Por Claudia Lagos
El 18 de marzo pasado, Stephon Clark, de 22 años, fue acribillado por policías en el patio de su casa en Sacramento, California. Los oficiales pensaron que era el sospechoso que buscaban, el que había quebrado vidrios de autos y de propiedades en el barrio, según la denuncia recibida al número de emergencias 911. Clark recibió 20 balazos. Los videos liberados por la policía grabados por cámaras que portaban los efectivos y el helicóptero que sobrevolaba la zona, muestran los múltiples disparos en la espalda, a corta distancia, y la nula oportunidad de Clark de haber zafado de su ejecución. Clark, afroamericano, estaba desarmado. Los policías aseguran que confundieron el teléfono móvil de Clark con un arma.
El asesinato a mansalva ha desatado protestas callejeras de la comunidad de Sacramento que aún no se apagan, tal como sucedió antes en Ferguson, Baltimore, Baton Rouge, Charlotte, New York y otras incontables comunidades donde ser joven y afroamericano implica un riesgo vital si la policía se cruza en tu camino. De hecho, datos de distintas fuentes concuerdan en que los afroamericanos tienen más posibilidades de ser baleados por la policía que los blancos.
La brutalidad policial, entre otras manifestaciones del racismo en Estados Unidos, ha gatillado el movimiento #BlackLivesMatter y la adhesión de connotadas figuras públicas. Numerosos deportistas, por ejemplo, llevan varios años manifestándose públicamente contra las víctimas de la brutalidad policial y del racismo, donando a activistas y organizaciones que luchan por una mayor justicia racial o disputando, en la esfera pública, en sus cuentas de Twitter, en las entrevistas en canales de televisión o radio los discursos de supremacistas blancos. Varios connotados jugadores de las ligas profesionales de básquetbol femenino y masculino, así como también del fútbol americano, entre otros, han devenido activistas.
Pero la brutalidad policial es sólo una de las manifestaciones de la discriminación racial en Estados Unidos. El país tiene las peores tasas de muerte materna del mundo industrializado pero las mujeres afroamericanas tienen más posibilidades de morir después del parto producto de negligencias médicas o falta de cuidados de parte de los equipos médicos debido a prejuicios raciales. Los mismos prejuicios que explican la alta tasa de rechazo de solicitudes de créditos hipotecarios a estadounidenses afroamericanos o latinos, por ejemplo.
La retórica instalada por el actual presidente, Donald Trump, desde su campaña en 2016, no ha hecho sino empeorar las cosas: En el lanzamiento de su campaña dijo que los mexicanos son “criminales” y “violadores” y ha insistido en que construirá una muralla en la frontera con México. El año pasado dijo que todos los inmigrantes provenientes de Haití tienen SIDA, que 40 mil nigerianos nunca volverían a sus “cabañas” una vez que vean Estados Unidos y que por qué en vez de recibir migrantes haitianos o africanos no recibían más noruegos. Además, ha dicho reiteradamente que ciudades con población mayoritariamente afroamericana o latina son “zonas de guerra distópicas” y calificó a los puertorriqueños que criticaron la lentitud y escasez de la ayuda federal después del Huracán María como “ingratos”. Las críticas de los boricuas al abandono del gobierno federal son más que justificadas: varios meses después de que el huracán golpeara la isla, hay vastos sectores sin luz o agua potable.
Por el contrario, Trump ha sido condescendiente con los líderes supremacistas blancos y no se inmutó en rechazar el apoyo público a su campaña de parte de quien había sido uno de los máximos líderes del Ku Klux Klan. The New York Times, por ejemplo, rastreó dichos y acciones racistas de Trump en su trayectoria empresarial y pública bien temprano en los 1970s.
