«La propuesta de constitución emanada de la Convención Constitucional [reconoce] finalmente que las labores de cuidados, que las mujeres hasta el momento estaban haciendo de manera gratuita en nombre del amor, deben ser valoradas y reconocidas como lo que son: un pilar esencial para la construcción del país», opina Bascur Cruz, coordinadore del Consejo de Presidencias de la FECh (noviembre, 2021 – julio, 2022).

Por Bascur Cruz

Cuando llegaron les colonizadores europees a nuestro continente, vinieron cargades de valores cristianos que les dictaban la manera en que debía funcionar el mundo_, desde el sistema político a la conformación de las familias. Este último asunto era de gran importancia, ya que la iglesia católica consideraba imprescindible controlar y homogeneizar la sexualidad de la población, limitándola a la práctica monógama, cisheterosexual, y dentro de la institución patriarcal del matrimonio. 

A pesar de los esfuerzos, las familias latinoamericanas se mantuvieron bastante alejadas de la utopía cristiana; las conductas sexualmente impulsivas del hombre blanco europeo (que estaba dispuesto a atentar contra los valores de la iglesia y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio), en sincretismo con las distintas culturas indígenas, fomentaron la conformación de familias monoparentales en las que las mujeres solían ser las encargadas de la crianza y mantención económica de les hijes, cuestión especialmente cierta para las personas con menos recursos económicos. 

De esta manera, madre, tía, abuela, hermana, se convirtieron también en trabajadoras obligadas ante la ausencia del padre, cumpliendo un doble rol que no es remunerado ni reconocido por quienes gobiernan. Sin embargo, ni la monarquía española ni el Estado chileno demostraron tener un entendimiento real del funcionamiento de las familias del país, manteniendo en sus normas la “utopía” de la familia biparental, heterosexual y monógama, algo que podría estar a punto de cambiar. 

La propuesta de constitución emanada de la Convención Constitucional pone fin a esta deuda histórica, reconociendo finalmente que las familias pueden tener distintas configuraciones alejadas de los valores cristianos; y que las labores de cuidados, que las mujeres hasta el momento estaban haciendo de manera gratuita en nombre del amor, deben ser valoradas y reconocidas como lo que son: un pilar esencial para la construcción del país. 

El artículo 10 de esta propuesta no se limita solo a esta gran tarea, ya que al establecer que “el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna”, se abre la puerta a asumir esas otras realidades ajenas a las construcciones cisheteronormativas. Y con esto, no me refiero solo al imaginario burgués de la familia homoparental que sigue siendo monógama y fundada en el amor romántico, sino en aquellas personas que, expulsadas de sus familias cisheterosexuales, deben buscar el cariño y el apoyo en otras personas diversas y disidentes, formando redes de apoyo que brindan la contención, acompañamiento y amor que les fue negado por no someterse a una sexualidad y/o género que atenta contra su existencia. Esto, por culpa de un sistema de valores que hace que incluso el amor materno, ese que se ha construido sobre la supuesta base de la incondicionalidad, sea perdonado cuando nos repudia. 

Por supuesto, el problema de las redes de cuidados en una sociedad atravesada por distintas intersecciones de violencia no se queda solo en la ejercida hacia mujeres cishetero ni disidencias. Las personas migrantes, que llegan solas en busca de mejores condiciones de vida, forman también grupos de afecto con otres en su situación ante la indiferencia de les chilenes, y lo mismo pasa con tantes otres que encuentran fuera de sus parientes sanguínees el cuidado que les negaron. 

La nueva propuesta de constitución nos permitirá abrir los ojos a una realidad ineludible: la familia cisheterosexual monógama fundada en el matrimonio no es el único vínculo encargado de dar apoyo, y no debería serlo tampoco. El Estado debe asumir que el ideal cristiano de familia queda corto ante una realidad diversa; y el reconocimiento explícito de este hecho en el texto constitucional nos permitirá finalmente abrir la puerta a políticas públicas dinámicas y aterrizadas, que pongan realmente en su centro el bienestar colectivo. 

«Debemos avanzar en la construcción de una universidad que debe escucharse integralmente a la hora de diseñar su plano institucional, que debe incluir a toda su comunidad para enfrentar los desafíos que se avecinan, que necesita considerar todas las perspectivas que habitan en nuestros estamentos. En suma, una universidad que alce nuevamente su compromiso democrático», escriben Bascur Cruz y Noam Vilches, de la FECh, de cara a las elecciones de Rector/a que se avecinan en la Universidad de Chile.

