Interculturalidad, participación y descentralización son palabras clave en el glosario utilizado por el mundo de la cultura del sur austral. La de los derechos y la diversidad cultural es la lingua franca de los territorios de Chiloé, Aysén y Magallanes cuando se trata del reconocimiento de sus culturas, el fomento de sus artes y la protección de su patrimonio. Un diálogo que sus universidades públicas, a través de la Red Patagonia Cultural, han decidido estimular y proyectar de cara al proceso constituyente.
Por Equipo Palabra Pública
Más de 600 kilómetros separan Ancud de Coyhaique. Mil a Coyhaique de Puerto Williams. Y más de 2 mil a Quellón de Punta Arenas. Son distancias inimaginables para esa mentalidad santiaguina que suele agrupar a regiones extensas y diversas bajo etiquetas empobrecedoras como “el sur” o “el norte”. En los territorios de Chiloé, Aysén y Magallanes, sin embargo, las distancias se viven como un vínculo que los acerca, y a partir del cual revindican el valor de la diversidad de sus culturas y de la producción artística que recorre sus islas, mares y pampas.
Es lo que quedó patente en el ciclo de conversatorios “Proceso constituyente desde el sur austral: Miradas sobre educación pública, género, cultura y territorios”, organizado a fines de 2020 por la Red Patagonia Cultural, que conforman las universidades de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con el apoyo de la Red de Universidades del Estado de Chile. La iniciativa de las universidades públicas y regionales del extremo sur convocó a distintas voces del mundo local de la cultura a dialogar, desde sus experiencias y junto a la ciudadanía, sobre las oportunidades que abre el proceso constituyente que enfrenta el país.
Salvados por la cultura
Para la fundadora de Fundación Daya Punta Arenas y cocreadora de las cooperativas magallánicas de trabajo Caudal Cultural y Rosas Silvestres, Verónica Garrido, la actividad artística tiene la posibilidad de entrar por la puerta ancha al debate constituyente luego de la pandemia: “el mundo de las artes ha sido un pilar fundamental de las personas durante la pandemia, no sólo para el cuerpo, también para el espíritu. Considerando, sobre todo, la crisis de salud mental que vivimos. Ha servido para sobrellevar mejor toda esta situación”.
Una opinión que comparte Magdalena Rosas, cofundadora de la Escuela de Música y Artes Integradas de Coyhaique y cocreadora del Festival Internacional de Chelo de la Patagonia (CheloFest), pero que requiere “generar un marco teórico desde el cual conversar. Es clave entender que cultura es la capacidad que tenemos los seres humanos para reflexionar sobre nosotros mismos. Las artes y el patrimonio son parte de eso, pero lo estructural son nuestros sistemas de valores, tradiciones, creencias y modos de vida. Lo dice la declaración de UNESCO de 1982”.
“Es complejo el tema de la cultura —complementó Rosas, profesora de Música—, porque cada uno entiende lo que quiere o en base a lo que ha vivido. Lo importante es ser empático y entender las visiones de los demás. Ampliar la mirada y establecer ciertos acuerdos. Ya la construcción de una nueva Constitución es un proceso profundamente cultural. En ese sentido, a lo que yo más aspiro es a integrar la diversidad humana que tenemos en este país. En términos de género, de formas de relacionarnos, de educarnos”.
Para Fernando Álvarez, director del Museo de las Tradiciones Chonchinas y presidente del Centro para el Progreso y el Desarrollo de Chonchi, los procesos sociales que han vivido el país y el archipiélago de Chiloé han interpelado fuertemente a los espacios culturales en el sentido señalado por Rosas: el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. En el caso de la institución que dirige ello ha significado repensar “el rol del museo en la comunidad donde se inserta. Buscamos redefinirnos como un museo que se pone a disposición de la rearticulación del tejido social”.
“La pandemia y previo a eso el estallido social —añadió Álvarez— nos han llevado a plantear nuevas formas de comprender la gestión cultural. Más allá de tener acceso al museo como un bien de consumo cultural, se trata también de generar mecanismos desde el Estado para la protección de los trabajadores que son los productores de estos bienes culturales. Y comprender la importancia de los derechos culturales como derechos sociales y colectivos, por la diversidad de culturas existente en el archipiélago”.
Expectativas en torno a una nueva Constitución
En el debate conducido por la periodista Bárbara Besa, de la Universidad de Aysén, y convocado por la Red Patagonia Cultural, los artistas y gestores culturales coincidieron en ver el proceso constituyente como una oportunidad para cambiar el carácter de las políticas culturales del Estado.
