«Cuando el mundo cambia, sus bordes —o los que creíamos como tal— también se modifican. ¿Cuáles son algunos de los límites que hoy están en disputa?», se pregunta en su editorial la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile.
Seguir leyendo«En Palabra Pública, nos propusimos abordar la incertidumbre como una oportunidad para pensar formas distintas de enfrentar los problemas, para entrecruzar saberes y disciplinas con vistas a hacer frente a un mundo complejo; metas propias de una universidad pública al servicio de la ciudadanía. Entramos en una era en que el miedo amenaza con inmovilizar justo cuando necesitamos acción y valentía, nos advierte Óscar Landerretche. Pero si algo hemos aprendido de la pandemia es que la única forma de afrontar estas incertidumbres es pensar de forma colectiva, es pensar en el nosotros».
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«Lo medular del modelo fue el desprecio y consiguiente desmantelamiento de lo público a la par con la exultación y patrocinio de lo privado. Sin embargo, sus responsables no pudieron entender el rol que la educación pública juega en cohesionar a los ciudadanos de un país, condición básica para la estabilidad social. Así, mientras desarbolaban la educación pública, magro consuelo, estaban cavando su propia tumba» […]
Seguir leyendo«En este número de Palabra Pública nos propusimos ampliar el tema constitucional hacia una discusión de época: el texto de la nueva Constitución, y el debate que trajo consigo, esconden los deseos, las inquietudes, los miedos y las esperanzas que mueven al Chile de estos tiempos. Son el reflejo de un país soñado, con los discursos que nos acompañarán en las próximas décadas», escribe la vicerrectora Pilar Barba en sus primeras palabras como directora editorial de nuestra revista.[…]
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«Ya no es noticia que el mundo se desnudó frente a nuestros ojos. La situación es crítica: la crisis internacional y la atrocidad de las guerras, la pervivencia de la crisis sanitaria por covid-19 y sus consecuencias, la crisis política nacional que reflotó con el estallido y que sigue abierta ante las respuestas que pueda ofrecer el proceso constituyente. Hoy todo parece movedizo. Reordenar, entonces, se torna una acción posible frente al desorden mundial», escribe Svenska Arensburg, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, en su editorial del número 25 de Palabra Pública, edición que lleva por título Reordenar un mundo en crisis.
Por Svenska Arensburg
Como si se tratara de una incómoda luna de miel, y luego de un mes y medio en el poder, el gobierno entrante enfrenta ya la mirada escrutadora de una ciudadanía especialmente despierta y una oposición efervescente. La atención mediática a la que la ministra del Interior, Izkia Siches, ha debido responder tras viajar a Temucuicui ha tenido repercusiones. A veces, los comienzos no son fáciles, están presentes las miradas que escudriñan con desconfianza cada paso del presente gobierno, atentas a dictaminar si responde a las exigencias del contexto local y global.
Pensemos los dispositivos de seguridad de aquella mañana: a cuatro días de iniciado el ejercicio de su cargo, vemos un numeroso contingente que toma del brazo a la ministra, la hace entrar a otro vehículo de gobierno y se suspende así la visita. Se trata de dispositivos que ocupan herramientas, técnicas y velocidades que no suelen llevarse bien con los dispositivos conversacionales. En estos últimos, es necesario un ritmo que haga posible el encuentro. Los procesos de diálogo requieren de un espacio-tiempo de interlocuciones, que son el resultado de actos que comprometen una trayectoria de entendimientos hacia un futuro, donde se despliega la libertad de palabra y se da lugar a la pausa necesaria para encontrar los acuerdos.
Sería muy difícil entender lo que hoy se vive en Wallmapu sin considerar los profundos conflictos que se arrastran. No solo por la disputa anticolonial que impregna el debate latinoamericanista actual, sino también por la especificidad que adquiere la transición chilena: desde los años 90, por un lado, se va configurando el reconocimiento de los derechos territoriales y la Ley Indígena; pero, por otro, se va constituyendo la cuestionada imputación de la Ley Antiterrorista, a partir de la que el Estado justificó la militarización de la Araucanía. Se trata de decisiones que sin duda repercuten en la visita de la ministra.
