Elisa Loncon y el día en que Chile empezó a cambiar

La Convención Constitucional fue encabezada por dos académicos de universidades públicas, instituciones que han resistido al intento de desmantelamiento de un sistema que solo ve en ellas el freno y competencia al lucrativo negocio de las universidades privadas —escribe en esta columna Faride Zerán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y directora de Palabra Pública— . En esa calidad, ambos representaban no solo el lugar donde el sentido de lo púbico ha prevalecido sobre lo privado, sino el espacio que resiste a las lógicas mercantiles; el de la ética pública y el pensamiento crítico capaz de reconectar la esfera académica con las esferas pública y política al servicio de las grandes transformaciones democráticas de nuestras sociedades.

Por Faride Zerán

El 4 de julio fue un día histórico y también luminoso. Desde muy temprano, las calles céntricas se habían repletado con ciento de manifestantes que se congregaban en distintos puntos para caminar al son de bailes, tambores y cánticos hasta las cercanías de la sede del exCongreso Nacional, epicentro de la instalación de los 155 integrantes de la Convención Constitucional, elegidos con paridad de género y con representantes de las primeras naciones, en un proceso inédito que volcaba los ojos del mundo hacia este largo y angosto país.

Esa misma mañana, convencionales de los pueblos originarios se habían convocado en torno a una ceremonia ancestral en el cerro Huelén para luego desplegarse en las calles, y en medio de los saludos y aplausos de quienes se apostaban en las veredas, hacían su entrada triunfal hasta el edificio que albergaba la Convención.

Pero ese día de aires festivos, pese a la pandemia y a las más de cuarenta mil muertes producto del virus, el gobierno había enviado a las Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros a rodear el recinto donde se llevaría a cabo la ceremonia, enfrentándolas con familiares de los constituyentes que seguían las transmisiones junto a miembros de organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos  que pedían la liberación de los presos de la revuelta, desatándose una fuerte represión que puso en riesgo el éxito de la ceremonia republicana  más importante de los últimos tiempos.

De nada había servido la petición de algunos convencionales electos ante las autoridades de gobierno para que no se desplegaran las FFEE, las mismas que amparaban a funcionarios que habían protagonizado las violaciones a los derechos humanos en contra de cientos de manifestantes que, desde el 18 de octubre de 2019, lograron configurar un movimiento social cuya potencia se expresaba precisamente en la existencia de ese histórico acto.

Pese a la tensión, y una vez replegada la fuerza policial, se reanudó la sesión bajo la ecuánime conducción de la abogada Carmen Gloria Valladares, sobrina nieta de Gabriela Mistral y funcionaria pública del Tribunal Electoral que debía constituir legalmente la convención. Así, entre lágrimas y aplausos, se iniciaba un nuevo ciclo en la historia de Chile, cuyo correlato era la profundidad del cambio cultural expresado horas más tarde, cuando era electa como presidenta de la Convención Constitucional la intelectual y académica mapuche Elisa Loncon.

Todos los símbolos, todos los gestos, todos las emociones se desplegaron esa luminosa mañana de julio cuando Elisa Loncon avanzó hacia la testera ataviada con sus vestidos y joyas mapuche, acompañada por la machi Francisca Linconao, autoridad espiritual, ex presa política y figura reconocida de los pueblos ancestrales.

Así, en un discurso bilingüe e histórico, y en medio de una diversidad de rostros, pueblos, estratos sociales, sexos, territorios y edades; de una diversidad política, social y cultural que muchos nunca habían visto asomarse en los espacios mediáticos o públicos donde decía representarse el Chile real, la académica de la Universidad de Santiago, Doctora en Lingüística de la Universidad de Leiden, en Holanda; y Coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Linguísticos de los Pueblos indígenas de Chile habló de pluralismo, diversidad sexual, niñez, derechos de los pueblos originarios, Estado plurinacional y de ampliar la democracia. “Estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos”, dijo, y anunció que esta Convención “transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las cuidadoras…”.

Junto a Elisa Loncon, era elegido vicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa, abogado constitucionalista, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Magister en Derecho Público de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Valparaíso, quien abrió su discurso señalando que “hoy día empezamos a transitar un camino republicano, pero también un camino popular”.

De esta manera, la Convención Constitucional era encabezada por dos académicos de universidades públicas, instituciones que han resistido al intento de desmantelamiento de un sistema que solo ve en ellas el freno y competencia al lucrativo negocio de las universidades privadas.

En esa calidad, ambos representaban no solo el lugar donde el sentido de lo púbico ha prevalecido sobre lo privado, sino el espacio que resiste a las lógicas mercantiles; el de la ética pública y el pensamiento crítico capaz de reconectar la esfera académica con las esferas pública y política al servicio de las grandes transformaciones democráticas de nuestras sociedades.

Es por ello que ante la imposibilidad de sesionar al día siguiente en la sede de la Convención Constitucional por la desidia —sino boicot— de funcionarios gubernamentales que no habilitaron el lugar, la imagen de la presidenta de la Convención, junto al vicepresidente y al rector de la Universidad de Chile, sentados a los pies de la estatua de Andrés Bello en su Casa Central, proyectaba no solo la fuerza de una postal republicana; sino también la derrota de quienes quisieron acabar con las universidades públicas, instituciones del Estado cuyos espacios fueron puestos al servicio de la Convención Constitucional. Quizás ese 4 de julio fue el día más largo del año, especialmente para una parte significativa de la sociedad que había estado expresando en las urnas su voluntad de imaginar un nuevo país. Para todos ellos, sin duda se trata del día en que Chile empezó a cambiar de verdad.

Libertad para construir un nuevo modelo de sociedad

«La Constitución que escribiremos estará contextualizada en numerosas dimensiones hoy desestimadas —escribe el rector de la Universidad de Chile en este editorial—. Entre ellas están la equidad de género, el respeto a los pueblos indígenas, la descentralización, la sustentabilidad, la tríada salud, previsión y educación; las artes y humanidades; el desarrollo científico y tecnológico; el cambio de la matriz productiva».

Por Ennio Vivaldi

Durante varias décadas, hemos vivido bajo la convicción de que los determinantes fundamentales del modelo de sociedad imperante en Chile no podían ser cambiados. Esta certeza parecía ser evidente por sí misma y no necesitar pruebas de su verdad. Más aún, todo lo que ocurría en el mundo se interpretaba como confirmación de que esos principios eran inevitables o, peor aún, que nuestro país había liderado un cambio a escala global. Hoy, ante la perspectiva del nuevo proceso constituyente, se nos figura por el contrario que, en realidad, aquellos habían sido simplemente principios dictados por un grupo de académicos que pertenecían a una corriente extrema del pensamiento económico. Ellos diseñaron un modelo abstracto basado en ciertos dogmas que, en concreto, fue efectiva y eficientemente impuesto e implementado por una dictadura. 

