El paso súbito a la educación online de emergencia ha involucrado una serie de desafíos para las universidades a nivel global. En Chile, quizás, la principal dificultad está dada por la dependencia de los planteles del pago de aranceles, herencia del histórico manejo del financiamiento de la educación superior.
Por Antonia Orellana
Andrés (18) vivió un agitado proceso de ingreso a la educación superior: primero le tocó rendir la Prueba de Selección Universitaria en medio de las protestas en contra de ese sistema. Si bien pudo ingresar a una carrera científica en una universidad pública, no alcanzó a tener clases presenciales: el 16 de marzo, debido a la pandemia global del Covid-19, su universidad suspendió las clases y pasó completamente a la modalidad en línea. “La mayoría de mis compañeros son pantallas negras para mí. Sólo he hablado fuera de las clases con un par, pero no conozco a ninguno”, relata.
No es un problema local: en distintos momentos, escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.570 millones de estudiantes en 191 países. A nivel global, una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias tiene que ver con el financiamiento. De acuerdo a la encuesta de Times Higher Education Líderes de la educación: ¿dejará el Covid-19 a las universidades en la UTI?, que entrevistó a 200 líderes universitarios de 53 países en los cinco continentes, un 42% de las autoridades teme que haya quiebras en instituciones educativas de su país. De acuerdo a la clasificación que sugiere la OCDE desde 2007, existen cuatro grandes tipos de modelos de financiamiento de la educación superior. Están los países con tasas de arancel nulas o bajas y sistemas generosos de apoyo para los estudiantes, donde se encuentran Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. También existen países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes bien desarrollados, que corresponde al caso de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Países con bajas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes de bajo desarrollo, como Australia, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Irlanda, Polonia, Portugal o España. Y países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes de bajo desarrollo, donde se encuentran Chile, Japón y Corea.
Para el sociólogo Víctor Orellana, integrante del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y del centro de estudios Nodo XXI, nuestro sistema universitario está en “alto riesgo”. “El sistema chileno de educación superior, a diferencia de otros en el mundo, depende mucho de los aranceles”, explica. “Los aranceles son una porción muy relevante del financiamiento a las instituciones, al grado de que en algunos casos pagan el funcionamiento completo de la institución».
Dificultad que hoy se expresa con toda su crudeza: de acuerdo al último Termómetro Social del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, publicado el 17 de junio, el 31,7% de las personas señala que algún miembro de la familia ha perdido su trabajo después del 16 de marzo, de ellos, casi el 80% es atribuible directamente a la pandemia, y el 13,6% como consecuencia indirecta.
De acuerdo a algunos cálculos, las universidades del Consejo de Rectores estarían recibiendo un 8% menos de ingresos de lo proyectado previo a la pandemia, porcentaje que se distribuye en forma desigual entre las instituciones, acentuándose en algunos planteles regionales. Entre estos menores ingresos se considera una inferior matrícula de primer año, menores ingresos por menor matrícula de cursos superiores, menos ingresos por deserción en el primer semestre y también por morosidad en el primer semestre.
Es por eso que durante mayo el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) solicitó al Ministerio de Educación habilitar un nuevo periodo en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) que permite la postulación a gratuidad, becas y créditos de arancel para la educación superior, y a los beneficios complementarios que JUNAEB otorga a las y los alumnos, además de no considerar el año 2020 para el cálculo de avance curricular de la gratuidad. Paralelamente, en el Congreso se han presentado tres mociones parlamentarias que intentan suspender el cobro de aranceles a los estudiantes, las que no han conseguido el apoyo suficiente para convertirse en ley o están fuera de admisibilidad por involucrar gasto fiscal. Además, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) ha solicitado al Ministerio de Educación permitir el uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario y también un plan financiero de emergencia. La respuesta de las autoridades ha sido negativa.
“El sistema de educación superior tenía muy poca experiencia respecto a la educación en línea: sólo el 4,41% del total de las y los matriculados en el sistema el año pasado lo hicieron a través de esa modalidad, según el portal Mi Futuro”.
