Marco Zago: «Las universidades públicas deben apoyarse y promover la ampliación de su matrícula»

La Universidad de São Paulo es una de las mejores instituciones públicas del mundo. Generalmente aparece en los rankings internacionales como la primera de Sudamérica, aunque su Rector, el Doctor Marco Antonio Zago, dice que esos indicadores no miden toda la complejidad de una universidad y que deben ser considerados con cuidado. De todos modos, advierte que uno de los desafíos de las universidades públicas es demostrar su calidad académica y contribución a la sociedad. En esta entrevista aborda el contexto de la Educación Superior brasileña en relación con Chile y el resto del continente.

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La universidad pública que nos pertenece a todos y que busca el bien común

En su intervención en el lanzamiento del Proceso de Discusión de la Reforma Educacional, que mantendrá movilizada a la comunidad universitaria hasta enero de 2017 y que contó con la presencia de más de 600 personas, el Rector de la Universidad de Chile se refirió al rol social de los planteles públicos y a la relevancia de incluir todas las voces en esta iniciativa.

Por Ennio Vivaldi / Fotografía: Felipe Poga

Nos hemos convocado hoy para iniciar un proceso en el que nuestra comunidad universitaria discutirá, en conjunto y con sana actitud crítica, el nuevo Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Es posible, así lo esperamos, que en el futuro este acto en el que estamos participando se resalte como un hito importante en este camino innecesariamente difícil, insospechadamente prolongado e incomprensiblemente tardío que ha de conducir a reafianzar nuestra misión fundacional y nuestra tarea permanente como Universidad de Chile, a la vez que a devolver racionalidad al sistema chileno de Educación Superior en su conjunto. Así, si bien es en el futuro en que sabremos si este acto que hoy vivimos podrá ser evaluado como un punto de inflexión histórico, en el presente, en este instante, al menos podemos asegurar que se trata de un acto tremendamente emocionante y conmovedor por la enorme fuerza que se palpa aquí, en este Salón de Honor. Y la emoción proviene de que esa fuerza no deriva ni de un ejercicio de un poder político-administrativo, ni de un poder económico, ni amenazas y gestos de violencia o crueldad; nuestra fuerza proviene de la historia, del intelecto y de la emoción, del compromiso con el futuro de la educación en Chile.

Una determinante notable que nos otorga fuerza es que en este acto está representada toda la comunidad de la Universidad: académicos, funcionarios y estudiantes. Nos otorga fuerza el que esté presente toda nuestra institucionalidad. Está el Consejo Universitario, en cuyas sesiones surgió la idea de convocar este acto y el posterior proceso; está el Senado Universitario, cuyo vicepresidente nos ha traído un resumen de la reflexión que ese órgano ha mantenido permanentemente y que se ha concretado en un documento de gran importancia; está el Consejo de Evaluación, que hoy ha sido una pieza fundamental no sólo en el acopio de datos necesarios para tener un posicionamiento claro frente al proyecto, sino que también ha manifestado una aguda inteligencia para analizar esos datos. Destaco también que se han hecho esfuerzos para que, por primera vez, se hayan reunido los directores jurídicos de todas las facultades para evaluar cómo pueden contribuir a la reforma.

Lo primero que hay que celebrar es el hecho de que exista un proyecto y que éste se presente a discusión parlamentaria. Uno puede o no estar de acuerdo con él, podrá tener que modificarse todo lo que sea necesario, pero lo crucial es que desde 1981 no teníamos una oportunidad de discutir un proyecto acerca de estas cuestiones.

La Universidad de Chile ya demostró que podía vivir y sobrevivir en un mundo tan disfuncional como uno pueda imaginar respecto a los principios a partir de los cuales se fundó. Ahora, finalmente, podremos incidir en la realidad en la cual queremos vivir, en qué sistema de Educación Superior queremos para Chile. Es por eso que mucho más allá de que el proyecto de ley sea bueno, malo, de cuán limitado nos pueda parecer, estamos viviendo un momento de alegría, pues desde ahora, en vez de tener que adaptarnos a lo que nos señalen, podremos abrir caminos para definir en qué mundos queremos vivir.

No quisiera abundar en los orígenes de nuestro actual sistema educacional. Considero que es el futuro el que nos convoca con formidables interrogantes: cómo cambiamos la distribución de la matrícula y logramos que ella sea pertinente a las necesidades de la sociedad; cómo imponemos una forma de entender el vínculo entre el desarrollo del país y la oferta de carreras por parte de las distintas universidades; qué implica eliminar sistemas de financiamiento como el CAE y cómo fortalecemos la Educación Superior estatal; cómo evitamos la desaparición del Aporte Fiscal Directo; cómo equiparamos las condiciones administrativas respecto al financiamiento que las otras universidades reciben del propio Estado; cómo revertimos esta percepción absurda de que para el resto del sistema constituya una amenaza que “se le dé un peso más” a una universidad estatal.

La educación pública es, por esencia, la instancia en la cual todos los sectores políticos e ideológicos han de sentirse llamados a participar generosamente y contribuir a un proyecto común. Es, en definitiva, la principal instancia que garantiza la cohesión del país y la permanencia de la nación como una entidad convocante de identidad. Es por esta trascendencia que nos interesa hablar de la universidad del futuro y no perdernos en redundar acerca de lo muy mal que están las cosas hoy.

