Hernán Caffiero: el compromiso del cine con los derechos humanos

El cineasta, director de la serie Una historia necesaria, que retrata la historia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura, ganadora del Emmy Internacional 2018, habla sobre sus nuevos proyectos en los que seguirá abordando temáticas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, pero esta vez en la época actual, recogiendo los testimonios de algunas de las víctimas que perdieron sus ojos tras recibir perdigones disparados por carabineros durante el estallido social.

Por Jennifer Abate

Formado como publicista en la U. de Santiago y con un postítulo en la U. de Chile, Hernán Caffiero ha trabajado como director, guionista, montajista y productor de películas y series de ficción, que incluyen el largometraje documental El sueño de todos (2014), sobre la selección chilena de fútbol, y Raza brava (2008), una mirada ociológica al tema de las barras de hinchas. Caffiero, además, recibió el premio a mejor director 2019 de la NACCC en Nueva York, y se ha adjudicado dos fondos del Consejo Nacional de Televisión.

—En los últimos días se anunció que serías el representante en Chile de BTF Media, una gran productora mexicana que decide instalarse con una oficina en Chile. ¿Cómo recibes esta noticia? ¿Puedes contarnos un poco del enfoque que va a tener la filial en Chile y si ya hay algunos proyectos pensados?

Sí, la verdad es que fue una situación bien compleja, pensando en que esto no es una cosa que sucedió de un día para otro, sino que viene gestándose hace meses, por lo que tanto el tema del estallido, el despertar social, y ahora la pandemia y el confinamiento, para nosotros ha sido súper complejo, entendiendo que estábamos haciendo un acuerdo de esta magnitud. En muchos momentos pensamos que se nos estaba cayendo, pero finalmente pudimos sobreponernos. Creo que una de las fortalezas que tiene esta alianza es que nosotros vamos a trabajar principalmente en la vinculación y generación de contenidos de plataforma y canales de TV, no para el mercado nacional, sino que para el extranjero. Si uno revisa un poco la producción de industria a nivel local y regional, te das cuenta de que probablemente se demore harto en recuperarse, por lo tanto, el contenido para películas de cine va a ser difícil de levantar en los próximos años, va a ser muy difícil que la gente quiera, por un buen tiempo, meterse en una sala cerrada con 200 personas y potenciales focos de contagio. Por otro lado, todo el tema de ventas, mercados y festivales, también va a verse mermado. Es cosa de ver los números: por ejemplo, plataformas como Netflix han tenido un alza en la cantidad de suscriptores, en marzo solamente sumaron más de 16 millones de nuevos suscriptores, Amazon otro tanto, Disney otro tanto, la gente se volcó en sus casas a ver películas, series. 

El cineasta Hernán Caffiero acaba de cerrar un acuerdo para ser el representante en Chile de la productora mexicana BTF Media.

Entonces, el diagnóstico que hizo BTF a nivel internacional -su casa está en Miami- es que justamente, sobreviviendo a este periodo, lo que viene a continuación probablemente sea una demanda alta en la generación de contenidos de plataforma, que no sólo tiene que ver con la cantidad de suscriptores, sino que también con que todos nosotros nos hemos volcado a ver series. Gran parte de los que ya estábamos suscritos a estas plataformas estamos agotando la parrilla, entonces, efectivamente, las productoras y realizadores que se vuelquen a la generación de contenidos de películas y de series, de alguna forma van a sobrevivir en esta crisis mundial. Creo que gran parte de la industria audiovisual, no sólo en Chile, sino que en el mundo, va a sostenerse por esta ventana.

—¿Han desarrollado alguno de los proyectos o todavía están en la fase creativa?

Sí, estamos ya desarrollando dos proyectos que fueron beneficiados el año pasado por el Consejo Nacional de Televisión, dos series. Una de ellas es Raza brava, que es una serie que ganó la categoría histórica dentro del fondo. Es una historia popular, una historia real, que narra el surgimiento de los movimientos sociales, juveniles, ligados al fútbol, que es el despertar de los jóvenes, principalmente en la marginalidad posdictadura, que es cuando volvemos a esta democracia pactada, donde se cierran muchos espacios de representatividad, de pertenencia; muchos cabros de la pobla que deciden volcarse al estadio y a la galería para encontrar una instancia de triunfo. La serie narra justamente eso, la historia de dos cabros que se vuelcan a esto o son parte de una barra brava en Chile. 

El otro proyecto es diametralmente distinto. Son 16 historias, un formato muy parecido a Una historia necesaria, que es la serie que hicimos antes sobre casos de detenidos desaparecidos. Ahora vamos a hablar sobre 16 casos de violencia machista, es un proyecto principalmente construido por mujeres; yo estoy viendo la parte de fiscalización y análisis de los procesos cinematográficos y todo el cuento, pero más del 65% del equipo que va a realizarlo, desde el guión hasta la entrega final, van a ser principalmente mujeres. 

Si hay una cosa que hasta el día de hoy se sigue presentando es este desequilibrio entre las pegas, sobre todo entre las más relevantes dentro del rubro, sin desmerecer la pega de arte, vestuario, maquillaje, peluquería, donde predomina la presencia de mujeres. Nosotros queremos que la dirección de fotografía, la dirección misma de los capítulos, sea manejada y liderada por mujeres.

—Desde hace mucho, pero con fuerza desde 2018, ha habido una fuerte discusión feminista sobre la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles han sido para ustedes los principales desafíos a la hora de abordar la violencia machista en un contexto como el del Chile actual?

Partiendo desde lo más cercano, el trabajo con tus pares, la elección del equipo, tener que generar protocolos, por ejemplo, organizaciones de mujeres en el audiovisual, para evitar o prever cualquier tipo de vinculación con hechos o personajes que estén involucrados en alguna situación compleja. No sólo en este proyecto, que trata de 16 casos de violencia, sino que en todos: una persona vinculada a cualquier tipo de acoso está absolutamente descartada de los proyectos que estamos realizando. 

