Legalización del aborto en Argentina: de hijas a madres de la historia

Las conmemoraciones del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba coincidieron con la expectación y celebraciones ante el fallo del Congreso de la Nación Argentina que comenzaría el camino hacia la legalización del aborto en ese país. La periodista Ximena Póo, testigo de esa vigilia callejera, relata los intensos momentos y el cruce de discursos en ese momento histórico. “La conexión entre los procesos es evidente, porque las reformas estructurales obligan a cruzar conocimiento, formación social, transformaciones, clases y proyectos de futuro”, reflexiona.

Por Ximena Póo | Foto de portada: Paula Kindsvater

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, del Grito de Córdoba en las aulas, los campus, el país y América Latina, la Revolución de las Hijas se dejó ver en las aulas, los campus, las calles, la vida. De verde se tiñeron los cristales antes que la conservadora imagen de la historia se rompiera en mil pedazos esos días de junio, cuando en el Congreso de los Diputados de la Nación, en Buenos Aires, se aprobara la legalización del aborto en Argentina. No hay equipajes perdidos cuando se trata de transformaciones sociales. No hay tiempo que perder, se decía en las calles cordobesas, a una hora de viaje en avión desde Santiago de Chile. Aquí, al lado, pero tan lejos. Argumentos y afectos se cuelgan de abrazos entre mujeres que no se conocen. Las calles arden entre pañuelos verdes y fogatas a la espera de la votación allá en la capital. Las voces de las provincias, aquellas que se organizaron por meses y años en movimientos políticos, partidos, juntas de vecinas/os, viajaron a la capital. No hay ojos cansados en las calles cordobesas cuando se trata de luchar por dignidad, libertad, clase. Aquí se juega el fin de la clandestinidad, porque la clandestinidad mata.

Lo que está en juego es voltear la estructura patriarcal con discursos que dan paso a los hechos, con actos, como el simple gesto de “ser dueña de tu propio cuerpo y los destinos de tu vida”, como dice Rosario, de 19 años, mientras mira la fogata que está junto a ella y dice que “esto es para que no sigan muriendo, sobre todo las compañeras pobres; porque este derecho debe ser resguardado por el Estado y nadie tiene que impedirlo, piense lo que se piense”. A su lado, Matilde, que cruza los 20, ofrece café, abrigo y pañuelo: “¿Sabes? Es emocionante saber que mi mamá no pudo, que mi abuela no pudo, que yo sí podré si me veo oprimida; el aborto es la última opción. Nadie quiere abortar por abortar, pero si estás en una situación así de dura es bueno saber que la sociedad está contigo y no te condena; el Estado debe educar, proveer métodos anticonceptivos, pero si todo falla, no puede tirar tu vida; el Estado somos nosotras también”.

Madrugada, 14 de junio. Mientras los hombres acompañan, ellas buscan señal para los celulares, hacen turnos para apuntar los argumentos llegados desde el Congreso; cuentan y juntan fuerza para enviar, como un ethos renovado que fuera posible enviar por chat hasta Buenos Aires, donde están amigas, parientes, compañeras. De los carteles a las redes digitales que conectan al mundo todas las frases. Cordobesas y de pueblos cercanos hacen trueque de azúcar, yerba mate, y escuchan, traslapando a 2018 el tremendo capital colectivo de pertenencia que las une en movimiento: “Ese Estado ausente es un Estado femicida. Aborto legal ya”, “El aborto clandestino es femicidio de Estado”, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir”, “Aborto libre y seguro”, cuelgan de carteles improvisados y de las bocas de quienes solidarizan incluso desde la vereda de quien “no me haría un aborto; daría en adopción”, como dice Florencia –de unos treinta años- mientras se apura por llegar a la cabecera de la marcha y sostener los grandes lienzos verdes que se abren paso. La convicción de Florencia no le impide pensar más allá de ella misma y eso me recuerda un texto que le menciono, aparecido por estos días en las redes. Se trata del testimonio de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien se rebeló ante el dolor: “Por dieciocho años en la práctica ginecológica, por mujer, por católica, por trabajar permanentemente mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía, digo: QUIERO ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para todas las mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima. Me repugna un país donde después de un aborto las ricas se confiesen y las pobres se mueran, donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con una bolsa de colostomía, donde las ricas hayan tapado la vergüenza de su embarazo en una clínica y las pobres queden expuestas en un prontuario policial. La discusión no es aborto sí o aborto no. Eso lo dejemos para las discusiones de los creyentes y para tomar nuestras decisiones personales. La discusión en el Congreso de la Nación es si esta sociedad desea que entre las mujeres que indefectiblemente se van a practicar un aborto se pueden lograr las mismas seguridades clínicas para hacerlo. Para que las pobres no sean mujeres de segunda o tercera categoría. Para que las pobres también sigan vivas para arrepentirse, confesarse, tener un hijo con una pareja continente o en una mejor situación económica o emocional. Para que la sociedad sea menos hipócrita y haya en la realidad de la muerte, un poco más de amor”. Los fragmentos dan cuenta de una América Latina colonizada por el catolicismo y el neoliberalismo, a sangre y fuego, y refugian sororidad y emancipación, restituyendo la lucha por la urgencia de alcanzar Estados garantes, no sexistas. Estado laicos, por fin, y no sólo en papel. Le leo a Florencia mientras caminamos al ritmo del grito “¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!”. Argentina hoy dejó el celeste de lado; hoy Argentina es verde y la consigna es “que se extienda por toda América Latina”. Hoy Argentina espera.

A minutos de la votación. Despunta el frío de la mañana en Córdoba y los pañuelos verdes se acomodan sobre la nariz, se regalan o se venden a cuarenta pesos. Todas queremos uno para no olvidar este día y los que vendrán, para no tener que pintar más pancartas con letras de horror: “Sobrevivir a un aborto es privilegio de clase”. Algunas hablan de Islandia, de que en la marcha hay pocas mujeres de las villas, que no importa, que ellas saben que sus voces son las de todas aquellas que echan mano a lo que tienen para decir lo que ahora se dice y antes se negaba. Cuerpo y discurso se ven en las calles y en la tele, en los diarios y en los idearios de movimientos y partidos. Hay canas y rostros teñidos de glitter verde. Cuerpos portadores de cifras escritas en negro sobre amarillo: “En Argentina se producen 450.000 abortos por año”. Como dice otro cartel, “Ni muertas ni presas ¡Vivas y libres nos queremos!”. En el espejo de la calle todas caben y nadie puede hacerles daño.