El título del presente número de la revista es Reordenar un mundo en crisis. Ya no es noticia que el mundo se desnudó frente a nuestros ojos. La situación es crítica: la crisis internacional y la atrocidad de las guerras, la pervivencia de la crisis sanitaria por covid-19 y sus consecuencias, la crisis política nacional que reflotó con el estallido y que sigue abierta ante las respuestas que pueda ofrecer el proceso constituyente. Hoy todo parece movedizo. Tal como dan testimonio los sobrevivientes de catástrofes pasadas, la inestabilidad se presenta como destino, las formas de precarización de la existencia convulsionan. Vivimos un presente turbulento, acechado por la crisis climática —e hídrica en particular—, la crisis económica mundial, la crisis del modelo neoliberal. Reordenar, entonces, se torna una acción posible frente al desorden mundial.
Es por ello tan crucial complejizar la mirada. Para bien o para mal, los conflictos del presente suelen ser analizados desde las respuestas dadas a las catástrofes del pasado, con la expectativa de construir un hoy de tal forma que sea posible habitar un futuro. Tenemos frente a nosotros una gran responsabilidad: generar los espacios para pensar y crear nuevas condiciones para un orden distinto.
Permítaseme una analogía. Es parte de nuestra cotidianeidad solicitar orientación médica cuando nos sentimos enfermos. La mayoría de las veces, un diagnóstico médico llega como una mala noticia, pero también puede ser una invitación a modificar los hábitos, a orientarse hacia otros más saludables. Un tratamiento médico suele consistir en un proyecto que modifica nuestras formas de vida para mejorar su extensión y su calidad. Para resolver el malestar que vivimos a nivel social, es necesario también un diagnóstico que ayude a imaginar un proyecto de modificación. Nuestros hábitos sociales deben cambiar para mejorar su extensión y calidad. Una de las transformaciones sustantivas que hoy requerimos es del orden del estilo de gobernanza; precisamos valorar las formas de liderazgo más horizontales, combatir los enclaves autoritarios, estar más disponibles a escuchar, incorporar registros de lenguaje más inclusivos, menos binarios y más diversos.
Mi abuela ucraniana-argentina radicada en Chile nos contaba una anécdota: cuando a su madre le preguntaban cuál era su origen, ella respondía: “desciendo de los barcos”. Hay algunas personas que no sabemos de nuestras tierras de origen, solo tenemos lazos, recuerdos, memoria colectiva. Hay quienes entienden que su alma solo se encuentra con el espíritu de su pueblo en la tierra que habitan ancestralmente. Hay un mundo de diferencias humanas que no son negociables, sino que resultan ser nuestra mayor riqueza.
En este escenario, el miedo es una barrera sustantiva. Las fuerzas en resistencia al cambio pueden llevarnos a ver las demandas de transformación como amenazas; si anteponemos los lentes del miedo, esta emoción puede conducir rápidamente a rechazar el camino que modifique un statu quo enfermo. Pero la mayoría de las veces los miedos no refieren a un objeto o persona reales, sino que provienen de la imaginación o de una memoria traumática que no ha sabido traducirse. Cómo desconocer que, por ejemplo, cuando se busca ayuda terapéutica, esta siempre implica resistencias, porque dar cuenta de nuestra posición doliente requiere construir confianzas y tener voluntad de escucha.
Es urgente problematizar los programas públicos para que promuevan formas de resolver conflictos que atraviesan la vida cotidiana y generan victimizaciones. Que la vía violenta sea la forma de expresión del descontento es sin duda una dimensión presente en nuestras vidas, frente a la que es urgente implementar alternativas como sociedad, con un horizonte de convivencia futura. Pero que la violencia siga siendo un medio de fuerza usado por el Estado para asegurar su poder sobre los pueblos no resiste más análisis. Es una forma abusiva y aberrante que es necesario denunciar y revertir.