La solicitud de abrir nuevas líneas de apoyo estatal a los estudiantes tiene justificación: este año se matricularon al menos 11 mil alumnos menos y según el Sistema Único de Admisión (SUA), durante este primer semestre hubo una fuga de nueve mil alumnos en 17 planteles. Así, como parte del paquete de medidas dirigidas a la clase media, el presidente Piñera anunció una ampliación y postergación del Crédito con Aval del Estado (CAE), al que podrían acceder un universo de 130 mil estudiantes. De acuerdo a cálculos del Ministerio de Educación, la medida permitiría que ocho de cada 10 estudiantes de la educación superior cursen sus carreras con un apoyo del Estado para el año lectivo 2020. Adicionalmente, la propuesta incluye suspender las cuotas del Crédito con Aval del Estado, lo que beneficiaría a un total de 392.210 personas, incluyendo deudores morosos.
De acuerdo a Víctor Orellana, “en Chile los aranceles son tan altos que, para los estudiantes, las brechas que hay entre el arancel y las ayudas estudiantiles puede llegar a costar uno o dos meses de arriendo, por lo tanto, es de los primeros pagos que está en riesgo ante una dificultad económica”. Esta morosidad y la permanente diferencia entre el arancel de referencia del sistema de gratuidad y el arancel real de las universidades representa otra amenaza financiera para el sistema universitario.
“Lo que está haciendo con su propuesta de cambios de sistemas de crédito es lisa y llanamente provocar el quiebre de algunas universidades públicas. Yo diría que hay que tener una terapia rápida de disminución de la dependencia de los aranceles, y en el caso de las universidades privadas, el Estado debiera participar de la propiedad y la gestión. No es aceptable que en una situación de emergencia se rescate a los grupos económicos dueños de las universidades privadas. Para que eso se haga el Estado debe participar, no puede simplemente regalar su dinero”, advierte el investigador.
Vida universitaria online
Cuando se suspendieron las clases universitarias y luego las escolares en marzo, no había proyecciones claras sobre cuánto duraría esta fase de transición. El sistema de educación superior tenía muy poca experiencia respecto a la educación en línea: sólo el 4,41% del total de las y los matriculados en el sistema el año pasado lo hicieron a través de esa modalidad, según el portal Mi Futuro. Es por eso que algunos autores han llamado a distinguir entre la educación en línea o e-learning y la educación a distancia en emergencia, que es la que actualmente se desarrolla producto de la pandemia. Esto, ya que en la educación en línea el factor clave sería la planificación y análisis de las herramientas, cuestión que producto del Covid-19 no ha sido posible: fue un golpe súbito.
A esto se suma que Chile vivía bajo la ilusión de ser uno de los países con mayor penetración digital, pero las diferencias de cobertura, calidad y dispositivos de acceso han mostrado una vez más la desigualdad en el país. Según la publicación Desconexión y brecha digital en Chile durante la epidemia Covid-19 de Ricardo Baeza-Yates y Cristián Ocaña Alvarado, mientras que para el grupo ABC1 tener Internet es tan natural como el agua potable, tan sólo en el segmento C2-C3 ya hay 1.4 millones de personas que no tienen Internet. Luego, en el estrato socioeconómico D y E, que equivale al 50% de la población (más de nueve millones de personas), las restricciones son mayores, con sobre el 70% con móviles con prepago y 3,6 millones de personas sin Internet en sus casas.
Para sortear esa primera barrera, muchas universidades han entregado dispositivos electrónicos y también chips para la conexión de sus estudiantes con menos recursos. Otras alternativas han sido becas o beneficios de conectividad. De acuerdo a cálculos del CRUCH, en esto se han invertido al menos $16 mil millones, gastos no presupuestados que consideran apoyos en equipamientos y conectividad para los y las estudiantes, licencias y software para docencia virtual, y reforzamiento de infraestructura en TIC, entre otros, lo que implica un aumento de 13% a la fecha respecto al 2019.
¿Qué opinan los estudiante? Según la encuesta Pulso Estudiantil -aplicada a 2.650 estudiantes de más de 100 carreras en 15 regiones de Chile- el 60% declara estar insatisfecho con la respuesta institucional frente a la crisis, mientras que un 47% dice que su casa de estudios se ha preocupado por asegurarles recursos mínimos. En forma transversal, un 72% declara que su relación con las y los académicos ha disminuido. Aún más, 84% de los recién ingresados declara que la modalidad virtual no ha beneficiado su aprendizaje, lo que supera el promedio nacional de 78%.
