A fines de noviembre, en Comisión Mixta del Parlamento se logró resolver la discusión que evitó que la oposición llevara la decisión sobre gratuidad en Educación Superior al Tribunal Constitucional y que permitirá financiar la educación de los estudiantes más vulnerables del país. El acuerdo, que homologa los aportes vía becas a planteles privados y estatales, implicó una ardua negociación sobre la que los parlamentarios involucrados aún guardan sus dudas y aprensiones, y reafirman la necesidad de contar, al fin, con una ley larga de educación para el próximo año.
Por Ana Rodríguez | Fotografías: Alejandra Fuenzalida y Felipe Pizarro
Andrés Zaldívar, Senador DC:
“Ojalá antes del presupuesto del próximo año tengamos una ley de financiamiento a la Educación Superior como debemos”
La solución que se dio fue la más realista que se tenía a mano. Quedar expuesto al Tribunal Constitucional era un tema que había que evitar y creo que lo que lograron los ministros de Hacienda, Educación y Secretario General de la Presidencia fue un logro realista y positivo. Esto hay que contemplarlo, por supuesto, en una ley larga definitiva y no tener que recurrir a la Ley de Presupuesto nuevamente. Ojalá antes del presupuesto del próximo año tengamos una salida, una solución y una ley de financiamiento a la Educación Superior como debemos, que está pendiente en el Parlamento.
Hubo una concesión en cuanto al aumento de cupo de becas, pero que yo creo que si hubiéramos ido al Tribunal Constitucional hubiese sido mucho más complejo, con mayores costos. Además logramos una cosa que es muy importante, que la agenda no ha valorizado, que es la gratuidad en los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con cuatro años de acreditación y que no tengan fines de lucro. Creo que es un gran avance que va a beneficiar a miles de estudiantes, normalmente los más vulnerables.
¿Comparte la idea de que en esta pasada las universidades estatales han sido apartadas de la mano del Estado?
No estoy de acuerdo con esa tesis porque creo que se logró algo que es también importante, la aprobación de un plan de fortalecimiento de la educación de los establecimientos estatales. También hay ahí puntos de apoyo donde tenemos que seguir insistiendo en que se fortalezca la educación de las universidades estatales sin que ello signifique desmedro de las otras universidades que cumplen también una función pública y que históricamente así ha sido, las llamadas G9 más las universidades que pertenecen al G9 y al Cruch, como la Alberto Hurtado, la Silva Henríquez, o la de Concepción. Tenemos que reconocer que si bien no son estatales, históricamente han cumplido una función equivalente a las universidades estatales.
¿Qué le parece a usted que el Estado dé la posibilidad a las universidades estatales de recibir un financiamiento estable que les permitiera, más allá de las becas por cada alumno que ingresa, desarrollar investigación y extensión y que esos ítems no dependan del número de alumnos captados por año?
Lo que hay que darle a las universidades estatales es una mayor capacidad de gestión. Porque también tenemos que exigirles calidad y acreditación. Y en cuanto a recursos, por supuesto que tendrá que hacerse un plan de apoyo a las universidades estatales, pero que también sea correspondido con acciones concretas en mejoría y calidad de la educación. Creo que hay que evitarles burocracia, hay muchos controles de la Contraloría que no corresponderían y además la capacidad de endeudarse para determinados efectos, para hacer inversión en infraestructura y que además haya un plan especial de apoyo a las universidades estatales.
Carlos Montes, Senador PS:
“Hace años que las universidades estatales han estado perjudicadas respecto al resto”
“Podría haber habido un presupuesto consistente con la opción que tiene una parte importante de la Nueva Mayoría de fortalecer las universidades estatales. No fue así. Se esperaba que este año fuera así, no nos resultó. Y eso nos dejó muy su – jetos a la decisión final y lo que se logra es bastante limitado. Hace años que las universidades estatales han estado perjudica – das respecto al resto. Justamente se trata de comenzar a revertir esto, de comenzar una recuperación. A mí me parece mal que esto no se haya logrado, por razones políticas, construir un vínculo más fuerte con las universidades estatales. El Estado tiene la posibilidad de apoyar proyectos interesantes y también a los estudiantes. Creo que no fue un buen paso, al contrario”.