Pienso que en esa discusión de futuro un tema muy importante es el de la noción de universidad pú- blica. Debemos devolver su significado a la expresión universidad pública. Las definiciones explicitan un género próximo y una diferencia especifica. La Universidad de Chile es un plantel, como muchos otros, y es público, lo que le da una connotación diferenciadora en el concierto de las universidades. Es nuestro sello de identidad, como para una persona podría serlo su nacionalidad. Hay un concepto de universidad pública que es distinto al de las universidades privadas. Es un asunto conceptual de fondo que no puede ser confundido con un tema distinto: cómo se distribuyen los recursos públicos, quiénes tienen derecho a recibirlos, en qué medida y en qué condiciones. Por el contrario, de lo que se trata es qué es aquello que las universidades públicas han de hacer por estar mandatadas para ello.

La propia OCDE lo define muy claramente: una institución es de educación pública cuando está controlada y gestionada directamente por una autoridad o agencia pública, o cuando su órgano superior está conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad pública o elegidos públicamente. Este concepto de universidad pública implica que ésta no tiene un dueño que la controle; que no tiene que responder a ningún interés particular; que garantiza y se enriquece en la pluralidad; que no tiene por qué rendirle cuentas ni obedecer a ningún poder externo; que no está amenazada en la proclamación de sus hallazgos científicos; que no se ve presionada, pues hay un Estado que debiera protegerla para que pueda libremente decir lo que piensa, lo que hace, lo que investiga. Esa universidad pública que nos pertenece a todos es la que tenemos que defender enérgicamente hoy. Esto tiene que ver con el país, tiene que ver con la cohesión social.

La universidad pública se relaciona con el conjunto de intereses que nos identifican como nación y como pueblo. No parece razonable que el tan esperado debate sobre universidades se vea ahora reducido a una pugna de intereses en la que se esgrime la mayor o menor fuerza con que se contaría, sea parlamentaria, económica o de cualquier otra índole, para defender los intereses de tal o cual grupo de universidades. Un aspecto consustancial a una universidad pública es, precisamente, el estar preocupada por el país en su conjunto.

Esta reflexión nos lleva al tema al cual quisiera referirme ahora y que considero central, pues definirá si seremos o no capaces de volver a tener universidades públicas en Chile. Hay una expresión que afortunadamente es nueva, porque si hubiera existido antes, no habríamos tenido sistemas públicos de salud, no habríamos tenido educación publica, no habríamos tenido sistemas jurídicos, no tendríamos electrificación o desarrollo tecnológico del país, no habríamos tenido políticas nutricionales y de producción alimentaria. Estoy hablando de la expresión captura del Estado. Pienso, sinceramente, que quizás sea el tema más importante a ser discutido por nosotros, porque si cualquier vínculo relevante que las universidades estatales demanden ha de ser visto como un intento de captura del Estado, sencillamente no será posible reconstruir un sistema público de Educación Superior. En esta supuesta captura, el Estado estaría viendo a las universidades públicas como una amenaza, porque ellas, sus comunidades, representan un interés propio, es decir, ajeno al interés colectivo. Pareciera de este modo que un trato diferenciado con las universidades estatales significaría que éstas se estarían apropiando del Estado. Apropiándose de qué y para quién, debiéramos preguntarnos. Pero, en cualquier caso, la conclusión de este proceso de razonamiento lógico es muy simple: si toda universidad defiende un interés particular, entonces no hay universidades públicas, todas somos privadas. Y esa conclusión es muy coherente con cómo han sido tratadas las universidades públicas por ya largos años.

Necesitamos conversar hoy acerca de algo que debe ser mucho más importante e inspirador que el presupuesto. No voy a decir que el Ministerio de Hacienda no sea importante, porque es crucial, sin lugar a dudas. Pero es un ministerio cuya importancia se hace presente al final de la discusión, algo así como cuando se llega a la caja del supermercado después de determinar qué es lo que se quiere adquirir, si me permiten la imagen. El Ministerio de Hacienda no es donde empiezan las discusiones, como se ha insistido de nuevo aquí al discutir los temas concernientes a las universidades, sino que es más bien donde han de terminar las discusiones. ¿Dónde empiezan las discusiones? En cada uno de los otros ministerios. Nosotros, como universidades estatales, tenemos una responsabilidad al interior del Estado de desarrollar la tecnología, la economía, la educación, la cultura. Para eso tenemos que conversar con los diversos ministerios sectoriales y con las comisiones parlamentarias correspondientes. Es con ellos que se deben proyectar las tareas de la universidad pública. Si nosotros no somos capaces de abordar estos tema con una lógica de responsabilidad y misión compartidas, y somos vistos con desconfianza, como un ente que está compitiendo con otras personas u otra institucionalidad por la conducción del país, el verdadero sentido de la universidad estatal se habrá perdido, porque fue precisamente eso lo que definió a la Universidad de Chile en su historia y por lo tanto al conjunto del sistema estatal que la sigue.

Las universidades públicas, repitámoslo, son garantes de la democracia, de la coexistencia plural de diversas ideologías, religiones y pensamientos políticos. Y es por ello que hoy nosotros tenemos que enfatizar con más convicción que nunca que efectivamente sí existe algo que se llama interés común, que no es verdad que una sociedad se base solamente en demandas de grupos particulares tratando de obtener para sí, o para un conjunto restringido, o para una ideología restringida, o para una religión restringida, determinadas connotaciones. Que existe un bien común y que es eso, de hecho, lo que determina a una universidad cuyo norte sean las necesidades de su pueblo. Ese interés común es a lo que nos debemos.

