La dictadura cívico-bestial

Ingrid Olderock: la mujer de los perros, de la periodista Nancy Guzmán, es un libro crudo, revelador y devastador, que contiene varias aristas desconocidas de la DINA, su funcionamiento y su trama, con múltiples evidencias trianguladas con nutridas fuentes documentales y orales que la autora ha indagado por años y que ha volcado en otras importantes investigaciones periodísticas sobre este aparato represivo y sus actores más brutales, como Romo. El pasado en presente.

Por Yanko González

Resulta necesario introducir este libro con un par de apreciaciones que se alejen del estremecimiento y se acerquen a ciertas cavilaciones contextuales. Creo que ello es importante en libros como este donde la barbarie y el terrorismo de Estado se revelan en su morfología microscópica y no en sus abstracciones numéricas, listados o resúmenes, que tienden a desactivar el horror. La primera consideración es entender qué sucede cuando el poder en un Estado es detentado sin contrapesos y de la forma más pura por sus fuerzas represivas. Eso es lo que ocurrió en Chile de manera más “pura” en los primeros años de la dictadura y por ello a esta fase deberíamos llamarla tiranía, especialmente en los 4 años de vigencia de la DINA al mando de Manuel Contreras. Este poder casi total, de vocación totalitaria, vertebrada de manera cardinal por la violencia, es parte de la esencia de la dictadura cívico-militar chilena en sus primeros años y ello hace que aparezcan singularidades históricas en nuestro país en el contexto continental o latinoamericano: el régimen no sólo escenifica actos juveniles nazi-fascistas en Chacarillas, sino también, como lo demuestra pormenorizadamente este libro, cuenta con “cuerpos inéditos” para materializar la barbarie, como lo fueron las brigadas femeninas de la DINA formadas y lideradas por la protagonista de esta obra, la oficial de carabineros Ingrid Olderock.

La evidencia del control cuasi total del Estado por parte de los aparatos represivos se da justamente por las aparentes extravagancias y anomalías de la dictadura. La DINA cuyo imperativo —impuesto por el propio Contreras según documenta Nancy Guzmán— era contar entre sus filas con “prostitutas, ladrones y asesinos”-, releva a las mujeres en un rol inédito, incubando en el régimen una paradoja sólo posible cuando la política y su sustrato ideológico quedan subordinadas a una violencia que, como en el nazi-fascismo, su superficie es “racional”, maquinal, calculada, industrial, pero deviene casi en simultáneo en desvarío bestial y, como sabemos por Hannah Arendt, en la extensión de la “banalidad del mal” que en el caso de Ingrid Olderock toma una fórmula discursiva recurrente: “hacían —dice ella, refiriéndose siempre a los otros colegas de la DINA— muchas tonteras”. “Tonteras” es la nomenclatura que cobija aquí la banalidad del horror. Ahora bien, esta banalidad y desvaríono sólo bestial sino megalómano en el caso de Manuel Contreras que se veía como paladín anticomunista de rango mundial- conduce a una dictadura androcéntrica y patriarcal, que privilegiaba a los varones tanto en la militancia como en la dirección de casi todas sus orgánicas políticas y estatales (para las mujeres estaba la Secretaría Nacional de la Mujer o CEMA Chile), a ocupar mujeres para lo que, en su propia óptica, por “su naturaleza” no habían sido creadas. Para el régimen la mujer en cuanto madre y esposa será “la roca espiritual de la patria”, como lo plantea la Junta de Gobierno en su Declaración de Principios de 1974 y, en términos políticos, a lo más una trinchera civil dada su “especial sensibilidad” a los discursos de orden. De ahí que la dictadura promoverá sistemáticamente su subordinación a través de la imagen de madre y voluntaria, apartándola del binomio público-político entendido por la dictadura como “naturalmente” masculino. Aunque en el libro de Nancy Guzmán se pudiese colegir que las formas de “uso” de estos cuerpos femeninos como armas represivas vienen a reforzar -por su lugar en el campo de fuerzas de poder al interior de la DINA o su gravitación operacional- la subordinación de la mujer en el esquema ideológico del régimen, creo que lo que prima es precisamente -de ahí la paradoja- la contestación contradictoria y obviamente instrumental al predicado androcéntrico. Y ello es atizado por la profundidad alcanzada por la DINA como órgano todopoderoso que se solidifica con el mando de todas las unidades de inteligencia de las ramas de las fuerzas armadas hacia abril de 1974, es decir, muy tempranamente. Ahí es donde la temperatura totalitaria se incrementa a la par que el “todo vale” en pos del exterminio, incluyendo el uso de perros para consumarlo. En ese sentido el binomio “mujer y perro” son menos una metáfora que una hipérbole del desvarío omnímodo: no hay distinción entre lo sagrado (“la mujer”) y lo profano (“el perro”), se difumina todo tabú y límite cultural. Mujer y perro son instrumentos vaciados de sentido para ejecutar el tormento. El monopolio que ejerce la bestialidad explica también —como lo testimonia la propia protagonista— el salvajismo y torpeza de los integrantes de la DINA. Nany Guzmán da varias pruebas de ello. Son sujetos cuya maldad nubla más que aclara su “inteligencia”, como en sus acciones en Madrid y en varios países de Europa, donde la entidad operó a sus anchas y varias de las mujeres se convirtieron, en este todo vale, en “lanzas” internacionales. Trances donde Olderock —sin nunca reconocerlo— amplifica su sombra, transformándose en verdugo y martirizadora de su propia hermana y junto a su perro Volodia y todas sus subordinadas, en torturadoras brutales. Lo curioso —y este libro es clave en ello— que los sesgos, vacíos y omisiones sociohistóricas con respecto a las actorías femeninas alcanzan tal nivel de amplitud y calado en nuestro país, que las mujeres en tanto colectivo “asociativo” han sido omitidas hasta en el protagonismo de la barbarie.

Ingrid Olderock. La mujer de los perros
Crónica sobre la mujer más poderosa y brutal de la DINA

Nancy Guzmán
Montacerdos, 2021 (reedición)
272 páginas

Un segundo elemento clave en este libro y que creo no puede obliterarse a la hora de situarlo, son los alcances que adquiere el apellido de la dictadura chilena: cívico-militar. En esa adjetivación se tiende a asociar la responsabilidad del terrorismo de Estado y la “mano dura” —como el puño de la DINA— a lo “militar”, al mundo castrense, y la dominación política, ideológica, económica o “complicidad pasiva”, se reserva a los civiles, particularmente a la derecha civil. Este libro de Guzmán es especialmente llamativo por desclasificar los modos de reclutamiento y características de las integrantes de esta banda de asesinas y torturadoras: prácticamente ninguna pertenecía a las fuerzas armadas, de hecho, prácticamente todas habían sido rechazadas en sus procesos de postulación años antes (de ahí que estaban en las bases de datos de las fuerzas armadas y permitieron su enrolamiento). Por lo que tenemos vecinas, estudiantes y “dueñas de casa” arrojadas en pocas semanas y con escaso entrenamiento, a exterminar. Las consecuencias son obvias: su poderoso nuevo estatus reproduce en ellas el desvarío totalitario y protagonizan todo tipo de actos de salvajismo y delincuenciales sin freno alguno. De ahí que, por cierto, la chilena es una dictadura cívico militar, pero donde la barbarie la consumaba también y activamente, la civilidad. Y más allá, documentado el uso de otras especies no humanas para amplificar esta barbarie, cabría agregar a lo militar, lo de “cívico-bestial”, para apellidar la dictadura.  

Ingrid Olderock: la mujer de los perros, es un libro crudo, revelador y devastador, que contiene varias aristas desconocidas de la DINA, su funcionamiento y su trama, con múltiples evidencias trianguladas con nutridas fuentes documentales y orales que Guzmán ha indagado por años y que ha volcado en otras importantes investigaciones periodísticas sobre este aparato represivo y sus actores más brutales, como Romo. El pasado en presente (reeditado igualmente por Montacerdos). La crudeza y el estremecimiento, como el lector imaginará, están presenten de manera inevitable a través de las voces de las víctimas de Olderock. No obstante, no hay aquí atisbo de espectacularizar el dolor para comunicarlo. Una prosa viva, pero nunca efectista ni aséptica, logra narrar el horror imbricado a la factualidad de la historia y junto a ello, expone —mostrando la cocina de la investigación y el proceso escritural— la relación que establece la periodista con la protagonista. Más allá del apego irrestricto de los predicados éticos del periodismo, las simetrías y asimetrías de poder, el miedo, las sospechas y las confianzas, el trabajo de Guzmán convierte cada encuentro con “la mujer de los perros” en un intercambio cuya coreografía está sujeta por un guion que literalmente es dramático: vívidamente tensa, por momentos crispada y peligrosa y en algún momento con un revolver cargado sobre la mesa. Las relaciones con este tipo de testigos son siempre paradójicas pues lo que se comunica es lo que se niega, la mudez es más significativa que el habla. La amnesia no supone olvido, sino la voluntariedad del olvido y lo que se sugiere gestualmente es igual o más importante que el discurso que se escucha, en tanto anuncia lo indecible. Es ahí donde el brillo de Guzmán como narradora reluce y es capaz no sólo de ser un espejo de la realidad contada, sino una ventana que nos abre y sugiere mundos, opacos, retorcidos y mudos, a través de la protagonista.


El autor agradece a Newsletter, de librería Qué Leo Valdivia.

El sur austral dialoga sobre la cultura en la nueva Constitución

Interculturalidad, participación y descentralización son palabras clave en el glosario utilizado por el mundo de la cultura del sur austral. La de los derechos y la diversidad cultural es la lingua franca de los territorios de Chiloé, Aysén y Magallanes cuando se trata del reconocimiento de sus culturas, el fomento de sus artes y la protección de su patrimonio. Un diálogo que sus universidades públicas, a través de la Red Patagonia Cultural, han decidido estimular y proyectar de cara al proceso constituyente.

Por Equipo Palabra Pública

Más de 600 kilómetros separan Ancud de Coyhaique. Mil a Coyhaique de Puerto Williams. Y más de 2 mil a Quellón de Punta Arenas. Son distancias inimaginables para esa mentalidad santiaguina que suele agrupar a regiones extensas y diversas bajo etiquetas empobrecedoras como “el sur” o “el norte”. En los territorios de Chiloé, Aysén y Magallanes, sin embargo, las distancias se viven como un vínculo que los acerca, y a partir del cual revindican el valor de la diversidad de sus culturas y de la producción artística que recorre sus islas, mares y pampas.

Es lo que quedó patente en el ciclo de conversatorios “Proceso constituyente desde el sur austral: Miradas sobre educación pública, género, cultura y territorios”, organizado a fines de 2020 por la Red Patagonia Cultural, que conforman las universidades de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con el apoyo de la Red de Universidades del Estado de Chile. La iniciativa de las universidades públicas y regionales del extremo sur convocó a distintas voces del mundo local de la cultura a dialogar, desde sus experiencias y junto a la ciudadanía, sobre las oportunidades que abre el proceso constituyente que enfrenta el país.

Salvados por la cultura

Para la fundadora de Fundación Daya Punta Arenas y cocreadora de las cooperativas magallánicas de trabajo Caudal Cultural y Rosas Silvestres, Verónica Garrido, la actividad artística tiene la posibilidad de entrar por la puerta ancha al debate constituyente luego de la pandemia: “el mundo de las artes ha sido un pilar fundamental de las personas durante la pandemia, no sólo para el cuerpo, también para el espíritu. Considerando, sobre todo, la crisis de salud mental que vivimos. Ha servido para sobrellevar mejor toda esta situación”.

Una opinión que comparte Magdalena Rosas, cofundadora de la Escuela de Música y Artes Integradas de Coyhaique y cocreadora del Festival Internacional de Chelo de la Patagonia (CheloFest), pero que requiere “generar un marco teórico desde el cual conversar. Es clave entender que cultura es la capacidad que tenemos los seres humanos para reflexionar sobre nosotros mismos. Las artes y el patrimonio son parte de eso, pero lo estructural son nuestros sistemas de valores, tradiciones, creencias y modos de vida. Lo dice la declaración de UNESCO de 1982”.

“Es complejo el tema de la cultura —complementó Rosas, profesora de Música—, porque cada uno entiende lo que quiere o en base a lo que ha vivido. Lo importante es ser empático y entender las visiones de los demás. Ampliar la mirada y establecer ciertos acuerdos. Ya la construcción de una nueva Constitución es un proceso profundamente cultural. En ese sentido, a lo que yo más aspiro es a integrar la diversidad humana que tenemos en este país. En términos de género, de formas de relacionarnos, de educarnos”.

Para Fernando Álvarez, director del Museo de las Tradiciones Chonchinas y presidente del Centro para el Progreso y el Desarrollo de Chonchi, los procesos sociales que han vivido el país y el archipiélago de Chiloé han interpelado fuertemente a los espacios culturales en el sentido señalado por Rosas: el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. En el caso de la institución que dirige ello ha significado repensar “el rol del museo en la comunidad donde se inserta. Buscamos redefinirnos como un museo que se pone a disposición de la rearticulación del tejido social”.

“La pandemia y previo a eso el estallido social —añadió Álvarez— nos han llevado a plantear nuevas formas de comprender la gestión cultural. Más allá de tener acceso al museo como un bien de consumo cultural, se trata también de generar mecanismos desde el Estado para la protección de los trabajadores que son los productores de estos bienes culturales. Y comprender la importancia de los derechos culturales como derechos sociales y colectivos, por la diversidad de culturas existente en el archipiélago”.