“Cuando hablamos de derechos colectivos hablamos necesariamente de la Constitución como un pacto intercultural. Y de la cultura como un derecho social, donde el Estado garantice los derechos de producción, de acceso, autorales, a la diversidad”, sostuvo Fernando Álvarez. Para Magdalena Rosas, la pregunta por los derechos culturales interpela tanto a los artistas como al resto de los ciudadanos. E implica definir, dice, “cómo vamos a reconocer y expresar las realidades locales, comunales y regionales. Cómo avanzaremos para eliminar la concursabilidad y generar estrategias de desarrollo regional”.
Para el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile Fernando Atria, que también integró el debate, “la concursabilidad es la lógica de mercado. Viene de la afirmación de que incluso ahí donde no hay mercado, hay que organizar las cosas del modo más parecido al mercado”. El problema, añadió, es que “entregada la cultura al mercado suele no encontrar condiciones de fomento y reproducción. Por eso esperaría que la Constitución consagre el derecho a participar de la cultura”.
Un contrapunto puso Verónica Garrido: “por un lado es un momento inédito, pero la Constitución no es una varita mágica, es un proceso constituyente. Un momento para sentarnos a dialogar, reflexionar y avanzar en el ejercicio de la tolerancia”. Que se avance en ese proceso, explica, tiene mucho que ver con la participación y asociatividad a nivel local. La misma convicción, desde Chonchi, expuso Fernando Álvarez: “es muy importante que levantemos demandas territoriales y empoderemos a nuestros barrios, que son la primera fuente de nuestra diversidad cultural”.
La crónica donde Pedro Lemebel describe cómo cruza el teatro repleto de jóvenes que aplauden el retorno de Serrat a Chile, a inicios de la transición, es memorable. Su nombre le sabe a hierba y es la voz que, cual banda sonora de las décadas de la ira, retumba en ese auditorio de la Universidad Arcis repleto de chicas y chicos que han tarareado las canciones de su ídolo y lo aplauden a rabiar.
Lemebel avanza por el pasillo, se para frente a Serrat y le estampa un beso en la boca. Los insultos no se hacen esperar. Maricón es lo más suave que se escucha de esa audiencia macha que se mira progre pero que no resiste la performance de loca y de fan con la que Lemebel los provoca.
Algo similar hará Lemebel cuando recibe el Premio José Donoso de la Universidad de Talca, premunido de sus tacos altos aguja, ante la formalidad y el terror de su rector.
¿Qué es el arte sino el gesto que provoca, que incomoda, que interpela, que critica, que reinventa la forma de mirar?
¿Qué es la creación sino el intento de subvertir los límites de la realidad otorgándole otros horizontes éticos y estéticos desde donde imaginar, narrar, plasmar otros mundos, otros horizontes, otros lenguajes?
En un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual.
La respondió en su momento la propia ministra del área, al señalar que no se trataba de un ámbito prioritario, o cuando este año el gasto en cultura se tradujo en un 0,3% , lejos del 2% que la UNESCO recomienda como piso; o cuando el Observatorio de Políticas Culturales nos dice que el 81% de los trabajadores de la cultura encuestados en Chile sufrió una disminución o el cese de sus actividades y el 54% no obtuvo ayuda en medio de la crisis, a diferencia de países europeos donde los Estados ayudaron al sector, como la Alemania de Merkel, que anunció un aporte de alrededor de 2.100 millones de euros para la cultura.
Y es que no basta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señale que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Es letra muerta, al menos en Chile, donde los creadores están condenados a concursar/competir por recursos estatales; donde el analfabetismo funcional es alarmante; y donde en plena pandemia se abren las puertas de los centros comerciales, no de las industrias culturales que alimentan el alma, sino de aquellas que nutren las arcas de los grandes empresarios, asumiendo que un mall abierto es menos peligroso que un teatro, una librería o una sala de conciertos con aforos limitados.
Pero hablar de cultura o esgrimir la necesidad de que los derechos culturales estén en la nueva Constitución, implica asumirnos en una diversidad y pluralidad que va más allá de los cánones formales con que se expresa “lo cultural”. Significa re-conocer territorios, etnias y disidencias sexuales. Nos exige re-mirar y re-democratizar las dimensiones artísticas, culturales y patrimoniales que nos constituyen, sobre todo en tanto comunidades críticas, complejas y problematizadoras.
Nos demanda interpelar al poder que no tolera los trazos y las obras del arte callejero en medio de un estallido social, y que, amparándose en la impunidad de los toques de queda, los borra, como si con ello desaparecieran las causas que lo originaron. O denunciar las amenazas a quienes dibujan con luz las palabras “hambre” o “pueblo”, como ocurrió con los hermanos Gana; o reaccionar ante las querellas contra LasTesis y sus performances contra la violencia machista, por citar ejemplos recientes.