Gran parte del gremio y de la industria lo está haciendo también. A lo mejor son ejercicios que no se ven cuando prendes la televisión o ves una película, pero se están haciendo cada vez más presentes. Esto también ocurre en la búsqueda de contenidos, de narrarlos, la impronta y la sensibilidad asociada a eso tiene que ser mandatada por una visión que ha estado permanentemente apartada de los procesos más relevantes de la narración, que son la escritura, el montaje, la dirección. 

—¿Hay alguna fecha tentativa de estreno de este proyecto?

Sí, este proyecto está pensado para estrenarlo en diciembre. Ahora, con todo este tema del Covid-19, hay un montón de protocolos que tienen que estar validados por el Ministerio de Salud, estamos viendo cuándo podemos volver a filmar. Si podemos filmar en agosto sería posible estrenar en diciembre la serie. Yo y gran parte del equipo con el cual trabajo, además estamos súper vinculados a la franja de la campaña del Apruebo. Me invitaron a participar como director de la franja, a través del comando Por un Chile Digno, que tenía en un principio 30% del espacio destinado a las organizaciones sociales, pero nosotros aceptamos asumir la dirección de esto siempre y cuando el 100% fuera protagonizado por las organizaciones sociales. Fue una petición explícita que hicimos a los partidos que conforman este comando, que son el Partido Comunista, el PRO, Franja Regionalista Verde, Igualdad, Izquierda Libertaria y otros más, y aceptaron hacerlo. Vamos a tener que saber encontrar las formas de equilibrar los proyectos y hacerlo de manera orgánica con los procesos para la realización de la serie.

Una historia necesaria se compone de 16 cortometrajes con historias sobre detenidos desaparecidos en dictadura.

—La serie de cortometrajes Una historia necesaria, por la que ganaste el premio Emmy, retrata diversos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura. ¿Cómo ves hacia atrás el impacto de esa serie, pensando en el Chile post estallido social, donde nuevamente emergieron voces críticas de las violaciones a los DD.HH. cometidas por el Estado durante ese periodo?

Con el equipo con el que ganamos el Emmy nos dimos cuenta, cuando partimos con Una historia necesaria, de que había una serie de elementos que nos obligaban a asumir esta necesidad de contar, relatar y rescatar la memoria de la gente que había sido desaparecida. Principalmente, la historia de familiares y sobrevivientes que con el tiempo, han pasado ya cuarenta y tantos años, se estaban muriendo, y con ellos también se estaba muriendo la historia de los detenidos desaparecidos. Partiendo de esa base y entendiendo también la lógica sistematizada de la negación, que va generando impunidad no solamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos, sino que en términos de corrupción, en términos de los que se hicieron ricos en ese periodo, de quiénes fueron los civiles que propiciaron esto y que fueron bien responsables y que salieron sin polvo ni paja, creíamos que había un acto de justicia en el relato de estas historias. 

Mucha gente nos dijo “hasta cuándo siguen con el tema de la dictadura, con el tema de los derechos humanos, abúrranse, qué onda”. No, po’, viejo, porque si esto sigue pasando, si los problemas de esta sociedad, en la pega, en la casa, con tu pareja, no se enfrentan, si no te miras a la cara, no buscas la verdad para solucionarlos, siempre se van a volver a presentar y por eso es que nosotros fuimos tan inquisidores también en plantearlo, en buscarlo, en hacerlo, a pesar de que no tuvimos apoyo de los canales, a pesar de que en primera instancia no querían que pusiéramos los rostros de los culpables, a pesar de que tuvimos que ganarnos un Emmy, que es como el Oscar de la televisión, para que recién nos pescaran.

Y lo que sucede a continuación del estallido, todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha ejercido el gobierno de Piñera, encarnada en los ministros del Interior, en las fuerzas de orden, principalmente en Carabineros, no hacen más que justificar nuestra búsqueda de rescate de la memoria de los años anteriores y no solamente de nosotros, sino que de miles de chilenos que también siguen en la misma. Creo que se hace necesario no solamente refrescar la memoria en términos de la entrega de la información, sino que también buscar los elementos que nos permitan abrir puertas emocionales en las nuevas generaciones que están viviendo esto; ya nadie puede decir “tú no puedes hablar de esto porque no viviste la dictadura”. O sea, a muchos les sacaron los ojos, hubo mutilaciones múltiples, vejaciones sexuales, abusos.

Creo que la forma de hacer entender y de perpetuar esta necesidad de generar conciencia de lo ocurrido en dictadura, de las violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo hasta el día de hoy, es generar ese vínculo, por lo menos desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido súper enfáticos en aclarar lo que ha estado sucediendo. Es más, hay cosas que me parecen brutales que han seguido pasando, como la balacera en el Día del Carabinero del 27 de abril. Viene un tipo, agente del Estado, para disparar a mansalva, herir a diez personas. Por suerte no asesinó a ninguna, pero se cuenta como un anecdotario, o sea, al tipo le dieron reclusión en su casa.

—Te referías a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social en nuestro país. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el proyecto en el que estás trabajando a partir de esos casos?

Estamos trabajando en dos proyectos relativos a eso. Uno es la segunda temporada de Una historia necesaria, que narra los casos ocurridos desde el estallido del 18 de octubre, pero que busca hacer el vínculo entre la primera temporada, con lo que ocurrió en dictadura, y cómo el salto del torniquete revela un adormecimiento por 30 años de transición a la democracia pactada. Expone toda la imposición de este negacionismo y de esta impunidad, no sólo en derechos humanos, sino que en otros temas como corrupción, todos los crímenes que no sólo cometen los políticos asociados a la dictadura, sino que muchos empresarios, muchos civiles involucrados. 

Entonces, lo que hace Una historia necesaria es generar un gran puente entre el año 86 -esto no se lo he contado a nadie- y hoy. Queremos encarnarlo en Pepe Carrasco, a partir de lo que él vivió junto a su compañera, de la que poco se sabe. Entonces, desde la lucha que encarna José Carrasco, nosotros armamos un puente en función de la lucha, no por la vía armada, sino que por la vía democrática, desde el año 86, el año decisivo del atentado a Pinochet, cuando sucede el asesinato de Pepe y se realizan las primeras manifestaciones realmente masivas y a nivel nacional. En el paro nacional de junio se empieza a construir y develar lo que iba a ser a continuación la salida del dictador, esta democracia pactada.

