El 26 de noviembre de 2020, en el marco del primer Noviembre Cultural para Chile, iniciativa que permitió compartir con el país el trabajo artístico, cultural y patrimonial de la Universidad de Chile, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador Angélica Arias, la senadora Yasna Provoste y el director de LOM Ediciones Paulo Slachevsky, moderados por la directora del Archivo Central Andrés Bello Alejandra Araya, debatieron sobre el lugar de la cultura y los derechos culturales en la nueva Constitución que Chile se apresta a elaborar. A continuación, presentamos una síntesis de esta conversación.
Moderó Alejandra Araya | Ilustración: Fabián Rivas
—Alejandra Araya: me gustaría iniciar con la cuestión de los derechos culturales, las artes, la cultura y el patrimonio como derechos humanos. ¿Qué son los derechos culturales? ¿Los podemos entender como derechos humanos? ¿Por qué debieran estar en una Constitución?
Angélica Arias: quisiera iniciar hablando sobre algunos procesos que se han llevado a cabo en el Ecuador respecto a cómo se consideran los derechos culturales en la Constitución, específicamente la de 2008, cuando los derechos constitucionales empiezan a incluir a los derechos culturales.
La Constitución determina que el Ecuador es un Estado de derechos, y esto implica que todos los derechos, sin distinción, son categorizados como derechos constitucionales, estableciendo la obligatoriedad suprema de su observancia y protección. Es así que se establece la construcción y prevalencia de la propia identidad cultural. Además, se desarrollan conceptos de observancia obligatoria del patrimonio material e inmaterial, dotándolo de una salvaguarda estatal y no taxativa.
Es importante mencionar también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, dispone que toda persona “tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En la misma declaración de la UNESCO se establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, intelectuales, materiales, afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y que caracterizan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las creencias.
El reconocimiento de los derechos constitucionales de la cultura y el patrimonio, sin embargo, no es garantía de su cumplimiento. La cultura no se considera una prioridad en la mayoría de los países de América Latina y sufre constantes restricciones, razón por la cual alcanzar la plenitud del goce del derecho constitucional a la cultura es una tarea pendiente.
Yasna Provoste: es central que en este proceso constituyente entendamos que los derechos culturales son esenciales. Chile es un país de 20 millones de personas habitando un territorio que se extiende sobre tres continentes, lo cual le otorga una diversidad de rostros, colores, climas, recursos naturales, pueblos, naciones y cultura. Cuando hablamos de derechos culturales no estamos refiriéndonos a un objeto separado de nuestra propia subjetividad colectiva; estamos hablando de nosotros mismos, de nuestros saberes, identidades y sueños, de nuestras expectativas y de nuestra memoria. Que el proceso constituyente incorpore la cultura como derecho significa el anhelo de que en el centro de todo esté la persona y su dignidad esencial, como ser racional y libre, con derechos que son anteriores y superiores al Estado.
Paulo Slachevsky: los derechos culturales son derechos humanos reconocidos de manera vinculante por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que establecen claramente el derecho a gozar y a participar de la vida cultural. Es muy interesante porque el pacto parte con el concepto de dignidad, que nos hace tanto sentido a los chilenos desde octubre de 2019. Ese primer párrafo dice: “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Ahora, ¿qué son los derechos culturales? En tiempos de neoliberalismo tendemos a confundirlos con el derecho al acceso, con la lógica del consumo. Claramente, el pacto del 66 va mucho más allá. Hace explícito el derecho a tomar parte de la vida cultural y la necesidad del desarrollo económico, social y cultural para salir de la miseria y ser ciudadanos verdaderamente libres.
