Hace más de 35 años se dieron los primeros pasos para introducir la lógica de autofinanciamiento en la Educación Superior, hasta entonces provista por el Estado. En estos años, el endeudamiento de los estudiantes ha aumentado explosivamente y es por eso que hoy todos esperan con ansias el proyecto de ley de Educación Superior anunciado por el Gobierno. La promesa, desde la campaña de Michelle Bachelet, era el reposicionamiento de la educación pública y, por eso, la expectativa sobre un trato distinto para las universidades estatales era alta. Sin embargo, al cierre de esta edición los rectores del Cuech no sólo están desilusionados de lo que conocen del proyecto, sino que se declaran “en alerta” e incluso evalúan no apoyar el documento.
Por Paulina Salazar y Jennifer Abate | Fotografías: Felipe Poga
Este año el Gobierno comenzó a implementar uno de los puntales de la llamada “obra gruesa” de su periodo. El inicio de la gratuidad, esa promesa que se convirtió en una de las principales armas de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, sin duda ha beneficiado a estudiantes que de otra forma tendrían que depender de créditos o becas para cursar sus estudios superiores, aunque esto no ha logrado acallar las críticas a este proyecto nacional, sobre todo referidas a errores en los anuncios y a la falta de claridad respecto a cómo esta medida se mantendrá en el futuro.
La última surgió durante los últimos días de junio, plazo autoimpuesto por el Gobierno para presentar el proyecto de ley de Educación Superior, que contemplaría, entre otros cambios estructurales, mecanismos para financiar una gratuidad que debiera llegar a ser universal. Las esperanzas desde el mundo público eran enormes; después de todo, la promesa de reivindicación del sistema de educación provista por el Estado llamaba a creer que el proyecto traería felices noticias para las estatales.
Amarga fue la sorpresa de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) tras una reunión con representantes del Ministerio de Educación en la que conocieron detalles del que sería el borrador final del proyecto, que hasta el cierre de esta edición aún no es enviado al Congreso.
“No se ha acogido ninguna de nuestras propuestas, se reafirma un modelo de mercado financiado por el Estado. Esto no se relaciona con si hay más o menos recursos, sino cómo se distribuyen. Este proyecto está hecho para mantener los privilegios de las universidades privadas fuera del Cruch”, señaló tajante el Rector de la Universidad de Chile y presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, al momento de conocer el documento.
Esto, porque el proyecto, hasta la fecha, no contempla mecanismos de fortalecimiento de los planteles estatales, lo que hace impensable que, en el mediano o largo plazo, puedan convertirse en el pilar de un sistema de universidades públicas, como espera el Consorcio.
El 30 de junio, apenas un día después de conocer los detalles del proyecto, los rectores del Cuech publicaron una declaración manifestando su molestia y señalando que “durante meses diversos protagonistas hemos entregado sólidos argumentos criticando el actual modelo universitario y ofreciendo coherentemente conceptualizaciones alternativas. Con profunda preocupación constatamos que ninguna de esas propuestas ha sido
acogida en la presunta versión final del proyecto que hoy hemos conocido”. Al mismo tiempo, el texto señala que “este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de Educación Superior. De aprobarse, se reafirmaría un modelo, existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado”.
La molestia es evidente y, según los rectores de las estatales, justificada. Después de todo, la expectativa estaba en que este proyecto de ley comenzara, de a poco, a desterrar los cimientos de un modelo impuesto por la dictadura y que promueve el financiamiento privado en educación.
Comienza la privatización
Hasta el 11 de septiembre de 1973 el panorama de la Educación Terciaria en Chile era mucho menos intrincado que el actual y contemplaba ocho universidades tradicionales (de ellas, dos estatales, la U. de Chile y la Técnica del Estado, que más tarde se convertiría en la Usach) que, naturalmente, pertenecían al Consejo de Rectores y recibían aportes estatales para su funcionamiento.
Durante sus primeros años de instalación, los militares se concentraron en intervenir los puestos más importantes de los planteles, que desde ese momento serían ocupados por representantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para 1981 se había hecho claro que tener control sobre el sistema educacional requería de mucho más que eso. Así fue como se proclamó el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1981, que estableció la posibilidad de crear universidades privadas, que, sin embargo, debían ser corporaciones sin fines de lucro. En un escenario de crisis económica nacional, sólo tres planteles fueron creados al alero de este anuncio (U. Gabriela Mistral, U. Central y U. Diego Portales), pero con el fin de la dictadura y la mejora en las condiciones económicas, vendría también la explosión en la creación de estos planteles; entre 1989 y 1991 se fundaron la mayor parte de las universidades privadas que perduran hasta hoy.
