada convicción de la inevitabilidad del deshecho, del abandono de lo que otrora fuese valioso, que también es una experiencia humana inédita. Más aún, si hasta ahora el misterio de la vida permanecía oculto y despertaba nuestro asombro, el desarrollo de la ciencia ha llegado al punto de la clonación de la vida, abriendo posibilidades que quisiéramos ni imaginar. Estos son sólo algunos ejemplos que nos hablan de un cambio de civilización, en la que estamos inmersos y que no sólo exige nuestros mayores esfuerzos para adaptarnos, sino también nos despierta temores, angustias y dudas profundas.

Situándonos en una temporalidad más corta, podemos percibir un cambio de época que afecta las dimensiones políticas, sociales, culturales. Viene a ser reiterativo volver a tratar el gravísimo problema de la falta de confianza en las instituciones que sostienen el tejido democrático, por de pronto el Congreso Nacional, el poder judicial, la representación ciudadana, los partidos políticos. Quienes intentaron remontarla apostando por fórmulas de democracia directa, se toparon con el Brexit y con el rechazo a los acuerdos de paz en Colombia; el peligro del nacionalismo xenófobo en Europa se combinó con la elección de Trump de la mano de la nueva y perversa fórmula de la post-verdad. Ya no vale ser veraz, sólo importa tener impacto comunicacional, esa es la lección que ya tiene aprendices locales.

¿Y por qué mirar todo desde la vereda impoluta del observador lejano? Lo que pasa en las universidades es tal vez el peor escenario de esta crisis chilena que se desenvuelve en múltiples y diferenciados niveles. Así como algunas pertenecen a grandes consorcios internacionales dedicados al negocio de la educación, hay otras cuyas ganancias financiaron partidos políticos, y están las que han quebrado dejando a los alumnos en el limbo. Así como hay universidades privadas donde no es posible reprobar alumnos/clientes, hay universidades públicas que controlan el uso del tiempo de sus académicos. ¿Estamos viendo la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio?

Queda por llamar la atención hacia las tendencias totalitarias que se han apoderado de algunos núcleos de la Universidad de Chile, donde lo que no está en sintonía con sus criterios, es pulverizado. Fue por una profesora de una universidad privada como me enteré que Gabriel Salazar se había ido de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile. La historia es conocida, no su desenlace. Salazar salió en defensa de profesores de Historia acusados de acoso sexual, con quienes había compartido sufrimientos y persecuciones durante la dictadura. Si bien conozco a algunos de los acusados y éstos me resultan detestables desde hace años, sus actuaciones, despreciables, y las acusaciones, nada sorprendentes, no me cabe duda que Salazar tiene el derecho de defenderlos. Pero no fue así. Quien fuera el maestro endiosado esta vez habló en disonancia con los espíritus totalitarios, y recibió una andanada de fusilería verbal. Pacientemente respondió explicando su posición, pero la condena había sido emitida y no hubo espacio cordial para las discrepancias. Ante la imposibilidad de compartir un espacio universitario común, de acuerdos y diferencias, respeto y consideraciones, Salazar se fue.

En las universidades chilenas anida lo peor de la crisis actual, porque encarna la crisis de sentido, de convivencia, de racionalidad, y ya ha llegado a la Universidad de Chile, envenenando su presente e hipotecando su futuro.

Ley de Educación Superior: Riesgos y oportunidades en el nuevo escenario

Por Ernesto Águila

Luego de un rechazo inicial en la Comisión de Educación del proyecto de Ley de Educación Superior, éste se aprobó en general -y con ello la idea de legislar- el pasado 17 de abril en el plenario de la Cámara de Diputados. Se destrababa así un proceso legislativo que se encontraba paralizado por casi un año desde que el primer proyecto del Ejecutivo encontrara un rechazo casi unánime de los distintos actores institucionales, políticos y sociales vinculados al tema.

En ese intervalo distintos sectores plantearon sus reparos a la propuesta original del gobierno y levantaron propuestas alternativas. Dentro de éstas cabe destacar el amplio y rico proceso de debate llevado adelante por la Universidad de Chile, de manera triestamental, y que se plasmó en el documento “La Chile piensa la Reforma. Construyamos juntos una educación pública para Chile”, en el cual se fijaron los horizontes estratégicos que debiera inspirar una reforma a la educación superior, así como un conjunto de propuestas específicas en materia de institucionalidad, financiamiento y reconstrucción y fortalecimiento del sistema de universidades públicas.

Si uno logra descifrar los acuerdos a la base de este complejo proceso de tramitación del proyecto de educación superior, el escenario para lo que resta de este gobierno -que no es mucho y en año electoral- incluye tres proyectos: a) La ley de educación superior ya mencionada; b) el envío de un proyecto especial para las universidades del Estado (se separa en lo medular este capítulo del actual proyecto), y c) un proyecto específico que reemplaza el actual CAE por un sistema de créditos bajo administración estatal (compromiso adoptado por la Ministra de Educación en el marco de la aprobación de la idea de legislar el proyecto de educación superior).