“Yo creo que mi madre, que tiene 63 años, alguna vez en su vida, mucho antes de que yo naciera, se hizo un aborto y lo pasó mal. Recién, hace unos días, me di cuenta de eso, cuando leíamos el diario y me queda mirando como queriendo contarme algo; ella no sale a manifestarse, lo hacía en dictadura, pero poco, por el miedo. Ese día me pidió mi pañuelo y me preguntó si podía ir conmigo y mi grupo. Ella se llama como yo, Juana, y creo que está orgullosa de lo que hemos hecho. Llevamos meses luchando, años otras, décadas las más. Salí a la calle con mi madre y lloramos, y se abrazó con muchas más. Ella vive sola, nunca tuvo muchas parejas y sé que antes de mí lo pasó mal, pero no habla de eso. Ese día algo entre nosotras creció. Quedamos de encontrarnos aquí, afuera de Patio Olmos; ella no se perderá la votación porque ganaremos”. Juana, de 21 años, estudia Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido parte de las estudiantes que han apoyado, como voluntaria, la organización de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES), a la que se inscribieron unos doce mil académicos/as y funcionarios/as de las universidades de la región, incluidos rectores como el de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Esa mañana muchos de los asistentes al CRES no querían perderse la calle y este nuevo “grito”. La conexión entre los procesos es evidente, porque las reformas estructurales obligan a cruzar conocimiento, formación social, transformaciones, clases y proyectos de futuro. Obligan a hacerse cargo.

Sobre las 10:00 horas, Avenida Vélez Sarsfield, Córdoba. En las pantallas compartidas se alcanzan a ver y escuchar a los/as congresistas hasta llegar a Silvia Lospennato (PRO), impulsora del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Lo que sucedía en el Congreso a esa hora ya estaba en las calles de todo el país, que la escuchaba atentamente. No se movía ni el viento. Lospennato cerró más de veinte horas de argumentos, aplaudida por partidarios y opositores: “Tenemos la posibilidad de modificar una ley de cien años, reflejar los avances de los derechos de las mujeres que se han producido. Ninguno de nosotros es el mismo que era antes de empezar este debate. Todos atravesamos un proceso de profundo aprendizaje, de eso no hay vuelta atrás, porque pudimos nombrar el dolor que significa el aborto en nuestro país, un dolor que se confunde con la culpa, la criminalización y la desigualdad. Cientos de mujeres se animaron a contar la soledad que vivieron de manera clandestina, hoy la sociedad argentina no es la misma. Se buscó en el debate hacernos creer que estamos discutiendo aborto sí, o aborto no. Lo único que venimos a hablar es de aborto legal o clandestino. Dijeron que quieren salvar las dos vidas. Es una falacia. Lo que quieren es forzar a una mujer a ser madre”. Calle y Congreso parecieran saber que ahora, justo ahora, se construye la historia. “En la memoria –continuó- de Carmen Argibay, de Dora Coledesky y Lohana Berkins, de Veronica Barzano. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en las diferencias pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley”. Votan en Buenos Aires. Y “la media sanción de la ley” es aprobada. Será ley. Al minuto, lágrimas, gente que se suma, la cabecera se vuelve verde, los pañuelos se alzan en triángulo y sigue caminando. Argentina decide abrazar la Revolución de las Hijas. Y no sólo Argentina: el verde de las hijas comienza a teñir el continente

Mayo feminista

La revuelta estudiantil que se inició en las universidades francesas hace medio siglo y que se enmarca en lo que Hobsbawm denomina el cambio cultural, en tanto la reivindicación que estalló con fuerza en las calles primero de París y luego en gran parte de Europa y América Latina, no sólo planteaba una impugnación de la autoridad acusando falta de democracia en las estructuras universitarias, sino por sobre todo interpelaba a una sociedad jerárquica y conservadora, desafiando su impronta patriarcal.

En ese contexto desfilaron las demandas, bajo consignas para el bronce como “prohibido prohibir”, “la imaginación al poder” o “seamos realistas, pidamos lo imposible”, entre muchas que también levantaban las banderas del feminismo, en un tiempo de gloria para las principales corrientes teóricas que la sustentaban.

Hoy, a 50 años de la revuelta de mayo, en las calles y aulas de nuestro país emerge otro movimiento que esta vez apunta sus dardos a un objetivo mucho más nítido y específico: la estructura ideológica patriarcal de la sociedad chilena, con la consiguiente inequidad de género y violencia contra la mujer, expresada en el acoso sexual en la aulas de nuestras universidades, la educación sexista, el lenguaje discriminatorio y otras lacras. El correlato de estas demandas está en las masivas protestas -la más reciente fue el histórico paro general de las mujeres españolas el 8 de marzo- hasta las manifestaciones de “Ni una Menos”, o “#MeToo”, que refieren no sólo la alarmante cifra de femicidios, también de acoso y violaciones impunes.

Si en mayo del ‘68 las mujeres levantaron sus demandas en un contexto general y de la mano de las teorías feministas en boga, hoy se apunta al corazón de la sociedad chilena, asumiendo en muchos casos que el feminismo además de una ideología resulta una pulsión, un sentimiento, un gesto; marcando así un punto de inflexión con diferentes vertientes de pensamiento que constituyen las moradas donde hoy habitan los feminismos. Porque en las inéditas y masivas asambleas de mujeres realizadas en distintos campus de la Universidad de Chile y en otras universidades del país, en el apoyo transversal a sus demandas provenientes de sus profesoras, funcionarias y de distintos sectores de la sociedad; más allá de protocolos y políticas sobre acoso que si bien son un avance, claramente resultan insuficientes ante la magnitud del problema, incluso en la heterogeneidad de los petitorios y discursos, podemos leer signos de cambio cultural y de un movimiento que sin duda está haciendo historia. Y ello se evidencia además en la fuerza que adquiere el cuestionamiento contra el patriarcado y la reproducción de los roles de género, así como a otros aspectos que apuntan a las bases del neoliberalismo. Un ejemplo es la demanda a la calidad de una educación pública, asumida no sólo como un derecho, sino alejada de las lógicas mercantiles y sexistas, desde donde pensar e impulsar el necesario cambio cultural que está en curso.

Ello permite leer también en la epidermis de este movimiento en que, más allá de su propia heterogeneidad, existe un continuo en el que las históricas reivindicaciones de mayor democracia, libertad e igualdad, dialogan no sólo con parte de los feminismos actuales sino con una tradición de lucha de las precursoras feministas de siglos anteriores. Por ejemplo, la que nos remite a inicios del siglo XX, concretamente al año 1915, cuando Inés Echeverría formaba el Club de Señoras y Amanda Labarca el Círculo de Lectura. O mucho antes, porque el feminismo en Chile tuvo su cuna en el norte salitrero, en las numerosas mutuales femeninas de fines del siglo XIX, a las que les sucedieron grupos de mujeres que integraron las primeras organizaciones sindicales denominadas mancomunales, siendo elegida por primera vez dirigenta nacional una mujer, Clotilde Ibaceta, delegada por Valparaíso, mientras en 1905, Carmen Jeria lanzaba su periódico feminista Alborada.