Cada ciudadano chileno debería haber sentido siempre el derecho a hacerse a sí mismo y a los otros al menos dos preguntas. La primera es cuánto se identificaba él o ella con las premisas y los valores que determinan este modelo de sociedad (solo a modo de ejemplo, a mí no me gustan). La segunda es si, al margen de que a uno le guste o no, el modelo funciona o no funciona.

Las premisas en que se fundó este modelo enfatizan un ser humano individualista; consciente de que solo de él depende la solución de sus problemas, por lo que el egoísmo pasa a ser casi una necesidad; desmotivado para distinguir que existe un nivel superior de integración que es la sociedad, donde se deciden cuestiones relevantes para él o ella y para los demás; mucho más interesado en las cuestiones materiales y pecuniarias que en las humanistas y espirituales, y un largo etcétera que todos conocemos.

A este propósito, cuando era senador de la República en 1957, nuestro rector Eugenio González, en un discurso notable, confrontaba la tesis expuesta por un colega que resumía así: “las características de la naturaleza humana, entre las cuales el afán de utilidad, de ganancia y de lucro, el afán egoísta de bienestar individual, serán el motor insustituible del progreso económico”. En seguida, pasaba a sugerir que su contradictor, dada su condición, “ha hecho esta afirmación con secreta tristeza” (expresión, a mi juicio, insuperable). Eugenio González a continuación se preguntaba: “¿Existe una ‘naturaleza humana’ tan inmodificable en su primitivismo ético, ajena al devenir histórico, la misma sean cual sean las condiciones sociales y culturales?”. Estos conceptos no solo están vigentes hoy día, sino que están al centro de la reflexión sobre los valores que fundamentarán un nuevo modelo de sociedad y cuestionarán el actual.

La segunda dimensión en que ha de ser evaluado este modelo de sociedad que nos proponemos cambiar es el de sus resultados objetivables. Es decir, si en el mundo real y concreto, este modelo impuesto bajo un poder omnímodo y que se tuvo que asumir como necesario, logró efectivamente los resultados que había prometido. Debemos evaluar si esta sociedad que se constituyó bajo sus directrices permitió la satisfacción y felicidad de las y los ciudadanos, si se sintieron realizados y si valoraban altamente las oportunidades que encontraban para desarrollar sus talentos y vocaciones; si lo percibían como más o menos justo, más o menos inclusivo; si se había logrado una  convivencia nacional solidaria; si los impulsaba hacia un sentido de identificación y pertenencia a un concepto de bien común. 

Sin duda, la Constitución que escribiremos para el nuevo modelo de sociedad que construiremos estará contextualizada en numerosas dimensiones hoy desestimadas. Algunas, porque siempre lo estuvieron a lo largo de nuestra historia; otras, porque habiendo sido antes valoradas, el actual modelo las ignoró en las últimas décadas. Entre esas dimensiones están la equidad de género, el respeto a los pueblos indígenas, la descentralización, la sustentabilidad, la tríada salud, previsión y educación; las artes y humanidades; el desarrollo científico y tecnológico; el cambio de la matriz productiva.

En todas estas áreas habrá de primar el reencuentro con la idea de bien común representada por el ámbito público. Es en esta esfera donde todos los sistemas públicos —entre tantos otros, nos referimos a los de salud, educación, previsión, informática, cultura, comunicaciones, vivienda, industria o agro— habrán de devolvernos un sentido de solidaridad, justicia y pertenencia.

De las muchas consideraciones erróneas en que se basó el sistema que hoy ha hecho crisis, está el desestimar el rol de cohesión social y formación de ciudadanía que siempre y en todas partes ha jugado la educación pública articulada por la vertebración de sus niveles básico, medio y terciario. Esta función específica que cabe a la educación pública, en interacción con el resto del sistema público, será una cuestión principal en la gran conversación nacional que se inicia. Y la de mayor responsabilidad para nuestras universidades.

Inmunizando a Chile

Por Ennio Vivaldi

Chile ha sido capaz de implementar con éxito una campaña de vacunación contra el covid-19. Entre los factores que convergieron para hacer posible este logro destacan la gestión de gobierno para concretar la obtención de vacunas, los contactos internacionales de nuestra comunidad científica que resultaron esenciales para establecer diálogos con los productores y la larga tradición de un sistema de salud estructurado, capaz de llevar a cabo rápida y ordenadamente un programa de vacunación masiva.

De esta campaña surgen múltiples observaciones que inspiran a la reflexión y al diálogo. Todos los países han debido preguntarse autocríticamente cómo podrían haber estado mejor preparados para enfrentar la pandemia. En el nuestro, el hecho de que la crisis sanitaria y económica haya seguido a un estallido social, nos ha obligado a situar cada momento en la evolución del enfrentamiento al covid-19 dentro del contexto de un modelo de sociedad que hoy se evidencia no solo ideológicamente extremo (asunto que siempre supimos, puesto que había un ideario que se estaba llevando a límites inexplorados; era algo confeso o, más bien, proclamado con orgullo) sino, además, carente de una flexibilidad adaptativa sorprendente.

Uno de esos extremismos más notables, que se ve drásticamente interpelado, es el individualismo. Digamos, de partida, que uno no vacuna personas para protegerlas tal como uno indica un medicamento a un paciente portador de una patología. No se vacunan individuos. La campaña opera sobre otro ente: la población. Para erradicar una pandemia se vacuna a una población. Las vacunas son gratuitas no por motivos caritativos, sino porque sería absurdo y contradictorio no vacunar a un segmento de la población que luego perpetuaría la enfermedad.

La campaña de vacunación, por lo tanto, nos recuerda que hay niveles de integración y complejidad. Hay cuestiones que se han de analizar a nivel de los individuos, pero hay otras en que es imprescindible un nivel de complejidad superior que es la sociedad. Hemos constatado tantas veces el error de no hacerlo. Un ejemplo: concebir un financiamiento de la educación superior basado en individuos que se endeudan para obtener un título. Otro: desestimar la salud comunitaria de atención primaria en los territorios para enfatizar la atención terciaria en clínicas y hospitales. Otro: promover un sistema previsional incapaz de venir en ayuda de la ciudadanía en una contingencia como la que estamos viviendo. Tarde o temprano, la mercantilización de funciones tales como la salud, la educación, la ciencia, la universidad, el deporte e incluso el arte, ha de entrar en confrontación tan profunda como explícita con las tradiciones que les han dado sentido e identidad a esas funciones.

