A poco más de un mes para el plebiscito de salida del proceso constituyente, las campañas políticas del Apruebo y Rechazo ya se encuentran desplegadas por el país. Un proceso que ha estado marcado por un inédito interés por informarse, como lo demuestran los más de 70 mil ejemplares que ha vendido la editorial Lom de la propuesta de nueva Constitución, pero también por agudos enfrentamientos y acusaciones de desinformación. En esta entrevista, el exvicepresidente de la Convención Constitucional defiende la pluralidad de voces que dio origen al texto y las posibilidades de descentralización que plantea. Y advierte: “la llave para reformar esta constitución la tendrá la democracia o la ciudadanía”.
Entrevista: Francisca Palma | Edición: Sofía Brinck
Semanas después de haber terminado su trabajo como convencional constituyente, Gaspar Domínguez (distrito 26, Región de los Lagos) se encuentra en plena campaña de difusión de la propuesta de nueva Constitución. Miembro del movimiento político Independientes No Neutrales, Domínguez llegó a la Convención Constitucional desde la localidad de Palena, sin experiencia política previa, y se convirtió en uno de sus protagonistas. Esto, luego de suscitar consensos para liderar el órgano como vicepresidente en sus últimos seis meses de trabajo junto a María Elisa Quinteros. “Mi último cargo de elección popular había sido ser presidente de curso en cuarto medio en el liceo”, recuerda el médico. Su historia es similar a la de muchos de sus compañeros en la Convención: independientes, que no militaban en partidos políticos y tampoco provenían de la llamada “clase política”. Algo que, en sus palabras, marcó tanto su experiencia personal como el proceso constituyente completo.
La Convención fue uno de los órganos más representativos y democráticos de la historia de Chile, pero se ha acusado al texto de ser una constitución partisana, como dijo el expresidente Ricardo Lagos. ¿Cómo explicas esta aparente contradicción?
—Hay que separar a la Convención Constitucional (CC) como órgano, del texto constitucional como propuesta. La Convención como órgano es muy diversa, con mucha inexperiencia política, mucha experiencia territorial de movimientos sociales, con académicos, y, en el caso de la mayoría, sin experiencia con políticos. Como había gente tan surtida, la Convención tuvo tropiezos, situaciones que nadie podría decir que fueron buenas. Sin embargo, esta experiencia tan diversa permitió que el texto constitucional sea un texto no partisano, sino un texto de una supramayoría que se conformó dentro del órgano, debido a los dos tercios de los votos que requerían las normas del texto constitucional para su aprobación (103 de 155 convencionales). Se nos olvida que hace poco más de dos años Chile estaba sumido en una profunda crisis política y social, que fue encausada institucionalmente. Expresiones como “la casa común”, que se usaban mucho al principio, eran inocentes: se pensaba que un órgano democrático que buscaba encausar una profunda crisis y caos social iba a ser miel sobre hojuelas. La Convención Constituyente logró canalizar una situación caótica, y eso hizo que el proceso constituyente, a ratos, fuera caótico también, tal como su nacimiento en las calles. Pese a todo, en un plazo corto y con reglas exigentes, logró entregar una propuesta de texto sobre el que la ciudadanía tendrá que manifestarse. A mi juicio, el texto entrega muchas más certezas sobre lo que viene en el futuro, versus el rechazo, que mantiene el camino de la CC abierto, sepa Moya cómo. La Convención hizo la pega, y además deja un texto constitucional que requiere bajo quórum para ser reformado, y en ese sentido, es mucho decir que es partisano.
Mencionaste las opciones de Apruebo y Rechazo, que son los caminos que tenemos hoy ante el plebiscito. Sin embargo, sectores de la derecha han planteado una tercera vía, la idea de “rechazar para reformar”. ¿Cuán legítima es dicha propuesta cuando las reglas del juego ya están planteadas?
—Llevamos más de 32 años con dificultades para reformar la constitución que fue escrita en dictadura. Hemos ido avanzando, pero la llave para esto siempre la ha tenido el tercio más conservador, porque se requiere un quórum de dos tercios para modificar las cuestiones más relevantes. Hoy se plantea como opción real que esta constitución quede en el olvido, y podamos avanzar hacia un Estado social de derechos. Pero más allá de las promesas, la pregunta es: ¿Cuál será el telón de fondo y quién tendrá la llave? La propuesta con la constitución actual establece que el telón de fondo sea el mismo de los últimos 40 años y que la llave la siga teniendo el tercio más conservador. La propuesta de nueva constitución sugiere que el telón sea distinto, un Estado social de derecho, más democrático. Y la llave ya no la tendrá el tercio más conservador, sino que las reformas constitucionales serán con un quórum mucho más bajo. La llave la tendría la democracia o la ciudadanía, porque las reformas sustanciales requieren el apoyo popular a través de un plebiscito.
