A 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH: hechos que alarman

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enmarca en un contexto regional e internacional preocupantes. Por una parte, la crisis migratoria en el mundo y que apunta a cerca de 250 millones de personas que han debido abandonar sus países de origen y que en América Latina tiene como correlato la caravana de más de cinco mil centroamericanos intentando llegar a EEUU. Por otra, el creciente fenómeno inaugurado por Trump de hacer de lo “políticamente incorrecto” una política que, tras la premisa de “América Primero”, arrasa con principios y derechos básicos sobre los cuales hasta ahora existía consenso.

En ese marco y horas antes de esta conmemoración, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunciaba que Chile no suscribía el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que fomenta Naciones Unidas, sumándose a EE.UU. e Israel, en oposición a otros 180 países que lo apoyan con el objeto de garantizar procesos migratorios más seguros y dignos.

La decisión, que sin duda implica un retroceso de Chile en materia de respeto a los derechos humanos, y que cuestiona artículo 13 de la Declaración Universal que señala el derecho a migrar, se instalaba en medio de las críticas por la política gubernamental de establecer “los vuelos humanitarios” de migrantes, principalmente haitianos, hacia sus países de origen con la prohibición de regresar a Chile en un plazo de nueve años, y en medio de cifras y episodios de racismo y discriminación en contra de migrantes haitianos.

Pero lo que sin duda marcaba no sólo un cuadro complejo sino un cambio en la agenda política del país fue el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de agentes del Estado chileno.

Este último hecho generó no sólo un repudio transversal sino que reiteró las condenas a la militarización de La Araucanía y la presencia de fuerzas especiales, algunas de ellas entrenadas fuera del país. Como lo expresaran en una declaración las Cátedras de Derechos Humanos, de Racismo y Migraciones Contemporáneas, y la Cátedra Indígena, todas de la Universidad de Chile, en relación al asesinato del joven comunero: “sin prejuicio de las eventuales responsabilidades penales y/o administrativas que surjan como consecuencia de este caso, también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche. Este es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche”.

En este escenario, centrar el tema mapuche en un debate que gira en torno al orden público y no en un diálogo político que incorpore sus demandas históricas, seguirá generando violencias. Como lo expresa el intelectual y poeta Elicura Chihuailaf, hace falta sentarse a conversar, porque parafraseando al senador Huenchumilla, “los problemas políticos no se entregan a la policía para que los resuelva”.

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en un momento donde tanto en Chile como en el continente proliferan episodios que resultan alarmantes. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, la Declaración fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, estableciendo por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Sin embargo, se trata de un texto que si bien ha sido traducido a más de 500 idiomas, muchos países, entre ellos el nuestro, lo desconocen con alarmante frecuencia.

Periodismo, tolerancia y libertad de expresión

Por Paula Molina

Los límites de lo “políticamente correcto” en muchos casos representan una salvaguarda mínima para grupos que se han visto tradicionalmente afectados por la libre expresión de prejuicios de todo tipo: de género, de raza, económicos, sociales.

Homosexuales, transexuales, lesbianas, mujeres en general, judíos, “pobres”, negros, inmigrantes: los prejuicios van usualmente contra los mismos grupos y sus efectos van más allá de las palabras, tienen efectos reales en la vida de la comunidad que formamos todos.

Hay quienes ven en esas restricciones -que en algunos países, como Chile, son muy moderadas y recientes- una restricción a la libertad de expresión. Una barrera que impide la representación imparcial, exhaustiva de la diversidad de opiniones que se manifiestan en una sociedad.

Sabemos que países como Alemania se dan a sí mismos mandatos éticos más densos y admiten restringir la libertad de expresión para proteger un bien mayor, el bienestar de la comunidad, asumiendo que los discursos de intolerancia y odio causan daño y tienen efectos políticos, sociales, reales.

Estados Unidos defiende en general un sistema donde la libertad se erige como el derecho más robusto. La libertad de expresión puede cubrir incluso el derecho a realizar una marcha neonazi en un barrio de sobrevivientes de la persecución bajo Hitler –así ocurrió en un dictamen judicial.

¿Es posible demandar y defender el derecho a la libertad de expresión y al mismo tiempo restringir o ignorar la manifestación de ideas que promueven prejuicios de género, religiosos, raciales, ideológicos?

¿Es sensato expresar las ideas de grupos que, en última instancia, quisieran restringir para algunos la misma libertad de expresión -y otras libertades- que reclaman para sí mismos?

El dilema no tiene respuesta, más bien nos exige tomar decisiones. Y en esas decisiones, a veces diarias, el periodismo está en la primera línea de fuego.

¿Existe temor en ciertos sectores de la población chilena a perder cupos, empleos, espacios o “identidad” ante la inmigración? La popularidad del discurso anti inmigrantes así lo indica.

¿Existe inquietud ante las conquistas de grupos que buscan el reconocimiento de la diversidad sexual, de género, en la sociedad chilena? Las demoras en la aprobación legislativa de todas las leyes relacionadas así lo manifiestan.

Son temas en la agenda. Y el periodismo, que la mayor parte del tiempo vive atrapado en la urgencia de sus decisiones diarias, debe definirse ante ellos a veces, minuto a minuto. Y en esas decisiones urgentes, muchas veces triunfa la opción más sencilla. La más simple de todas: ser el altavoz, voluntario o involuntario, de esos y otros temores, y de quienes los explotan por beneficios, por ejemplo, políticos.

El miedo es audiencia segura. Las emociones fuertes –como las que articulan los heraldos del racismo o la xenofobia- llevan la promesa de la atención pública, uno de los bienes más escasos y preciados hoy en los medios de comunicación (y no sólo en ellos). La polémica es tráfico digital y rating fácil y sus beneficios son mucho más claros, inmediatos y evidentes que sus costos en prestigio y reputación.

A la tentación del tráfico se suma la del desafío: el periodismo llama a quienes disfrutan los debates. El duelo (que imaginamos) intelectual, se presenta como oportunidad valiosa. Nos entusiasmamos ante lo que imaginamos será una intensa, pero sana discusión de ideas.

Muchas veces no lo es.

Se emplaza desde los argumentos a quienes responden con pasiones y creencias. El/la entrevistado/a responde “desde dentro”, las preguntas, en cambio, se hacen “desde fuera”. No importa quién haga la entrevista: los Trump, los Bolsonaro en cualquier lado siempre serán más fáciles de entender y sonarán más honestos. Precisamente porque hablan sólo y únicamente desde lo que sienten y creen.

Pero hay alternativas a ser, voluntaria o involuntariamente, el altavoz de la intolerancia.

La o el periodista, a quien ya se le negó el privilegio (siempre dudoso) de ser “objetivo”, sí conserva la indiscutible capacidad de expresar las distintas posiciones en la sociedad en forma informada, precisa y justa. Y es en el despliegue de esa capacidad -en la búsqueda de información, la pesquisa de datosdonde mejor puede expresar la diversidad de ideas.

Ante los temores (a la migración, la diversidad, la globalización, los otros, etc.) se impone la tarea de entrevistar e informar desde el reporteo: ¿podemos identificar el origen de estos miedos? ¿En qué datos se sustentan esas inquietudes? ¿Qué información –económica, científica, histórica- podemos buscar, analizar y publicar para responder a esas inquietudes? ¿Podemos identificar qué sectores se ven beneficiados con esa sensación? ¿Quiénes los explotan?