Por Bascur Cruz y Noam Vilches

Se abren las puertas a un nuevo año académico, con una nueva forma de hacer clases, con un nuevo gobierno, con una nueva bancada en el parlamento, una nueva forma de reorganizarnos en la FECh y, cómo no mencionarlo, se avecinan las elecciones para tener un nuevo equipo en rectoría.

Todos estos cambios vertiginosos no pueden dejar al costado las demandas que llevan años siendo exigidas; así, un nuevo año académico deberá dar respuestas a las inquietudes respecto del sistema híbrido y la supuesta presencialidad total a la que transitamos. La nueva bancada y el gobierno deberán responder a las transformaciones exigidas durante el estallido, y nosotres, como FECh, también debemos plegarnos al llamado y contribuir a dibujar la senda hacia un país plural y más justo.

Es en esta línea de responsabilidad histórica que me sitúo para recordarle al estudiantado, a les funcionaries y a les académiques que las transformaciones empiezan por casa, que hoy no tenemos democracia al interior de la Universidad de Chile, que no contamos con triestamentalidad y que, incluso en las instancias donde existe participación por medio de votos, algunos de estos valen más que otros. Por consecuencia, solo unas pocas personas toman las decisiones dentro de nuestra alma máter, incluyendo la elección de rectoría.

Quiero mencionar algunos hitos relevantes que exponen la importancia de las elecciones de rectoría para el estamento estudiantil y su federación. En el contexto de la reforma universitaria que empuja la FECh en la década de 1960, se levanta como punto neurálgico el avance en la autonomía universitaria a través de la participación triestamental en las elecciones de rectoría. Así, en 1966, la FECh planteó la necesidad de un cogobierno para afrontar las problemáticas que mantenían al estudiantado movilizado. En 1969, tras una serie de movilizaciones, por primera vez asumió electo triestamentalmente como rector Edgardo Boeninger.

No es un secreto que dicha rectoría terminó con el golpe de Estado, con una junta militar que extrae todo el dispositivo democrático para designar rectores de forma autoritaria hasta 1990. Con la vuelta a la democracia, les académiques vuelven a votar el cargo de rectoría, pero no se avanza en cogobierno y triestamentalidad hasta 2006, en que se crea el Senado Universitario. Esta entidad cumple un rol legislativo interno, y en tanto participan 27 académiques, 7 estudiantes y 2 funcionaries, significa un avance importante pero insuficiente para hablar de cogobierno. Respecto de la composición de los organismos locales, tal y como son los consejos de facultad, no tienen participación con derecho a voto funcionaries ni estudiantes, aun cuando se traten temáticas que refieren directamente a estos estamentos. Del mismo modo, solo les académiques tienen derecho a elegir a decanes y rectores.

Estos antecedentes dan cuenta de la necesidad de profundizar la democracia al interior de la universidad. Es imperativo que todas las personas habilitadas para el balotaje cuenten con un voto para asegurar la igualdad en la toma de decisiones. Además, esto puede afectar en las propuestas y las candidaturas, pues responden a un público que es capaz de sostener más de 22 horas de trabajo en la universidad, lo que por lo general requiere más experiencia, estudios y trabajo. Todo esto genera una desigualdad incluso etaria y basada en una noción sumamente academicista, que no tienen relación directa con la capacidad, necesidad o interés de participar de los comicios.

Con todo, es igual de urgente que se incluya la participación de funcionaries y estudiantes en los consejos de facultad de toda la universidad, en la elección de decanes y rectores y en las diversas mesas de trabajo que se han ido formando en los últimos años. Esto, con porcentajes que si bien tendremos que discutir, deben ser mucho más equitativos que los propuestos en el Senado Universitario, ya que mantienen un número de estudiantes y funcionaries tan ínfimo, que podría ser una participación casi testimonial si no fuese por el esfuerzo de quienes lo componen para hacerse escuchar.

Respecto del argumento que supone que no tenemos las capacidades para participar de dichas votaciones, hay que recordar que es el mismo Estado el que reconoce nuestra capacidad de opinar y votar en las elecciones presidenciales y legislativas chilenas.

