Formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas

Por Felipe Agüero

La educación en derechos humanos (DDHH) es necesaria en toda institución del Estado, y lo es especialmente en aquellas instituciones a las que la sociedad, para su propia protección, les confiere el monopolio de la violencia legítima. Si esto vale para todas las instituciones armadas en tiempos en que los DDHH se han hecho parte del patrimonio cultural y jurídico de la humanidad, es especialmente válido en el caso de instituciones armadas que fueron protagonistas de masivas violaciones a los más elementales de esos derechos en un pasado más o menos reciente. La sociedad y el Estado han reconocido esas violaciones y han intentado registrarlas, investigarlas, someter a la justicia a los culpables, reparar a las víctimas y desarrollar procesos de memoria con vistas al objetivo de no repetición. Las Fuerzas Armadas han hecho algunos reconocimientos simbólicos y se sentaron en una mesa de diálogo con representantes de las víctimas. De todas las ramas, es el Ejército el que fue más lejos al reconocer su participación institucional en esas violaciones, en la conocida declaración del Nunca más que hiciera el General Juan Emilio Cheyre, como Comandante en Jefe, en junio de 2003.

Con todo eso a la vista, ¿puede decirse que hoy, a casi tres décadas del fin de la dictadura, se forma a oficiales, suboficiales y soldados en DDHH con la profundidad requerida por la experiencia nacional? Destaco dos situaciones que me parecen decidoras y frustrantes. La primera es que, a diferencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas registra visitas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La segunda es que la declaración del Nunca Más no es discutida, no es asignada como lectura o base para la reflexión. Pareciera que pasó al olvido. Es desalentador que esto refleje una opinión extendida en la oficialidad de que lo hecho durante la dictadura estuvo bien, que era inevitable, y por eso la resistencia frente a ese documento.

No obstante, del rechazo al concepto y significado simbólico de los DDHH que primó durante los años ‘90 se pasó a un reconocimiento de la inevitabilidad de su incorporación. Esto comenzó con la aceptación de participar en la Mesa de Diálogo, que se inició a mediados de 1999 y que llevó a dialogar con un sector—los representantes de las familias de desaparecidos y los abogados de DDHH—que hasta entonces era fuertemente descalificado por los militares. Hay que decir que mientras ocurrían esas conversaciones, que no dieron los resultados esperados y que entregaron información falsa, se estaban destruyendo en el ejército los documentos con esa información. No obstante, desde aquí se dio el primer impulso a la aceptación de la necesidad de dar formación en esta área. El empuje continuó con el Nunca Más y la iniciativa del General J. E. Cheyre y del General O. Izurieta en la Comandancia de Institutos Militares y luego de Institutos y Doctrina. En este periodo se adopta formalmente la decisión de incorporar los DDHH en la enseñanza militar, aun cuando esta decisión no tuvo mayor impacto real en la malla curricular. Se avanza en una mayor y mejor incorporación de la enseñanza del derecho internacional humanitario, especialmente en momentos de mayor participación chilena en misiones de paz, pero no hay incorporación diferenciada y sustantiva de los DDHH.

Esta falta de especificidad y profundidad en la enseñanza de los DDHH en las Fuerzas Armadas fue advertida en un estudio realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El estudio señaló que “los contenidos se caracterizan por una fuerte concentración en los marcos doctrinarios y normativos del derecho internacional humanitario, con un escaso tratamiento de los derechos humanos y una ausencia de instrumentos específicos de derecho internacional en esta última materia.” (Boletín Informativo INDH No. 2, diciembre 2011).

Hay pocas referencias a los derechos humanos en la legislación nacional (ninguna en la Armada y Fuerza Aérea) y nada sobre derechos civiles y políticos. Como sugiere lo anterior, se encontraron fuertes diferencias entre las ramas, con una presencia significativamente menor de la temática de DDHH en la Armada y la Fuerza Aérea. Temáticas clave como la tortura, tanto por la experiencia en la dictadura como por los debates sobre acción internacional en esta materia después del atentado a las Torres Gemelas, se tratan sólo indirectamente. Y, agrega el estudio, “los temas de memoria de graves violaciones de derechos humanos se encuentran ausentes en la formación de todas las ramas [….] no lográndose identificar acciones de reconocimiento y de reflexión crítica sobre tales hechos” (Ibid.).

A estas debilidades se suma una muy importante: la calidad de los profesores, que muestran poco interés o convencimiento en el tema. Con todo, es alentador que se haya desarrollado un diálogo entre el INDH y las Fuerzas Armadas, con vistas a mejorar y profundizar este tipo de formación. Producto del citado estudio, el INDH hizo una propuesta de programa de enseñanza, que se orientara a concentrar y visibilizar más la temática de DDHH específicamente, en la misma dirección que antes, el 2000, había propuesto el General Cheyre como Comandante del Comando de Institutos Militares, señalando en un documento “la obligación de dinamizar, profundizar y marcar un fuerte centro de gravedad en nuestros procesos formativos en estas materias.” Pero la propuesta del INDH fue rechazada, diciendo los órganos respectivos de las fuerzas armadas que estaba bien lo que ya tenían.

Hay promesa en una continuada relación de diálogo y propuesta con el INDH, teniendo en cuenta su apuesta por “los nuevos enfoques de la Educación en Derechos Humanos, que fortalecen la doble dimensión del personal uniformado: como garante de derechos, pero también como sujeto de derecho; dimensión que permite apropiarse de mejor manera del marco valórico de los derechos humanos”, y que permite también poner adecuada atención en las reglas y comportamientos dentro de las instituciones en relación a sus propios miembros y la vulneración de derechos de que pueden ser objeto.

La educación en DDHH es limitada y llena de formalismos. Pero hay una plataforma establecida, especialmente en el Ejército, que pudiera permitir avanzar. Esta plataforma consiste en la aceptación de la necesidad de la formación en DDHH y en la presencia del tema en diversos escalones de formación en la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales, y varios otros cursos necesarios para el ascenso de los oficiales. Una gran palanca puede ser la incorporación de objetivos y tareas en este plano que hizo el Plan Nacional de Derechos Humanos. Darle consistencia, profundidad y especificidad a la formación en DDHH, aparte de su relación con la experiencia nacional de violaciones, es una tarea que requiere de decisión y voluntad política. Conspiran contra esto la autonomía que mantienen las Fuerzas Armadas, entre otras, en la esfera educativa, y la falta de voluntad política y capacidad institucional desde el Ministerio de Defensa.

Aquí ha prevalecido una auto inhibición sistemática y falta de liderazgo, desde la posición del ministro, como se vio en estos últimos años, que reflejan una claudicación en favor de la acomodación, para “no hacer olas”, en desmedro de una visión orientada a contribuir desde un sector clave a la verdadera democratización del país y a una modernización de las Fuerzas Armadas y los sistemas de liderazgo civil.

