Derechos culturales, besos y libertades (a la memoria de Pedro Lemebel, un irreducible)

Por Faride Zerán

La crónica donde Pedro Lemebel describe cómo cruza el teatro repleto de jóvenes que aplauden el retorno de Serrat a Chile, a inicios de la transición, es memorable. Su nombre le sabe a hierba y es la voz que, cual banda sonora de las décadas de la ira, retumba en ese auditorio de la Universidad Arcis repleto de chicas y chicos que han tarareado las canciones de su ídolo y lo aplauden a rabiar.

Lemebel avanza por el pasillo, se para frente a Serrat y le estampa un beso en la boca. Los insultos no se hacen esperar. Maricón es lo más suave que se escucha de esa audiencia macha que se mira progre pero que no resiste la performance de loca y de fan con la que Lemebel los provoca.

Algo similar hará Lemebel cuando recibe el Premio José Donoso de la Universidad de Talca, premunido de sus tacos altos aguja, ante la formalidad y el terror de su rector.

¿Qué es el arte sino el gesto que provoca, que incomoda, que interpela, que critica, que reinventa la forma de mirar?

¿Qué es la creación sino el intento de subvertir los límites de la realidad otorgándole otros horizontes éticos y estéticos desde donde imaginar, narrar, plasmar otros mundos, otros horizontes, otros lenguajes?

En un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual.

La respondió en su momento la propia ministra del área, al señalar que no se trataba de un ámbito prioritario, o cuando este año el gasto en cultura se tradujo en un 0,3% , lejos del 2% que la UNESCO recomienda como piso; o cuando el Observatorio de Políticas Culturales nos dice que el 81% de los trabajadores de la cultura encuestados en Chile sufrió una disminución o el cese de sus actividades y el 54% no obtuvo ayuda en medio de la crisis, a diferencia de países europeos donde los Estados ayudaron al sector, como la Alemania de Merkel, que anunció un aporte de alrededor de 2.100 millones de euros para la cultura.

Y es que no basta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señale que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Es letra muerta, al menos en Chile, donde los creadores están condenados a concursar/competir por recursos estatales; donde el analfabetismo funcional es alarmante; y donde en plena pandemia se abren las puertas de los centros comerciales, no de las industrias culturales que alimentan el alma, sino de aquellas que nutren las arcas de los grandes empresarios, asumiendo que un mall abierto es menos peligroso que un teatro, una librería o una sala de conciertos con aforos limitados.

Pero hablar de cultura o esgrimir la necesidad de que los derechos culturales estén en la nueva Constitución, implica asumirnos en una diversidad y pluralidad que va más allá de los cánones formales con que se expresa “lo cultural”. Significa re-conocer territorios, etnias y disidencias sexuales. Nos exige re-mirar y re-democratizar las dimensiones artísticas, culturales y patrimoniales que nos constituyen, sobre todo en tanto comunidades críticas, complejas y problematizadoras.

Nos demanda interpelar al poder que no tolera los trazos y las obras del arte callejero en medio de un estallido social, y que, amparándose en la impunidad de los toques de queda, los borra, como si con ello desaparecieran las causas que lo originaron. O denunciar las amenazas a quienes dibujan con luz las palabras “hambre” o “pueblo”, como ocurrió con los hermanos Gana; o reaccionar ante las querellas contra LasTesis y sus performances contra la violencia machista, por citar ejemplos recientes.

En definitiva, si hablamos de derechos culturales en la nueva Constitución debemos prepararnos para luchar por ampliar los márgenes de la libertad de expresión y de creación; por ensanchar los límites de la democracia; por asegurar el acceso amplio de los territorios a cada una de estas manifestaciones; por asumir que sin libros, sin cine, sin teatro, sin música, sin filosofía, sin grafitis, sin Lemebel estampando un beso en la boca de un rector o de un cantante, la vida puede ser la letra muerta de una mala canción o una horrible caricatura de sí misma.

Como ocurrió en 1992, cuando una gran mole de hielo, blanca, sin identidades ni memorias, fue la representación cultural de Chile en la famosa Expo de Sevilla. Eran los inicios de la transición, Chile se mostraba como un país blanco, frío, sin memoria, sin dolores, sin historia. “El iceberg de Sevilla” se levantaba, así, como una metáfora de la simulación. Sin embargo, treinta años después, la faz sumergida de ese iceberg, estalló.

Mohamed Bouaziz, Sergio Bordillo y Daniel Blake: narrativas sobre humillados

Por Faride Zerán

Usted seguramente no sabe quién fue Mohamed Bouaziz; quizás tampoco le suena el nombre de Sergio Bordillo, aunque de pronto, si es cinéfilo, se puede acordar del personaje de la película Yo, Daniel Blake, del cineasta Ken Loach, que obtuvo en Cannes la Palma de Oro hace cuatro años. La línea que une a los tres hombres, el primero, tunecino; el segundo, un ciudadano chileno; y el último, un carpintero británico enfermo y pobre en la ficción de Loach, es la humillación. Un sentimiento que aflora cuando quienes deben responder por sus derechos y bienestar, por acción u omisión disocian la palabra dignidad de aquella que define a la pobreza. Mohamed Bouaziz fue un joven vendedor ambulante tunecino, quien, a los 26 años, cuando funcionarios municipales le confiscaron su carro de frutas y en protesta por el abuso y la humillación de ese acto que le impedía ganarse la vida, decidió inmolarse el 17 de diciembre de 2010. Su muerte desató una ola de protestas que dio origen a la Primavera Árabe, protagonizada principalmente por jóvenes pobres y desempleados que salieron a las calles en Túnez, Egipto y otros países de la región.