El periodismo siempre opina en alguna medida. Incluso cuando se limita a describir los hechos, el trabajo de edición y selección de información expresa una opción por cierta representación de la realidad. Esa representación debe incluir todas nuestras pulsiones, las democráticas y las autoritarias, las tolerantes y las intolerantes, aquellas que sólo expresan prejuicios y aquellas ideas bien fundadas.

Pero dar cuenta de esa riqueza –y pobreza- no implica tratarlas a todas con una misma vara. Por el contrario, es expresarlas cada una en su mérito. La opinión que desafía a los datos, la ciencia, el análisis, es creencia. Y podemos creer distintas cosas sobre la realidad. Pero no podemos presentar la realidad como mera creencia.

Creo en restringir las expresiones de odio. El periodismo, que siempre emplaza, no puede ser mera propaganda de ningún discurso, tampoco de aquellos que dañan la convivencia común.

Pero creo más en la fuerza de la información. En iluminar los sombríos pliegues del miedo. En exponer y desafiar ante la opinión pública nuestras luces y nuestras sombras.

Lo otro es permitir que nuestras peores pulsiones crezcan en la oscuridad, sin contrastes, sin emplazamientos, sin cuestionamientos. Y que asomen su fea cara cuando ya sean demasiado fuertes para desenmascararlas.

Porfiada memoria

Por Marcia Soantkebury | Fotografías: Alejandra Fuenzalida

La negación y el borramiento fueron la política de la dictadura desde que bombardeó La Moneda. Al reconstruir el edificio, suprimió la entrada de la calle Morandé: si no había puerta, nadie había salido por ella y, por lo tanto, los que atravesaron ese umbral detenidos o muertos jamás existieron. Al suprimir la dirección del centro de detención y tortura ubicado en la calle Londres: si se sustituía el número 38 por otro desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Al promover la recuperación del espíritu “deportivo” del Estadio Nacional, porque el fútbol contribuiría a evaporar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el caso de los detenidos desaparecidos: al no existir el cuerpo, no quedaba constancia de su existencia ni las huellas del crimen.

Mientras gobernaba el general Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, privados de libertad, exiliados, exonerados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. Durante la transición, los gobiernos democráticos materializaron sus políticas de derechos humanos en las comisiones de verdad (1990- 2005) y estas identificaron a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesinados en forma sumaria. Individualizaron a 28.459 torturados y detectaron 1.132 recintos de detención y tortura, varios de los cuales eran desconocidos hasta entonces.

Además de negar estos crímenes, a los afectados por ellos los agentes del Estado les negaron derechos, identidad y hasta su calidad de seres humanos. También los privaron de su nacionalidad y desconocieron su existencia legal. Por eso, los años que siguieron al golpe de Estado estuvieron marcados por una lucha sorda o abierta por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria.

Especialistas en estos temas establecen que el proceso de sanación de quienes han sufrido atropellos a su integridad y derechos requiere del reconocimiento social de lo sucedido. De allí que el propósito de las medidas de reparación formuladas por los gobiernos de la Concertación apuntó a revertir esta situación reforzando el protagonismo y la dignidad de las víctimas e involucrando a la ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia.

Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar en el poder, con el propósito de recordar a sus familiares desaparecidos, organismos de derechos humanos y grupos de sobrevivientes de los centros de detención comenzaron a instalar cruces, placas alusivas o memoriales a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y, desde entonces, estos se transformaron en espacios de reparación y encuentro que nos hablan de un pacto para no olvidar.

“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en diciembre del 2008 la presidenta Michelle Bachelet al poner la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella estaba convencida de la importancia de este proyecto y lo llevó adelante contra viento y marea. Estimaba que contribuiría a transparentar las situaciones dolorosas vividas por nuestro país, a reflexionar sobre ellas y que contribuiría a que estas no se repitiesen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras suele desatar apasionadas polémicas en torno a las distintas interpretaciones de lo sucedido y la memoria se constituye en territorio de disputa cultural y política. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, la exmandataria consideró que la imposibilidad de establecer una mirada única no podía ser el pretexto para dar la espalda a lo ocurrido.

La construcción del museo, cuya muestra estable abarca entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la sociedad chilena aún marcada por el discurso  único heredado del régimen militar y por la negación de la evidencia. Sus contenidos visibilizaron lo que durante muchos años había permanecido oculto.

Hoy, por los pasillos de este edificio transparente ubicado frente a la Quinta Normal, circulan cientos de visitantes, fundamentalmente jóvenes: más del 50 por ciento de nuestra población no había nacido cuando sucedieron los hechos que se presentan en el museo. Se detienen para revisar fotografías y leer los recortes de prensa, observan las artesanías carcelarias y se conmueven frente a las pantallas con los testimonios de los presos políticos.

Al recorrer los sitios de memoria -espacios físicos donde ocurrieron los acontecimientos y prácticas represivas del pasado reciente- como Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de transmisión es enorme y el visitante se enfrenta y emociona ante la presencia inmanente del pasado.

Sin embargo, en un museo como este, fue necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué se quiere representar? ¿Con qué objetivo? ¿De qué manera? La opción fue entregar al visitante el máximo de elementos –cartas, fotos, recortes, videos, grabaciones y documentos- que le permitiesen reflexionar, sacar sus propias conclusiones y quizás, ¿por qué no decirlo?, salir del edificio con más preguntas que respuestas.

Tarea difícil de abordar fue definir cómo se presentarían la represión y los horrores del terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar la “pedagogía de la consternación”, predominante hasta los años ‘90, y que con su recreación morbosa del horror fuese contraproducente, generando distancia y dejando fuera a un visitante anonadado y sin palabras. Se recurrió a representaciones abiertas que combinan información desprovista de retórica con elementos de fuerte simbolismo, destinados a estimular la reflexión.

Testimonios, relatos, voces, paneles y maquetas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha de los prisioneros, sus historias de vida, cartas, poemas, formas de resistir, esperanzas, miedos y gestos solidarios. No hay recreaciones y, con excepción de un catre de tortura, todos los objetos de la muestra son originales.

Se optó también por plantear desde un lenguaje simbólico y poderoso, múltiples preguntas e interpretaciones de los hechos que se rememoran. Expresiones mixtas que incluyen relatos y representaciones convencionales y audiovisuales en pantallas y formatos diseñados especialmente para llegar a los jóvenes. Porque la idea es que el museo opere como un puente entre el pasado y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias individuales para educar y construir futuro.

Implementar una política de memoria es complementario a las acciones de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación individual de las víctimas. Y, a diferencia de la justicia de la historia que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada.

El Museo de la Memoria busca transformar la historia en memoria en función de un proyecto destinado a abrir un camino para avanzar y que nos ofrezca un sentido de identidad y destino. Destino que convoca a cada ciudadano de nuestro país a reconocerse como parte de la tragedia ocurrida, idea que está expresada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada en una cripta que dialoga con el edificio, ésta se inspira en el concepto “todos hemos perdido algo”, e incluye imágenes de detenidos desaparecidos y de personas aparentemente no involucradas en lo ocurrido.

Cada cierto tiempo, en torno al museo se abren debates sobre el contexto o el periodo que abarca la muestra. Involucran a una sociedad aún dividida frente a lo sucedido en un pasado reciente y nos remiten a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra un sector de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otro tiempo donde primaban el miedo o la indiferencia, en estos días sus detractores han tenido que enfrentar la protesta de miles de ciudadanos que valoran este espacio de resistencia frente al olvido.

