Cuando Eduardo Engel encabezó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que se constituyó el 2015 para crear un marco que regulara el financiamiento de la actividad política, lo hizo convencido de que las crisis son oportunidades reales para hacer modificaciones que mejoren la calidad de las instituciones y la confianza hacia éstas. A dos años de ese trabajo, en conversación con el también académico de la Facultad de Economía y Negocios, Daniel Hojman, destaca que las reformas aprobadas “tomarán tiempo en rendir todos sus frutos, pero pueden cambiar el equilibrio político de una sociedad y llevar a una mejor democracia”.
Por Daniel Hojman | Fotografías: Alejandra Fuenzalida
Existe una tradición intelectual y académica importante en temas de corrupción y transparencia, que enfatiza el rol de la calidad de las instituciones para el desarrollo económico y político. ¿Hasta qué punto son amenazas u oportunidades para nuestro desarrollo?
– La primera decisión que tomamos en la comisión fue concebir los escándalos que motivaron la creación de la comisión como manifestaciones de debilidades institucionales. Fue así como enmarcamos el informe que preparamos dentro de una larga tradición en ciencias sociales respecto de la importancia de las instituciones para el desarrollo de los países. Las propuestas que hicimos apuntaron simultáneamente a los síntomas de estos problemas y a sus causas más profundas. Además, si uno mira la experiencia comparada, la mayoría de los grandes avances para fortalecer las instituciones democráticas suceden luego de escándalos de corrupción que se aprovechan para impulsar una buena agenda de reformas. Esto vale tanto para países desarrollados como para países en desarrollo. Así que la manera de entender la importancia de esta agenda es que se trata de aprovechar una oportunidad de hacer reformas del Estado que, bien hechas y manteniéndose en el tiempo, pueden hacer una diferencia muy grande, un antes y un después en el desarrollo de Chile. Son reformas que toman tiempo en rendir todos sus frutos, pero que pueden cambiar el equilibrio político de una sociedad y llevar a una mejor democracia.
Cuando uno leía estadísticas hace unos 10 ó 15 años, Chile siempre aparecía entre los 25 mejores países del mundo en los índices de Transparencia Internacional y ciertamente por lejos el mejor de la región. Desde un punto de vista comparado, ¿hasta qué punto lo que estamos viviendo en Chile es algo distinto, especial? ¿Podríamos decir que Chile sigue siendo un país poco corrupto con respecto al resto de la región, del mundo?
-Se comenzó a construir indicadores para medir corrupción hace poco más de 15 años. En esos indicadores, efectivamente Chile desde un principio estaba muy por encima de lo que sugería su ingreso per cápita, el gran misterio era por qué Chile no era más desarrollado dados los buenos indicadores que teníamos en las distintas dimensiones de gobernanza, entre ellas el control de la corrupción. Eso no ha cambiado después de los últimos escándalos. A la gente le cuesta creerlo, pero Chile sigue con indicadores que, junto a Uruguay, lo sitúan muy por encima del resto de América Latina, en tercer lugar viene Costa Rica, claramente por debajo de Uruguay y Chile, y después otro salto grande para pasar al resto de la región. Lo anterior no quita que los desafíos que tenemos en esta etapa de nuestro desarrollo sean más complejos que aquellos que enfrenta el resto de América Latina, que se encuentra en una etapa anterior de desarrollo. Estamos mucho más cerca de ser un país desarrollado que el resto de la región, salvo Uruguay, con pocas experiencias en que inspirarnos, dado que muy pocos países han hecho la transición que queremos hacer en los últimos 50 años. En ese contexto, tener una democracia mucho más representativa, donde los ciudadanos sientan efectivamente que quienes han sido elegidos representa sus intereses, puede ser un elemento central para contribuir a encontrar las políticas que necesitamos y lograr que tengan la legitimidad que haga posible que se lleven a la práctica con éxito.
Lo que aparece como parte de estas agendas tiene un componente democratizador bien importante.
– Sí, y es un fin en sí mismo porque la calidad de vida de uno depende de la calidad de la democracia en la que uno vive, pero también es un medio para avanzar en temas que tenemos pendientes como sociedad. La manera en que se originan las políticas en los tiempos que estamos y que la gente las perciba como legitimas detereminan si una democracia funciona bien o no.