Jaime Bellolio, Diputado UDI:
“No creo que un bien público solamente pueda ser entregado por las universidades que son estatales”
(La discusión de este año) nos ha dejado como aprendizaje que el Ejecutivo no puede hacer discriminación arbitraria, tiene que tratar de igual forma a estudiantes que son vulnerables. La discusión más larga puede ser que por qué algo que era tan fundamental para la Educación Superior, como la gratuidad y como la entrega de las becas, solamente está siendo legislado año a año a través de la ley de presupuesto y no a través de una ley larga de Educación Superior.
La razón por la cual no hemos legislado todavía es que el Gobierno se disparó en ambos pies. Primero se dispara cuando se presenta un proyecto que en mi visión es completamente atrasado, que tiene una visión nostálgica de lo que fue la universidad hace 40, 50 años, que no responde a una idea de universidad, ni siquiera a una idea de Educación Superior que quiera promover por los próximos años. Transversalmente fue rechazado y entonces hace un grupo de propuestas para indicaciones, que a su vez también es rechazado. Entonces ahí termina por dispararse en el otro pie. Y yo me imagi – no que lo que ahora va a querer hacer es gobernar no solamente para una minoría, sino que quieren hacerlo para la mayoría de los ciudadanos, con una visión de largo plazo y no con una mirada nostálgica de lo que ya fue la universidad.
¿A qué se refiere con una visión nostálgica de lo que fue la universidad?
Se nota demasiado cuando en las presentaciones se refieren a la universidad foucaultiana como la única posible. Es decir, una que sea compleja, que se dedique a la investigación de manera central, que tenga todas las áreas presentes. Esas universidades en el resto del mundo son contadas con los dedos de una mano. Y este proyecto estaba hecho como que todas las universidades chilenas tengan que atender a ese modelo, lo cual es completamente absurdo. En ese nivel quedarían solamente la Universidad de Chile y la Católica. Es una visión cómodamente nostálgica y que no responde a las necesidades del futuro.
Sin embargo, universidades que sí se han dedicado tradicionalmente a la investigación, como la U. de Chile, quedan un poco a la deriva en cuanto a esas áreas cuando se mantiene el criterio de gratuidad por becas.
El Gobierno se metió en un zapato chino al querer decir que hay que separar el financiamiento de la docencia del de la investigación y la extensión. Significa que son ellos quienes pueden saber mejor que las universidades cuánto cuesta hacer esa docencia. Entonces entregan estos aranceles regulados para la gratuidad, que sabemos que le producen déficit a las instituciones. Tanto así que la Universidad Diego Portales, la Alberto Hurtado, la Católica y la misma U. de Chile dicen que si siguen tal cual, no pueden seguir con el mismo nivel de calidad de sus proyectos educativos. Ahí hay un zapato chino y creo que hay que hacer una separación entre el tratamiento del Estado hacia las universidades que son propiedad del Estado versus el resto de las universidades. Lo que no creo es que un bien público solamente pueda ser entregado por las universidades que son estatales. Pero como en las instituciones estatales el mandante es el Estado, tienen que preocuparse de tener un gobierno corporativo de tal forma que no queden capturadas por un grupo de profesores, estudiantes, o un grupo político para que haya pluralismo al interior de ella y represente a la sociedad. Y sí creo que puede haber fondos dedicados a universidades estatales porque tienen proyectos de investigación, regionales. Pero en el tratamiento de los estudiantes creo que es distinto. Y ahí sí que no puede haber en mi opinión un tratamiento desigual, es decir, que tengan ventaja si es que van a una universidad del Estado y desventaja si van a una universidad que no es del Estado.
Alberto Robles, Diputado PRSD:
“Lo que (los gobiernos de los últimos años) han hecho es impulsar a las universidades del Estado a actuar como si fuesen universidades privadas y eso es un sinsentido”
No me gusta legislar con glosa de presupuesto cosas que son tan relevantes, como la Educación Superior de nuestro país. Desde el año pasado mi planteamiento es que debiéramos haber tenido esto resuelto en la ley de Educación Superior. Lamento mucho la presión ejercida por la derecha para entregarles más aportes a las instituciones privadas amenazando ir al Tribunal Constitucional. Esa es una forma de hacer política que yo no comparto, me parece poco correcto resolver temas de tipo político con presiones de este tipo. Y no respaldado en temas más valóricos, sino más bien en defensa de instituciones privadas.