Ni siquiera la democracia pudo destruir los cimientos que había plantado Pinochet en Educación Superior. El financiamiento a los planteles estatales se haría, en los ‘90, cada vez más exiguo, lo que les impedía aumentar la matrícula, una medida que no tenía sintonía con el clamor nacional, que pedía mejorar el acceso de todos los sectores a la Educación Superior (es más: hasta el día de hoy, 40% de quienes postulan a las universidades estatales quedan fuera por falta de cupos). Así fue como las autoridades de la época llegaron a un acuerdo con los privados para que ellos aumentaran sus matrículas y absorbieran la nueva necesidad de educación de las familias chilenas. De este modo se trazó un nuevo mapa, que hizo que en los últimos cinco años la matrícula de pregrado aumentara apenas en 5,6 por ciento en las estatales, a la vez que lo hacía en 12 por ciento y 17 por ciento, respectivamente, en las particulares del Cruch y las privadas creadas después del ‘81.
Esta nueva forma de concebir la educación tomó tal fuerza, que Chile se convirtió en uno de los países con mayor nivel de inversión privada en Educación Terciaria al compararse con sus pares de la OCDE. Según el informe Education at a Glance del año 2014, el 75 por ciento del gasto en esta área proviene de las familias. Más de tres décadas habían pasado desde que la reforma del ‘81 abriera la puerta al mercado, y cambiar esta forma de financiamiento parecía casi imposible. Pero no todo estaba perdido. Los primeros ruidos llegaron el 2011, con un movimiento estudiantil que paralizó a los planteles durante meses con una sola exigencia: fin al lucro y una reforma estructural del sistema de Educación Superior.
Esta sería una de las principales consignas que recogería la campaña presidencial al segundo mandato de Michelle Bachelet, quien fue la primera en apostar más claramente por desterrar una parte de la herencia de la dictadura. El primer intento fue el inicio de la gratuidad, que partió a principios de este año y que benefició a 30 universidades y al 50 por ciento de sus alumnos más vulnerables. El último, un proyecto de ley de Educación Superior que no concita apoyo en el mundo estatal.
Qué esperan las estatales
El inicio de la gratuidad en el sistema no estuvo libre de problemas. Al fallo del Tribunal Constitucional – que obligó a considerar a universidades fuera del Cruch, como la U. Diego Portales, por ejemplo– se sumaron una seguidilla de errores a la hora de entregar información sobre los estudiantes beneficiados con el nuevo esquema.
Según la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y experta en educación superior, Carolina Guzmán, todos estos problemas se produjeron porque el Gobierno trató de “cambiar de un día para otro una forma de concebir y planificar la educación bajo un modelo de educación de mercado”. Para la experta, “antes de implementar medidas concretas y desarticuladas, se debió pensar en un proyecto educativo con objetivos estratégicos que permitiesen pensar en un sistema inclusivo, menos estratificado y menos privatizado, eliminar el lucro, reforzar la calidad y cambiar la lógica neoliberal heredada de la dictadura y reforzada durante gobiernos democráticos durante décadas”.
Sin duda, los rectores de los planteles estatales valoran una reforma en el sistema de Educación Superior actual, pero no una cualquiera. Las autoridades aseguran que ésta no puede llegar a buen puerto a menos que se respeten criterios mínimos para su implementación.
Para el Rector Vivaldi es importante, por ejemplo, que exista un sistema de universidades estatales, y para ello se debe “tener un proyecto de desarrollo para esas instituciones, que no tiene que ver con la fórmula para asignar recursos: que es la cantidad de alumnos matriculados y la asignación de un monto específico por cada joven”.
En esta línea, la autoridad de la Universidad de Chile considera esencial que la apuesta por un cambio mayor del sistema tenga relación con “que el Estado se pregunte qué quiere de sus planteles, qué proyectos necesita, por ejemplo, para las universidades en regiones. Todo esto implica una forma totalmente distinta de ver el financiamiento”.
