La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enmarca en un contexto regional e internacional preocupantes. Por una parte, la crisis migratoria en el mundo y que apunta a cerca de 250 millones de personas que han debido abandonar sus países de origen y que en América Latina tiene como correlato la caravana de más de cinco mil centroamericanos intentando llegar a EEUU. Por otra, el creciente fenómeno inaugurado por Trump de hacer de lo “políticamente incorrecto” una política que, tras la premisa de “América Primero”, arrasa con principios y derechos básicos sobre los cuales hasta ahora existía consenso.
En ese marco y horas antes de esta conmemoración, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunciaba que Chile no suscribía el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que fomenta Naciones Unidas, sumándose a EE.UU. e Israel, en oposición a otros 180 países que lo apoyan con el objeto de garantizar procesos migratorios más seguros y dignos.
La decisión, que sin duda implica un retroceso de Chile en materia de respeto a los derechos humanos, y que cuestiona artículo 13 de la Declaración Universal que señala el derecho a migrar, se instalaba en medio de las críticas por la política gubernamental de establecer “los vuelos humanitarios” de migrantes, principalmente haitianos, hacia sus países de origen con la prohibición de regresar a Chile en un plazo de nueve años, y en medio de cifras y episodios de racismo y discriminación en contra de migrantes haitianos.
Pero lo que sin duda marcaba no sólo un cuadro complejo sino un cambio en la agenda política del país fue el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de agentes del Estado chileno.
Este último hecho generó no sólo un repudio transversal sino que reiteró las condenas a la militarización de La Araucanía y la presencia de fuerzas especiales, algunas de ellas entrenadas fuera del país. Como lo expresaran en una declaración las Cátedras de Derechos Humanos, de Racismo y Migraciones Contemporáneas, y la Cátedra Indígena, todas de la Universidad de Chile, en relación al asesinato del joven comunero: “sin prejuicio de las eventuales responsabilidades penales y/o administrativas que surjan como consecuencia de este caso, también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche. Este es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche”.
En este escenario, centrar el tema mapuche en un debate que gira en torno al orden público y no en un diálogo político que incorpore sus demandas históricas, seguirá generando violencias. Como lo expresa el intelectual y poeta Elicura Chihuailaf, hace falta sentarse a conversar, porque parafraseando al senador Huenchumilla, “los problemas políticos no se entregan a la policía para que los resuelva”.
La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en un momento donde tanto en Chile como en el continente proliferan episodios que resultan alarmantes. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, la Declaración fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, estableciendo por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Sin embargo, se trata de un texto que si bien ha sido traducido a más de 500 idiomas, muchos países, entre ellos el nuestro, lo desconocen con alarmante frecuencia.