En definitiva, si hablamos de derechos culturales en la nueva Constitución debemos prepararnos para luchar por ampliar los márgenes de la libertad de expresión y de creación; por ensanchar los límites de la democracia; por asegurar el acceso amplio de los territorios a cada una de estas manifestaciones; por asumir que sin libros, sin cine, sin teatro, sin música, sin filosofía, sin grafitis, sin Lemebel estampando un beso en la boca de un rector o de un cantante, la vida puede ser la letra muerta de una mala canción o una horrible caricatura de sí misma.
Como ocurrió en 1992, cuando una gran mole de hielo, blanca, sin identidades ni memorias, fue la representación cultural de Chile en la famosa Expo de Sevilla. Eran los inicios de la transición, Chile se mostraba como un país blanco, frío, sin memoria, sin dolores, sin historia. “El iceberg de Sevilla” se levantaba, así, como una metáfora de la simulación. Sin embargo, treinta años después, la faz sumergida de ese iceberg, estalló.
El 26 de noviembre de 2020, en el marco del primer Noviembre Cultural para Chile, iniciativa que permitió compartir con el país el trabajo artístico, cultural y patrimonial de la Universidad de Chile, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador Angélica Arias, la senadora Yasna Provoste y el director de LOM Ediciones Paulo Slachevsky, moderados por la directora del Archivo Central Andrés Bello Alejandra Araya, debatieron sobre el lugar de la cultura y los derechos culturales en la nueva Constitución que Chile se apresta a elaborar. A continuación, presentamos una síntesis de esta conversación.
Moderó Alejandra Araya
Ilustración de Fabián Rivas.
—Alejandra Araya: me gustaría iniciar con la cuestión de los derechos culturales, las artes, la cultura y el patrimonio como derechos humanos. ¿Qué son los derechos culturales? ¿Los podemos entender como derechos humanos? ¿Por qué debieran estar en una Constitución?
Angélica Arias: quisiera iniciar hablando sobre algunos procesos que se han llevado a cabo en el Ecuador respecto a cómo se consideran los derechos culturales en la Constitución, específicamente la de 2008, cuando los derechos constitucionales empiezan a incluir a los derechos culturales.
La Constitución determina que el Ecuador es un Estado de derechos, y esto implica que todos los derechos, sin distinción, son categorizados como derechos constitucionales, estableciendo la obligatoriedad suprema de su observancia y protección. Es así que se establece la construcción y prevalencia de la propia identidad cultural. Además, se desarrollan conceptos de observancia obligatoria del patrimonio material e inmaterial, dotándolo de una salvaguarda estatal y no taxativa.
Es importante mencionar también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, dispone que toda persona “tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En la misma declaración de la UNESCO se establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, intelectuales, materiales, afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y que caracterizan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las creencias.
El reconocimiento de los derechos constitucionales de la cultura y el patrimonio, sin embargo, no es garantía de su cumplimiento. La cultura no se considera una prioridad en la mayoría de los países de América Latina y sufre constantes restricciones, razón por la cual alcanzar la plenitud del goce del derecho constitucional a la cultura es una tarea pendiente.
Yasna Provoste: es central que en este proceso constituyente entendamos que los derechos culturales son esenciales. Chile es un país de 20 millones de personas habitando un territorio que se extiende sobre tres continentes, lo cual le otorga una diversidad de rostros, colores, climas, recursos naturales, pueblos, naciones y cultura. Cuando hablamos de derechos culturales no estamos refiriéndonos a un objeto separado de nuestra propia subjetividad colectiva; estamos hablando de nosotros mismos, de nuestros saberes, identidades y sueños, de nuestras expectativas y de nuestra memoria. Que el proceso constituyente incorpore la cultura como derecho significa el anhelo de que en el centro de todo esté la persona y su dignidad esencial, como ser racional y libre, con derechos que son anteriores y superiores al Estado.
Paulo Slachevsky: los derechos culturales son derechos humanos reconocidos de manera vinculante por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que establecen claramente el derecho a gozar y a participar de la vida cultural. Es muy interesante porque el pacto parte con el concepto de dignidad, que nos hace tanto sentido a los chilenos desde octubre de 2019. Ese primer párrafo dice: “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Ahora, ¿qué son los derechos culturales? En tiempos de neoliberalismo tendemos a confundirlos con el derecho al acceso, con la lógica del consumo. Claramente, el pacto del 66 va mucho más allá. Hace explícito el derecho a tomar parte de la vida cultural y la necesidad del desarrollo económico, social y cultural para salir de la miseria y ser ciudadanos verdaderamente libres.
