La convivencia universitaria respetuosa como ejercicio de derechos humanos

Por Juan Cortés

La Universidad de Chile promueve el desarrollo integral y armónico de sus miembros y lo hace en concordancia con los principios orientadores y las prácticas específicas de la comunidad. El cumplimiento de nuestra misión constituye un compromiso permanente de funcionarios/as y estudiantes, cualquiera sea su especificidad, como demuestran los hallazgos efectuados por la Iniciativa de Convivencia Universitaria (ICU), dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios VAEC.

Esta instancia constituye un elemento facilitador de las relaciones armónicas y simétricas dentro de nuestra comunidad. Este anhelo compartido, sin embargo, no ha constituido en todo momento nuestra norma social e incluso en tiempos no lejanos, rigió su inverso. ¿Acaso la simple disposición al respeto y colaboración no basta?

En pleno siglo XXI, muchas de las terribles desigualdades que vivió Chile durante su historia parecieran resueltas: régimen democrático y Estado de derecho; eliminación del hambre, mortalidad infantil y otras muertes prematuras; acceso al agua potable, alcantarillado, conectividad vial y transportes; educación, trabajo, derechos sociales y de género y una serie larga de conquistas obtenidas no sin duras batallas y ciclos de avances y retrocesos. Esto no parece haber conseguido necesariamente la instauración de relaciones armónicas entre sus ciudadanos ni comunidades.

Como Universidad pública consciente de su ser y por lo tanto de su responsabilidad en la construcción de Chile, estamos obligados a actuar, a profundizar nuestra mirada crítica institucional, social e individual. Los últimos años han demostrado que es posible avanzar en temas que hasta hace poco resultaban impensables: equidad de género; acoso y abuso sexual; creación de Centros de Aprendizaje; programas de admisión inclusivos como SIPEE, PACE o de ex-conscriptos.

Un Comité de Coordinación Institucional ha propiciado giros insospechados en la dinámica organizacional, demostrando que si hay reflexión y trabajo colaborativo, los vacíos de interacción y silencios ominosos van dando paso a la reflexión y a la cohesión institucional. En la misma línea, la VAEC ha venido desarrollando esta iniciativa, realizando un levantamiento al interior de la institución que da cuenta del estado formal de acciones, institucionalidad y programas de convivencia. La finalidad es comprender la realidad. Mediante una acción transversal y coordinadora se busca identificar interacciones virtuosas y promoverlas al interior de la comunidad.

La ICU, a través de una mesa técnica con representantes de las unidades académicas y de la Dirección de Recursos Humanos, trabaja sobre tres ejes sustantivos: sentido de comunidad y de pertenencia; respeto hacia las personas -más allá de roles y posiciones-; y convivencia. Estos ejes tributan a la formulación de estrategias concretas que subrayan a la equidad y la inclusión como partes fundamentales de la vida universitaria. Un Plan Anual de Convivencia Universitaria, elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinario, plural y triestamental, se encargará de promover conductas respetuosas y reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. También corresponde a la labor de la ICU estimular y apoyar la generación de comités asesores en facultades e institutos en materias de convivencia y diálogo dentro de ellas.

En este sentido, una forma posible de avance comunitario es reconocer Áreas Estudiantiles Comunes que dispongan de infraestructura y servicios de calidad basal uniforme, configurando un “piso mínimo garantizado” estructural, análogo al desarrollado en beneficios estudiantiles por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Finalmente, y aunque la Universidad pueda ser vista como una institución añosa y rígida, existen otras perspectivas y dimensiones. Observando los ambientes que genera, las discusiones que se dan en ámbitos científicos, filosóficos, artísticos o humanistas, es posible reconocer redes de conversaciones vigorosas, flexibles e innovadoras, llenas de vida y de creatividad.

Es ese el ambiente que debemos fomentar y compartir, son esos espacios los que deben alimentar las respuestas y mensajes que la Universidad lleve a la sociedad y en los cuales están inmersos nuestros estudiantes. Una forma de promoverlos son nuestras declaraciones explícitas de colaboración entre los integrantes, el desarrollo de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y la adhesión irrestricta al diálogo constructivo e integrador. Nuestro empeño como VAEC es aportar en la formación integral de los/as estudiantes, generando igualdad de oportunidades de acceso, permanencia, egreso y titulación, incidiendo en el contexto universitario como una importante fuente de retroalimentación, aprendizaje y aporte cultural.