Es por eso que Vivaldi considera indispensable fijar los criterios que se emplearán para darle gratuidad a los planteles. “El principal debiese ser proteger a los alumnos y a sus familias, ya que si das gratuidad o, incluso, si dejas que un joven y su familia paguen, tienes que garantizarle que esa experiencia va a abrirle un mundo y que el título le servirá. Si no, es un engaño”, sentencia.
Para Sergio Bravo, Rector de la Universidad de la Frontera (UFRO), la gratuidad, y por tanto la reforma, debe concebir a las universidades desde la oferta y no desde la demanda. “Lo que sucede es que el sistema vía glosa te dice que te financiarán a la cantidad de alumnos matriculados por cada carrera y con un tope fijado por el Estado. Esto genera una distorsión en el sistema y surge el marketing para captar alumnos”. Es decir, si un plantel adscrito a la gratuidad matricula a menos alumnos, menos recursos estatales recibirá.
¿Cuáles son las consecuencias, entonces, de que el financiamiento dependa de la cantidad de alumnos? Los rectores explican que el principal problema se reflejará en aquellas carreras que no tengan una alta demanda, como son las artes, filosofía y las pedagogías, por ejemplo. “Nosotros formamos a alumnos para que sean profesores de Física, pero los interesados por esta carrera no son más de seis en la UFRO, por ejemplo. Sin embargo, lo ofrecemos porque es nuestra misión como plantel estatal”, explica Bravo.
El Rector agrega que en este escenario “uno echa de menos una política pública más pensada, porque está claro que las universidades privadas no formarán a estos alumnos si no llenan las salas de clases”.
Otra de las condiciones que tienen eco entre los rectores e investigadores es la necesidad de fortalecer a las universidades de regiones. La investigadora del CIAE, Carolina Guzmán, señala que “para no seguir debilitando a las universidades estatales hay que entregar aportes fiscales directos y aportar aún más recursos a los planteles regionales, que son los más débiles. Es necesario apoyarlos en todo sentido”.
Según el Rector de la UPLA, Patricio Sanhueza, hasta ahora tampoco se ha considerado la realidad de los planteles en regiones y se “fija los recursos como si estuviéramos en Santiago”. Una de las universidades que resiente ser tratada bajo la lógica centralista es la U. de Antofagasta. Este plantel es uno de los pocos estatales que sufre déficit, el que alcanza los $700 millones por gratuidad.
A juicio de su Rector, Luis Alberto Loyola, la brecha se debe a que sólo el 22 por ciento de sus alumnos es portador de la gratuidad, debido a los altos sueldos provenientes de la minería, pero, agrega, “el costo de vida es uno de los más caros del país. Esta es la razón por la que son pocos los alumnos que acceden a la categoría del quinto decil”. Sin embargo, dice la autoridad, “muchos jóvenes que necesitan el aporte quedan fuera del límite y nos preocupa que vayan perdiendo las becas y créditos, áreas que van bajando su presupuesto por la nueva política”.
Considerando esta realidad y la de otros planteles de zonas extremas es que el representante de las universidades regionales, Patricio Sanhueza, postula la necesidad de que se establezcan cuotas de gratuidad en el proyecto de reforma a la Educación Superior. “La idea es que la cuota se determine sobre la base del porcentaje de población de cada región del país. Por ejemplo, más del 40 por ciento de los alumnos vive en Santiago, entonces que ese porcentaje se destine a la capital. Si no, lo que ocurrirá es la fuga de alumnos de regiones a Santiago. Todo esto considerando que la idea es no debilitar a las regionales, que hacen país”, señala el Rector de la UPLA.
Matrículas de pregrado 2016
- Ues Estatales: 170.748 alumnos = 14,8%
- Ues particulares Cruch (tradicionales privadas): 144.984 alumnos
- Ues privadas post 81: 338.296 alumnos = 29,5%
- Institutos Profesionales: 368.981 alumnos = 32,0%, son los que más crecen.
- CFT: 141.071 alumnos = 12,2 %
- La mayoría de los estudiantes está en instituciones privadas: 84,7%
- Sólo 14,8 estudia en universidades estatales. La proporción disminuye cada año.
- 11,5% estudia en particulares Cruch, con aporte estatal.