Expectativas en torno a una nueva Constitución

En el debate conducido por la periodista Bárbara Besa, de la Universidad de Aysén, y convocado por la Red Patagonia Cultural, los artistas y gestores culturales coincidieron en ver el proceso constituyente como una oportunidad para cambiar el carácter de las políticas culturales del Estado.

“Cuando hablamos de derechos colectivos hablamos necesariamente de la Constitución como un pacto intercultural. Y de la cultura como un derecho social, donde el Estado garantice los derechos de producción, de acceso, autorales, a la diversidad”, sostuvo Fernando Álvarez. Para Magdalena Rosas, la pregunta por los derechos culturales interpela tanto a los artistas como al resto de los ciudadanos. E implica definir, dice, “cómo vamos a reconocer y expresar las realidades locales, comunales y regionales. Cómo avanzaremos para eliminar la concursabilidad y generar estrategias de desarrollo regional”.

Para el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile Fernando Atria, que también integró el debate, “la concursabilidad es la lógica de mercado. Viene de la afirmación de que incluso ahí donde no hay mercado, hay que organizar las cosas del modo más parecido al mercado”. El problema, añadió, es que “entregada la cultura al mercado suele no encontrar condiciones de fomento y reproducción. Por eso esperaría que la Constitución consagre el derecho a participar de la cultura”.

Un contrapunto puso Verónica Garrido: “por un lado es un momento inédito, pero la Constitución no es una varita mágica, es un proceso constituyente. Un momento para sentarnos a dialogar, reflexionar y avanzar en el ejercicio de la tolerancia”. Que se avance en ese proceso, explica, tiene mucho que ver con la participación y asociatividad a nivel local. La misma convicción, desde Chonchi, expuso Fernando Álvarez: “es muy importante que levantemos demandas territoriales y empoderemos a nuestros barrios, que son la primera fuente de nuestra diversidad cultural”.

[Diálogo] Derechos culturales y nueva Constitución

El 26 de noviembre de 2020, en el marco del primer Noviembre Cultural para Chile, iniciativa que permitió compartir con el país el trabajo artístico, cultural y patrimonial de la Universidad de Chile, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador Angélica Arias, la senadora Yasna Provoste y el director de LOM Ediciones Paulo Slachevsky, moderados por la directora del Archivo Central Andrés Bello Alejandra Araya, debatieron sobre el lugar de la cultura y los derechos culturales en la nueva Constitución que Chile se apresta a elaborar. A continuación, presentamos una síntesis de esta conversación.

Moderó Alejandra Araya
Ilustración de Fabián Rivas.

—Alejandra Araya: me gustaría iniciar con la cuestión de los derechos culturales, las artes, la cultura y el patrimonio como derechos humanos. ¿Qué son los derechos culturales? ¿Los podemos entender como derechos humanos? ¿Por qué debieran estar en una Constitución?

Angélica Arias: quisiera iniciar hablando sobre algunos procesos que se han llevado a cabo en el Ecuador respecto a cómo se consideran los derechos culturales en la Constitución, específicamente la de 2008, cuando los derechos constitucionales empiezan a incluir a los derechos culturales.

La Constitución determina que el Ecuador es un Estado de derechos, y esto implica que todos los derechos, sin distinción, son categorizados como derechos constitucionales, estableciendo la obligatoriedad suprema de su observancia y protección. Es así que se establece la construcción y prevalencia de la propia identidad cultural. Además, se desarrollan conceptos de observancia obligatoria del patrimonio material e inmaterial, dotándolo de una salvaguarda estatal y no taxativa.

Es importante mencionar también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, dispone que toda persona “tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En la misma declaración de la UNESCO se establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, intelectuales, materiales, afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y que caracterizan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las creencias.

El reconocimiento de los derechos constitucionales de la cultura y el patrimonio, sin embargo, no es garantía de su cumplimiento. La cultura no se considera una prioridad en la mayoría de los países de América Latina y sufre constantes restricciones, razón por la cual alcanzar la plenitud del goce del derecho constitucional a la cultura es una tarea pendiente.

Yasna Provoste: es central que en este proceso constituyente entendamos que los derechos culturales son esenciales. Chile es un país de 20 millones de personas habitando un territorio que se extiende sobre tres continentes, lo cual le otorga una diversidad de rostros, colores, climas, recursos naturales, pueblos, naciones y cultura. Cuando hablamos de derechos culturales no estamos refiriéndonos a un objeto separado de nuestra propia subjetividad colectiva; estamos hablando de nosotros mismos, de nuestros saberes, identidades y sueños, de nuestras expectativas y de nuestra memoria. Que el proceso constituyente incorpore la cultura como derecho significa el anhelo de que en el centro de todo esté la persona y su dignidad esencial, como ser racional y libre, con derechos que son anteriores y superiores al Estado.

Paulo Slachevsky: los derechos culturales son derechos humanos reconocidos de manera vinculante por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que establecen claramente el derecho a gozar y a participar de la vida cultural. Es muy interesante porque el pacto parte con el concepto de dignidad, que nos hace tanto sentido a los chilenos desde octubre de 2019. Ese primer párrafo dice: “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Ahora, ¿qué son los derechos culturales? En tiempos de neoliberalismo tendemos a confundirlos con el derecho al acceso, con la lógica del consumo. Claramente, el pacto del 66 va mucho más allá. Hace explícito el derecho a tomar parte de la vida cultural y la necesidad del desarrollo económico, social y cultural para salir de la miseria y ser ciudadanos verdaderamente libres.

Se mencionó la convención de UNESCO para la diversidad cultural. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos en un mundo donde la división del trabajo también se fomenta a nivel cultural; tenemos países productores culturales y países consumidores de cultura. Más del 90% de las pantallas de cine del mundo están ocupadas por el cine de Hollywood, que es interesante, pero representa sólo el 5 o 6% del cine que se produce a nivel mundial. En ese sentido, el mercado no permite un equilibrio, al contrario, favorece la concentración. Por eso es necesario que los países tengan derecho a proteger su cultura y que la cultura no funcione bajo la lógica de los tratados de libre comercio, que con su letra chica impiden que los países tengan una verdadera soberanía cultural. Por último, ¿por qué deberían estar en la Constitución? El mundo de la cultura ha estado en todos los cambios que hemos tenido como país —en los 80 contra la dictadura, también a partir de octubre de 2019—, pero en los 90 quedó fuera. Tardíamente se genera un Ministerio de las Culturas, el pariente pobre de los ministerios. Es necesario cambiar esa lógica si queremos ser sociedades con un desarrollo humano. Si vemos la Constitución del 80, cuatro veces se menciona la palabra cultura, contra 129 veces que aparece en la Constitución de Ecuador, 29 en la de Colombia y 99 en la de Bolivia. Eso establece un piso diferente, una voluntad explícita de que la cultura sea parte de la construcción de una vida digna.

—Alejandra Araya: hay constituciones que han considerado la cultura un elemento sustantivo de la democracia, pero esto podría ser una arenga para los convencidos de siempre. ¿Qué cambia en la vida cotidiana decir que los derechos culturales están considerados en la Constitución? ¿De qué forma uno podría decir que hay un antes y un después de garantizarlos constitucionalmente?

Angélica Arias: en mi país, mediante la asamblea constituyente, se modificó la concepción del Estado como pluricultural para transformarlo en Estado intercultural. Justamente, en el artículo 1 de la Constitución, se concibe la construcción de una sociedad por medio no sólo del reconocimiento de la cultura y sus distintas manifestaciones —que es a lo que se refiere lo pluricultural—, sino que parte de la necesidad de intercambio e interacción entre quienes la conforman, bajo el principio de iguales. Entonces, pasamos de reconocer las distintas culturas a poner en práctica su igualdad. Y eso lo que hizo fue abrirnos muchas puertas en cuanto a posibilidades de política pública.

Respecto a la relación entre democracia y derechos culturales, éstos están protegidos por mecanismos de participación social, que les dan a los ciudadanos la potestad de defenderlos en el marco de cuatro principios que se establecieron en la Constitución: participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, el derecho a ser consultados y a fiscalizar los datos del poder público. Estos cambios empujan a los ciudadanos a actuar en las decisiones de la vida pública y cultural. Los efectos se revisan en su vida diaria, porque empieza a haber una corresponsabilidad en las decisiones que se van tomando. Nos falta avanzar bastante en este sentido, porque nos hemos dado cuenta de que ni la función pública ni la ciudadanía están preparadas para los procesos participativos.

Yasna Provoste: garantizando el derecho a la cultura nos pasa lo mismo que garantizando la educación pública y de calidad; estamos contribuyendo a la cohesión social y, en definitiva, a lograr la paz. Tal vez por mi visión comunitarista de las relaciones sociales tiendo más a un Estado intercultural, lo cual supone la existencia de diversas culturas, pero también la legitimación del pluriculturalismo presente en nuestro país y el reconocimiento recíproco entre culturas. Y eso entraña un consenso sobre los valores comunes de esas culturas; por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales. La Constitución de Bolivia, al igual que la de Ecuador, refuerza el concepto de interculturalidad y dice que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. Esa es la mejor reflexión de por qué nosotros tenemos que garantizar en esta nueva Constitución estos valores.

Paulo Slachevsky: en 2013 me tocó participar de una carta que varias asociaciones del libro le hicimos a los candidatos a la Presidencia sobre la importancia de tener una política del libro. Les planteamos que la cultura y la política del libro son transversales a muchos de los desafíos que tenemos como país. ¿Es acaso posible mejorar, por ejemplo, los niveles de la educación, sin mejorar la comprensión lectora? ¿Es posible salir del cerco de ser exportadores primarios y del extractivismo que arrasa con nuestras tierras y recursos naturales no renovables si no potenciamos nuestras capacidades culturales y creativas? Y la misma democracia: ¿es posible tener una verdadera democracia sin sujetos críticos, pensantes, activos y creadores?

—Alejandra Araya: En esta pandemia dos grupos han visto vulnerados de manera violenta sus derechos: las trabajadoras de casa particular, a quienes no se les reconoce su labor como trabajo propiamente tal, y los trabajadores y trabajadoras de la cultura, cuyas actividades no son valoradas desde la lógica del capital. ¿Qué se requiere para instalar la cultura como bien común en términos de protección social y laboral?

Angélica Arias: nos pasa algo similar en Ecuador. Cuando empezó la pandemia y se pensó desde el gobierno nacional en unos bonos mínimos para que la gente pudiera atender las necesidades básicas en los momentos más crudos, uno de estos bonos se pensó para el sector cultural, que en Ecuador tiene una informalidad muy alta. Y cuando se plantea, una mayoría preocupante de la sociedad ecuatoriana reclamó que se repartía este recurso en un ámbito “inútil”, que no “produce”. Varias de esas voces eran de los mismos artistas y gestores culturales. Con eso nos hemos dado cuenta de los muchos procesos que debemos llevar a cabo para tener un reconocimiento de la actividad cultural y artística. Todos sabemos que, en la oscuridad de la pandemia, lo que nos logró dar un respiro, un poco de ánimo, fue el acercamiento con el arte y la cultura.

En cuanto al reconocimiento de la cultura como un bien común y esencial, un buen paso es que esté en la Constitución, pero no es el único paso ni el definitivo. Luego de la definición como bien común viene la definición de la política pública, en los distintos ámbitos y sectores, y después su implementación. Todo este esfuerzo normativo que va desde la Constitución hasta los instrumentos más pequeños y territoriales se tiene que hacer garantizando que las políticas lleguen a todos los sectores de las culturas, las artes y los patrimonios. Estos marcos normativos tienen que adaptarse y estar abiertos a la diversidad de la cultura viva.

Yasna Provoste: un bono para los trabajadores culturales y artistas es algo que nosotros no tuvimos. La pregunta de las organizaciones culturales acá era de qué servía tener un ministerio si el ministerio iba a permitir la vulnerabilidad y precariedad del sector. Entonces, la conexión entre democracia y cultura es algo que nosotros hemos visto debilitarse. Durante tres años consecutivos, el ánimo permanente de esta administración ha sido reducir los presupuestos culturales y entender la cultura como algo accesorio. Lo que anhela uno es que este proceso constituyente se haga mirando experiencias que sean positivas, por eso me alegra compartir con la ministra de Cultura de Ecuador. En nuestro país fue bien premonitoria la discusión sobre el nombre del ministerio, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero esa definición queda inconclusa si no somos capaces de tener escaños reservados para que nuestros pueblos [indígenas] no tengan que tener voceros en este proceso, sino que sean ellos mismos capaces de recuperar la palabra y generar en este nuevo proceso constituyente, no un artículo, sino una Constitución entera que se impregne desde el primer hasta el último artículo de una lógica de reconocimiento de derechos culturales y de respeto a la diversidad y la presencia ancestral de pueblos en este territorio.

Paulo Slachevsky: la desigualdad imperante es un tema de la sociedad en general, más allá del mundo de la cultura. El único camino es avanzar hacia el salario básico universal, que la riqueza de nuestros países sea para todos, todas y todes. Ahora bien, en ese camino es fundamental revalorar el espacio de la cultura y a quienes se dedican a ella, garantizando sus derechos básicos: salud, educación, vivienda y previsión. Lamentablemente, como el trabajo cultural es muchas veces un trabajo parcial y fragmentado, es fundamental que políticas públicas puedan garantizar esos derechos. Siempre en Chile celebramos a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, pero, al mismo tiempo que se celebran, los nuevos autores de poesía se excluyen de las bibliotecas porque “no venden”, y, al final, los mecanismos de apoyo del Estado son los concursos. Una vez más, compitiendo unos con otros en vez de construir juntos, llegando al límite de considerar que el gasto en cultura es una pérdida de recursos. Cuando, al contrario, es una inversión en las personas y la sociedad toda. Hay que cambiar el chip y recordar a las huelguistas de Massachusetts, que decían “queremos pan y también las rosas”.