Hoy, y en las posibilidades que se abren en este contexto social, político y cultural, debemos reevaluar no solo las instituciones y políticas a nivel país. También podemos hacerlo como Universidad de Chile respecto de nuestras propias prácticas y normas, en miras de fortalecer nuestra democracia interna. Debemos avanzar en la construcción de una universidad que debe escucharse integralmente a la hora de diseñar su plano institucional, que debe incluir a toda su comunidad para enfrentar los desafíos que se avecinan, que necesita considerar todas las perspectivas que habitan en nuestros estamentos. En suma, una universidad que alce nuevamente su compromiso democrático.

El llamado es a ser agentes de cambio desde nuestro privilegio de estudiantes de una universidad prestigiosa y pública, y a poner nuestros conocimientos y habilidades al servicio de la comunidad. Estos son los principales retos que debemos enfrentar: el desafío de la organización, el desafío de la democratización de las luchas, el desafío del impacto territorial.

Por Bascur Cruz

Octubre de 2019 fue el comienzo de una bola de nieve cargada del peso de nuestra historia, del dolor de las familias chilenas, de la rabia del estudiante con deudas de por vida. Este efecto siguió creciendo con el esfuerzo de quienes luchan por un país justo y equitativo con miras al progreso social y el respeto a las diversas identidades que existen en el territorio. En estos últimos meses, vimos cómo la mayoría de las políticas públicas que conocíamos —las AFP, la Ley de Pesca, el Servicio Nacional de Menores, el acceso a la educación y un largo etcétera— significaban grandes pérdidas para la sociedad en términos de calidad de vida, posibilidad de desarrollo y justicia social. Pero esto es más problemático aún para los grupos históricamente oprimidos, que ni siquiera tienen las posibilidades de cambiar las cosas por su propia cuenta, pues se ponen un blanco en la espalda si es que intentan pelear contra el sistema. 

Con el inicio de la Convención Constitucional se dio un gran paso hacia el camino del cambio social, la renovación del paradigma político y la continuación de la lucha por la equidad y justicia social. Las fórmulas de participación en la creación de este nuevo Chile nos invitan a ser parte de estos espacios de renovación. La cultura disidente nos invita a contrariar la norma hegemónica que nos oprime y nos obliga a interactuar con un sistema que tanto mal nos hace. El hecho de plantearnos como jóvenes que buscan salidas a los problemas actuales nos pone en una posición particular frente a los procesos socio-políticos, y desde ahí tenemos que hacernos cargo de los desafíos que esto significa, para intentar estar a la altura de ellos y encontrar soluciones efectivas a lo que hoy nos perjudica. 

Como estudiantes debemos pensar y actuar teniendo siempre en consideración la sociedad en la que queremos influir. Debemos tener la capacidad de ser un factor de cambio y de sumarnos a las luchas que mueven al país. Esto va de la mano con el levantamiento de nuestras propias peleas por los derechos de todes. La transversalidad del apoyo a las causas sociales debe ser un pilar fundamental de nuestras convicciones.

Como universidad pública, debiéramos tener requerimientos mínimos respecto de nuestra influencia en la sociedad. Lo que como Universidad de Chile hagamos en este contexto tendrá un impacto, independiente de si es algo que hayamos buscado o no. Es por esto que debemos ser responsables y transitar un camino que nos lleve a proteger a la población, estableciendo líneas de trabajo en pos de los derechos humanos de todes e instalando dentro de nuestras principales banderas de lucha la protección del derecho a la educación gratuita y de calidad. Nosotres, como estudiantes, tenemos la obligación de levantarnos ante las injusticias, pero este deber no nace de la idea de que somos quienes salvarán a la sociedad de todos sus males. Somos quienes motivarán el despertar del resto de las personas con las que compartimos suelo por un sentimiento de comunidad y de humanitarismo. Dicho de otra forma, como estudiantes debemos ser parte de los procesos que vengan, debemos ser una base del cambio, pero no por nosotres mismes, sino por todes. Esto toma más sentido aún cuando lo pensamos como una declaración de principios, como una proyección de ideales básicos para el desarrollo de la sociedad y de sus individualidades. La reconquista del espacio público viene de la mano de la lucha social. 

El llamado es a ser agentes de cambio desde nuestro privilegio de estudiantes de una universidad prestigiosa y pública, y a poner nuestros conocimientos y habilidades al servicio de la comunidad. Estos son los principales retos que debemos enfrentar: el desafío de la organización, el desafío de la democratización de las luchas, el desafío del impacto territorial. El llamado es a organizarse, a ser fuente de cambio, a luchar por un respeto transversal de los derechos humanos y a ir en contra de cualquiera que se interponga en estas labores. 

