Como el plebiscito de 1988, las megalecciones de mayo pasado marcan un antes y un después en la historia del sistema político chileno. El desplome de los partidos tradicionales, la fragmentación de la izquierda y el alto número de independientes en la Convención Constitucional auguran grandes dificultades para producir gobernabilidad. Esta dispersión, sin embargo, puede hacer de la convención el ancla del proceso político que se abre.
Por Carlos Huneeus
Una elección crítica
Los resultados de las cuatro elecciones celebradas los días 15 y 16 de mayo pasados significaron un terremoto político. Si bien fueron comicios distintos (de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales), los resultados apuntaron hacia una misma dirección y remecieron al sistema de partidos políticos.
Fueron elecciones críticas, sobre todo la de constituyentes, de aquellas que los estudiosos del comportamiento electoral coinciden en señalar que producen un cambio fundamental en las preferencias del electorado, al romper alineamientos históricos y permitir la aparición de nuevos referentes. Todo esto genera cambios en el sistema de partidos por la nueva correlación de fuerzas y mutaciones en sus tres dimensiones: en el electorado, como organización y en su participación en el gobierno (party government).
Estos comicios marcan un antes y un después en la historia del actual sistema de partidos políticos chilenos, 33 años después de otra elección crítica, el plebiscito de 1988, que inició el proceso que puso fin a la dictadura de Pinochet y determinó los partidos que predominarían en la política competitiva hasta ahora.
El proceso constituyente
La principal de las tres fue la elección de la Convención Constitucional. Por primera vez en nuestra historia republicana de casi dos siglos, Chile tendrá una nueva Constitución redactada por representantes elegidos por el pueblo. La carta fundamental de 1833 y la de 1925 fueron redactadas por una comisión especialmente designada para ese fin por el poder ejecutivo de la época, y la de 1980, por la Junta de Gobierno.
Reemplazará a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura del general Pinochet siguiendo el modelo de una democracia protegida, con tutela militar, pluralismo restringido, desconfianza en la soberanía popular y mecanismos contramayoritarios para asegurar la permanencia de sus principales mecanismos, dándole un poder de veto a la minoría de derecha.
Utilizando conceptos de la teoría de la transición a la democracia de Rustow (1970), el proceso constituyente fue gatillado por “presiones desde abajo”, expresadas en las masivas manifestaciones de protestas (el estallido social del 18 de octubre de 2019) y por “acuerdos desde arriba” (el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, alcanzado el 15 de noviembre de ese año) entre los partidos de gobierno y de oposición, con la excepción del PC. Allí se estableció que se elegiría un Convención Constitucional de 155 integrantes, paritario y con representantes de los pueblos originarios (17) que redactaría la nueva carta fundamental.
Dicho acuerdo convocó un proceso constituyente que tuvo un primer hito en el plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020, en el cual una amplia mayoría se pronunció por una Nueva Constitución y por una Convención Constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos que la redactaría, obteniendo un 78,27% y 79,44% respectivamente. Hubo una participación relativamente alta, 50,1%, superior a la que hubo en las elecciones de 2017, considerando el contexto de la pandemia.
La Convención Constitucional tendrá un reglamento que será aprobado por los 2/3 de los convencionales. Esta mayoría también se requerirá para la aprobación de las disposiciones de la nueva Constitución; una garantía para la minoría en cuanto a que no será sobrepasada por la mayoría de los convencionales, apuntando a que sea una Constitución de consenso. La nueva Constitución tiene un plazo relativamente breve para ser redactada: nueve meses, con una extensión de tres meses si fuese necesario.
Quiénes ganaron y quiénes perdieron
El principal resultado de las cuatro elecciones fue el “triunfo” de la abstención, un 56,6% del electorado en la de constituyentes, la cual, como se dijo, fue la más relevante. El “partido” más votado fue el de quienes no votaron y prefirieron permanecer en sus domicilios.