Claridad conceptual

Los conceptos permiten distinguir entidades que comparten un conjunto de propiedades significativas. Consecuentemente, no se debe tomar con ligereza la expresión “claridad conceptual”. Omitirla conduce a disquisiciones infundadas y abre las puertas a que el simple oportunismo vaya configurando nuestro devenir.

Si de conceptos se trata, empecemos por preguntar ¿Qué es una universidad? ¿Qué es una universidad pública? ¿Qué rol le corresponde al Estado en educación superior? Parecería conveniente y necesaria una cierta claridad respecto a estas preguntas cuando se discute una legislación sobre educación superior. Sin esa claridad se maximizan los riesgos de un debate enredado y confuso. Pero también es cierto que esto último bien podría ser, precisamente, un objetivo deseable y buscado para algunos. Y que estos querrían las tinieblas conceptuales.

La universidad puede concebirse como una comunidad de maestros y discípulos destinada al cultivo del saber, interesada en la investigación e innovación, donde el estudiante pasa algunos años que recordará y valorará como los más decisivos para su formación intelectual y profesional. Alternativamente, podría concebirse como un modelo de negocio donde un joven obtiene un título profesional que le permitirá mejores remuneraciones en su vida, es decir, un rédito futuro que justificaría endeudarse e invertir en sí mismo, paradigma que, de paso, puede facilitar la transferencia masiva de recursos públicos al privado. Tasa de graduación, empleabilidad de egresados, retorno económico, son mediciones obvias para este segundo paradigma, las que, sin embargo, si resultan molestas pueden ser fácilmente ignoradas.

Otra cuestión conceptual se refiere a los roles del Estado en el sistema de educación superior. Son al menos dos, y muy distintos, por lo que deben ser claramente diferenciados y explicitados. Por una parte, el Estado regulador debe definir los requisitos mínimos que las instituciones de educación superior han de cumplir, a la vez que garantizar que los cumplan. Por otra parte, el Estado proveedor se hace responsable de entregar educación superior de calidad en un ambiente pluralista, inclusivo y laico, cumpliendo tareas de investigación y transmisión cultural pertinentes.

En Chile, el Estado no sólo no distingue esos dos roles, sino que trata a las universidades estatales con los mismos criterios que a las privadas, es decir, con un énfasis en su función de ente regulador y un desentendimiento de su función de ente proveedor. Curiosamente, esto que se acepta tan fácilmente para educación superior sería incomprensible en cualquier otro ámbito de lo público. Si un hospital no cumple con los estándares de calidad, ¿se entendería que la respuesta del Estado fuera castigar a los pacientes quitándoles la atención gratuita? Si un local comercial que vende alimentos no aprueba la inspección sanitaria, el Estado debe cerrarlo. ¿Sería esa la conducta a seguir con un ente estatal que provee alimentos a escuelas públicas? ¿O más bien el Estado debería tomar medidas para corregir inmediatamente la situación?

En el resto del mundo, declarar que las universidades públicas “no tienen dueño” se interpreta como que son de todos. En Chile, más bien como que no les pertenecen a nadie.

Una tercera cuestión tiene que ver con un concepto tan novedoso como execrable. Se trata de la idea de que las comunidades universitarias pretenden “capturar” para beneficio propio un bien que pertenece a todos. Acusación curiosa contra una comunidad que, incluso en lo más pragmático, financia ella la adquisición de bienes que pasan a ser propiedad del Estado. Esta desconfianza en las universidades se usa para justificar medidas de intervención gubernamental inéditas. Desde siempre, Chile y el mundo han sabido compatibilizar dos ideas esenciales para las universidades públicas: su sinergia con las políticas estratégicas del país y su autonomía.

Por último, las universidades estatales tienen un factor de especificidad que, aún siendo tautológico, aquí ha sido sistemáticamente ignorado: su necesidad de vincularse armónicamente entre sí y con el resto del Estado. Este espíritu de colaboración en torno a misiones y objetivos comunes es lo más importante que hoy debemos reconstruir.

El archivo como institución de la memoria

Por Emma de Ramón

Los documentos son un elemento clave en la construcción de la memoria personal, familiar, comunitaria, social, institucional y, desde luego, nacional. Me explico: cada vez que ocurre un cataclismo (tan común en estas tierras) escuchamos que uno de los mayores daños provocados a las personas y familias es la pérdida de sus documentos; desde la simple cédula de identidad, pasando por certificados de estudios, inscripción de sus propiedades, hasta cartas, fotografías y otros testimonios personales. Lo mismo ocurre en los diversos niveles de organización: no tener documentos equivale al olvido de la historia y su reemplazo por la “leyenda”, es decir, la pérdida de gran parte de lo que define nuestro desarrollo como personas, sociedad o nación.

Cada aspecto de nuestra vida (personal o institucional) observada en el tiempo, deja un rastro: si ese rastro se pierde, todo el devenir se borra y aquello que narramos se basa sólo en el recuerdo. Los documentos nos permiten traer al presente los actos o hechos del pasado: mientras los producimos, cuando tomamos una fotografía o un video o escribimos algo, ocurre la fijación de un evento que nos permite recordar, pero a la vez, demostrar que ese evento ocurrió. Por eso, cuando alguien concurre a un archivo a buscar, por ejemplo, la inscripción de un contrato de compra y venta suscrito en el pasado, lo que desea es demostrar que esa compra se realizó respecto de unos terrenos que, según señala el documento, tenían tales proporciones, tamaños y límites. Así, al archivo,  en este caso el Registro Conservatorio de Bienes Raíces, se le exigen ciertos estándares que permitan mantener ese testimonio o demostración en el tiempo: que los documentos se conserven bajo ciertas condiciones que aseguren su preservación, que tengan una organización que permita su recuperación por parte de quien consulta y, principalmente, que el documento sea lo que dice ser. Es decir, que corresponda al documento original.

El archivo es la institución que garantiza todos estos aspectos: la cadena de custodia es demostrable, se encuentra en un contexto, contiene las firmas y otras huellas que determinan su autenticidad (timbres, marcas de agua, barras de verificación, etc.). Todo ello nos permite demostrar que un acto, en el caso de nuestro ejemplo, comprar unos terrenos, se realizó y que los derechos sobre ese acto se encuentran vigentes. Naturalmente, como los espacios son reducidos y las instituciones producen unas cantidades de documentos mayores a sus capacidades de almacenamiento, los archivos establecen lo que se denomina “tablas de retención”; es decir, se determina previamente a la producción de los documentos, cuáles de ellos requieren permanecer en el tiempo y cuánto tiempo debe guardarse cada tipología documental. Ese ejercicio se realiza de acuerdo a ciertos reglamentos o procedimientos internos o regulados externamente: es posible que el Conservador de Bienes Raíces de nuestro ejemplo no guarde la documentación contable más de cinco años (de acuerdo a las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos), pero, desde luego, no puede deshacerse de los registros conservatorios que son su razón de ser. Estos los guarda hasta que, según dicta la ley, los transfiere al Archivo Nacional, el organismo público que garantiza la continuidad permanente de la custodia.