Si se han de llevar a cabo los cambios que den sentido a una nueva Constitución, a un nuevo modelo de sociedad y a una nueva forma de hacer política, se debe empezar por develar prejuicios y tergiversaciones, por dejar de normalizar la hipocresía. Durante décadas la política, con notables excepciones, ha preferido evitar cualquier interacción significativa con la academia y ha permitido una insólita ambigüedad conceptual al hablar de educación pública.
Por Ennio Vivaldi
En estos meses de proceso constituyente y campañas presidenciales, la política ha estado mucho más presente en nuestra vida pública, hecho que nos invita a reflexionar tanto sobre sus contenidos, es decir, los temas que le preocupan, como sobre los estilos que se han ido imponiendo.
Empecemos por ver de qué se habla y de qué no. Deberíamos suponer que la mayor o menor importancia que se le otorga a un determinado tema reflejaría cuánto la ciudadanía lo considera un asunto relevante. Según este criterio, educación, salud o previsión serían temas importantes, pero cultura o ciencia y tecnología no lo serían tanto. No obstante, estos últimos podrían ser cruciales para el futuro del país y del modelo de sociedad que, esperamos, reemplace al actual. Debemos, entonces, invitar a una reflexión sobre si son o no importantes aquellos temas a los que no se nos convoca a discutir, así como aquellos que sí concitan atención.
El contexto en que se sitúa un problema define los alcances y los límites de su discusión. Tanto ciencia y tecnología como cultura reciben presupuestos ridículos. Lo hacían antes y lo han seguido haciendo después de haber contado con ministerios propios. Sin embargo, es fácil identificar una campaña ideológica intencional detrás de esta minimización de recursos para estas áreas. Por ejemplo, suele repetirse que los científicos solo piensan en publicar artículos en revistas especializadas, los que carecerían de trascendencia práctica real y servirían solo para satisfacer los egos de los autores. Es increíble que eso se haya seguido repitiendo después de la pandemia, cuando quedó muy clara la importancia de contar con científicos de primera categoría que estén conectados dentro de redes académicas internacionales. No hubiera bastado con la voluntad de pagar por las vacunas si no se hubiera contado con vínculos académicos para obtenerlas. Uno tiene que sospechar que hay intereses creados que ven en el desarrollo de ciencia y tecnología una amenaza por cuanto podría generar un cambio en la actual matriz productiva con las implicancias socioeconómicas que eso conllevaría.
Por otra parte, en los temas no omitidos, como educación, las décadas de neoliberalismo extremo que el país ha sufrido han generado un contexto anómalo que impone límites y prejuicios insólitos. Deberíamos aceptar como normal que la matrícula en las universidades públicas corresponda a un 15% del total del sistema. Tampoco debería preocuparnos que los jóvenes prefieran estas universidades pero que no puedan acceder a ellas porque, por años, se ha impedido que estas aumenten sus vacantes. Así, los postulantes estaban obligados, antes de la política de gratuidad, a endeudarse para pagar a las nuevas universidades privadas y, después de la política de gratuidad, a constituirse en vectores que transportan recursos desde el ámbito público al privado.
Si se han de llevar a cabo los cambios que den sentido a una nueva Constitución, a un nuevo modelo de sociedad y a una nueva forma de hacer política, se debe empezar por develar prejuicios y tergiversaciones, por dejar de normalizar la hipocresía. Durante décadas la política, con notables excepciones, ha preferido evitar cualquier interacción significativa con la academia y ha permitido una insólita ambigüedad conceptual al hablar de educación pública.
En la historia de Chile, las universidades, muy especialmente las públicas, han contribuido de manera decisiva y directa en políticas de ámbitos tan diversos como los sistemas públicos de educación y salud, el voto femenino, la informatización del país o la creación de instituciones culturales. Tras el retorno a la democracia no se quiso reconstruir este trabajo interactivo, y se tendió a desconocer el rol histórico de nuestras universidades. Para justificar ese distanciamiento se inventaron figuras como la “captura” de las universidades estatales por sus comunidades y se las miró como gente que venía a pedir recursos económicos para sus instituciones. Toda una ironía por cuanto nuestras universidades han sido un ejemplo de querer aportar desinteresadamente al bien común, a diferencia de quienes tantas veces fueron tristes contraejemplos de lo mismo.