Se mencionó la convención de UNESCO para la diversidad cultural. ¿Por qué es tan importante? Porque vivimos en un mundo donde la división del trabajo también se fomenta a nivel cultural; tenemos países productores culturales y países consumidores de cultura. Más del 90% de las pantallas de cine del mundo están ocupadas por el cine de Hollywood, que es interesante, pero representa sólo el 5 o 6% del cine que se produce a nivel mundial. En ese sentido, el mercado no permite un equilibrio, al contrario, favorece la concentración. Por eso es necesario que los países tengan derecho a proteger su cultura y que la cultura no funcione bajo la lógica de los tratados de libre comercio, que con su letra chica impiden que los países tengan una verdadera soberanía cultural. Por último, ¿por qué deberían estar en la Constitución? El mundo de la cultura ha estado en todos los cambios que hemos tenido como país —en los 80 contra la dictadura, también a partir de octubre de 2019—, pero en los 90 quedó fuera. Tardíamente se genera un Ministerio de las Culturas, el pariente pobre de los ministerios. Es necesario cambiar esa lógica si queremos ser sociedades con un desarrollo humano. Si vemos la Constitución del 80, cuatro veces se menciona la palabra cultura, contra 129 veces que aparece en la Constitución de Ecuador, 29 en la de Colombia y 99 en la de Bolivia. Eso establece un piso diferente, una voluntad explícita de que la cultura sea parte de la construcción de una vida digna.
—Alejandra Araya: hay constituciones que han considerado la cultura un elemento sustantivo de la democracia, pero esto podría ser una arenga para los convencidos de siempre. ¿Qué cambia en la vida cotidiana decir que los derechos culturales están considerados en la Constitución? ¿De qué forma uno podría decir que hay un antes y un después de garantizarlos constitucionalmente?
Angélica Arias: en mi país, mediante la asamblea constituyente, se modificó la concepción del Estado como pluricultural para transformarlo en Estado intercultural. Justamente, en el artículo 1 de la Constitución, se concibe la construcción de una sociedad por medio no sólo del reconocimiento de la cultura y sus distintas manifestaciones —que es a lo que se refiere lo pluricultural—, sino que parte de la necesidad de intercambio e interacción entre quienes la conforman, bajo el principio de iguales. Entonces, pasamos de reconocer las distintas culturas a poner en práctica su igualdad. Y eso lo que hizo fue abrirnos muchas puertas en cuanto a posibilidades de política pública.
Respecto a la relación entre democracia y derechos culturales, éstos están protegidos por mecanismos de participación social, que les dan a los ciudadanos la potestad de defenderlos en el marco de cuatro principios que se establecieron en la Constitución: participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, el derecho a ser consultados y a fiscalizar los datos del poder público. Estos cambios empujan a los ciudadanos a actuar en las decisiones de la vida pública y cultural. Los efectos se revisan en su vida diaria, porque empieza a haber una corresponsabilidad en las decisiones que se van tomando. Nos falta avanzar bastante en este sentido, porque nos hemos dado cuenta de que ni la función pública ni la ciudadanía están preparadas para los procesos participativos.
Yasna Provoste: garantizando el derecho a la cultura nos pasa lo mismo que garantizando la educación pública y de calidad; estamos contribuyendo a la cohesión social y, en definitiva, a lograr la paz. Tal vez por mi visión comunitarista de las relaciones sociales tiendo más a un Estado intercultural, lo cual supone la existencia de diversas culturas, pero también la legitimación del pluriculturalismo presente en nuestro país y el reconocimiento recíproco entre culturas. Y eso entraña un consenso sobre los valores comunes de esas culturas; por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales. La Constitución de Bolivia, al igual que la de Ecuador, refuerza el concepto de interculturalidad y dice que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. Esa es la mejor reflexión de por qué nosotros tenemos que garantizar en esta nueva Constitución estos valores.
Paulo Slachevsky: en 2013 me tocó participar de una carta que varias asociaciones del libro le hicimos a los candidatos a la Presidencia sobre la importancia de tener una política del libro. Les planteamos que la cultura y la política del libro son transversales a muchos de los desafíos que tenemos como país. ¿Es acaso posible mejorar, por ejemplo, los niveles de la educación, sin mejorar la comprensión lectora? ¿Es posible salir del cerco de ser exportadores primarios y del extractivismo que arrasa con nuestras tierras y recursos naturales no renovables si no potenciamos nuestras capacidades culturales y creativas? Y la misma democracia: ¿es posible tener una verdadera democracia sin sujetos críticos, pensantes, activos y creadores?