La decisión que un individuo toma en el sentido de vacunarse o no, no tiene implicancias solo para él. Es una resolución que repercute en la sociedad de la cual él es parte. Esa decisión más vale que la tome con la mayor racionalidad y conocimiento de causa posible. Esto nos lleva a otro punto crucial que la pandemia devela: la información que recibe la ciudadanía y la forma de interactuar entre la política, que debería dar explicaciones fundadas de sus actos, y la sociedad, que debería poder distinguir entre una propuesta populista y una propuesta responsable. Es muy distinta la política cuando se tiene una ciudadanía bien informada.

Son notables los esfuerzos hechos desde las universidades para aportar datos objetivos a las autoridades. Estos deben ser comunicados de modo de contribuir a un intercambio de ideas racional. La recomendación de vacunarse y la aprobación de una determinada vacuna se cimientan en ese largo camino que la humanidad emprendió hace varios siglos, y que llamamos ciencia. Tiene que ver con los factores que, en cualquier disciplina, determinan una toma de decisión fundamentada, en el entendido de que cualquier materia a ser decidida conlleva riesgos por acción y por omisión, y que la recomendación que la autoridad haga habrá de haber sopesado tal bifurcación. Resulta pertinente recordar que la necesidad de contar con una ciudadanía bien informada está en la base de nuestro esfuerzo por reinstalar un canal de televisión de la Universidad de Chile.

Tuvimos por más de cien años un centro productor de vacunas. En otro ejemplo insuperable de reduccionismo y simplificación propios del exceso ideológico, ese centro fue desmantelado bajo el argumento de que era más barato comprar las vacunas en el extranjero. Hemos propuesto volver a tener un centro productor de vacunas. Podemos desarrollarlo en Carén, donde en estos días se inauguran dos centros tecnológicos, uno de la construcción y otro de los alimentos, los que también se fundamentan en la convergencia de la academia, el Estado, la empresa y entes internacionales.

Debemos fortalecer la presencia de la ciencia chilena en el concierto de la ciencia mundial. Entender que hay pocas decisiones estratégicas políticas más relevantes que las concernientes al desarrollo de ciencia y tecnología vinculadas a nuestras universidades. Nunca resignarnos a una supuesta división mundial del trabajo en la que solo nos correspondería administrar una economía extractiva y exportadora. Así, otra gran lección que nos deja la pandemia es avanzar a constituirnos en una sociedad de conocimiento y lograr un cambio en nuestra matriz productiva.

La pandemia encontró un país en medio de una crisis y obligado a reflexionar sobre los principios en que se había basado por décadas su modelo de sociedad. Nos ha traído un lente de aumento que nos ha permitido ver magnificadas las consecuencias de imponer dogmáticamente reglas de mercado en educación, salud y en las más diversas áreas de la vida nacional que, las más de las veces, amenazaron con afectar profundamente sus sentidos y valores. Hoy habremos de reconstruir estos ámbitos reinstalando cuestiones tan básicas como la cohesión nacional, la primacía de la colaboración por sobre la competencia o que la suerte de cada uno está inevitablemente vinculada a la de la sociedad en su conjunto.

Telefonazos, espionajes y libertad de expresión: El otro estallido

Por Faride Zerán

1.

¿Cómo salgo de aquí?, pensé, mientras observaba las puertas del gran salón ubicado en el segundo piso de un palacio de gobierno recién remodelado tal vez para que los nuevos aires democráticos pudieran circular libremente luego de la larga noche dictatorial.

Eran los inicios de los años 90, y el ministro a cargo de las comunicaciones, enfurecido ante la pregunta de si estaba comprando medios que habían sobrevivido a la dictadura para luego cerrarlos porque ese periodismo molestaba a la incipiente democracia, se paró abruptamente dando por concluida una entrevista que aún no llegaba a su fin.

Recuerdo la figura baja, más bien obesa del ministro, escabulléndose por una de las tantas puertas de ese salón del Palacio de La Moneda, y me veo buscando la salida, así como el título que tendría la acontecida entrevista en la que el vocero repetía como mantra que la libertad de expresión era la madre de todas las libertades. Una madre esquiva y ausente con el periodismo que había resistido a la dictadura, pero protectora y complaciente con los grandes medios que configuraban el poderoso duopolio de la prensa de nuestro país.  

Al igual que hoy con la presión de La Moneda hacia La Red, el telefonazo que siguió al episodio —contrariando los resultados habituales— no surtió el efecto que pretendía, y el título de la entrevista que daba cuenta de la pataleta del personero público fue elocuente: “El ministro y la madre de todas las libertades”.

Eran los años en que paulatinamente fueron cerrando los medios que escribieron las páginas más valientes del periodismo chileno, en contrapunto con el florecimiento de aquellos que, en alianza con los aparatos de seguridad, habían sido cómplices de los montajes más brutales de la dictadura militar.  

Vivíamos los tiempos en que el eufemismo, las verdades a medias, la censura y las autocensuras desterraban palabras como dictadura o golpe de estado para denominarlas “régimen militar” o “pronunciamiento militar”.

Porque los 90 en Chile se iniciaban con un periodista exiliado, Francisco Martorell, autor del libro Impunidad diplomática (1993), y culminaban con una periodista asilada en Estados Unidos, Alejandra Matus, autora de El libro negro de la justicia chilena (1999).

Entre medio, la censura cinematográfica, las leyes de desacato —como el artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, que sancionaba con cárcel la necesaria fiscalización que debía tener el periodismo sobre todos los poderes y sus autoridades— y la ausencia de voluntad política de quienes encabezaban la transición bajo la premisa de que el mercado lo regulaba todo, incluido el derecho a la información.

2.

Cuando analizamos el escenario actual en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la pregunta que surge es por qué Chile a lo largo de estas décadas siguió siendo uno de los países que aparecían en los informes internacionales con escandalosos índices de concentración de los medios y un consiguiente déficit de pluralismo y diversidad.

Quizás una respuesta apuntaba a las características de la transición, que si bien abría importantes compuertas democráticas luego de 17 años de dictadura, en materia de medios requería de aliados afines a la lógica de mantener ciertos enclaves autoritarios y un modelo económico que, por su agresividad y naturaleza, trasuntaba el campo de la economía para instalarse como un depredador de la propia democracia.