¿Qué piensas de los apellidos que les han puesto ciertos sectores a las opciones: aprobar para reformar, rechazar para reformar?
—La propuesta de nueva Constitución, como todas las constituciones, no es un texto perfecto y todo el mundo puede tener algo que no le gusta, es normal porque así es la democracia. La única manera que me gustase toda la constitución sería si todos los artículos los hubiese escrito yo. Los que rechazan dicen “vamos a rechazar, pero vamos a arreglar esto después”. Nadie sabe cómo, porque no está dentro de las reglas. Los del apruebo dicen “nosotros aprobamos, pero después lo arreglamos”. La verdad es que, si este texto constitucional se aprueba, será reformado. Por eso el último capítulo se llama Reforma Constitucional y establece cómo se hace, porque esta constitución está hecha para ser reformada. Todas las opciones, Apruebo o Rechazo, van a seguir discutiendo porque este proceso constituyente no empieza ni termina con esta propuesta. Y con eso volvemos a la pregunta por el telón de fondo, a cuál da más flexibilidad. Pero esto no es aprobar para reformar, esto es aprobar para aprobar. Aprobar para tener un Estado social de derecho, un Estado ecológico con una institucionalidad que defiende y protege la naturaleza y los animales; un Estado regional con autonomía, más inclusivo con la diversidad sexual, con las personas con discapacidad. Para eso apruebo, no para reformar. La constitución se puede enmendar en el camino, pero yo apruebo para aprobar.
Esta propuesta se construyó en base a la participación de una amplia mayoría y uno de los canales que se usaron fue la plataforma digital de participación popular, en la que la Universidad de Chile estuvo involucrada. ¿Cuál es el sello del texto en torno a la participación y cómo ayuda a legitimar el producto final?
—Nunca habíamos tenido un proceso democrático con tanta participación. Puede ser que haya quien no le guste, pero para nosotros como convencionales se transformó en un aprendizaje de lo que venía. Por ejemplo, cuando escribimos las normas sobre iniciativa popular de ley, reflexionamos mucho sobre cómo había sido el proceso interno de iniciativa popular de norma. Te voy a contar una infidencia: cuando estábamos haciendo el reglamento de cómo presentar iniciativas populares de norma para que fuesen discutidas en la Convención, nos preguntábamos cuántas firmas deberíamos incorporar para poder presentarlas. Unos dijeron 50 mil, 100 mil, 10 mil. Que si tenemos un número más bajo van a llegar más iniciativas, con un número más alto, menos; que no teníamos una sociedad acostumbrada a participar. Se dejó en 15 mil, y fue impresionante, porque casi un millón de personas se hizo parte del proceso. En promedio, apoyaron más de una iniciativa, con un total de casi tres millones de firmas. Esto se robó la película, porque fue un sistema muy innovador. Pero además existieron varias miles de reuniones que tuvieron convencionales constituyentes, audiencias públicas con gente que iba a exponer a las comisiones. Muchas veces surgían puntos contradictorios entre distintos exponentes, pero permitía tener más elementos sobre la mesa.
La Convención también hizo un esfuerzo por moverse por el país, ¿no?
—Sí, estuvo en todas las macrozonas. El órgano completo fue al norte, a Antofagasta y, al sur, a la Región del Biobío, pero las comisiones estuvieron en muchas partes. El acuerdo del Estado regional se firmó en la Región de Aysén, hay que recordarlo, porque es una forma de participación. Los que vivimos en regiones, sobre todo en zonas aisladas, vemos por la tele que todo pasa en Santiago y, a lo más, en el Congreso, en Valparaíso. La participación de los territorios, de la ciudadanía a través de audiencias o patrocinio de iniciativas, ha hecho de esto un proceso único, con muchos aprendizajes y errores, porque es la primera vez que vimos un proceso de esta naturaleza. Fue un constante aprender y apoyarnos de buena fe. En eso fueron fundamentales las universidades públicas, como la Chile y la USACH, y las de regiones. También otras instituciones permanentes de la república, como la Cámara de Diputados con sus funcionarios, el Banco Central, la Contraloría, el Tribunal Constitucional. Todas estas instituciones que han estado ayudando y apoyando en el proceso. Eso habla bien de nosotros como país, ya que tuvimos la capacidad de llevar una discusión seria, institucional y democrática para salir de una profunda crisis política y social.
Medios de comunicación y centralismo
Los medios de comunicación fueron muy importantes durante el trabajo de la Convención y lo serán, sin duda, en el tiempo que queda para el plebiscito. ¿Cómo evalúas el quehacer de este sector?
