El acceso al agua y su desprivatización son los objetivos diarios del vocero de Modatima, que en el último año ha alcanzado notoriedad por los premios con que ha sido distinguido en el extranjero. Sin embargo, no pierde la oportunidad de vincular esa disputa cotidiana con las exigencias de la protesta social que partió en Chile el 18 de octubre de este año. No importa si habla de la depredación del agua o de las demandas por mayor justicia que aún mantienen a miles de personas en las calles, para Rodrigo Mundaca los responsables son los mismos: la inequidad y políticos que no han estado a la altura del rol que deben cumplir.
Por Jennifer Abate C.
Desde siempre, en su casa, en La Ligua, Rodrigo Mundaca ha vivido una vida sencilla. Lava, plancha, sale a tomar un helado, recorre la plaza, vive tranquilo. Otra cosa ha sido su vida en los últimos meses. Como secretario general y vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) ha puesto el tema de la depredación de los bienes naturales comunes (se rehúsa a llamarlos recursos naturales por la vocación extractivista del concepto) en el centro de la discusión internacional, una tarea que recientemente le valió ser distinguido con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha a favor del acceso al agua de todas las comunidades.
El costo no ha sido sólo la fama que hoy lo hace protagonizar debates y ser invitado a programas de televisión, lo que sin duda le ha quitado el carácter sencillo a sus días. Mundaca ha recibido querellas de parte de connotados políticos por injurias y calumnias, hace unos meses tuvo que encarar el horror de la circulación en redes sociales de una foto suya que simulaba un disparo en la cabeza, y recientemente tuvo que poner un recurso de amparo contra el General Director de Carabineros tras enterarse de que se había convertido, junto con otros dirigentes y figuras del mundo político y académico, en “blanco de interés” de la inteligencia policial. Más desconocido aún es que tuvo que enfrentar la amenaza de secuestro de uno de sus hijos como consecuencia directa de su activismo medioambiental.
¿Por qué seguir, entonces, en una senda que trazó hace 25 años, cuando llegó como ingeniero agrónomo a trabajar con los campesinos de Petorca? “Porque era un imperativo ético, moral, porque era de sentido común. Era lo que había que hacer, mi deber ético era eso, no podía hacer otra cosa, no podía asesorar a ricos a costa de dejar a la gente sin agua. Yo creo que hay un punto en la vida de las personas en que uno tiene que tomar decisiones y a veces son correctas o erradas, pero uno tiene que estar tranquilo con uno mismo. No me arrepiento en lo absoluto de lo que decidí”.
—La movilización que tiene lugar hoy en Chile se ha atribuido al descontento de la ciudadanía por las condiciones de privatización de derechos básicos. ¿Cuál es tu análisis de las causas del estallido?
Una semana antes del famoso 18 de octubre, los estudiantes secundarios, particularmente aquellos estudiantes que estaban siendo fuertemente reprimidos —estoy pensando en el Instituto Nacional y la conducta criminal que ha tenido el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri—, levantaron una consigna que se llamó “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Creo que esa acción fue la gota que rebalsó el vaso y que provocó que ese día miles de personas a lo largo de todo el país salieran a la calle, muy inorgánicamente, por cierto, porque son más de 30 años en que la elite política y económica se ha enriquecido a costa de las personas, se ha enriquecido a través de las privatizaciones de los trabajadores, de la privatización de la salud, de la educación, a costa de la privatización de la vivienda digna, a costa de la privatización de los bienes comunes, del agua y la tierra en particular. Creo que estamos viviendo una sublevación nacional y desde el 18 en adelante nos hemos dado cuenta de cómo se estaba incubado en la sociedad criolla un profundo descontento con el modelo de fondo.
—¿Cómo evalúas el acuerdo del mundo político para iniciar un proceso constituyente?
Es un acuerdo que se toma con partidos políticos que tienen representación parlamentaria, un acuerdo que se toma a espaldas del movimiento social, un acuerdo que, en la práctica, lo que hace es darle un salvavidas al gobierno, que hasta ese momento estaba totalmente deslegitimado y que marcaba un 9% de adhesión, que tenía un record increíble en materia de violaciones a los DD.HH. Ahí hay un porcentaje de la casta que es directamente responsable del modelo de despojo que existe en nuestro territorio, una casta que ha administrado el Estado ocupando altos cargos como ministros y subsecretarios, y una vez que han salido del Estado han pasado a administrar cargos en los fondos de pensiones, en las Isapres, en las hidroeléctricas, en las forestales, una casta que se ha caracterizado por las sillas musicales, una casta que no ha dado respuesta a las demandas reales de la ciudadanía.