En lo que respecta a la ambigüedad conceptual, esta arranca de una visión que, más que neoliberal, es representativa de ese extremismo ideológico inédito que fue el modelo de sociedad impuesto en dictadura por un grupo de economistas irracionales y fanatizados. La resiliencia con que las universidades estatales no solo sobrevivieron, sino que se mantuvieron como instituciones esenciales quizás sea una de las más emblemáticas y significativas derrotas para ellos. De ahí su interés por aprovechar la laxitud en el uso de los términos que hoy existe y por hacer ambiguo el concepto de universidad pública. Esta idea, en todo el mundo, inequívocamente corresponde a aquellas universidades que no pertenecen a instituciones privadas y que valoran el pluralismo, la inclusión y la equidad. Esperemos que en esta nueva fase que el país quiere comenzar a recorrer, la política converse con la academia y el Estado redescubra el enorme potencial que, para todos los ámbitos del desarrollo social, tiene el acto de trabajar sinérgicamente con sus propias universidades.
El triunfo de Gabriel Boric no solo es una buena noticia para la democracia, sino que abre las compuertas para que el Chile soñado colectivamente, ese país expresado en los cabildos, en las manifestaciones masivas, en los rayados murales, en los anhelos de tantas generaciones, empiece al fin a hacerse realidad.
Por Faride Zerán
Mientras el candidato que había logrado un amplio triunfo levantaba los brazos saludando a las multitudes que celebraban su victoria no solo en Santiago, sino en distintas avenidas de todo el país, una lluvia de papel picado de colores caía sobre la silueta triunfante de este líder magallánico, egresado de Derecho de la Universidad de Chile y protagonista indiscutido de la política de los últimos diez años.
Era una imagen épica a la altura de quien había logrado varias hazañas: entusiasmar a millones de votantes que repitieron la diferencia de diez puntos del plebiscito del Sí y el No de octubre de 1988, erigirse como el presidente de la República más joven de la historia de Chile, llevar a La Moneda a movimiento sociales como el de los pingüinos de 2006, el de los estudiantes universitarios de 2011 liderados por él y otros dirigentes paradigmáticos como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, el movimiento por el agua, el No+AFP o bien el mayo feminista, que permeó a los nuevos referentes políticos que asumieron que el feminismo y la paridad no eran solo una cuestión de cuotas.
Qué duda cabe que la figura que concitó la simpatía y atención mundial encarnaba los anhelos de cambio expresados en la revuelta de octubre de 2019 y en la instalación de la primera Convención Constitucional paritaria en el mundo. También estaba representando con nitidez el espíritu de un tiempo que se abría expectante, y donde hacía su entrada no un liderazgo particular sino una generación, lo suficientemente madura y fogueada como para asumir las tareas de gobernar.
Ese nuevo aire, simbolizado por ejemplo en la imagen de Gabriel Boric fundido en un abrazo afectuoso con Elisa Loncon en su primera visita a la Convención Constitucional como presidente electo, representaba toda la épica y la ética de estos tiempos. El poder estaba encarnado en una mujer mapuche y en un joven magallánico, es decir, otras ideas, otros territorios, otras estéticas, otros lenguajes que desplazaban a aquellas a las que nos tenía acostumbrados una élite homogénea, distante y formal.
Algo de todo esto estuvo presente también en las manifestaciones del domingo 19 de diciembre, cuando la gente, el pueblo, los jóvenes coreaban la letra de la emblemática canción de Los Prisioneros “El baile de los que sobran”, o cuando en las redes sociales circularon extractos de “Balance patriótico”, escrito por Vicente Huidobro cuando fue candidato a la presidencia de la República apoyado por la FECh en 1925, a sus 33 años: “Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre los hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible (…). Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años. Carrera, a los 22; O’Higgins, a los 34, y Portales, a los 36”.