Hemos estado trabajando con la familia Gatica, con Enrique y Gustavo, viendo también el caso de Fabiola Campillay, hemos trabajado con la familia de Abel Núñez, etc. También estamos desarrollando historias que tienen que ver con la primera línea, hemos estado trabajando con la Brigada Sanitaria de la USACH. Se trata de cabros de 18 años que de un día para otro tuvieron que enfrentar la muerte de su hermano, tuvieron que rescatar a Mauricio Fredes del hoyo donde se cayó; a los 18 años tienen que enfrentar la muerte cara a cara. Cabros que se convirtieron en adultos de un día para otro y que encarnaron la lucha de todos los que por años hemos estado dormidos. Eso es brutal.

«Desde mi frente, que es el audiovisual, creo que es vital generar contenidos que nos permitan entregar información, abrir emociones, porque cuando la gente logra ponerse en el lugar de otro, empatizar y tener vínculos solidarios, se da cuenta de lo que está sucediendo».

—Mencionas los casos emblemáticos, como el de Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, pero también un sinfín de otras historias, sobre todo de jóvenes que han estado vinculados a ese proceso y que pagaron costos muy altos.

Sí, absolutamente. Uno, en función de este ejercicio del negacionismo y la impunidad, sabe que después de estos meses, sobre todo después de que gane el Apruebo y la Convención Constitucional, los casos de violaciones a los derechos humanos van a pasar al olvido mediáticamente, judicialmente y de todas las formas posibles. Entonces nosotros, los audiovisualistas, que buscamos inmortalizar las historias, estamos obligados a asumir esta responsabilidad que nadie va a asumir. Vamos a ser la principal herramienta de estas personas para buscar y obtener justicia. La idea es plasmar historias que se sostengan en hechos irrefutables, donde los derechos humanos sean violados flagrantemente, donde exista argumentación jurídica que los exponga. 

Junto con esto, estamos desarrollando una serie documental, que narra desde la academia, desde la investigación más purista, por así decirlo, el tema de los protocolos, del uso de la fuerza desmedida y cómo finalmente carabineros y los agentes de orden del gobierno han ejercido su labor en este periodo. Estamos trabajando con grandes figuras del mundo de los derechos humanos, como Claudio Nash, hemos tenido colaboración y apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y tuvimos que hacer un gran giro, porque con esto de la pandemia se nos sumó un actor nuevo al relato, pero que de una u otra forma le da más épica al triunfo final del 25 de octubre, cuando podamos terminar con este legado pinochetista que hasta el día de hoy nos tiene sumidos en la más absoluta desigualdad.

—¿Qué opinas sobre el rol del Estado y los privados en el financiamiento de la cultura y la realización en nuestro país?

En Chile todo está súper pactado, partiendo por el hecho de que los grandes medios son las principales ventanas para generar contenidos y siempre chocan con las historias y necesidades no sólo de quienes lideran estos conglomerados de medios, sino de quienes los auspician. Hay una suerte de negación de los hechos que han ocurrido en este país y hay una identidad súper marcada, histórica, que es difícil que pueda ser asumida, encarnada, por los medios locales. En ese sentido, creemos y tenemos la certeza de que Chile sigue siendo un atractivo no solamente por la factura, capacidad técnica, sino que por las temáticas que estamos desarrollando. Históricamente, fuimos un experimento del neoliberalismo, lo cual fue, en términos cinematográficos, algo súper atractivo de retratar, y por otro lado, ahora estamos siendo observados por gran parte del mundo para ver cómo va a resolverse este proceso político-social que estamos viviendo. Efectivamente, en el extranjero y en las cadenas internacionales existe una apertura mucho mayor a desarrollar contenidos que vayan en búsqueda de la verdad histórica. Cuando tienes la posibilidad de plasmar esa obra, pero sin depender de quienes han propiciado estas mismas condiciones políticas y sociales que estamos viviendo hoy en día, tienes mayor libertad para tener una opinión. 

Es más atractivo contar con aportes y financiamiento extranjero para contar las historias que queremos contar. Ahora, efectivamente, nosotros tuvimos un gran reconocimiento a través del premio Emmy, que nos entregó una credibilidad que hizo que la inversión extranjera se sintiera atraída a gente como nosotros; les podemos dar certezas de que las producciones que vamos a hacer son de alto nivel y con un contenido súper cercano a la realidad que vive la mayoría de la gente. No es que nosotros estemos haciendo algo que la gente no ve, no, la gran parte de la población se interesa en estos temas.

—Sin embargo, es difícil acceder a esos productos. Cuando hay trabajos interesantes financiados por el Consejo Nacional de Televisión, muchas veces los canales los transmiten en horarios irrisorios. 

Hemos tenido la astucia de navegar en estas aguas distintas a nosotros en el sentido de lo social, de generar contenidos que no sean pasajeros, que aporten en algo y que se transformen en elementos que trasciendan a las generaciones y que puedan servir no solamente para los que ven televisión, sino también para los profesores. Nosotros regalamos la serie Una historia necesaria para todos quienes quisieran verla, nos llamaron del Liceo 1, de escuelas rurales. Se necesitan más contenidos, pero que hablen de la verdad, porque existe una corriente, que ha sido catalogada de revisionismo cinematográfico, que finalmente condiciona el trabajo a un punto de vista súper oficialista en cuanto a la escritura histórica del país, lo cual es grave, porque desde lo audiovisual se construye realidad. 

Extracto de la entrevista realizada el 8 de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

DDHH: la vara que mide a una democracia en tiempos de crisis

Si algo tienen los momentos de emergencia es que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. En este contexto de pandemia, el respeto y protección de los derechos humanos debe ser nuestra guía indiscutible en la toma de aquellas decisiones cruciales, en las que nada menos que la vida de nuestra gente está en juego.