Lo mismo ocurre respecto a los actos que realiza el Ejecutivo: todos los actos administrativos producidos por el Estado quedan guardados en los archivos de gestión de cada oficina. Por ejemplo, los decretos de nombramiento, los informes contratados por algún servicio, licitaciones y otros actos por medio de los cuales el Estado adquiere algún bien o servicio, las actas de las reuniones en las que se deciden acciones, en fin, los rastros de todas las funciones públicas ejercidas por los funcionarios van quedando guardadas de manera tal que el Estado pueda responder de sus actos y obligaciones, así como también reclamar algún derecho adquirido. Pasado un tiempo, los organismos públicos transfieren su documentación al Archivo Nacional o a los Archivos Regionales en su caso, según lo que establece el artículo 14 del DFL 5.200 (1929). Así se hizo durante mucho tiempo hasta que el 17 de enero de 1989, la Ley 18.771 vino a cambiar esa situación. En un artículo único, la Junta de Gobierno que en esos años ejercía la función Parlamentaria estableció que “la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, las FFAA y de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva”. Asimismo, resta al Conservador del Archivo Nacional la facultad de visitación o supervisión de esos archivos.

Esto ha permitido, entonces, la destrucción o negación de los documentos que, eventualmente, estos organismos vinculados a la represión política y social en los años ‘70 y ‘80, produjeron. Con ello, han borrado la huella que pudieron haber dejado en los documentos el Estado, las miles de víctimas de la dictadura cívico-militar y sus victimarios. De no derogarse esta Ley por el Parlamento –derogación que se ha intentado durante muchos años sin avances mayores, lo poco que queda de estos rastros terminarán por borrarse, si es que todavía sobrevive alguno.

Un llamado de atención del INDH

A mediados de diciembre último, en una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República y representantes de otros poderes del Estado, y en la que participó como maestra de ceremonia la protagonista de la película “Una mujer fantástica”, Daniela Vega, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega de su VIII Informe Anual, que contiene tanto el balance como las recomendaciones que deben ser abordadas por el conjunto de las autoridades públicas.

Entre los aspectos negativos que destaca este informe que contiene los avances y retrocesos están las manifestaciones de discriminación hacia las mujeres, la niñez trans e intersex, los pueblos originarios e inmigrantes, las condiciones de las personas internadas en unidades siquiátricas de larga estadía, la situación de las y los adolescentes que están en los centros de protección directa del Estado, el resguardo de la biodiversidad y el cambio climático, la justicia transicional y las políticas de reparaciones a las víctimas de la dictadura.

Uno de los elementos que acompañaron este trabajo fue el llamado de atención que develó la encuesta elaborada por el INDH, que pone el acento en materia de migración y racismo, con datos que demandan políticas que deben ser asumidas con urgencia. Por ejemplo se apunta a que, si bien un 71,3% se muestra de acuerdo con la afirmación de que “con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas”, el 68,2 % responde afirmativamente ante la pregunta de si está  de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes al país, lo que para el organismo de derechos humanos “resulta preocupante porque constituye un derecho esencial que las personas puedan moverse libremente y establecerse en lugares diferentes a su país de origen”.

En esta línea, la encuesta de percepción sobre los migrantes realizada a 2.047 chilenos mayores de 14 años , hombres y mujeres de todas las regiones del país, aporta otros datos alarmantes, como que un 76 % de la población ha sabido o presenciado al menos una vez hechos contra migrantes como menosprecio(76%), burlas(78,3%), intimidaciones (66,5%), escupitajos (54,2%), insultos (79,8%), golpes (69,5%), agresiones sexuales (44,5%), apuñalamientos (58,7%), y asesinatos (51,9%). El documento agrega que “estas situaciones tienden a acentuarse entre la población joven, los segmentos socioeconómicos más bajos y la zona norte del país”.

Si a lo anterior se suma que un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser más blanco que otras personas de países latinoamericanos, el informe nos invita no sólo a hacernos cargo de una realidad que  además tiene una expresión cotidiana dramática como la que le costó la vida a la joven haitiana Joane Florvil, sino también a asumir políticas públicas que enfrenten esta y otras realidades que son explicitadas en  esta cuenta anual.

En este sentido no basta que Chile dicte una ley migratoria democrática dentro de los marcos y compromisos que el país ha suscrito en materia de derechos humanos. Entre otras medidas, hace falta también un mayor rigor y tolerancia cero de los medios de comunicación frente a discursos xenófobos y racistas, así como una ciudadanía más alerta y comprometida.

Desde la Universidad de Chile, junto a los estudios y acciones emprendidas de manera transversal, se suma ahora la Cátedra de Migración y Racismo Contemporáneo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que se encuentra en su etapa de tramitación y que con la coordinación académica de María Emilia Tijoux asume que aportar a la reflexión sobre las causas y consecuencias de las migraciones contemporáneas y el avance del racismo en el país requiere necesariamente proponer desde la academia una aproximación amplia y actual del tema, de modo que como sociedad internalicemos que cuando nos referimos a la migración y el racismo no sólo se trata de un ejercicio teórico, abstracto o histórico, sino que también constituye un elemento fundamental del presente y futuro que como país queremos construir.

La memoria digital

Por José Miguel Piquer

La humanidad parece haber estado siempre obsesionada con almacenar su historia, por mantener una memoria hacia el futuro, por no ser olvidada. Desde los dibujos en las grutas prehistóricas, pasando por los millones de páginas de papel impresas, hasta los discos duros repletos de archivos. Por ello, no es sorprendente que hoy, que tenemos acceso a generar información y almacenarla casi a costo cero, los archivos de la humanidad hayan explotado en el planeta.

Se estima que hoy Internet almacena y disponibiliza más datos que los que se habían generado en toda la historia previa. Cada día se producen más de 2.5 exabytes en fotos, videos, textos, etc. Si eso no le dice nada, se estima que todas las palabras habladas por todos los seres humanos que han existido sobre la tierra suman como 5 exabytes de texto. Al parecer, con la memoria digital hemos construido lo más parecido posible a la biblioteca infinita de Jorge Luis Borges: jamás podremos recorrerla entera ni encontrar todo lo que en ella existe.