Universidad pública y democracia

En torno al 18 de septiembre ocurren otras efemérides significativas: la de las elecciones que llevaron a la Presidencia de la República, entre otros, a Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri; la del golpe de Estado que marcaría el inicio de una prolongada dictadura y la del plebiscito en que triunfaría la opción de llamar a elecciones presidenciales en vez de continuar siendo gobernados por Augusto Pinochet. Así, la celebración de nuestra condición de país soberano se rodea de evocaciones profundas acerca de la historia de nuestra democracia. Son distintos momentos para evocar, a veces con alegría, otras con dolor, cómo se construye, cómo se pierde y cómo se intenta recuperar una vida en democracia.

Muchos componentes esenciales de una sociedad democrática están ciertamente ligados a factores educacionales y culturales que condicionan a sus integrantes. Sin embargo, sería infundado, además de ingenuo, afirmar que la educación es un antídoto contra las dictaduras. Baste recordar a países que disfrutaban de un muy alto nivel intelectual al momento de caer en regímenes dictatoriales. Pero, si no condición suficiente, la educación al menos sí parece ser condición necesaria para la democracia.

Específicamente en el caso de la educación pública, uno de sus principales valores debe ser, precisamente, contribuir a la formación de ciudadanos responsables en un ámbito de respeto a la diversidad de los seres humanos y de contribución a la cohesión de la sociedad en torno a ideales comunes.

No es de extrañar que en la sucesión de las diversas etapas que configuran la historia de nuestro país en el último siglo, existiera, primero, una correlación evidente entre el fortalecimiento de la educación pública y el de la democracia; en seguida, a partir del golpe de Estado se observa un esfuerzo por anular a una y a otra. Y, más recientemente, hemos visto coexistir llamativas limitaciones e inesperados problemas al intentar restablecer la vida democrática con un cierto desentendimiento para con la responsabilidad de reconstruir la educación pública.

La educación pública pretende formar ciudadanos responsables y autónomos, dos valores difícilmente apreciados por las dictaduras. Estas prefieren inducir una suerte de regresión infantil que haga más tolerable a los adultos el acatar órdenes y el ser marginados de la toma de decisiones. Si la Revolución Francesa vio en la educación pública el medio para transformar a súbditos en ciudadanos, su debilitamiento debería facilitar el proceso inverso. Por otra parte, una convivencia social armónica debería complementarse bien con un tipo de educación, como es la educación pública, que fomente la interacción entre personas diversas en múltiples dimensiones, tales como las relativas a política, religión, etnia, ingresos económicos o cultura.

La celebración de nuestro retorno a la democracia por el plebiscito del 5 de octubre de 1989 y la reflexión que conlleva debería también reflejarse en cómo habremos de seguir conversando de aquí en adelante acerca de la universidad pública. Necesitamos ir más allá del reciente debate sobre educación superior, muchas veces excesivamente limitado a la inmediatez pecuniaria tanto institucional, el financiamiento de las universidades, como individual, la motivación que impulsaría a un joven a cursar una carrera.

La universidad pública precisamente debe destacar por su compromiso definitorio con aspectos esenciales para la comprensión y defensa de la vida democrática. Debe promover el pluralismo en su vida interna y en sus medios de comunicación. Debe no sólo mencionar, sino hacer evidente el concepto de bien común, la idea que una universidad pública nacional o regional vela por el progreso del conjunto de la comunidad a la cual se debe, más allá de intereses de grupos. Debe comprometerse con el progreso del país, desde lo humanista y social hasta lo científico y tecnológico.}

Y la democracia debe cuidarse a sí misma cuidando a sus universidades públicas. Somos espacios de intercambio de ideas a través de nuestro quehacer cotidiano y a través de nuestros medios de extensión. El Estado debe sentir a sus universidades como un aliado para sus objetivos trascendentes, muy especialmente el robustecimiento, la profundización y la ampliación del ámbito de la democracia.

El caso Rebolledo

Nada se ve sólido en este último trimestre del año, ni el inicio de la primavera, ni el ejercicio de la justicia en temas de derechos humanos, y menos el periodismo de investigación, léase libertad de expresión. El caso del autor de la trilogía de los cuervos, el periodista Javier Rebolledo, quien hace menos de un año publicó Camaleón. Doble vida de un agente comunista, es un alarmante ejemplo y no precisamente de primaveras inestables. Una querella en su contra por injurias interpuesta por la hija del ex agente de la DINA, Raúl Quintana Salazar, que actualmente cumple condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, fue primero rechazada por el Octavo Juzgado de Garantía, pero luego acogida por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El libro Camaleón es una apasionante crónica escrita con las herramientas del periodismo narrativo junto a una acuciosa y amplia investigación sobre la doble vida de un controvertido personaje de filiación comunista, Mariano Jara Leopold, infiltrado no sólo en las más altas esferas de la dictadura sino en lo más profundo de la noche santiaguina, donde agentes de la Dina, hípicos, empresarios y reconocidas artistas del cabaret se tomaban la sórdida vida nocturna de un país con toque de queda y licencia para matar.

En la página 20 de este libro el autor escribe refiriéndose a un pariente político, Raúl Quintana Salazar, vinculado con su protagonista: “Contaba con una destacada carrera dentro del Ejército que lo coronó como teniente coronel. En sus inicios estuvo a cargo del campo de prisioneros en Tejas Verdes. Los detenidos lo recordaban como un tipo durísimo, bruto, insensible y anticomunista. Según el testimonio judicial de un ex agente del regimiento, lo vio introducir una zanahoria en la vagina de una mujer extranjera, mientras se encontraba desnuda y vendada sobre una “parrilla”.Nelsa Gadea Gadán, uruguaya, desaparecida de Tejas Verdes. A esas alturas, Raúl Quintana tenía una condena en segunda instancia por su responsabilidad en la desaparición de seis personas y las torturas a veintitrés más. Al 2013 todavía andaba, como muchos de los victimarios, libre en espera de una sentencia definitiva”.

El párrafo anterior podría ser omitido si nos referimos sólo al ejercicio del periodismo y el atentado a la libertad de expresión que significa acoger esta querella. Como lo señaló el programa del mismo nombre del ICEI, “investigar, establecer los hechos y darlos a conocer es de la esencia del periodismo. Sin un periodismo que cumpla con este fundamento ético,
estamos frente a una democracia debilitada que priva a la ciudadanía de ejercer su derecho a la información”.

Sin duda el tema trasciende al caso Rebolledo y nos instala no sólo en la premisa de que la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y de prensa son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos, como se establece en los artículos del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile y en diversos instrumentos internacionales. Basta con recordar que en el preámbulo de la Declaración Universal del año 1948 se deja constancia de que la libertad de pensamiento y expresión es una de las cuatro libertades cuya violación estuvo directamente vinculada con los actos de barbarie de los que fue testigo la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la Declaración Universal consagra un derecho autónomo a la libertad de expresión señalando en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En torno a esta materia, que se levanta como una de las deudas de la transición chilena no sólo con el periodismo sino con la propia democracia, debemos recordar el resultado de la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que están contenidas en un documento del 2016, en el que entre otras observaciones “recomienda al Estado chileno fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.

El Caso Rebolledo compete a cada hombre y mujer de este país y debe ser seguido con preocupación. Porque estamos frente a una paradoja admitida por los tribunales de justicia, cuyo correlato es una clara advertencia al periodismo de investigación para que no siga cumpliendo con un trabajo fundamental, que ha permitido que desde las primeras horas de la dictadura supiéramos de las brutales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta tarea, asumida por un periodismo riguroso e independiente, puede terminar gracias a las presiones desde Punta Peuco y a la sensibilidad para acogerlas de algunos tribunales de justicia.