Por Manuel Guerrero

Brotes de enfermedades infecciosas, como la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19) que se ha propagado a nivel global, implican con frecuencia un clima de incertidumbre científica, disrupción social e institucional, así como temor generalizado y desconfianza en la población. Quienes se encuentran en el ámbito político, en posición de tomar decisiones, se ven presionados a hacerlo a gran velocidad, contando, la mayoría de las veces, con escasa evidencia a la mano. Y quienes en el mundo de la salud pública se ven compelidos a proveer atención médica a grandes grupos de personas, lo tienen que hacer en un contexto de emergencia en que los sistemas de salud corren riesgo de verse desbordados, por lo que deben priorizar unos casos de atención médica por sobre otros. En ambas situaciones, la toma de decisión requiere ponderar principios éticos de igual importancia que, en el contexto de emergencia, fácilmente pueden entrar en conflicto ante la imposibilidad de ser satisfechos simultáneamente.

 En una sociedad democrática, la fuente de orientación fundante son los derechos humanos. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos son, de hecho, la condición necesaria para que estemos en presencia de una sociedad que pueda llamarse democrática. ¿Qué implica asumir los derechos humanos como marco de orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia? Un modo de responder a esta pregunta es identificar los principios relevantes que derivan de tal marco, los que fueron identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Marcha por los DD.HH. en Santiago. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Justicia. Principio que demanda la equidad en la distribución de recursos, oportunidades y resultados, tratando a casos iguales por igual, evitando la discriminación y explotación, y de particular relevancia para las personas que se encuentran vulnerables a ser dañadas o tratadas injustamente. Este principio implica un componente de justicia procedimental, en el sentido de que debe existir un proceso justo para la toma de decisiones que considere el debido proceso (el derecho a ser informado y escuchado); transparencia (provisión de información precisa y clara sobre los criterios y el mecanismo de toma de decisión); inclusión y participación de la comunidad (certeza de que actores relevantes puedan participar de la toma de decisiones); rendición de cuentas (asignación y cumplimiento de responsabilidades en la toma de decisión); y seguimiento (provisión de mecanismos apropiados de monitoreo y reporte).

Beneficencia. Es el principio que refiere a la promoción de actos benevolentes hacia otros, como el esfuerzo por reducir el dolor y sufrimiento de una persona. En el contexto de la salud pública, obliga a la sociedad a satisfacer las necesidades básicas de los individuos y comunidades, particularmente las de tipo humanitario, como alimentación, albergue o refugio, adecuadas condiciones de salud y seguridad. 

Utilidad. Concierne a las acciones que promueven el bienestar de individuos y comunidades, maximizando la utilidad de una acción tomando en consideración la proporcionalidad y la eficiencia para el logro del mayor beneficio al menor costo posible.

Respeto por las personas. Es clave en la cultura de los derechos humanos y remite a tratar a las demás personas desde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, su dignidad y derechos intrínsecos. Este principio, formulado explícitamente en el artículo primero del Código de Nüremberg de 1947 al término de la Segunda Guerra Mundial, considera el respeto a la autonomía de las personas, permitiendo y facilitando que ellas tomen, de modo informado, voluntario y libre de coerción y manipulación, sus propias decisiones. Para quienes no tienen la capacidad de tomar decisiones se debe considerar a otros que protejan sus intereses. Se considera, además, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, así como el respeto a las creencias o convicciones sociales, religiosas o culturales, incluyendo los lazos significativos, como los familiares. La transparencia en la información y la comunicación veraz son requisitos para la toma de decisiones de modo libre y autónomo. 

Libertad. Esta incluye un amplio abanico de libertades sociales, religiosas y políticas, tales como la libertad de movimiento, a reunión y libre expresión. 

Reciprocidad. Este principio debe mantenerse respecto de las contribuciones que han realizado las personas y promueve el principio de justicia en tanto permite corregir desigualdades de base que impactan en la distribución de riesgos, cargas y beneficios durante la respuesta a la epidemia. 

Solidaridad. Promueve un “nosotros” que actúa colectivamente frente a una amenaza común. En tal acción concertada es vital superar desigualdades que tienen efectos de exclusión y discriminación de grupos y minorías. 

Para que tengan una posibilidad de orientación práctica, la aplicación de estos principios, que se inspiran en la cultura de los derechos humanos, debe ser aterrizada y específica a un contexto concreto, y dado que las situaciones de pandemia como la que vivimos se caracterizan por la ausencia de evidencia completa, e incluso a veces se carece de información específica, se recomienda que el razonamiento moral opere por analogía. Es decir, una toma de decisiones informada por experiencias previas en las que sí se contaba con información a mano. Sin embargo, pese a la contingencia, los países y Estados tienen que respetar las obligaciones que han suscrito en materia de derecho internacional de los derechos humanos.

Estos son fundantes de la brújula moral que orienta la toma de decisión, al tiempo que también establecen los límites que la situación de emergencia no puede sobrepasar. Esto es lo que queda expuesto en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La limitación, por ejemplo, de algunas de las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas, como ocurre con las medidas de cuarentena y confinamiento obligatorio que restringen la libertad de movimiento y reunión, sólo puede darse cuando se considere “necesaria” por un requerimiento público o social apremiante, para responder a un objetivo legítimo y disponiendo medidas que sean proporcionales a tal objetivo. 

La salud pública es uno de los motivos que puede invocarse a la hora de ver necesaria, razonablemente y de modo no arbitrario, la limitación de ciertos derechos sólo en tanto permita al Estado la adopción de medidas que logren hacer frente a la grave amenaza a la salud de la población, para impedir la propagación de enfermedades o lesiones, y para proporcionar los cuidados necesarios. Con todo, ni siquiera en contextos de excepción, los Estados pueden suspender ciertos derechos humanos. Tal es el caso de los derechos a la vida; a no ser sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a la esclavitud ni a ser servidumbre no voluntaria; a no ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual; a no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación penal retroactiva; a ser reconocido como una persona ante la ley; y a la libertad de pensamiento, consciencia y religión. Estos derechos no admiten derogación bajo ninguna condición, por lo que establecen un límite claro e infranqueable para los Estados, sus órganos y agentes. 

En este marco y ante la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile ha formulado un conjunto de recomendaciones a las autoridades del país para que en la gestión de la emergencia: 

a. Se priorice la salud y la vida de toda la población por

sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.

b. Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el Covid-19. c. Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.

d. Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes.  

e. Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.

f. Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente. 

g. Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis, a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado. h. Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas. 

i. Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público. j. Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia. 

k. Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia. 

l. Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos. 

m. Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.