Porque la privatización a ultranza, que no solo afectó a empresas públicas, recursos naturales y servicios básicos (hasta el agua), sino también a derechos como salud, educación o pensiones —por citar las demandas de un estallido social que a estas alturas amenaza con repetirse—, sin duda requería de una narrativa homogénea y  acrítica que un periodismo independiente  y fiscalizador no les garantizaba.

Pero Chile cambió, y ese cambio no es ajeno al periodismo.

Hoy se han documentado más de 300 ataques a la prensa entre agresiones y detenciones a reporteros y medios independientes efectuados desde octubre de 2019; han sido ampliamente denunciados los seguimientos y espionajes por parte de Carabineros y Ejército a periodistas de investigación; las declaraciones públicas de las tres ramas de las FFAA pronunciándose sobre una rutina humorística emitida en La Red en un acto deliberativo y respaldado por el Ministro de Defensa, siguen causando escándalo; las presiones y telefonazos desde la Presidencia de la República a los dueños de dicho canal han sido condenadas por un sector amplio de la opinión pública; etcétera.

Claramente, para una parte importante del periodismo, las prácticas y rutinas profesionales propias de los años 90 quedaron atrás, y al igual que octubre de 2019, el ejercicio del periodismo en distintas escalas ha protagonizado su propio estallido, enfrentándose a las élites, fiscalizándolas sin condescendencia y ejerciendo el derecho a la información, incluso a través de Twitter y otras redes sociales.

Sin embargo, no estamos ante un proceso fácil. Si atendemos a las palabras de la filósofa estadounidense Wendy Brown, expresadas en estas mismas páginas, “el neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática, para hacerla compatible con el autoritarismo, y eso es lo que vemos hoy en la derecha”. De allí que no sea casual que estemos transitando un momento político marcado por una regresión autoritaria como respuesta gubernamental a la peor crisis institucional desde el retorno a la democracia, con un claro retroceso en los ámbitos de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Retroceso que hoy ese periodismo que protagonizó su propio estallido resiste con la convicción de quienes también recuperaron el sentido del concepto dignidad para el mejor oficio del mundo, como alguna vez lo describió García Márquez. 

Ciencia y tecnología: La diferencia entre no prioritario y no deseable

Por Ennio Vivaldi

Resulta, de verdad, difícil de creer que Corfo haya adjudicado el Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio extranjero administrador de instalaciones de investigación, al tiempo que desechaba el proyecto en que participaban once de las principales universidades del país, muy importantes empresas en el área, centros de investigación y universidades del ámbito internacional.

Decisiones insólitas obligan a expandir la imaginación para plantearse explicaciones que también habrán de estar fuera de los considerandos habituales. Al hacer tal ejercicio, puede ocurrir que observaciones anteriores, que en su momento también fueron desconcertantes, sean comprendidas de un modo más coherente.

Podemos, por ejemplo, asociar esta decisión de Corfo con las restricciones presupuestarias que se pretendieron imponer a las universidades este año, las que, dada la gran labor que desarrollaron durante la pandemia y la forma como un sistema de financiamiento basado en el aporte de estudiantes-clientes era afectado por la crisis económica, parecían un gesto falto de criterio y mal agradecido.

Un hecho aún más pertinente es la propuesta que hoy se debate respecto a la fijación de los aranceles regulados que el Estado debe aportar por gratuidad, y que empezaría con las facultades de Derecho, para las que se recomiendan valores muy por debajo de los actuales. De materializarse estas decisiones presupuestarias, harían imposible para las mejores universidades mantener su nivel de calidad presente y nos llevaría a nivelar hacia abajo en una homogenización mediocrizadora. Sería un castigo para las universidades que cuentan con una larga historia de construcción de excelencia y prestigio.

A partir de estos tres hechos recientes, a saber, la adjudicación de Corfo, el presupuesto para educación superior 2021 y la fijación de aranceles regulados, se puede comenzar a vislumbrar una estrategia que parte hace un par de décadas o más. A las universidades tradicionales se les mantuvo, compensatoriamente, el acceso a aportes fiscales directos, al tiempo que se las limitaba en su capacidad de expansión de matrícula vía becas estudiantiles y se las dejaba sujetas a los aranceles de referencia. Simultáneamente, se abrían hasta los confines del cielo los instrumentos de financiamiento para acceder a las nuevas universidades privadas, hacia adonde se quería dirigir toda la ampliación de la cobertura.

Se instaló así una forma alternativa de entender las universidades, concibiéndolas como más orientadas —a veces, exclusivamente dedicadas— a la docencia de pregrado, y una visión que enfatizaba las ventajas pecuniarias de la obtención de un título profesional, justificando endeudamientos. Todo esto bajo el amparo de una Constitución que obligaba a definir el financiamiento no por el mérito o la misión de las instituciones, sino por el derecho individual de los clientes, claro que sin cautelar la idoneidad de lo que ellos recibían a cambio de endeudarse. Quizás alguien desde ya pensaba que esa nueva forma de entender la universidad hacía más sentido para un país como el nuestro.

Agreguemos enseguida el argumento más directo: la prolongada dificultad para obtener presupuestos mínimamente razonables para ciencia y tecnología, el frustrante rechazo en los concursos nacionales a tantos proyectos bien evaluados y no financiados, así como las restricciones en las oportunidades de formación de nuevos científicos. Curioso, al respecto, que no hayamos discutido las consecuencias de haber cerrado un centro productor de vacunas, decisión que tiene incluso connotaciones de soberanía nacional. Tampoco se habla de que, ahora, la exigencia de cobre verde por parte de los mercados mundiales puede repetir la crisis del salitre si no cumplimos con los objetivos, precisamente, del Instituto de Tecnologías Limpias.

Podemos preguntarnos, entonces, si acaso la decisión de Corfo que deja fuera a las principales universidades chilenas en un concurso con fondos de esta magnitud y objetivos de esta trascendencia no debiera entenderse como un propósito en sí mismo, como la culminación de políticas que quieren coartar el desarrollo de las universidades que hacen investigación.

Solíamos interpretar el continuo desinterés por incentivar la ciencia y la tecnología en las decisiones presupuestarias como la consecuencia de que, en un mundo de recursos limitados y necesidades múltiples —como siempre se nos recuerda— habían otros requerimientos más apremiantes. Pero ahora debemos preguntarnos si acaso más que lamentar no poder invertir en desarrollo académico, en realidad lo que se quiera sea que tal progreso no exista. El fallo de Corfo, por su carácter desmedido, invita a esta mirada diferente. Quizás no apoyar el desarrollo científico autónomo no sea una decisión para lamentar y resignarse. Quizás de resignación nada. Quizás quienes toman estas decisiones lo hacen —si se me permite la expresión— a conciencia pura, sabiendo las consecuencias y alegrándose de ellas.