¿Poder femenino o feminismo interseccional? Una reflexión histórica en torno a los 30 años del NO

Por Kemy Oyarzún

Los debates en torno a las nuevas subjetividades sociales, culturales y políticas de hoy representan nudos centrales para el feminismo, para la radicalidad democrática y el pensamiento crítico. En ese sentido, constituyen un barómetro a partir del cual examinar los 30 años desde que el éxito del No y las ciudadanías activas plantearan al terrorismo de Estado la imposibilidad de una vuelta atrás.

Históricamente, los nudos de sabiduría feminista de las nuevas subjetividades de la modernidad quedaban formulados lúcida y tempranamente para América Latina a partir de Flora Tristán, entre 1833 y 1838, en Unión Obrera y Peregrinaciones de una paria. Posteriormente, en Chile, las nuevas subjetividades serían invocadas por el Movimiento de Emancipación Chilena (MEMCH ‘35 y ‘83) y por Julieta Kirkwood, tanto en sus escritos como en sus talleres feminarios. Esos nudos han mostrado complejas problematizaciones en filosofía política a partir de planteamientos como los de Carole Pateman y Nancy Fraser, entre otros. Pateman instaló la idea de una “deuda primaria” de las democracias occidentales para con las mujeres, y en ese sentido, a nivel del modelo democrático de la propia burguesía, ella daba cuenta de ciertas fallas estructurales del paradigma de igualdad. Aparte de la desigualdad estructural entre capital y trabajo, el modelo sería sistémicamente deficitario por desconocer ciudadanía incardinada para la mitad de la especie. A su vez, Nancy Fraser daba cuenta de un paradigma histórico tripartito que el feminismo estaría configurando a nivel mundial a partir de tres vectores: la representación, las identidades y la redistribución, todos ellos a niveles simbólicos y materiales. No se trataría de “estadios” diacrónicos. Las más de las veces, las luchas feministas latinoamericanas los expresan con mucha sincronía. Como ejercicio teórico, podríamos identificar la representación con las luchas sufragistas que pusieron en tela de juicio los procesos ilustrados y republicanos de democratización. Las luchas identitarias vendrían vinculadas a los movimientos del ‘68 y posteriormente surgirían las demandas por la redistribución de poder e igualdad estructural.

Como la dictadura constituyó un retroceso en el sufragio de toda la ciudadanía, las luchas por la representación y la identidad se convirtieron en ejes simultáneos hasta la posdictadura. Los esfuerzos por redistribuir poder simbólico y material aguardan aún, dadas las condiciones del hipercapitalismo neoliberal.

No será sino hasta la Comuna de París y la Revolución Bolchevique que los objetivos de redistribución se convertirán expresamente en nudos políticos para las mujeres y las grandes mayorías, como muestran Louise Michel (la “louve rouge”) en 1871 y Aleksandra Kollontái en 1918, respectivamente.

La división capitalista del trabajo se va consolidando. La oposición entre letradas o movimientistas, políticas populistas (María de la Cruz) o de avanzada socialista-comunista (Julieta Campuzano y Laura Allende) marca los tránsitos hacia imaginarios cada vez más heterogéneos hasta que se configura un segundo auge coalicional significativo, el de la Unidad Popular, caracterizada, paradójicamente, por una baja en el feminismo movimientista. Ni la revolución en libertad ni la Unidad Popular impulsan, por motivos opuestos, la constitución de identidades feministas, si bien ambas se plantean proyectos de desarrollo país. Supuestamente, las contradicciones entre la emancipación de las mujeres y la liberación nacional se habrían de resolver “más adelante”. Es posible que la Unidad Popular haya subordinado la cuestión del sujeto feminista a la “cuestión popular” sin más calificativos a raíz de dos amenazas: la intervención norteamericana y los avatares antidemocráticos del capital monopolista chileno. Aquí resulta indispensable enfatizar, en primer lugar, el rol intervencionista del capital norteamericano, elidido tozudamente en el Chile dictatorial y posdictatorial por los medios comunicacionales, a pesar de la evidencia de los ITT Papers. Gladys Marín, quien se encontraba en clandestinidad para el No, fue tajante: “Estábamos en medio de la guerra de embargos, bloqueos, desestabilización, paros patronales, atentados todos los días a vías férreas y tendidos eléctricos; asesinatos; radios, diarios, TV que llamaban abiertamente a derrocar a Allende. Todo financiado desde los EE. UU. Millones de dólares para desestabilizar el gobierno popular y hacer chillar la economía chilena”.

En segundo lugar, la Unidad Popular experimentaría la avanzada de mujeres naturalizadas de derecha, organizadas bajo el lema de “poder femenino”, que a diferencia de los sujetos feministas, lanzaban sus campañas profamilia consolidando la resacralización de la familia heteronormativa, la sumisión neocolonial y la agresiva repulsa de los amplios imaginarios interseccionales. En perspectiva, los derechos reproductivos terminarían siendo uno más de los chivos expiatorios de la dictadura. En los ‘80, la re-penalización del aborto dio vuelta el reloj hacia 1931, haciendo tabla rasa de las luchas feministas de los años ‘30. No habrá solución de continuidad entre esa actoría hegemónica de mujeres autocráticas y la constitución pinochetista, cuyo biopoder patibulario propugnará la violencia sexual como eje de la violencia de clase. Aunque de ello no se hable sino hasta apenas siete años atrás, no habrá prisionera que no fuera violada en cruentas prácticas sexuales, como tampoco varón que no haya sido feminizado a partir de torturas sexuales en cautiverio. La Constitución de 1980 centrará en la familia y no en la persona los derechos, para convertirla en núcleo de políticas educativas privatizadoras y docilizadoras. La estrechez del Estado para los cuidados se habrá realizado en nombre de esa feminidad y de su ideología familiocéntrica.

El Estado subsidiario anexado al exterminio durante la dictadura es hasta el día de hoy producto ancilar de una transición inconclusa. Referir a mujer y/o género hoy implica asumir la diferencia radical entre lo femenino y el feminismo interseccional, entre ser sujetos u objetos de políticas públicas, entre neoliberalismo y democracia, en una situación epocal de neocolonialidad. En el contexto del binominalismo pactado, la transición democrática se dio de espaldas a los movimientos estudiantiles, a las feministas radicales, a los movimientos sociales y a aquellos considerados de “ultraizquierda”, con la consiguiente lucha permanente de esos sectores por incidir en las coyunturas políticas más allá de las “cocinas” legislativas. Para 1995, el Parlamento, que aún contaba con senadores designados, llegaría a votar por mayoría la censura del vocablo “género” en los documentos que la Ministra Josefina Bilbao llevaría a la Conferencia en Beijing. Sin duda, los movimientos sociales y los partidos excluidos han protagonizado procesos democratizadores desde las calles, sindicatos e instituciones, impulsando legislación a favor del divorcio, la despenalización de la sodomía, uniones civiles, leyes contra la violencia intrafamiliar (no de género), planes laborales de igualdad y despenalización del aborto en tres causales. Mayo de 2018 repolitiza el propio concepto de género, que se había venido sumando a otras estrategias de gatopardismo y autocensura para eludir hablar directamente de patriarcado, machismo o extractivismo, pero también de clase, raza, colonialidad o imperio. El triunfo del No fue indudablemente generado por amplias y diversas actorías democratizadoras, que no siempre han sido representadas a nivel gubernamental. El largo camino de blanqueo e impunidad frente al exterminio dictatorial resurge una y otra vez como situación inconclusa, como retorno de lo reprimido a niveles macro y microestructurales.

