«La propuesta de constitución emanada de la Convención Constitucional [reconoce] finalmente que las labores de cuidados, que las mujeres hasta el momento estaban haciendo de manera gratuita en nombre del amor, deben ser valoradas y reconocidas como lo que son: un pilar esencial para la construcción del país», opina Bascur Cruz, coordinadore del Consejo de Presidencias de la FECh (noviembre, 2021 – julio, 2022).

Por Bascur Cruz

Cuando llegaron les colonizadores europees a nuestro continente, vinieron cargades de valores cristianos que les dictaban la manera en que debía funcionar el mundo_, desde el sistema político a la conformación de las familias. Este último asunto era de gran importancia, ya que la iglesia católica consideraba imprescindible controlar y homogeneizar la sexualidad de la población, limitándola a la práctica monógama, cisheterosexual, y dentro de la institución patriarcal del matrimonio. 

A pesar de los esfuerzos, las familias latinoamericanas se mantuvieron bastante alejadas de la utopía cristiana; las conductas sexualmente impulsivas del hombre blanco europeo (que estaba dispuesto a atentar contra los valores de la iglesia y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio), en sincretismo con las distintas culturas indígenas, fomentaron la conformación de familias monoparentales en las que las mujeres solían ser las encargadas de la crianza y mantención económica de les hijes, cuestión especialmente cierta para las personas con menos recursos económicos. 

De esta manera, madre, tía, abuela, hermana, se convirtieron también en trabajadoras obligadas ante la ausencia del padre, cumpliendo un doble rol que no es remunerado ni reconocido por quienes gobiernan. Sin embargo, ni la monarquía española ni el Estado chileno demostraron tener un entendimiento real del funcionamiento de las familias del país, manteniendo en sus normas la “utopía” de la familia biparental, heterosexual y monógama, algo que podría estar a punto de cambiar. 

La propuesta de constitución emanada de la Convención Constitucional pone fin a esta deuda histórica, reconociendo finalmente que las familias pueden tener distintas configuraciones alejadas de los valores cristianos; y que las labores de cuidados, que las mujeres hasta el momento estaban haciendo de manera gratuita en nombre del amor, deben ser valoradas y reconocidas como lo que son: un pilar esencial para la construcción del país. 

El artículo 10 de esta propuesta no se limita solo a esta gran tarea, ya que al establecer que “el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna”, se abre la puerta a asumir esas otras realidades ajenas a las construcciones cisheteronormativas. Y con esto, no me refiero solo al imaginario burgués de la familia homoparental que sigue siendo monógama y fundada en el amor romántico, sino en aquellas personas que, expulsadas de sus familias cisheterosexuales, deben buscar el cariño y el apoyo en otras personas diversas y disidentes, formando redes de apoyo que brindan la contención, acompañamiento y amor que les fue negado por no someterse a una sexualidad y/o género que atenta contra su existencia. Esto, por culpa de un sistema de valores que hace que incluso el amor materno, ese que se ha construido sobre la supuesta base de la incondicionalidad, sea perdonado cuando nos repudia. 

Por supuesto, el problema de las redes de cuidados en una sociedad atravesada por distintas intersecciones de violencia no se queda solo en la ejercida hacia mujeres cishetero ni disidencias. Las personas migrantes, que llegan solas en busca de mejores condiciones de vida, forman también grupos de afecto con otres en su situación ante la indiferencia de les chilenes, y lo mismo pasa con tantes otres que encuentran fuera de sus parientes sanguínees el cuidado que les negaron. 

La nueva propuesta de constitución nos permitirá abrir los ojos a una realidad ineludible: la familia cisheterosexual monógama fundada en el matrimonio no es el único vínculo encargado de dar apoyo, y no debería serlo tampoco. El Estado debe asumir que el ideal cristiano de familia queda corto ante una realidad diversa; y el reconocimiento explícito de este hecho en el texto constitucional nos permitirá finalmente abrir la puerta a políticas públicas dinámicas y aterrizadas, que pongan realmente en su centro el bienestar colectivo. 

«Debemos avanzar en la construcción de una universidad que debe escucharse integralmente a la hora de diseñar su plano institucional, que debe incluir a toda su comunidad para enfrentar los desafíos que se avecinan, que necesita considerar todas las perspectivas que habitan en nuestros estamentos. En suma, una universidad que alce nuevamente su compromiso democrático», escriben Bascur Cruz y Noam Vilches, de la FECh, de cara a las elecciones de Rector/a que se avecinan en la Universidad de Chile.

