Por María Olivia Mnckeberg

Me pidieron hablar de financiamiento y lucro por mi libro Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas de Chile. El tema es bien amplio, y uno también podría abordar más en detalle el tema del financiamiento a las universidades estatales, o de todas las universidades. No trataré eso porque tenemos un tiempo acotado, pero una referencia ilustrativa para considerar: sólo el 8% del presupuesto de la Universidad de Chile corresponde hoy a financiamiento directo por parte del Estado.

Tras revisar el proyecto de ley de reforma a la Educación Superior percibo que abre más preguntas que respuestas sobre todos los temas, y en particular sobre financiamiento y respecto de cómo evitar el lucro.

Vale la pena dar una mirada a algunos hechos para entender el panorama actual. Chile presenta el récord de financiamiento privado en la Educación Superior. Año a año tenemos las estadísticas de la OCDE y otras comparaciones, y todas van en la misma línea. Sabemos que son las propias familias o los estudiantes quienes se endeudan y que el Estado apoya con becas y créditos para que estudien en universidades públicas, en privadas y en institutos -que sí tienen permiso para lucrar-. Los aranceles están entre los más elevados del mundo y los grandes grupos económicos y algunos empresarios han hecho grandes negocios con la educación desde que se impuso el modelo neoliberal. No hay fiscalización adecuada, no la ha habido en estos años y por ahora no se advierte que vaya a existir.

En contraste, hoy la Educación Superior pública apenas representa el 14,8% de la matrícula, mientras año a año siguen aumentado los estudiantes en las entidades privadas nacidas después de 1981.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) ha tenido un crecimiento notable en los últimos años. Partió en 2006 y se fueron endeudando los estudiantes y sus familias, con el respaldo del Estado. Unos dicen: “Pero permitió que muchos más estudiantes llegaran a estudiar”. Puede ser cierto, pero el costo ha sido muy alto y el aval del Estado significa que si no responde el estudiante, responde -y lo está haciendo- el Estado.

El CAE ha ido de la mano del aumento desenfrenado de las matrículas de universidades e institutos privados. Y parte de las entidades que se han beneficiado están siendo investigadas por lucro ante el Ministerio Público. Muchas de ellas son las más numerosas.

De acuerdo a las cifras entregadas por la Contraloría General de la República en su informe anual sobre Educación Superior, el CAE aumentó 19% en 2015 en comparación al 2014. Y ese año había crecido 15,6% en relación a 2013.

Otro antecedente: los aportes recibidos por las privadas Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Diego Portales, Autónoma, Mayor, Tecnológica Inacap, y los institutos DUOC, AIEP, Inacap, los Centros de Formación Técnica Santo Tomás e Inacap, reciben más que nueve de las 16 universidades públicas.

La gran parte del CAE lo obtuvo ese “sector privado” post ‘81: más del 65% en 2015. Las universidades públicas sólo recibieron un 6,4%, y las privadas del Cruch, entre las que están las universidades Católicas, la Austral, la de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María, alcanzaron un 7,5%.

Una paradoja más: la Universidad Andrés Bello, del grupo Laureate, que reconoció en Estados Unidos su objetivo de lucro, lidera el financiamiento a estudiantes en Chile a través del CAE: sobrepasa a las 16 estatales y a las nueve privadas del Cruch. Y el grupo Laureate en su conjunto -dueño además de Las Américas, AIEP y la Universidad de Viña del Mar- es el que recibe más respaldo del Estado chileno a través de los vouchers de los estudiantes.

Detrás de las cifras, son muchos los intereses que están en juego. Hay un negocio ideológico y material que está en medio de esta batalla por mantener y profundizar la situación actual, donde incluso los bancos tienen su cuota. Los “guardianes del lucro” defienden a brazo partido su posibilidad de seguir haciendo negocio a costa del Estado y de las familias chilenas. Ellos ya lo consideran un “derecho adquirido” como forma de financiamiento.

Para cambiar las cosas es necesario realizar reformas estructurales profundas que modifiquen sustancialmente el tipo de financiamiento, que aseguren la regulación y se fiscalice, ya que si se perpetúa la situación actual se seguirán agudizando los innumerables problemas. No se contribuirá al desarrollo del país ni nadie asegura educación de calidad. En ese sentido, una de las medidas indispensables es la penalización efectiva del lucro para que realmente lo evite. Pero aun eso no basta.

Cualquier reforma seria debiera considerar un rol clave a las universidades estatales. Es necesario dotarlas de los recursos para que cumplan su misión pública, garantizarles autonomía en su financiamiento y desde luego, autonomía en su forma de gobierno. Lo que hay en el proyecto presentado en ese aspecto -que incluye un excesivo número de directivos nombrados por el Ejecutivo- más parece un atentado contra la autonomía universitaria, contra el sentido mismo de una universidad.

Tampoco el proyecto gubernamental asegura a las universidades públicas financiamiento basal, sino que incluso plantea su disminución. No hace diferencias significativas entre universidades públicas y privadas. Habla de un sistema “mixto”, pero bajo una lógica que ha nacido de personas provenientes de universidades privadas, como consta en algunos documentos. Nosotros vemos necesario fortalecer la columna vertebral del sistema: las universidades del Estado, y eso incluye, desde luego, el financiamiento.

Dentro de eso es necesario cambiar el financiamiento a la demanda a uno por la oferta y desde ahí plantearnos la gratuidad para que llegue a ser universal, pero a partir de las universidades públicas, y con altas exigencias para quienes reciban recursos del Estado. Si nada se hace, o si se continúa en la línea de la reforma presentada, no se ve que se puedan solucionar los problemas. Al contrario, el peligro es que este “sistema” mercantil se tienda a consolidar.