—Alejandra Araya: En esta pandemia dos grupos han visto vulnerados de manera violenta sus derechos: las trabajadoras de casa particular, a quienes no se les reconoce su labor como trabajo propiamente tal, y los trabajadores y trabajadoras de la cultura, cuyas actividades no son valoradas desde la lógica del capital. ¿Qué se requiere para instalar la cultura como bien común en términos de protección social y laboral?
Angélica Arias: nos pasa algo similar en Ecuador. Cuando empezó la pandemia y se pensó desde el gobierno nacional en unos bonos mínimos para que la gente pudiera atender las necesidades básicas en los momentos más crudos, uno de estos bonos se pensó para el sector cultural, que en Ecuador tiene una informalidad muy alta. Y cuando se plantea, una mayoría preocupante de la sociedad ecuatoriana reclamó que se repartía este recurso en un ámbito “inútil”, que no “produce”. Varias de esas voces eran de los mismos artistas y gestores culturales. Con eso nos hemos dado cuenta de los muchos procesos que debemos llevar a cabo para tener un reconocimiento de la actividad cultural y artística. Todos sabemos que, en la oscuridad de la pandemia, lo que nos logró dar un respiro, un poco de ánimo, fue el acercamiento con el arte y la cultura.
En cuanto al reconocimiento de la cultura como un bien común y esencial, un buen paso es que esté en la Constitución, pero no es el único paso ni el definitivo. Luego de la definición como bien común viene la definición de la política pública, en los distintos ámbitos y sectores, y después su implementación. Todo este esfuerzo normativo que va desde la Constitución hasta los instrumentos más pequeños y territoriales se tiene que hacer garantizando que las políticas lleguen a todos los sectores de las culturas, las artes y los patrimonios. Estos marcos normativos tienen que adaptarse y estar abiertos a la diversidad de la cultura viva.
Yasna Provoste: un bono para los trabajadores culturales y artistas es algo que nosotros no tuvimos. La pregunta de las organizaciones culturales acá era de qué servía tener un ministerio si el ministerio iba a permitir la vulnerabilidad y precariedad del sector. Entonces, la conexión entre democracia y cultura es algo que nosotros hemos visto debilitarse. Durante tres años consecutivos, el ánimo permanente de esta administración ha sido reducir los presupuestos culturales y entender la cultura como algo accesorio. Lo que anhela uno es que este proceso constituyente se haga mirando experiencias que sean positivas, por eso me alegra compartir con la ministra de Cultura de Ecuador. En nuestro país fue bien premonitoria la discusión sobre el nombre del ministerio, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero esa definición queda inconclusa si no somos capaces de tener escaños reservados para que nuestros pueblos [indígenas] no tengan que tener voceros en este proceso, sino que sean ellos mismos capaces de recuperar la palabra y generar en este nuevo proceso constituyente, no un artículo, sino una Constitución entera que se impregne desde el primer hasta el último artículo de una lógica de reconocimiento de derechos culturales y de respeto a la diversidad y la presencia ancestral de pueblos en este territorio.
Paulo Slachevsky: la desigualdad imperante es un tema de la sociedad en general, más allá del mundo de la cultura. El único camino es avanzar hacia el salario básico universal, que la riqueza de nuestros países sea para todos, todas y todes. Ahora bien, en ese camino es fundamental revalorar el espacio de la cultura y a quienes se dedican a ella, garantizando sus derechos básicos: salud, educación, vivienda y previsión. Lamentablemente, como el trabajo cultural es muchas veces un trabajo parcial y fragmentado, es fundamental que políticas públicas puedan garantizar esos derechos. Siempre en Chile celebramos a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, pero, al mismo tiempo que se celebran, los nuevos autores de poesía se excluyen de las bibliotecas porque “no venden”, y, al final, los mecanismos de apoyo del Estado son los concursos. Una vez más, compitiendo unos con otros en vez de construir juntos, llegando al límite de considerar que el gasto en cultura es una pérdida de recursos. Cuando, al contrario, es una inversión en las personas y la sociedad toda. Hay que cambiar el chip y recordar a las huelguistas de Massachusetts, que decían “queremos pan y también las rosas”.