Quizás no haya momentos más definitivos para que una sociedad ponga en evidencia su potencial ético que aquellos de crisis. Tales situaciones comportan un momento veritativo en el sentido en que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. Los derechos humanos son un buen punto de partida, de referencia y de evaluación para saber si estamos a la altura de llamarnos democráticos. No en declaraciones y frases de corrección política que, como dice la sabiduría popular, son “para el bronce”, sino en cada una de las decisiones que tomamos exigidos por el contexto crítico que enfrentamos. Ahí, en ese día a día, nos jugamos no sólo la vida, sino la posibilidad de una vida buena. Decente, digna y respetuosa para con los derechos de lo más valioso que tiene un país y sociedad: su gente.

Joan Turner: “Después de 45 años, la justicia no es justicia”

“¿La felicidad tiene alguna imagen?”, se interroga Joan Turner, y los ojos se le llenan de lágrimas. Todo duele más en un septiembre cargado de recuerdos, de iras, de muertes. Duele también cuando responde que no, que la justicia no es justicia después de 45 años, el tiempo que ella y el país tuvieron que esperar para que los asesinos de Víctor Jara fueran condenados.

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Porfiada memoria

Por Marcia Soantkebury | Fotografías: Alejandra Fuenzalida

La negación y el borramiento fueron la política de la dictadura desde que bombardeó La Moneda. Al reconstruir el edificio, suprimió la entrada de la calle Morandé: si no había puerta, nadie había salido por ella y, por lo tanto, los que atravesaron ese umbral detenidos o muertos jamás existieron. Al suprimir la dirección del centro de detención y tortura ubicado en la calle Londres: si se sustituía el número 38 por otro desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Al promover la recuperación del espíritu “deportivo” del Estadio Nacional, porque el fútbol contribuiría a evaporar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el caso de los detenidos desaparecidos: al no existir el cuerpo, no quedaba constancia de su existencia ni las huellas del crimen.

Mientras gobernaba el general Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, privados de libertad, exiliados, exonerados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. Durante la transición, los gobiernos democráticos materializaron sus políticas de derechos humanos en las comisiones de verdad (1990- 2005) y estas identificaron a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesinados en forma sumaria. Individualizaron a 28.459 torturados y detectaron 1.132 recintos de detención y tortura, varios de los cuales eran desconocidos hasta entonces.

Además de negar estos crímenes, a los afectados por ellos los agentes del Estado les negaron derechos, identidad y hasta su calidad de seres humanos. También los privaron de su nacionalidad y desconocieron su existencia legal. Por eso, los años que siguieron al golpe de Estado estuvieron marcados por una lucha sorda o abierta por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria.

Especialistas en estos temas establecen que el proceso de sanación de quienes han sufrido atropellos a su integridad y derechos requiere del reconocimiento social de lo sucedido. De allí que el propósito de las medidas de reparación formuladas por los gobiernos de la Concertación apuntó a revertir esta situación reforzando el protagonismo y la dignidad de las víctimas e involucrando a la ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia.

Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar en el poder, con el propósito de recordar a sus familiares desaparecidos, organismos de derechos humanos y grupos de sobrevivientes de los centros de detención comenzaron a instalar cruces, placas alusivas o memoriales a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y, desde entonces, estos se transformaron en espacios de reparación y encuentro que nos hablan de un pacto para no olvidar.

“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en diciembre del 2008 la presidenta Michelle Bachelet al poner la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella estaba convencida de la importancia de este proyecto y lo llevó adelante contra viento y marea. Estimaba que contribuiría a transparentar las situaciones dolorosas vividas por nuestro país, a reflexionar sobre ellas y que contribuiría a que estas no se repitiesen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras suele desatar apasionadas polémicas en torno a las distintas interpretaciones de lo sucedido y la memoria se constituye en territorio de disputa cultural y política. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, la exmandataria consideró que la imposibilidad de establecer una mirada única no podía ser el pretexto para dar la espalda a lo ocurrido.

La construcción del museo, cuya muestra estable abarca entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la sociedad chilena aún marcada por el discurso  único heredado del régimen militar y por la negación de la evidencia. Sus contenidos visibilizaron lo que durante muchos años había permanecido oculto.

Hoy, por los pasillos de este edificio transparente ubicado frente a la Quinta Normal, circulan cientos de visitantes, fundamentalmente jóvenes: más del 50 por ciento de nuestra población no había nacido cuando sucedieron los hechos que se presentan en el museo. Se detienen para revisar fotografías y leer los recortes de prensa, observan las artesanías carcelarias y se conmueven frente a las pantallas con los testimonios de los presos políticos.

Al recorrer los sitios de memoria -espacios físicos donde ocurrieron los acontecimientos y prácticas represivas del pasado reciente- como Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de transmisión es enorme y el visitante se enfrenta y emociona ante la presencia inmanente del pasado.

Sin embargo, en un museo como este, fue necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué se quiere representar? ¿Con qué objetivo? ¿De qué manera? La opción fue entregar al visitante el máximo de elementos –cartas, fotos, recortes, videos, grabaciones y documentos- que le permitiesen reflexionar, sacar sus propias conclusiones y quizás, ¿por qué no decirlo?, salir del edificio con más preguntas que respuestas.

Tarea difícil de abordar fue definir cómo se presentarían la represión y los horrores del terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar la “pedagogía de la consternación”, predominante hasta los años ‘90, y que con su recreación morbosa del horror fuese contraproducente, generando distancia y dejando fuera a un visitante anonadado y sin palabras. Se recurrió a representaciones abiertas que combinan información desprovista de retórica con elementos de fuerte simbolismo, destinados a estimular la reflexión.

Testimonios, relatos, voces, paneles y maquetas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha de los prisioneros, sus historias de vida, cartas, poemas, formas de resistir, esperanzas, miedos y gestos solidarios. No hay recreaciones y, con excepción de un catre de tortura, todos los objetos de la muestra son originales.