Así, mientras Belén de Sárraga ofrecía en 1913 su segunda conferencia en Iquique, titulada La mujer en nuestro siglo, y se refería al período histórico del Matriarcado concluyendo que “a éste le pudo suceder el Patriarcado solamente cuando el poder religioso tomó el dominio de la sociedad”, Carmen Jeria a la cabeza del diario Alborada, y otros periódicos de mujeres como La Palanca o El despertar de la mujer obrera nos remitían a un país que estaba en la vanguardia en materia de lucha por los derechos de la mujer y la igualdad en todos los planos. En esa tradición se inscribe este mayo feminista, que partió en los campus universitarios y que sin duda debe remecer todos y cada uno de los rincones de esta sociedad.

Un cambio cultural: igualdad para la mujer

Un gran cambio cultural representa una transformación profunda en la percepción colectiva sobre determinadas situaciones o relaciones. Nos comienza a llamar la atención algo que, hasta entonces, socialmente habíamos invisibilizado e ignorado. Una toma de conciencia para que lo normal comience a ser visto como injusto o indeseable, es el paso primero y necesario para el cambio cultural. Después, con mirada retrospectiva, quienes viven en el nuevo contexto cultural se preguntarán cómo era posible que se toleraran tales situaciones.

Algunos ejemplos patéticos son la esclavitud, el voto censitario, o que carreras como Medicina tuvieran limitación de cupos para mujeres. Hoy la Universidad de Chile sigue cumpliendo un rol protagónico en la lucha por los derechos de la mujer. Recordemos el decreto Amuná- tegui en 1877, que permitió el ingreso de mujeres a cursar estudios universitarios. Recordemos también el rol crucial de personajes como Amanda Labarca, Eloísa Díaz, Elena Caffarena y Julieta Kirkwood, en promover cambios estructurales para la inserción de la mujer en la sociedad.

Ese liderazgo vuelve a hacerse presente en esta década a nivel estudiantil, con cuatro presidentas de la FECH: Camila Vallejo, Melissa Sepúlveda, Valentina Saavedra y Camila Rojas. Nuestra Universidad fue pionera en crear centros para estudios de gé- nero en los años noventa; en implementar programas de postgrado en estudios de género y en feminizar los títulos profesionales.

También ha creado una Oficina de Género que pasó a ser una Dirección de Género; programas de ingreso prioritario; una política de corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos y normas que reconocen el nombre social a personas trans. Se debe empezar por detectar y comunicar datos que nos obliguen a ver lo que estando ahí no hemos querido ver. En la carrera académica ordinaria, la proporción de mujeres disminuye drásticamente en las categorías superiores, pasando de un 38% en el nivel Profesor Asistente a 16% en el de Profesor Titular. En la carrera académica docente ese descenso es de 65% a 20%. Como referencia, en Estados Unidos las mujeres constituyen un tercio de los Profesores Titulares y en el Reino Unido, la mitad.

Por otra parte, esta es una de las causas que hace que sus remuneraciones sean menores, alcanzándose una brecha de 19% para las académicas jornada completa. Hace cuatro años, la Universidad hizo un estudio pionero sobre desigualdad de género al interior de la institución que permitió también dimensionar la incidencia de casos de violencia sexual. Mesas de trabajo triestamentales han generado políticas y protocolos cuyo objetivo último es erradicar toda forma de violencia de género.

Las universidades del Estado en su conjunto han avanzado considerablemente tanto en materia de estudios de género como en la implementación de políticas de equidad. Se debe iniciar a la brevedad un proceso de certificación con auditoría externa, como el sello del PNUD, que permita abordar institucionalmente y en su conjunto los problemas mencionados. El procedimiento de investigación actualmente definido en la ley, el sumario administrativo, es una herramienta insuficiente e inadecuada para abordar la violencia sexual. Conscientes de ello, en la ley de universidades estatales propusimos e incorporamos una indicación que mejora sustantivamente estos procedimientos, equilibrando los derechos de las víctimas y los inculpados.

También por iniciativa nuestra se propusieron indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Los cambios culturales requieren problematizar lo que se ha asumido como incuestionablemente natural. Las expectativas de padres y profesores suelen reforzar inconscientemente ideas que asignan estereotipos culturales de género. Estudios han mostrado que, por ejemplo, las expectativas sobre rendimiento futuro difieren en función del género del estudiante, o que los docentes consideran que los hombres tendrían mejor desempeño en matemáticas; o que los profesores preguntan más, retroalimentan más frecuentemente y hacen preguntas que requieren procesos cognitivos más complejos a los alumnos varones que a las mujeres.

Deberán también incluirse contenidos en los programas educativos mismos que develen los prejuicios instalados, impulsando una educación con mirada crítica capaz de interpelar los prejuicios instalados. Un sistema de educación pública gravitante es una herramienta privilegiada para incidir en este cambio cultural. Para las universidades estatales constituye un deber el proyectar este cambio y hacer propuestas al conjunto de la sociedad. Eso es lo que el país espera y confía que hagan nuestras instituciones. Sostenemos firmemente que un país con políticas de igualdad de género en todos sus niveles y con una educación no sexista, es un país más democrático, libre e igualitario.

La emancipación de un sector de la sociedad no sólo hace más libres a los emancipados, y en este caso las emancipadas conforman una “minoría” que constituye más de la mitad de la población, sino que nos hace más libres a todos.

Ramón Griffero en el corazón de la república

Desde su nombramiento, el actor, dramaturgo y maestro ha logrado revitalizar un espacio que estaba de capa caída luego de haber tenido un rol fundamental en la escena artística chilena. Al sacarlo del lugar invisible en el que estaba, bajo el lema “el Teatro Nacional Chileno es un teatro para todos”, Griffero dice que pretende devolverle la relevancia que corresponde a un teatro universitario.

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Las batallas de Victoria Castro

El pasado 16 de abril la profesora María Victoria Castro Rojas recibió en Washington, Estados Unidos, el Premio a la Excelencia en Arqueología de Latinoamérica y el Caribe, otorgado por la Sociedad Americana de Arqueología. Alcanzó así el galardón más importante que un profesional de la disciplina que haya trabajado en la Región podría recibir. Con una historia de más de cuarenta años en la U. de Chile, y habiendo formado a la gran mayoría de quienes hoy son sus colegas, “Vicky” Castro se sienta y recuerda. Entonces se asoma el Pedagógico en sus mejores años, la resistencia a una larga dictadura que no la arrancó de ese lugar, los hijos, la filosofía, el norte grande y la arqueología, que llegó a su vida por casualidad durante un viaje en barco.