Se mencionó la convención de UNESCO para la diversidad cultural. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos en un mundo donde la división del trabajo también se fomenta a nivel cultural; tenemos países productores culturales y países consumidores de cultura. Más del 90% de las pantallas de cine del mundo están ocupadas por el cine de Hollywood, que es interesante, pero representa sólo el 5 o 6% del cine que se produce a nivel mundial. En ese sentido, el mercado no permite un equilibrio, al contrario, favorece la concentración. Por eso es necesario que los países tengan derecho a proteger su cultura y que la cultura no funcione bajo la lógica de los tratados de libre comercio, que con su letra chica impiden que los países tengan una verdadera soberanía cultural. Por último, ¿por qué deberían estar en la Constitución? El mundo de la cultura ha estado en todos los cambios que hemos tenido como país —en los 80 contra la dictadura, también a partir de octubre de 2019—, pero en los 90 quedó fuera. Tardíamente se genera un Ministerio de las Culturas, el pariente pobre de los ministerios. Es necesario cambiar esa lógica si queremos ser sociedades con un desarrollo humano. Si vemos la Constitución del 80, cuatro veces se menciona la palabra cultura, contra 129 veces que aparece en la Constitución de Ecuador, 29 en la de Colombia y 99 en la de Bolivia. Eso establece un piso diferente, una voluntad explícita de que la cultura sea parte de la construcción de una vida digna.
—Alejandra Araya: hay constituciones que han considerado la cultura un elemento sustantivo de la democracia, pero esto podría ser una arenga para los convencidos de siempre. ¿Qué cambia en la vida cotidiana decir que los derechos culturales están considerados en la Constitución? ¿De qué forma uno podría decir que hay un antes y un después de garantizarlos constitucionalmente?
Angélica Arias: en mi país, mediante la asamblea constituyente, se modificó la concepción del Estado como pluricultural para transformarlo en Estado intercultural. Justamente, en el artículo 1 de la Constitución, se concibe la construcción de una sociedad por medio no sólo del reconocimiento de la cultura y sus distintas manifestaciones —que es a lo que se refiere lo pluricultural—, sino que parte de la necesidad de intercambio e interacción entre quienes la conforman, bajo el principio de iguales. Entonces, pasamos de reconocer las distintas culturas a poner en práctica su igualdad. Y eso lo que hizo fue abrirnos muchas puertas en cuanto a posibilidades de política pública.
Respecto a la relación entre democracia y derechos culturales, éstos están protegidos por mecanismos de participación social, que les dan a los ciudadanos la potestad de defenderlos en el marco de cuatro principios que se establecieron en la Constitución: participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, el derecho a ser consultados y a fiscalizar los datos del poder público. Estos cambios empujan a los ciudadanos a actuar en las decisiones de la vida pública y cultural. Los efectos se revisan en su vida diaria, porque empieza a haber una corresponsabilidad en las decisiones que se van tomando. Nos falta avanzar bastante en este sentido, porque nos hemos dado cuenta de que ni la función pública ni la ciudadanía están preparadas para los procesos participativos.
Yasna Provoste: garantizando el derecho a la cultura nos pasa lo mismo que garantizando la educación pública y de calidad; estamos contribuyendo a la cohesión social y, en definitiva, a lograr la paz. Tal vez por mi visión comunitarista de las relaciones sociales tiendo más a un Estado intercultural, lo cual supone la existencia de diversas culturas, pero también la legitimación del pluriculturalismo presente en nuestro país y el reconocimiento recíproco entre culturas. Y eso entraña un consenso sobre los valores comunes de esas culturas; por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales. La Constitución de Bolivia, al igual que la de Ecuador, refuerza el concepto de interculturalidad y dice que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. Esa es la mejor reflexión de por qué nosotros tenemos que garantizar en esta nueva Constitución estos valores.
Paulo Slachevsky: en 2013 me tocó participar de una carta que varias asociaciones del libro le hicimos a los candidatos a la Presidencia sobre la importancia de tener una política del libro. Les planteamos que la cultura y la política del libro son transversales a muchos de los desafíos que tenemos como país. ¿Es acaso posible mejorar, por ejemplo, los niveles de la educación, sin mejorar la comprensión lectora? ¿Es posible salir del cerco de ser exportadores primarios y del extractivismo que arrasa con nuestras tierras y recursos naturales no renovables si no potenciamos nuestras capacidades culturales y creativas? Y la misma democracia: ¿es posible tener una verdadera democracia sin sujetos críticos, pensantes, activos y creadores?
—Alejandra Araya: En esta pandemia dos grupos han visto vulnerados de manera violenta sus derechos: las trabajadoras de casa particular, a quienes no se les reconoce su labor como trabajo propiamente tal, y los trabajadores y trabajadoras de la cultura, cuyas actividades no son valoradas desde la lógica del capital. ¿Qué se requiere para instalar la cultura como bien común en términos de protección social y laboral?