—Me he sorprendido del nivel de influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública, su capacidad de marcar la agenda. Por ejemplo, una semana estábamos en la Convención votando cosas relevantes para el futuro de Chile, se aprobaron y rechazaron normas relevantes, y un señor votó desde la ducha. Y toda la semana, todas las noticias, columnas de opinión, titulares, la radio, hablando del señor que votó en la ducha. He aprendido que los medios de comunicación tienen que cubrir las cosas que producen interés público, lo que a la gente le interesa ver, y a la vez deben informar. Muchas veces estas dos cosas no calzan, y los medios de comunicación se ven en una disyuntiva. Hay países como Estados Unidos, donde los medios de comunicación establecen de forma explícita su posición electoral de cara a una campaña, y en Chile eso no ocurre. Acá debemos leer entre líneas para encontrar la línea editorial, aunque, la verdad, no se hace tan difícil. Diría que hoy, con algunos bemoles, la tendencia mayoritaria de los medios de comunicación masivos de cara al plebiscito es en una posición. No estoy haciendo una acusación, es natural. Los medios tienen dueños y ellos marcan la línea editorial, tienen pensamiento político e intereses. Lamentablemente, y no lo digo yo, lo dice la UNESCO, en Chile existe una profunda concentración de medios, en los que la tendencia general es por la opción del Rechazo, y eso impone varios desafíos.
Hace algunas semanas hablábamos con un especialista en medios sobre el hecho de que la idea de la objetividad es una ficción. Ante el diagnóstico que planteas, ¿qué alternativas hay para lograr un buen nivel informativo relativo al proceso?
—Este problema no se va a resolver antes del plebiscito. Lo que tenemos que hacer es conversar, leer, usar las redes sociales, que en Chile comparativamente tienen una alta penetración. Son un elemento relevante, y hay otros espacios de debate en medios que también hay que promover. Pero el problema de los medios de comunicación requiere una discusión de largo aliento, porque hay derechos fundamentales en pugna, como la libertad de expresión, necesaria para que una sociedad se desarrolle. Leyes de medios pueden alterar o limitar el ejercicio de la libertad de expresión y es algo que no se puede resolver rápidamente, sino que requiere de una deliberación prolongada, con muchos puntos de vista y mucho cuidado. Pero más allá de la solución, que no sé cuál es, es importante establecer que este es un problema hoy en Chile. Creo que promover el pluralismo en los medios de comunicación es un paso, que está reconocido en el texto constitucional, y debería, al menos progresivamente, avanzar hacia medios de comunicación que consideren más visiones dentro de su parrilla.
En una de tus intervenciones en la Convención Constitucional dijiste que el centralismo mata. Quienes somos de regiones podemos especialmente entender hacia dónde va el sentido de esa afirmación. ¿Cómo se aborda el centralismo desde la propuesta constitucional?
—Es una cuestión muy ridícula que ocurre en Chile, desde la estructura originaria del país de principios del siglo XIX. Esta estructura portaliana, centralizada, autoritaria, ha hecho que Santiago sea el papá hombre y las regiones, de alguna manera, somos menores de edad. Entonces, papá Santiago nos dice en qué gastamos la plata, qué podemos hacer o no. El profesor Egon Montecinos, experto en materias de descentralización, decía que la propuesta de Estado regional que propone la Convención Constitucional representa la mayoría de edad de las regiones. Creo que la expresión es muy buena y da cuenta de un hecho real: esta propuesta busca entregarle progresivamente más atribuciones a las comunas y regiones para que puedan ir resolviendo sus propios problemas. Eso supone desafíos, ya que ocurren cosas complejas al transferir responsabilidad a otras entidades. Creo que todos estamos de acuerdo con que las regiones necesitamos más competencias y que el centralismo mata. Un ejemplo burdo: dirigí un Centro de Salud en Chaitén y llegaban partidas presupuestarias de Santiago que decían que tenía cierto monto para comprar camillas. Y yo decía “ah, qué bueno, pero sabe que yo ya tengo seis camillas nuevas en la bodega, no necesito más. Necesito manguitos para medir la presión”. Y te dicen que no, que es para comprar camillas. Y uno trata de hacer entrar en razón al señor Santiago, pero te dicen que no, que no se puede. Me sorprendí mucho con el informe de la OCDE de descentralización y el indicador de gasto subnacional, que es el porcentaje de gasto sujeto a decisión de las regiones versus la plata que gasta el Estado central. En Chile es de un 14 o 15%, es decir, Santiago decide el 85% del gasto y las unidades subnacionales, como municipios o gobiernos regionales, el otro 14 o 15%.
Parece absurdo desde el punto de vista funcional o de probidad, incluso para quienes no ven como algo positivo el empoderamiento político de las regiones.