¿Que se jugará en cada uno de estos proyectos? La ley de educación superior trae algunos avances -propuesta de institucionalidad para la gratuidad, penalización del lucro, restitución del Aporte Fiscal Directo (AFD), una mayor institucionalidad estatal expresada en una Superintendencia de Educación, institucionalización del CRUCH, obligatoriedad de la investigación dentro de la acreditación; pero en su fondo el proyecto sigue sin cambiar la centralidad del mercado en la definición de la fisonomía y financiamiento del sistema de educación superior. Se intenta regular mejor lo existente, pero no se lo transforma; o se colocan plazos de transición muy largos a ciertas reformas, con el riesgo de que algunas de éstas se pierdan en el camino. Cuando se intenta introducir cambios al modelo, el peligro siempre es que éste pueda terminar por consolidarse. El neoliberalismo se mueve siempre entre la extrema desregulación hacia fases de mayor regulación (y cuando puede vuelve a su desregulación extrema). Pero salir de él es otra historia.

El segundo escenario es el proyecto comprometido de eliminación del CAE. En rigor aquí se trata de traspasar este crédito de la banca privada a un ente estatal. Resta por ver si será un cambio real o más bien simbólico y la manera cómo este nuevo crédito dialoga y encaja con un sistema de gratuidad universal progresivo y con el actual sistema de becas. También puede ser el momento para debatir la situación de los endeudados, así como las estratosféricas transferencias estatales actuales a las universidades privadas y a la banca.

Por último, el tercer escenario será el proyecto de universidades pú- blicas o estatales. Poco se conoce de este proyecto, pero habría que esperar una definición clara de la responsabilidad del Estado con sus universidades (y centros de formación técnica), asumiendo que cuando una de éstas falla o no tiene los niveles de calidad exigidos es responsabilidad del propio Estado. Aquí hay un desafío de institucionalidad, financiamiento y de expansión de la matrícula. El principio rector debiera ser volver a hacer del sistema de universidades estatales la columna vertebral del sistema de educación superior y que dichas instituciones vuelvan a rearticular su misión y sentido con un proyecto de desarrollo nacional. A su vez, que las universidades públicas sean aquel lugar donde la sociedad fija los estándares más altos de excelencia, inclusión, participación y pluralismo para el conjunto del sistema de educación superior.

No cabe duda que las movilizaciones abiertas en 2011, y la presencia de diferentes actores en el debate como es el caso de nuestra Universidad, han logrado ir moviendo los términos del debate en la educación superior e introduciendo paulatinamente una concepción de ésta como un derecho social y restituyendo el significado e importancia de la educación pública. Sin embargo, las lógicas mercantiles, privatizadoras y el concepto de subsidiaridad del Estado siguen siendo dominantes en nuestro sistema de educación escolar y superior. El nuevo escenario -que seguramente cruzará este gobierno y se proyectará en el próximo– abre siempre riesgos de autocorrección y consolidación del modelo, pero también oportunidades para ir encontrando ese “punto de quiebre” que signifique el inicio de su definitiva superación.

Para ser un país «resistente»: La contribución de los periodistas al manejo de desastres

Por Raúl Rodríguez / Fotografía: Felipe Poga

La ofensiva estadounidense en Siria marca un antes y un después en Medio Oriente y en las relaciones internacionales. No solo es un asunto de “balances” de poder con Rusia en la zona del conflicto o una nueva estrategia de la geopolítica norteamericana, sino también un asunto humanitario, toda vez que se incrementa el riesgo de desastre en la región.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Siria enfrenta la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo con 7,6 millones de personas y casi cuatro millones de refugiados en los países vecinos. Estima, el organismo internacional, que 4,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en zonas de difícil acceso y lugares asediados por tropas de uno u otro bando. Los desastres a distintas escalas interpelan más que nunca a los medios de comunicación y líderes de opinión en el uso de redes de información para que circulen mensajes y datos veraces, considerando el estado emocional de las víctimas, desde el proceso de emergencia hasta la reconstrucción.

Así, la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis toman otro color. Se ponen a prueba las líneas editoriales, la producción de la información y los tratamientos periodísticos expresados en las coberturas dedicadas a estos hechos extraordinarios.

En Chile, recordábamos en marzo pasado los dos años desde los aluviones en Atacama y el desigual proceso de reconstrucción que ha vivido la población en la zona. Más reciente están en nuestra memoria los incendios forestales, el peor desastre de esta índole en la historia del país.

En medio de la tragedia que afectó a la zona centro y sur, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) solicitó a los canales de la TV abierta respetar el estado emocional de las víctimas de los incendios durante sus transmisiones.

«Es fundamental la cobertura informativa que realizan los canales de televisión para conocer las necesidades y las acciones de las instituciones que dan respuesta a las emergencias. Sin embargo, son (sic) en estas circunstancias cuando se valoran los protocolos y herramientas que aseguren una entrega responsable de la información”, expresaba el oficio enviado a los canales.

Los actores relevantes se multiplican y la magnitud de los hechos amerita aplicar el mayor rigor en las rutinas de producción, con un tratamiento éticamente responsable. Sin embargo, la espectacularización de la noticia, la escasa participación ciudadana en estos procesos y la falta de respuestas colectivas a la tragedia hacen que el proceso de gestión de la información en medio de un desastre no sea el más adecuado.