Esta retórica se ha materializado en políticas impulsadas por el gobierno federal en el último año y medio tendientes a impedir el ingreso de ciudadanos de algunos países mayoritariamente musulmanes, a recrudecer la deportación de inmigrantes indocumentados, y en desmantelar las políticas actualmente vigentes que protegen a hijos de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres siendo niños, como son la Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Ley de Fomento Para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros), conocida como DREAM, y la Deferred Action for Childhood Arrivals (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), conocida como DACA, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Esto ha implicado, además, una guerra verbal y administrativa entre el gobierno federal y algunos estados y gobiernos locales (condados) que han adoptado políticas más proactivas en la protección de migrantes y que son conocidas como ciudades o estados santuarios. El ánimo anti-migrantes es palpable, por ejemplo, en el aumento de ataques a musulmanes, sobrepasando incluso los registrados el 2001, el año del atentado a las Torres Gemelas. Y eso que estas cifras consideran sólo los casos que fueron reportados al FBI. Buena parte de las víctimas son mujeres que usan hiyab y que enfrentan desde insultos hasta agresiones físicas en intentos por arrancarles el velo.
Ese fue el caso de mi amiga Shughla, musulmana, que usa hiyab. Después de unos meses sin vernos, la encontré sin su velo. Me contó que había decidido usarlo sólo en espacios privados y protegidos después del último de varios incidentes callejeros: un hombre en el metro la inslultó a viva voz por llevar su hiyab, sin que nadie dijera o hiciera nada.
De primera mano
La ciudad donde vivo con mi esposo y mis dos hijos mientras curso mi doctorado es pequeña y la presencia de una universidad con una numerosa población de estudiantes internacionales de prácticamente todos los rincones del mundo influye en que la comunidad sea relativamente más abierta a la diversidad. Sin embargo, ha habido varios incidentes contra hispanos, musulmanes y afroamericanos. Por ejemplo, en la universidad hay centros de investigación y docencia especializados en temáticas sobre latinos, latinoamericanos, afroamericanos y asiáticos, que en los dos últimos años han sido rayados con insultos en sus paredes.
Mis hijos asisten a una escuela bilingüe español-inglés y la comunidad hispana y latina es numerosa, incluyendo algunos indocumentados. Por lo tanto, las autoridades escolares y el personal de la escuela han sido muy activos en proveer información, apoyo social y recomendaciones sobre qué hacer en caso de que las personas se enfrenten a redadas de la migra (que es un organismo federal y no local).
En este contexto, quienes se encuentran sin sus documentos migratorios en regla están comprensiblemente preocupados y han modificadoalgunas prácticas cotidianas con el objetivo de disminuir cualquier riesgo de enfrentar a la policía, lo que incluye enseñarle a sus hijos qué hacer y qué decir en caso de que la migra toque a su puerta, así como también han firmado un poder legal a nombre de amigos estadounidenses que, generosamente, quedarían al cuidado de los niños si es que sus padres son detenidos y/o deportados.
Algunos migrantes han dejado de recurrir a ciertos servicios sociales con el objetivo de evitar cualquier riesgo potencial, ya sea real o aparente. Las deportaciones en Estados Unidos no son nuevas ni han sido esporádicas o a pequeña escala. Barack Obama, por ejemplo, expulsó a más de 2 millones y medio de personas durante sus ocho años de mandato. Sin embargo, en su primer año de gobierno, Trump arrestó más indocumentados que los que había realizado la administración de Obama el año anterior. Es decir, hay más redadas y, por lo tanto, también más temor.
Pero la furia y la discriminación no distinguen si el estatus migratorio de una persona está en regla o no. Sólo identifican pieles, acentos y lenguaje. Y eso basta para que el gringo en la sala de espera del hospital murmure molesto que “por qué no hablan inglés, si en este país se habla inglés”; o que otro baje la ventanilla y le grite de su camioneta andando a una mujer en otro auto, en la carretera, que “por qué no te vas de vuelta a tu país”, a pesar de que Estados Unidos es su país de residencia, según sus documentos en regla. O cuando a mi marido le han preguntado, con cara de pocos amigos, si es del Medio Oriente o de qué parte de México viene. La denominación legal para los inmigrantes en Estados Unidos, la de aquellos con su documentación de estadía en regla, es “alien”.
En estos pocos años viviendo acá, creo que el vocablo captura muy bien la conflictiva relación de la sociedad estadounidense con su población migrante. Con o sin documentos, trabaja, contribuye a sus escuelas, a sus comunidades, a la cultura local y nacional.