Una diferencia importante entre la memoria digital y los métodos anteriores de memoria (pinturas rupestres, libros) es que todo lo que almacenamos son ceros y unos, nada más. Esos ceros y unos los llamamos bits, y usualmente se almacenan y transmiten en forma electrónica, lo que permite tener enormes capacidades de almacenamiento y transmisión. Podríamos almacenarlos en formas más tradicionales, como en papel, pero resulta tremendamente ineficiente para los tamaños que se requieren. Un problema de los bits es que capturan muy poca información cada uno (sólo dos valores posibles), por lo que necesito muchos para almacenar cualquier objeto. Por ejemplo, una simple letra requiere 8 bits. Si queremos idiomas con acentos, eñes y esas alternativas, pasan a ocupar 16 bits cada una. Imaginen cuánto se requiere para una película en alta definición. Por ello es importante ocupar tecnologías de almacenamiento que requieran poco espacio y poca energía para cada bit. Los discos magnéticos y las memorias de estado sólido son los campeones actuales para almacenar datos, pero irán apareciendo alternativas nuevas en un mundo que cambia muy rápidamente.

Esto presenta un gran desafío para los archivos, ya que debemos irlos copiando de una plataforma a otra todo el tiempo, o nos arriesgamos a perderlos para siempre. En lo personal, he perdido mucho tiempo de mi vida preservando videos de mi familia desde que son digitales. En un inicio los copié a DVDs, luego los codifiqué a discos duros y hoy los tengo en la nube, suponiendo que es suficiente respaldo. En ese camino, descubrí que los DVDs se vuelven ilegibles con los años, que los discos duros se mueren con el tiempo y que cometemos errores, borrando historias completas de nuestras vidas.

Alguna vez buscamos respaldos en cinta de un viejo computador para rescatar mails muy antiguos, sólo para descubrir que esas cintas ya nadie puede leerlas. Es ahí que uno entiende el valor que tiene el papel en la historia de la humanidad: soy capaz hoy de leer un libro con cientos de años de antigüedad sin ningún problema, pero no soy capaz de leer una cinta magnética de hace 20 años.

Los archivos digitales son tremendamente volátiles, por lo que la primera lección es ¡cuídenlos! Recuerdo una charla de Marco Antonio de la Parra de hace unos 20 años atrás en que contaba cómo había perdido varios capítulos de una novela, escritos en un largo momento de inspiración en un computador, sin nunca guardar el archivo, claro, hasta un corte de luz. Dijo algo como: “en ese momento entendí lo que era el vacío. ¿Dónde estaban todas esas frases, esas palabras que escribí y sufrí hace unos minutos atrás? ¿Cómo es posible que no quede nada?”.

Ese es un problema fundamental de los bits: son etéreos y frágiles. Debemos batallar por respaldarlos, replicarlos, almacenarlos en forma confiable.

Pero esta memoria digital de la humanidad también presenta varios otros desafíos hacia el futuro. El más obvio es cómo navegar en este diluvio de datos: ¿cómo encuentro esa foto que busco si ahora tengo millones de fotos en mi disco? ¿Cómo discrimino información confiable entre todo el ruido generado por opiniones sin fundamento? Y varios otros que son menos obvios, pero igual de importantes:

¿Cómo diferencio un original de una copia?

¿Cómo protejo la propiedad intelectual?

¿Cómo sé que la información que estoy leyendo es real?

¿Cómo digitalizo objetos complejos reales?

¿Cómo visualizo información masiva?

¿Cómo borro información errónea o de la que me arrepiento?

¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a estos datos masivos?

¿Cómo controlo la privacidad de mi información personal?

La digitalización nos seguirá revolucionando las vidas por muchos años más. Tendremos que seguir esforzándonos por mantenernos al día y buscar soluciones innovadoras a los múltiples desafíos que tenemos por delante.

¿Es Chile un Estado laico?

Por Agustín Squella

Tratándose del tema de la fe, la pregunta suele ser tan simple como “¿cree usted en Dios?”, y parece conducir sólo a dos posibles respuestas, sin dejar espacio para otras réplicas igualmente plausibles y que sus sostenedores desearían poder explicar más allá de un simple “sí” o “no”. Lo que quiero decir es que ante una pregunta como esa caben más de las en apariencia dos únicas respuestas posibles, porque para no pocos hombres y mujeres la existencia de Dios –utilizando una imagen literaria de John Updike- se presenta como algo más bien borroso e incógnito, “como una cara a través del cristal empañado de un cuarto de baño”.

En efecto, entre aquellas dos respuestas más habituales –“sí, creo”; “no, no creo”- es posible identificar a lo menos cinco diferentes alternativas que se sitúan en distintos puntos de una extensa línea que se podría trazar entre aquel par de conclusiones extremas y excluyentes.

Dichas posiciones son la del que opta por suspender todo juicio acerca de la existencia de Dios; la del que duda de esta misma existencia; la del que cree sólo en la posibilidad de la existencia de un ser superior; la del que afirma la existencia de Dios, pero declara que este no es cognoscible por la mente humana; y, por último, la del que únicamente cree que cree.

La primera de aquellas posiciones –suspender todo juicio sobre la existencia de Dios- es la del que se considera agnóstico, esto es, de quien declara no saber, ni ser asunto posible de saber, si Dios existe o no. La respuesta que dio alguna vez Jorge Millas a la pregunta “¿qué pasa entre Dios y usted?” podría ilustrar esta posición: “Entre Dios y yo no ocurre nada”, respondió el filósofo. “Si me ha creado, no lo sé; si su Providencia me conserva, no lo noto. No conozco ni el temor de su justicia ni la confianza de su amor, ni la bendición de su misericordia. Digo “Dios” y me envuelven las tinieblas; pierdo al instante lo único que me salva del aturdimiento ante el misterio de la rutina del universo, que es mi pequeña capacidad de pensar”.

La segunda posición –todavía más alejada del puro y simple ateísmo, pero distante, a la vez, de la firme actitud del creyente- es la de un estado de duda o de indecisión ante Dios. Juan de Mairena, el fabuloso personaje imaginario de Antonio Machado, constituye un buen ejemplo de ella, como se desprende de su conocida sentencia: “A Dios, además de creer en Él y de negarlo, se puede también dudarlo”, frase esta que recuerda la ambigua pero sincera invocación del padre del epiléptico en el Evangelio de San Marco: “Creo, Señor, socorre mi incredulidad”.

En cambio, la tercera de las posiciones antes mencionadas cae más cerca de la del creyente, aunque no coincide del todo con esta: es la del que cree, aunque no propiamente en Dios, sino sólo en la posibilidad de que este exista. Tal nos parece, por ejemplo, la actitud que acabó teniendo el novelista inglés Graham Greene, quien preguntado por los motivos de su conversión al catolicismo respondió que “ante todo me era indispensable creer en la posibilidad de la existencia de Dios”.

La cuarta posición, es decir, la de aquellos que junto con afirmar la existencia de Dios declaran el carácter no cognoscible de este, correspondería a la de Hobbes, y también de Locke. Se trata aquí de creyentes silenciosos, no pontificadores, que se limitan a creer y a quienes no se les ocurriría argumentar a favor de su creencia.