Termino llamando la atención sobre nuestra obligación de no fallar en este proceso. Una forma de fallar es que una parte ignore al conjunto y se autodeclare, en la práctica, un grupo en función de su propio interés, sin considerar que todo el sistema es esencial para la vitalidad de cada una de las partes. Es por eso que es tan tremendamente importante este momento, porque aquí todos nos reconocemos como Universidad de Chile: académicos, estudiantes, funcionarios. Aquí entendemos que si no nos respetamos, si no nos entendemos y no tenemos la capacidad de dialogar, conversar, si nos atacamos unos a otros, es imposible que sobreviva la universidad como sistema. Esa conciencia debemos hacerla nuestra hoy, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande y porque la oportunidad ha sido muy largamente anhelada. Por ello este proceso debe terminar con una síntesis de las opiniones del conjunto de la comunidad universitaria, dispuestas de manera estructurada en ideas y propuestas.

Quizás éstas cristalicen en una idea más o menos coincidente de lo que se piensa en nuestra Universidad, pero sin lugar a dudas en este proceso estamos cumpliendo con lo más importante que nos corresponde como defensores de la democracia en Chile y como herederos de una historia. Esto es, permitir que cada uno de ustedes, cada integrante de la comunidad, académico, funcionario o estudiante y, por extensión, cada chileno, se comprometa con un propósito común y que sintamos que este país nos pertenece a todos, lo hacemos todos y estamos emocional e intelectualmente comprometidos con él e involucrados con él, todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.

Proyecto de ley de Educación Superior: Una apreciación general

El 26 de julio, la Universidad de Chile se reunió en pleno en su Casa Central para dar el puntapié inicial de un proceso de reflexión interno sobre los alcances de la reforma educacional propuesta por el Gobierno. En la instancia, el académico Fernando Atria detalló los que a su juicio son los aspectos centrales a debatir. A continuación, una versión editada de su presentación.

Por Fernando Atria / Fotografía: Felipe Poga

El proyecto de ley de Educación Superior intenta corregir déficits del sistema de Educación Superior chileno, pero sin cambiar la estructura de mercado que lo caracteriza. El falso supuesto es que éstas son dos cosas distintas. Dicho en el lenguaje que el programa hizo suyo, los déficits son manifestación de que el sistema trata a la educación como una mercancía, cuando ella es un derecho social. Esa es la incoherencia fundamental que recorre el proyecto de principio a fin.

Si el proyecto fuera aprobado tal como está, a mi juicio sería un retroceso. Pero al mismo tiempo hay que decir que su contenido no clausura, sino que abre perspectivas. El proyecto no es el fin de la discusión sobre Educación Superior, y no es siquiera el principio del fin de la discusión. Es el fin del principio. Con su presentación la discusión sobre el modelo neoliberal de Educación Superior termina de empezar.

Sobre el punto de llegada y transitar sin dirección

Quizás parte del problema es la manera en que las reformas son concebidas. Ellas se piensan desde la transición, sin tematizar el punto de llegada hacia el cual se quiere transitar. Esta es, evidentemente, una manera funesta de proceder. El modo racional es el contrario: primero es necesario identificar el punto deseado de llegada. Habiendo hecho eso, habrá que preguntarse cómo es posible unir ese punto y nuestra situación presente y hacer todos los ajustes que sean necesarios. No tiene sentido discutir medidas de transición sin tener claro cuál es el punto al que se desea transitar. Pero esto es exactamente lo que el proyecto contiene, y uno podría incluso decir que es la marca de la Nueva Mayoría: sus reformas no han sido capaces de mostrar cómo serían las cosas si las reformas intentadas fueran exitosas, porque su peculiar manera de entender el “realismo” y la “gradualidad” consiste en el deseo de transitar por transitar.

Lo público, lo privado, lo estatal

En ésta, una de las cuestiones centrales en discusión, unos dicen que lo público es lo estatal, y es por eso que las universidades públicas son las estatales. Otros sostienen que lo público y lo estatal son categorías obviamente diversas y lo que importa es lo público.

Ambas posturas son incorrectas, a mi juicio, pero no igualmente incorrectas: la afirmación de que lo público es lo estatal tiene un punto de partida más sólido y plausible, aunque sólo un punto de partida. Es necesario explicar qué relación hay entre lo público y lo estatal sin asumir que lo segundo implica inmediatamente lo primero.

Este punto de partida evita que la pregunta por lo público sea sólo una excusa para vaciar a esa noción de todo contenido, que es lo que hacen quienes niegan toda relación entre lo público y lo estatal. Para éstos, el concepto es tan vacío que incluso el rector de una universidad pontificia y confesional, que está sujeta al control de la Iglesia Católica y que recientemente debió ver cómo el arzobispo local prohibió a un profesor de la Facultad de Teología enseñar, cree que puede reclamar que su universidad es “pública”.

Sobre por qué es importante preguntarse por la relación entre lo público y lo estatal

La relación entre lo público y lo estatal está hoy fracturada menos por la existencia de universidades públicas no estatales que por el hecho de que hoy las entidades estatales deben actuar como si fueran privadas. Éste es el legado de décadas de neoliberalismo: la privatización del Estado, que es la consumación de la negación de lo público.

Esto no es una exageración: las universidades estatales se financian principalmente con aranceles pagados por sus estudiantes; el canal de televisión estatal vende publicidad para sobrevivir; y el banco estatal, además de avergonzarse de su condición al punto de cambiarse el nombre para esconderla, se relaciona con sus clientes incurriendo en las mismas prácticas abusivas de la banca privada.

Entonces, que un banco o un canal de televisión sean estatales no implica que sean públicos. Pero necesitamos entender qué es lo público sin referencia al Estado. Tenemos que tener un criterio que nos permita denunciar la privatización del Estado y decir: ¡necesitamos que por lo menos el Estado sea público!