Alejandra Araya: Para cerrar, les quiero ofrecer la palabra para algunas conclusiones finales.

Angélica Arias: como les decía, si bien ya tenemos varios instrumentos normativos que reconocen la interculturalidad, todavía nos falta mucho por avanzar. Nos falta mucho trabajar con las comunidades en plantear los proyectos de abajo hacia arriba, desde los territorios. Si hay algo que me apasiona de Latinoamérica es que tenemos estas diversidades impresionantes, pero no logro entender por qué no logramos consolidarnos como región teniendo anhelos muy parecidos. Uno de los temas más fuertes es lograr institucionalidad en cultura. A veces pensamos que, cuando se trata de cultura y de arte, la institución o la norma nos sacan de ese aspecto tan creativo y flexible. Pero no es así, deberíamos tener instrumentos que nos ayuden a avanzar.

Yasna Provoste: nos dijeron durante 40 años que el motor del desarrollo era la competencia y no la colaboración. El que quería colaborar era tildado de ingenuo. No es baladí que los esfuerzos a los que accede el Gobierno para incrementar los recursos en cultura sean mediante más fondos concursables. Lo decía Paulo: lo que hay detrás de esa lógica es hacernos competir. Cuando vemos un malestar generalizado en la sociedad, cuando vemos que el 25 de octubre pasado la ciudadanía se manifestó por aprobar un cambio constitucional, hay quienes buscan aferrarse a ciertos modelos culturales y uno de ellos es la competencia. Nos tratan de colocar esta lógica en todos los espacios, incluidos los espacios culturales. Es un momento para que todos contribuyamos a la pregunta sobre qué país queremos construir, qué modelo educativo necesitamos, qué desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio.

Paulo Slachevsky: quiero recoger unas palabras de la intelectual hindú Vandana Shiva: “nuestra única opción es curar la tierra y, al hacerlo, curar y recuperar nuestra humanidad, creando esperanza para nuestro único futuro como una humanidad en un planeta”. Para lograr ese cambio, claramente la cultura debe ponerse en un lugar central. Se trata de un cambio cultural en el sentido amplio; en la forma de hacer política, en la forma de relacionarnos con la naturaleza y con el prójimo, liberándonos de la cultura de la competencia y de la explotación de unos sobre otros, de la cultura patriarcal. Estas culturas están en nuestras cabezas y no es fácil cambiarlas. A propósito de la pandemia, podríamos decir que al menos tres pandemias han ejercido una violencia brutal sobre nuestras expresiones culturales: el colonialismo, con el colonialismo cultural, que sigue siendo muy fuerte cuando valoramos más lo que viene de afuera y marginamos nuestra producción; la dictadura, con su brutal represión, que hizo un corte abrupto en la cultura que aún no se ha logrado reconstruir; y el neoliberalismo, que ha mercantilizado la cultura anulando la diversidad y reduciendo todo a mercancías. Recordemos que Paulo Freire escribió en Chile Pedagogía del oprimido, donde habla de la lectura como una experiencia de libertad que tenemos que lograr que viva toda la sociedad. Basta de comprar tanques y potenciar la represión, basta de gastar dinero en escopetas y balines que le quitan los ojos a chilenos y chilenas. Es necesario apostar por la cultura, la creación propia. Así, claramente vamos a tener un país diferente.

Angélica Arias: ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Es arquitecta y magíster en Gestión del Desarrollo Comunitario. Fue subsecretaria de Memoria Social, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y gestora de sitio de Quito como Patrimonio de la Humanidad.

Yasna Provoste: senadora por la Región de Atacama. Es profesora y magíster en Educación. Fue diputada y ministra de Educación, además de intendenta de la Región de Atacama y gobernadora de la Provincia de Huasco. En el Senado integra la Comisión de Educación y Cultura, la cual presidió entre 2018 y 2019.

Paulo Slachevsky: fotógrafo y periodista. En 2014 fue condecorado como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Actualmente, integra el Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y es director de LOM Ediciones.

Alejandra Araya: historiadora de la Universidad de Chile y doctora en Historia por El Colegio de México, especializada en historia de las mentalidades en Chile y América colonial. Es directora del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Salvador Millaleo: Autodeterminación indígena y derechos culturales frente al proceso constituyente

Los derechos humanos específicos de índole cultural y lingüística de los pueblos indígenas deben reflejarse en una nueva Constitución, así como en toda la legislación. El desafío constitucional consiste en implementar esos derechos para darles realidad dentro del sistema jurídico interno, estableciendo también las instituciones que los hagan posibles.

Por Salvador Millaleo

Los pueblos indígenas han planteado como su principal demanda para el proceso constituyente chileno en curso el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, en cuanto garantía a la plurinacionalidad del país.

El sentido de las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007 y 2016, respectivamente) ha sido reconocer una autodeterminación que, mediante acuerdos entre Estado y pueblos indígenas, pueda incorporar constitucionalmente el estatus de un pueblo indígena y sus derechos colectivos. Esta autodeterminación no destruye la autodeterminación externa del Estado frente a otros Estados, en cuanto un pueblo indígena no podría autodeterminarse internacionalmente sino sólo hacerlo dentro del sistema constitucional del Estado. La autodeterminación es más bien interna, y exige una redistribución del poder entre el Estado y los pueblos indígenas, mediante acuerdos constructivos que implementen los derechos humanos de los pueblos indígenas y permitan resolver las deudas históricas que la construcción del Estado y la sociedad nacional implica respecto de ellos. Dichos acuerdos deben tomar lugar, en primer lugar, en este proceso constituyente en marcha.

Los derechos culturales de los pueblos indígenas son derechos humanos que fluyen tanto de los derechos de las personas a participar en la vida cultural de su comunidad, de los niños a su lengua e identidad, y de los pueblos indígenas a la autodeterminación, de la cual se desprenden los derechos culturales, así como los derechos lingüísticos indígenas. Hay que observar que, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, todos los derechos se desprenden de la autodeterminación y la vida cultural está presente en todos, pero las taxonomías jurídicas occidentales han demarcado derechos culturales específicos dentro de los derechos humanos que se suelen distinguir de los derechos indígenas territoriales y políticos. 

Los derechos humanos específicos de índole cultural y lingüística de los pueblos indígenas deben reflejarse en una nueva Constitución, así como en toda la legislación. El desafío constitucional consiste en implementar esos derechos para darles realidad dentro del sistema jurídico interno, estableciendo también las instituciones que los hagan posibles. Una urgencia es la co-oficialización de las lenguas indígenas, con el mandato a la ley para un sistema de protección y recuperación de la lengua. Asimismo, se ha hecho urgente la protección del patrimonio y propiedad intelectual indígena frente a las apropiaciones indebidas por empresas privadas, sin consentimiento ni reparto de beneficios con los pueblos indígenas, especialmente respecto del patentamiento o constitución de derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales (UPOV) sobre plantas tradicionales estrechamente relacionadas con las culturas indígenas y de valor medicinal (murta, maqui, etc.), o bien de la inscripción de nombres y conceptos indígenas como marcas o nombres de dominio.

Los derechos culturales y lingüísticos deben permitir la realización del principio de interculturalidad, el cual debería incorporarse en la nueva Constitución y es un pilar clave de la plurinacionalidad. La interculturalidadse refiere a la interacción equitativa de diversas identidades y la posibilidad de generar expresiones compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. Esto no implica simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad.

Los derechos culturales tienen por objetivo garantizar que las personas y comunidades tengan acceso a la cultura y participación en la cultura de su elección, en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. A pesar de haber sido considerados como un pariente pobre del resto de los derechos humanos, esta situación cambió desde los noventa, pues se empezó a considerar a los derechos culturales como un elemento constitutivo de la democracia, una condición previa indispensable para la dignidad humana, la paz y la estabilidad.

En base al art. 22º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del art. 15º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el art. XIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el art. 14º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede indicar que los derechos culturales incluyen en general los elementos siguientes: el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones; el derecho de toda persona a los beneficios que se deriven de la protección de los intereses morales y materiales derivados de cualquier producción científica, literaria o artística de la que sea autor; y los derechos a la libertad para la investigación científica y para la actividad creativa. Dichos elementos han sido especificados en la Declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas: art. 5º referido a la conservación y refuerzo de las propias instituciones culturales; art. 8º referido a la prohibición de la asimilación forzada y la destrucción de su cultura; art. 11º referido a la participación y revitalización de tradiciones culturales; art. 12º referido a la manifestación, desarrollo y enseñanza de tradiciones espirituales; art. 13º sobre el uso, revitalización y transmisión de sus idiomas, historias y sistemas de pensamiento indígenas; art. 14º sobre el control de sus propias instituciones docentes; art 15º sobre el derecho al reflejo en la educación pública de la dignidad y diversidad de sus culturas; art. 16 º sobre el acceso a los medios de comunicación; art. 24º sobre el derecho a sus medicinas tradicionales; art. 31º respecto al derecho al patrimonio cultural y la propiedad intelectual indígenas. 

Por su parte, los derechos lingüísticos son derechos humanos que repercuten en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. Estos derechos protegen el derecho individual de las personas y el colectivo de grupos lingüísticos para usar el idioma o idiomas propios y elegir el idioma para comunicarse tanto en el ámbito público como en el privado. Incluyen el derecho a hablar su propio idioma en los actos jurídicos, administrativos y judiciales, el derecho a recibir educación en el propio idioma y el derecho a que los medios de comunicación transmitan en el propio idioma.

Para los pueblos indígenas, la oportunidad de utilizar el propio idioma puede ser de crucial importancia, ya que posibilita la identidad y la cultura individual y colectiva, así como la participación en la vida pública. Los derechos lingüísticos son un requisito previo necesario, pero no suficiente, para el mantenimiento de la diversidad lingüística y la visión de mundo de los pueblos indígenas. En particular, las violaciones de los derechos lingüísticos, especialmente en las prácticas de educación y salud, conducen a una reducción de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. La disolución o pérdida de un idioma disminuye la diversidad humana y afecta directamente la capacidad de cada hablante individual de ser uno mismo, de acceder a su propia identidad. Esta situación es lamentablemente una amenaza real, en cuanto más de la mitad de las lenguas del mundo actual desaparecerán durante el siglo XXI.

Por lo anterior, el art. 27º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que las minorías lingüísticas puedan utilizar sus propios idiomas en su comunidad. Así también han reconocido los derechos lingüísticos la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, entre otros instrumentos internacionales.

La realidad de nuestro país es una en la cual se han llevado adelante, durante mucho tiempo, políticas de asimilación cultural forzada y de discriminación del uso de las lenguas indígenas, cayendo hace mucho dichas lenguas en una situación de disglosia. Aun cuando no se oficialicen las lenguas indígenas, estas no pueden ser discriminadas en el uso por las instituciones públicas o privadas. En Chile se presentó un proyecto de ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (Boletín Nº9424-17), pero que no ha tenido avances en el Congreso. Esperemos que pronto nos pongamos al día como país a través de este proceso constituyente y que le sigan muchas normativas que realicen los derechos culturales que sean reconocidos en la nueva Constitución.

Felipe Agüero: “Carabineros asume que los que están manifestándose son sus enemigos y tienen que tratarlos con la máxima violencia”

El máster y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Duke, académico del Instituto de Asuntos Públicos e integrante del comité académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, lo deja claro: la reforma a Carabineros es urgente y la debe guiar el poder civil. Agüero, que ha estudiado la institucionalidad de las fuerzas policiales, aborda en esta entrevista los nudos centrales del grave momento que enfrenta la institución y expresa su preocupación por la poca valoración “general, mundial” que hoy se tiene de los derechos humanos.

Por Jennifer Abate C.

—El presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rozas, quien estuvo al mando de la institución durante las múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social y sólo un día después de que dos carabineros balearan a jóvenes en una residencia del Sename en Talcahuano. Llamó la atención la elogiosa despedida que hizo el presidente Piñera, quien dijo: “tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas”. ¿Qué le pareció esta salida?

Me parece largamente esperada y consecuencia de una serie de sucesos conocidos en los últimos días y en el último tiempo, partiendo por la reacción al estallido social. Iba a pasar tarde o temprano, pero es una salida que sigue a la del anterior general director, Hermes Soto, que se fue a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca, que siguió a la salida de Bruno Villarroel, al comienzo de este gobierno, producto de otra serie de irregularidades, incluidos los episodios de fraude. Todo esto revela un problema serio en Carabineros, ese es el tema.

No pasa por cambiar a su máxima autoridad.

No pasa por cambiar a su máxima autoridad y como tú dijiste en la presentación de esta pregunta, llama la atención la forma en que se despide el presidente, cómo despide al general en cuestión, porque es completamente inapropiado. Si él realmente le tiene mucho aprecio y mucha gratitud, que se lo exprese personalmente, pero aquí estamos hablando de una responsabilidad pública de un jefe máximo, de un organismo armado y del presidente de la república. El presidente se refiere, además, en el caso de los niños del Sename del sur, a “niños accidentados”, no “a niños baleados por efectivos de Carabineros”, se refiere a la “modernización” de Carabineros, tratando de suavizar lo que realmente corresponde, que es la reforma de Carabineros, que involucra también modernización, pero no se le puede hacer el quite a lo principal, que es la reforma de la institución.

Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico del INAP e integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

—La periodista Pascale Bonnefoy relató en su libro Cazar al cazador el estado en el que estaban las instituciones policiales después de la dictadura. Pascale se enfocó en los cambios que enfrentó la Policía de Investigaciones, con la que en el último tiempo se compara a Carabineros ¿Qué pasó en la PDI que no pasó en Carabineros durante los primeros años de la democracia?

Investigaciones es una institución más flexible, más pequeña, que tradicionalmente ha tenido una dependencia del Gobierno mucho más clara. Hay que tener presente que al comienzo de los gobiernos de la transición se utilizó mucho a Investigaciones en tareas de investigación y de represión de posibles brotes de violencia que empezaron a emerger en ese periodo. Entonces hubo una especial preocupación sobre eso, preocupación que no existió sobre Carabineros y, claro, Carabineros es una organización armada que se define como fuerza armada, viene con ese título desde la dictadura. Aterrizan en el nuevo régimen democrático con grandes poderes, tienen presencia en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen atribuciones frente al nombramiento de altas autoridades, como miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Para usar las palabras de Franco, que se aplican más en Chile que en España, “las cosas vienen atadas y bien atadas”.

Pero desde los gobiernos de la Concertación hubo poca iniciativa o poco impulso o energía para tratar a Carabineros con un ánimo de reforma. Faltó el impulso y Carabineros hizo sentir su poder muy fuertemente y estableció una suerte de chantaje: “a nosotros ustedes no nos pueden tocar por la misma razón que no pueden tocar a las otras ramas de las FF.AA. Cuando nos necesiten porque hay una manifestación en el centro, en alguna parte, bueno, vamos a dejar que las cosas corran solas, sin policías”. Eso es muy grave.

Claro, el orden público es una necesidad.

Exactamente, eso es un chantaje de muy mala leche.

¿Es usual que una fuerza de orden y seguridad tenga el rango de fuerza armada?

No, no es usual, sobre todo en países que se jactan de tener un sistema sólidamente democrático. Carabineros está acostumbrado a ser una fuerza armada, una fuerza militar, y entonces tiene una idea distorsionada, no tiene idea de lo que debe ser una policía que funcione como un servicio. Cuando Carabineros va a una manifestación, lo que corresponde es que Carabineros proteja el derecho de los manifestantes a expresarse, a ejercer su libertad de expresión. Carabineros se entiende a sí mismo como una fuerza que tiene que reprimir, eso lo vimos expresado en su más clara versión con los sucesos de octubre y todos los que siguieron después, pero que venían de antes.

La institución de Carabineros ha estado involucrada en hechos gravísimos que van desde malversación de fondos públicos a violaciones a los derechos humanos. Hemos escuchado hablar de intervenir, reformar, refundar, disolver a Carabineros. ¿Con cuál de esas alternativas se queda usted?

Reformar. También puede ser refundar, sin que refundar tenga la connotación de terminar definitivamente con algo completamente y empezar otra cosa. No es sólo cambiar normas, también hay que cambiar procedimientos, cambiar la formación. La verdad es que se trata de cambiar toda una cultura y es muy difícil en organizaciones que son tan grandes, complejas, tan burocratizadas, con tanto pasado, un pasado en el que hay generaciones de generaciones socializadas en una forma de hacer las cosas, una forma de protegerse unos a otros antes de dar paso a la verdad. La reforma tiene que ser muy drástica, debe tener medidas de corto plazo, pero es una reforma de largo plazo, un proceso de cambio de largo plazo.

¿Cuáles deberían ser los hitos de esas reformas? ¿Cuáles son los nudos más problemáticos de la institución de Carabineros?

Para hacer una reforma, lo primero que hay que preguntarse es: ¿con qué se va a comenzar? ¿Con qué va a seguir la reforma? ¿Cuáles son los pasos inmediatos, intermedios y de largo plazo? Es decir, que haya transparencia, de tal manera que seis meses más adelante uno pueda evaluar qué se hizo y qué no. Bueno, ninguna de esas cosas está.

¿En qué tiene que consistir esta reforma? Son varias cosas que van en distintos niveles, más o menos al mismo tiempo, pero yo diría que un nudo muy importante son los mecanismos de control de todas las actividades de Carabineros, de las actividades financieras, donde hay gran autonomía y donde hay grandes recursos. Tiene que ser un control interno, pero sobre todo externo, no hay controles internos buenos en Carabineros. Eso es de perogrullo: las propias instituciones deben tener sus propios mecanismos de control claros y bien establecidos. Estos procesos tienen que hacerse desde el comienzo con una muy fuerte presencia del órgano político civil, aquí tiene que haber una persona muy cercana al poder neurálgico político civil y rodeada de una comisión civil que esté muy encima de estos mecanismos de control.

¿Cree que hay una correlación entre la impunidad que en muchos casos ha existido a la hora de enfrentar la violación de los derechos humanos durante la dictadura y la formación que reciben hoy los jóvenes carabineros? Los protocolos de la institución se ajustan a los estándares en materia de protección de los derechos humanos, pero en la práctica sucede otra cosa.

Este no es un tema de dar cursos de derechos humanos, de decir “a partir de mañana, en la academia de formación se van a multiplicar por dos las horas que se dan en derechos humanos”. Eso no sirve, el proceso tiene que ir acompañado de procedimientos y protocolos que están recién en revisión, todavía no existe claridad respecto de cuándo y a qué distancia y cómo se utilizan ciertos armamentos, en fin, todo lo que vimos. Tiene que entrenarse el uso práctico de esos protocolos. Esto es una combinación de normas con prácticas, con entrenamiento y con formación.

Hemos visto cómo Carabineros asume que los que están ahí manifestándose son sus enemigos y tienen que tratarlos con la máxima violencia y herirlos lo más posible, vemos cómo a las personas detenidas se les golpea, cómo se les pasa la motocicleta encima. Carabineros comparte cuestiones con el resto de las FF.AA., como el hecho de que la formación en DD.HH. es muy pobre, muy pobre, en algunos casos casi inexistente, a veces se hace un curso en derecho internacional humanitario como si fuera un curso en derechos humanos. Hay mucho que reflexionar, socializar y transparentar en esta cuestión de la formación.

Las y los especialistas plantean que es necesaria la separación del resguardo del orden público de la función que cumplen las Fuerzas Especiales. ¿Coincide usted con ese análisis?

No lo sé, no es un área específica de mi experticia, pero sí puedo decir que la policía tiene que especializarse mucho más en sus distintas unidades, deben ser fuerzas al mismo tiempo expertas y cercanas a la comunidad a la que sirven. Además, hay otras cuestiones importantes de la reforma. Por ejemplo, los expertos que discuten esto en términos comparados están proponiendo que se avance hacia un escalafón único, no esta distinción tan chilena…

Tan clasista.

Tan clasista, de oficialidad y suboficialidad. Una oficialidad más blanca y una suboficialidad menos blanca. Un escalafón único permite que haya modelos de carrera funcionaria, policial, que estén basados en el mérito, en el entrenamiento, en la formación, que todos tengan la posibilidad de acceder a esos tramos superiores. En Carabineros se ve esta diferencia de escalafones que también se ve en el cumplimiento de penas: cuando se ejerce acción disciplinaria interna, los que reciben penas más grandes son los de los escalafones inferiores y no los de los escalafones superiores, que tienen mayor responsabilidad.

—En América Latina y en países que han vivido dictaduras militares como el nuestro, ¿se han realizado procesos de democratización de las fuerzas de orden y seguridad? ¿Que nos dice la experiencia internacional al respecto?

Sin duda que se han realizado en los países que han transitado de dictadura a democracia, que son más cercanos a nosotros en el tiempo, pero son de distinto calibre, de distinto nivel. Por ejemplo, la primera ola de democratización en el sur de Europa, me refiero a España, Grecia, Portugal, hizo su transición en los años setenta, cuando empezábamos a entrar en la dictadura. Ellos hicieron reformas tanto militares como de las fuerzas de orden público de distinto calibre, de distinta duración, con distintas resistencias, todos encontraron resistencias, pero pudieron desarrollar reformas que se llevaron a cabo con persistencia en el tiempo, que tuvieron el apoyo de las principales fuerzas políticas y han tenido éxito. Distinto es el caso de las dictaduras en América Latina, donde los gobiernos autoritarios fueron dictaduras militares y todas las fuerzas militares salieron con grandes prerrogativas al empezar la democracia.

En el caso de América Latina, eso ha sido más difícil y ha habido reformas de avance y retroceso. En el caso de Perú, Argentina, creo que han tenido más avances, pero con grandes problemas en las fuerzas de seguridad, incluidos los grandes problemas de corrupción. Todos estos han sido casos en los cuales la tortura ha sido un elemento de continuidad, puede que no sea la gran tortura política tipo Estadio Nacional, pero sí la tortura de los calabozos, es decir, la falta de respeto al derecho a la integridad física que se vive en distintos ámbitos.

Para terminar, ¿cuál es su evaluación general de la situación de protección de derechos humanos en nuestro país?

Es una pregunta grande. Creo que estamos en una época complicada para los derechos humanos. En el caso específico de Chile, tenemos una situación muy crítica a propósito de episodios que han ocurrido en todo el proceso que hemos vivido en el último año. Pensemos que todavía hay mucha gente detenida producto de las manifestaciones y que no han tenido atención, aparte de los institutos más especializados, ni la atención mediática necesaria, y que continúan allí detenidos sin resoluciones.

Son situaciones, por supuesto, en las que ha habido avances, uno ve los informes que se han ido haciendo periódicamente y hay avances, está más formalizado, hay más control, hay más coincidencia, pero al mismo tiempo se vive todo esto en una circunstancia de crisis de los derechos humanos a nivel, yo diría, general, mundial, hay también retrocesos porque se valoran menos por parte de fuerzas políticas importantes, con mucho peso. Hay una crisis cultural en ese sentido, hay que ponerle mucha atención. Uno ve a Estados Unidos y también a Europa, los riesgos están siendo muy fuertes para la expresión de la diversidad, de la pluralidad.

Esta entrevista fue emitida el 20 de noviembre de 2020 en el programa Palabra Pública, letras para el debate, que transmite todos los viernes la Radio Universidad de Chile.

Las ocho muertes de Romario Veloz

Lo que leerán es parte de una entrevista realizada a Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz, joven de 26 años asesinado durante acciones militares realizadas contra personas que se manifestaban en la ciudad de La Serena el día 20 de octubre de 2019. A casi un año de la muerte de su hijo, exigen justicia y señalan que hoy existe un pacto de silencio en torno a su muerte.

Por Constanza Ambiado

Lo que relatan Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz, deja ver que a su hijo lo siguen asesinando las palabras indolentes de las autoridades, las risas y las mofas de militares con los cuales se encuentran en la calle, los hostigamientos frecuentes, las amenazas escritas y verbales y las tres veces que han quemado el memorial de Romario, así como la larga espera por la justicia. La madre acusa que la han intentado detener, pero advierte que a pesar de esta persecución continuará su lucha por encontrar a los responsables y evitar que militares sueltos en la calle vuelvan a matar.

No fue una, sino ocho las muertes que ha tenido Romario Veloz y que develan las distintas formas en que el racismo se expresa en las instituciones y la vida cotidiana, a partir de las palabras, gestos y acciones de sus autoridades y funcionarios, pero también en la indiferencia y mordacidad de las redes sociales, así como en las históricas formas de hostigamiento de agrupaciones civiles nacionalistas.

A continuación, sus padres relatan las sucesivas muertes de su hijo y todas las luchas que la familia ha dado para obtener justicia.

Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz.

1. El disparo: “Iba con las manos en los bolsillos”

¿Qué es lo que quisieran decir sobre su hijo Romario?

Mery: Es padre de una nena de 5 años, es hijo de Eric Villalobos y Mery Cortez, un joven estudiante de Ingeniería Civil en Inacap, cantante de hip hop, amante del free style y hermano de Julián Veloz. Solo tengo dos hijos. Un día salió a las marchas, el 20 de octubre del 2019, me dijo que iba estar una hora y así fue, en una hora a mi hijo le quitaron la vida.

Se presume que un militar percutó el disparo, todavía no hemos tenido justicia a pesar de que yo he tenido hartos medios de comunicación para difundir la noticia. Aun así, no hemos tenido nada de justicia para Romario. Queda menos de un mes para que se cumpla el año de la partida de mi hijo y todavía no aparece quién fue el que percutó el disparo.

Yo acuso de racismo porque si bien es cierto que estaba manifestándose por sus derechos, por un Chile digno y en plena democracia, cuando mi hijo cayó primero hubo otro caído, el señor Rolando Robledo, a él le dispararon en su guatita. Luego, después, vino (pausa) Romario Veloz. Cuando le pasó, una vez caído Rolando Robledo, siguió Romario. ¿Por qué a él no le hicieron lo mismo? ¿Por qué, no sé, no le dispararon en un brazo, una pierna o también en su guatita? Yo estaría ahorita viendo a mi hijo con vida, cuidándolo, pero no, el caso de mi hijo fue muy diferente.