La abstención es un aumento de dos puntos porcentuales respecto de la primera vuelta en las presidenciales de 2017 y de seis puntos sobre el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que confirmó el proceso constituyente, cuando la abstención fue 49,1%. Más de un millón de votantes se desplazaron al abstencionismo en siete meses (7.527.996 y 6.467.978, respectivamente). Se reforzó una tendencia de declinación de la participación desde las elecciones parlamentarias de 1997, acentuada después por la introducción del voto voluntario en 2012.
Esta baja participación es una señal de una baja legitimidad electoral de la democracia, la cual requiere un mínimo de participación del 50% del electorado.
Los resultados de participación (en la elección de los constituyentes) desnudan la desigualdad socioeconómica y política. Las comunas de la zona oriente de Santiago, en las cuales viven las personas con mayor educación y más altos ingresos, tienen una participación electoral que se acerca a la de los países avanzados —Vitacura, 63,43%; Las Condes, 55,64%; y Lo Barnechea, 60,62%—, mientras que las comunas de la zona poniente de la capital, en las cuales viven las personas con menor educación y bajos ingresos, tienen una participación menor al promedio nacional —La Pintana, 36,29%; Cerro Navia, 38,94%; y Estación Central, 38,16%—.
El desplome de los partidos tradicionales
Un segundo resultado que destaca es el dramático estado de los partidos de centroizquierda de la ex Concertación, y de los de derecha, reunidos en Chile Vamos(que integró al Partido Republicano en su lista), todos los cuales apoyaron, en su momento, a los siete gobiernos después de Pinochet.
Las colectividades de la ex Concertación (lista “Apruebo”) eligieron 25 convencionales (16,1%). La DC tuvo un desastre electoral, eligiendo solo un convencional, el presidente de la colectividad, y un independiente, que significa, en los hechos, haber quedado fuera de la Convención. Una situación similar fue la del PPD, que eligió dos convencionales y un independiente. Solo el PS tuvo un buen resultado, eligiendo 10 convencionales del partido y cinco independientes.
Los partidos de la ex Concertación recibieron un 33,5% de los votos de concejales, 15 puntos porcentuales por debajo de los recibidos en 1989, un 48,98%, cuando se estableció el hoy desplomado sistema de partidos.
La lista de la coalición de gobierno (“Vamos por Chile”) eligió 37 convencionales, muy por debajo del tercio que estaban convencidos de alcanzar para ejercer un poder de veto en la Convención Constitucional.
La derrota en alcaldes fue severa, perdiendo 59 comunas, entre las cuales destacan Santiago, Ñuñoa y Maipú, en la Región Metropolitana, y Viña del Mar, Chillán, Valdivia, entre otras, en el resto del país.
En las elecciones de alcaldes de 1989 la derecha (RN y UDI) obtuvo un 34,19%, mientras que ahora alcanzaron 22,77%, una disminución de menor envergadura en relación al resultado de la centroizquierda. Esta votación aumenta significativamente al 33,1% con los sufragios obtenidos por los candidatos de las nuevas colectividades de derecha, el PRI, Evópoli y el Partido Republicano.
En tercer lugar, la nueva izquierda (Frente Amplio y PC) obtuvo un buen resultado, 28 convencionales, superando a los partidos de la ex Concertación.
La nueva izquierda, el PC e independientes de izquierda tuvieron un buen desempeño en las elecciones de alcaldes, al imponerse en importantes comunas de la capital (Santiago, Ñuñoa y Maipú) y de regiones (Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia). También tuvieron un buen desempeño en la de gobernadores regionales, donde ganaron en primera vuelta en la Región de Valparaíso y pasaron a segunda vuelta en la Región Metropolitana.
En las elecciones de concejales, la nueva izquierda, el Frente Amplio y la Federación Verde Regionalista Social obtuvieron un 12,42%. El PC, por su parte, obtuvo 9,23%. Este es un aumento respecto a la votación alcanzada en las elecciones de 1993, la primera en las cuales presentó candidatos en una lista propia, alcanzando el 4,99% de los votos.