Lo público es lo que no está sometido al régimen de la propiedad privada

En el sentido en el que yo creo que es importante, lo “público” es lo que carece de dueño, es decir, lo que no está sujeto al régimen de la propiedad privada. Dicho régimen se define porque tratándose de una cosa que es de alguien, ese alguien, llamado “dueño”, tiene derecho a decidir qué hacer con ella sin deberle explicaciones a nadie (por eso el art. 852 del Código Civil dice que el dueño puede actuar “arbitrariamente” respecto de su cosa). Si el dueño ha decidido que su cosa ha de servir un determinado fin y alguien le exige una explicación, él está en posición de decir: “porque es mía y yo así lo quiero”.

En ese sentido, la universidad es intrínsecamente pública (por lo que la expresión “universidad pública” es una redundancia). Con esto ya podemos decir qué tiene de especial una universidad, un banco o un canal público. Adicionalmente, nos ayuda a especificar por qué la idea misma de universidad es pública.

Una universidad pública, según lo anterior, sería una en que nadie tendría derecho a decidir unilateralmente y sin dar cuenta a nadie qué intereses ha de servir. Una privada, por su parte, sería una en que alguien tiene derecho a tomar esa decisión. Si el dueño quiere, la universidad estará al servicio de una ortodoxia religiosa, o política, o económica. En este caso, la institución no podrá ser una que se someta a los ideales de la investigación libre y la discusión abierta, al menos respecto de ciertas materias. Pero esto es precisamente lo que define a la universidad. Por consiguiente, hay algo esencialmente público (es decir, esencialmente incompatible con el dominio privado) en la idea misma de universidad.

Hoy, en Chile, sólo las universidades estatales son en este sentido públicas (las universidades del llamado G-3 son evidentes candidatas a ser universidades públicas no estatales. Responder esta cuestión exige discutir su estructura y organización con un detalle que aquí no es posible). Eso es una observación sobre el régimen institucional de las universidades y no supone ni implica que sólo las universidades estatales son de calidad, o interesantes, o bienintencionadas, etcétera. Sólo quiere decir que ese régimen deja a las universidades privadas entregadas a sus dueños o controladores. Algunos dueños usan esta prerrogativa, otros han decidido renunciar a ella, pero todos la tienen.

Este concepto de lo público nos permite decir dos cosas: primero, que es razonable que el Estado trate diferenciadamente a las universidades públicas (sin dueño) y las privadas (con dueño); segundo, que en principio es posible un régimen público (sin dueño) al que puedan acceder las universidades hoy privadas cuando su grado de desarrollo institucional las lleve a reclamar autonomía respecto de sus dueños.

Sobre la educación provista con fines de lucro

Hoy la situación es que la provisión con fines de lucro está prohibida en el caso de las universidades, pero no de los institutos profesionales y centros de formación técnica. La obligación actual de no retirar utilidades, entonces, es una obligación impuesta a todas las universidades, pero en los demás casos es una obligación (cuando existe) que se sigue sólo del hecho de que determinadas instituciones han asumido la forma jurídica de persona sin fines de lucro. Entonces, cuando una universidad retira utilidades está incumpliendo las condiciones legamente exigidas para ser universidad. Cuando un instituto profesional o centro de formación técnica retira utilidades no está actuando ilegalmente (si está organizado como sociedad) o está infringiendo la ley, pero no en cuanto a las condiciones para existir, sino porque al crearse se organizó como corporación o fundación. Es evidente que estos dos casos deben ser tratados de modo diverso por la ley, pero el proyecto los trata igual y entonces tiene reglas sobre las instituciones “que están organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro”, ignorando que esa forma de organización es en un caso legalmente obligatoria y en el otro, legalmente voluntaria.

La solución, por cierto, debería impedir toda provisión con ánimo de lucro (estableciendo alguna modalidad de transición adecuada) o mantener la prohibición para las universidades solamente. En el primer caso sería razonable un régimen fiscalizador aplicable a todas las instituciones privadas; en el segundo, el régimen debería ser aplicable sólo a las universidades.

Sobre la gratuidad

La demanda por gratuidad terminó siendo la que resumió todas las demandas que irrumpieron el 2011. Pero precisamente por eso ha habido un esfuerzo considerable por confundirla y caricaturizarla. Conviene entonces intentar aclarar varias de estas confusiones, a propósito de las reglas contenidas en el proyecto.

El sentido de la gratuidad puede estar en la necesidad de financiar la educación de quien no puede pagársela o en la afirmación de que la educación es un derecho social. La manera correcta de entender la exigencia de gratuidad es la segunda, pero el proyecto opta por la primera. Y como las ideas tienen sistema, una vez que se ha decidido esto hay una serie considerable de cuestiones ulteriores que quedan decididas.

Si se trata de financiar a quien no puede pagar, la gratuidad será un beneficio focalizado. Así, por cierto, está tratada en el proyecto. Se ha dicho que eventualmente la gratuidad llegará al 100%, pero eso es políticamente imposible, tanto porque las condiciones para llegar al 100% (art. 48 trans.) son irreales, como porque el financiamiento con cargo a rentas generales hará que cada paso que se dé acercándose al 100% va a hacer al paso siguiente más difícil, dados los costos de oportunidad. Gratuidad para el 100% sólo es políticamente viable si los recursos utilizados no tienen usos alternativos y para eso sería necesario que la gratuidad fuera un sistema de seguro social (un “impuesto a los graduados”).