En palabras muy simples y directas: por una parte existe este Chile extractivista, por otra, uno puede imaginar un Chile que ingresa a la sociedad del conocimiento generando un cambio drástico en su matriz productiva. Ambos escenarios conllevan modelos de sociedad distintos. Mientras el primero casi obliga a la perpetuación del actual orden de cosas, el segundo conduce a un cambio en el mercado laboral, en los estilos de vida, en las inquietudes intelectuales, en los valores observados. Al mismo tiempo, eso determina el arquetipo de universidad deseable. Para el primer escenario, no se necesitaría situar las carreras profesionales en universidades de primer nivel donde los formadores son investigadores de frontera. No causaría tristeza tener que regular para abajo la calidad del sistema. Sería una opción económicamente aplaudible acortar las carreras. Podría no significar nada el que nuestra universidad, aún en condiciones comparativamente tan adversas, se sitúe entre las diez mejores de América Latina.

En resumen, la decisión de desarrollar o no ciencia y tecnología propias no es neutra para la estructura de la sociedad, la distribución del ingreso o la forma como Chile se insertará en la economía mundial.

Derechos culturales, besos y libertades (a la memoria de Pedro Lemebel, un irreducible)

Por Faride Zerán

La crónica donde Pedro Lemebel describe cómo cruza el teatro repleto de jóvenes que aplauden el retorno de Serrat a Chile, a inicios de la transición, es memorable. Su nombre le sabe a hierba y es la voz que, cual banda sonora de las décadas de la ira, retumba en ese auditorio de la Universidad Arcis repleto de chicas y chicos que han tarareado las canciones de su ídolo y lo aplauden a rabiar.

Lemebel avanza por el pasillo, se para frente a Serrat y le estampa un beso en la boca. Los insultos no se hacen esperar. Maricón es lo más suave que se escucha de esa audiencia macha que se mira progre pero que no resiste la performance de loca y de fan con la que Lemebel los provoca.

Algo similar hará Lemebel cuando recibe el Premio José Donoso de la Universidad de Talca, premunido de sus tacos altos aguja, ante la formalidad y el terror de su rector.

¿Qué es el arte sino el gesto que provoca, que incomoda, que interpela, que critica, que reinventa la forma de mirar?

¿Qué es la creación sino el intento de subvertir los límites de la realidad otorgándole otros horizontes éticos y estéticos desde donde imaginar, narrar, plasmar otros mundos, otros horizontes, otros lenguajes?

En un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual.

La respondió en su momento la propia ministra del área, al señalar que no se trataba de un ámbito prioritario, o cuando este año el gasto en cultura se tradujo en un 0,3% , lejos del 2% que la UNESCO recomienda como piso; o cuando el Observatorio de Políticas Culturales nos dice que el 81% de los trabajadores de la cultura encuestados en Chile sufrió una disminución o el cese de sus actividades y el 54% no obtuvo ayuda en medio de la crisis, a diferencia de países europeos donde los Estados ayudaron al sector, como la Alemania de Merkel, que anunció un aporte de alrededor de 2.100 millones de euros para la cultura.

Y es que no basta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señale que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Es letra muerta, al menos en Chile, donde los creadores están condenados a concursar/competir por recursos estatales; donde el analfabetismo funcional es alarmante; y donde en plena pandemia se abren las puertas de los centros comerciales, no de las industrias culturales que alimentan el alma, sino de aquellas que nutren las arcas de los grandes empresarios, asumiendo que un mall abierto es menos peligroso que un teatro, una librería o una sala de conciertos con aforos limitados.

Pero hablar de cultura o esgrimir la necesidad de que los derechos culturales estén en la nueva Constitución, implica asumirnos en una diversidad y pluralidad que va más allá de los cánones formales con que se expresa “lo cultural”. Significa re-conocer territorios, etnias y disidencias sexuales. Nos exige re-mirar y re-democratizar las dimensiones artísticas, culturales y patrimoniales que nos constituyen, sobre todo en tanto comunidades críticas, complejas y problematizadoras.

Nos demanda interpelar al poder que no tolera los trazos y las obras del arte callejero en medio de un estallido social, y que, amparándose en la impunidad de los toques de queda, los borra, como si con ello desaparecieran las causas que lo originaron. O denunciar las amenazas a quienes dibujan con luz las palabras “hambre” o “pueblo”, como ocurrió con los hermanos Gana; o reaccionar ante las querellas contra LasTesis y sus performances contra la violencia machista, por citar ejemplos recientes.

En definitiva, si hablamos de derechos culturales en la nueva Constitución debemos prepararnos para luchar por ampliar los márgenes de la libertad de expresión y de creación; por ensanchar los límites de la democracia; por asegurar el acceso amplio de los territorios a cada una de estas manifestaciones; por asumir que sin libros, sin cine, sin teatro, sin música, sin filosofía, sin grafitis, sin Lemebel estampando un beso en la boca de un rector o de un cantante, la vida puede ser la letra muerta de una mala canción o una horrible caricatura de sí misma.

Como ocurrió en 1992, cuando una gran mole de hielo, blanca, sin identidades ni memorias, fue la representación cultural de Chile en la famosa Expo de Sevilla. Eran los inicios de la transición, Chile se mostraba como un país blanco, frío, sin memoria, sin dolores, sin historia. “El iceberg de Sevilla” se levantaba, así, como una metáfora de la simulación. Sin embargo, treinta años después, la faz sumergida de ese iceberg, estalló.

La élite chilena salió en viaje de negocios

Por Faride Zerán

Todo parece causar sorpresa en el Chile actual. Por ejemplo, la histórica participación en el plebiscito, con más del 50% del padrón electoral votando pese a la pandemia y a una franja electoral confusa y, en general, más bien discreta; el abrumador triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional, ambas con más del 78% de las preferencias, así como las pacíficas y masivas celebraciones convocadas en distintos puntos de Santiago y del país.

Como si se tratara de cifras, datos, personas sacadas del sombrero de un mago, las escenas que se sucedieron el 25 de octubre último aún tienen a los analistas, líderes políticos y medios de comunicación intentando leer un país bajo lógicas y categorías que en muchos casos siguen desfasadas respecto del país real.