Alejandra Araya: Para cerrar, les quiero ofrecer la palabra para algunas conclusiones finales.
Angélica Arias: como les decía, si bien ya tenemos varios instrumentos normativos que reconocen la interculturalidad, todavía nos falta mucho por avanzar. Nos falta mucho trabajar con las comunidades en plantear los proyectos de abajo hacia arriba, desde los territorios. Si hay algo que me apasiona de Latinoamérica es que tenemos estas diversidades impresionantes, pero no logro entender por qué no logramos consolidarnos como región teniendo anhelos muy parecidos. Uno de los temas más fuertes es lograr institucionalidad en cultura. A veces pensamos que, cuando se trata de cultura y de arte, la institución o la norma nos sacan de ese aspecto tan creativo y flexible. Pero no es así, deberíamos tener instrumentos que nos ayuden a avanzar.
Yasna Provoste: nos dijeron durante 40 años que el motor del desarrollo era la competencia y no la colaboración. El que quería colaborar era tildado de ingenuo. No es baladí que los esfuerzos a los que accede el Gobierno para incrementar los recursos en cultura sean mediante más fondos concursables. Lo decía Paulo: lo que hay detrás de esa lógica es hacernos competir. Cuando vemos un malestar generalizado en la sociedad, cuando vemos que el 25 de octubre pasado la ciudadanía se manifestó por aprobar un cambio constitucional, hay quienes buscan aferrarse a ciertos modelos culturales y uno de ellos es la competencia. Nos tratan de colocar esta lógica en todos los espacios, incluidos los espacios culturales. Es un momento para que todos contribuyamos a la pregunta sobre qué país queremos construir, qué modelo educativo necesitamos, qué desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio.
Paulo Slachevsky: quiero recoger unas palabras de la intelectual hindú Vandana Shiva: “nuestra única opción es curar la tierra y, al hacerlo, curar y recuperar nuestra humanidad, creando esperanza para nuestro único futuro como una humanidad en un planeta”. Para lograr ese cambio, claramente la cultura debe ponerse en un lugar central. Se trata de un cambio cultural en el sentido amplio; en la forma de hacer política, en la forma de relacionarnos con la naturaleza y con el prójimo, liberándonos de la cultura de la competencia y de la explotación de unos sobre otros, de la cultura patriarcal. Estas culturas están en nuestras cabezas y no es fácil cambiarlas. A propósito de la pandemia, podríamos decir que al menos tres pandemias han ejercido una violencia brutal sobre nuestras expresiones culturales: el colonialismo, con el colonialismo cultural, que sigue siendo muy fuerte cuando valoramos más lo que viene de afuera y marginamos nuestra producción; la dictadura, con su brutal represión, que hizo un corte abrupto en la cultura que aún no se ha logrado reconstruir; y el neoliberalismo, que ha mercantilizado la cultura anulando la diversidad y reduciendo todo a mercancías. Recordemos que Paulo Freire escribió en Chile Pedagogía del oprimido, donde habla de la lectura como una experiencia de libertad que tenemos que lograr que viva toda la sociedad. Basta de comprar tanques y potenciar la represión, basta de gastar dinero en escopetas y balines que le quitan los ojos a chilenos y chilenas. Es necesario apostar por la cultura, la creación propia. Así, claramente vamos a tener un país diferente.
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Angélica Arias: ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Es arquitecta y magíster en Gestión del Desarrollo Comunitario. Fue subsecretaria de Memoria Social, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y gestora de sitio de Quito como Patrimonio de la Humanidad.
Yasna Provoste: senadora por la Región de Atacama. Es profesora y magíster en Educación. Fue diputada y ministra de Educación, además de intendenta de la Región de Atacama y gobernadora de la Provincia de Huasco. En el Senado integra la Comisión de Educación y Cultura, la cual presidió entre 2018 y 2019.
Paulo Slachevsky: fotógrafo y periodista. En 2014 fue condecorado como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Actualmente, integra el Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y es director de LOM Ediciones.
Alejandra Araya: historiadora de la Universidad de Chile y doctora en Historia por El Colegio de México, especializada en historia de las mentalidades en Chile y América colonial. Es directora del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