Pero más allá de las simetrías entre literatura y política, expresadas en un presidente electo al que le gusta la poesía, la lectura, la cultura (todo un lujo); uno que lideró la lucha por la educación pública gratuita y de calidad, o que asume la necesidad de crear un sistema de medios públicos en un país donde la concentración ideológica de los medios es un escándalo que se remonta a los inicios de la dictadura y que atenta contra la libertad de expresión, el triunfo de Gabriel Boric no solo es una buena noticia para la democracia, sino que abre las compuertas para que el Chile soñado colectivamente, ese país expresado en los cabildos, en las manifestaciones masivas, en los rayados murales, en los anhelos de tantas generaciones, empiece al fin a hacerse realidad.
«Las universidades públicas valoramos que el país comience a protagonizar una gran conversación para la reconstrucción del bien común, la que nos hará reflexionar sobre nuestro marco de convivencia y la necesidad de enmendar las concepciones erradas que se nos han impuesto», escribe en su editorial el rector de la Universidad de Chile.
Por Ennio Vivaldi
Hoy el país escribe una nueva Constitución. Tras días convulsionados y de intensa y comprensible emocionalidad, se inicia un proceso de intercambio de ideas que habrá de ser reflexivo y constructivo. Habrá que conversar de tantas cosas, todas fundamentales para nuestra convivencia, pero de las cuales no habíamos hablado en mucho tiempo. Primero, porque estaba prohibido, y después, porque parecía inconducente. Algunas de estas cuestiones son respuestas directas a los excesos, al extremismo ideológico de la actual Constitución, hecha para justificar o, mejor dicho, para hacer parecer inevitable un camino que nos ha traído un país desagregado, individualista y plagado de injusticias. Otros temas nos obligarán a asumir por fin responsabilidades de larga data postergadas, algunas de ellas presentes en todo el mundo, como la equidad de derechos de la mujer; otras más propias de nuestro país, como el respeto a los pueblos originarios o la descentralización administrativa y económica. También corresponderá tratar nuevos grandes problemas que, si bien llevan un tiempo incubándose, hoy explotan. Enumeremos algunos medioambientales como la sustentabilidad, el cambio climático, la necesidad de energía verde, el agua, la transformación tecnológica; enumeremos también, en el campo de la salud, las nuevas patologías prevalentes, ya sean virales, vinculadas a la tercera edad o a la malnutrición.
La Universidad de Chile ha jugado un rol responsable y previsor al proponer a la ciudadanía incorporar a la discusión nacional estos asuntos. Ese es nuestro deber. Sobre todo, hemos enfatizado que una tarea medular habrá de ser la reconstrucción del espacio público. Pensamos que el esfuerzo por destruirlo, con esa premeditación explícita y desembozada que caracteriza a los fanatismos extremos, está en la base de la crisis que en 2019 se hizo inocultable. Lo público, sobre todo la educación pública, es el gran elemento cohesionador de una sociedad.
Queremos resaltar el tremendo potencial que representa el hecho de que las universidades públicas hayamos logrado configurar una red entre nosotras, convocando además a los otros centros de educación terciaria. Habrá que fortalecer también el apoyo recíproco virtuoso entre nuestras universidades públicas y el resto del Estado, el que volverá a expresarse en la tareas sectoriales, como las de salud, las silvioagropecuarias o las relacionadas a las tecnologías, así como, muy importantemente, las del mundo de la educación, donde deben articularse y vertebrarse sus niveles básico, medio y superior.
Las universidades públicas, en este nuevo escenario, deben ser consideradas en cuanto instituciones proveedoras de bienes públicos y garantes del derecho a la educación superior. Ellas han de cumplir con sus diversos roles: docencia, investigación, creación y vinculación con el medio, mediante una estructura de financiamiento que tiene que contar con aportes directos, asignados y controlados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. Quizás lo más importante de la modalidad de financiamiento es permitir que el joven profesional perciba íntimamente que ha contraído una deuda virtuosa con la sociedad en un contexto solidario y no una fatigosa obligación individual con un banco.