—Si uno mira las estadísticas de la OCDE, donde el promedio está cerca del 30%, Chile está al final con Turquía como los países con menos gasto en esta área. Nos falta entregarles atribuciones a las regiones y a las comunas para resolver sus propios problemas. Primero, porque hay personas capaces de resolverlos; segundo, porque quién mejor que ellos conoce las necesidades que tienen; y tercero, es una demanda que hemos propuesto desde las regiones y donde al fin tenemos posibilidad de avanzar. Ha habido avances, como los gobernadores regionales, pero falta mucho, y esta propuesta de constitución nos entrega un camino para seguir avanzando en descentralizar.
Otro tema que ha causado dudas a muchas personas es el concepto de plurinacionalidad. ¿De dónde crees que viene el temor a este tema?
—Muchos temas han generado aprehensión y dificultades, y es normal, porque estamos en un proceso de transformación. El tema de la plurinacionalidad viene a remover varias cuestiones que tenemos enraizadas en Chile. En América Latina hay solo dos constituciones que no mencionan a los pueblos indígenas: Uruguay, donde prácticamente no tienen población indígena porque fue exterminada, y Chile. Desde el gobierno de Aylwin hubo una intención de dar reconocimiento constitucional y nunca se pudo, dado que la constitución actual lo dificulta. ¿Qué hemos aprendido en el colegio desde la educación básica? Que una nación es lo mismo que un Estado, que Chile es una nación y un Estado, sin distinguirlo. ¿Qué propone el proyecto de nueva constitución? Dice que el Estado de Chile es único, indivisible, y que tiene la misma bandera, escudo, lemas patrios para todo el territorio. Segundo, dentro de este Estado hay muchos grupos de personas, que son iguales ante la ley, y algunos de ellos comparten idioma, lenguaje y cosmovisión; a ellos los vamos a entender como naciones. Se entenderá, entonces, que el Estado de Chile está compuesto por múltiples naciones. Eso es un cambio de paradigma, porque pasamos del concepto de “una nación, un estado”, al concepto de “un estado, varias naciones”. Esa cuestión va en contra de lo que uno podría recordar de la educación básica, por eso naturalmente genera cierta resistencia.
¿Qué significa en la práctica?
—Que el Estado tiene que reconocer los emblemas propios de estas naciones originarias, siendo los chilenos los emblemas nacionales. Se debe reconocer que el pueblo mapuche tenga su bandera o los aimaras tengan la suya. Implica, también, que en los lugares donde vivan grupos o la totalidad del pueblo-nación originario, ellos puedan elegir cómo organizar algunos aspectos de su vida cotidiana, siempre bajo la constitución y las leyes del país. Esto se llama autogobierno, y está incluido en el Convenio 169 de la OIT que Chile suscribió en 2008, no es una novedad. Tiene que ver con el pluralismo jurídico, que plantea que, así como hay tribunales de familia, penales y civiles, debe haber tribunales indígenas para que las personas de esos pueblos resuelvan sus cuestiones. Una ley debe ver qué tipo de materias podrán estar incluidas. Pero, como somos todos iguales ante la ley, y es la misma justicia para todos, tenemos la Corte Suprema haciendo unidad jurisdiccional, controlando y uniformando. Significa entregar la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan resolver cosas entre ellos, puedan organizarse en sus espacios territoriales y que sean reconocidos por el Estado de Chile.
Pasando a otro asunto, ¿cuál es la importancia de que este texto se haya escrito bajo una emergencia climática?
—Aunque a uno le impresione, todavía hay negacionistas del cambio climático. Esta propuesta de nueva constitución tiene un sello en materia ambiental. Hay un capítulo, el número 3, que se llama de Naturaleza y medioambiente. En él se reconoce, al igual que en los principios generales, que el mundo está viviendo una crisis climática y que Chile debe establecer acciones de mitigación. Chile no va a arreglar la crisis climática, no puede, pero sí tiene la tarea de mitigar sus consecuencias. Esto implica comprender de otra manera el manejo del agua, los estatutos de los minerales, los bienes comunes naturales, y la generación de instituciones que defiendan el medioambiente, como la defensoría de la naturaleza. El texto constitucional mantiene que Chile reconoce que está frente a una crisis climática de causa humana, y que el Estado chileno se compromete a trabajar por restaurar ecosistemas, cuidar la fauna nativa y silvestre, mantener, restaurar y conservar los ecosistemas degradados y elevar el estándar ambiental. Esto no es una locura que se le ocurrió a algunos constituyentes, es una sentida demanda ciudadana que hemos visto en las calles durante décadas. Ahora va a estar materializada en un texto constitucional, pero que no va a resolver nuestros problemas ambientales. Si esto se aprueba, la crisis va a seguir ahí. Esto es una hoja de ruta, una brújula que nos señala hacia dónde caminar, y va generando las instituciones, las acciones judiciales, los incentivos a legislar para ir construyendo propuestas en políticas públicas en esta materia, en un mundo que se está extinguiendo y está sobrepoblado, y en el que nos enfrentaremos a grandes desafíos como especie humana en las próximas décadas.