El problema más importante de la discusión anual en glosa presupuestaria es que no resuelve el tema de la gratuidad en su conjunto, en forma concreta. La gratuidad hay que financiarla en forma adecuada, permanente, no año a año. Tiene que ser una política pública permanente. Las leyes permanentes son las que aseguran políticas públicas permanentes. Lo que hace una glosa es simplemente discutir cómo y cuánto se va a entregar y no da certezas ni a las instituciones de Educación Superior ni tampoco a las familias que requieren de la gratuidad para educar a sus hijos.
Creo que las que más perdieron, para ser franco, en esta discusión, fueron las universidades privadas del Cruch. Todas ellas tienen un desarrollo histórico en nuestro país de aporte a la Educación Superior durante muchos años y además son todas instituciones de gran calidad. Se aumentó el número de becas, pero principalmente para universidades privadas y no necesariamente las del Cruch. Me parece que ahí hubo una mirada un poco inadecuada, por decir lo menos.
El trato que el Estado de Chile ha dado a sus universidades a través de los gobiernos de los últimos años ha sido inadecuado. Lo que han hecho es impulsar a las universidades del Estado a actuar como si fuesen universidades privadas y eso es un sinsentido. Estoy convencido de que las universidades del Estado deben ser apoyadas, fortalecidas muy importantemente, no sólo en el financiamiento, sino también desde el punto de vista de la acción del Estado con sus universidades. Permitiendo que éstas trabajen en red, se articulen, se colaboren y sean instituciones que, si bien es cierto están una en cada región, no es menos cierto que todas deben confluir en un objetivo común, en términos de brindar educación de calidad a todos los chilenos sin distinción de ningún tipo.
Camila Vallejo, Diputada PC:
“Es vital que el Estado refuerce el vínculo con sus instituciones”
El hecho de que la gratuidad haya sido discutida por una glosa en vez de en el marco de una reforma integral a la Educación Superior tiene el problema de dejar fuera de la discusión aspectos fundamentales como la regulación y democratización de las instituciones de Educación Superior. En ese sentido, el problema es que el debate se centra en el acceso, pero no se considera el tema globalmente. Si bien es positivo que más jóvenes puedan ingresar a la Educación Superior de manera gratuita, al hacerlo mediante una glosa en la Ley de Presupuesto y no en el marco de la reforma a la Educación Superior, corremos el peligro de poner más recursos públicos a instituciones que no cuentan con una regulación adecuada. Por eso es necesario que la gratuidad sea tratada en el marco de una reforma que contemple la regulación y democratización de las instituciones de Educación Superior.
Me parece bien que jóvenes vulnerables tengan la oportunidad de estudiar en instituciones privadas sin fines de lucro y debidamente acreditadas. El problema es que la actual legislación no asegura que efectivamente se cumpla con el requisito de no lucrar y también hay falencias en cómo medimos la calidad de la educación que estas instituciones entregan, entonces existe el peligro que dineros públicos no vayan efectivamente a educación, sino al bolsillo de los dueños. Por esto mismo es que urge que temas de financiamiento sean vistos en el marco de una reforma a la Educación Superior que tenga como eje el derecho a la educación desde una institucionalidad pública, democrática y pluralista. Soy una convencida de que es un deber del Estado hacerse cargo de sus universidades y ahora también lo será de sus Centros de Formación Técnica. Este hacerse cargo no pasa sólo por aumentar la cantidad de recursos (que sin duda debe hacerse), sino velar porque efectivamente la educación pública superior, tanto universitaria como técnica, sea de la mejor calidad y ofrezca reales oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, pero que también sea un pilar fundamental de desarrollo para el país, en materia cultural, científica y tecnológica. En este sentido, es vital que el Estado refuerce ese vínculo con sus instituciones, impulsando la colaboración entre ellas.