Por Francisca Siebert | Fotografías: Alejandra Fuenzalida

“Señorita Castro, le tengo una matrícula para Filosofía”, le anunció en abril de 1964 el secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile a una, entonces, adolescente Victoria Castro. Era la enésima vez que Castro se iba a parar a esa puerta a pedir un cupo para la carrera. De batallas y resistencias sabe “Vicky” Castro, arqueóloga, académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Profesora Titular y Emérita de la U. de Chile, Premio Amanda Labarca 2014 y hoy, la tercera latinoamericana y la primera mujer en ser reconocida por la Sociedad Americana de Arqueología por su aporte a la disciplina en Latinoamérica y el Caribe.

Castro no sólo peleó por entrar a la Chile, sino también por quedarse luego de que la dictadura militar golpeara con especial fuerza el Pedagógico, donde empezó su carrera académica con dos pequeños hijos. Lo mismo hizo cuando a temprana edad quedó huérfana y debió pasar buena parte de su vida escolar interna y luego, cuando el exilio la separó de su única hermana, quien nunca más regresó al país.

El pasado viernes 13 de abril, en Washington, Estados Unidos, ante un auditorio repleto y en presencia de colegas de todas partes del mundo, Victoria Castro recibió de manos de la presidenta de la Society for American Archeology, Susan M. Chandle, el premio que en la prensa llaman “el Óscar de la arqueología”. “Lo recibí y todavía siento harto pudor, porque encuentro que hay tanta gente laboriosa en nuestro país”, dice Castro.

Lo agradece y achina los ojos al sonreír. Le cuesta comentarlo. Repite que este premio pertenece sobre todo a las mujeres arqueólogas. “¡Mis colegas son fuera de serie!”, asegura la académica, formadora de gran parte de los arqueólogos y arqueólogas chilenos,  destacada investigadora de las culturas precolombinas de los Andes americanos, pionera en la etnoarqueología, la etnobotánica y la etnozoología en nuestro país.

Empezaste en Filosofía y al poco andar comenzaste a tomar tus primeros cursos de Arqueología en el mismo Pedagógico. ¿Cómo fue ese tránsito?

-Sigo enamorada de la filosofía hasta hoy. Estuve en una escuela de extraordinaria, además. Pero en primero o en segundo año empecé a sentirme tremendamente pedante. Éramos unos pesados los de Filosofía, encontrábamos que todo el mundo era leso, que todo el mundo no pensaba. Y yo dije, “no soy así y no puedo seguir pegada a la estratósfera con esto de estudiar catorce páginas de Hegel en un año. Me gusta, pero necesito algo más pegado a la tierra”.

Y de Arqueología, que no era ni carrera en esa época, ¿cómo te enteraste?

-Hice un viaje de estudios con mis compañeros de Filosofía en barco al sur, en tercera clase, como estudiantes de la Chile. Y salíamos a cubierta a tomar aire, a bolsear cigarros. Un día me topé con una señora que estaba ahí fumando, era una arqueó- loga muy famosa, la Annette Laming-Emperaire. Entonces, conversamos y le conté que tenía estas dudas, ella me dijo que era arqueóloga y yo llegando aquí me matriculé en esos cursos. Fue una coincidencia. Ahí dije yo, “esto me gusta”.

Y pronto te agarró el golpe, entre hijos y carreras…

– Cuando fue el golpe de Estado yo era ayudante y ya tenía mis dos guaguas. La Facultad de Filosofía y Letras era gigantesca, con todas las pedagogías; era un mundo donde había muchos cursos comunes, una transversalidad impresionante. Así pilló a la Universidad el ‘73, siendo muy transversal y tremendamente populosa. Y yo, que era ayudante, tuve que convertirme en profesora. No me echaron, pero quedé años como profesora de la más baja categoría, porque por más que tuviera y tuviera curriculum, no me subían. Era una cuestión política, pero como yo no era de partido, era como “abúrrete y ándate”. Yo no me aburrí, ni me fui.

Luego vino el fin del Pedagógico para la Chile ¿Cómo fue ese proceso?

-El ‘81 pusieron unas listas cuando fuimos a cobrar el sueldo, que decían: “profesores tales nombres en el Pedagógico”, “profesores tales nombres, en La Reina”. Así nos dividieron, yo me fui a La Reina. Después nos cambiaron a La Placa. En un momento tuvimos la ilusión algunos profesores de llevar a Humberto Giannini de candidato a decano, pero ahí se unieron otros académicos para vencerlo, y lo vencieron. Fue entonces cuando se creó la Facultad de Ciencias Sociales y nos quedamos un grupo de profesores acá y otros se fueron a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Después vino una época densa que fue la de Federici, pero seguimos ahí. Con mucho esfuerzo porque uno seguía aplastada de profesora asistente, lo mismo en que me había transformado el ‘73, teniendo ene méritos, pero igual. Eso duró hasta que llegó el cambio de gobierno.

Siempre el norte

-Mis primeras experiencias en terreno fueron con el profesor Mario Orellana en el Río Salado, o sea, en el pueblo de Chiu Chiu y de repente a pasear a Toconce, a ver estas ruinas extrañísimas que había, que eran unas torrecitas de piedra- recuerda Victoria Castro de sus primeros viajes a la región de Antofagasta. En enero del ’73, junto a Carlos Urrejola y Carlos Thomas, ayudantes al igual que ella, decidieron irse a estudiar a Toconce en forma independiente. Luego vino el golpe. Carlos Urrejola fue detenido, llevado a Tejas Verdes y debió partir al exilio. Entonces la arqueóloga se quedó con el proyecto que financiaba el Fondo de Investigación de la Universidad de Chile y que en adelante siguió financiando sus investigaciones en la zona hasta el surgimiento de Fondecyt.

Y te quedaste ahí en el norte…

-Siempre.

¿Por qué crees que destacaste tanto en la disciplina?

-La arqueología es una unidad, pero como todas, tiene una diversidad de corrientes teóricas, formas de hacer las cosas, etc. Tal vez por el hecho de haber estudiado filosofía, de seguir mucho en muchos aspectos el pensamiento de la importancia de los seres humanos a través de las enseñanzas de Giannini, por ejemplo, tuve una visión interdisciplinaria temprana. O he sido una dispersa.

¿De qué manera fuiste planteando esta mirada interdisciplinaria, o dispersa?