“Fue complicado, porque la plataforma online no soportaba a tantos alumnos conectados al mismo tiempo”, cuenta Paula (19), estudiante de primer año de Arte en una universidad privada. “Hasta hoy no he generado relaciones reales con mis compañeros y en pocas ocasiones pudimos vernos con cámara durante el semestre. Tampoco he podido involucrarme en actividades extra a las clases por falta de comunicación general”.
Desde el otro lado, la experiencia tampoco ha sido fácil. Myriam Barahona , presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, señala que “ muchas veces el sistema remoto nos hace estar en horarios extensos de trabajo, aislados y, principalmente lo que han expresado los trabajadores universitarios es que se han visto muchos trastornos de salud mental respecto a la incertidumbre”.
Desde la academia, la científica de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador, llama a tener en cuenta las posibles brechas de género. “Este sistema ha sacado a relucir situaciones previas para las mujeres, de las que quizás no había conciencia, como las labores de cuidado de niños y otras personas mayores. También va a provocar que muchas académicas no logren completar sus planes académicos de este año, principalmente en lo que respecta a redacción de artículos, postulaciones a proyectos y otras actividades que son claves para la evaluación”, apunta.
De hecho, la revista Nature señaló en mayo que las mujeres estarían inscribiendo menos proyectos de investigación y entregando menos publicaciones a revistas especializadas, lo cual se traducirá en una profundización en la brecha de acceso a la carrera académica. “Si las universidades no reaccionan y realizan acciones afirmativas tanto para ponerse alerta a las brechas de género como contextualizarlas en pandemia”, señala Cristina Dorador. Sin embargo, para la especialista en microbiología hay algunos aspectos positivos en la educación online de emergencia: “reuniones que antes eran muy largas ahora ya no, y también ha servido para disminuir las brechas territoriales: ya no hay excusas para conectarse con colegas de otras ciudades e incluso países”.
La paradoja del recorte educativo
En la encuesta de Times Higher Education la mayoría de quienes dirigen universidades piensan que la ciencia tendrá una mayor prioridad para sus gobiernos el día después del Covid-19: un 62% cree que aumentará el financiamiento para investigación. En Chile podría ser una respuesta ante el debate que se ha venido planteando sobre la gran dependencia que tenemos de la producción extranjera de vacunas e insumos médicos, además de otros tipos de innovaciones que en el combate de esta pandemia se han vuelto cruciales.
Sin embargo, la batalla por el financiamiento de la ciencia local aún no está ganada e incluso hay iniciativas parlamentarias que exhortan al presidente Sebastián Piñera a destinar los fondos de las Becas Chile para ayudar a la clase media y las pequeñas y medianas empresas, lo que finalmente afectaría negativamente el perfeccionamiento de cientos de profesionales.
El 27 de abril, en tanto, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) informó que se sumará al recorte presupuestario. Así, durante lo que resta del 2020 se suspenderán las convocatorias en todas aquellas líneas de financiamiento destinadas a cooperación internacional. Esto significa que también se suspenden las convocatorias 2020 de Becas de Magíster en el Extranjero y de sus variantes: Áreas Prioritarias; Personas en Situación de Discapacidad; Profesionales de la Educación; Subespecialidad Médica en el Extranjero; y Postdoctorado en el Extranjero. Pero, en otro ámbito, la ANID adjudicó recientemente 63 proyectos del concurso rápido Fondo para Proyectos de Investigación Científica sobre Covid-19.
Según el investigador Víctor Orellana, “el alto grado de mercantilización de la educación superior ha hecho que esta pierda su eje. La pregunta debiera ser cómo ayudan sus estudiantes de medicina, los laboratorios, los recursos institucionales e intelectuales a bajar los contagios. ¿Por qué no nos estamos haciendo esa pregunta? Porque dependemos tanto de los aranceles, que las universidades se están preguntando cómo sobrevivir y no cómo aportar. Es decir, lo que debiesen hacer las autoridades es resolver rápidamente la cuestión de la supervivencia financiera para pasar a la verdadera discusión”.