«Cuando el llamado es a reconstruir la FECH y no a pelear una tajada de pastel, quizás lo que menos importa para sentirse convocade son los errores del pasado», analiza Noam Vilches sobre la actual crisis de participación y representatividad que atraviesa la Federación de Estudiantes más antigua del país.

Por Noam Vilches Rosales

La crisis de la FECh no es un misterio. Ahora estamos en su peak no solo porque no existió quórum para constituir una mesa, sino que además faltan listas que disputen centros de estudiantes; la participación en asambleas es baja, las orgánicas locales pierden gente a mitad de camino, hay renuncias a cargos y se ha diluido la capacidad de convocar y movilizar cambios estructurales tanto a nivel de la universidad como del país. Las razones que da el estudiantado para explicar esta situación son variadas. Hagamos un breve repaso por las más mencionadas, para luego —ojalá— responder por qué se debe reconstruir la FECh.

La FECh es un trampolín político

Esta es una de las críticas que más se han reportado al menos desde 2013, y es usada tanto por la Centro Derecha Universitaria como por los grupos de izquierda menos adeptos a los actuales partidos políticos chilenos. Lo curioso es que quienes realizan esta acusación tampoco han destrabado esta crisis cuando han estado en la Federación, y tienen cada vez menos incidencia en los comicios estudiantiles. No obstante, no podemos desconocer que quienes pasan por la FECh tienden a tener una carrera política institucional fuera de la universidad. Aquí podemos preguntarnos si es un problema que exrepresentantes estudiantiles ganen elecciones en el Congreso, los municipios o la presidencia de Chile. Me atrevo a afirmar que no, y si el problema es que quienes se suman a la FECh dejan de lado sus labores por intentar darle otro uso a la Federación, eso puede solucionarse estatutariamente. No obstante, creo que quienes tienen un fuerte compromiso con la educación pública, popular y feminista, deben estar disputando no solo una federación de estudiantes, sino que también tienen el deber de llevar nuestras problemáticas a las más altas instancias políticas e institucionales de Chile; y digo deben como imperativo sobre todo práctico, pues son dichas personas quienes lograron visibilizar y hacerle camino a nuestras demandas.

La FECh no es útil a los intereses estudiantiles

Aquí chocan ideas, pues tal afirmación es dicha tanto por quienes creen que los intereses estudiantiles se sitúan en un buen pasar universitario, como por quienes creen que la lucha debe enfocarse en el plano nacional. Esta idea es una falsa dicotomía. Quienes tomen liderazgos en la organización estudiantil deben saber que no se puede dedicar tiempo solo a una, ambas son nuestra responsabilidad y así lo indican los actuales estatutos. Muchos de los problemas que se viven requieren volcarse a la política nacional, y muchas problemáticas nacionales requieren también de nuestro esfuerzo y autorreconocimiento como algo más que estudiantes, como futures trabajadores y ciudadanes. El estallido y la valentía de les secundaries deberían ya habernos dado una cátedra sobre empatía y colectividad que nos saque la individualista idea de que no nos debe importar nada más que lo puramente estudiantil. Sin embargo, y obviando esta situación, creo que una crítica como esta solo puede nacer de la idea de que la FECh no hace nada significativo en ninguno de los dos planos, lo que me lleva necesariamente al siguiente punto.

No se sabe qué es la FECh ni cuáles son sus labores o historia

Este problema es ineludible. Recuerdo conocer la FECh antes de entrar a la Universidad de Chile, la veía en los medios desde 2011 y entendí su relevancia. Sus figuras inspiraban y llamaban a movilizarse por una educación fuera de las lógicas del mercado, de la dictadura y de la élite del país. No sabía su historia, pero quería saberla. Ya estando en la universidad, pensé que mi estadía no necesitaba de la política universitaria y por tanto no necesitaba saber nada de la Federación.