Ciudadanía y delación compensada
– En suma, en materia de corrupción, Chile seguiría estando en un nivel relativamente de avanzada en la región, pero hay cierta decadencia que aparece como crítica en esta etapa de desarrollo. Al mismo tiempo, los escándalos florecen en otros países América Latina. ¿Por qué ahora? ¿Nos jodimos o es un fenómeno más global? Una hipótesis es que hay cambios culturales asociados a una ciudadanía que no está dispuesta a tolerar impunidad, que está más alerta y más educada. Tal vez la tecnología, el acceso a Wikileaks, Panamá Papers o los propios requerimientos de transparencia crecientes hacia el Estado, hacen que estemos más conscientes de cosas que pasaban igual, pero no conocíamos. Una historia sería que no nos jodimos, que éramos igual de corruptos, pero ahora nos damos cuenta más de la cosas. Otra, es que las formas de funcionar de nuestro capitalismo reciente se asocian con prácticas más corruptas. ¿Hasta qué punto hay fenómenos que nos han llevado a tener mayores grados de corrupción? ¿O somos igual o menos corruptos, pero los cambios culturales y tecnológicos hacen la corrupción más visible y menos tolerable que antes?
– Partamos por lo que está pasando en América Latina. Si uno mira el indicador de control de la corrupción del Banco Mundial, que es el que más me gusta, hay seis países de 20 en la región –un 30%- que están en su peor momento. En cambio, en el resto del mundo sólo un 9% está en su peor momento, entonces hay algo en América Latina que es distinto. Para tratar de explicarlo postulo una combinación de dos factores. Primero, un factor a nivel mundial es que hoy es mucho más fácil para la ciudadanía movilizarse que hace 15 ó 20 años, porque con las redes sociales y nuevas tecnologías de la información el costo de la acción colectiva es mucho más bajo que antes. Basta con ver lo que pasó en Chile cuando se anuncia que se ha aprobado el Proyecto Barrancones el 2010 y a las pocas horas hay miles de personas protestando en la calle, tomando por sopresa a todo el mundo político. Por otra parte, está el costo de reprimir, que es mucho más alto que antes porque cada manifestante es un periodista en potencia, que con su celular puede fotografiar a un policía que lo está reprimiendo. Más fácil coordinarse, más difícil reprimir y es así como en el 2011 tenemos manifestaciones masivas en todo el mundo.
De hecho, el personaje del año de la revista Time del 2011 fue el manifestante.
– Efectivamente. Me acuerdo que para una columna que escribí en La Tercera revisé todas las ediciones del Economist de 2011, y hubo más de 40 países que aparecían con manifestaciones multitudinarias ese año. La primavera árabe, los estudiantes en Chile, los indignados en España, etc. Ahora al segundo factor, particular de América Latina. En tiempos recientes emerge una clase media que ha crecido notablemente, que es más educada y más exigente con la calidad de los servicios que provee el Estado y la calidad de la política. El rol de la prensa y el sistema judicial también contribuye. Antes, cuando había escándalos, muchas veces no los conocíamos porque había menos periodismo de investigación. También, en algunos países como Brasil y Chile, fueron importantes reformas del sistema procesal penal, que llevan a sistemas judiciales más autónomos y con más herramientas. Un ejemplo de lo anterior es la incorporación de la delación compensada como herramienta jurídica.
Eso ha sido muy importante en Brasil y en la colusión acá.
– Cuando fueron las manifestaciones masivas del 2013 en Brasil, justo antes del mundial, Dilma Rousseff intenta una serie de reformas y una de las pocas que aprueba el Congreso es aquella que incorpora la delación compensada. Esta fue clave para conocer todo lo que sabemos en el caso Petrobras. En Chile, hace diez años, cuando se supo que había colusión en el mercado de los pollos, quienes estaban involucrados durante cinco años negaron su participación y cuando la Corte Suprema los declara culpables ya casi nadie está siguiendo el tema; en cambio cuando se destapa el caso del papel tissue se conocen de inmediato los detalles de lo que sucedió y los involucrados no pueden legarlos, ya que dichos detalles los han provisto ellos como parte de un acuerdo de delación compensada, para reducir sus penas y sanciones. Concretamente, el mismo día que conocemos del caso de colusión del papel tissue sabemos que hubo laptops arrojados al Canal San Carlos, partes de matrimonio ficticios que contenían los listados de precios de la colusión, etc. En este escenario el grado de indigación que provocan estos escándalos es mucho mayor.