-Mi primer trabajo expresamente interdisciplinario fue uno sobre etnobotánica en el norte grande el año ‘81, que lo hice con un arqueólogo y dos botánicos. Ahí nos empezamos quedar con mi equipo en la casa de comuneros, de don Pancho Saire en Toconce, y nunca más dejamos de convivir con ellos. Llegábamos con nuestras costumbres distintas y para ellos era muy divertido y muy rico, porque compartíamos la comida; ellos ponían la carne de llama, nosotros el arroz. Y en esa convivencia cotidiana nos fuimos dando cuenta que ellos iban orientando nuestras preguntas de arqueología muy bien. De algún modo nos daban una guía para tener una interpretación en la arqueología y no solamente una cosa cuantitativa, basada en las cerámicas y en los líticos, sino una visión mucho más antropológica de las cosas. Entonces paulatinamente se fue construyendo eso que hoy día se llama etnoarqueología.

Y siguiendo esta línea interdisciplinaria, lideraste también los primeros trabajos en etnobotánica y etnozoología en Chile.

-Claro. Hice mi magíster en Etnohistoria, esa brecha entre lo que es el pasado prehispánico y el presente etnográfico, o sea, los viajeros, cronistas, la conquista española. Y fui combinando la etnografía con la etnohistoria y la arqueología. La base siempre será arqueológica, pero en la construcción interpretativa uso todo. Al mismo tiempo trabajé con la botánica, que es muy buena, y tanto a los botánicos como a mí nos cambió la percepción de las plantas en un sentido o en otro. Empiezas a considerar el valor de aquello que no es humano. Después, de esa misma manera, conversando con la gente sobre las aves que les llaman mucho la atención, los animalitos, leyendo, empecé a hacer mi etnozoología, que es cómo describen y organizan en el paisaje los pueblos originarios, que no es igual que nosotros.

La Chile y los estudiantes

Victoria Castro acaba de salir de una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales junto a una veintena de arqueólogos. Todos fueron sus alumnos. “Yo soy una más”, afirma. Se sienta con ellos, los escucha, levanta la mano cuando quiere decir algo. Los ha defendido siempre, sin importar de dónde vengan. Cuenta incluso que cuando dio clases en la Universidad SEK algunos colegas la criticaban. “’Pa´qué le presatai ropa a la SEK’, me decían. Pero los alumnos son alumnos de arqueología igual. Ellos no son los que dirigen la universidad, tienen todo el derecho de tenerme, no tengo problema”, lanza sin culpas.

Y fueron tus mismos alumnos los que te llevaron al Colegio de Arqueólogos. Una instancia nueva, que sale un poco del orden y que fue algo resistida por los propios arqueólogos ¿Por qué te sumaste a ellos?

-Me incorporé al Colegio casi por una reacción hacia ciertos colegas que decían que, “no, no hay que meterse ahí, todavía no están titulados y aceptan gente no titulada”. Me pareció todo un pretexto, de estar como “enseñorados”. Me pareció que entrar ayudaba a darle fuerza. El Colegio se moja las patitas, lo encuentro más democrático, más interesado en educar para afuera, en asociarse con otras instancias de interés para los arqueólogos como puede ser todo el tema de la memoria. Lo encuentro súper notable. Creo que nos hacía falta y que hoy es imprescindible.

Eres Profesora Emérita de la U. de Chile, recibiste el Premio al Mérito Valentín Letelier, el Premio Amanda Labarca. ¿A qué crees que se debe tanto reconocimiento de tu universidad?

-No sé si será por mi vocación docente, por la resistencia; he sido una persona resiliente en la Universidad en el sentido de estar contra viento y marea. También porque defendí la Universidad, yo estuve con el propio Ennio Vivaldi pegando pegatinas que decían “Federici No”, arriesgando el pellejo en la calle en la época de la dictadura. Creo que tengo un reconocimiento muy grande de mis pares, que fueron también mis alumnos.

Hiciste tu vida en la Universidad y ya van más de 40 años aquí.

-Me gusta lo que hago, mucho. Ahora que estoy tan fregada de salud, lo pienso. No me siento débil mentalmente, pero el cuerpo está reclamando mucho. Los días que no tengo clases en la tarde me gusta llegar a mi casa y descansar o jugar con los perros. Mis ojos para llegar a leer un libro en la noche están súper cansados. Entonces leo mucho más lento, me quiero acostar temprano. Estoy cansada, pero hay una resistencia en mí misma. Es una cosa bien contradictoria. Puede que llegue un momento, que tal vez no está muy lejano, en que decida irme, pero no sé. Todavía no pasa.

El sueño amerikkkano

Por Claudia Lagos

El 18 de marzo pasado, Stephon Clark, de 22 años, fue acribillado por policías en el patio de su casa en Sacramento, California. Los oficiales pensaron que era el sospechoso que buscaban, el que había quebrado vidrios de autos y de propiedades en el barrio, según la denuncia recibida al número de emergencias 911. Clark recibió 20 balazos. Los videos liberados por la policía grabados por cámaras que portaban los efectivos y el helicóptero que sobrevolaba la zona, muestran los múltiples disparos en la espalda, a corta distancia, y la nula oportunidad de Clark de haber zafado de su ejecución. Clark, afroamericano, estaba desarmado. Los policías aseguran que confundieron el teléfono móvil de Clark con un arma.

El asesinato a mansalva ha desatado protestas callejeras de la comunidad de Sacramento que aún no se apagan, tal como sucedió antes en Ferguson, Baltimore, Baton Rouge, Charlotte, New York y otras incontables comunidades donde ser joven y afroamericano implica un riesgo vital si la policía se cruza en tu camino. De hecho, datos de distintas fuentes concuerdan en que los afroamericanos tienen más posibilidades de ser baleados por la policía que los blancos.

La brutalidad policial, entre otras manifestaciones del racismo en Estados Unidos, ha gatillado el movimiento #BlackLivesMatter y la adhesión de connotadas figuras públicas. Numerosos deportistas, por ejemplo, llevan varios años manifestándose públicamente contra las víctimas de la brutalidad policial y del racismo, donando a activistas y organizaciones que luchan por una mayor justicia racial o disputando, en la esfera pública, en sus cuentas de Twitter, en las entrevistas en canales de televisión o radio los discursos de supremacistas blancos. Varios connotados jugadores de las ligas profesionales de básquetbol femenino y masculino, así como también del fútbol americano, entre otros, han devenido activistas.

Pero la brutalidad policial es sólo una de las manifestaciones de la discriminación racial en Estados Unidos. El país tiene las peores tasas de muerte materna del mundo industrializado pero las mujeres afroamericanas tienen más posibilidades de morir después del parto producto de negligencias médicas o falta de cuidados de parte de los equipos médicos debido a prejuicios raciales. Los mismos prejuicios que explican la alta tasa de rechazo de solicitudes de créditos hipotecarios a estadounidenses afroamericanos o latinos, por ejemplo.