Se optó también por plantear desde un lenguaje simbólico y poderoso, múltiples preguntas e interpretaciones de los hechos que se rememoran. Expresiones mixtas que incluyen relatos y representaciones convencionales y audiovisuales en pantallas y formatos diseñados especialmente para llegar a los jóvenes. Porque la idea es que el museo opere como un puente entre el pasado y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias individuales para educar y construir futuro.

Implementar una política de memoria es complementario a las acciones de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación individual de las víctimas. Y, a diferencia de la justicia de la historia que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada.

El Museo de la Memoria busca transformar la historia en memoria en función de un proyecto destinado a abrir un camino para avanzar y que nos ofrezca un sentido de identidad y destino. Destino que convoca a cada ciudadano de nuestro país a reconocerse como parte de la tragedia ocurrida, idea que está expresada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada en una cripta que dialoga con el edificio, ésta se inspira en el concepto “todos hemos perdido algo”, e incluye imágenes de detenidos desaparecidos y de personas aparentemente no involucradas en lo ocurrido.

Cada cierto tiempo, en torno al museo se abren debates sobre el contexto o el periodo que abarca la muestra. Involucran a una sociedad aún dividida frente a lo sucedido en un pasado reciente y nos remiten a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra un sector de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otro tiempo donde primaban el miedo o la indiferencia, en estos días sus detractores han tenido que enfrentar la protesta de miles de ciudadanos que valoran este espacio de resistencia frente al olvido.

La poderosa porfía de Ana González

Su imagen es el símbolo de la persistencia de la memoria en nuestro país. Su duelo, interminable e inabarcable, la bandera de lucha que ha encabezado, representando en su cuerpo la historia de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos en dictadura. Ana González de Recabarren recuerda su infancia tocopillana, su llegada a Santiago, las juventudes comunistas, las primeras imágenes de su amor, Manuel. Un testimonio que está también contenido en las páginas de su autobiografía, que acaba de terminar.

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Tiempos transicionales, ¿tiempos mejores?

Por Claudio Nash

Chile siempre sorprende. Cuando por fin se comenzaban a mover los “límites de lo posible”, cuando tímidamente mirábamos el futuro sabiendo que de alguna forma nos estábamos haciendo cargo del pasado, justo en ese momento, como si viviéramos una pesadilla larga y agotadora, nos damos cuenta de que estamos lejos de cerrar nuestra transición a la democracia.

Los crímenes perpetrados por el gobierno militar (1973-1990) no tienen precedente en la historia chilena por su gravedad y prolongación. Además, las violaciones de derechos humanos (DDHH) fueron parte de una política de Estado destinada a controlar la población e imponer un modelo político-autoritario, económico-neoliberal, cultural-conservador y social-individualista. Un proyecto refundacional basado en el horror.

El triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988 abrió las puertas para un largo proceso de transición a la democracia y reconstrucción institucional. A diferencia de otras experiencias, la transición chilena no se funda en la caída de la dictadura sino que en una derrota electoral (importante, por cierto), pero dentro de la propia institucionalidad diseñada por el régimen cívico-militar. Esto trajo como consecuencia que no se desarrolló una transición pactada, como suele afirmarse, sino que una transición condicionada. ¿Cuál era este condicionamiento? La dictadura estaba dispuesta a dejar el gobierno, pero a condición de que el modelo fundacional que había llevado adelante durante 17 años sin contrapeso alguno siguiera vigente sin modificaciones estructurales. Además, había una condición explícitamente establecida por el dictador: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho” (1989). Una transición fundada en la impunidad y en la inamovilidad del modelo impuesto.

En este difícil contexto, los nuevos gobiernos, para asegurar la democracia, optaron por privilegiar mecanismos de reparación y el conocimiento de la verdad. Así, surge la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) que dio cuenta de más de 3.000 casos de muertes y desapariciones; años después, la Comisión de Prisión Política y Tortura (2003) consignó más de 30.000 personas víctimas de la tortura en Chile. Esta pasó a ser la verdad oficial e indiscutida de lo ocurrido en dictadura. En materia de reparaciones se han implementado distintas medidas, tales como la petición de perdón formulada por el presidente Aylwin, en nombre del Estado, por las violaciones de DDHH y políticas de compensaciones económicas y de otro tipo para las víctimas de las más graves violaciones o para sus familiares.

No obstante, había un camino que no se había explorado con profundidad: la justicia. Durante años (1990-1998) sólo se avanzó en algunos pocos casos judiciales más por el tesón de los familiares y el rol jugado por algunos jueces que por un impulso desde las autoridades democráticas. Eran los tiempos de la “justicia en la medida de lo posible”. No fue sino hasta fines de 1998, con la detención de Pinochet en Londres, que se abrió el camino de la justicia. En 1999, el Presidente Lagos convocó la Mesa de Diálogo, donde las Fuerzas Armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones de DDHH (hasta esa fecha habían negado sistemáticamente que estas obedecieran a actos institucionales), pero no entregaron información acerca de los detenidos desaparecidos y, peor aún, las instituciones armadas mintieron en los pocos datos entregados. Luego de este fracaso político, toda la responsabilidad en materia de justicia quedó radicada exclusivamente en los tribunales, los que han avanzado en el esclarecimiento de múltiples casos pese a un marco jurídico restrictivo, la nula contribución de las FFAA y Carabineros para investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios que siguen apostando por la impunidad a través del silencio. Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en un modelo fundado en la impunidad, quedó relegada a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El Estado miraba, algo ausente e indeciso. Así, recién en 2010 se funda un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución privada pero que con fondos públicos cumple una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición.

Pese a los evidentes avances en la democratización y en materia de DDHH, el bicentenario nos encuentra con un modelo transicional que era abrazado por el “peso de la noche” portaliano, donde el orden establecido se imponía, se acorralaba a las víctimas en fatigosos procesos judiciales y una sociedad olvidadiza se sumía de lleno en una espiral consumista e individualista que era la consolidación del modelo legado por la dictadura y refinado en democracia.