Esto me recuerda una reciente charla donde el primer presidente de la FECh en dictadura, que fue electo con un 90% del quórum, comenta que la participación de antaño se daba porque el enemigo común era claro. Hoy ese quórum es una utopía y ese enemigo común es cada vez más difuso, lo que ha hecho que en la Federación y en Chile existan apuestas mucho menos convocantes. Parece que hacer política importa menos porque estamos en una situación que nos parece menos apremiante, y por tanto la desconfianza en la clase política es argumento suficiente para no interesarse. Esta última idea tiene un nivel de individualismo enorme, es el camino fácil. Si creemos que les actuales representantes son personas en las que no podemos confiar, entonces levantamos proyectos con personas que nos hagan sentido, no nos mandamos a cambiar como si no hubiese nada en juego.

Cuando asumí, como centro de estudiante tenía metas locales bastantes simples, pero basta con dar un paso hacia el camino de la construcción colectiva para entender lo mucho que falta hacer, lo frágil que es la estadía de los sectores más populares en la universidad, lo difícil que es ser mujer y disidencia en la educación superior, lo necesaria que son las presiones y gestiones estudiantiles para el cumplimiento del rol público de la Universidad de Chile. Eso me llevó de no querer saber nada de la federación a necesitar participar activamente en ella.

Cuando el llamado es a reconstruir la Federación y no a pelear una tajada de pastel, quizás lo que menos importa para sentirse convocade son los errores del pasado. Quizás muchas de las labores FECh no nos tendrán en la televisión abierta hablando sobre los necesarios cambios en el modelo educativo, pero tenemos que asumir que muchas de las labores que se realizarán son como levantarse y tomar un buen desayuno, vale decir, no serán labores que nos hagan sentir que estamos cambiando el mundo, pero serán necesarias para que lo logremos.

Cada nuevo artículo constitucional repercutirá en las labores y los principios de nuestra casa de estudios. Espero podamos adelantarnos y ser, como ya ha pasado tantas veces, la punta de lanza de los cambios que el pueblo necesita y que ya ha pedido a gritos, cumpliendo así parte importante de la misión que se ha propuesto: construir liderazgo en el desarrollo innovador de las humanidades y las artes a través de la extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud.

Por Noam Vilches Rosales, delegade de Bienestar FECh

Ha comenzado uno de los procesos más complejos, en un escenario más complejo aún. Quiénes teníamos el corazón amarrado a las calles sabíamos que el plebiscito era el primer paso —y también el más sencillo—, pues si algo estaba claro era la necesidad de cambiar un sistema que no ha dado abasto para las necesidades de una población a la que le urge la dignidad. Banderas negras llenaron las alamedas, el tricolor fue reemplazado por el luto de un país mutilado por manifestarse, un Chile que oscurecía nuevamente su historia a punta de balas, represión y muertes. El negro simbolizó la rabia, pero también el despertar de un pueblo deseoso de cambios profundos. Todo esto terminó canalizado en un victorioso plebiscito por una nueva Constitución, la que si bien no trae consigo las respuestas a todas las demandas sociales, se compromete a abrir las puertas para un nuevo Chile en el que estas respuestas sean posibles.

Y, ¿cuál es ese nuevo Chile?

El común denominador de nuestras repuestas pudo haber estado en las actas de los cabildos realizados de manera masiva y coordinada, pero todo ello se perdió. No hemos visto ninguna publicación que realmente vislumbre dichas síntesis, y parece que los cabildos y las asambleas fueron un simulacro de democracia que, si bien nos dejó aprendizajes, no cumplió el cometido de ser un proceso que recoja la identidad, el sentir y las necesidades colectivas. Probablemente, jamás veremos dichos documentos; en el mejor de los casos sólo aparecerán para volver a candidates representantes del pueblo, ignorando la clara demanda de poder que la ciudadanía ha manifestado en cientos de candidaturas independientes y en la ineludible necesidad de un vínculo territorial o identitario para tener buen recibimiento en las campañas venideras. Lo que se ha pedido no es representación sino participación, una democracia mucho más profunda que la utilizada por la vieja política.

Este proceso se vuelve todavía más complejo existiendo tantos riesgos si nos volvemos a reunir. Difícilmente será posible retomar la práctica de las asambleas y los cabildos sin caer en la irresponsabilidad, sobre todo ante la eventual cuarentena que acompañará el proceso de campaña y elecciones de quienes definirán ese nuevo Chile. Aunque repensemos los métodos y optemos por la virtualidad, no será fácil convencernos de estar aún más tiempo frente a la pantalla de nuestros computadores o celulares, y claramente todo este proceso tendría un enorme sesgo, pues no toda la gente cuenta con internet o algún dispositivo para conectarse, siendo esta población recurrentemente la más desprotegida: gente de la tercera edad, menores de edad, personas vulnerables socioeconómicamente, quienes viven en zonas sin mayor conexión y personas en situación de calle. Si aún nos mueve la dignidad, claramente no queremos construir un Chile sin esa parte de la población.