La retórica instalada por el actual presidente, Donald Trump, desde su campaña en 2016, no ha hecho sino empeorar las cosas: En el lanzamiento de su campaña dijo que los mexicanos son “criminales” y “violadores” y ha insistido en que construirá una muralla en la frontera con México. El año pasado dijo que todos los inmigrantes provenientes de Haití tienen SIDA, que 40 mil nigerianos nunca volverían a sus “cabañas” una vez que vean Estados Unidos y que por qué en vez de recibir migrantes haitianos o africanos no recibían más noruegos. Además, ha dicho reiteradamente que ciudades con población mayoritariamente afroamericana o latina son “zonas de guerra distópicas” y calificó a los puertorriqueños que criticaron la lentitud y escasez de la ayuda federal después del Huracán María como “ingratos”. Las críticas de los boricuas al abandono del gobierno federal son más que justificadas: varios meses después de que el huracán golpeara la isla, hay vastos sectores sin luz o agua potable.

Por el contrario, Trump ha sido condescendiente con los líderes supremacistas blancos y no se inmutó en rechazar el apoyo público a su campaña de parte de quien había sido uno de los máximos líderes del Ku Klux Klan. The New York Times, por ejemplo, rastreó dichos y acciones racistas de Trump en su trayectoria empresarial y pública bien temprano en los 1970s.

Esta retórica se ha materializado en políticas impulsadas por el gobierno federal en el último año y medio tendientes a impedir el ingreso de ciudadanos de algunos países mayoritariamente musulmanes, a recrudecer la deportación de inmigrantes indocumentados, y en desmantelar las políticas actualmente vigentes que protegen a hijos de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres siendo niños, como son la Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Ley de Fomento Para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros), conocida como DREAM, y la Deferred Action for Childhood Arrivals (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), conocida como DACA, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Esto ha implicado, además, una guerra verbal y administrativa entre el gobierno federal y algunos estados y gobiernos locales (condados) que han adoptado políticas más proactivas en la protección de migrantes y que son conocidas como ciudades o estados santuarios. El ánimo anti-migrantes es palpable, por ejemplo, en el aumento de ataques a musulmanes, sobrepasando incluso los registrados el 2001, el año del atentado a las Torres Gemelas. Y eso que estas cifras consideran sólo los casos que fueron reportados al FBI. Buena parte de las víctimas son mujeres que usan hiyab y que enfrentan desde insultos hasta agresiones físicas en intentos por arrancarles el velo.

Ese fue el caso de mi amiga Shughla, musulmana, que usa hiyab. Después de unos meses sin vernos, la encontré sin su velo. Me contó que había decidido usarlo sólo en espacios privados y protegidos después del último de varios incidentes callejeros: un hombre en el metro la inslultó a viva voz por llevar su hiyab, sin que nadie dijera o hiciera nada.

De primera mano

La ciudad donde vivo con mi esposo y mis dos hijos mientras curso mi doctorado es pequeña y la presencia de una universidad con una numerosa población de estudiantes internacionales de prácticamente todos los rincones del mundo influye en que la comunidad sea relativamente más abierta a la diversidad. Sin embargo, ha habido varios incidentes contra hispanos, musulmanes y afroamericanos. Por ejemplo, en la universidad hay centros de investigación y docencia especializados en temáticas sobre latinos, latinoamericanos, afroamericanos y asiáticos, que en los dos últimos años han sido rayados con insultos en sus paredes.

Mis hijos asisten a una escuela bilingüe español-inglés y la comunidad hispana y latina es numerosa, incluyendo algunos indocumentados. Por lo tanto, las autoridades escolares y el personal de la escuela han sido muy activos en proveer información, apoyo social y recomendaciones sobre qué hacer en caso de que las personas se enfrenten a redadas de la migra (que es un organismo federal y no local).

En este contexto, quienes se encuentran sin sus documentos migratorios en regla están comprensiblemente preocupados y han modificadoalgunas prácticas cotidianas con el objetivo de disminuir cualquier riesgo de enfrentar a la policía, lo que incluye enseñarle a sus hijos qué hacer y qué decir en caso de que la migra toque a su puerta, así como también han firmado un poder legal a nombre de amigos estadounidenses que, generosamente, quedarían al cuidado de los niños si es que sus padres son detenidos y/o deportados.

Algunos migrantes han dejado de recurrir a ciertos servicios sociales con el objetivo de evitar cualquier riesgo potencial, ya sea real o aparente. Las deportaciones en Estados Unidos no son nuevas ni han sido esporádicas o a pequeña escala. Barack Obama, por ejemplo, expulsó a más de 2 millones y medio de personas durante sus ocho años de mandato. Sin embargo, en su primer año de gobierno, Trump arrestó más indocumentados que los que había realizado la administración de Obama el año anterior. Es decir, hay más redadas y, por lo tanto, también más temor.

Pero la furia y la discriminación no distinguen si el estatus migratorio de una persona está en regla o no. Sólo identifican pieles, acentos y lenguaje. Y eso basta para que el gringo en la sala de espera del hospital murmure molesto que “por qué no hablan inglés, si en este país se habla inglés”; o que otro baje la ventanilla y le grite de su camioneta andando a una mujer en otro auto, en la carretera, que “por qué no te vas de vuelta a tu país”, a pesar de que Estados Unidos es su país de residencia, según sus documentos en regla. O cuando a mi marido le han preguntado, con cara de pocos amigos, si es del Medio Oriente o de qué parte de México viene. La denominación legal para los inmigrantes en Estados Unidos, la de aquellos con su documentación de estadía en regla, es “alien”.

En estos pocos años viviendo acá, creo que el vocablo captura muy bien la conflictiva relación de la sociedad estadounidense con su población migrante. Con o sin documentos, trabaja, contribuye a sus escuelas, a sus comunidades, a la cultura local y nacional.

Eva Muzzopappa: “El secreto de Estado es una muestra de poder”

El aparato estatal, las fuerzas armadas y lo que las instituciones ocultan y atesoran en sus legajos son el material de investigación de la antropóloga argentina, que se ha aproximado a la realidad chilena en casos como los archivos de Colonia Dignidad y la desclasificación del departamento jurídico de la U. de Chile, un hito que “permite trabajar más profundamente con la información que la misma universidad produce para pensarse a sí misma”, asegura.

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Poesía sin estirpe

La aridez y las piedras es un grandioso volumen, compuesto con precisión y vigor, donde se manifiesta una opción política de la poesía a través de reenvíos entre una visión ontológica e ideológica. Las incertidumbres y certezas, de tal modo, resultan unificadas al deseo de articular una voluntad de escritura que se excede, pero que fatalmente regresa al verso.