Porque si bien el lugar común de la reflexión tuvo como epicentro la premisa unánime de que se estaba asistiendo a un fenómeno que enfrentaba a la élite con el pueblo (aunque la palabra pueblo no fue usada sino a través de eufemismos), lo cierto es que el lunes 26 de octubre ya no amanecimos con un país polarizado, como majaderamente se insistía, sino más bien con la evidencia de que un modelo de sociedad determinado le había sido impuesto a todo un país por una minoría que, por cierto, ostentaba un gran sentido de clase.

La pregunta es cómo se produjo esa grieta o desprendimiento del tejido social y cultural, y de qué manera es posible reparar dicha falla, digamos telúrica, para usar una metáfora ad hoc con el país, sin que devenga en sismos de magnitud considerables.

Sin duda, hay muchas explicaciones que clarifican este escenario, aunque de manera reiterada ellas provengan de la misma élite y desde sus medios masivos que controlan sin contrapeso, léase diarios, canales de televisión y radios, a través de los mismos columnistas, similares invitados y pautas periodísticas.

La ausencia de diversidad de rostros, argumentos, colegios y barrios en los debates de los medios sigue siendo escandalosa.

Ello explica también el resultado de un estudio, “Percepciones sobre desigualdad en la élite chilena”, elaborado por Unholster, el Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad de la Universidad de los Andes y el Círculo de Directores, que entre sus conclusiones señala que la élite chilena tiene una visión “idealizada” de la realidad de las personas que viven en las comunas de nivel socioeconómico medio y bajo, “siendo la clase media más pobre y frágil de lo que los encuestados perciben”. O bien, que la élite parece desconocer la verdadera magnitud de cómo la sociedad chilena está cambiando, “pues se subestima la diversidad social y de género que hoy se da en los cargos de alta dirección en las principales empresas de Chile”.

El problema no es sólo que en la burbuja se encuentren los mismos de siempre. Otro factor gravitante es la hegemonía de los grandes empresarios en el control de los medios de comunicación y, por tanto, en la incidencia y contenidos del debate público.

El malestar de la ciudadanía hacia las coberturas informativas de los grandes medios, especialmente ante las movilizaciones sociales, ha sido elocuente. No es un secreto la credibilidad y prestigio del que gozan los medios independientes, comunitarios, o periodistas de investigación que a través de las redes informan en momentos en que la opacidad mediática ha sido evidente, como ocurrió en pleno peak de la pandemia. La frase de que “periodismo es todo aquello que el poder quiere ocultar; el resto es relaciones públicas”, en el Chile actual cobra relevancia dramática.

Basta leer ahora el reportaje publicado el 29 de octubre último por el sitio “La voz de los que sobran”, donde el periodista Luis Tabilo denunciaba las reuniones secretas del presidente de la República y sus ministros con altos ejecutivos y rostros de televisión en medio del estallido de octubre de 2019. El medio online consignaba una declaración del presidente de la Federación de Trabajadores de Televisión (Fetra TV), Iván Mezzano, firmada el viernes 25 de octubre de 2019 y presentada ante la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), sobre la cita ocurrida el sábado 19 de octubre: “Nos permitimos denunciar una práctica inconstitucional y antidemocrática por parte del Gobierno y su ministro del Interior, el que ha citado en el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir la información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueve al país”.

Sin duda, la libertad de expresión y la diversidad de medios de comunicación que contengan discursos y miradas plurales son esenciales para medir la fortaleza de una democracia. También para instalar conversaciones que efectivamente enriquezcan y densifiquen el espacio donde se produce el diálogo ciudadano.

De todo esto adolece el Chile de las últimas décadas y así lo han señalado diversos informes internacionales, como el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2015, que señalaba que, en Chile, “la concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la democracia y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH”. Desde su primer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Interamericana señalaba que se encuentra prohibida la existencia de todo monopolio en la propiedad o administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y reconoció que “los Estados deben intervenir activamente para evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación”.

En ese contexto, y cuando en el país se debate el Chile del futuro al que aspiran las grandes mayorías, en medio de este debate constituyente, resulta fundamental recordar que mientras los tratados de derechos humanos exigen que los Estados adopten medidas para prohibir restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión, la Constitución de 1980 sólo prohíbe el establecimiento de monopolios estatales de los medios de comunicación, y no se refiere a los privados.

Corregir esta distorsión, que atenta contra el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, representa todo un desafío y una gran oportunidad no sólo para que nuestras élites conozcan el país profundo o para que los gobiernos de turno no intenten coartar la libertad de expresión. También implica que cuando se diseñen políticas públicas, los ministros de turno no se sorprendan cuando ellas fracasen al estrellarse con el Chile real.

Hitos y etapas en nuestra historia reciente

Por Ennio Vivaldi

A veces, el devenir histórico obliga a resignificar hechos y fechas. Es lo que parece ocurrir hoy con la percepción que tenemos del 5 de octubre de 1988. Nos preguntamos si acaso esa fue, efectivamente, la fecha de cierre de una etapa y comienzo de otra, o si bien no fue más que un punto de inflexión al interior de un mismo período de nuestra historia que se inició el 11 de septiembre de 1973 y cuya verdadera fecha de cierre podría ser el 25 de octubre de 2020.

No se trata de dejar más alta o más baja aquella muralla que representa, por simbolizar un límite que marca un antes y un después, la decisión de 1988 de no prolongar la condición de Jefe de Gobierno de la figura más representativa del golpe de Estado. Sin duda, fueron importantísimas las implicancias de ese plebiscito en términos de derechos humanos y vida cotidiana. Pero lo que se había instaurado en el país en 1973 era un modelo de sociedad y un nuevo conjunto de valores y principios orientadores. Por diversas razones, ese modelo fue en gran medida conservado tras el plebiscito de 1988. Más aún, había muchos convencidos de que nos encontrábamos en un nuevo momento de la historia de la humanidad; para los más entusiastas, el punto cúlmine de esa historia. Cabía opinar si ese modelo, consistente con esta nueva época, era deseable, pero sin duda era inevitable.

Esa resignación fue lo que cambió, en el mundo y en Chile. La pandemia hizo aún más evidente la necesidad de abordar los problemas con mirada transdisciplinar y disposición colaborativa. Aquí, con el estallido social que habría de terminar provocando el plebiscito, surge la determinación de no seguir tolerando un sistema que no permitía expresar, menos encauzar, el descontento. Esto se reforzaría luego, con la pandemia, cuando se hacen demasiado evidentes las consecuencias de una prolongada falta de visión sistémica en salud, educación, vivienda o pensiones.