No falta el que dice, sorprendentemente, que esto no sería gratuidad, mostrando con eso una peculiar incapacidad para distinguir impuestos o contribuciones de créditos. La pregunta es si es gratuidad en el sentido relevante. Si al menos parte de la gratuidad fuera financiada con contribuciones de quienes estuvieron en la universidad, sería un sistema de seguro social que asumiría una forma análoga a un sistema de pensiones de reparto, en que quienes ya estudiaron contribuirían a financiar a los que están estudiando.

Gratuidad mediante convenios

El segundo sentido en que la gratuidad no es universal en el proyecto tiene que ver con que sólo “entrarán” a ella las instituciones estatales y algunas privadas. Esto descansa en la insólita idea de que la ley no puede obligar y sólo puede ofrecer a las instituciones un contrato, que verán si aceptan o no. Pero si lo que justifica la gratuidad es el derecho del estudiante, es absurdo que tal derecho pueda ser neutralizado por una declaración unilateral de la institución.

Si la gratuidad es parcial, no hay descomodificación. Si no hay descomodificación, no hay reconocimiento de que la educación es un derecho. La gratuidad genuinamente universal se enfrenta hoy a una extraña alianza: es criticada desde la derecha (que defiende el modelo neoliberal), y desde la izquierda (que exige que la gratuidad sea sólo para las instituciones estatales, y que financiarla con un impuesto especial o una contribución sería “gratuidad con letra chica”). Por consiguiente, el resultado probable de todo esto será un escenario de gratuidad parcial: para algunas instituciones y para estudiantes de los cinco, seis o siete primeros deciles. Esto obligará a entender la gratuidad como “beneficio”, como un voucher que no eliminará, sino que fortalecerá el mercado.

Sobre el tratamiento de la Educación Superior estatal

El proyecto tampoco impugna la idea neoliberal fundamental que ha llevado a la privatización del Estado: que éste debe actuar sujeto al mismo régimen que los agentes privados, que cualquier diferencia de trato es, en principio, “competencia desleal”.

Como antes, aquí también hay algo que puede ser resaltado en el proyecto. Es verdad que no impugna derechamente esa idea, pero hace inevitable que esa impugnación aparezca en la discusión que el proyecto provoca. Pero lo que por una parte el proyecto da, por otra lo quita.

Al crear un fondo especial para las instituciones estatales (art. 188), el proyecto introduce la idea de que las instituciones estatales son distintas de las privadas. Pero el fondo en cuestión no tiene contenido (lo determinará anualmente la ley de presupuesto) y debe convivir con el “fondo de desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística” (art. 187). Este segundo fondo es para todas las instituciones, públicas o privadas, que se adscriban a la gratuidad.

Aquí, por cierto, se hace relevante que los recursos públicos son de todos los chilenos: ¿por qué ellos pueden usarse para financiar las actividades de instituciones con dueño?

Sobre la ampliación de la matrícula

Las vacantes de las instituciones adscritas a la gratuidad serán fijadas por la subsecretaría, quien determina los criterios que deberán considerarse para hacerlo (art. 178). Dentro de esos criterios no aparece la calidad estatal o no de la institución. Esta es otra notoria posibilidad desperdiciada, la de fijar una política de ampliación progresiva de la matrícula estatal para que en el tiempo las instituciones estatales representen un porcentaje significativo de la matrícula total. Pero para hacer eso, el proyecto debería fijar la ampliación progresiva de la matrícula pública como una finalidad a ser perseguida por la subsecretaría al momento de fijar las vacantes, o al menos debería, al especificar los criterios que seguirá la subsecretaría, mencionar la naturaleza estatal o privada de la institución. Y no lo hace.

Mujeres contra la desigualdad: la lucha que irrumpe en las ciencias y tecnología

En enero de este año se anunció la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para Chile, promesa que se reafirmó en mayo en la cuenta pública de la Presidenta y que de cumplirse los plazos comprometidos por el Gobierno, llegaría en menos de dos meses al Congreso. Entre los temas que se han discutido en torno a la futura cartera está la desigualdad de género en las ciencias y tecnologías, una problemática que afecta a las mujeres desde la infancia hasta la vida profesional.

Por Sofía Brinck y María Jesús Ibáñez | Fotos: Alejandra Fuenzalida y Felipe Poga

Si emprender en ciencia y tecnología en Chile ya es difícil debido a los pocos recursos disponibles para investigación y escasas plazas laborales, sumar a ello el ser mujer lo vuelve un desafío aún más duro, uno con menos oportunidades y reconocimientos. Por lo general es un camino antecedido por una base educacional desigual y prejuiciosa, con la que sólo inicia la realidad de la discriminación de género en este ámbito, que hoy se ha reposicionado como un espacio de demanda y lucha de muchas mujeres en Chile.

Según cifras de la Unesco, sólo un 28 por ciento de los investigadores en el mundo son mujeres. El porcentaje varía según cada región, pero los números son claros: las mujeres son minoría en casi todos los países del globo, y en su mayoría por un amplio margen. En el caso nacional, pese a que América Latina es uno de los puntos altos a nivel mundial (44 por ciento), Chile se encuentra en la parte baja de la tabla con sólo un 31 por ciento de representación, lejos de casos como Bolivia (63 por ciento) o Venezuela (56 por ciento).

El debate en torno a la participación femenina en las llamadas disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por su sigla en inglés) ha ido tomando fuerza durante las últimas dos décadas a nivel mundial y durante los últimos años en nuestro país. Sin embargo, la discusión se ha vuelto aún más urgente desde que el pasado 18 de enero la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Científicas, activistas y académicas observan este paso como un momento clave para alzar la voz y llamar la atención sobre la importancia de incluir políticas de género en la planificación de la nueva institucionalidad.