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Ciberseguridad en Chile

Por Daniel Álvarez

Desde la invención de Internet y su masificación, a comienzos de este siglo, la seguridad digital se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la comunidad relacionada con el desarrollo de las tecnologías digitales.

Esta preocupación se manifestó, en un primer momento, en la generación de estándares y normas técnicas para hacer de los procesos vinculados a la transmisión de datos a través de redes digitales, un proceso que garantizara la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Luego, cuando el alcance de las tecnologías digitales fue mucho mayor, cubriendo múltiples dimensiones de la vida cotidiana de las personas, la mirada meramente técnica resultó insuficiente y diversos gobiernos comenzaron a discutir cómo hacerse cargo de los nuevos riesgos y amenazas que suponen estas tecnologías para las personas, la sociedad civil, las empresas y los gobiernos.

Así fue como en el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó un proceso de aprobación de resoluciones anuales que instaban a los Estados Miembros a hacerse cargo de los avances en la informatización y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, teniendo especialmente presente los riesgos que las entonces nuevas tecnologías de redes digitales podrían suponer para la mantención de la paz y la seguridad internacional.

A nivel regional, por su parte, cabe destacar los procesos realizados en diversos países de América Latina para contar con documentos de política pública que orienten la acción del Estado, del gobierno, de las empresas y sus organizaciones gremiales, de la sociedad civil y los ciudadanos en materias de ciberseguridad. Así, Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica, y México ya han lanzado sus propias políticas o estrategias nacionales de ciberseguridad.

A nivel nacional, si bien existieron esfuerzos aislados materializados en la aprobación de un par de cuerpos legales en materia de protección de datos personales y delitos informáticos, ambos textos concebidos antes de la masificación de Internet y por lo mismo, profundamente insuficientes, no es sino recién en el 2015 cuando se aborda el tema de la seguridad digital, hoy también llamada ciberseguridad, desde una perspectiva integral y de política pública.

En abril de 2015 se dictó el Decreto Nº533 que creo el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad que tenía que cumplir con dos propósitos fundamentales. Primero, la elaboración de una propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad, aprobada por la Presidenta de la República en abril de 2017, y, segundo, prestar asesoría especializada al gobierno en este ámbito.

La Política Nacional de Ciberseguridad es el primer instrumento del Estado de Chile que tiene por objeto resguardar la seguridad de las personas y de sus derechos en el ciberespacio, estableciendo cinco objetivos estratégicos y un conjunto de medidas que se deben adoptar para contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, en un horizonte de mediano y largo plazo.

Las medidas aprobadas de la Política Nacional de Ciberseguridad tienen en especial consideración que Chile ostenta una de las mayores tasas de penetración de Internet en América Latina, con más de un 70 por ciento de su población conectada, lo que permite que cada vez más y más personas puedan desenvolver parte importante de su vida cotidiana en el ambiente digital, aprovechando las ventajas de la mensajería instantánea, la amplitud de las redes sociales y la variedad de plataformas de comercio electrónico.

Sin embargo, tal como ha venido sucediendo en buen parte del mundo, el incremento en las tasas de utilización de las tecnologías digitales implica necesariamente un aumento de la dependencia a ellas y crea nuevas vulnerabilidades, lo que hoy se expresa en la ocurrencia, cada vez más frecuente, de incidentes y ataques informáticos, algunos de los cuales tienen propósitos delictivos, de afectación de derechos de las personas o, incluso, amenazas al funcionamiento de las infraestructuras críticas del país.

En estas tres dimensiones hay medidas que nuestro país debiera asumir en el corto plazo. En materia de ciberdelitos, urge la reforma la legal que junto con implementar el Convenio de Budapest, actualiza nuestra roñosa ley de delitos informáticos que data de 1993, estableciendo tipos penales específicos para los nuevos fenómenos criminales como el phishing, el acoso sexual en redes digitales, la pornovenganza, entre otros.

En materia de protección de derechos de la personas, se debe avanzar en la aprobación de un nuevo marco regulatorio sobre protección de datos personales, que está en discusión legislativa en el Senado y que, en caso de ser despachado, podría significar un incremento considerable en el nivel de protección de la información personal, que como muchos han sostenido, se trataría del petróleo que moviliza a la sociedad de la información.

En esta misma dimensión —la protección de los derechos de las personas— se deben adoptar los resguardos necesarios, ya sea a nivel legislativo o judicial, para que no se repitan las actuaciones lamentables como el Caso Huracán, que supuso no sólo la implantación de evidencias falsas en diversas investigaciones criminales, sino que también un uso indiscriminado de las facultades que la ley de inteligencia le entrega a los cuerpos policiales.

En este sentido, urge una discusión sobre el alcance de las operaciones especiales de inteligencia y las reglas sobre control civil y judicial de su ejecución. En materia de infraestructura crítica se debe avanzar decididamente en el establecimiento de un marco normativo que regule la acción del sector público y del sector privado orientada a la protección de aquellos activos tangibles y digitales que son esenciales para el normal funcionamiento del país. Como hemos visto en la experiencia de otros países, la infraestructura crítica se ha ido transformando en un espacio especialmente crítico en los conflictos internacionales.

Este conjunto de medidas mínimas debiera bastar para elevar los estándares de seguridad digital del país, para encarar eficazmente los ciberdelitos y para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos en el ciberespacio. Con todo, para que alcanzar un mayor nivel de madurez en materia de ciberseguridad sea posible, no podemos dejar de lado nuestras prácticas y usos personales de la tecnología.

Medidas tan simples como utilizar clave en nuestros teléfonos y computadores, no abrir correos sospechosos, no compartir información personal en redes sociales y enseñar a niños, niñas y adolescentes a usar responsablemente las tecnologías digitales podría bastar para lograr el objetivo de contar con un ciberespacio seguro.

Prólogo de Dante Contreras para la reedición de «Chile, un caso de desarrollo frustrado», de Aníbal Pinto

Fue en un curso de Historia Económica, en mis primeros años en la Universidad de Chile, cuando leí por vez primera la obra del profesor Aníbal Pinto, y aún recuerdo con mucha nitidez la impresión que me causó y cómo el autor fue capaz de transmitirme una frustración que en cierta medida me sigue acompañando. Quizás fue por eso mismo que sentí algo de vértigo al recibir la invitación a escribir un prólogo para una nueva edición del libro.

Revisitar una obra de estas características ha sido sumamente interesante, más aún cuando la discusión actual sigue siendo en torno a las posibilidades de desarrollo de Chile. El pensar en las reformas que se requieren para esto, el anticipar restricciones políticas y culturales, nos ayudan a precisar y calibrar las expectativas respecto a la factibilidad de transformar a Chile en un país desarrollado. Esta es, sin duda, la importancia de releer este texto: imaginar un futuro esplendor considerando los errores históricos que pesan sobre nosotros.