Pautas conceptuales para “manejar” el desastre

Un desastre se produce por origen natural (terremoto), biológico (epidemias) o inducido por el ser humano (como incendios o guerras), mientras el riesgo es la sumatoria de las eventuales pérdidas en vida, ausencia de condiciones de salud, falta de medios para el sustento y dificultad para acceder a bienes y servicios, según clasifica la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU. A su vez, el riesgo provocado por un posible desastre está en función tanto de la amenaza o peligro como de la vulnerabilidad de una comunidad. Por tanto, el riesgo puede aumentar o disminuir proporcionalmente en la medida que alguno o ambos factores varíen en el tiempo.

Frente a esto, la pregunta es cómo gestionar el riesgo de un desastre, cuyo proceso social incluye la estimación del riesgo; prevención y reducción del mismo; preparación, respuesta y rehabilitación; y reconstrucción.

La Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas celebrada en Japón en 2015 aprobó un Nuevo Marco para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 definiendo dos propósitos centrales: mejorar la gobernanza en la gestión de desastres y fomentar la coordinación de todos los sectores.

En Chile aún existe una deuda en esta materia para el adecuado manejo de desastres, ya que a seis años de ingresar al Congreso, el 22 de marzo de 2011, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y la Agencia Nacional de Protección Civil, todavía está en su segundo trámite constitucional en el Senado.

Pese a la suma urgencia dada este año, a propósito de los incendios forestales en el verano, el Estado y sus instituciones van mucho más lento que lo que apremia la “realidad” socio natural del país. Esta actitud reactiva sólo aumenta el riesgo de nuevos eventos, a contrapelo de la necesidad de políticas públicas y del desarrollo sostenible en materias económica, ambiental, seguridad y territorial.

Los medios de comunicación, en este sentido, pueden jugar un papel importante respecto a estos desafíos para cambiar la improvisación por tareas permanentes. “Los desastres pueden reducirse considerablemente si la gente se mantiene informada sobre las medidas que puede tomar para reducir su vulnerabilidad y si se mantiene motivada para actuar”, señala el Marco de Acción de Hyogo de las Naciones Unidas, 2005, suscrito por Chile.

Pautas para la acción: el periodista activo

La abundancia de memes se ha hecho habitual cuando vemos a periodistas “todo terreno”, mojados hasta el “cogote” para demostrar los estragos del temporal; o a los reporteros “sensibles” de algunos matinales que lloran con los afectados por los incendios. Esto confirma la necesidad de avanzar en protocolos para regular los tratamientos informativos en situación de calamidad.

La Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU entregó recomendaciones a los estados y medios de comunicación para enfrentar las “amenazas” y prevenir de mejor forma los “desastres”. Desde usar el lenguaje apropiado hasta manejar una cultura de la prevención, que sea referencia para la comunidad y la ciudadanía, son elementos centrales para que los medios, sobre todo aquellos de mayor impacto, puedan prestar un servicio oportuno y veraz, pero también puedan cumplir su rol de comunicadores con sentido ético y de responsabilidad social.

El CNTV (2015) ya advirtió en un documento para la “Identificación de buenas prácticas para la cobertura televisiva de tragedias, desastres y delitos” que si bien los canales de televisión se han dado normas de autorregulación, no tienen normas específicas o prácticas que validen su implementación dentro de su ejercicio diario, en sintonía con sus definiciones programáticas y editoriales.

En el Manual de Gestión de Riesgos de Desastres para Comunicadores Sociales, elaborado por la UNESCO en 2011, se proponen acciones sobre la base de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, como difundir conocimientos científicos y tecnológicos sobre los riesgos y las amenazas; promover la incorporación y participación activa en el proceso de gestión de riesgo de los medios masivos y alternativos, instituciones académicas y gremiales de la comunicación; y evitar la desinformación y el abuso en la función informativa y comunicacional promoviendo códigos de comportamiento ético para los comunicadores en momentos de emergencia o desastre.

Lucy Calderón, periodista guatemalteca, especialista en comunicación en gestión del desastre y expresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, plantea a Palabra Pública tres tareas esenciales: “ante todo se debe dar un toque humano a las notas que se publiquen, pero sin causar más victimización en las personas, tratando de dar respuestas a las preguntas que más le estén acongojando a la población afectada. Segundo, dentro de las redacciones debe formarse un grupo ad hoc para responder informativamente a la catástrofe, por eso la capacitación debe ser constante para los periodistas. Y tercero, además del recuento de daños, el periodista debiese informar sobre prevención. Cómo la comunidad afectada puede evitar que le vuelva a pasar algo similar. Debe ofrecer información que le ayude a ser resiliente y evitar mayores daños en un futuro”.

Si bien los medios locales y comunitarios, y los medios digitales y centros de investigación periodística, han contribuido a diversificar la oferta y proponer nuevos enfoques a los conflictos que atravesamos, los medios en su conjunto deben ofrecer un debate más informado sobre los efectos y consecuencias de estas catástrofes, para fomentar una cultura de la prevención y no una mera cultura de la reacción.