En fin, hay todavía una quinta posición, que es la del filósofo Gianni Vattimo, quien dice que “cree que cree”, y que llama incluso a conformarse con eso –a creer que se cree y a no creer a ciegas-, puesto que sólo una fe débil como esa puede suavizar el mensaje y proceder de religiones que a lo largo de la historia se han comportado agresivamente con quienes no compartían su fe.

Quiero aludir ahora a la distinción entre “secularización” y “secularismo”, la cual, en cierto modo, se corresponde con la distinción entre “laicismo” y “laicicismo”. Sin embargo, “secularización”, propiamente hablando, alude a un proceso histórico que hemos vivido y continuamos viviendo a escala de todo el planeta, el cual se encuentra especialmente avanzado en Occidente, mientras que “secularismo” alude a la ideología que apoya o empuja dicho proceso, aunque “secularismo” puede ser también otra cosa: la ideología de la repulsa o rechazo de las religiones, y, aun, de la misma idea de Dios. Por su parte, “laicismo” es lo que se predica de alguien que es laico. Pero “laico” puede significar también varias cosas, según los distintos contextos de uso del término: el que dentro de una iglesia como la Católica no es clérigo; el que propicia que el Estado debe estar separado de las religiones y de las iglesias y comportarse de manera neutral frente al mensaje de todas ellas; y el que propugna una educación que no incluya la enseñanza pública de ninguna religión. “Laicicismo”, a su turno, equivale a “secularismo” en la segunda de las dos acepciones que señalamos antes para esta última palabra. Y si acabamos de poner “religiones” e “iglesias” es para evitar la confusión entre aquellas y estas. Así, por ejemplo, si el cristianismo es una religión, la Católica es únicamente una iglesia, una iglesia cristiana, por cierto, pero que convive con muchas otras iglesias que comparten la religión cristiana. Vattimo afirma que las iglesias son a las religiones como los clubes de fútbol al fútbol.

Pues bien, llamo “secularismo” a la ideología y comportamiento del rechazo o repulsa de la religión, y llamo “secularización” al intento humano de conseguir una explicación del mundo sin necesidad de recurrir a la afirmación y ni siquiera a la hipótesis de la existencia de Dios. Así entendida, es decir, como un proceso en virtud del cual asuntos estrictamente humanos, tales como el arte, la ciencia, la política, el Estado, el derecho, son explicados y fundamentados con entera prescindencia de la idea de Dios, la secularización no sólo resulta compatible con la religiosidad, sino que se vuelve posible ver en ellas dos fenómenos radicalmente humanos y, por tanto, en cierto modo, convergentes.

Uno de los pensamientos que mejor refleja esa idea lo debemos a un hombre de fe, el teólogo jesuita Henri De Lubac, quien dijo que “si Dios descansó en el séptimo día, ello significa que alguien en adelante tendría que ocuparse del resto”.

Vista del modo que hemos señalado, ¿no podrá constituir la secularización un proceso incluso favorable a la misma religión, en cuanto demarca mejor, y por lo mismo refuerza, los ámbitos de lo eterno y sagrado, por una parte, y de lo temporal y profano, por otro? ¿No ocurrirá que merced a ella -en palabras de Teilhard de Chardin- “el núcleo de lo religioso se desprende ahora ante nuestros ojos más diferenciado y vigoroso que nunca”? ¿No está acaso en esa misma línea la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, cuando refiriéndose a las nuevas condiciones de nuestro tiempo sostiene que “dichas condiciones afectan a la misma vida religiosa: por una parte, el espíritu crítico, más agudizado, la purifica de la concepción mágica del mundo y de las pervivencias supersticiosas, y exige cada día más adhesión verdaderamente personal y activa a la fe”, de todo lo cual resulta –concluye el citado documento- “el que no pocos alcancen un sentido más vigoroso de Dios”.

Agregaré que, como es obvio, la moral es independiente de la religión en el sentido de que así como resulta posible una moral con Dios, esto es, una moral que tome sus preceptos de un credo religioso –por ejemplo, el cristianismo- y que de hecho es adoptada por quienes comparten ese credo, también es posible una moral sin Dios, o sea, una moral laica. Esto quiere decir que no sólo personas creyentes pueden desarrollar una idea del bien, determinar los caminos para realizarla y ponerse en marcha para concretar esa idea en la mayor medida posible. Muchas veces se afirma, erróneamente, que sin Dios todo está permitido en el terreno moral, una idea que cierra toda posibilidad para una moral laica. Sin embargo, y además de no corresponderse con la realidad, puesto que muchos no creyentes se comportan moralmente y pueden dar razones para ello con entera independencia de la existencia de Dios y de los premios y castigos divinos que los sujetos religiosos imputan a los comportamientos moralmente correctos e incorrectos, la idea de que sin Dios todo está permitido se revierte a veces en su contraria, puesto que el fanatismo religioso justifica en nombre de la fe la violencia y aun la eliminación física de quienes no participan del credo de que se trate, es decir, de los infieles. ¿No fue “Ala” la última palabra que salió de los labios de los terroristas islámicos que estrellaron sus aviones contra las torres gemelas en Nueva York? ¿No era acaso en nombre de “Dios” que el tribunal de la santa inquisición católica privaba de su patrimonio y aun de su vida a quienes no creían en Él o simplemente blasfemaban? ¿No fueron reformadores calvinistas los que en 1553 asaron vivo al médico español Miguel Servet por haberse declarado contrario al bautismo de los recién nacidos?

Volviendo a la moral religiosa, es decir, a códigos de comportamiento moral que se corresponden con determinados credos religiosos, está también el problema de que no todos los creyentes de una misma religión comparten íntegramente el código moral de esta, o, lo que es lo mismo, no todos tienen una misma interpretación del mensaje moral del fundador de la respectiva religión. Por otra parte, y si nos situamos ahora en el ámbito más limitado de una iglesia en particular, no todos los fieles comparten ni tampoco siguen las pautas de tipo moral que imponen los ministros y jerarcas de esa iglesia. Esto quiere decir que no hay perfecta coincidencia en temas morales entre quienes comparten una misma religión, y ni siquiera entre quienes forman parte de una misma iglesia, lo cual no relativiza del todo, aunque sí complica a toda moral de carácter religioso.