“El Ministerio de Ciencia y Tecnología debiera coordinar esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas para establecer políticas que ayuden a derribar las barreras que enfrentan las mujeres en la carrera científica y tecnológica”, afirma Alejandra Mizala, Doctora en Economía, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

Validación, mitos y desigualdades

Según datos de Conicyt, en 2015 el porcentaje de mujeres matriculadas en primer año de carreras científicas en Chile fue de 21,6 por ciento y en Ingeniería, 17,1 por ciento. Es decir, se trata de áreas todavía altamente masculinizadas donde la brecha de género no sólo queda en el registro numérico, sino también en la posibilidad de desarrollarse en estos espacios, que científicas y mujeres de las TICs han descrito como “esferas todavía inherentemente sexistas”.

Para Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y fundadora de Girls in Tech Chile (organización que busca visibilizar a las creadoras de tecnología en el país), nada de esto sucede porque sí, sino que “ocurre sencillamente porque sociedades como las nuestras siguen alejando a mujeres y niñas de estos mundos”.

Que las mujeres no tienen las habilidades necesarias, que su baja representación se resolverá con el tiempo, que cambiar las reglas de selección significa bajar los estándares de calidad y excelencia, que no son competitivas o que les interesa más la familia; mitos en torno a la participación femenina hay cientos. En 2014, un estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) enumeró los más comunes y los desarmó a base de evidencias internacionales. A partir de ello, se sabe que las mujeres sí se interesan en las ciencias y que son los estereotipos, prejuicios y barreras impuestas por sus propios pares lo que les impide avanzar en la igualdad en sus campos laborales.

“Cuando una mujer ingresa a áreas tradicionalmente de hombres, como lo son las ciencias y las tecnologías, debe validarse a sí misma”, dice María Teresa Ruiz, astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997. Ruiz sabe por experiencia propia cómo es ingresar a estos espacios masculinizados, donde ser mujer implica demostrar constantemente el merecimiento del puesto que se ocupa. “A las mujeres que ingresaban a la Escuela de Ingeniería en mi época, y que éramos poquitas, se nos acusaba o se asumía que íbamos a buscar marido. Por lo tanto, tenías la sensación de que había que mostrar más y ser mejor para que te tomaran en cuenta. Y eso aún ocurre”, relata quien fue la primera mujer en recibir el galardón de ciencias en su área.

La validación ante los pares académicos y profesionales es uno de los desafíos que enfrentan las científicas sólo por ser mujeres. Otra de las desigualdades que más les afecta tiene que ver con la maternidad y la crianza, que en el mundo de las ciencias y las tecnologías suele entenderse como algo incompatible con la exigencia de la profesión y con la mencionada validación frente a sus colegas.

Quienes se dedican a las ciencias saben que para ejercer su profesión y ser reconocidas deben alcanzar doctorados y posdoctorados, que por lo bajo demandan cinco años de dedicación exclusiva. A partir de estas exigencias, la decisión de ser madre en un país donde aún la crianza tiende a ser una responsabilidad de las mujeres, acaba transformándose en una barrera y un filtro en los trayectos de formación de muchas. “Ya en el doctorado hay menos mujeres, pero cuando llegas al post doctorado descubres que son aún menos”, cuenta Nélida Pohl, Doctora en Ecología y Biología Evolutiva y académica de la Facultad de Ciencias. Y enseguida explica: “en ese momento sueles tener treinta y algo, período en que tal vez estás pensando en tener familia, y te das cuenta de que para ser académica exitosa tienes que postergar mucho”.

La lista de desigualdades en el mundo de las ciencias y tecnologías es larga y abarca varios aspectos de la vida personal y profesional. Sin embargo, son parte de un camino que comienza en la infancia y que se potencia aún más en la Enseñanza Básica, donde los mismos profesores establecen diferencias de género entre sus estudiantes.

Un estudio realizado en Chile por el BID descubrió que los docentes de Enseñanza Básica les prestan menor atención y menos tiempo a las niñas que a los niños. También les formulan preguntas que requieren de procesos cognitivos menos complejos y les dan menos retroalimentación.

“Nosotras no creemos en nosotras mismas, no creemos que podemos tener los mismos objetivos que ellos, entonces niñas y mujeres se limitan a partir de esas ideas”, señala Nélida Pohl, quien conoce de cerca estas realidades. Pohl es parte del equipo detrás de “Julieta en la tierra de las niñas”, un proyecto que busca incentivar el interés de las más pequeñas por la ciencia, y de paso aportar con juguetes que no reproduzcan los roles de género tradicionales. “Fue súper interesante responder las preguntas que tenían las niñas para las científicas. Había muchas que tenían que ver con cambio climático, lo que significa que las niñas entre siete y ocho años, que era nuestro público, están súper enteradas y están preocupadas”, cuenta.

Una institucionalidad con mirada de género

“Llevo seis meses sin recibir una remuneración, trabajando todos los días dedicado sólo a esta actividad”. “El Estado no comprende la importancia de las ciencias”. Con declaraciones como éstas renunció a la presidencia del Consejo de Conicyt el Doctor Francisco Brieva en octubre pasado, después de poco más de un año en el cargo.

Su dimisión fue la gota que rebalsó el vaso. La comunidad científica, indignada por el constante ninguneo a sus disciplinas, decidió dejar sus laboratorios y salir a las calles a manifestarse por una nueva institucionalidad que reemplace a Conicyt, que fue creado en 1967.