Angélica Arias: nos pasa algo similar en Ecuador. Cuando empezó la pandemia y se pensó desde el gobierno nacional en unos bonos mínimos para que la gente pudiera atender las necesidades básicas en los momentos más crudos, uno de estos bonos se pensó para el sector cultural, que en Ecuador tiene una informalidad muy alta. Y cuando se plantea, una mayoría preocupante de la sociedad ecuatoriana reclamó que se repartía este recurso en un ámbito “inútil”, que no “produce”. Varias de esas voces eran de los mismos artistas y gestores culturales. Con eso nos hemos dado cuenta de los muchos procesos que debemos llevar a cabo para tener un reconocimiento de la actividad cultural y artística. Todos sabemos que, en la oscuridad de la pandemia, lo que nos logró dar un respiro, un poco de ánimo, fue el acercamiento con el arte y la cultura.
En cuanto al reconocimiento de la cultura como un bien común y esencial, un buen paso es que esté en la Constitución, pero no es el único paso ni el definitivo. Luego de la definición como bien común viene la definición de la política pública, en los distintos ámbitos y sectores, y después su implementación. Todo este esfuerzo normativo que va desde la Constitución hasta los instrumentos más pequeños y territoriales se tiene que hacer garantizando que las políticas lleguen a todos los sectores de las culturas, las artes y los patrimonios. Estos marcos normativos tienen que adaptarse y estar abiertos a la diversidad de la cultura viva.
Yasna Provoste: un bono para los trabajadores culturales y artistas es algo que nosotros no tuvimos. La pregunta de las organizaciones culturales acá era de qué servía tener un ministerio si el ministerio iba a permitir la vulnerabilidad y precariedad del sector. Entonces, la conexión entre democracia y cultura es algo que nosotros hemos visto debilitarse. Durante tres años consecutivos, el ánimo permanente de esta administración ha sido reducir los presupuestos culturales y entender la cultura como algo accesorio. Lo que anhela uno es que este proceso constituyente se haga mirando experiencias que sean positivas, por eso me alegra compartir con la ministra de Cultura de Ecuador. En nuestro país fue bien premonitoria la discusión sobre el nombre del ministerio, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero esa definición queda inconclusa si no somos capaces de tener escaños reservados para que nuestros pueblos [indígenas] no tengan que tener voceros en este proceso, sino que sean ellos mismos capaces de recuperar la palabra y generar en este nuevo proceso constituyente, no un artículo, sino una Constitución entera que se impregne desde el primer hasta el último artículo de una lógica de reconocimiento de derechos culturales y de respeto a la diversidad y la presencia ancestral de pueblos en este territorio.
Paulo Slachevsky: la desigualdad imperante es un tema de la sociedad en general, más allá del mundo de la cultura. El único camino es avanzar hacia el salario básico universal, que la riqueza de nuestros países sea para todos, todas y todes. Ahora bien, en ese camino es fundamental revalorar el espacio de la cultura y a quienes se dedican a ella, garantizando sus derechos básicos: salud, educación, vivienda y previsión. Lamentablemente, como el trabajo cultural es muchas veces un trabajo parcial y fragmentado, es fundamental que políticas públicas puedan garantizar esos derechos. Siempre en Chile celebramos a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, pero, al mismo tiempo que se celebran, los nuevos autores de poesía se excluyen de las bibliotecas porque “no venden”, y, al final, los mecanismos de apoyo del Estado son los concursos. Una vez más, compitiendo unos con otros en vez de construir juntos, llegando al límite de considerar que el gasto en cultura es una pérdida de recursos. Cuando, al contrario, es una inversión en las personas y la sociedad toda. Hay que cambiar el chip y recordar a las huelguistas de Massachusetts, que decían “queremos pan y también las rosas”.
Alejandra Araya: Para cerrar, les quiero ofrecer la palabra para algunas conclusiones finales.
Angélica Arias: como les decía, si bien ya tenemos varios instrumentos normativos que reconocen la interculturalidad, todavía nos falta mucho por avanzar. Nos falta mucho trabajar con las comunidades en plantear los proyectos de abajo hacia arriba, desde los territorios. Si hay algo que me apasiona de Latinoamérica es que tenemos estas diversidades impresionantes, pero no logro entender por qué no logramos consolidarnos como región teniendo anhelos muy parecidos. Uno de los temas más fuertes es lograr institucionalidad en cultura. A veces pensamos que, cuando se trata de cultura y de arte, la institución o la norma nos sacan de ese aspecto tan creativo y flexible. Pero no es así, deberíamos tener instrumentos que nos ayuden a avanzar.
Yasna Provoste: nos dijeron durante 40 años que el motor del desarrollo era la competencia y no la colaboración. El que quería colaborar era tildado de ingenuo. No es baladí que los esfuerzos a los que accede el Gobierno para incrementar los recursos en cultura sean mediante más fondos concursables. Lo decía Paulo: lo que hay detrás de esa lógica es hacernos competir. Cuando vemos un malestar generalizado en la sociedad, cuando vemos que el 25 de octubre pasado la ciudadanía se manifestó por aprobar un cambio constitucional, hay quienes buscan aferrarse a ciertos modelos culturales y uno de ellos es la competencia. Nos tratan de colocar esta lógica en todos los espacios, incluidos los espacios culturales. Es un momento para que todos contribuyamos a la pregunta sobre qué país queremos construir, qué modelo educativo necesitamos, qué desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio.