De este modo, es probable que tengamos una enorme cantidad de votos para quienes logren hacerse la publicidad suficiente; es decir, volvemos a la clásica política electoral, basada en folletos que tienen un rostro y un nombre bien grande, acompañado de algún eslogan genérico sobre justicia, igualdad, seguridad o algo similar. Pero creo que gran parte de la población está pendiente de nuevas candidaturas, de esas que, a punta de trabajo, vínculo territorial e identitario se abren paso entre la misma clase política de siempre. Sin duda, esto es algo que debiese dejarnos algunas esperanzas para obtener los dos tercios que nos permitirán reescribir nuestra historia, y aunque en este proceso no culmina el rol que tendrá el pueblo en la consecución de un Chile digno, sin duda nos permite tener el viento a nuestro favor. Ahora, nuestro rol es posicionar ya no demandas abstractas en torno a nuestras necesidades, sino que propuestas concretas que se hagan cargo desde los límites constitucionales de abrir las grandes alamedas, de consolidar una democracia más profunda, un Estado más social y un país donde se garanticen derechos y no sólo libertades.

Haciéndome cargo de esto último, me quiero referir a algo que nos compete directamente como universidad pero que, a causa del ritmo y las exigencias de este sistema neoliberal, parece ser olvidado por los diversos estamentos. ¿Cuál es la misión de la universidad? Sacar profesionales al mundo laboral parece comerse gran parte del rol, presupuesto y directrices de las diversas casas de estudio, perdiendo totalmente el norte sobre los aspectos culturales y sociales que deben acompañar su quehacer, más aún si hablamos de una institución pública. Hoy dichas actividades van en un segundo plano, en actividades extracurriculares o en cursos de formación general, dejando en un segundo o tercer grado lo que para Ortega y Gasset era el sistema de ideas que dirige nuestras convicciones y que dirige efectivamente nuestra existencia. El riesgo de no hacer nada frente a esta demanda es el estado actual: profesionales al servicio del mercado o, peor aún, a involuntaria merced de éste.

Creo que este patrón se repite en cada institución educacional permeada por el liberalismo falto de pensamiento crítico, que por lo demás termina respaldado por una Constitución que en su artículo 19, número 25, asegura la libertad de crear y difundir las artes junto con el derecho sobre la propiedad de dichas creaciones, pero nada dice del derecho al acceso a la cultura, o de asegurar que el Estado tome las medidas necesarias para el desarrollo y la difusión de ésta. Ni siquiera los acuerdos internacionales que Chile firma han logrado hacerse cargo de este enorme problema, dejando no sólo todo en manos del mercado, sino que —como si eso fuese poco— esto ocurre a costa de quienes trabajan y difunden las artes y la cultura, que sólo tienen para realizar su trabajo lo que presupuestariamente no es prioridad para nadie. El nuevo Chile es ahora sólo posibilidades, una hoja en blanco, una bandera donde reescribir los rumbos de un pueblo tantas veces reprimido. Y serán esas rutas las que debemos dibujar para que aspectos tan olvidados como la cultura no queden nuevamente en último plano.

No es novedoso, aunque no por ello deja de ser interesante y relevante, que de alguna manera cada nuevo artículo constitucional repercutirá en las labores y los principios de nuestra casa de estudios. Espero podamos adelantarnos y ser, como ya ha pasado tantas veces, la punta de lanza de los cambios que el pueblo necesita y que ya ha pedido a gritos, cumpliendo así parte importante de la misión que se ha propuesto: construir liderazgo en el desarrollo innovador de las humanidades y las artes a través de la extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud, siendo su responsabilidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacional. Hoy esta tarea es urgente, pues la cultura y la identidad nacional sin duda jugarán un papel fundamental ya no sólo en la calle para vociferar al unísono demandas sociales desde el sentir común, sino que para saber responder, también al unísono y desde una visión y un pensar común, cuál es esa nueva Constitución y hacia dónde debemos avanzar para construir ese nuevo Chile.