El segundo gobierno de Michelle Bachelet propugnó reformas estructurales como el fin al binominal, la reforma tributaria o el derecho universal a la educación. Pero esas reformas, instaladas desde nuevas subjetividades democratizadoras, no siempre concitaron amplio respaldo al interior del propio gobierno; redundaron en diseños deficitarios que finalmente favorecieron la elección del actual gobierno de derecha. La despenalización parcial del aborto en tres causales aguarda convertirse en pleno derecho reproductivo -aborto libre, gratuito y de calidad- a partir de más amplias subjetividades y actorías democratizadoras, capaces de nuclearse en torno a objetivos prioritarios colectiva y participativamente acordados.

La enorme desigualdad estructural en Chile afecta particularmente a las mujeres y a los sectores más pobres, en la medida en que la reproducción de la especie y la reproducción de la fuerza de trabajo remiten a la maternidad obligatoria, a dobles y triples jornadas de trabajo y a mermas crecientes del tiempo para sí. Hoy, cuando casi el 50% de las mujeres se ha incorporado a la fuerza laboral, todavía sorprende que perciban el 65% del salario de los varones. De gran impacto para un sistema de sexo género contrahegemónico es el matrimonio igualitario y un sistema nacional de cuidado, que permita desmantelar el binarismo excluyente entre lo privado y lo público, entre la producción y la reproducción, entre la reproducción y la creación artístico-cultural. El neoliberalismo se plantea ajeno al trabajo cultural y al pensamiento crítico. Pendiente queda la capacidad colectiva de convocar a una Asamblea Constituyente que posibilite construir colectivamente una nueva Constitución desde las y los nuevos sujetos. Imagino una carta de navegación estratégica que asegure el tránsito desde el Estado subsidiario impuesto durante la dictadura y prolongado desde el No hasta ahora, hacia un Estado garante de derechos, con igualdades sustanciales y no meramente formales para la ciudadanía toda. Los feminismos interseccionales insertos en los movimientos sociales y el Parlamento, desde las casas y las calles, desde imaginarios plurales y dialógicos han delineado los mapas. El viaje desde los sufragios activos y las identidades a las reapropiaciones materiales y simbólicas recién comienza.

Tiempos transicionales, ¿tiempos mejores?

Por Claudio Nash

Chile siempre sorprende. Cuando por fin se comenzaban a mover los “límites de lo posible”, cuando tímidamente mirábamos el futuro sabiendo que de alguna forma nos estábamos haciendo cargo del pasado, justo en ese momento, como si viviéramos una pesadilla larga y agotadora, nos damos cuenta de que estamos lejos de cerrar nuestra transición a la democracia.

Los crímenes perpetrados por el gobierno militar (1973-1990) no tienen precedente en la historia chilena por su gravedad y prolongación. Además, las violaciones de derechos humanos (DDHH) fueron parte de una política de Estado destinada a controlar la población e imponer un modelo político-autoritario, económico-neoliberal, cultural-conservador y social-individualista. Un proyecto refundacional basado en el horror.

El triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988 abrió las puertas para un largo proceso de transición a la democracia y reconstrucción institucional. A diferencia de otras experiencias, la transición chilena no se funda en la caída de la dictadura sino que en una derrota electoral (importante, por cierto), pero dentro de la propia institucionalidad diseñada por el régimen cívico-militar. Esto trajo como consecuencia que no se desarrolló una transición pactada, como suele afirmarse, sino que una transición condicionada. ¿Cuál era este condicionamiento? La dictadura estaba dispuesta a dejar el gobierno, pero a condición de que el modelo fundacional que había llevado adelante durante 17 años sin contrapeso alguno siguiera vigente sin modificaciones estructurales. Además, había una condición explícitamente establecida por el dictador: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho” (1989). Una transición fundada en la impunidad y en la inamovilidad del modelo impuesto.

En este difícil contexto, los nuevos gobiernos, para asegurar la democracia, optaron por privilegiar mecanismos de reparación y el conocimiento de la verdad. Así, surge la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) que dio cuenta de más de 3.000 casos de muertes y desapariciones; años después, la Comisión de Prisión Política y Tortura (2003) consignó más de 30.000 personas víctimas de la tortura en Chile. Esta pasó a ser la verdad oficial e indiscutida de lo ocurrido en dictadura. En materia de reparaciones se han implementado distintas medidas, tales como la petición de perdón formulada por el presidente Aylwin, en nombre del Estado, por las violaciones de DDHH y políticas de compensaciones económicas y de otro tipo para las víctimas de las más graves violaciones o para sus familiares.

No obstante, había un camino que no se había explorado con profundidad: la justicia. Durante años (1990-1998) sólo se avanzó en algunos pocos casos judiciales más por el tesón de los familiares y el rol jugado por algunos jueces que por un impulso desde las autoridades democráticas. Eran los tiempos de la “justicia en la medida de lo posible”. No fue sino hasta fines de 1998, con la detención de Pinochet en Londres, que se abrió el camino de la justicia. En 1999, el Presidente Lagos convocó la Mesa de Diálogo, donde las Fuerzas Armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones de DDHH (hasta esa fecha habían negado sistemáticamente que estas obedecieran a actos institucionales), pero no entregaron información acerca de los detenidos desaparecidos y, peor aún, las instituciones armadas mintieron en los pocos datos entregados. Luego de este fracaso político, toda la responsabilidad en materia de justicia quedó radicada exclusivamente en los tribunales, los que han avanzado en el esclarecimiento de múltiples casos pese a un marco jurídico restrictivo, la nula contribución de las FFAA y Carabineros para investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios que siguen apostando por la impunidad a través del silencio. Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en un modelo fundado en la impunidad, quedó relegada a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El Estado miraba, algo ausente e indeciso. Así, recién en 2010 se funda un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución privada pero que con fondos públicos cumple una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición.

Pese a los evidentes avances en la democratización y en materia de DDHH, el bicentenario nos encuentra con un modelo transicional que era abrazado por el “peso de la noche” portaliano, donde el orden establecido se imponía, se acorralaba a las víctimas en fatigosos procesos judiciales y una sociedad olvidadiza se sumía de lleno en una espiral consumista e individualista que era la consolidación del modelo legado por la dictadura y refinado en democracia.

Pero todo cambió, de golpe, sin que lo anticipáramos, en 2011. Estudiantes secundarios y universitarios de todo el país salieron a las calles para protestar por la calidad de la educación. Parecía una protesta más, un reclamo que como tantos otros, pronto caería en el olvido. No fue así. Las demandas aumentaron, se sumaron otros sectores y el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia se enfrentaba a un movimiento social irreconocible: demandas laborales, regionales, medioambientales se sumaban y anunciaban que esta vez los cambios no sólo apuntaban a reformas menores sino que se estaba cuestionando el “modelo”, ese mismo modelo que derecha e izquierda habían asumido como propio. El país había cambiado, la democracia se consolidaba.

El 2014 asume el gobierno Michelle Bachelet por segunda vez, pero en esta ocasión es otra la impronta, es un gobierno que debe dar respuesta a los movimientos que le llevaron al poder. Desde los primeros días, el gobierno adopta un discurso refundacional. Parecía definitivo: los “límites de lo posible” habían cambiado. Estaba ahí, a la vuelta de la esquina, la transformación de la educación, del sistema político, el modelo tributario y el de seguridad social, incluso, la propia Constitución. Mas la historia nunca es lineal, siempre nos depara sorpresas y no todas agradables.