Paulo Slachevsky: quiero recoger unas palabras de la intelectual hindú Vandana Shiva: “nuestra única opción es curar la tierra y, al hacerlo, curar y recuperar nuestra humanidad, creando esperanza para nuestro único futuro como una humanidad en un planeta”. Para lograr ese cambio, claramente la cultura debe ponerse en un lugar central. Se trata de un cambio cultural en el sentido amplio; en la forma de hacer política, en la forma de relacionarnos con la naturaleza y con el prójimo, liberándonos de la cultura de la competencia y de la explotación de unos sobre otros, de la cultura patriarcal. Estas culturas están en nuestras cabezas y no es fácil cambiarlas. A propósito de la pandemia, podríamos decir que al menos tres pandemias han ejercido una violencia brutal sobre nuestras expresiones culturales: el colonialismo, con el colonialismo cultural, que sigue siendo muy fuerte cuando valoramos más lo que viene de afuera y marginamos nuestra producción; la dictadura, con su brutal represión, que hizo un corte abrupto en la cultura que aún no se ha logrado reconstruir; y el neoliberalismo, que ha mercantilizado la cultura anulando la diversidad y reduciendo todo a mercancías. Recordemos que Paulo Freire escribió en Chile Pedagogía del oprimido, donde habla de la lectura como una experiencia de libertad que tenemos que lograr que viva toda la sociedad. Basta de comprar tanques y potenciar la represión, basta de gastar dinero en escopetas y balines que le quitan los ojos a chilenos y chilenas. Es necesario apostar por la cultura, la creación propia. Así, claramente vamos a tener un país diferente.
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Angélica Arias: ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Es arquitecta y magíster en Gestión del Desarrollo Comunitario. Fue subsecretaria de Memoria Social, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y gestora de sitio de Quito como Patrimonio de la Humanidad.
Yasna Provoste: senadora por la Región de Atacama. Es profesora y magíster en Educación. Fue diputada y ministra de Educación, además de intendenta de la Región de Atacama y gobernadora de la Provincia de Huasco. En el Senado integra la Comisión de Educación y Cultura, la cual presidió entre 2018 y 2019.
Paulo Slachevsky: fotógrafo y periodista. En 2014 fue condecorado como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Actualmente, integra el Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y es director de LOM Ediciones.
Alejandra Araya: historiadora de la Universidad de Chile y doctora en Historia por El Colegio de México, especializada en historia de las mentalidades en Chile y América colonial. Es directora del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
¿Cuál debería ser el lugar de la cultura en una nueva Constitución? ¿Es la cultura un insumo básico que tendría que estar entre las exigencias inamovibles de una Constitución del siglo XXI? Abrimos la conversación a días del histórico plebiscito del 25 de octubre para saber la opinión de creadores, gestores, académicos y representantes del mundo del arte. Hablan Gonzalo Díaz, Antonio Becerro, Jaime Bassa, Bárbara Negrón, Santiago Schuster, Consuelo Andronoff, Tomás Peters y Cristóbal Gumucio.
Por Javier García Bustos
Se convirtió en uno de los libros más vendidos tras el estallido social y siguió siéndolo hasta hace algunas semanas. No era un nuevo título de Harry Potter ni de Dan Brown. Empinada en el ranking de bestsellers e impresa por Editorial Jurídica de Chile, la Constitución acaparó el interés de los ciudadanos.
¿Por qué la urgencia en leer la Constitución que nos rige desde 1980? Y, ¿qué dice sobre la cultura la Constitución redactada en dictadura y que ahora podría modificarse ante el histórico proceso constituyente que se inicia con el plebiscito del 25 de octubre?
Ilustración de Fabián Rivas.
“La presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas en el país”, explica el abogado Jaime Bassa. “La actual Constitución no garantiza ninguna forma de derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad”, agrega Bassa, autor de los libros La constitución que queremos (2019) y Chile decide (2020).
La idea de los derechos culturales “está presente en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece que ‘Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico’”, explica el abogado Santiago Schuster. “De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, adoptado por Naciones Unidas, consagra el derecho a toda persona a participar en la vida cultural… Estas disposiciones, de reconocimiento universal, contienen la más concreta consagración de los derechos culturales como derechos fundamentales”, agrega. Y sobre referencias internacionales de cómo incluir la cultura en la Constitución, Schuster cita ejemplos europeos: “La Constitución de España, Grecia, Italia, Portugal y Suecia consagran el derecho de libertad de creación intelectual y artística”.
