Por Emilia Scheneider
En mayo de 2020 se cumplen dos años del histórico mayo feminista en Chile, que comenzó con masivas protestas feministas un 8 de marzo y cuya consigna fue “mujeres a la calle contra la precarización de la vida”. El movimiento alcanzó su clímax en mayo de 2018, cuando diversas instituciones educacionales –entre ellas, la Universidad de Chile– fueron ocupadas por las estudiantes que buscaban visibilizar y combatir la violencia de género, la discriminación y la violencia sexual que vivimos mujeres y disidencias sexuales. Para ello se valieron de la educación como herramienta de transformación social y levantaron con fuerza la demanda por una educación no sexista, que desde sus contenidos, prácticas y estructuras institucionales propicie la desnaturalización de las relaciones sociales basadas en la violencia y la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, de lo heterosexual y de lo cisgénero por sobre el resto de las identidades. Sin embargo, los efectos sociales, políticos y culturales de esta revolución feminista escapan por mucho al campo de lo educacional, pues años antes ya observábamos un despertar del movimiento feminista desde distintos sectores que fuimos colaborando para que los feminismos fueran discusión cotidiana e ineludible en lo público y en lo privado, y que, en nuestra lucha contra la violencia, politizamos la vida misma y sus condiciones de reproducción para develar la violencia económica y la explotación de muchas mujeres, fenómeno que sostiene una sociedad sin derechos donde el mercado no tiene límites. Desde entonces, la centralidad de buena parte de los feminismos pasó a ser la defensa de la vida y la lucha por condiciones dignas para vivirla. Hoy, cuando todo lo que la humanidad ha construido parece más frágil que nunca y la pandemia impone desafíos tremendos en materia sanitaria y humanitaria, parece acertado decir que la contradicción principal del periodo histórico que nos toca enfrentar es esa: la lucha por la vida versus la mantención y profundización del modelo.
A dos años del 2018, uno de los momentos más álgidos de la lucha feminista contemporánea en Chile y el puntapié inicial de un ciclo intenso de movilizaciones, diversas voces feministas desde el campo social, político y académico advierten que la lucha contra la precarización de la vida está más vigente que nunca. Años de abandono estatal, desmantelamiento de lo público y subsidio estatal al mundo privado han sido la receta del neoliberalismo para el desarrollo y el crecimiento; tristemente, nuestro país es uno de los máximos exponentes de ese modelo. ¿Qué saldo nos dejan años de políticas neoliberales? ¿Con qué enfrentamos la crisis más grave de la historia contemporánea? Con un sistema de salud deteriorado y que difícilmente puede ser llamado sistema por la profunda desigualdad, competencia por recursos, proliferación de clínicas privadas subsidiadas por el Estado con altos costos, falta de insumos para profesionales de la salud, problemas de cobertura y, lo más importante, el abandono de la salud pública. Lo mismo vemos en educación, donde las comunidades deben preocuparse por sobrevivir y sostenerse tras años de financiamiento vía voucher, precarización y reducción de la participación del sistema público, estudiantes en instituciones privadas desamparados en el mercado educativo, altas tasas de endeudamiento y ninguna política de alivio económico, cuestión que impide que aprovechemos al máximo el potencial de ellas y el aporte que pueden significar para la superación de la crisis actual. Ejemplos sobran y dejan una incómoda verdad frente a nuestros ojos.
La falta de derechos sociales ha agudizado fuertemente la desigualdad durante la crisis, pues si bien, como dice Judith Butler, el virus no discrimina, el modelo se encargará de que sí lo haga, lo que nos hará ver el rostro más salvaje e inhumano del neoliberalismo y enfrentaremos una verdadera “política de la muerte”, la administración de la cruda realidad de que hay vidas que se entienden como más valiosas que otras. En ese contexto, sujetas particularmente sacrificadas y precarizadas son, nuevamente, las mujeres y disidencias sexuales; ciudadanas de segunda clase, vidas prescindibles. Esto se devela en la crisis de los cuidados, que tiene hoy a buena parte de las mujeres con altísimos grados de explotación por la sobrecarga de trabajo reproductivo y el auge de los cuidados –remunerados y no remunerados– en un contexto de crisis sanitaria, lo que se suma a la precariedad laboral e informalidad a la que ya están acostumbradas y a las iniciativas que ha impulsado nuestro gobierno para retroceder aún más en materia de derecho laboral. También podemos verlo en el auge de la violencia de género y discriminación en el hogar producto del distanciamiento social y medidas como la cuarentena, absolutamente necesarias, pero que sin políticas públicas que aborden el tema suponen un problema de sobrevivencia para mujeres y disidentes sexuales que se exponen a convivir con sus agresores, con quienes niegan sus identidades y con quienes abusan de ellas. Es como si estuviéramos viviendo nuevamente un confinamiento al mundo privado, de la familia, perdiendo espacio en el mundo público.
Todo lo anterior será un problema del futuro a la hora de repensar la vida en sociedad posterior a la pandemia. Por nombrar un ejemplo, la reincorporación de las mujeres a la vida laboral sin duda será un dilema si persiste el abandono total por parte del Estado de las tareas de cuidado de la sociedad, sobre todo en un contexto donde hay que hacerse cargo de la población de riesgo, de reproducir condiciones de vida para el personal médico que es primera línea contra la pandemia, y cuidar niños y niñas en las casas por la suspensión de clases. Por todo lo mencionado y mucho más se hace necesario contar con una lectura feminista para la crisis, una que ponga en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad la vida y su reproducción, rompiendo con la lógica neoliberal del “sálvese quien pueda”; aumentar el gasto social directo a los servicios públicos (sin mediar la banca o las empresas, como estamos acostumbrados a que opere el Estado en Chile) y fortalecerlos; garantizar una renta básica de emergencia; recuperar un rol participativo del Estado en la economía y, sobre todo, garantizar acceso a la salud, educación y otros derechos sociales, así como también a los servicios básicos. Citando nuevamente a Butler, en caso de que la revuelta social del 2019 y el proceso constituyente no lo hayan dejado del todo claro, el capitalismo tiene un límite, y urge –sobre todo en Chile– repensar el rol del Estado y el modelo de desarrollo. La crisis debe ser una oportunidad, no una excusa para clausurar los importantes procesos de transformación que hemos abierto a punta de movilización social.