Esta invitación a una lectura crítica y prospectiva tiene al menos dos opciones. Una mirada optimista que reconoce a Chile ad portas del desarrollo. Y una más pesimista, que advierte que aquellos aspectos estructurales que limitaron nuestras posibilidades permanecen y aún condicionan nuestras opciones futuras.

Desde mi experiencia como profesor universitario creo que este material y, por consiguiente, su discusión contemporánea son requisito de primer orden para la formación en las distintas escuelas de ciencias sociales del país. Es importante para las nuevas generaciones de economistas, abogados, cientistas políticos, entre otros, enfrentarse a este relato y desafiar sus intelectos en la búsqueda de mecanismos que cambien una trayectoria que parece venir determinando nuestro desarrollo desde hace mucho tiempo.

Condiciones iniciales favorables

El autor observa que tempranamente se reconoce la importancia de contar con una matriz productiva diversificada (1847). La discusión de la época correctamente identificaba que no era posible ni razonable participar en la producción de todos los bienes. Sin embargo, reconocía que la diversificación actuaba como mecanismo de protección ante las fluctuaciones de precios de recursos naturales y también como estrategia hacia el desarrollo.

Complementariamente, el Ministro de Hacienda, Manuel Rengifo, en los años 1830 llamaba la atención sobre los inconvenientes de la elevada concentración de la propiedad agrícola, los escasos impuestos recaudados y la necesidad de costear beneficios comunes. El lector reconocerá con nitidez la vigencia de esta discusión, que es la misma desde que se retornó a la democracia hasta el presente.

Resulta interesante constatar que las diferencias ideológicas de antaño aún perduran y contribuyen a explicar parte de esta frustración. La falta de convicción de algunas medidas y el abandono de otras generó el pronto estancamiento de importantes avances registrados. La discusión aún vigente respecto a la conveniencia o no de la participación del Estado en actividades productivas y de toda regulación ha sido un tema debatido a lo largo de nuestra historia. Producto de un cambio de paradigma, que fue influido por la discusión de la élite intelectual de la época, se elimina, por ejemplo, la protección a la industria naviera reduciendo a la mínima expresión su relevancia nacional.

Otro ejemplo destacado en el texto es la situación del salitre. Pinto escribe: “nuestro país, consciente de los derechos arraigados y de lo que podía significar el salitre para una economía de exportación en descenso, va a la guerra, o sea al sacrifico supremo; logra la victoria y de inmediato toma medidas que a corto plazo virtualmente liquidan el dominio nacional de los frutos conquistados”.

¿Una élite despreocupada del desarrollo?

Aníbal Pinto no utiliza el concepto de “élite” en su libro. En efecto, a lo largo del texto se refiere a la clase política, a la oligarquía y a la burguesía. Pero bien, este grupo, de acuerdo con Pinto, jugará un rol primordial a lo largo del desarrollo económico y político de Chile, y nos conectará con una serie de aspectos y realidades que están aún vigentes en nuestro país. El retrato de este segmento de la población y sus efectos en el desarrollo frustrado del país son clave.

Es decir, a pesar de las buenas condiciones económicas y estabilidad política, el autor sostiene que no hubo incremento de productividad y que los progresos tecnológicos no fueron asimilados. Como consecuencia, y a diferencia de otros países comparados en el texto, se observa una economía que transita hacia una alta concentración de recursos, pero al mismo tiempo hacia actividades económicas con baja productividad e inversión. El examen que realiza sobre la agricultura, minería e industria demuestra lo señalado.

Adicionalmente, la clase alta o burguesía, en cambio, es descrita como aquella que defiende esquemas tributarios que le sean favorables, gravitante de forma consistente en el ejercicio del poder e influyente en la toma de decisiones en los aspectos más fundamentales de la política nacional. En comparación con otras economías, la oligarquía en Chile es descrita como rentista, con baja propensión al ahorro e inversión, envuelta en actividades económicas de baja productividad y con menores cargas tributarias respecto a países exitosos en su desarrollo. Como consecuencia de lo anterior Chile divergió de su trayectoria esperada. A modo de ejemplo, según Patricio Meller en Trayectorias Divergentes, en 1950 el producto per cápita de Chile alcanzaba a 2.536 dólares, Finlandia en igual fecha exhibía una cifra comparable de 2.758. En 1970 dichas cifras subieron a 3.687 y 6.186 respectivamente. En 1985, mientras Chile se estancaba en 3.486 dólares per cápita, la economía escandinava llegaba a 9.232. Finalmente en 2016 Chile alcanzaba los 13.792 dólares per cápita, mientras que Finlandia alcanzaba a 43.402.

Desigualdad de ingresos y opciones al desarrollo

Por otra parte, Chile no ha sido capaz de desarrollar un sistema de protección social que dé garantías de bienestar a la gran mayoría de la población. La seguridad social y tributación es soportada de forma importante por grupos de menores ingresos. Existe poco espacio para la redistribución. En suma, se señala una política fiscal con sello regresivo. Esta situación, persistente hasta el día de hoy, sigue siendo calificada como una economía de alta desigualdad. Evidencia reciente da cuenta de que los espacios de movilidad social son muy limitados.

La educación juega un rol clave en ambos aspectos: desigualdad y movilidad social. Llevar adelante reformas que busquen corregir esta situación es complejo, por cosmovisiones ideológicas arraigadas a través de la historia y que limitan la posibilidad de alcanzar acuerdos. La presencia de un desacople entre política y economía también persiste en estas dimensiones: corregir esta situación es necesario pero muy costoso. Los recursos requeridos significan una importante carga tributaria, donde los sectores más pudientes generalmente se han opuesto a reformas sustantivas y las prácticas elusivas son comunes. ¿Podrá ser Chile entonces un país desarrollado?

Los patrones descritos en este libro, las persistencias registradas, la polarización política y el bloqueo de reformas no contribuyen al objetivo señalado. Hemos carecido de una mirada colectiva de largo plazo. Nos ha faltado austeridad por un lado, y por otro nos ha penado la falta de arrojo y determinación para apostar por inversiones que nos hubieran permitido consolidar diversas oportunidades de crecimiento económico. Hoy el panorama no es muy distinto. La elevada concentración de los recursos, la baja productividad y la ausencia de una decidida y firme inversión en capital humano continúan comprometiendo nuestras opciones futuras.

Espero que esta reedición permita que Aníbal Pinto, quien fuera Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ilumine a nuestros actuales estudiantes de ciencias sociales y sea insumo de un debate profundo y documentado sobre la persistencia de nuestros errores y nuestras miopías. Desde ahí podríamos imaginar que las nuevas generaciones diseñen un nuevo trazado.