Del ámbito americano, Tomás Peters, sociólogo y doctor en Estudios Culturales, cree que podemos aprender de México. “Si bien no ha integrado en su Constitución esta discusión, sí ha elaborado dos leyes específicas sobre derechos culturales: ‘Ley General de Cultura y de Derechos Culturales’ y la ‘Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México’, y en ambos casos yo creo que se puede aprender mucho para nuestro actual proceso”.
¿Qué opinan creadores, gestores, académicos y representantes del mundo del arte sobre cómo abordar la cultura en una posible nueva Constitución para Chile?
El Premio Nacional de Artes 2003 Gonzalo Díaz comenta la relevancia de que “el espíritu y el texto de una nueva Constitución promueva una convivencia social, donde las enormes desigualdades tiendan a disminuir drásticamente, y al mismo tiempo garantice que la práctica del abuso desmedido de la minoría ya no será posible”. El académico cree que “declarando con precisión y con fuerza los derechos de los ciudadanos, la salud, la educación, la vivienda, la jubilación, el acceso a la cultura considerados como derechos efectivos, será el mayor logro cultural que podamos soñar como país y como nación”.
Para el artista visual Antonio Becerro, “no se trata solo de cambiar las leyes o la Constitución, sino que este cambio debe ir acompañado de la derrota de la pedantería de la cultura actual neoliberal de mercado que domina a Chile”.
Entre las reivindicaciones históricas del ámbito cultural que deberían estar en una nueva Constitución, Becerro, director de Perrera Arte, centro cultural que cumple 25 años, cree que “habría que recuperar los espacios públicos para manifestaciones artísticas sin represión alguna, reivindicar los medios de comunicación masivos, televisión, diarios, radios, etcétera. Estas acciones, para la actual Constitución son indebidas, de modo contrario, la nueva Constitución debería considerarlas legales y necesarias”.
Uno de los desafíos que podría plantear una nueva Constitución, reflexiona Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales y la Unión Nacional de Artistas, “es lograr comunicar lo que significa, en concreto, tener derecho a acceder a la cultura. No es fácil, pero, por ejemplo, hoy tenemos evidencia de que las personas con menos recursos, menos años de educación y más edad -adultos mayores-, consumen menos bienes culturales que quienes son los privilegiados en esta sociedad”.
Crisis y patrimonio
Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 se efectuaron una serie de diálogos ciudadanos, en plazas, juntas de vecinos y espacios culturales. A finales de ese mes, el centro cultural Matucana 100 convocó a más de 30 instituciones ligadas a la cultura y más de dos mil personas se reunieron en sus dependencias. Fueron las primeras señales de que la ciudadanía quería cambios más profundos.
A casi un año de aquella actividad, Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100 hoy enfrentado ante un proceso constituyente, comenta: “hay que entender a la cultura no como un sector, sino más bien como un elemento central y transversal para el desarrollo del país, en este sentido denotar la responsabilidad del Estado para con la cultura”.
Pocos días después de los diálogos ciudadanos en Matucana 100, a inicios de noviembre, más de cien escritores y editores se reunieron en una asamblea en la sala Sazié, de la Casa Central de la Universidad de Chile. Entre otros, estaban Nona Fernández, Francisco Ortega, Pía Barros, Galo Ghigliotto y Marcelo Leonart. El objetivo era común: demostrar la participación de un gremio ante los problemas del país. “No sé si los escritores todavía tenemos alguna incidencia en la política, probablemente sí, por eso estamos acá”, dijo entonces el poeta Jaime Luis Huenún, Premio de Poesía Jorge Teillier 2020.
En los meses siguientes se instaló la crisis sanitaria producto del Coronavirus. La pandemia se propagó y entonces la desolación del sector cultural fue total. Los artistas difundieron en redes sociales los hashtags #LaCulturaDiceBasta y #ExigimosQueRenuncien, en referencia a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y al subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
Ya en junio la prensa informaba: “La deuda histórica con la cultura queda en evidencia con la pandemia: Ministerio no da el ancho y sector lanza su propio plan”, apuntó El Mostrador. El mismo mes, la escritora y actriz Nona Fernández señaló en CNN: “Estamos viviendo un momento realmente difícil de completo abandono estatal”. En tanto, el subsecretario Juan Carlos Silva planteó en La Tercera: “El ministerio no tiene capacidad de ayuda social”.
El Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) envió el 27 de agosto una carta a la ministra Consuelo Valdés ante recortes en el sector y la suspensión del Programa Acciona: “El arte y la cultura agonizan y nuestro Ministerio nos abofetea y asfixia (…) Las organizaciones sin financiamiento estatal están destinadas a desaparecer y con ellas un eslabón vital para el desarrollo de la Cultura y las Artes a lo largo del país”.