La Presidenta se fue de vacaciones en febrero de 2015 celebrando un gran primer año. Avances sustantivos en su programa la hacían soñar a ella y a muchos más que los cambios eran posibles. Pero vino la debacle. La corrupción había sido un tema ajeno a las preocupaciones de la democracia. No escudriñar en la corrupción institucionalizada durante la dictadura (el enriquecimiento del propio dictador, su entorno cercano, las privatizaciones, en fin, el saqueo del Estado) había sido parte del acuerdo condicional de la transición. Durante 2015 se consolidan una serie de investigaciones que daban cuenta de que importantes empresas chilenas habían financiado lícita, pero también ilícitamente, la política; que existía cohecho de altas autoridades; que las empresas pagaban a políticos de todo el espectro y con ello aseguraban una excelente “disposición” a escuchar sus puntos de vista en leyes, controles, regulación de mercados, entre otros temas relevantes para sus intereses. El escándalo de corrupción política primeramente afectó a la derecha, pero a poco andar arrastró a todo el espectro político y pasó a ser un problema institucional. Como si esto ya no fuera suficiente, los escándalos de corrupción llegaron al palacio de gobierno cuando el entorno familiar de la Presidenta se ve envuelto en acusaciones de tráfico de influencia, entre otros ilícitos. Frente a este escenario, la Presidenta Bachelet asumió un tímido liderazgo. La creación de un Consejo Asesor y propuestas de reformas legales fueron un paso, pero claramente insuficientes ante la profundidad de la crisis moral de la clase política en Chile. Una vez más, la impunidad se impone y las instituciones no están a la altura.

Estos escándalos generaron indignación ciudadana, pero el impulso pronto se agotó. En 2018 asume, nuevamente, la presidencia Sebastián Piñera, pero esta vez con un discurso de derecha tradicional muy distinto a su moderado primer mandato. En este contexto, los temas de la transición han tomado dimensiones insospechadas. Por primera vez surgen voces que justifican los crímenes de la dictadura; se producen ataques a sitios de memoria; se insulta a las víctimas y se reivindica la figura del dictador; se usa al Tribunal Constitucional para demorar causas de DDHH; se nombra un Ministro de Estado que había calificado al Museo de la Memoria como un “montaje”. Además, la Corte Suprema, que ya venía imponiendo en varios casos sanciones reducidas frente a crímenes atroces, acoge un recurso de amparo y libera a un grupo de violadores de derechos humanos a través de la figura de la “libertad condicional” como si estuviéramos frente a crímenes comunes, ignorando gravemente los compromisos internacionales de Chile. Las grietas de la democracia comienzan a ser el cauce por el cual fluye la impunidad que sigue estando en el alma del modelo transicional.

En tiempos en que el “peso de la noche” parece imponerse, las estudiantes de todo el país lideran un movimiento feminista que no sólo pone en jaque a las instituciones educacionales sino que a un modelo patriarcal impuesto desde los orígenes de la República. Ese aire fresco e irreverente es un signo de esperanza porque pulveriza los límites de lo posible.

¿Cómo se resolverá el modelo transicional? Las respuestas a las preguntas de siempre definirán qué ocurrirá con la transición: ¿seguiremos compartiendo como un mínimo ético común la verdad de las violaciones de DDHH? ¿Se consagrará un modelo de justicia mitigada que termina confundiéndose con la impunidad? Por otra parte, la lucha por la memoria será decisiva; el tiempo pasa, los protagonistas de la historia reciente van muriendo y lo que queda son testimonios, archivos, recuerdos y silencios. Preservar la memoria es una tarea vital para nuestra historia y para no repetir los errores, pero por sobre todo, los horrores del pasado.

¿Sobrevivirá el modelo impuesto por la dictadura? Después de 30 años de transición, vivimos un Chile tensionado entre un modelo impuesto por la fuerza, pero que fue aceptado por parte importante de la clase política que se acomodó y usufructuó de él y es apoyado por amplios sectores de la sociedad que ven en el individualismo y egoísmo la mejor forma de surgir. Por otro lado están los diversos sectores sociales que demandan transformaciones profundas, económicas, sociales y culturales. Diagnóstico reservado.

¿Alcanzarán los nuevos vientos para deshacernos del “peso de la noche”? La juventud tiene la respuesta.

Sobre golpes de Estado institucionales y la relación entre derecho y política

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En la última década se han sucedido varios golpes de Estado en América Latina. Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016. Fueron, sin embargo, golpes de Estado que no parecían serlo, porque no se valieron de metralletas y tanques. No hubo palacios presidenciales en llamas. Han sido una peculiar invención latinoamericana: golpes de Estado institucionales. Que algo sea un oxímoron nunca ha sido, en América Latina, razón para que no ocurra.

Un golpe de Estado institucional es un golpe, porque es una manera de remover de hecho un gobierno democráticamente elegido. Pero no usa el poder militar, sino un poder institucional. Se realiza a través de acusaciones penales o juicios políticos. Entonces su calificación de “golpe de Estado” es disputada: quienes los realizan alegan que no son golpes de Estado, sino operación normal de las instituciones, mientras quienes los sufren alegan que se trata de golpes de Estado institucionales.

Los golpes institucionales son sólo el caso más evidente del uso político del derecho (lo que algunos han llamado “lawfare”, que es una forma de warfare de baja intensidad). Hay otras situaciones menos extremas pero sin embargo análogas. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela declaró en 2017 a la Asamblea Nacional de ese país “en desacato” y la suspendió en sus funciones legislativas, arrogándoselas. De ese modo el gobierno venezolano pretendió solucionar el problema que representaba una Asamblea Nacional con mayoría opositora.

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Lo que el lawfare pone en cuestión es la distinción entre política y derecho. Esta distinción muestra su importancia cuando preguntamos cómo una determinada decisión se justifica, cómo se defiende ante el público. La sentencia de un Tribunal, al menos en principio, se defiende diciendo que ella es correcta aplicación del derecho vigente, en principio independiente del posicionamiento político de quien la toma. La decisión de un partido político se defiende alegando que ella es la que va en el interés de todos interpretado desde la óptica de ese partido. Una reclama ser imparcial mientras la otra se sabe parcial. 

Se trata, después de todo, de una de las bases del Estado de derecho, el supuesto de que decidir una cuestión con arreglo a derecho es distinto que decidirla políticamente. Por cierto, esta distinción entre lo político (que se decide conforme a la fuerza, idealmente sólo de los votos) y lo jurídico (que se decide por aplicación de reglas preexistentes) no debe ser exagerada. No se trata de que en un caso haya sólo apelación desnuda a la fuerza (de los votos) y en el otro haya solo razonamientos lógicos; por cierto que en el mundo real la cosas son más mezcladas, etc. Por incierta que en muchos casos sea, es esta distinción la que hace importante el hecho de que “las instituciones funcionen”: que “funcionen” significa que deciden institucionalmente, que no son simplemente la voz del que en la circunstancia tiene más poder.