Por Bascur Cruz y Noam Vilches

Se abren las puertas a un nuevo año académico, con una nueva forma de hacer clases, con un nuevo gobierno, con una nueva bancada en el parlamento, una nueva forma de reorganizarnos en la FECh y, cómo no mencionarlo, se avecinan las elecciones para tener un nuevo equipo en rectoría.

Todos estos cambios vertiginosos no pueden dejar al costado las demandas que llevan años siendo exigidas; así, un nuevo año académico deberá dar respuestas a las inquietudes respecto del sistema híbrido y la supuesta presencialidad total a la que transitamos. La nueva bancada y el gobierno deberán responder a las transformaciones exigidas durante el estallido, y nosotres, como FECh, también debemos plegarnos al llamado y contribuir a dibujar la senda hacia un país plural y más justo.

Es en esta línea de responsabilidad histórica que me sitúo para recordarle al estudiantado, a les funcionaries y a les académiques que las transformaciones empiezan por casa, que hoy no tenemos democracia al interior de la Universidad de Chile, que no contamos con triestamentalidad y que, incluso en las instancias donde existe participación por medio de votos, algunos de estos valen más que otros. Por consecuencia, solo unas pocas personas toman las decisiones dentro de nuestra alma máter, incluyendo la elección de rectoría.

Quiero mencionar algunos hitos relevantes que exponen la importancia de las elecciones de rectoría para el estamento estudiantil y su federación. En el contexto de la reforma universitaria que empuja la FECh en la década de 1960, se levanta como punto neurálgico el avance en la autonomía universitaria a través de la participación triestamental en las elecciones de rectoría. Así, en 1966, la FECh planteó la necesidad de un cogobierno para afrontar las problemáticas que mantenían al estudiantado movilizado. En 1969, tras una serie de movilizaciones, por primera vez asumió electo triestamentalmente como rector Edgardo Boeninger.

No es un secreto que dicha rectoría terminó con el golpe de Estado, con una junta militar que extrae todo el dispositivo democrático para designar rectores de forma autoritaria hasta 1990. Con la vuelta a la democracia, les académiques vuelven a votar el cargo de rectoría, pero no se avanza en cogobierno y triestamentalidad hasta 2006, en que se crea el Senado Universitario. Esta entidad cumple un rol legislativo interno, y en tanto participan 27 académiques, 7 estudiantes y 2 funcionaries, significa un avance importante pero insuficiente para hablar de cogobierno. Respecto de la composición de los organismos locales, tal y como son los consejos de facultad, no tienen participación con derecho a voto funcionaries ni estudiantes, aun cuando se traten temáticas que refieren directamente a estos estamentos. Del mismo modo, solo les académiques tienen derecho a elegir a decanes y rectores.

Estos antecedentes dan cuenta de la necesidad de profundizar la democracia al interior de la universidad. Es imperativo que todas las personas habilitadas para el balotaje cuenten con un voto para asegurar la igualdad en la toma de decisiones. Además, esto puede afectar en las propuestas y las candidaturas, pues responden a un público que es capaz de sostener más de 22 horas de trabajo en la universidad, lo que por lo general requiere más experiencia, estudios y trabajo. Todo esto genera una desigualdad incluso etaria y basada en una noción sumamente academicista, que no tienen relación directa con la capacidad, necesidad o interés de participar de los comicios.

Con todo, es igual de urgente que se incluya la participación de funcionaries y estudiantes en los consejos de facultad de toda la universidad, en la elección de decanes y rectores y en las diversas mesas de trabajo que se han ido formando en los últimos años. Esto, con porcentajes que si bien tendremos que discutir, deben ser mucho más equitativos que los propuestos en el Senado Universitario, ya que mantienen un número de estudiantes y funcionaries tan ínfimo, que podría ser una participación casi testimonial si no fuese por el esfuerzo de quienes lo componen para hacerse escuchar.

Respecto del argumento que supone que no tenemos las capacidades para participar de dichas votaciones, hay que recordar que es el mismo Estado el que reconoce nuestra capacidad de opinar y votar en las elecciones presidenciales y legislativas chilenas.

Hoy, y en las posibilidades que se abren en este contexto social, político y cultural, debemos reevaluar no solo las instituciones y políticas a nivel país. También podemos hacerlo como Universidad de Chile respecto de nuestras propias prácticas y normas, en miras de fortalecer nuestra democracia interna. Debemos avanzar en la construcción de una universidad que debe escucharse integralmente a la hora de diseñar su plano institucional, que debe incluir a toda su comunidad para enfrentar los desafíos que se avecinan, que necesita considerar todas las perspectivas que habitan en nuestros estamentos. En suma, una universidad que alce nuevamente su compromiso democrático.