Romario iba con las manos en los bolsillos. No lo digo yo, lo dicen los videos. Iba con las manos en los bolsillos cuando pasó esto. Te creo si iba tirando una piedra en defensa propia, pero mi hijo no, pasó caminando con las manos en los bolsillos. Y yo le agradezco tanto a la persona que estaba grabando en ese momento, que yo creo que ni él mismo se esperó grabar ese momento porque él estaba grabando en general y de pronto mi hijo pasó con las manos en los bolsillos. Y así mi hijo se fue, con las manos en los bolsillos.

Entonces, no había ni un motivo, por eso yo me quedé seca después de pedir justicia para mi hijo, pero yo voy a morir en mi ley porque a mi hijo me lo quitaron, porque como era el único negro que estaba en la fila, para aquel asesino mi hijo fue un blanco fácil. El disparo fue letal, tan letal, que cuando le fui a preguntar al doctor si mi hijo había sufrido, él me dijo “señora, el disparo fue tan certero que no había más nada que hacer. A él lo tiraron a matar, a él le querían hacer un daño, a él le tiraron a matar”. Dígame usted cómo yo no voy a creer que fue porque él era el único negro. Le juro, si mañana me tengo que morir, aún después de muerta voy a insistir en que a mi hijo me lo quitaron porque era el único negro.

Eric: A lo mejor mi hijo por ser extranjero, por ser negro como dice la mamá de Romario. O en verdad será tan grave que lo hayan asesinado los militares y no lo quieran decir, a lo mejor están tapando todo el tema por no aceptar que ellos metieron la pata a fondo, no solo los militares, el gobierno que dio la orden de sacar a los militares, el general Morales, que era el que estaba a cargo de esta zona de Coquimbo y que dio la orden y de ahí para abajo los subalternos que hayan dado la orden de disparar, pero sí notoriamente vemos que hay una gran diferencia entre lo que pudieron haber hecho los militares con un mismo compatriota chileno – yo soy chileno-, y cómo fue con Romario. Y acá mismo en la zona, por lo que nos han contado, el caso de Kevin [Gómez] que también lo mataron militares, fue un poco más rápido porque el militar se entregó, había uno solo que disparó, había cámaras y fue más rápido identificarlo, pero aun así ese caso todavía está en investigación. A diferencia del caso nuestro, y el de César [Mallea] y Rolando, no hay ningún culpable o nadie identificado que pudo haber disparado, por eso es que pensamos que hay mucha indiferencia y discriminación con el tema. A lo mejor por ser extranjero pensarán que es un caso que no le incumbe mucho al gobierno chileno, pero debería ser igual.

2. El cuerpo: “No me llamó ni el hospital”

Romario Veloz.

Mery: Dígame usted una cosa más, cómo no voy a pensar yo que no hay discriminación racial, si no hubiese sido por las redes sociales tampoco me habría enterado de que a mi hijo le había pasado eso ahí. Tampoco me habría enterado porque a mí no me llamó Carabineros, no me llamó la PDI, no me llamó ni el hospital. Uno, el hospital está en la obligación de llamar al familiar del paciente, no fue mi caso. Dos, las pertenencias de mi hijo -mi hijo anda con un bolsito donde llevaba otra muda de ropa y otro par de zapatillas- y la ropa de mi hijo se perdió, incluso la que cargaba puesta. Mire usted, cómo no voy a acusar yo eso. Incluso la que llevaba puesta se perdió.

Fui al hospital a buscar la ropa de mi hijo y la jefa de turno me dijo “señora, la ropa nosotros no la cogemos, se la pasamos a las paramédicas. Y las paramédicas son las encargadas de entregarle la ropa al familiar del paciente”. Y entonces ¿qué pasó en mi caso? Ella es doctora, no va a estar pendiente de la ropa del paciente sino de salvarle la vida. Aunque mi hijo ya había llegado muerto. El doctor me dijo, “señora, si usted lo que me vino a preguntar es si su hijo sufrió, puede estar tranquila, su hijo no sufrió”. Y aun ya habiendo un caído, un muerto y ya después le disparan a otro, ¿la intención cuál era? La diferencia entre los blancos y el negrito, es que a los otros no les tiraron a matar. Esa es la diferencia.

3. Las redes sociales: “Bien que lo mataron”

Mery: Le voy a ser bien sincera respecto a las redes sociales, yo no las veo. No me meto por sanidad mental. Yo de verdad que no me meto porque no me gusta, vi un comentario -porque sí cuando empezó yo me metía-, imagínese: “Bien que lo mataron a ese negro, quien lo manda a andar saqueando el mall”. Y yo insisto a todas partes que voy, que no sé qué les da de andar diciendo que a mi hijo le quitaron la vida en el mall. A mi hijo no le quitaron la vida en el mall, se la quitaron en el terminal de buses, al lado del monumento de la señora Gabriela Mistral. Para llegar al mall hay 180-200 metros, entonces no entiendo por qué asocian eso ahí. Cuando a mí me dijeron “Romario cayó frente al mall, donde están los estacionamientos”, dije, ¿y qué estaba haciendo mi hijo ahí? Pero después no, vi los videos y mi hijo nunca estuvo ahí.

Y aunque han sido crueles, al mismo tiempo si no es por las redes sociales, yo no me entero. Les agradezco porque de no haber existido las redes sociales, me habrían hecho lo mismo que hicieron en el 73, cuando yo nací, que hubo muchos desaparecidos. Y como no había cámaras, no había evidencias, quedó impune todo. La diferencia entre el 73 y ahora, que estamos en democracia, es que están las redes sociales y hoy en día hasta un niño es camarógrafo con los teléfonos inteligentes.

4. Las risas y mofas: “Vaya a buscar justicia a su país”

Mery: Antes que todo, para mí es muy doloroso salir y por eso evito salir a las calles porque resulta que los militares son los que están revisando el salvoconducto. Entonces, cada vez que los veo, me llega el recuerdo y les digo “Justicia para Romario”, frente a lo que ellos no estuvieron de acuerdo y me mandaron de retorno para mi país, me dijeron que vaya a buscar justicia a mi país, que acá estábamos en Chile y yo tenía que respetar, a lo cual yo le dije que no me podía ir porque a mi hijo me lo quitaron en Chile y no tenía nada que ir a buscar a mi país. Nosotros vivimos hace 18 años acá en Chile, mi hijo se creía antofagastino, por eso lo fuimos a enterrar a Antofagasta, y coincidió que llegó el Coronavirus y no he podido ir a ver a mi guagua, no he podido llevarle unas flores, no he podido hacerle una limpieza como él se lo merece, como él era, un joven hermoso y lleno de vida.

Romario y su madre, Mery Cortez.

Entonces, cómo no voy a decir yo que hay discriminación racial. Discriminación racial hay, sí o sí. El solo hecho de que los propios militares me hayan mandado a buscar justicia a mi país, eso ya es feo. Con qué derecho me mandan allá a buscar justicia si aquí fue donde pasó aquello. Entonces no, créame que no logro entender. Tal como le dije al ministro Desbordes, “explíqueme con punto y coma para que yo pueda entender, porque hasta el momento no logro entender nada”.

Eric: Una vez íbamos pasando y le dijimos a un militar: “Justicia para Romario” y los tipos se reían, te saludaban como que te hacían muecas con la mano y se reían en tu cara y yo sé que no fue todo el Ejército, fueron algunos, pero no sé, si los otros, si alguien del Ejército me dijera “disculpa por lo que pasó, disculpa yo no fui o nosotros no fuimos, pero igual te pido disculpas o te pedimos disculpas”, sería más de hombre que hicieran eso, que reírse y mofarse. O simplemente decir “saben que, no fuimos nosotros, averigüen bien”. Serían mucho mejor esas cosas.

5. La pensión de gracia: “Tiene manos para trabajar”

Mery: Y, aun así, enviándole una carta al Gobierno diciéndole quién se iba a hacer cargo de mi nieta, siendo que mi hijo era el sustento de ella y de Francesca, la mamá de mi nieta, me respondieron que no, que yo tenía manos para trabajar y Francesca también podía trabajar. Lo encontré insólito, inhumano, porque, una ¿cómo nos mandan a trabajar en la situación en la que estamos? Dos, por la pandemia hay mucha cesantía y con la cesantía la caída de la economía, entonces yo no sé para dónde el caballero quiere que nos vayamos a trabajar. Lo encontré lo más inhumano, por no decir otra cosa, que nos mande a trabajar siendo que estamos mal de adentro.

6. La confianza: “Cómo vamos a iniciar un sumario”

Mery: Si es por mí, tengo una explosión de emociones y no sé cómo explicarme, por eso cuando estuve con el ministro Mario Desbordes le dije que me explicara por qué no se ha hecho un sumario en el regimiento siendo que ya casi ha pasado un año y no tengo respuesta. La respuesta del representante del Ejército fue “ya hemos tomado declaraciones a 14 personas”, a lo cual yo le respondí que eso no era una respuesta coherente, eso no se le dice a una madre. Cómo me viene a decir que les han tomado declaraciones a 14 personas, siendo que habían como 50 militares ahí. Y no pude terminar mi relato porque la verdad rompí en llanto, esto me descolocó, me superó la respuesta de este caballero. Así de fácil y sencillo.

Y a Desbordes yo le dije “no puedo confiar en los militares, porque salgo a la calle y son ellos mismos que están en las calles” y dijo el Desbordes, “bueno, si la señora Mery no cree en los militares, cómo vamos a iniciar un sumario”. Imagínese la tontera.

Se lo juro, eso me dijo con todas sus letras y debe estar grabado en algún lugar, porque eso fue en plena Cámara de Diputados. Esa fue la respuesta que me dio, pero que él ni crea que yo me voy a quedar así, porque yo soy lo más necia que hay en este mundo, yo no doy mi brazo a torcer. A mí me están dando, yo sigo caminando. Yo, por mis hijos. Esperé bastante, les di su tiempo para que hicieran algo y ya cuando vi que llegamos a los nueve meses y no pasaba nada, ahora sí, me tiro a las calles.

Eric: El ministro piensa que uno anda desconfiando de lo que andan haciendo, pero es que, ¿quién me dice que el tipo que me está controlando a mí o el que está a cargo de un grupo que está en el control no es la persona que estuvo a cargo cuando mataron a mi hijo? Y es desconfianza en ese sentido, porque yo no puedo confiar que, estando acá mismo en Serena, que Mery, que ha estado siempre al frente, o el hermano de Romario, ¿quién me dice a mí que los militares no tomen represalia y puedan hacerle algo o tratarla mal u hostigarla? ¿Quién me dice a mí que no va a pasar eso? En ese sentido hay un miedo, hay un temor muy grande.

Y lo otro es que hay temor por cómo ha sido la historia. Yo en carne propia no viví todo lo que pasó el 73 -en ese tiempo recién había nacido-, pero con lo que se ha sabido quién dice que con el tiempo las cosas no se tapan, así como han mentido y ocultado mucho antes. Ahí es cuando me viene el miedo a mí de que realmente pueden seguir ocultando más cosas. Si ya andan hablando de que ellos no fueron, que están investigando, que han presentado todas las evidencias y sabemos que no ha sido así, ya uno se da cuenta de que están mintiendo. Quién me dice que no pueden seguir mintiendo o en su momento inventar algo para desviar el tema no más, para no hacerse responsables de lo que hicieron.

7. Pacto de silencio: “Esto es sin llorar”

Romario Veloz.

Mery: Hubo un diputado allí en la Cámara, no me acuerdo quién era, pero les dijo por qué están teniendo un pacto de silencio. Aquí hay un pacto de silencio, porque cómo a un año no se sabe nada todavía. Lo único que sabemos es que a Romario lo mató un militar, es lo único que sabemos, y que en ese momento el regimiento estaba comandado por el general Morales. Ellos no han permitido que ingresemos allí a periciar las armas. Si no hay un sumario, entonces cómo pueden investigar. No se puede, ellos no lo permiten. Y he ahí la interrogante como dijo el diputado: hay un pacto de silencio. Todos están sabiendo quien hizo ese daño, porque a mi hijo ya me lo mataron, ya OK, pero después- y miren la casualidad- yo fui al regimiento el 3 de diciembre a la hora del cambio de la guardia, a pedir hablar con el general Morales porque claro, como es primera vez que yo estoy en estas cosas, yo no sabía, yo pensé que estaba ahí y resulta que no, que él nada más vino, se mandó el condoro y se mandó a perder, y ahora está en Aysén, imagínese cómo está allá comandado otras tropas. No sé pues, póngase usted que a la gente le dé por recordar un año del estadillo social el 18 y les dé por salir a la calle, a este hombre ya no le tiembla la mano, va a volver a matar, a volver a mandar a los militares a la calle para que vuelvan a matar gente, créame que yo no quiero, porque sé cómo se sufre.

Volviendo atrás, fui el 3 a hablar con él y me dijeron que no estaba. Yo les dije quiero hablar con otra persona y no me querían dejar hablar con nadie, entonces les dije no hay problema, dígale que es Mery Cortez, la mamá del joven que mataron ellos en el estallido social. Y qué casualidad, ahí apareció, después de una hora que estuve yo esperando al sol. Ahí apareció el caballero para decirme una cosa media extraña: “señora nosotros no fuimos, si hubiésemos sido, mire este fusil, lo habría desbaratado entero y la herida que tenía su hijo era una herida chica”. Y este caballero tenía esa información, que todavía ni nosotros teníamos porque no había llegado el informe del Servicio Médico Legal, pero él ya lo sabía. Entonces, no logro entender. Y lo otro que me dijo este caballero, el señor Desbordes, es que no podían hacer un sumario dadas las circunstancias de que lo de mi hijo no pasó en el regimiento, sino que pasó fuera del regimiento. Pero a Kevin Gómez le pasó lo mismo y ya tienen un imputado.