Daniel Blake es el carpintero de 59 años que, luego de un infarto y de la recomendación de su doctora de dejar de trabajar por un tiempo, asume que sólo puede sobrevivir si obtiene la ayuda del Estado, una ayuda que se escurre cada vez más en medio de una burocracia que lo humilla en las largas esperas, en los extensos interrogatorios kafkianos o en papeleos que debe llenar solo a través de una computadora que no maneja. Finalmente, esa despiadada burocracia lo lleva a rebelarse y a maldecir las políticas de Thatcher en el sistema de seguridad social británico, cuyos efectos devastadores finalmente le provocan la muerte.

De Sergio Bordillo, pese a que es chileno, que vive en Colina y que lo vimos en los noticieros de televisión hace sólo unas semanas, conocemos menos. Sabemos, por ejemplo, que es un buen padre y abuelo, porque pese a la cuarentena que le impedía desplazarse, consiguió un permiso para hacer una larga fila ante el Registro Civil de Colina para activar la clave única de su hija, requisito fundamental para poder acceder a la ayuda estatal.

Pero este vecino no era el único que estaba tras ese trámite. Decenas de hombres y mujeres hacían largas filas esa mañana fría y lluviosa de invierno y pandemia. La situación, luego de más de cuatro meses de encierro obligado, de pérdida de empleos, de ausencia de políticas de ayuda oportuna a millones de ciudadanos, tornaba insostenible cualquier espera.

Por ello, la escena protagonizada por Sergio Bordillo no sólo era desesperada, sino que contenía toda la angustia que encerraba el lugar. Se puso de rodillas y, a viva voz, con las manos en alto, le rogó a la funcionaria que pasaba por su lado que por favor lo atendieran porque en su familia estaban todos cesantes y esa clave única le abría las puertas a una ayuda que resultaba vital.

La humillación de este vecino de Colina, quien expuso su drama ante todo el país, era similar a la que seguramente sintieron muchos hombres y mujeres que abrían las puertas de sus casas para recibir las cajas de alimentos básicos que entregaba el gobierno, pero a quienes nadie les había advertido que junto a las cajas esperaba más de alguna autoridad de turno, con cámaras y flashes, transformando un derecho, una ayuda estatal para las personas que en momentos de catástrofes requieren apoyo para sobrevivir, en un gesto de limosna ejecutado arbitraria y mediáticamente por quienes detentan el poder.

Quizás advirtiendo esta realidad, cientos de mujeres han asumido en sus barrios y poblaciones que las ollas comunes no sólo son una repuesta ante la necesidad y pobreza frente a la crisis sanitaria, social y económica que vive actualmente el país, sino que además son una expresión de organización, solidaridad y resistencia.

Muchas de ellas poseen una memoria social frente a contextos adversos, como los de inicios de la década de los años 80, cuando en plena dictadura la miseria y el desamparo golpeaban los hogares de los más pobres con empleos precarios ofrecidos en programas estatales como el PEM y POJH, creados por el régimen para mitigar la miseria.

Con un desempleo del 23% en 1982 y de 31,3% en 1983, ese año sería clave en tanto marcaba la primera protesta nacional contra el régimen y su modelo.

De las ollas comunes de ese tiempo a las que surgen hoy en distintos sectores de Santiago y del país hay casi cuatro décadas de distancia. En ellas se ha ido consolidando no sólo un modelo de desarrollo y una forma de crecimiento, sino también una manera de mirar, de analizar, de sentir el devenir de un país, en un consenso que ha sido compartido transversalmente por décadas.

Ese acuerdo sobre el modelo económico que va más allá de las sensibilidades políticas, porque cruza a toda la élite, de gobierno y de oposición, hoy nuevamente ha sido puesto en jaque. Porque ante la magnitud de la crisis, ahora está siendo confrontado por una opinión pública que en más de 80% está dispuesta a sacar el 10% de sus ahorros previsionales para sobrevivir en un momento en que las ayudas estatales resultan escasas o tardías ante la profundidad de la catástrofe.

Es decir, una mayoría de chilenos y chilenas que no son parte de ese acuerdo, porque nunca fueron consultados, están interpelando a esa élite que se niega a escuchar.

Esto es tan grave como las vidas, demasiadas vidas, que ha cobrado la pandemia. Porque no sólo corrobora la disociación de esa élite que define los destinos del país sin escucharlo, sino que reitera lo que el vecino de Colina pensó cuando se arrodilló frente a una representante del Estado –que debe protegerlo– clamando por un número de atención o lo que las mujeres que están tras las ollas comunes intuyen desde hace décadas.

Porque sin preguntarse y sin manifestar interés en la legitimidad política y social de sus decisiones, esa élite pareciera no estar dispuesta al cambio. Entonces, la promesa de un pacto social es sólo promesa, y no basta con historias como la de Daniel Blake, en la ficción de Loach, o la de Mohamed Bouaziz, cuya inmolación dio origen a la revuelta árabe.

Pese al horror del presente de pandemia y su secuela de vidas destrozadas y de muertes, instalar la mirada en octubre con su promesa de plebiscito y de debate constituyente adquiere una urgencia política e institucional dramática. Porque, como dice Neruda, aunque muchos esperen cortar todas las flores, no podrán detener la primavera.