Las preguntas de ambos plebiscitos son drásticamente distintas. Una refiere a la persona que ha de tomar la conducción de un proceso político y social. La otra, al sentido de ese proceso. Resulta especialmente significativo que fueran los más jóvenes quienes iniciaran el estallido que habría de terminar cuestionando la Constitución. No quieren que sus vidas se desarrollen en una sociedad fundamentada en valores extremadamente individualistas y egoístas. Hay una búsqueda de una nueva ética que abra espacio a la cohesión social para que, revirtiendo la primacía de intereses circunscritos, comencemos a recuperar un sentido de bien común.

Por eso resulta tan significativo que las manifestaciones hayan provenido, en primer lugar, de estudiantes de aquellos liceos donde tradicionalmente todos los jóvenes chilenos podían obtener una educación de alta calidad. El desmantelamiento de la educación pública fue una factor clave en la pérdida de cohesión social. Destaquemos a este respecto los esfuerzos recientes de nuestra Universidad, junto con la Municipalidad de Santiago, por realizar un trabajo conjunto con el Instituto Nacional.

No es cierto, como a veces se ha sugerido, que los estudiantes secundarios y universitarios desafectados pidan mejores condiciones dentro de la lógica del sistema, tales como atenuar el endeudamiento o reducir aranceles. Por el contrario, esos jóvenes denuncian la ausencia de futuro, de valores. Está en juego la relevancia de las ciencias, tecnologías, artes y humanidades y el diseño de una nueva matriz productiva para Chile, con nuevas categorías de empleo y nueva inserción en el mundo en estos tiempos globalizados.

Y en todo esto, la Constitución es la clave. Resulta ilustrativo que en la actual propuesta presupuestaria de Educación Superior se resten fondos a las universidades tradicionales para transferírselos a las privadas que no pertenecen al CRUCH, argumentando que ello es consecuencia de la política de gratuidad. Pues bien, la forma como en definitiva quedó esa política no fue decisión ni del Gobierno ni del Congreso anterior, ni tampoco de los rectores de la época, sino que la última palabra fue del Tribunal Constitucional, al establecer que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales”. Cada cual puede juzgar si, en esta moneda de dos caras, se está favoreciendo a “los estudiantes vulnerables” o a “determinadas universidades”.

Cuando el 25 de octubre se acuerda cambiar la Constitución, se está pidiendo construir un nuevo modelo de sociedad. Lo hace una ciudadanía descontenta, que quiere hablar, ser escuchada y participar efectivamente en la construcción de una  comunidad basada en otros valores.

Mohamed Bouaziz, Sergio Bordillo y Daniel Blake: narrativas sobre humillados

Por Faride Zerán

Usted seguramente no sabe quién fue Mohamed Bouaziz; quizás tampoco le suena el nombre de Sergio Bordillo, aunque de pronto, si es cinéfilo, se puede acordar del personaje de la película Yo, Daniel Blake, del cineasta Ken Loach, que obtuvo en Cannes la Palma de Oro hace cuatro años. La línea que une a los tres hombres, el primero, tunecino; el segundo, un ciudadano chileno; y el último, un carpintero británico enfermo y pobre en la ficción de Loach, es la humillación. Un sentimiento que aflora cuando quienes deben responder por sus derechos y bienestar, por acción u omisión disocian la palabra dignidad de aquella que define a la pobreza. Mohamed Bouaziz fue un joven vendedor ambulante tunecino, quien, a los 26 años, cuando funcionarios municipales le confiscaron su carro de frutas y en protesta por el abuso y la humillación de ese acto que le impedía ganarse la vida, decidió inmolarse el 17 de diciembre de 2010. Su muerte desató una ola de protestas que dio origen a la Primavera Árabe, protagonizada principalmente por jóvenes pobres y desempleados que salieron a las calles en Túnez, Egipto y otros países de la región.

Daniel Blake es el carpintero de 59 años que, luego de un infarto y de la recomendación de su doctora de dejar de trabajar por un tiempo, asume que sólo puede sobrevivir si obtiene la ayuda del Estado, una ayuda que se escurre cada vez más en medio de una burocracia que lo humilla en las largas esperas, en los extensos interrogatorios kafkianos o en papeleos que debe llenar solo a través de una computadora que no maneja. Finalmente, esa despiadada burocracia lo lleva a rebelarse y a maldecir las políticas de Thatcher en el sistema de seguridad social británico, cuyos efectos devastadores finalmente le provocan la muerte.

De Sergio Bordillo, pese a que es chileno, que vive en Colina y que lo vimos en los noticieros de televisión hace sólo unas semanas, conocemos menos. Sabemos, por ejemplo, que es un buen padre y abuelo, porque pese a la cuarentena que le impedía desplazarse, consiguió un permiso para hacer una larga fila ante el Registro Civil de Colina para activar la clave única de su hija, requisito fundamental para poder acceder a la ayuda estatal.

Pero este vecino no era el único que estaba tras ese trámite. Decenas de hombres y mujeres hacían largas filas esa mañana fría y lluviosa de invierno y pandemia. La situación, luego de más de cuatro meses de encierro obligado, de pérdida de empleos, de ausencia de políticas de ayuda oportuna a millones de ciudadanos, tornaba insostenible cualquier espera.

Por ello, la escena protagonizada por Sergio Bordillo no sólo era desesperada, sino que contenía toda la angustia que encerraba el lugar. Se puso de rodillas y, a viva voz, con las manos en alto, le rogó a la funcionaria que pasaba por su lado que por favor lo atendieran porque en su familia estaban todos cesantes y esa clave única le abría las puertas a una ayuda que resultaba vital.

La humillación de este vecino de Colina, quien expuso su drama ante todo el país, era similar a la que seguramente sintieron muchos hombres y mujeres que abrían las puertas de sus casas para recibir las cajas de alimentos básicos que entregaba el gobierno, pero a quienes nadie les había advertido que junto a las cajas esperaba más de alguna autoridad de turno, con cámaras y flashes, transformando un derecho, una ayuda estatal para las personas que en momentos de catástrofes requieren apoyo para sobrevivir, en un gesto de limosna ejecutado arbitraria y mediáticamente por quienes detentan el poder.

Quizás advirtiendo esta realidad, cientos de mujeres han asumido en sus barrios y poblaciones que las ollas comunes no sólo son una repuesta ante la necesidad y pobreza frente a la crisis sanitaria, social y económica que vive actualmente el país, sino que además son una expresión de organización, solidaridad y resistencia.

Muchas de ellas poseen una memoria social frente a contextos adversos, como los de inicios de la década de los años 80, cuando en plena dictadura la miseria y el desamparo golpeaban los hogares de los más pobres con empleos precarios ofrecidos en programas estatales como el PEM y POJH, creados por el régimen para mitigar la miseria.