La Universidad es espacio físico, aunque lo que la distingue, lo que la hace irrepetible y especial para todos los que pasamos por ella, es su ambiente único y peculiar, que debemos preservar y mejorar con nuestros aportes. Al distinguir de manera explícita la equidad, la inclusión y el respeto mutuo como elementos estructurales y sustantivos de la Universidad, constantes e indisolubles de todas sus funciones, estaremos consiguiendo que la excelencia y el respeto de los derechos humanos resulte algo connatural e inevitable para quienes formamos parte de ella.

Formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas

Por Felipe Agüero

La educación en derechos humanos (DDHH) es necesaria en toda institución del Estado, y lo es especialmente en aquellas instituciones a las que la sociedad, para su propia protección, les confiere el monopolio de la violencia legítima. Si esto vale para todas las instituciones armadas en tiempos en que los DDHH se han hecho parte del patrimonio cultural y jurídico de la humanidad, es especialmente válido en el caso de instituciones armadas que fueron protagonistas de masivas violaciones a los más elementales de esos derechos en un pasado más o menos reciente. La sociedad y el Estado han reconocido esas violaciones y han intentado registrarlas, investigarlas, someter a la justicia a los culpables, reparar a las víctimas y desarrollar procesos de memoria con vistas al objetivo de no repetición. Las Fuerzas Armadas han hecho algunos reconocimientos simbólicos y se sentaron en una mesa de diálogo con representantes de las víctimas. De todas las ramas, es el Ejército el que fue más lejos al reconocer su participación institucional en esas violaciones, en la conocida declaración del Nunca más que hiciera el General Juan Emilio Cheyre, como Comandante en Jefe, en junio de 2003.

Con todo eso a la vista, ¿puede decirse que hoy, a casi tres décadas del fin de la dictadura, se forma a oficiales, suboficiales y soldados en DDHH con la profundidad requerida por la experiencia nacional? Destaco dos situaciones que me parecen decidoras y frustrantes. La primera es que, a diferencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas registra visitas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La segunda es que la declaración del Nunca Más no es discutida, no es asignada como lectura o base para la reflexión. Pareciera que pasó al olvido. Es desalentador que esto refleje una opinión extendida en la oficialidad de que lo hecho durante la dictadura estuvo bien, que era inevitable, y por eso la resistencia frente a ese documento.

No obstante, del rechazo al concepto y significado simbólico de los DDHH que primó durante los años ‘90 se pasó a un reconocimiento de la inevitabilidad de su incorporación. Esto comenzó con la aceptación de participar en la Mesa de Diálogo, que se inició a mediados de 1999 y que llevó a dialogar con un sector—los representantes de las familias de desaparecidos y los abogados de DDHH—que hasta entonces era fuertemente descalificado por los militares. Hay que decir que mientras ocurrían esas conversaciones, que no dieron los resultados esperados y que entregaron información falsa, se estaban destruyendo en el ejército los documentos con esa información. No obstante, desde aquí se dio el primer impulso a la aceptación de la necesidad de dar formación en esta área. El empuje continuó con el Nunca Más y la iniciativa del General J. E. Cheyre y del General O. Izurieta en la Comandancia de Institutos Militares y luego de Institutos y Doctrina. En este periodo se adopta formalmente la decisión de incorporar los DDHH en la enseñanza militar, aun cuando esta decisión no tuvo mayor impacto real en la malla curricular. Se avanza en una mayor y mejor incorporación de la enseñanza del derecho internacional humanitario, especialmente en momentos de mayor participación chilena en misiones de paz, pero no hay incorporación diferenciada y sustantiva de los DDHH.

Esta falta de especificidad y profundidad en la enseñanza de los DDHH en las Fuerzas Armadas fue advertida en un estudio realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El estudio señaló que “los contenidos se caracterizan por una fuerte concentración en los marcos doctrinarios y normativos del derecho internacional humanitario, con un escaso tratamiento de los derechos humanos y una ausencia de instrumentos específicos de derecho internacional en esta última materia.” (Boletín Informativo INDH No. 2, diciembre 2011).