Mirada desde cierto punto de vista, una moral laica es no sólo posible, sino también más meritoria que una de tipo religioso, puesto que el no creyente que cumple la moral que ha adoptado autónomamente no cuenta para ello ni con la promesa de la salvación ni con la amenaza de la condena eterna. ¿Qué lo mueve entonces? La fidelidad a la imagen moral que ha trazado de sí mismo, el impulso a sustraerse al remordimiento y la culpa, la convicción de que no es aceptable causar daño a otro, e, incluso, la aprobación que desde un punto de vista moral todos necesitamos obtener tanto de parte de nosotros mismos como de los demás. Fidelidad a uno mismo, vivir sin remordimiento ni culpa (hasta donde algo así resulte posible para seres constitutivamente imperfectos), consideración y respeto por los demás, y autoestima moral fundada en el juicio moral tanto propio como ajeno: no son pocos, como se ve, los motivos que tiene un no creyente para tener y observar una moral.

Respecto ahora de cómo se relaciona un Estado con las religiones, veo cuatro alternativas posibles: el Estado confesional, el Estado religioso, el Estado laico y el Estado anti religioso.

El primero de ellos –el Estado confesional- es aquel que adopta una determinada religión como oficial, excluyendo a todas las demás. El segundo –el Estado religioso- es el que, sin adoptar una religión oficial, apoya a todas las religiones existentes, por entender que ellas son un bien para la sociedad; por tanto, un Estado religioso otorga a todos los credos y confesiones religiosas beneficios tales como subsidios, transferencias de bienes inmuebles públicos, exenciones tributarias, y así. Por su parte, el Estado laico es aquel que no adopta una religión oficial, que no hace una valoración positiva ni negativa de las religiones, y que, por lo mismo, ni las apoya ni las persigue. Un Estado laico se mantiene neutral ante el fenómeno religioso y sus diversas manifestaciones institucionales y no hace a aquel ni a estas titular de beneficios ni víctima de maleficios, declarando y respetando la más completa libertad religiosa, incluida por cierto la de no tener religión ni afiliarse a una iglesia. Por último, un Estado anti religioso sería aquel que considera que las religiones representan un daño para la vida en común y el desarrollo de la sociedad, y que, por tanto, las prohíbe y persigue a todas por igual.

En un contexto como ese, ¿qué es Chile hoy, a inicios del siglo XXI? Es claramente un Estado religioso. Ni confesional, ni laico, ni tampoco anti religioso, pero sí religioso, puesto que ayuda de distintas formas a todas las confesiones y credos (aunque casi siempre más a una que a las otras), sobre la base de admitir, aunque no lo haga de manera expresa, que esas confesiones y credos son un bien para la sociedad y que es preciso apuntalarlas en la propagación de la fe y de las buenas costumbres asociadas a esta. Un Estado religioso adopta la tesis de que religiones e iglesias colaboran a mantener buenos estándares morales en la sociedad y que por eso deben ser respaldadas por políticas y recursos públicos que el Estado implementa para ellas.

La pregunta ahora es qué tipo de Estado querríamos tener en adelante. Supuesto que vamos a excluir de partida la posibilidad tanto de un Estado confesional como anti religioso, ¿querremos seguir siendo un Estado religioso, amigo de las religiones, u optaremos por ser uno simplemente laico, neutral frente a ellas?

He ahí una buena pregunta, según creo, en medio del proceso constituyente que estamos viviendo.

La ley de aborto en tres causales: agenda de derechos versus agenda valórica

Por Claudia Dides

En Chile el aborto terapéutico existió legalmente entre 1931 y 1989, periodo en que el aborto era socialmente aceptado. Fue en sus postrimerías que el “Congreso” de cuatro generales de la dictadura militar derogó el artículo 119 del Código Sanitario que lo permitía, penalizándolo a través de la modificación de los artículos 342 a 345 del Código Penal. Esta penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo significó el incumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos de las mujeres. Hoy, finalmente, hemos logrado que el Congreso chileno aprobara en septiembre una ley que permite el aborto por causales, lo que constituyó un gran avance en materia de garantía y protección de derechos reproductivos de mujeres y niñas. No obstante, en cualquiera otra causal las mujeres siguen siendo obligadas a buscar la realización de este procedimiento en condiciones inseguras y clandestinas, lo que afecta integralmente su salud y derecho a decidir.

Esta ley de aborto por tres causales se logra después de casi tres décadas de ausencia de un debate democrático sobre el tema, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, pese a la permanente lucha de la sociedad civil por concretarla y de los intentos legislativos de algunos parlamentarios.

Cuando el gobierno presentó este proyecto de ley se abrió un intenso y a veces dramático debate político e ideológico en la sociedad chilena, que se sumó a otros debates sobre otros derechos en distintas esferas de la vida, cuyo reconocimiento la sociedad chilena viene reclamando hace tiempo. Ello se enmarca en un proceso de transformaciones profundas sobre los comportamientos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres chilenos desde la década de los ‘90, las que produjeron un cuestionamiento al orden social y al “contrato sexual” de la sociedad chilena, que se ha expresado en diversas polémicas sobre políticas públicas como, por ejemplo, la educación sexual, la prevención del VIH/ Sida, el divorcio, la anticoncepción de emergencia, el reconocimiento de la diversidad sexual y el debate sobre el aborto.

A su vez, estas transformaciones han introducido nuevos principios, valores y discursos que reordenan la relación entre cuerpo, sexualidad y reproducción, fenómenos que se ven enfrentados a nuevos nudos problemáticos y que han llevado a que algunos sectores sientan la necesidad de plantear la llamada agenda valórica. Esta agenda ha sido impulsada por los sectores más conservadores -que, dicho sea de paso, no se relacionan directa ni necesariamente con las posiciones políticas de derecha, sino que atraviesan todo el espectro político chileno-, que se expresan a través de discursos político-ideológicos que se vinculan con una determinada forma de concebir la realidad y el orden social. Las significaciones que se expresan en la agenda valórica son asumidas como “verdaderas” y, por tanto, como naturales, “esencialistas”. Estos universos de significaciones operan como organizadores de sentido de los actos humanos, estableciendo los límites de lo lícito y lo permitido que intentan disciplinar los comportamientos, en particular los de las mujeres.

De manera especial, el estancamiento y retroceso de las formas de abordar y atender la sexualidad y la reproducción en Chile se ha debido a la intervención de corrientes conservadoras encarnadas en las posiciones de distintos actores institucionales, particularmente religiosos y políticos.

La presencia de sectores conservadores en estos debates se ha ido acentuando en los últimos años. Esta situación no es particular al caso de Chile. Se trata de procesos a nivel global y regional. La jerarquía de la Iglesia Católica ha determinado los lineamientos doctrinarios y religiosos sobre la sexualidad debido a la importancia que se le ha concedido a su normatividad discursiva, la que, incluso, ha llegado a convertirse en un referente casi obligatorio. Se han sumado también las jerarquías de las iglesias evangélicas, que incluso se han constituido en algunos países a través de bancadas parlamentarias, un fenómeno que también comenzaría a suceder en Chile, lo que daría cuenta de la aparición de ribetes integristas preocupantes para la democracia.