No obstante, yo fui a hablar el 3 y el 5 de diciembre empezó el chiste. Fui a llevarle flores a mi hijo y el memorial estaba quemado, habían botado todo lo que le había dejado el público a mi hijo. Lloré sobre la leche derramada, cómo tanta maldad, cómo tanta crueldad. Me dejaron panfletos, por eso yo hablo a ciencia cierta, porque ellos dejaron sus panfletos. “Esto es sin llorar. Retira la querella. Los vamos a exterminar”, firma Patria y Libertad y el ojo de las arañas negras. Yo no sabía. No se conformaron con quemarme el memorial, yo dije “hijo, te quemaron este, pero yo como soy necia, voy a poner otro”. Y volví y puse un segundo, y a este segundo lo volvieron a quemar, pero esta vez lo partieron a la mitad. Se llevaron la mitad y me dejaron la otra mitad, pero esta vez sí que me dejaron panfletos más una carta de Patria y Libertad. Y la tercera vez le pegaron dos combos y los pedazos los fueron a dejar al basurero del mall. Imagínese.

Eric: El hostigamiento en este tiempo de pandemia ha bajado harto, no podemos decir que ahora nos han hostigado o cosas así, pero en su momento, cuando pasó esto, entre diciembre y febrero, fue bastante el tema de estos tipos o agrupación Patria y Libertad.

8. La espera: “Justicia para Romario”

Eric: Lo que buscamos principalmente es que se encuentren a los culpables y de ahí obvio que tienen que irse presos, que den la cara. Eso es parte de la justicia que buscamos. Me imagino yo que hay gente a cargo que sabe quiénes estaban ahí, quiénes podrían haber disparado, quiénes tenían cierto tipo de armamento y buscamos que esa persona aparezca. No sé si se va a entregar, porque me imagino que él debe saber, pero sí que aparezca y que se vaya preso. No sé, no cacho mucho la diferencia entre la justicia civil y militar, pero si pasó así con los Carabineros que les dieron de baja y está aplicándose la justicia normal, la civil, que sea de la misma manera, porque si me preguntas si van presos a una cárcel o a la misma institución, no creo que sea una manera adecuada de pagar un delito tan grave. Debería ser una justicia ordinaria, una cárcel ordinaria, no detenido en una cárcel del Ejército.

Y si no va detenido, ¿quién dice que después no pueda volver a pasar lo mismo? O cuando cumpla su pena, va a simplemente salir, como que nada ha pasado. Y va a seguir recibiendo los beneficios de estar en esa institución, beneficios de los jubilados, que sabemos cómo jubilan los militares, sabemos los beneficios que tienen acá. No sé qué pensar, pero sí decirle que ojalá lo dieran de baja y estuviera preso en una cárcel común y corriente.

Mery: Me daría tranquilidad el día que dijeran “Juancito Pérez fue el que le hizo ese daño a Romario Veloz”. Juancito Pérez. Y cuando estén en el juicio, no sé si me van a dejar estar allí en ese momento, pero me gustaría hacerle una pregunta: “Dígame la verdad, ¿usted le disparó a mi hijo porque era el único negro de la fila? Sí o no”. Es lo único que le voy a preguntar. Respecto al pacto de silencio no. Ellos verán, pero que digan quién fue, porque si bien es cierto que uno fue el que percutó, alguien dio la orden y el general Morales los tiró a la calle. Entonces aquí vienen siendo tres, no uno. Por eso el pacto de silencio.

Estoy tan enfocada en que haya justicia que no he pensado en el futuro todavía. Como dijo Villalobos, la justicia militar actúa de otra forma, pero si me lo pregunta a mí, me gustaría que lo manden preso a cumplir su condena allá con todos los otros, donde están los malos de verdad. Ningún privilegio. No puede estar en el regimiento porque ya hizo un daño, ya es un asesino. ¿Más encima quiere privilegios? No. Usted sabe que en la cárcel hay gente que se metió a un negocio y robó comida, y todavía están pagando condena. Y estos ladrones de cuello y corbata, nada, bien, gracias. Están en su casa. Ahí está el caso Penta, el caso SQM, el caso La Polar, la colusión del confort, del pollo y así sucesivamente. Entonces no quiero que me vaya a pasar eso. Ahora tengo un punto a favor, ahora ya todo Chile sabe que a Romario se lo llevó un militar y ellos se van a sentir con esa presión porque no hay nada más cruel que las redes sociales.

Lorena Zambrano, dirigenta ecuatoriana: “En Chile eres como un delincuente por pedir un techo donde dormir”

Vive hace 11 años en Chile y en la actualidad es una de las dirigentas del campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio. Su experiencia en este lugar ha estado marcada por un violento desalojo que realizó Carabineros de Chile en 2016, que culminó con 1.300 familias durmiendo a la interperie del desierto. En esta entrevista, la dirigenta aborda los gestos de racismo y discriminación en contra de la población migrante que lamentablemente hoy se han multiplicado, critica el rol del Estado a la hora de garantizar los derechos humanos y se refiere a las condiciones de vida de gran parte de las y los migrantes. “Somos tratados como animales, esa es la realidad”, afirma.

Por Bárbara Barrera

En agosto de 2016, bajo órdenes estrictas de la Gobernación de Tarapacá, Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al sector de La Pampa, en Alto Hospicio, con el objetivo de desalojar a las 1.300 familias que vivían en la toma del sector. Lorena Zambrano (36), ecuatoriana, dirigenta e integrante de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (AMPRO), se encontraba viviendo en la toma junto a sus tres hijos, todos menores de edad. 

“En el desalojo la máquina pasó, se llevó casas y no le importó que había abuelos y niños y niñas. Es duro ver tu casa en el piso, ver a tus hijos en la noche durmiendo en el piso. Tan brutal fue lo que pasó, que hubo una señora embarazada que perdió su bebé, hubo una señora a la que le volaron los dientes los carabineros, los niños lloraban, o sea, fue una cosa impresionante. Tuvimos que dormir en carpas, aguantábamos frío, se suponía que nos iban a traer baños químicos, pero nunca llegaron, y la gente al final comenzó a hacer hoyos para al menos tener un lugar donde echar tus necesidades biológicas”, relata Lorena, en medio de la pandemia, desde el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio, lugar donde las autoridades locales reasentaron a las familias después del desalojo. 

En 2016, Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron a 1.300 familia del sector de La Pampa en Alto Hospicio. Crédito de fotos: 24horas.cl

Lejos de ser un lugar con condiciones de habitabilidad dignas, el lugar escogido por las autoridades fue, literalmente, un basurero. “Lo abrieron en cuatro partes y en ese cuadrado del medio dijeron ‘ya, ¿quieren estar aquí?’ y aquí nos tiraron. De ahí en adelante han venido las luchas por limpiar el campamento y por hacer otras reconstrucciones dentro de los mismos vecinos, pero ha sido difícil porque nos dejaron abandonados, apartados”, explica la dirigenta.

En la actualidad, el campamento donde vive Lorena cuenta con 250 familias y cerca de mil personas, quienes a través de la organización comunitaria han logrado tener acceso a luz y han negociado con los medios de transporte regionales para obtener movilización desde el campamento a la ciudad. 

El 70% de la población del campamento corresponde a población migrante, siendo los principales grupos los bolivianos, ecuatorianos y colombianos. La dirigenta cuenta que una de las cosas que ha llamado la atención este último tiempo ha sido la llegada de haitianos y haitianas que han migrado desde Iquique o desde la capital tras vivir situaciones de discriminación y racismo en las que han sido escupidos, golpeados y baleados.

«Habría que borrar esa canción ‘Si vas para Chile verás cómo se recibe al amigo cuando es extranjero’, habría que eliminar esa canción porque la realidad no es así. No podemos decir que el 100% de las personas en Chile, pero sí hay un alto índice de racismo», sostiene Lorena.

La dirigenta ecuatoriana de AMPRO, Lorena Zambrano.

-¿Cómo has visto la situación de la población migrante durante la pandemia? ¿Crees que estos actos de racismo y discriminación se han incrementado este último tiempo?

Efectivamente, ha aumentado el clasismo, el racismo, la discriminación y la xenofobia. Hay muchos migrantes que todavía no tienen sus papeles, el Estado todavía no ha dado una solución a las personas que se han quedado sin trabajo y estaban en procesos de tramitación de visas. Si tú le preguntas hoy día a una madre o un padre -sea chileno o extranjero- que tiene seis hijos, si dejaría de trabajar porque tiene Covid-19, obvio que no va a dejar de salir a trabajar porque la respuesta es “prefiero contagiar a diez mil, pero darle a mi hijo de comer”. El Estado tiene que encontrar una forma de proveer a estas familias que están contagiadas con lo mínimo, que son los víveres, porque si en tu casa tienes qué comer, por lo menos los 15 días de cuarentena no tienes para qué salir, porque por lo menos tienes alimento en tu casa. 

El asesinato por parte de la policía estadounidense del ciudadano afroamericano George Floyd indignó a la población mundial y, a partir de ello, en Chile revivimos episodios de racismo que terminaron con la vida de Joane Florvil, Monise Joseph y Rebeca Pierre, entre muchos otros hombres y mujeres haitianas. ¿Cómo ves la indignación que ha manifestado la sociedad chilena ante esta situación?

Ha habido un reconteo de las muertes que han sucedido antes y de otros compañeros que han sufrido racismo y discriminación. Sin embargo, es increíble cómo ha aumentado la discriminación ahora que descubrieron los cités donde hay haitianos contagiados, que han sido incitados por los discursos que lanza el gobierno, en los que tú ves la cuota de racismo al decir que los migrantes que están en cités son culpables de que tengamos el virus. Tienen esos discursos que llaman a que la gente se alce y nos vea como un enemigo infeccioso. Aquí vemos compañeros que han venido de Santiago, especialmente los compañeros haitianos, quienes han sido escupidos, baleados, maltratados. Y ¿quién se hace cargo de todo el daño psicológico que esas experiencias conllevan? Nadie. 

¿Cuáles han sido las principales demandas de la población migrante durante la pandemia? 

Lo mínimo que se pide en este Estado de Excepción es que haya una regularización inmediata, porque no es posible que migrantes que estaban trabajando con sus papeles, al haber una pandemia, sean despedidos siendo que estaban en proceso de regularización. Sí, efectivamente, el carnet se les va a actualizar un año más, pero después del año, ¿qué? Las cosas vienen graves y no creo que haya trabajo de la noche a la mañana. ¿Quién les devuelve su trámite? ¿Quién les devuelve ese dinero? ¿Quién les devuelve su tiempo? Nadie. Por eso nosotros pedíamos una regularización inmediata, que a todas las personas que están trabajando se les regule inmediatamente dos años más su carnet para que tengan la posibilidad de buscar un trabajo.

Otra imagen del desalojo que sufrió el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio, en 2016

-Mencionaste la discriminación y episodios de racismo en contra de la población migrante en comunas como Quilicura. ¿Cómo son las condiciones de vida de la población migrante en estos sectores de la capital y en la ciudad de Iquique?

La ley no se ha hecho presente en cuanto a establecer cuál es la responsabilidad de la persona que te arrienda. No te dan ni siquiera un contrato, no te dan un papel de que tú le pagas y las condiciones son deplorables. ¿Quién sanciona a esa persona que arrienda la casa en ese estado? Es el dueño el que tiene la obligación de garantizar al menos un lugar cómodo donde vivir. Somos tratados como animales, esa es la realidad. No les interesa cómo viven los niños, sólo les importa el lucro. Nos tiran a la calle y nos sacan como delincuentes porque llaman a los carabineros. Eres como un delincuente por pedir un techo donde dormir. Yo me pregunto dónde están los derechos humanos, dónde está la humanidad, el respeto por las personas. 

Sin embargo, cuando son las campañas de gobierno, ahí sí nos llaman, cuando nos necesitan para alguna cosa, ahí estamos los migrantes. ¿Y ahora dónde está el gobierno para nosotros? Acá no contamos con el Servicio Jesuita Migrante, no hay casas para alojar a personas que están en la calle. ¿Qué va a pasar entonces? Todo el mundo se va a tirar a las tomas y el gobierno va a decir que no están autorizadas, pero es que entonces, ¿qué haces? Entre tener un techo, aunque sea mal hecho, a estar muriéndote de hambre y frío en la calle, no te toca de otra. 

-¿Cuál crees que es la importancia de los vínculos y formas de organización comunitarias para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, en un contexto en el que la ayuda por parte del Estado ha sido prácticamente nula?

Acá, en Alto Hospicio, nosotras estamos colaborando con tres ollas comunes, le han puesto «El pueblo ayuda al pueblo» porque es la única forma: juntar todos los víveres para poder solventar el hambre de todos. La gente tiene que entender que uno no viene a vivir a las tomas porque Alto Hospicio prácticamente esté calificado como un foco de delincuencia y que todos venimos a robar, que aquí está la prostitución, etc. No, somos personas a las que el bolsillo no les da para más, el Estado mismo nos obligó a buscar otras instancias de vida y como migrantes tampoco tenemos la posibilidad de obtener una casa de la noche a la mañana si no tenemos papeles. 

Dentro de las principales falencias del proyecto de ley de migraciones que está en tramitación se encuentra la imposibilidad del cambio de categoría migratoria para la visa de turista en el país. Esto implicaría que las y los migrantes deberán volver a sus países de origen para tramitar el cambio de categoría. ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley? 

