Luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara un recorte en el presupuesto universitario, cientos de miles de personas se manifestaron el 23 de abril en defensa de la educación pública. En esta columna, la académica chileno-argentina Alicia Salomone explica la situación que vive el país vecino y advierte que estas reformas amenazan la continuidad de la docencia y la investigación, y también el funcionamiento de hospitales universitarios.
Por Alicia Salomone | Foto: Luis Robayo / AFP
El martes 23 de abril, más de un millón de personas salieron a las calles de diferentes ciudades argentinas, respondiendo a la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la educación y las universidades públicas, en una acción coordinada de carácter transversal en lo social y territorial que constituyó un primer gran desafío al gobierno que Javier Milei encabeza desde el 10 de diciembre de 2023.
Desde ese día, el presidente Milei —de ideología anarco-capitalista, por propia definición, y devoto de las posturas más extremas de la ortodoxia neoliberal— ha venido imponiendo un programa de drásticos ajustes financieros con el objetivo declarado de frenar la inflación y llegar al déficit cero, reduciendo al mínimo el gasto estatal. Estas medidas se han implementado mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que desregula la economía y que, mientras no sea detenido por el Congreso, opera de hecho, lo que ha afectado a todas las instituciones estatales, al punto de provocar una crisis y parálisis sin precedentes en la labor de múltiples organismos.
Era esperable que las sesenta universidades públicas, en tanto instituciones estatales presentes en todo el territorio nacional, se vieran directamente afectadas por un ajuste que algunos rechazaban de plano y otros juzgaban inevitable. Sin embargo, la magnitud de las medidas y la inflexibilidad con que fueron dictadas no solo detonaron un malestar generalizado, sino una voluntad de oposición que se expresó de manera clara el pasado 23 de abril, arrastrando incluso a muchos que habían votado por Milei en la segunda vuelta.
En un país que ha alcanzado el 300% de inflación en los últimos doce meses, el magro aumento del 70% sobre el presupuesto universitario vigente a septiembre de 2022 equivale a un brutal desfinanciamiento que amenaza no solo la continuidad de la docencia y la investigación, sino actividades tan críticas como el funcionamiento de hospitales universitarios que atienden a cientos de miles de personas. Mercedes D’Alessandro, economista y docente universitaria, había denunciado días antes en Radio AM750 el intento gubernamental por asfixiar financieramente a las universidades públicas, lo que había llevado a que el conjunto de las cátedras de Economía de las universidades nacionales se sumara a las demandas del CIN.
No obstante, como lo plantea la declaración del propio Consejo, no se trata solo de un problema de financiamiento. Lo que está implicado en la arremetida oficial contra las universidades es, entre otras dimensiones no menos importantes, un viejo anhelo de los grupos conservadores argentinos, al que recurren cada vez que la ocasión les resulta propicia. Me refiero a la regresión de un principio que ha sido articulador de la relación entre universidad y sociedad a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI: la comprensión de la educación y de la educación superior, en particular, como un derecho humano que el Estado debe garantizar a las grandes mayorías. Esto es lo que deja expuesto el CIN cuando hace de la defensa de ese ideario de progreso socialmente compartido un pilar fundamental de su discurso y acción pública. Así expresa en su convocatoria a la marcha: “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad … [L]ucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos.”
La declaración es fuerte y no solo se posiciona frente a la compleja coyuntura; por el contrario, enmarca los reclamos de la hora actual en una larga trayectoria de luchas universitarias que pueden identificarse en el texto con referencias precisas. Por un lado, surgen en él los ecos de la Reforma Universitaria de 1918, que consagró la autonomía de las universidades frente al poder político y por primera vez abrió las aulas a los sectores sociales excluidos. Por otro lado, se alude indirectamente a las dictaduras cívico-militares de los años 60 y 70 en ese país, que impusieron una feroz represión al interior de las instituciones y procuraron instalar la censura ideológica, la privatización y el arancelamiento, generando al mismo tiempo una resistencia que dio origen a un sólido movimiento estudiantil y universitario. Es más, la fuerza y legitimidad que adquirió este conglomerado hacia el final de la última dictadura hizo posible que, tras el retorno a la democracia en diciembre de 1983, la gratuidad, el ingreso irrestricto y la libertad académica se afianzaran como elementos definitorios que, de ahí en más, marcarían la identidad del sistema de educación superior pública.
En las décadas que van desde esa primera transición política a la actualidad, la asunción de los valores democratizadores implicados en la extensión de la educación superior pública hizo carne en vastos sectores de la sociedad argentina, quienes se identificaron con ellos al comprender que las políticas de acceso libre a las universidades eran una indudable oportunidad para la movilidad social y cultural. Lo anterior también permite explicar la amplitud del arco político y de organizaciones sociales que es sensible a estas problemáticas y que, por tanto, adhirieron a la convocatoria del CIN, percibiendo la defensa de la educación pública y de las universidades estatales como demandas justas, transversales y no partidistas. De esta forma, la extendida conciencia social que entiende a la educación como un derecho es la que afloró en las múltiples declaraciones, testimonios y carteles que se vieron y escucharon en la marcha, alcanzando amplia difusión en las redes sociales.
“Nieto de analfabeto, hijo de kiosquero, médico UBA. Sí a la universidad pública”, se leía en el cartel de un hombre retratado con su uniforme clínico. “Primera universitaria en mi familia”, mostraba otro llevado por una mujer. “Villero y universitario, terror de los libertarios”, decía el cartel que portaba un poblador, ironizando sobre las asociaciones habituales entre clase social, nivel cultural e identidad política. “Sin ciencia no hay Conan”, subrayaba otro con humor, aludiendo al mastín que Milei hizo clonar cuando murió el original. “Sin educación pública no hay futuro”, decía otro cartel que retomaba una de las consignas principales levantadas por el CIN.
Sin duda, la masividad de la marcha del 23 de abril desbordó las expectativas, tanto de los organizadores como del propio gobierno, forzando a este a responder ante un hecho político que escapó a todas sus previsiones. En el volátil mundo de las encuestas en redes sociales, según el periódico electrónico El Cronista, este hito parece haberle costado al presidente una caída de más de 10 puntos en su aceptación, elevando su percepción negativa entre la población desde un 48% a un 59%. No obstante, sería apresurado suponer que ya se está frente a un nuevo escenario político o, incluso, frente al inicio de una negociación cierta que mejoraría la posición de las universidades. Por otra parte, también sería aventurado pensar que quienes se movilizaron el 23 de abril representan al conjunto de una población que estaría virando desde la confianza y/o resignación ante las políticas de ajuste a una postura crítica, activa o de clara oposición, aunque algo de esto pueda ser cierto.
El futuro de la educación pública y de las universidades nacionales argentinas está todavía por escribirse y pasará tiempo antes de que pueda sortearse la difícil encrucijada por la que hoy atraviesan. Sin embargo, es evidente que la confluencia social y política que se generó en torno a su defensa representa una señal significativa respecto del cuestionamiento a las políticas de ajuste en las universidades públicas y, más ampliamente, en el campo educativo en general; un cuestionamiento que, de resultar exitoso, marcaría un camino para quienes buscan extenderlo hacia otros ámbitos de la realidad social argentina.