Por eso las cuestiones políticas han de decidirse en la esfera pública. Y ni el ciudadano ni el representante que vota reclama para su posición imparcialidad: el que es socialista vota socialista, el que es UDI vota UDI. Ambos están y se espera que estén (y mientras más mejor), expuestos a la opinión pública, a las “presiones” que significan las marchas, declaraciones públicas, etc. El ejercicio del poder jurisdiccional es distinto y por eso se lo encomienda a jueces independientes, que lo ejercen sin estar y sin que se busque o pretenda que estén expuestos a la opinión pública. Aquí es precisamente al revés: el juez debe ignorar la opinión pública, no debe considerar que hubo una marcha para presionarlo por una decisión en vez de otra, etc. Todo esto descansa en el supuesto de que, al menos normalmente (no necesariamente siempre ni fácilmente; sujeto a todas las calificaciones que haya que hacer en una explicación más detallada, etc.), decidir en derecho es distinto que decidir políticamente. Si este supuesto falla, si “toda decisión es política”, entonces el Estado de derecho es autoengaño; aunque seguirá habiendo funcionarios llamados “jueces”, ahora serán, como los diputados y senadores, representantes de “sensibilidades” políticas o “sectores”. Y los conflictos se decidirán no mediante la aplicación de reglas preexistentes, sino de acuerdo a la (correlación de) fuerza. Y la vida de todos será más fáctica, en el sentido de que estará más gobernada por la fuerza de quien la tenga.

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Para ver este proceso en desarrollo basta mirar las cosas como realmente son. El caso más evidente y a esta altura escasamente discutible es el del Tribunal Constitucional. La interpretación constitucional, cuando es políticamente relevante, siempre (o casi siempre) es reflejo de la posición política. Quienes están en contra del aborto creen que el aborto es (jurídicamente) inconstitucional; quienes están en contra de la negociación colectiva creen que la Constitución prohíbe la titularidad sindical; quienes se oponen a la ley de inclusión creen que la ley de inclusión es inconstitucional, y así suma y sigue. Pero la cuestión no se refiere sólo a materias constitucionales: reaparece del mismo modo cuando se trata de las condiciones de la libertad condicional de condenados por delitos de lesa humanidad, o de la condena de comuneros mapuche, etc. Y todo, por cierto, es recíproco: quienes asumen las posiciones políticas opuestas a las descritas tienen las convicciones jurídicas opuestas.

Si la correlación entre las posiciones jurídicas y políticas es tan estrecha, si la capacidad del derecho para proveer algún grado de autonomía frente al conflicto político comienza a desvanecerse de este modo, lo que cada grupo político deberá buscar no es que en los tribunales haya “buenos jueces”, sino que haya jueces que compartan sus posicionamientos políticos. O mejor dicho, cada uno entenderá que lo que caracteriza a un “buen juez” es que comparta sus posiciones políticas. Y entonces usarán la fuerza de la que dispongan para lograr estos fines, haciendo cada vez más “mítica” la idea fundamental del Estado de derecho.

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¿Por qué ocurre esto? Las razones son múltiples y variadas, pero aquí quiero comentar algunas especialmente. La primera es la creciente relevancia de la interpretación constitucional. Ella siempre ha sido la esfera donde la distinción entre posicionamiento político y convicción jurídica es más tenue, al punto de ser usualmente inexistente. Y mientras más decisiva esa interpretación se hace en más conflictos jurídicos, más dependiente se hace la decisión de esos conflictos jurídicos de la convicción política, y más se erosiona la distinción entre lo político y lo jurídico.

Junto a lo anterior, hay una cuestión de debilidad institucional, un mal endémico de América Latina, que nos deja enfrentados a dilemas que no tienen solución fácil. Un buen ejemplo es el de la persecución y condena (todavía sujeta a revisión) de Lula da Silva en Brasil. Se trata de un proceso penal que persigue la responsabilidad de políticos y empresarios que participaron en extensas prácticas de corrupción. Quienes llevan la investigación y la causa saben que la institucionalidad judicial de un país como Brasil no tiene poder suficiente para enfrentarse a los enormes poderes fácticos afectados por ella, y que si sólo utilizaran esa fuerza, la influencia de los fácticamente poderosos se dejaría sentir en algún momento, frustrando la persecución. ¿Dónde encontrar el poder suficiente para llevarla adelante con éxito? La respuesta (explícitamente asumida) fue: en la opinión pública. Esto explica decisiones que desde el punto de vista de la conducción o supervigilancia de una investigación criminal parecen totalmente heterodoxas. El juez a cargo, por ejemplo, decidió difundir a los medios la grabación de una conversación telefónica entre Lula y la entonces Presidenta Dilma Rousseff, obtenida cuando la autorización judicial para intervenir sus teléfonos había sido revocada (por él mismo). O ha autorizado la realización de interrogatorios coactivos fuera de los casos permitidos por la ley o de arrestos hechos con mucha publicidad. El sentido de esto es buscar en la opinión pública el apoyo necesario para continuar la investigación.

Cuando un juicio de este tipo busca apoyo en la opinión pública, lo que recibe no es sólo lo que busca. Esa apelación a la opinión pública es aprovechada no sólo por quienes tienen un deseo genuino de que la investigación avance correctamente, sino también por quienes tienen algo que ganar o perder en ella, quienes usaran el (poco o mucho) poder a su disposición (político, comunicacional, etc.) para influir a la opinión pública y así llevar la investigación en un sentido u otro. Cuando se trata de un expresidente como Lula, quien era de modo prácticamente unánime considerado el más posible vencedor de las elecciones de 2018 en Brasil y cuya plataforma programática era agudamente resistida por los grupos más poderosos en Brasil, la investigación y el proceso criminal pasa a ser una dimensión más en una suerte de campaña presidencial extendida. Y el poder jurisdiccional, que al buscar apoyo en la opinión pública queda vinculado a las expectativas de ésta, compromete su independencia.

Es probable que quienes llevan la investigación de Lava-Jato tengan razón en su diagnóstico sobre la debilidad del poder institucional en Brasil. Quizás era lo correcto ir a buscar apoyo en la opinión pública. Pero eso inevitablemente transforma un proceso judicial en un caso de lawfare, y con eso contribuye a la erosión de la distinción entre lo político y lo jurídico de la que depende el Estado de derecho. Por cierto, la impunidad que esa debilidad institucional implica también la compromete… por eso se trata aquí de un dilema. Ante un dilema, es importante identificarlo como tal, y ser conscientes de los peligros de cada opción del dilema. En el caso brasileño (y en otros casos análogos, aunque de menos perfil, incluso en Chile) hay más conciencia del primer problema que del segundo.

Hacia una ética de la alteridad a partir de la migración de niños y niñas

Por Matías Marchant

La migración de grupos humanos es en sí misma un proceso complejo. Sin embargo, pensar la migración de niños y niñas es un fenómeno aún más complicado dado que ella implica una serie de acciones para la adaptación a un nuevo escenario que, durante la infancia, no siempre están disponibles. Esto no quiere decir que los adultos siempre las tengan, pero en el caso de los niños y las niñas, esto está supeditado al modo en que el mundo adulto puede canalizar, contener y elaborar los procesos de asimilación de un nuevo escenario.

Dada la complejidad del problema me parece necesario centrar la atención sobre aquellos niños o niñas migrantes que entran al sistema de protección de la infancia en Chile. Normalmente, los organismos que tienen por misión evaluar si se es o no vulnerado en sus derechos deben establecer un paradigma sobre el cual debe compararse y la migración vuelve esto aún más difícil. La evaluación de vulneración de derechos puede implicar el retiro del cuidado personal de los hijos e inclusive la internación de niños y niñas en centros residenciales alejados de sus padres. Este fenómeno ya se ha producido en nuestro país y ha tenido trágicas consecuencias, conocidas por la opinión pública. Todo esto es atribuible a la falta de preparación y la inexistencia de políticas de inmigración referida a niños y niñas.