Con un desempleo del 23% en 1982 y de 31,3% en 1983, ese año sería clave en tanto marcaba la primera protesta nacional contra el régimen y su modelo.

De las ollas comunes de ese tiempo a las que surgen hoy en distintos sectores de Santiago y del país hay casi cuatro décadas de distancia. En ellas se ha ido consolidando no sólo un modelo de desarrollo y una forma de crecimiento, sino también una manera de mirar, de analizar, de sentir el devenir de un país, en un consenso que ha sido compartido transversalmente por décadas.

Ese acuerdo sobre el modelo económico que va más allá de las sensibilidades políticas, porque cruza a toda la élite, de gobierno y de oposición, hoy nuevamente ha sido puesto en jaque. Porque ante la magnitud de la crisis, ahora está siendo confrontado por una opinión pública que en más de 80% está dispuesta a sacar el 10% de sus ahorros previsionales para sobrevivir en un momento en que las ayudas estatales resultan escasas o tardías ante la profundidad de la catástrofe.

Es decir, una mayoría de chilenos y chilenas que no son parte de ese acuerdo, porque nunca fueron consultados, están interpelando a esa élite que se niega a escuchar.

Esto es tan grave como las vidas, demasiadas vidas, que ha cobrado la pandemia. Porque no sólo corrobora la disociación de esa élite que define los destinos del país sin escucharlo, sino que reitera lo que el vecino de Colina pensó cuando se arrodilló frente a una representante del Estado –que debe protegerlo– clamando por un número de atención o lo que las mujeres que están tras las ollas comunes intuyen desde hace décadas.

Porque sin preguntarse y sin manifestar interés en la legitimidad política y social de sus decisiones, esa élite pareciera no estar dispuesta al cambio. Entonces, la promesa de un pacto social es sólo promesa, y no basta con historias como la de Daniel Blake, en la ficción de Loach, o la de Mohamed Bouaziz, cuya inmolación dio origen a la revuelta árabe.

Pese al horror del presente de pandemia y su secuela de vidas destrozadas y de muertes, instalar la mirada en octubre con su promesa de plebiscito y de debate constituyente adquiere una urgencia política e institucional dramática. Porque, como dice Neruda, aunque muchos esperen cortar todas las flores, no podrán detener la primavera.

Después de tanto tiempo, conversemos

Por Ennio Vivaldi

Hay conversaciones que, tras largo tiempo sin ser asumidas, se hacen de repente ineludibles. Esto suele ocurrir por acontecimientos que impiden seguir pretendiendo que está todo bien y que no necesitamos reflexionar acerca de ciertas condiciones

de existencia. En ese momento, la presunción tácita de normalidad se desvanece y hay que conversar. Esto nos ocurrió en Chile con un estallido social de convocatoria sorprendentemente amplia, y ahora, con la pandemia, pareciera que estamos tomando conciencia no sólo de nuestros problemas, sino también de los condicionantes que jugarán un rol clave en su solución. El problema evidenciado por el estallido tiene que ver con un inédito modelo de sociedad que nos fue impuesto y que, habiéndose reiteradamente tomado nota de sus falencias, pareciera haber sido imposible de reparar. El asunto de base está en que el modelo se diseñó desde la plataforma inexorable de un régimen dictatorial y se hizo en un modo cuasi axiomático. A partir de verdades asumidas como incuestionables, entre las que destacaban la primacía de lo privado sobre lo público, la ineficiencia del Estado y la motivación principal en la conducta humana del egoísmo y el lucro, se definieron estructuralmente los sistemas de educación, pensiones y salud, entre tantos. Poca o ninguna atención se prestó a los saberes disciplinares, a la opinión experta y a la historia de las instituciones. Ejemplo palmario es la redefinición operacional de lo que es una universidad como un lugar en el que se paga por obtener un título que después reembolsará dividendos. Otro ejemplo, que hoy nos cuesta caro, es el desinterés por la atención primaria en salud y por la salud mental de la población. Nótese, además, que los mencionados axiomas se presentaban como determinados por nuestra naturaleza humana, un antiguo juego de prestidigitación que enfatiza ejemplos de conductas que buscan la supervivencia individual e ignora las que promueven valores solidarios y altruistas.

La pandemia, por su parte, nos viene enseñando que los seres humanos necesitamos ser solidarios y sobreponer el interés colectivo al individual.

También nos ha mostrado que no nos sirven las miradas reduccionistas ni menos las que no quieren ver las interacciones factoriales. La pandemia se nos presenta en un nivel de complejidad donde lo sanitario y lo económico están recíprocamente relacionados, donde lo que le ocurre a algunos segmentos sociales necesariamente repercute en el todo. Pero de esto ya deberíamos haber estado más que advertidos, pues una visión transdisciplinar y sistémica ya se nos había mostrado como metodológicamente obligatoria ante problemas de la magnitud de, por ejemplo, el cambio climático y la preservación del medioambiente. 

Conversar acerca de cambios importantes en los valores y estructuras sociales podría habernos parecido un ejercicio inútil, ya fuera porque se pensara que los cambios no eran necesarios o porque no eran posibles. Hasta hace poco, se hubiera dicho que lo que la gente opinara sobre las cuestiones de fondo, si es que lo hacía, no importaba mucho. Hoy, recabar esas opiniones es absolutamente fundamental para poder restablecer un clima de convivencia, de intercambio de ideas, de reflexiones tranquilas que primen sobre la impulsividad y la rabia. Un muy buen ejemplo de esfuerzo en tal sentido lo constituye la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile”, en la que las universidades trabajan colaborativamente al servicio del país para potenciar el diálogo, el pluralismo y la cohesión social. En este espacio, donde las personas pueden plantear sus inquietudes, necesidades e ideas a partir de discusiones ciudadanas, se elaborarán insumos que contribuirán a la creación de políticas públicas. En esta instancia será muy relevante la participación de personas de todas las regiones para pensar el ámbito local y el del país en el que quieren vivir. Es obvia la importancia que una labor de este tipo representa para el futuro debate constitucional. Otra iniciativa que nos compromete es el proyecto de generar una Propuesta de Acuerdo Social que busque la recuperación del concepto de lo público, un tema central para nuestra Universidad. Necesitamos establecer principios para la construcción de un nuevo Estado; volver a darle un soporte estructural a un concepto tan fundamental en nuestra historia y misión como es el de bien común; y lograr un acuerdo entre los ámbitos público y privado para la superación de la actual crisis. Este es un momento único para la solidaridad, la inteligencia y la responsabilidad.