Esta agenda valórica se contrapone a la agenda de derechos que se ha construido a partir del reconocimiento de las mujeres como sujeto de derecho, proceso que tiene como base las transformaciones en la intimidad que han modificado el valor social asignado a la sexualidad y reproducción. A partir de los diferentes procesos de modernización ha surgido un elemento central para posibilitar el ejercicio de los derechos en este campo, como es la separación entre sexualidad y reproducción, lo que repercute en el proceso de toma de decisiones de las mujeres en estos ámbitos. Se trata de un nuevo camino de búsqueda de autonomía de las mujeres y, por tanto, de un cuestionamiento a los sistemas de dominación de género en estos campos. Diríamos que el “derecho a decidir” es uno de los grandes avances, a pesar de las dificultades y obstáculos conocidos.

La agenda de derechos, que tiene como columna vertebral la autonomía, la libertad y el derecho a decidir, comienza en la década de los ‘50-‘60, cuando existió una creciente preocupación por los temas de población y desarrollo por parte de los países más desarrollados, y se extiende a la década de los 2000, cuando se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Los defensores de esta agenda son principalmente movimientos feministas y de mujeres, ONGs defensoras de los derechos, etc., a los que se suman los Estados, que van suscribiendo sucesivos acuerdos.

La sexualidad y la reproducción son políticas en la medida en que han traspasado la esfera de lo privado y se han convertido en problemas de derechos ciudadanos que el Estado debe garantizar a través de la implementación de políticas públicas acorde con la realidad de la población, y del desarrollo de mecanismos para garantizar los derechos cívicos, sociales y políticos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Lo que está en disputa en las agendas y que se expresó claramente en el debate de la ley de aborto por tres causales en Chile ha sido la autonomía, la voluntad y la libertad de decidir en el marco de un Estado laico. Es decir, la capacidad que tiene cada persona, en este caso las mujeres, para adoptar normas y criterios que permiten la construcción de una voluntad individual, expresada en múltiples comportamientos y respetuosa de la autonomía de las otras personas. Se trata de que a cada persona se le reconozcan sus derechos sin renunciar a la propia identidad, a sus deseos y proyectos.

Tal como se ha señalado, la autonomía y la voluntad son parte de los hilos conductores y de los componentes sustantivos más importantes en el escenario de la vida personal, en tanto condición para relacionarse con los demás de forma igualitaria, lo que finalmente permite el respeto por las capacidades de los demás, que es consustancial al orden democrático.

En el debate sobre el aborto por tres causales han coexistido estas dos agendas, que responden a intereses totalmente distintos. Sin embargo, la agenda de derechos cuenta con el amplio apoyo de la ciudadanía; un ejemplo de ello es el 72% de aprobación que tiene la ley de aborto en tres causales.

Sin duda, lo que está al centro de estas dos agendas tan disímiles son los fundamentos mismos del reconocimiento universal de estos derechos. La agenda valórica se constituye a partir de argumentos que se arrogan la interpretación correcta de ciertas reglas que por naturaleza corresponde respetar, una especie de verdad revelada y por tanto no cuestionada. Por otra parte, la agenda de derechos se caracteriza por recurrir a la razón para construir consensos que contribuyan al reconocimiento de la diversidad y de un Estado garante de ideales universales como la libertad, la justicia y la igualdad en el marco de sociedades democráticas.

La laicidad es un imperativo para el Estado y también para las religiones

“La laicidad es una virtud que hace que el Estado sea independiente y servidor del bien común. Pero nada impide, y diría que es incluso obligatorio, que la laicidad sea también una virtud de todos los ciudadanos. Pienso que las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y asociaciones parecidas, además de las personas individualmente consideradas, debieran ser “laicas”. Esta debiera ser una característica de la sociedad y no sólo de un Estado moderno.”

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Significados de una construcción que se inicia en Carén

En Carén se ha puesto en marcha la construcción del edificio que será sede del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria apoyado por CORFO. En este centro participan otras tres universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Participan también la Fundación Chile y Fraunhofer Chile.

CORFO considera que el sector alimentos es clave para el desarrollo del país y que debe preocuparnos desde su producción primaria a su transformación y procesamiento. A través del Programa Transforma Alimentos, ha apoyado con convicción este Proyecto CeTA que permitirá desarrollar tecnologías que agregan valor innovando en la producción alimentaria. Se trata de un espacio de encuentro, de construcción de capital social, de generación de proyectos estratégicos para un desarrollo integral del país.

El edificio para CeTA es el primero destinado a tareas académicas de investigación e innovación que se empieza a construir en Carén. Dentro de poco inauguraremos el Edificio Vínculo, a partir del cual se irá impulsando y organizando nuestro proyecto académico. Pensábamos que el Edificio Vínculo sería la primera construcción de Carén. Quiso la vida que eso no fuera así y que el primero que se pone en marcha sea el de CeTA. Nos alegramos mucho de este curso de los acontecimientos, pues la propuesta de CeTA no podría ser más representativa de las múltiples dimensiones que inspiran a Carén.

Para comenzar, Carén busca la transdisciplinariedad, un gran horizonte para nuestra Universidad que la ciencia contemporánea absolutamente exige. La producción alimentaria es un tema esencialmente transdisciplinario, que involucra entre otras a las áreas silvioagropecuaria, de tecnologías, de salud y socioeconómica.

En este mismo sector referido a nutrición y alimentos, la Universidad de Chile tiene el privilegio de contar con el INTA, un Instituto que, liderado por Fernando Mönckeberg, anticipó la transdisciplinariedad. Un aspecto fundamental de este concepto es que no basta con que distintos expertos den una opinión especializada sobre un tema, sino que se necesita que además conversen entre ellos. Se debe generar un clima, un ambiente, un lugar en que esos expertos se encuentren para que ahí empiece la hibridación y así una disciplina le transfiera a otra conocimiento que de otro modo no hubiera alcanzado. Los logros de ese Instituto han sido extraordinarios.

Podemos evocar otra experiencia relevante de complementariedad de disciplinas en el área silvioagropecuaria. Es la ocurrida hace 50 años cuando, en torno a la reforma agraria, empezó a dársele una importancia inédita a conceptos e ideas de las ciencias sociales para una cabal comprensión del agro.

Carén nos brinda una gran oportunidad para reestructurar e impulsar la relación entre nuestra Universidad y el Estado. Cuando uno busca en nuestra historia un ejemplo del Estado asumiendo su responsabilidad para con el progreso y el desarrollo socioeconómico del país, no hay instancia más representativa que CORFO y su rol en impulsar el desarrollo fabril en Chile. Felicitamos y agradecemos al equipo que hoy dirige CORFO por la labor que han realizado para reafirmar esos valores, del cual CeTA es una muestra elocuente.