En este contexto, quisiera plantear las siguientes preguntas: ¿Si el sistema de protección de la infancia en Chile está en una crisis crónica, entonces está preparado para evaluar y, por sobre todo, brindar atención y cuidado a los niños o niñas migrantes que puedan ser vulnerados en sus derechos? ¿Si las políticas de migración aún no logran comprender el fenómeno en toda su complejidad y recién se están estableciendo nuevos reglamentos y procedimientos para su recepción y acogida, tenemos políticas y normativas particularmente dirigida a los niños y niñas que ingresan como migrantes a nuestro país? ¿Tenemos criterios mínimos sobre cómo habremos de afrontar las situaciones de vulneración de derechos en la infancia en los hijos de migrantes?

Un primer punto que podemos dejar planteado como desafío respecto de las políticas de migración es que la situación de los niños o niñas debe ser tratada de una manera diferencial respecto a los adultos. Los niños migrantes deben tener un espacio reservado respecto al resguardo de sus derechos. Una ética del cuidado debe considerar que los niños jamás deberán perder ni uno de sus derechos por motivo alguno y deberán ser sujetos de una protección especial.

¿Qué derechos deberemos proteger más que cualquier otro para un niño migrante? Nuestra legislación debe contener algunos principios que mencionaremos aquí brevemente: 1) el principio de inseparabilidad del niño con su familia de origen salvo en casos justificados y que la primera opción en el proceso de restablecimiento de los vínculos la debe tener su familia nuclear, su familia extendida y su comunidad, para ayudar a preservar los aspectos más básicos de su identidad nacional, étnica o cultural; 2) toda intervención y evaluación debe considerar los aspectos culturales que son parte de los orígenes del niño, es decir, debe evitarse todo proceso de aculturación por medio de la omisión de su lengua y rechazo prejuicioso de estilos de crianzas de su grupo de origen; 3) la evaluación de los grupos familiares de migrantes no pueden ser igual que la de los no migrantes dado que deben considerarse todos los factores que afectan la posibilidad de cuidar de sus hijos y que no dependen de una voluntad negligente, sino de las dificultades de adaptación: asimilación de una lengua, adaptación a nueva situación económica y laboral y los efectos psicológicos asociados a duelos propios de la partida de lugar de origen; 4) el sistema jurídico debe prestar una ayuda activa a los grupos familiares de origen y comunidad para que puedan ser efectivamente representados en toda instancia judicial, ofreciendo legítima defensa y comprensión de un nuevo sistema que el migrante desconoce.

En definitiva, en el fenómeno migratorio, cuando se trata de niños o niñas, implica asumir una política diferencial a la de los adultos. Las consecuencias de políticas no apropiadas pueden causar daños y heridas interminables.

La solución a la migración no puede ser abordada por medio de un cierre de las fronteras, pues esto equivale tan sólo a cerrar los ojos frente a una realidad de hecho y constituye así una voluntad negligente. Debemos tener en cuenta que establecer un sistema especial de acogida a los niños o niñas migrantes no puede sino enriquecer, gracias a la diferencia, las políticas de infancia en nuestro propio país. La migración es deseable precisamente por el hecho de que lo heterogéneo y lo diverso ayuda a tener una nueva mirada y apreciación de nosotros mismos. Dicho en otros términos, sólo la alteridad puede dar lugar a una verdadera ética de responsabilidad por el otro, algo que a todos luces es un tema pendiente para el Estado chileno y su sociedad.

La vuelta a clases

Mientras recorría los pasillos de la sala de clases en el remozado Campus Juan Gómez Millas, me sorprendió que varias jóvenes de alrededor de 18 años levantaran la mano para contar sus experiencias. En medio de los rostros expectantes de mis más de cuarenta estudiantes de primer año de Periodismo no pasaba inadvertido el hecho de que quienes ahora querían hablar eran las más tímidas del grupo y a las que más les costaba expresarse en público.

Era el primer día de clases luego de casi dos meses de paros y tomas estudiantiles en casi la totalidad de los campus no sólo de la U. de Chile, sino de diversas universidades de todo el país. Un movimiento nacional detonado primero por las denuncias de acoso sexual en contra de profesores hacia sus alumnas, que luego instalaría una agenda de demandas feministas que iban desde la necesidad de actualizar los protocolos –cuando existían– para enfrentar dichos abusos hasta impulsar nuevos contenidos y bibliografías que apuntaran hacia la construcción de una educación no sexista y más democrática.

Pero lo que motivaba el interés de estas jóvenes, muchas de ellas provenientes de regiones, no era el balance político de la movilización efectuado de manera amplia y con múltiples ejemplos que les permitían concluir que pese al costo de la paralización había valido la pena, ya que estaban conscientes de estar protagonizando un movimiento cuyo eje central apuntaba a un cambio cultural. No, lo que despertaba las ganas de hablar de las otrora introvertidas estudiantes era la pregunta por la experiencia personal, cotidiana, de ellas y también de sus compañeros enfrentados ya no como espectadores sino como protagonistas de una revuelta sin precedentes.

Algunas contaban que se sentían distintas en este retorno a la universidad. Una de ellas utilizó la metáfora de la caída de un velo que ahora le permitía ver una realidad que no había imaginado; otras decían que habían retornado a sus colegios para compartir la experiencia con estudiantes de otros cursos; una joven confesó que la relación con su madre ahora era distinta. Que ambas se hablaban desde otro lugar, más empoderado y respetuoso. Varias declararon que en estos dos meses de asambleas y discusiones habían aprendido a poner límites tanto a sus parejas como a sus padres y hermanos. Un compañero de la clase apuntó que ahora él tampoco era el mismo, que nunca se había detenido a reflexionar sobre lo que era el machismo y cómo los hombres estaban determinados a jugar roles que nunca nadie cuestionó. En pocos minutos la clase se transformó en un foro público sobre la experiencia personal de llevar a lo cotidiano aquello que ocupaba la agenda mediática de los últimos meses: la irrupción de los feminismos en las universidades chilenas y sus demandas de un cambio cultural.

Esta experiencia fue replicada por otras profesoras en cursos superiores. Una de ellas me comentó del contenido de algunas crónicas donde los futuros periodistas plasmaron su mirada sobre esta rebelión. Por ejemplo, la joven que luego de cuatro años de relación decidió romper porque su pareja no estaba de acuerdo con un nuevo trato más simétrico y democrático en el pololeo. O la rebeldía de las madres que en complicidad con sus hijas negociaban las rígidas reglas patriarcales por otras que ponían en tensión los roles tradicionales asignados de por vida.

La vuelta a clases sin duda será compleja y todos deberemos esforzarnos por cumplir con los contenidos que aseguran nuestro compromiso con una educación de calidad así como con los nuevos calendarios ya establecidos. Pero más allá de los malestares e irritación que este movimiento ha despertado en algunos sectores de académicos, lo que queda claro es que luego de este mayo del 2018, algo sustantivo cambió. Porque si revisamos los contenidos de las actas de acuerdo suscritas por autoridades y voceras de las asambleas de mujeres en las que se ponen sobre el tapete temas y normativas hasta ahora insuficientemente explicitadas, así como voluntades para avanzar en la construcción de una universidad más democrática e inclusiva, y observamos lo que nuestros propios estudiantes nos cuentan, podemos tener la convicción de que la universidad que retorna a la normalidad luego de este histórico movimiento es significativamente mejor que la que existía hace sólo dos meses.