Prácticamente, están llamando a que la migración sea un delito, porque si a la gente tú no la dejas estar como corresponde, ten por seguro que va a seguir pasando irregular. La ley migratoria va a jugarnos en contra siendo que debería ser más flexible para esas personas que les cuesta traer sus papeles, ya que en sus países también les cobran una barbaridad. En realidad, estas cosas tendríamos que sentarnos a negociarlas. ¿Cuánto va a perder el Estado y cuánto vamos a perder nosotros? Dentro de eso tenemos que llegar a un acuerdo, pero no se puede cuando el Estado decide todo y el resto ve cómo acatar, por eso no podemos decir que este es un país libre y democrático. Este país sigue siendo un país sin democracia, la democracia nunca existió en Chile, cada política que sacan es antidemocrática. El pueblo sigue oprimido y su opresor sigue arriba. 

Mientras sigamos así, van a seguir las marchas, las huelgas, la gente se va a seguir pronunciando. El estallido social no se ha calmado, está pausado por la pandemia, pero una vez que termine esto, la gente se va a alzar a las calles y vamos a tener a un Estado observando cómo todas las medidas no han sido suficientes para aplacar la ira del pueblo.

Marcha contra el racismo en Santiago de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile.

-La campaña “La humanidad somos todes”, de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Universidad Abierta de Recoleta, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Radio Universidad de Chile y la Radio JGM, busca preservar la vida en tiempos de pandemia y hace un llamado de humanidad ante los distintos casos de discriminación y racismo en contra de la población migrante. ¿Cuál crees que es la importancia de este tipo de iniciativas? 

Siempre, como organizaciones, deseamos que desde la universidad despertara esta hambre por trabajar en conjunto con nosotros. Estamos viendo que otros están entendiendo que la humanidad somos todes, que vivimos en un país donde no podemos seguir hablando de «los chilenos», que es un país donde estamos todos, todas y todes. Para nosotros ha sido un hecho fundamental para poder rebatir el racismo, la discriminación y que sean los mismos actores migrantes quienes aparecen. Yo creo que todas las personas que hagan parte de la campaña son la voz del que no puede hablar y esta campaña sirve para prevenir y evitar que no haya ninguna muerte más por culpa de la xenofobia y el racismo.

Hernán Caffiero: el compromiso del cine con los derechos humanos

El cineasta, director de la serie Una historia necesaria, que retrata la historia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura, ganadora del Emmy Internacional 2018, habla sobre sus nuevos proyectos en los que seguirá abordando temáticas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, pero esta vez en la época actual, recogiendo los testimonios de algunas de las víctimas que perdieron sus ojos tras recibir perdigones disparados por carabineros durante el estallido social.

Por Jennifer Abate

Formado como publicista en la U. de Santiago y con un postítulo en la U. de Chile, Hernán Caffiero ha trabajado como director, guionista, montajista y productor de películas y series de ficción, que incluyen el largometraje documental El sueño de todos (2014), sobre la selección chilena de fútbol, y Raza brava (2008), una mirada ociológica al tema de las barras de hinchas. Caffiero, además, recibió el premio a mejor director 2019 de la NACCC en Nueva York, y se ha adjudicado dos fondos del Consejo Nacional de Televisión.

En los últimos días se anunció que serías el representante en Chile de BTF Media, una gran productora mexicana que decide instalarse con una oficina en Chile. ¿Cómo recibes esta noticia? ¿Puedes contarnos un poco del enfoque que va a tener la filial en Chile y si ya hay algunos proyectos pensados?

Sí, la verdad es que fue una situación bien compleja, pensando en que esto no es una cosa que sucedió de un día para otro, sino que viene gestándose hace meses, por lo que tanto el tema del estallido, el despertar social, y ahora la pandemia y el confinamiento, para nosotros ha sido súper complejo, entendiendo que estábamos haciendo un acuerdo de esta magnitud. En muchos momentos pensamos que se nos estaba cayendo, pero finalmente pudimos sobreponernos. Creo que una de las fortalezas que tiene esta alianza es que nosotros vamos a trabajar principalmente en la vinculación y generación de contenidos de plataforma y canales de TV, no para el mercado nacional, sino que para el extranjero. Si uno revisa un poco la producción de industria a nivel local y regional, te das cuenta de que probablemente se demore harto en recuperarse, por lo tanto, el contenido para películas de cine va a ser difícil de levantar en los próximos años, va a ser muy difícil que la gente quiera, por un buen tiempo, meterse en una sala cerrada con 200 personas y potenciales focos de contagio. Por otro lado, todo el tema de ventas, mercados y festivales, también va a verse mermado. Es cosa de ver los números: por ejemplo, plataformas como Netflix han tenido un alza en la cantidad de suscriptores, en marzo solamente sumaron más de 16 millones de nuevos suscriptores, Amazon otro tanto, Disney otro tanto, la gente se volcó en sus casas a ver películas, series. 

El cineasta Hernán Caffiero acaba de cerrar un acuerdo para ser el representante en Chile de la productora mexicana BTF Media.

Entonces, el diagnóstico que hizo BTF a nivel internacional -su casa está en Miami- es que justamente, sobreviviendo a este periodo, lo que viene a continuación probablemente sea una demanda alta en la generación de contenidos de plataforma, que no sólo tiene que ver con la cantidad de suscriptores, sino que también con que todos nosotros nos hemos volcado a ver series. Gran parte de los que ya estábamos suscritos a estas plataformas estamos agotando la parrilla, entonces, efectivamente, las productoras y realizadores que se vuelquen a la generación de contenidos de películas y de series, de alguna forma van a sobrevivir en esta crisis mundial. Creo que gran parte de la industria audiovisual, no sólo en Chile, sino que en el mundo, va a sostenerse por esta ventana.

¿Han desarrollado alguno de los proyectos o todavía están en la fase creativa?

Sí, estamos ya desarrollando dos proyectos que fueron beneficiados el año pasado por el Consejo Nacional de Televisión, dos series. Una de ellas es Raza brava, que es una serie que ganó la categoría histórica dentro del fondo. Es una historia popular, una historia real, que narra el surgimiento de los movimientos sociales, juveniles, ligados al fútbol, que es el despertar de los jóvenes, principalmente en la marginalidad posdictadura, que es cuando volvemos a esta democracia pactada, donde se cierran muchos espacios de representatividad, de pertenencia; muchos cabros de la pobla que deciden volcarse al estadio y a la galería para encontrar una instancia de triunfo. La serie narra justamente eso, la historia de dos cabros que se vuelcan a esto o son parte de una barra brava en Chile. 

El otro proyecto es diametralmente distinto. Son 16 historias, un formato muy parecido a Una historia necesaria, que es la serie que hicimos antes sobre casos de detenidos desaparecidos. Ahora vamos a hablar sobre 16 casos de violencia machista, es un proyecto principalmente construido por mujeres; yo estoy viendo la parte de fiscalización y análisis de los procesos cinematográficos y todo el cuento, pero más del 65% del equipo que va a realizarlo, desde el guión hasta la entrega final, van a ser principalmente mujeres. 

Si hay una cosa que hasta el día de hoy se sigue presentando es este desequilibrio entre las pegas, sobre todo entre las más relevantes dentro del rubro, sin desmerecer la pega de arte, vestuario, maquillaje, peluquería, donde predomina la presencia de mujeres. Nosotros queremos que la dirección de fotografía, la dirección misma de los capítulos, sea manejada y liderada por mujeres.

Desde hace mucho, pero con fuerza desde 2018, ha habido una fuerte discusión feminista sobre la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles han sido para ustedes los principales desafíos a la hora de abordar la violencia machista en un contexto como el del Chile actual?

Partiendo desde lo más cercano, el trabajo con tus pares, la elección del equipo, tener que generar protocolos, por ejemplo, organizaciones de mujeres en el audiovisual, para evitar o prever cualquier tipo de vinculación con hechos o personajes que estén involucrados en alguna situación compleja. No sólo en este proyecto, que trata de 16 casos de violencia, sino que en todos: una persona vinculada a cualquier tipo de acoso está absolutamente descartada de los proyectos que estamos realizando. 

Gran parte del gremio y de la industria lo está haciendo también. A lo mejor son ejercicios que no se ven cuando prendes la televisión o ves una película, pero se están haciendo cada vez más presentes. Esto también ocurre en la búsqueda de contenidos, de narrarlos, la impronta y la sensibilidad asociada a eso tiene que ser mandatada por una visión que ha estado permanentemente apartada de los procesos más relevantes de la narración, que son la escritura, el montaje, la dirección. 

¿Hay alguna fecha tentativa de estreno de este proyecto?

Sí, este proyecto está pensado para estrenarlo en diciembre. Ahora, con todo este tema del Covid-19, hay un montón de protocolos que tienen que estar validados por el Ministerio de Salud, estamos viendo cuándo podemos volver a filmar. Si podemos filmar en agosto sería posible estrenar en diciembre la serie. Yo y gran parte del equipo con el cual trabajo, además estamos súper vinculados a la franja de la campaña del Apruebo. Me invitaron a participar como director de la franja, a través del comando Por un Chile Digno, que tenía en un principio 30% del espacio destinado a las organizaciones sociales, pero nosotros aceptamos asumir la dirección de esto siempre y cuando el 100% fuera protagonizado por las organizaciones sociales. Fue una petición explícita que hicimos a los partidos que conforman este comando, que son el Partido Comunista, el PRO, Franja Regionalista Verde, Igualdad, Izquierda Libertaria y otros más, y aceptaron hacerlo. Vamos a tener que saber encontrar las formas de equilibrar los proyectos y hacerlo de manera orgánica con los procesos para la realización de la serie.

Una historia necesaria se compone de 16 cortometrajes con historias sobre detenidos desaparecidos en dictadura.

La serie de cortometrajes Una historia necesaria, por la que ganaste el premio Emmy, retrata diversos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura. ¿Cómo ves hacia atrás el impacto de esa serie, pensando en el Chile post estallido social, donde nuevamente emergieron voces críticas de las violaciones a los DD.HH. cometidas por el Estado durante ese periodo?

Con el equipo con el que ganamos el Emmy nos dimos cuenta, cuando partimos con Una historia necesaria, de que había una serie de elementos que nos obligaban a asumir esta necesidad de contar, relatar y rescatar la memoria de la gente que había sido desaparecida. Principalmente, la historia de familiares y sobrevivientes que con el tiempo, han pasado ya cuarenta y tantos años, se estaban muriendo, y con ellos también se estaba muriendo la historia de los detenidos desaparecidos. Partiendo de esa base y entendiendo también la lógica sistematizada de la negación, que va generando impunidad no solamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos, sino que en términos de corrupción, en términos de los que se hicieron ricos en ese periodo, de quiénes fueron los civiles que propiciaron esto y que fueron bien responsables y que salieron sin polvo ni paja, creíamos que había un acto de justicia en el relato de estas historias. 

Mucha gente nos dijo “hasta cuándo siguen con el tema de la dictadura, con el tema de los derechos humanos, abúrranse, qué onda”. No, po’, viejo, porque si esto sigue pasando, si los problemas de esta sociedad, en la pega, en la casa, con tu pareja, no se enfrentan, si no te miras a la cara, no buscas la verdad para solucionarlos, siempre se van a volver a presentar y por eso es que nosotros fuimos tan inquisidores también en plantearlo, en buscarlo, en hacerlo, a pesar de que no tuvimos apoyo de los canales, a pesar de que en primera instancia no querían que pusiéramos los rostros de los culpables, a pesar de que tuvimos que ganarnos un Emmy, que es como el Oscar de la televisión, para que recién nos pescaran.

Y lo que sucede a continuación del estallido, todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha ejercido el gobierno de Piñera, encarnada en los ministros del Interior, en las fuerzas de orden, principalmente en Carabineros, no hacen más que justificar nuestra búsqueda de rescate de la memoria de los años anteriores y no solamente de nosotros, sino que de miles de chilenos que también siguen en la misma. Creo que se hace necesario no solamente refrescar la memoria en términos de la entrega de la información, sino que también buscar los elementos que nos permitan abrir puertas emocionales en las nuevas generaciones que están viviendo esto; ya nadie puede decir “tú no puedes hablar de esto porque no viviste la dictadura”. O sea, a muchos les sacaron los ojos, hubo mutilaciones múltiples, vejaciones sexuales, abusos.

Creo que la forma de hacer entender y de perpetuar esta necesidad de generar conciencia de lo ocurrido en dictadura, de las violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo hasta el día de hoy, es generar ese vínculo, por lo menos desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido súper enfáticos en aclarar lo que ha estado sucediendo. Es más, hay cosas que me parecen brutales que han seguido pasando, como la balacera en el Día del Carabinero del 27 de abril. Viene un tipo, agente del Estado, para disparar a mansalva, herir a diez personas. Por suerte no asesinó a ninguna, pero se cuenta como un anecdotario, o sea, al tipo le dieron reclusión en su casa.

Te referías a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social en nuestro país. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el proyecto en el que estás trabajando a partir de esos casos?

Estamos trabajando en dos proyectos relativos a eso. Uno es la segunda temporada de Una historia necesaria, que narra los casos ocurridos desde el estallido del 18 de octubre, pero que busca hacer el vínculo entre la primera temporada, con lo que ocurrió en dictadura, y cómo el salto del torniquete revela un adormecimiento por 30 años de transición a la democracia pactada. Expone toda la imposición de este negacionismo y de esta impunidad, no sólo en derechos humanos, sino que en otros temas como corrupción, todos los crímenes que no sólo cometen los políticos asociados a la dictadura, sino que muchos empresarios, muchos civiles involucrados. 