Pero todo cambió, de golpe, sin que lo anticipáramos, en 2011. Estudiantes secundarios y universitarios de todo el país salieron a las calles para protestar por la calidad de la educación. Parecía una protesta más, un reclamo que como tantos otros, pronto caería en el olvido. No fue así. Las demandas aumentaron, se sumaron otros sectores y el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia se enfrentaba a un movimiento social irreconocible: demandas laborales, regionales, medioambientales se sumaban y anunciaban que esta vez los cambios no sólo apuntaban a reformas menores sino que se estaba cuestionando el “modelo”, ese mismo modelo que derecha e izquierda habían asumido como propio. El país había cambiado, la democracia se consolidaba.

El 2014 asume el gobierno Michelle Bachelet por segunda vez, pero en esta ocasión es otra la impronta, es un gobierno que debe dar respuesta a los movimientos que le llevaron al poder. Desde los primeros días, el gobierno adopta un discurso refundacional. Parecía definitivo: los “límites de lo posible” habían cambiado. Estaba ahí, a la vuelta de la esquina, la transformación de la educación, del sistema político, el modelo tributario y el de seguridad social, incluso, la propia Constitución. Mas la historia nunca es lineal, siempre nos depara sorpresas y no todas agradables.

La Presidenta se fue de vacaciones en febrero de 2015 celebrando un gran primer año. Avances sustantivos en su programa la hacían soñar a ella y a muchos más que los cambios eran posibles. Pero vino la debacle. La corrupción había sido un tema ajeno a las preocupaciones de la democracia. No escudriñar en la corrupción institucionalizada durante la dictadura (el enriquecimiento del propio dictador, su entorno cercano, las privatizaciones, en fin, el saqueo del Estado) había sido parte del acuerdo condicional de la transición. Durante 2015 se consolidan una serie de investigaciones que daban cuenta de que importantes empresas chilenas habían financiado lícita, pero también ilícitamente, la política; que existía cohecho de altas autoridades; que las empresas pagaban a políticos de todo el espectro y con ello aseguraban una excelente “disposición” a escuchar sus puntos de vista en leyes, controles, regulación de mercados, entre otros temas relevantes para sus intereses. El escándalo de corrupción política primeramente afectó a la derecha, pero a poco andar arrastró a todo el espectro político y pasó a ser un problema institucional. Como si esto ya no fuera suficiente, los escándalos de corrupción llegaron al palacio de gobierno cuando el entorno familiar de la Presidenta se ve envuelto en acusaciones de tráfico de influencia, entre otros ilícitos. Frente a este escenario, la Presidenta Bachelet asumió un tímido liderazgo. La creación de un Consejo Asesor y propuestas de reformas legales fueron un paso, pero claramente insuficientes ante la profundidad de la crisis moral de la clase política en Chile. Una vez más, la impunidad se impone y las instituciones no están a la altura.

Estos escándalos generaron indignación ciudadana, pero el impulso pronto se agotó. En 2018 asume, nuevamente, la presidencia Sebastián Piñera, pero esta vez con un discurso de derecha tradicional muy distinto a su moderado primer mandato. En este contexto, los temas de la transición han tomado dimensiones insospechadas. Por primera vez surgen voces que justifican los crímenes de la dictadura; se producen ataques a sitios de memoria; se insulta a las víctimas y se reivindica la figura del dictador; se usa al Tribunal Constitucional para demorar causas de DDHH; se nombra un Ministro de Estado que había calificado al Museo de la Memoria como un “montaje”. Además, la Corte Suprema, que ya venía imponiendo en varios casos sanciones reducidas frente a crímenes atroces, acoge un recurso de amparo y libera a un grupo de violadores de derechos humanos a través de la figura de la “libertad condicional” como si estuviéramos frente a crímenes comunes, ignorando gravemente los compromisos internacionales de Chile. Las grietas de la democracia comienzan a ser el cauce por el cual fluye la impunidad que sigue estando en el alma del modelo transicional.

En tiempos en que el “peso de la noche” parece imponerse, las estudiantes de todo el país lideran un movimiento feminista que no sólo pone en jaque a las instituciones educacionales sino que a un modelo patriarcal impuesto desde los orígenes de la República. Ese aire fresco e irreverente es un signo de esperanza porque pulveriza los límites de lo posible.

¿Cómo se resolverá el modelo transicional? Las respuestas a las preguntas de siempre definirán qué ocurrirá con la transición: ¿seguiremos compartiendo como un mínimo ético común la verdad de las violaciones de DDHH? ¿Se consagrará un modelo de justicia mitigada que termina confundiéndose con la impunidad? Por otra parte, la lucha por la memoria será decisiva; el tiempo pasa, los protagonistas de la historia reciente van muriendo y lo que queda son testimonios, archivos, recuerdos y silencios. Preservar la memoria es una tarea vital para nuestra historia y para no repetir los errores, pero por sobre todo, los horrores del pasado.

¿Sobrevivirá el modelo impuesto por la dictadura? Después de 30 años de transición, vivimos un Chile tensionado entre un modelo impuesto por la fuerza, pero que fue aceptado por parte importante de la clase política que se acomodó y usufructuó de él y es apoyado por amplios sectores de la sociedad que ven en el individualismo y egoísmo la mejor forma de surgir. Por otro lado están los diversos sectores sociales que demandan transformaciones profundas, económicas, sociales y culturales. Diagnóstico reservado.

¿Alcanzarán los nuevos vientos para deshacernos del “peso de la noche”? La juventud tiene la respuesta.

Formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas

Por Felipe Agüero

La educación en derechos humanos (DDHH) es necesaria en toda institución del Estado, y lo es especialmente en aquellas instituciones a las que la sociedad, para su propia protección, les confiere el monopolio de la violencia legítima. Si esto vale para todas las instituciones armadas en tiempos en que los DDHH se han hecho parte del patrimonio cultural y jurídico de la humanidad, es especialmente válido en el caso de instituciones armadas que fueron protagonistas de masivas violaciones a los más elementales de esos derechos en un pasado más o menos reciente. La sociedad y el Estado han reconocido esas violaciones y han intentado registrarlas, investigarlas, someter a la justicia a los culpables, reparar a las víctimas y desarrollar procesos de memoria con vistas al objetivo de no repetición. Las Fuerzas Armadas han hecho algunos reconocimientos simbólicos y se sentaron en una mesa de diálogo con representantes de las víctimas. De todas las ramas, es el Ejército el que fue más lejos al reconocer su participación institucional en esas violaciones, en la conocida declaración del Nunca más que hiciera el General Juan Emilio Cheyre, como Comandante en Jefe, en junio de 2003.

