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La reconstrucción del espacio público

«Lo medular del modelo fue el desprecio y consiguiente desmantelamiento de lo público a la par con la exultación y patrocinio de lo privado. Sin embargo, sus responsables no pudieron entender el rol que la educación pública juega en cohesionar a los ciudadanos de un país, condición básica para la estabilidad social. Así, mientras desarbolaban la educación pública, magro consuelo, estaban cavando su propia tumba», escribe el rector Ennio Vivaldi en su editorial del número 25 de Palabra Pública.

Por Ennio Vivaldi

Hemos decidido escribir una nueva Constitución que ponga fin a un modelo de sociedad cuyas consecuencias en la cotidianeidad y en los proyectos de vida de cada ciudadano se habían hecho intolerables. Octubre de 2019, con estudiantes saltando torniquetes y esa marcha de más un millón de personas, nos ofrece una medida de cuán insoportable era esa forma de relacionarnos, así como de la percepción de cada cual acerca de las oportunidades que el modelo de verdad ofrecía. Había un malestar muy profundo.

Sin embargo, como suele ocurrir con las enfermedades, un dolor intenso no implica que sea fácil determinar dónde se origina o qué lo causa. Esta dificultad se agrava si consideramos la distorsión de valores y conceptos que dejan varias décadas en que se ha intentado cambiar desde la forma de concebir la condición humana, hasta el significado de las palabras.

Un ejemplo: en Chile, un tema favorito para los medios es la seguridad ciudadana, pero rara vez se vinculan delincuencia y corrupción a esta ideología que ha enfatizado el interés material del individuo por sobre todo y la competencia despiadada entre los sujetos económicos, donde solo vale el beneficio propio. Una primera necesidad, entonces, es generar nuevas conversaciones. La Universidad se propone hacerlo desde sus medios de comunicación, como esta misma revista y nuestro nuevo canal de televisión, siendo una buena noticia también que dos institutos relevantes para tal discusión estén en proceso de pasar a constituir nuevas facultades: Comunicación e Imagen y Gobierno.

Lo más grave ha sido hacer aparecer como normal el inédito ultraneoliberalismo de la Constitución impuesta por la dictadura. Si bien la nuestra es una universidad pluralista donde el neoliberalismo tiene plena cabida como opción ideológica, este no es el neoliberalismo que se conoce en el resto del mundo, sino un modelo que solo pudo ser impuesto con un control total del país y que llevó a límites inimaginables la negación de la solidaridad y la apología del egoísmo.

Lo medular del modelo fue el desprecio y consiguiente desmantelamiento de lo público a la par con la exultación y patrocinio de lo privado. Sin embargo, sus responsables no pudieron entender el rol que la educación pública juega en cohesionar a los ciudadanos de un país, condición básica para la estabilidad social. Así, mientras desarbolaban la educación pública, magro consuelo, estaban cavando su propia tumba.

La misión de la nueva Constitución, para confrontar lo esencial de aquella impuesta por la dictadura, será restablecer el ámbito de lo público. Deben volver a articularse en un espacio coherente todos sus sistemas, incluyendo salud, educación en todos sus niveles, previsión social, medioambiente, entre otros. Desde la Universidad estamos ejemplificando esa interacción sistémica de diversas áreas: con el trabajo junto al Instituto Nacional en Educación, en la interacción con el sistema público de salud, en el apoyo a la instalación de los gobiernos regionales.

Por ello resulta tan importante la discusión que hoy se da en torno a qué es una universidad pública. Pienso que el fondo del asunto no es económico, pues en Chile históricamente siempre ha habido financiamiento fiscal para universidades privadas, las cuales, para recibirlo, nunca necesitaron que se les rebautizara como públicas. Cabe preguntarse entonces por qué algunas privadas desean llamarse públicas, y qué algoritmo permitiría distinguirlas de las otras privadas que no quieren o no merecieran llamarse así.

Actualmente, las universidades privadas pueden competir de manera muy ventajosa con las públicas, precisamente por las ventajas que dentro del actual modelo tiene el mundo privado. Pueden más fácilmente captar y privatizar bienes y servicios que pertenecen al bien común. Por su parte, las universidades públicas hacen la transferencia contraria. Nos resulta natural que la mejor sala de conciertos para Chile se esté construyendo con financiamiento de esta Universidad o que esta también financie el Hospital que forma a la mayoría de los especialistas para los sistemas público y privado. Nótese a qué costo nuestra Universidad ha mantenido su Hospital para servir al sistema público de salud en vez de traspasarlo a agentes privados. También nos resulta natural que, al revés del resto del mundo, en Chile universidades privadas acrediten a las públicas.

A diferencia de las privadas, las universidades públicas siguen rigurosas normas de transparencia y rendiciones de cuentas. La permanencia de sus académicos no está sometida a arbitrariedades. Y, a propósito de la importante cobertura que este número de Palabra Pública hace de las elecciones en nuestra Universidad, los integrantes de sus comunidades eligen a sus autoridades.

Nadie objeta que quienes han gozado de ese privilegio sigan perpetuando las ventajas del mundo privado a la vez que sigan recibiendo financiamiento público. Pero es distinto que se pretenda tergiversar conceptos que para las universidades públicas son definitorios e identitarios. A ninguna de nuestras universidades se le ocurriría, por ejemplo, arrogarse por sí y ante sí categorías como pontificia o católica. Esta discusión entonces está en lo medular de la nueva Constitución, a saber, la necesidad de reconstruir el sistema público de nuestro país, el que fuera devastado por los académicos chilenos formados en Chicago. No entenderlo es ignorar las causas del profundo descontento social evidenciado en 2019 y las consecuentes transformaciones a las que nos debemos sentir convocados.

Se dice que la pertenencia al Estado no debería ser lo que define a la universidad pública. Quizás eso sea cierto. Lo que define a las universidades públicas puede que no sea tanto el hecho de a quién sí pertenecen como a quién no pertenecen. No pertenecen a ningún grupo de interés ni institución financiera, religiosa ni ideológica. Pertenecen, son parte y defienden el bien común de todos los ciudadanos.