El actual Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales busca instalar la formación ciudadana como rasgo identitario de nuestro sistema, a través del trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo integral y sustentable del país. También se debe valorar la ética en su comportamiento cotidiano, lo que abarca desde la honorabilidad que un estudiante muestra en los procesos de evaluación hasta el compromiso con una mayor equidad social.
Las universidades públicas son universidades domiciliadas, centradas y focalizadas en cada región, lo que les permite ser actores significativos en la necesaria descentralización del país. También debe entenderse la relevancia que para la calidad de vida de nuestra población tienen las artes, humanidades y ciencias sociales, en las cuales las universidades participan activamente, fomentando un vínculo siempre bidireccional con la sociedad.
En este momento histórico, donde debimos enfrentar una pandemia con el compromiso cabal de una sólida comunidad científica vinculada a nuestras universidades, y donde estamos comenzando este proceso constituyente, algunas de las grandes tareas que el país deberá asumir son las de replantear nuestra matriz productiva e ingresar a la sociedad del conocimiento.
Necesitamos entender a la sociedad desde una mirada sistémica, enfatizando su cohesión y búsqueda de bien común, y no como una coexistencia de intereses individuales y grupales. Las universidades hemos dado un ejemplo avanzando en constituirnos en instituciones que colaboran y se complementan entre sí.
Las universidades públicas pueden y deben criticar constructivamente desde el ámbito del Estado, pero siempre buscando el bien común y con lealtad para con el sistema gubernamental, nacional y regional, y para con el Parlamento. No pueden ser instrumentos en la política contingente ni representar intereses económicos o ideológicos de grupo alguno. Deben seguir sirviendo a la creación y codificación de conocimiento, y destacar en el ámbito de la comunicación global por su libertad respecto de afanes de lucro que contradicen las posibilidades de concordar en políticas globales, hoy necesarias para la sustentabilidad planetaria.
Las universidades públicas valoramos que el país comience a protagonizar una gran conversación para la reconstrucción del bien común, la que nos hará reflexionar sobre nuestro marco de convivencia y la necesidad de enmendar las concepciones erradas que se nos han impuesto. Lo hacemos desde un absoluto respeto por la potestad y legitimidad del organismo elegido para redactar la nueva Constitución, a la vez que expresamos nuestra disposición a contribuir y servir a este proceso y al país en todo lo que se nos requiera.
«Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano”, escribe en su editorial la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
Por Faride Zerán
La imagen muestra el instante en que un hombre que viste una llamativa polera de la selección chilena de fútbol lanza a la hoguera el coche de un bebé. Lo rodean decenas de manifestantes, algunos portando banderas chilenas, que observan la escena. El fuego está consumiendo ropa, carpas, juguetes, documentos, medicamentos; precarias pertenencias de cientos de migrantes que han cruzado la frontera norte del país, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Es el final de una manifestación antiinmigración de alrededor de 5 mil personas que recorrió las principales calles de Iquique, coreando “Chile para los chilenos”, entre otros gritos que humillaban y ofendían a esos hombres, mujeres y niños desplazados por una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos.
Ya no se trataba del mar mediterráneo y sus cientos de improvisadas embarcaciones con migrantes desesperados provenientes del norte de Africa ni de imágenes como la del pequeño niño sirio muerto en la orilla del mar, mientras su padre llora desesperado. Ahora la fotografía se trataba de Chile, retratando el desprecio y la deshumanización hacia el otro distinto, exhibidos en su brutal obscenidad.
La imagen congelada del coche en el aire y de las llamas que lo esperan fue capturada por el fotógrafo Alex Díaz, según consignó el medio Interferencia. Nunca imaginó este corresponsal de la Agencia Aton que inmortalizaría el símbolo de la intolerancia y la xenofobia, en una postal que dio la vuelta al mundo.
Septiembre cerraba así su ciclo de conmemoraciones tanto de memoria y derechos humanos, como de celebraciones de fiestas patrias: vulnerando valores elementales de solidaridad y respeto hacia los DDHH en nombre de un patrioterismo añejo. Tanto así, que organismos internacionales denunciaron de inmediato el episodio, exigiendo al Estado chileno protección y dignidad para los migrantes.