Hay pocas referencias a los derechos humanos en la legislación nacional (ninguna en la Armada y Fuerza Aérea) y nada sobre derechos civiles y políticos. Como sugiere lo anterior, se encontraron fuertes diferencias entre las ramas, con una presencia significativamente menor de la temática de DDHH en la Armada y la Fuerza Aérea. Temáticas clave como la tortura, tanto por la experiencia en la dictadura como por los debates sobre acción internacional en esta materia después del atentado a las Torres Gemelas, se tratan sólo indirectamente. Y, agrega el estudio, “los temas de memoria de graves violaciones de derechos humanos se encuentran ausentes en la formación de todas las ramas [….] no lográndose identificar acciones de reconocimiento y de reflexión crítica sobre tales hechos” (Ibid.).

A estas debilidades se suma una muy importante: la calidad de los profesores, que muestran poco interés o convencimiento en el tema. Con todo, es alentador que se haya desarrollado un diálogo entre el INDH y las Fuerzas Armadas, con vistas a mejorar y profundizar este tipo de formación. Producto del citado estudio, el INDH hizo una propuesta de programa de enseñanza, que se orientara a concentrar y visibilizar más la temática de DDHH específicamente, en la misma dirección que antes, el 2000, había propuesto el General Cheyre como Comandante del Comando de Institutos Militares, señalando en un documento “la obligación de dinamizar, profundizar y marcar un fuerte centro de gravedad en nuestros procesos formativos en estas materias.” Pero la propuesta del INDH fue rechazada, diciendo los órganos respectivos de las fuerzas armadas que estaba bien lo que ya tenían.

Hay promesa en una continuada relación de diálogo y propuesta con el INDH, teniendo en cuenta su apuesta por “los nuevos enfoques de la Educación en Derechos Humanos, que fortalecen la doble dimensión del personal uniformado: como garante de derechos, pero también como sujeto de derecho; dimensión que permite apropiarse de mejor manera del marco valórico de los derechos humanos”, y que permite también poner adecuada atención en las reglas y comportamientos dentro de las instituciones en relación a sus propios miembros y la vulneración de derechos de que pueden ser objeto.

La educación en DDHH es limitada y llena de formalismos. Pero hay una plataforma establecida, especialmente en el Ejército, que pudiera permitir avanzar. Esta plataforma consiste en la aceptación de la necesidad de la formación en DDHH y en la presencia del tema en diversos escalones de formación en la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales, y varios otros cursos necesarios para el ascenso de los oficiales. Una gran palanca puede ser la incorporación de objetivos y tareas en este plano que hizo el Plan Nacional de Derechos Humanos. Darle consistencia, profundidad y especificidad a la formación en DDHH, aparte de su relación con la experiencia nacional de violaciones, es una tarea que requiere de decisión y voluntad política. Conspiran contra esto la autonomía que mantienen las Fuerzas Armadas, entre otras, en la esfera educativa, y la falta de voluntad política y capacidad institucional desde el Ministerio de Defensa.

Aquí ha prevalecido una auto inhibición sistemática y falta de liderazgo, desde la posición del ministro, como se vio en estos últimos años, que reflejan una claudicación en favor de la acomodación, para “no hacer olas”, en desmedro de una visión orientada a contribuir desde un sector clave a la verdadera democratización del país y a una modernización de las Fuerzas Armadas y los sistemas de liderazgo civil.

Un nuevo polo cultural para Santiago

Los nuevos proyectos de infraestructura académica y cultural VM20 y VM39 albergarán, entre otras unidades y organismos de la Universidad de Chile, al Centro de Extensión Artística y Cultural Domingo Santa Cruz, CEAC, que contará con un espacio propio que dignificará la labor de sus artistas y trabajadores y le permitirá consolidar y ampliar su labor. Su ubicación estratégica, a pasos de Plaza Italia, conecta y refuerza la presencia de la Universidad en el punto más relevante de Santiago, donde convive la actividad urbana con los movimientos sociales, el arte, la cultura y la academia.