Entonces, lo que hace Una historia necesaria es generar un gran puente entre el año 86 -esto no se lo he contado a nadie- y hoy. Queremos encarnarlo en Pepe Carrasco, a partir de lo que él vivió junto a su compañera, de la que poco se sabe. Entonces, desde la lucha que encarna José Carrasco, nosotros armamos un puente en función de la lucha, no por la vía armada, sino que por la vía democrática, desde el año 86, el año decisivo del atentado a Pinochet, cuando sucede el asesinato de Pepe y se realizan las primeras manifestaciones realmente masivas y a nivel nacional. En el paro nacional de junio se empieza a construir y develar lo que iba a ser a continuación la salida del dictador, esta democracia pactada.

Hemos estado trabajando con la familia Gatica, con Enrique y Gustavo, viendo también el caso de Fabiola Campillay, hemos trabajado con la familia de Abel Núñez, etc. También estamos desarrollando historias que tienen que ver con la primera línea, hemos estado trabajando con la Brigada Sanitaria de la USACH. Se trata de cabros de 18 años que de un día para otro tuvieron que enfrentar la muerte de su hermano, tuvieron que rescatar a Mauricio Fredes del hoyo donde se cayó; a los 18 años tienen que enfrentar la muerte cara a cara. Cabros que se convirtieron en adultos de un día para otro y que encarnaron la lucha de todos los que por años hemos estado dormidos. Eso es brutal.

«Desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo».

Mencionas los casos emblemáticos, como el de Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, pero también un sinfín de otras historias, sobre todo de jóvenes que han estado vinculados a ese proceso y que pagaron costos muy altos.

Sí, absolutamente. Uno, en función de este ejercicio del negacionismo y la impunidad, sabe que después de estos meses, sobre todo después de que gane el Apruebo y la Convención Constitucional, los casos de violaciones a los derechos humanos van a pasar al olvido mediáticamente, judicialmente y de todas las formas posibles. Entonces nosotros, los audiovisualistas, que buscamos inmortalizar las historias, estamos obligados a asumir esta responsabilidad que nadie va a asumir. Vamos a ser la principal herramienta de estas personas para buscar y obtener justicia. La idea es plasmar historias que se sostengan en hechos irrefutables, donde los derechos humanos sean violados flagrantemente, donde exista argumentación jurídica que los exponga. 

Junto con esto, estamos desarrollando una serie documental, que narra desde la academia, desde la investigación más purista, por así decirlo, el tema de los protocolos, del uso de la fuerza desmedida y cómo finalmente carabineros y los agentes de orden del gobierno han ejercido su labor en este periodo. Estamos trabajando con grandes figuras del mundo de los derechos humanos, como Claudio Nash, hemos tenido colaboración y apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y tuvimos que hacer un gran giro, porque con esto de la pandemia se nos sumó un actor nuevo al relato, pero que de una u otra forma le da más épica al triunfo final del 25 de octubre, cuando podamos terminar con este legado pinochetista que hasta el día de hoy nos tiene sumidos en la más absoluta desigualdad.

¿Qué opinas sobre el rol del Estado y los privados en el financiamiento de la cultura y la realización en nuestro país?

En Chile todo está súper pactado, partiendo por el hecho de que los grandes medios son las principales ventanas para generar contenidos y siempre chocan con las historias y necesidades no sólo de quienes lideran estos conglomerados de medios, sino de quienes los auspician. Hay una suerte de negación de los hechos que han ocurrido en este país y hay una identidad súper marcada, histórica, que es difícil que pueda ser asumida, encarnada, por los medios locales. En ese sentido, creemos y tenemos la certeza de que Chile sigue siendo un atractivo no solamente por la factura, capacidad técnica, sino que por las temáticas que estamos desarrollando. Históricamente, fuimos un experimento del neoliberalismo, lo cual fue, en términos cinematográficos, algo súper atractivo de retratar, y por otro lado, ahora estamos siendo observados por gran parte del mundo para ver cómo va a resolverse este proceso político-social que estamos viviendo. Efectivamente, en el extranjero y en las cadenas internacionales existe una apertura mucho mayor a desarrollar contenidos que vayan en búsqueda de la verdad histórica. Cuando tienes la posibilidad de plasmar esa obra, pero sin depender de quienes han propiciado estas mismas condiciones políticas y sociales que estamos viviendo hoy en día, tienes mayor libertad para tener una opinión. 

Es más atractivo contar con aportes y financiamiento extranjero para contar las historias que queremos contar. Ahora, efectivamente, nosotros tuvimos un gran reconocimiento a través del premio Emmy, que nos entregó una credibilidad que hizo que la inversión extranjera se sintiera atraída a gente como nosotros; les podemos dar certezas de que las producciones que vamos a hacer son de alto nivel y con un contenido súper cercano a la realidad que vive la mayoría de la gente. No es que nosotros estemos haciendo algo que la gente no ve, no, la gran parte de la población se interesa en estos temas.

Sin embargo, es difícil acceder a esos productos. Cuando hay trabajos interesantes financiados por el Consejo Nacional de Televisión, muchas veces los canales los transmiten en horarios irrisorios. 

Hemos tenido la astucia de navegar en estas aguas distintas a nosotros en el sentido de lo social, de generar contenidos que no sean pasajeros, que aporten en algo y que se transformen en elementos que trasciendan a las generaciones y que puedan servir no solamente para los que ven televisión, sino también para los profesores. Nosotros regalamos la serie Una historia necesaria para todos quienes quisieran verla, nos llamaron del Liceo 1, de escuelas rurales. Se necesitan más contenidos, pero que hablen de la verdad, porque existe una corriente, que ha sido catalogada de revisionismo cinematográfico, que finalmente condiciona el trabajo a un punto de vista súper oficialista en cuanto a la escritura histórica del país, lo cual es grave, porque desde lo audiovisual se construye realidad. 

Extracto de la entrevista realizada el 8 de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

DDHH: la vara que mide a una democracia en tiempos de crisis

Si algo tienen los momentos de emergencia es que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. En este contexto de pandemia, el respeto y protección de los derechos humanos debe ser nuestra guía indiscutible en la toma de aquellas decisiones cruciales, en las que nada menos que la vida de nuestra gente está en juego.

Por Manuel Guerrero

Brotes de enfermedades infecciosas, como la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19) que se ha propagado a nivel global, implican con frecuencia un clima de incertidumbre científica, disrupción social e institucional, así como temor generalizado y desconfianza en la población. Quienes se encuentran en el ámbito político, en posición de tomar decisiones, se ven presionados a hacerlo a gran velocidad, contando, la mayoría de las veces, con escasa evidencia a la mano. Y quienes en el mundo de la salud pública se ven compelidos a proveer atención médica a grandes grupos de personas, lo tienen que hacer en un contexto de emergencia en que los sistemas de salud corren riesgo de verse desbordados, por lo que deben priorizar unos casos de atención médica por sobre otros. En ambas situaciones, la toma de decisión requiere ponderar principios éticos de igual importancia que, en el contexto de emergencia, fácilmente pueden entrar en conflicto ante la imposibilidad de ser satisfechos simultáneamente.

 En una sociedad democrática, la fuente de orientación fundante son los derechos humanos. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos son, de hecho, la condición necesaria para que estemos en presencia de una sociedad que pueda llamarse democrática. ¿Qué implica asumir los derechos humanos como marco de orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia? Un modo de responder a esta pregunta es identificar los principios relevantes que derivan de tal marco, los que fueron identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Marcha por los DD.HH. en Santiago. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Justicia. Principio que demanda la equidad en la distribución de recursos, oportunidades y resultados, tratando a casos iguales por igual, evitando la discriminación y explotación, y de particular relevancia para las personas que se encuentran vulnerables a ser dañadas o tratadas injustamente. Este principio implica un componente de justicia procedimental, en el sentido de que debe existir un proceso justo para la toma de decisiones que considere el debido proceso (el derecho a ser informado y escuchado); transparencia (provisión de información precisa y clara sobre los criterios y el mecanismo de toma de decisión); inclusión y participación de la comunidad (certeza de que actores relevantes puedan participar de la toma de decisiones); rendición de cuentas (asignación y cumplimiento de responsabilidades en la toma de decisión); y seguimiento (provisión de mecanismos apropiados de monitoreo y reporte).

Beneficencia. Es el principio que refiere a la promoción de actos benevolentes hacia otros, como el esfuerzo por reducir el dolor y sufrimiento de una persona. En el contexto de la salud pública, obliga a la sociedad a satisfacer las necesidades básicas de los individuos y comunidades, particularmente las de tipo humanitario, como alimentación, albergue o refugio, adecuadas condiciones de salud y seguridad. 

Utilidad. Concierne a las acciones que promueven el bienestar de individuos y comunidades, maximizando la utilidad de una acción tomando en consideración la proporcionalidad y la eficiencia para el logro del mayor beneficio al menor costo posible.

Respeto por las personas. Es clave en la cultura de los derechos humanos y remite a tratar a las demás personas desde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, su dignidad y derechos intrínsecos. Este principio, formulado explícitamente en el artículo primero del Código de Nüremberg de 1947 al término de la Segunda Guerra Mundial, considera el respeto a la autonomía de las personas, permitiendo y facilitando que ellas tomen, de modo informado, voluntario y libre de coerción y manipulación, sus propias decisiones. Para quienes no tienen la capacidad de tomar decisiones se debe considerar a otros que protejan sus intereses. Se considera, además, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, así como el respeto a las creencias o convicciones sociales, religiosas o culturales, incluyendo los lazos significativos, como los familiares. La transparencia en la información y la comunicación veraz son requisitos para la toma de decisiones de modo libre y autónomo. 

Libertad. Esta incluye un amplio abanico de libertades sociales, religiosas y políticas, tales como la libertad de movimiento, a reunión y libre expresión. 

Reciprocidad. Este principio debe mantenerse respecto de las contribuciones que han realizado las personas y promueve el principio de justicia en tanto permite corregir desigualdades de base que impactan en la distribución de riesgos, cargas y beneficios durante la respuesta a la epidemia. 

Solidaridad. Promueve un “nosotros” que actúa colectivamente frente a una amenaza común. En tal acción concertada es vital superar desigualdades que tienen efectos de exclusión y discriminación de grupos y minorías. 

Para que tengan una posibilidad de orientación práctica, la aplicación de estos principios, que se inspiran en la cultura de los derechos humanos, debe ser aterrizada y específica a un contexto concreto, y dado que las situaciones de pandemia como la que vivimos se caracterizan por la ausencia de evidencia completa, e incluso a veces se carece de información específica, se recomienda que el razonamiento moral opere por analogía. Es decir, una toma de decisiones informada por experiencias previas en las que sí se contaba con información a mano. Sin embargo, pese a la contingencia, los países y Estados tienen que respetar las obligaciones que han suscrito en materia de derecho internacional de los derechos humanos.

Estos son fundantes de la brújula moral que orienta la toma de decisión, al tiempo que también establecen los límites que la situación de emergencia no puede sobrepasar. Esto es lo que queda expuesto en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La limitación, por ejemplo, de algunas de las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas, como ocurre con las medidas de cuarentena y confinamiento obligatorio que restringen la libertad de movimiento y reunión, sólo puede darse cuando se considere “necesaria” por un requerimiento público o social apremiante, para responder a un objetivo legítimo y disponiendo medidas que sean proporcionales a tal objetivo. 

La salud pública es uno de los motivos que puede invocarse a la hora de ver necesaria, razonablemente y de modo no arbitrario, la limitación de ciertos derechos sólo en tanto permita al Estado la adopción de medidas que logren hacer frente a la grave amenaza a la salud de la población, para impedir la propagación de enfermedades o lesiones, y para proporcionar los cuidados necesarios. Con todo, ni siquiera en contextos de excepción, los Estados pueden suspender ciertos derechos humanos. Tal es el caso de los derechos a la vida; a no ser sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a la esclavitud ni a ser servidumbre no voluntaria; a no ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual; a no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación penal retroactiva; a ser reconocido como una persona ante la ley; y a la libertad de pensamiento, consciencia y religión. Estos derechos no admiten derogación bajo ninguna condición, por lo que establecen un límite claro e infranqueable para los Estados, sus órganos y agentes. 

En este marco y ante la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile ha formulado un conjunto de recomendaciones a las autoridades del país para que en la gestión de la emergencia: 

a. Se priorice la salud y la vida de toda la población por

sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.

b. Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el Covid-19. c. Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.

d. Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes.  

e. Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.

f. Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente. 

g. Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis, a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado. h. Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas. 

i. Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público. j. Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia. 

k. Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia. 

l. Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos. 

m. Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.

Quizás no haya momentos más definitivos para que una sociedad ponga en evidencia su potencial ético que aquellos de crisis. Tales situaciones comportan un momento veritativo en el sentido en que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. Los derechos humanos son un buen punto de partida, de referencia y de evaluación para saber si estamos a la altura de llamarnos democráticos. No en declaraciones y frases de corrección política que, como dice la sabiduría popular, son “para el bronce”, sino en cada una de las decisiones que tomamos exigidos por el contexto crítico que enfrentamos. Ahí, en ese día a día, nos jugamos no sólo la vida, sino la posibilidad de una vida buena. Decente, digna y respetuosa para con los derechos de lo más valioso que tiene un país y sociedad: su gente.