—¿Y qué vía te parece que debería haber tomado el mundo político para intentar buscar una salida a la crisis?
Lo que hay que señalar es que quienes corrimos el cerco más allá de lo posible somos el movimiento popular. ¿Qué esperamos? Sin duda, seguir corriendo el cerco, y creo que lo que se requiere también es que el movimiento social protagonice. Porque el movimiento social, lo social y lo político, no están divorciados, el movimiento social es profundamente político. Nosotros luchamos por el agua, que es una demanda profundamente política y que tiene que ver con terminar con la Constitución política del 80.
—¿Tienes expectativas en que los acuerdos alcanzados permitan cambiar las lógicas de la política que criticas?
Si bien es cierto que recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores es tremendamente importante, así como regular la salud y la educación como derechos, aquí hay temas que no se han instalado con la fuerza suficiente, como que el origen de las desigualdades en el país tiene que ver precisamente con la apropiación de los recursos naturales comunes. Yo creo que hay un divorcio absoluto con la casta, creo que hay un segmento de la casta política que hoy definitivamente tiene que dar un paso al costado, y lo van a dar porque nosotros finalmente vamos a correr el cerco de lo posible. Ellos hoy no pueden marchar, ellos no pueden salir a las calles. A mí me daría una profunda vergüenza ufanarme de ser parte de la casta política o ser parlamentario y no poder salir a la calle. Es una contradicción absoluta porque se supone que estás en política porque estás velando por el bien común y no puedes salir a la calle porque te golpean, te escupen, porque la política está en un nivel tal de descrédito que da vergüenza. Lo voy a decir en términos populares, sencillamente: se tienen que ir a la chucha, hay un sector de la casta política que vale hongo, que vale callampa, que son los responsables de lo que sucede en nuestros territorios.
—A propósito de los problemas que afectan a los territorios, hablemos sobre tu tema, el agua. ¿Por qué has planteado que lo que ocurre en comunidades como Petorca se explica por el saqueo y no por la sequía?
La provincia de Petorca es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, todo el mundo conoce lo que ocurre en esa localidad, en Núremberg, en París, en Madrid, en todas partes se dan cuenta de que en la provincia de Petorca hoy es más importante la producción de paltas que la vida de las personas. En esa provincia, a 140 km de la capital, más del 70% de la población toma agua de camiones aljibe, los ríos no existen, no hay escurrimiento superficial de los ríos hace más de 15 años. Una pléyade de políticos conspicuos y empresarios llegaron en la década del 90 a instalarse en nuestra provincia y desmontaron toda la flora y la fauna nativa de los cerros y empezaron a cultivar paltas. ¿Se puede hacer eso en Chile? Sí, porque no hay ordenamiento del uso agrícola de los suelos, por tanto, un empresario o político bien conectado a los centros neurálgicos del poder puede destruir toda la flora y la fauna nativa del cerro Santa Lucía o el San Cristóbal en Santiago y poner paltos.
—A tu juicio, ¿hay algo de la actual crisis de acceso al agua que se explique por el impacto de la sequía?
Si la sequía fuera real y no motivada por el cambio climático ni la intervención del hombre, sería pareja, estaríamos todos afectados. Pero cuando tú caminas por los territorios te encuentras con grandes plantaciones de paltos, de uva de mesa, rebosantes de agua, y con predios y territorios completamente secos, depredados, principalmente de campesinos que han perdido la tierra y el agua en el último tiempo.
—¿Cuál es la salida para esto? En Valparaíso estás vinculado a la Mesa de Trabajo por el Agua, que reúne a integrantes del mundo social y político, una experiencia no muy usual.
En la quinta región tenemos una experiencia que es bastante inédita. Construimos una mesa regional que ha recorrido toda la región levantando iniciativas desde los territorios para la recuperación democrática del agua. Tenemos un texto largo que diagnostica lo que sucede en todos los territorios y que levanta demandas que son lógicas, como eliminar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución política (que consagra la propiedad privada del agua), construir un acuerdo popular de aguas, restituir la propiedad del agua en el dominio en la tierra, construir una nueva institucionalidad hídrica, establecer prioridades de uso, etc. Pero yo he llegado al convencimiento, y a lo mejor voy a correr la frontera de las declaraciones, de que si no hay una revolución en el país, un cambio cualitativo y radical del patrón de despojo que existe en el país, si no hay un cambio cualitativo o radical protagonizado por los sectores populares, por el pueblo pobre y el pueblo sencillo, vamos a caer en las mismas políticas gatopardistas de siempre en América Latina: todo va a cambiar para que todo siga igual.