Este hecho desató el debate sobre la política migratoria de Chile. Una Ley de Migración y Extranjería aprobada en abril de 2021 que, básicamente, regula la migración desde una perspectiva de seguridad y no de derechos humanos.
Sin embargo, lo que tampoco puede quedar fuera de esta discusión es el dato de que en diciembre de 2018, Chile se restó del Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas con el argumento de que la migración “no es un derecho humano”.
No fue casual entonces que comenzáramos a ver llamativas deportaciones masivas de migrantes vestidos con overoles blancos como si se tratara de delincuentes; declaraciones de personeros públicos asociando la propagación del virus con la llegada de “extranjeros ilegales” o la negación del acceso a la vacuna contra el covid-19, entre mucha otras expresiones de racismo y discriminación, cuyo correlato está tanto en las llamas que el 25 de septiembre último consumieron los enseres y atentaron contra la dignidad de decenas de seres humanos, como en el desalojo ejecutado horas antes por agentes del Estado en la Plaza Brasil de Iquique, sacando a cientos de migrantes de ese lugar.
Un desalojo, como bien lo señalaron las Cátedras Amanda Labarca, la de Racismo y Migraciones Contemporáneas y la de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, “que fue de la calle a la calle, es decir, al desamparo”.
En medio de esto, seguían apareciendo denuncias sobre abusos cometidos contra migrantes, como la que publicó CIPER el 28 de septiembre en un reportaje donde daba a conocer que la Fiscalía estaba investigando a más de 20 empresas relacionadas a un contratista por trabajo forzado masivo de inmigrantes en cosechas de arándanos y mandarinas. En la nota, los trabajadores relataron que “fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneraciones de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio”.
Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano.
Esto último es lo que entendieron miles de personas cuando, en febrero del 2019, el presidente Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para asistir a un acto por Venezuela que concitó la atención de los medios de todo el mundo. En dicho evento, promovido urbi et orbi, el presidente habló de un “compromiso moral, de solidaridad con el pueblo venezolano”.
Algunos tuvimos más suerte cuando, en décadas anteriores, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, proclamó su solidaridad con los miles de chilenos y chilenas que partíamos al exilio luego del golpe de Estado de 1973 y fuimos recibidos con el respeto y la dignidad que en nuestros países se nos negaba.
Venezuela, su gente, su pueblo, nos abrió sus puertas y nos acogió con nuestros desgarros.
Hoy, miramos con vergüenza el coche de una guagua venezolana consumido en la hoguera de la xenofobia y la intolerancia.
La Convención Constitucional fue encabezada por dos académicos de universidades públicas, instituciones que han resistido al intento de desmantelamiento de un sistema que solo ve en ellas el freno y competencia al lucrativo negocio de las universidades privadas —escribe en esta columna Faride Zerán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y directora de Palabra Pública— . En esa calidad, ambos representaban no solo el lugar donde el sentido de lo púbico ha prevalecido sobre lo privado, sino el espacio que resiste a las lógicas mercantiles; el de la ética pública y el pensamiento crítico capaz de reconectar la esfera académica con las esferas pública y política al servicio de las grandes transformaciones democráticas de nuestras sociedades.
Por Faride Zerán
El 4 de julio fue un día histórico y también luminoso. Desde muy temprano, las calles céntricas se habían repletado con ciento de manifestantes que se congregaban en distintos puntos para caminar al son de bailes, tambores y cánticos hasta las cercanías de la sede del exCongreso Nacional, epicentro de la instalación de los 155 integrantes de la Convención Constitucional, elegidos con paridad de género y con representantes de las primeras naciones, en un proceso inédito que volcaba los ojos del mundo hacia este largo y angosto país.
Esa misma mañana, convencionales de los pueblos originarios se habían convocado en torno a una ceremonia ancestral en el cerro Huelén para luego desplegarse en las calles, y en medio de los saludos y aplausos de quienes se apostaban en las veredas, hacían su entrada triunfal hasta el edificio que albergaba la Convención.