Sin embargo, se confirmó la fragmentación de la izquierda en una decena de partidos y una organización informal, la “Lista del Pueblo”, en la cual dominan los independientes de izquierda.
En cuarto lugar, destaca el gran número de independientes, que reafirma el varapalo recibido por los partidos tradicionales. Destacó la “Lista del Pueblo”, que eligió 28 convencionales, resultando el principal conglomerado de la Convención, aunque sin organización. Otra la lista es la de los “independientes no neutrales” (“lista Nueva Constitución”), que eligió 11 convencionales.
Los independientes también fueron elegidos en cupos de listas de partidos, lo cual aumentó su peso en la Convención. 39 convencionales independientes fueron elegidos en esa situación, de un total de 90 elegidos por las listas de los numerosos partidos que participaron en los comicios. De esos 39, 7 fueron en listas de la UDI, que eligió 17; 5 en listas de RN, que eligió 15, e igual número en la del PS; y 5 de los 9 que eligió RD, entre otros.
La debilidad de los partidos tradicionales, la fragmentación de la nueva izquierda y el alto número de independientes hará muy difícil el trabajo de la Convención Constitucional. Estos últimos no tienen lealtades partidarias o de movimientos relativamente claras, lo cual puede conducir a protagonismos individuales que dificulten llegar a acuerdos. Estas dificultades son legados de los partidos tradicionales y del gobierno Piñera.
La difícil gobernabilidad con fragmentación de partidos y polarización
La derrota de los partidos de derecha se explica por el rechazo a la gestión del gobierno del presidente Piñera, particularmente ante el estallido social, sin saber qué hacer los primeros dos días, confiado en que se restablecería la paz social, y luego, declarando que el país estaba “en guerra con un enemigo poderoso e implacable”, sin atender las demandas de la población ni capacidad de controlar la acción de Carabineros para contener a los manifestantes, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
También tuvo un mal desempeño ante la pandemia del covid-19, subestimando su gravedad, sin escuchar a los alcaldes y a los expertos, sin entregar ayuda oportuna y efectiva a los millones de chilenas y chilenos que fueron afectados por la crisis económica gatillada por la pandemia. Puso énfasis en la reactivación del comercio, que dañaría las medidas sanitarias destinadas a contener la expansión del coronavirus, con aumento de los contagios y muertes en el invierno de 2020, situando a Chile entre los países con mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes.
La alta fragmentación del sistema de partidos, especialmente en la izquierda —hay 18 colectividades con representación parlamentaria—, y la polarización harán extremadamente difícil la gobernabilidad del país después de Piñera. Hay democracias con multipartidismo extremo que funcionan muy bien (Holanda), pero en ellas no hay polarización política, sino competencia hacia el centro, y las élites tienen una alta disposición a la negociación y al compromiso. Esas condiciones no se dan en el Chile actual. La derrota de la derecha, en tanto, abre un complejo futuro para el conglomerado y para el sistema político, porque una democracia estable requiere un partido de derecha moderno y consolidado.
Las nuevas constituciones no nacen en tiempos de tranquilidad, cuando el país no está sometido a grandes tensiones, sino que “casi siempre se redactan a raíz de una crisis o circunstancia excepcional de algún tipo” (Jon Elster). Son ocasiones en las cuales las élites son puestas contra la pared y se les impone la exigencia de superar sus conflictos, para ponerse de acuerdo en torno a los principios e instituciones que definen la nueva carta fundamental.
La principal tarea de Chile será entonces la redacción de la nueva Constitución, que supone celebrar un nuevo pacto social que configurará un nuevo tipo de relaciones de poder en el sistema político. La dispersión de fuerzas en la Convención Constitucional puede favorecer que esta institución sea un ancla del proceso político y contribuya a la gobernabilidad del país, al cual luego se incorporen el próximo gobierno y los nuevos legisladores que se elegirán en noviembre próximo.