Santiago Schuster, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, asegura que “lo que ha sido ignorado es que la cultura es una necesidad básica del ser humano, un mínimo sin el cual no se puede alcanzar la realización personal, y por ello debe ser incluida en una nueva Constitución como un derecho equivalente al derecho a la salud y a la educación. Ese es un reclamo histórico que no corresponde a un sector, sino que incluye a toda la ciudadanía”.
Un tema que no quiere dejar afuera de la discusión Santiago Schuster, exdirector general de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), son los derechos de autores y de qué manera garantizar, en una posible nueva Constitución, que sean debidamente respetados. “La trasgresión del derecho de autor, como derecho fundamental, se encuentra actualmente garantizada mediante el recurso de protección. Lo que sería necesario agregar es el derecho a una justa compensación por la utilización de una creación intelectual, que sería un freno al creciente intento por vaciar al derecho de autor de su contenido remuneratorio en aras del acceso a la cultura, como si se tratara de una responsabilidad de un sector -el de los creadores- y no una genuina obligación del Estado”.
En tanto, Tomás Peters recalca que una nueva Constitución “debería reforzar el derecho a la vida cultural”, ya que “existe cierto consenso en que las condiciones laborales de los artistas siguen siendo precarias. Sumado a ello, y según los estudios recientes, el acceso a la cultura-artes en Chile ha ido disminuyendo en la última década”, agrega.
La opinión entre los diferentes actores sobre la cultura como “derecho fundamental” en una nueva Constitución es un consenso. “La cultura, las artes y el patrimonio en la vida de las personas es imprescindible, por eso la cultura debe considerarse como un bien de primera necesidad”, señala Consuelo Andronoff, directora de arte e integrante de ATAA CHILE (Asociación de Trabajadores de Arte Audiovisual).
Andronoff puntualiza sobre la Constitución de 1980 que “promueve la mercantilización donde todo tiene que ser rentable, y es ahí donde la cultura se ve olvidada. Pero no podemos pensar en el desarrollo de una sociedad sin considerar su cultura. Y para eso se necesita implementar políticas públicas que la sustenten, que mejoren las condiciones y oportunidades de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural. La cultura ayuda a la integración social y educa. Educar es formar seres humanos libres, críticos, comprometidos con la comunidad, con la sociedad y sus tradiciones”.
El mercado y lo público
Con el regreso de la democracia se crearon políticas públicas reconocibles y se masificaron métodos de postulación de financiamiento a los artistas. En 1992 se creó el Fondart (Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes), que hoy es administrado por el Ministerio de las Culturas. En 2019, para la ejecución de 2.184 proyectos a nivel nacional, el ministerio asignó más de 22 mil 600 millones de pesos.
“Las lógicas mercantilizadas propias del Estado subsidiario han debilitado el desarrollo y promoción de las artes y de las culturas, sometiendo sus prácticas a las dinámicas propias de los fondos concursables, precarizando la actividad creadora y de difusión en un sector que es fundamental para el país”, opina el abogado Jaime Bassa. “La virtual ausencia de financiamiento estatal de carácter permanente es una muestra más del deterioro progresivo de lo público”, añade.
Tomás Peters precisa que el Estado “ha fortalecido un modelo basado en competencias desiguales con los fondos concursables. Es sabido que los fondos concursables no son ‘concursables’, sino más bien instrumentos de selección”. Frente a este panorama, Peters comenta que una nueva Constitución “no podrá por sí sola solucionar los problemas de la oferta cultural -subsidio a los artistas-, sino que más bien puede reforzar que la demanda -el público- pueda tener un acceso igualitario. Una reivindicación del sector cultural debería ir por este registro: reforzar el derecho al acceso cultural y que el Estado genere las condiciones propicias para que los ciudadanos puedan gozar de las artes, acceder a ellas sin barreras económicas o simbólicas”.
En tanto, Cristóbal Gumucio, de Matucana 100, señala la relevancia de incluir a las regiones para ampliar el diálogo: “Tenemos que reivindicar la multiculturalidad y el desarrollo de los territorios, rompiendo con el centralismo del Estado”, y agrega que el llamado “derecho a la cultura”, entendido como un derecho fundamental, “tiene que establecerse en un marco definitivo que reivindique a la cultura como un elemento esencial de la nueva Constitución”.
Para finalizar, reflexiona Consuelo Andronoff, “bibliotecas, cines, teatros, danza, museos, artes visuales, música, poesía, amplían el aprendizaje de nuestra historia, el patrimonio cultural es importantísimo en una sociedad sana; poder mirar hacia atrás, comprender nuestra historia en base a diferentes manifestaciones culturales es una forma de conocerse y de poder desarrollar una opinión y un pensamiento crítico en lo que queremos generar a futuro. Por eso la importancia de tener políticas públicas que ayuden a tener una sociedad que dialogue”.