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Escenas de memoria y reparación en la U. de Chile

Fotografías: Felipe Poga y Alejandra Fuenzalida

Al llamado de Alejandro Arturo Parada González, con un clavel rojo en la mano izquierda y apoyada en el brazo de su nieta, Amanda González se puso de pie y subió a recibir el diploma de su hijo, cuyo retrato iba prendido en su pecho.

“Como madre de Alejandro siento gran emoción por el gesto de la entrega de títulos póstumos y simbólicos a los alumnos que vieron interrumpidas sus carreras por la dictadura cívico militar del año ‘73. Actos como éste ayudan a hacer menos dolorosa la herida del corazón ocasionada por todos aquellos que le quitaron la vida a Alejandro, hombres corazón de hierro que aún no dicen dónde está él y todos los detenidos desaparecidos. Este gesto de memoria y reparación, como lo hizo la Universidad, debe repetirse a lo largo de todo Chile para así, medianamente, sanar este gran dolor y daño que causaron a nuestro país”, dice Amanda González, madre de Ale – jandro Parada González, estudiante de Medicina Veterinaria de la U. de Chile y detenido desaparecido en 1974 por la dictadura en Chile.

En un Salón de Honor colmado de familiares, académicos, estudiantes, funcionarios, autoridades, compañeros y representantes de organizaciones de derechos humanos, este 11 de abril de 2018 la Universidad de Chile realizó la primera ceremonia de entrega de distinciones universitarias de título póstumo y simbólico y de grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as) por la dictadura cívico militar.

Junto a Amanda González, familiares y compañeros de otros 99 estudiantes avanzaron por el salón principal de la Casa de Estudios para recibir de manos de la máxima autoridad universitaria, el Rector Ennio Vivaldi, los respectivos diplomas adeudados.

“Quienes fueron homenajeados y distinguidos póstumamente no sólo eran destacados estudiantes, que construyeron y se construyeron en la Universidad, sino también personas que en el momento quizás más hermoso de sus vidas decidieron dar incluso la suya porque el pueblo tuviese justicia, igualdad y libertad. Por eso, como familia consideramos muy valioso e importante este gesto y acción autónoma de la U. de Chile. Porque quién más que el pueblo, académico en este caso, para realizar homenaje a su propio pueblo”, dice Dago Pérez Videla, quien recibió el diploma de socióloga de su madre, Lumi Videla Moya, ejecutada política.

“Yo apenas recibí la beca Valech me puse a estudiar y me titulé ahora, el 2018. Es decir, con mi mamá nos titulamos el mismo año. Y en septiembre, cuando entreguen el título de mi padre, entonces los tres lo habremos hecho. Eso para mí y para mi hijo es muy hermoso”, cuenta Pérez Videla.

“‘Libertad y democracia’ se susurraba en la oscuridad que inundó a Chile tras el bombardeo al Palacio de Gobierno, el 11 de septiembre de 1973. Y nuestros 100 estudiantes dieron lo más preciado por la recuperación de la libertad y la democracia de todo un país”, fueron las palabras que iniciaron el encuentro. Con este acto, la institución de educación superior más antigua de Chile, y el alma mater de los 100 estudiantes que esa tarde recibieron su distinción póstuma, dio inicio a un proceso de reparación y memoria anhelado por la comunidad universitaria y el país.

“La U. de Chile está haciendo hoy un gesto de demostración de autonomía moral. La dictadura militar nos dijo que habían muerto y hoy nosotros nos sentimos con el derecho de decir otra cosa y entregarles este diploma”, destacó el Rector Vivaldi.

“En este acto hoy no entregamos sólo un título póstumo simbólico. Estamos entregando por sobre todo nuestro respeto, admiración y cariño a una parte de nuestra comunidad que no está presente, pero en cuya ausencia está plasmada el ethos, el alma, lo mejor de esta, nuestra Universidad”, enfatizó Faride Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y quien ha liderado un proceso de investigación en el que ha participado la Cátedra de Derechos Humanos, el Archivo Central Andrés Bello, la Dirección Jurídica y la Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

La Casa de Estudios ha establecido este proceso como abierto y permanente. La próxima ceremonia de entrega de diplomas será el 11 de septiembre de 2018, donde se distinguirá a los nuevos nombres que arroje la investigación.