El Gobierno reaccionó con mesas de trabajo multidisciplinarias con el objetivo de trabajar en el diseño de un futuro ministerio. Sin embargo, en ellas se evidenció una pugna por el carácter que debería tener la nueva institucionalidad. Mientras algunos abogan por ligar las ciencias a la economía y a los sectores productivos, otros defienden la idea de tener un ministerio autónomo que englobe ciencia, tecnología e innovación. Aún se desconoce cuál de ellos se va a adoptar.

Tanto Pablo Astudillo, ingeniero en Biotecnología Molecular y uno de los fundadores del movimiento “Más Ciencia para Chile”, como María Teresa Ruiz, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, advierten que se les aseguró por parte del Gobierno un período de socialización de la propuesta. Sin embargo, a dos meses de que se cumpla el plazo de envío al Congreso, nada se les ha informado. “El proceso ha sido un poco hermético y los científicos aún no hemos tenido el espacio para contribuir con nuestra opinión”, afirma Astudillo.

Este secretismo tampoco ha permitido tener claridad respecto a si el comité a cargo, coordinado por el actual presidente de Conicyt, Mario Hamuy, está contemplando los asuntos de género y menos aún si éstos estarán al centro de las políticas públicas a implementarse. Para Cecilia Hidalgo, Doctora en Ciencias y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, es vital que el ministerio se preocupe por estimular la participación de las mujeres. No obstante, cree que el tema “debe ser abordado de forma cruzada, con otros ministerios. Y también desde fuera, porque el esfuerzo debe ser transversal”.

Cecilia Hidalgo, Doctora en Ciencias y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, y María Teresa Ruiz, astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997.

Algunas medidas ya han sido aplicadas desde Conicyt, como la prórroga de proyectos durante el período pre y post natal y la medición ajustada de la productividad científica de mujeres que han sido madres. No obstante, no es suficiente. Katia Soto, Doctora en Ciencias Biológicas y miembro de “Más Ciencia para Chile”, lo ha vivido al intentar compatibilizar la maternidad y sus investigaciones. “Necesito una beca que me permita vivir y criar a la vez”, reclama. “Desde que tuve a mi hijo dejé de participar en congresos internacionales porque no tengo cómo financiarlos. ¿Y qué pasa cuando un niño está lactando? ¿Vas a estar cinco o seis días lejos de él?”.

Por eso las miradas están puestas en una nueva mesa de trabajo que está desarrollando Conicyt en torno a las oportunidades de género. Esto, a pesar de que no se tiene certeza de cuál va a ser su incidencia en el futuro ministerio. “Creo que vamos a poder identificar las debilidades y los “al debe” de los distintos sectores, de manera que uno pide que alguien luego recoja el guante y efectivamente se defina una agenda de trabajo para los próximos años a partir de esto”, señala Peña, quien integra la mesa como representante de Girls in Tech Chile.

Un largo camino por recorrer

En diciembre de 2015, la ONU decidió instaurar al 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencias, medida que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 del organismo. La decisión tiene como objetivo lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y evidencia que a pesar de todos los esfuerzos realizados durante los últimos años, la brecha de género en las STEM sigue siendo un problema a nivel mundial.

Entre los diferentes programas que existen, la mayoría coincide en la importancia de incentivar el acercamiento de niñas a las ciencias y las tecnologías y romper los estereotipos que marcan estos temas. “Yo hago muchas charlas en colegios de todo nivel y de todas partes de Chile. Y lo que me impresiona es que hasta quinto básico, niños y niñas son igualmente curiosos por la ciencia, y en el caso de la astronomía, les fascina”, dice María Teresa Ruiz. “La diferencia en su actitud frente a aprender y a investigar las cosas ocurre después”, advierte la astrónoma.

Cecilia Hidalgo es de la misma opinión. La primera mujer presidenta del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile ha hecho del asunto una cruzada personal y enfatiza en la importancia de no coartar a las futuras generaciones ante estereotipos. “Deberían hacerse programas nacionales para llevar a las niñas a hacer experimentos a laboratorios; hay que darles confianza”, propone. “También ampliar los talleres que ya existen, donde científicas mujeres trabajan con niñas y les muestran la maravilla que es investigar el mundo en que vivimos”, opina la científica, remarcando la necesidad de proveer a las niñas de ejemplos de científicas como referentes.

La mayoría de quienes trabajan en estos temas comparten que el cambio que debe darse es profundo y será resultado de un proceso de largo plazo. Si bien hay esperanzas encontradas en torno al papel que podrá cumplir el futuro ministerio, entre las científicas y activistas hay acuerdo en que hay que entrar en acción y no dejar pasar más tiempo para que niñas y mujeres puedan desarrollarse en el ámbito que deseen y elijan para sus vidas.

Universidades del Estado: «Este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior»

En estos años, el endeudamiento de los estudiantes ha aumentado explosivamente y es por eso que hoy todos esperan con ansias el proyecto de ley de Educación Superior anunciado por el Gobierno. La promesa, desde la campaña de Michelle Bachelet, era el reposicionamiento de la educación pública y, por eso, la expectativa sobre un trato distinto para las universidades estatales era alta. Sin embargo, al cierre de esta edición los rectores del Cuech no sólo están desilusionados de lo que conocen del proyecto, sino que se declaran “en alerta” e incluso evalúan no apoyar el documento.

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La primacía de las palabras

Presentamos esta nueva revista, Palabra Pública, con la cual la Universidad de Chile quiere invitar a una conversación y proponer un encuentro que convoque constructivamente tanto al conjunto de nuestra comunidad universitaria como al país.