Pero ese día de aires festivos, pese a la pandemia y a las más de cuarenta mil muertes producto del virus, el gobierno había enviado a las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros a rodear el recinto donde se llevaría a cabo la ceremonia, enfrentándolas con familiares de los constituyentes que seguían las transmisiones junto a miembros de organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos que pedían la liberación de los presos de la revuelta, desatándose una fuerte represión que puso en riesgo el éxito de la ceremonia republicana más importante de los últimos tiempos.
De nada había servido la petición de algunos convencionales electos ante las autoridades de gobierno para que no se desplegaran las FFEE, las mismas que amparaban a funcionarios que habían protagonizado las violaciones a los derechos humanos en contra de cientos de manifestantes que, desde el 18 de octubre de 2019, lograron configurar un movimiento social cuya potencia se expresaba precisamente en la existencia de ese histórico acto.
Pese a la tensión, y una vez replegada la fuerza policial, se reanudó la sesión bajo la ecuánime conducción de la abogada Carmen Gloria Valladares, sobrina nieta de Gabriela Mistral y funcionaria pública del Tribunal Electoral que debía constituir legalmente la convención. Así, entre lágrimas y aplausos, se iniciaba un nuevo ciclo en la historia de Chile, cuyo correlato era la profundidad del cambio cultural expresado horas más tarde, cuando era electa como presidenta de la Convención Constitucional la intelectual y académica mapuche Elisa Loncon.
Todos los símbolos, todos los gestos, todos las emociones se desplegaron esa luminosa mañana de julio cuando Elisa Loncon avanzó hacia la testera ataviada con sus vestidos y joyas mapuche, acompañada por la machi Francisca Linconao, autoridad espiritual, ex presa política y figura reconocida de los pueblos ancestrales.
Así, en un discurso bilingüe e histórico, y en medio de una diversidad de rostros, pueblos, estratos sociales, sexos, territorios y edades; de una diversidad política, social y cultural que muchos nunca habían visto asomarse en los espacios mediáticos o públicos donde decía representarse el Chile real, la académica de la Universidad de Santiago, Doctora en Lingüística de la Universidad de Leiden, en Holanda; y Coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Linguísticos de los Pueblos indígenas de Chile habló de pluralismo, diversidad sexual, niñez, derechos de los pueblos originarios, Estado plurinacional y de ampliar la democracia. “Estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos”, dijo, y anunció que esta Convención “transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las cuidadoras…”.
Junto a Elisa Loncon, era elegido vicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa, abogado constitucionalista, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Magister en Derecho Público de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Valparaíso, quien abrió su discurso señalando que “hoy día empezamos a transitar un camino republicano, pero también un camino popular”.
De esta manera, la Convención Constitucional era encabezada por dos académicos de universidades públicas, instituciones que han resistido al intento de desmantelamiento de un sistema que solo ve en ellas el freno y competencia al lucrativo negocio de las universidades privadas.
En esa calidad, ambos representaban no solo el lugar donde el sentido de lo púbico ha prevalecido sobre lo privado, sino el espacio que resiste a las lógicas mercantiles; el de la ética pública y el pensamiento crítico capaz de reconectar la esfera académica con las esferas pública y política al servicio de las grandes transformaciones democráticas de nuestras sociedades.
Es por ello que ante la imposibilidad de sesionar al día siguiente en la sede de la Convención Constitucional por la desidia —sino boicot— de funcionarios gubernamentales que no habilitaron el lugar, la imagen de la presidenta de la Convención, junto al vicepresidente y al rector de la Universidad de Chile, sentados a los pies de la estatua de Andrés Bello en su Casa Central, proyectaba no solo la fuerza de una postal republicana; sino también la derrota de quienes quisieron acabar con las universidades públicas, instituciones del Estado cuyos espacios fueron puestos al servicio de la Convención Constitucional. Quizás ese 4 de julio fue el día más largo del año, especialmente para una parte significativa de la sociedad que había estado expresando en las urnas su voluntad de imaginar un nuevo país. Para todos ellos, sin duda se trata del día en que Chile empezó a cambiar de verdad.