Carén también es una oportunidad para articular una relación en torno a la innovación y al desarrollo, entre universidades y empresas, las que están representadas en CeTA por Fundación Chile y Fraunhofer Chile.

Uno de los valores más significativos de Carén es permitir una convergencia con otras universidades. Las universidades en esencia son instituciones que viven de la colaboración y de la complementariedad. En CeTA están presentes la Pontificia Universidad Católica, con la que nos une una larga relación dentro de la tradición universitaria chilena; y dos universidades que comparten nuestro origen e historia, las de Talca y la Frontera. Especialmente relevante nos resulta la articulación de Carén con los temas de descentralización y desarrollo regional. La presencia de las universidades también se proyecta en los logros que han alcanzado en internacionalización. La tarea de situar a Chile en el contexto internacional, otro objetivo de Carén, es muy pertinente tanto para las universidades de regiones como para el tema convocante, la calidad alimentaria.

A través de Carén debemos anticipar y orientar un movimiento desde economías limitadas a la explotación de recursos naturales y tareas extractivas, hacia economías basadas en el conocimiento, y hacerlo ahora, cuando se agregan expectativas políticas y sociales crecientes.

Carén habrá de reforzar, en toda su amplitud, nuestro vínculo con la sociedad.

Decreto «Mara Rita»: Hacer posible el respeto a la identidad de género en la Universidad

Por Irma Palma

En el último tiempo un*s estudiantes perturban a la Institución. Lo hacen por un asunto de género. Son jóvenes trastornad*s politizando su existencia en la Institución.

Al matricularse distinguen nombre social y nombre civil, y demandan usar el primero, y así se presentan el primer día de clase; abandonan los códigos del vestir exigidos en la escuela desde la infancia y mutan sus ropas masculinas en femeninas y viceversa, o un día una y al otro, otra; invierten el uso de salas de baño y duchas; resistirían sin duda un diagnóstico psiquiátrico en los servicios médicos estudiantiles. Desordenan a la Universidad en sus sistemas de registro de sus miembros, en su organización sexuada de los baños, en sus códigos del vestir, en su lenguaje.

Intervienen la vida social y cultural cuando invitan a Hija de Perra a seminarios académicos y a performances en los patios de campus universitarios que provocaban a la academia.

Denuncian a la Universidad por no ser un territorio libre de violencia. Han padecido la violencia temprana y exclusión de la vida familiar, la exclusión e intimidación en las instituciones educativas, religiosas y recreativas. Saben de la desprotección contra abusos médicos, tratamientos compulsivos, diagnósticos psiquiátricos, y saben de la denegación de acceso a procedimientos de reafirmación de género. Saben de la existencia de los castigos crueles en las instalaciones penitenciarias y en hospitales psiquiátricos. Saben de la exposición a explotación sexual comercial y trata de personas. Saben de la violación sexual “correctiva”. Saben también que la transfobia es una violencia normativa, una guardiana de las fronteras de género.

Son estudiantes que concluirán su formación universitaria, pero a diferencia de la mayoría, enfrentarán una enorme lucha para sortear la exclusión en el mundo laboral. Puede ser que muten nuevamente sus ropas y retomen los códigos del vestir exigidos, oculten su nombre social, inviertan el uso de salas de baño y duchas. Puede ser que una vez ejercitada la vida fuera del modelo dominante, la continúen, sólo que ocultándola.

Van a marchar por las calles el día de la Marcha del Orgullo Gay. Tensionan al Parlamento, demandando una Ley que reconozca y dé protección al derecho a la identidad de género. Reivindican el derecho a cambiar el nombre y sexo registral en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica.

Si el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género fuese aprobado en el Parlamento, arribarán si son mayores de edad y no tienen vínculo matrimonial, a un cambio de nombre y sexo registral, sólo que mediando la presentación de un certificado médico que acredite que cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas para formular este cambio. Por cierto, esto último está siendo y será fuertemente resistido.

La Universidad inició, a través de una de sus unidades, su propia transformación. Se trata del “Decreto Mara Rita” -como lo ha llamado DIVERINAP, la agrupación por la diversidad sexual del INAP-, que es fruto de un decreto que en 2016 crearon el Instituto de Asuntos Públicos y la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Mara Rita era el nombre de una estudiante de la carrera de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, una de las más importantes activistas transgénero del país, que murió a causa de un aneurisma fulminante. Su propósito en su artículo primero: “respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de cualquier persona que estudie o trabaje en esta Unidad Académica”. Como institución, se trata de hacer posible lo anterior, no de hacer en la medida de lo posible. Esto es, que los sistemas de identificación y registro operen con nombre social y códigos de identificación civil simultáneamente.

Su presencia desafía en su propia casa a las disciplinas de la psicología y la psiquiatría, Resisten el modelo de conocimiento dominante sobre la sexualidad y el género, y movilizan nuevas interrogantes. En cursos CFG se vuelven profesor*s invitados por académicas y académicos a debatir con otros estudiantes y mostrar cómo unos modelos científicos y políticos pueden ser cuestionados y transformados al contacto con estas identidades y cuerpos no normativos.

No acatan ninguna catalogación, ni etiqueta, ni definición impuesta por parte de la institución médica; reclaman el derecho a autodenominarse.

Rechazan la “psiquiatrización”, es decir, la práctica de definir y tratar la transexualidad bajo el estatuto de trastorno mental, a la confusión de identidades y cuerpos no normativos con identidades y cuerpos patológicos. Rechazan el paradigma en el que se inspiran los procedimientos actuales de atención a la transexualidad y la intersexualidad mediante procesos médicos de normalización binaria, ya que reducen la diversidad a sólo dos maneras de vivir y habitar el mundo. Presupone la existencia única de dos cuerpos (hombre o mujer) y asocia un comportamiento específico a cada uno de ellos (masculino o femenino), utilizando el argumento de la biología y la naturaleza como justificación del orden social prevalente.

Hay quienes se definen, más que otr*s, radicalmente a partir de lo que conocemos como género no binario, que no ajustan a los espectros de géneros binarios (masculino y femenino), y que resisten el tránsito del uno al otro al modo de un eje unidimensional, según el cual mientras más se aproxima un individuo a lo masculino mas lejos estará de lo femenino.

Están en una resistencia cultural y política, y la Universidad es un espacio en que ello ocurre. Saben que se trata de un esfuerzo político por la transformación –o la preservación- del orden sexual, de género y de familia. Saben que en las instituciones podría decirse sobre la transfobia lo que Daniel Borrillo sostiene respecto a la homofobia: La homofobia deviene la guardiana de las fronteras sexuales (hetero/homo) y las de género (masculino/femenino), y Florence Tamagne, que las representaciones homofóbicas tienden a fijar los límites de la “normalidad”: la estigmatización de los comportamientos “desviantes” implica la denuncia de una “confusión de los géneros”.