Se trata de contribuir a reinstaurar una primacía para las palabras. Resituarlas, pues parecería que han sido desplazadas y sobrepasadas y que, también ellas, habrían pasado a cumplir un rol subsidiario dentro de la vida nacional. El poder crea realidades, especialmente el poder económico. Entre las realidades que este puede crear está el poder político.

La idea de verdad se vincula intuitivamente al resultado del ejercicio de intercambiar y contrastar palabras. Alternativamente, las palabras pueden servir para justificar decisiones ya tomadas, verdades ya declaradas, por estimarlas las más convenientes para quien habla y, frecuentemente, ordena. Las palabras van siendo arrinconadas, restringidas, subordinadas a intereses.

En un discurso en la Universidad de Columbia, al celebrarse los 50 años de la caída del nazifascismo, Umberto Eco afirmaba: “Todos los textos escolares nazistas o fascistas se basaban en un léxico pobre y una sintaxis elemental, con el fin de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico”.

Lograr que el poder político se independice del económico es un objetivo de la mayor importancia para todos. A su actual subordinación parece haber contribuido como causa el debilitamiento de la potestad de las palabras. Al mismo tiempo, este último se puede entender como un resultado de esa subordinación. Devolverles preponderancia a las palabras debiera ayudar a devolverle altura a nuestros foros cotidianos.

La afirmación de que una figura vale más que cien palabras puede tener un significado alternativo: en una campaña electoral los costosos carteles con retratos copando las calles priman sobre las propuestas programáticas. Hace ya varios años, cuando Craxi, quien entre otros cargos fuera eurodiputado, con claridad inaudita hablaba del nuevo financiamiento de la política, nos reímos de lo que considerábamos una osadía. En retrospectiva, hubiera sido mejor tomarlo en serio.

Hay otra acepción del término palabra, con la cual también nos identificamos, que se refiere a un compromiso en conciencia que habrá de cumplirse sin requerir de acciones coercitivas. En un cierto sentido, la gratuidad de la educación superior representa eso. Representa la confianza en que el entregarle educación gratuita a un joven genera en él un compromiso con la sociedad que le permitirá seguir una carrera, que él sabrá retribuir.

Queremos que esta revista permita una mayor vinculación de la Universidad con la sociedad y que también sea una herramienta para que el público conozca, valore, juzgue y participe de nuestras tareas.

El que esta revista aspire a constituirse en una palabra pública, la hace plural, ciudadana, perteneciente a todos, contribuyente de la cohesión social. Preocupada del bien común. Afín a la historia, a los objetivos de nuestra Universidad.

Palabra pública y la libertad de expresión

Por Faride Zerán

La querella presentada por la ciudadana Michelle Bachelet en contra de la revista Qué Pasa por la publicación de una nota en la cual un oscuro operador la involucraba en el caso Caval, no sólo abrió un debate en torno a la libertad de expresión y el derecho a la honra, recogido profusamente por los medios de comunicación. También provocó, aunque de manera acotada, que la escandalosa concentración de la propiedad de los medios en manos de unas cuantas familias, que además comparten una similar visión política y cultural de la sociedad, fuera esgrimida como argumento por quienes en las últimas dos décadas y mientras fueron gobierno, nada hicieron para impedirla.

De ahí que la reflexión efectuada por la Presidenta de la República al día siguiente de presentada la querella: “hay una libertad limitada cuando la libertad de expresión está en manos de unas pocas familias”, para muchos no pasó inadvertida. Sobre todo entre quienes por años hemos insistido en que una de las grandes deudas de los gobiernos de la Concertación con el fortalecimiento de la democracia y la constitución de ciudadanía ha sido precisamente este punto.

En ese escenario se inscribe Palabra Pública. Porque la que hoy presentamos es una revista que asume como premisa que la libertad de expresión y la diversidad de medios de comunicación que contengan discursos y miradas plurales son esenciales para medir el espesor de una democracia. Al mismo tiempo, se trata de una publicación que tiene por objetivo instalar conversaciones que efectivamente enriquezcan y densifiquen el espacio donde se produce el diálogo ciudadano.

Qué duda cabe: tanto el pluralismo como la diversidad resultan factores centrales de la libertad de expresión.

Esta nueva apuesta editorial de la Universidad de Chile cierra el ciclo de la iniciativa que la precedió, “El Paracaídas”, y abre otro intentando ampliar el espectro de lectoría tanto dentro como fuera de la Universidad, invitando así a un diálogo donde “lo público” sea percibido como inherente al ethos republicano y no un atributo secundario transable en las leyes del mercado.

De allí la variedad de nombres que fortalecen el Consejo Editorial de esta revista, al que se han sumado académicos, investigadores e intelectuales provenientes de diversas áreas del conocimiento de nuestra Universidad. Por ello también la existencia en cada número de un dossier dedicado a un tema central que profundiza en argumentos para alimentar un debate como lo es, en esta oportunidad, el rol de las universidades estatales.

Si “la Chile” piensa en Chile, nuestro desafío es expresarlo no sólo en las aulas, las investigaciones, o la extensión, sino además en sus medios. De eso trata Palabra Pública.

Alfredo Jaar: «Una imagen de dolor no sobrevive al mar de consumismo en el que vivimos»

El artista chileno de mayor relevancia en el extranjero siempre tiene un ojo puesto en Chile. Las temáticas que lo movilizan cruzan fronteras para llamar la atención sobre conflictos políticos y humanos en galerías, videos, instalaciones, conferencias y, sobre todo, en el espacio público. “No se puede crear nada que de alguna manera no contenga una concepción del mundo. Y esa concepción del mundo contiene una ideología política”, asegura.

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