Muchas veces la gente ve en casos de colusión que, a partir de la delación compensada, al momento de las penas hay ciertas dudas: la condena no parece ir de la mano de la falta. Queda una sensación de impunidad que puede ser desmoralizadora y generar desconfianza y deslegitimación de las elites e instituciones. ¿Piensas que las penas de cárcel pueden ser algo útil tanto en los delitos económicos como en casos asociados a faltas de probidad pública y política?
-La ley chilena en temas de competencia es un ejemplo interesante de cómo, a punta de casos notorios de colusión, fuimos avanzando, lentamente, para llegar a una legislación que está a la altura de las mejores del mundo, incluyendo la posibilidad de que en los casos más graves hayan penas de cárcel. A la gente involucrada en estos escándalos no les duelen las multas porque son gente de muy alto patrimonio. En cambio, la posibilidad de ir a la cárcel sí les importa; aunque sean periodos cortos como seis meses o un año, el efecto disuasivo es muy potente. El motivo para tener penas de cárcel es que los acuerdos colusorios causan un daño enorme a toda la economía, mucho más allá de los consumidores afectados, porque deslegitiman un sistema que bien regulado tiene las mejores posibilidades de llevar al desarrollo de un país.
Me da la impresión de que hay un tremendo potencial para la sociedad civil, desde las ONG hasta la educación, la educación cívica en la escuela o ampliar el razonamiento moral en la formación universitaria.
-La gran paradoja es la siguiente: la ventana de oportunidad para estas agendas se da luego de escándalos de corrupción, pero quienes deben liderarla están debilitados precisamente por los mismos escándalos que abren la ventana. Aunque tengamos actores clave en el Ejecutivo y el Legislativo, estos tienen poco capital político para sacar adelante la agenda de reformas, porque se encuentran debilitados por los escándalos de corrupción. La sociedad civil es siempre importante y ahora mucho más todavía porque puede contribuir a empujar la agenda con fuerza, compensando la debilidad de otros actores. Y eso es lo que ha pasado en Chile: un círculo virtuoso entre líderes claves del mundo político y la sociedad civil. A lo cual agregaría el rol de la prensa, denunciando los escándalos e informando cada vez que la agenda se empantanaba, logrando así remover las trabas.
Porque esta agenda no es un tema en que estemos divididos los chilenos, el 99% de las medidas son apoyadas por el 99% de los chilenos, entonces el tema es cómo lograr que la ciudadanía pueda hacerle seguimiento y manifiestar su apoyo.
Entre los proyectos de ley y una serie de medidas administrativas aprobadas como parte de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, destaca el regreso de la educación cívica a las escuelas. El rol de la educación es contribuir a que los cambios que conllevan los cambios legales se transformen, con el paso del tiempo, en cambios culturales. Y esos proyectos de ley aprobados, donde queremos que eventualmente lleven a cambios culturales, incluyen exigencias mucho mayores de transparencia y democracia interna para los partidos políticos, nuevas regulaciones de financiamiento de la política, declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades con mucho más información que en el pasado y que serán fiscalizadas, y una reforma importante del Sistema de Alta Dirección Pública, entre otras.
¿Cuál crees tú que puede ser el rol de los académicos en discusiones de política pública relevante para nuestro país?
Lo primero que les digo a mis colegas jóvenes es que no participen en la discusión pública antes de tiempo, la tentación es muy grande porque el impacto de una línea de investigación ambiciosa toma años en ser reconocido. Dicho lo anterior, creo que en este mundo de la posverdad es más importante que nunca que los académicos participemos en la discusión de temas públicos, contribuyendo a acotar los disensos y mejorar los consensos, promoviendo, por ejemplo que las propuestas se basen en la mejor evidencia disponible.