Con todo eso a la vista, ¿puede decirse que hoy, a casi tres décadas del fin de la dictadura, se forma a oficiales, suboficiales y soldados en DDHH con la profundidad requerida por la experiencia nacional? Destaco dos situaciones que me parecen decidoras y frustrantes. La primera es que, a diferencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas registra visitas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La segunda es que la declaración del Nunca Más no es discutida, no es asignada como lectura o base para la reflexión. Pareciera que pasó al olvido. Es desalentador que esto refleje una opinión extendida en la oficialidad de que lo hecho durante la dictadura estuvo bien, que era inevitable, y por eso la resistencia frente a ese documento.

No obstante, del rechazo al concepto y significado simbólico de los DDHH que primó durante los años ‘90 se pasó a un reconocimiento de la inevitabilidad de su incorporación. Esto comenzó con la aceptación de participar en la Mesa de Diálogo, que se inició a mediados de 1999 y que llevó a dialogar con un sector—los representantes de las familias de desaparecidos y los abogados de DDHH—que hasta entonces era fuertemente descalificado por los militares. Hay que decir que mientras ocurrían esas conversaciones, que no dieron los resultados esperados y que entregaron información falsa, se estaban destruyendo en el ejército los documentos con esa información. No obstante, desde aquí se dio el primer impulso a la aceptación de la necesidad de dar formación en esta área. El empuje continuó con el Nunca Más y la iniciativa del General J. E. Cheyre y del General O. Izurieta en la Comandancia de Institutos Militares y luego de Institutos y Doctrina. En este periodo se adopta formalmente la decisión de incorporar los DDHH en la enseñanza militar, aun cuando esta decisión no tuvo mayor impacto real en la malla curricular. Se avanza en una mayor y mejor incorporación de la enseñanza del derecho internacional humanitario, especialmente en momentos de mayor participación chilena en misiones de paz, pero no hay incorporación diferenciada y sustantiva de los DDHH.

Esta falta de especificidad y profundidad en la enseñanza de los DDHH en las Fuerzas Armadas fue advertida en un estudio realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El estudio señaló que “los contenidos se caracterizan por una fuerte concentración en los marcos doctrinarios y normativos del derecho internacional humanitario, con un escaso tratamiento de los derechos humanos y una ausencia de instrumentos específicos de derecho internacional en esta última materia.” (Boletín Informativo INDH No. 2, diciembre 2011).

Hay pocas referencias a los derechos humanos en la legislación nacional (ninguna en la Armada y Fuerza Aérea) y nada sobre derechos civiles y políticos. Como sugiere lo anterior, se encontraron fuertes diferencias entre las ramas, con una presencia significativamente menor de la temática de DDHH en la Armada y la Fuerza Aérea. Temáticas clave como la tortura, tanto por la experiencia en la dictadura como por los debates sobre acción internacional en esta materia después del atentado a las Torres Gemelas, se tratan sólo indirectamente. Y, agrega el estudio, “los temas de memoria de graves violaciones de derechos humanos se encuentran ausentes en la formación de todas las ramas [….] no lográndose identificar acciones de reconocimiento y de reflexión crítica sobre tales hechos” (Ibid.).

A estas debilidades se suma una muy importante: la calidad de los profesores, que muestran poco interés o convencimiento en el tema. Con todo, es alentador que se haya desarrollado un diálogo entre el INDH y las Fuerzas Armadas, con vistas a mejorar y profundizar este tipo de formación. Producto del citado estudio, el INDH hizo una propuesta de programa de enseñanza, que se orientara a concentrar y visibilizar más la temática de DDHH específicamente, en la misma dirección que antes, el 2000, había propuesto el General Cheyre como Comandante del Comando de Institutos Militares, señalando en un documento “la obligación de dinamizar, profundizar y marcar un fuerte centro de gravedad en nuestros procesos formativos en estas materias.” Pero la propuesta del INDH fue rechazada, diciendo los órganos respectivos de las fuerzas armadas que estaba bien lo que ya tenían.

Hay promesa en una continuada relación de diálogo y propuesta con el INDH, teniendo en cuenta su apuesta por “los nuevos enfoques de la Educación en Derechos Humanos, que fortalecen la doble dimensión del personal uniformado: como garante de derechos, pero también como sujeto de derecho; dimensión que permite apropiarse de mejor manera del marco valórico de los derechos humanos”, y que permite también poner adecuada atención en las reglas y comportamientos dentro de las instituciones en relación a sus propios miembros y la vulneración de derechos de que pueden ser objeto.

La educación en DDHH es limitada y llena de formalismos. Pero hay una plataforma establecida, especialmente en el Ejército, que pudiera permitir avanzar. Esta plataforma consiste en la aceptación de la necesidad de la formación en DDHH y en la presencia del tema en diversos escalones de formación en la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales, y varios otros cursos necesarios para el ascenso de los oficiales. Una gran palanca puede ser la incorporación de objetivos y tareas en este plano que hizo el Plan Nacional de Derechos Humanos. Darle consistencia, profundidad y especificidad a la formación en DDHH, aparte de su relación con la experiencia nacional de violaciones, es una tarea que requiere de decisión y voluntad política. Conspiran contra esto la autonomía que mantienen las Fuerzas Armadas, entre otras, en la esfera educativa, y la falta de voluntad política y capacidad institucional desde el Ministerio de Defensa.

Aquí ha prevalecido una auto inhibición sistemática y falta de liderazgo, desde la posición del ministro, como se vio en estos últimos años, que reflejan una claudicación en favor de la acomodación, para “no hacer olas”, en desmedro de una visión orientada a contribuir desde un sector clave a la verdadera democratización del país y a una modernización de las Fuerzas Armadas y los sistemas de liderazgo civil.