La educación, en especial la pública, es una materia que debiera siempre invitar a un debate nacional constructivo, de convergencia, de convicción de estar hablando de algo que está en la base del bien común de la sociedad. Que hoy nadie parezca sentirse cabalmente identificado con la nueva legislación universitaria es de por sí un indicador de un clima social alterado.
A las nuevas leyes se llega por un complicado proceso en el que participan el gobierno anterior, su oposición, el Tribunal Constitucional y las opiniones de diversos protagonistas. En general, los debates fueron más la expresión de intereses restringidos que la de asumir al sistema de educación superior en su conjunto desde la perspectiva de beneficiar a la sociedad. Esto no debiera resultar sorprendente en un contexto en que, ya por décadas, se han sobre enfatizado los aspectos mercantiles de la educación y se ha incentivado, muy equivocadamente, la rivalidad entre instituciones como supuesto motor de progreso.
Una cuestión principal para entender este debate es preguntarse en qué medida los distintos sectores políticos e ideológicos consideran a la educación pública una institución con la que se identifican, si la sienten como algo propio o, por el contrario, la ven como una alternativa ajena, incluso en la otra orilla.
Normalmente la educación pública ha sido altamente valorada de modo transversal por los impulsores de los más diversos proyectos de sociedad. Por ejemplo, una ideología que enfatice los derechos y las responsabilidades individuales, como lo hace el liberalismo, requiere de mecanismos por los cuales el potencial de cada persona pueda expresarse, independientemente de la capacidad económica o el contexto cultural de sus familias. En otro ejemplo, cuando algunos idearios políticos enfatizan la idea de Nación, sin duda la educación pública contribuye de modo irremplazable a la cohesión nacional, articulando los diversos segmentos sociales.
La universidad estatal se ha mantenido en Chile con muy altos estándares. El país debiera ser informado de lo que factualmente ha ocurrido en los ámbitos público y privado para poder evaluarlos y compararlos. Cuáles son las preferencias de los estudiantes expresadas al momento de postular. Cuáles son las tasas de retención, de graduación y de empleabilidad. Cuánto sabemos o podemos saber del destino de los fondos que cada universidad recibe, dudas que se han exacerbado tras el cierre de algunas universidades privadas. Qué universidades presentan políticas y resultados de inclusión social exitosos.
La lectura de un reciente informe, en el que se afirmaba que la política de gratuidad conllevaría a un incremento de ingresos para las universidades estatales y una disminución para las privadas, cambia totalmente de sentido cuando se considera que estas últimas tenían aranceles mucho más altos, diferencia imposible de atribuir a mayor calidad. Más aún, se ignora que parte de la mejoría de las estatales se debe a que estas subsidiaban a estudiantes de los deciles más bajos, lo que ahora es asumido por la gratuidad.
La propuesta de quitar el beneficio de gratuidad a quien se exceda del tiempo nominal de egreso y exigirle, así, que financie la mitad del arancel, parecería basarse en castigar por igual al estudiante y a la institución, en el supuesto que ambos han fallado. Este criterio ignora especificidades básicas del proceso educativo, pero, por sobre todo, ignora la idea de institución.
En Chile se han intentado naturalizar como verdades autoevidentes afirmaciones que trastocan el sentido de la universidad y la educación. Entre ellas están el hecho de entender la formación profesional como una transacción económica individual o de promover la segregación social a partir de la capacidad de pago de la escolaridad.
Una cuestión central a recuperar en la discusión de financiamiento de la educación superior es el de la institucionalidad. A las universidades públicas ha de pedírseles que cumplan su rol de formación de profesionales junto con labores de investigación, innovación y extensión en un contexto de pertinencia trascendente.
Una universidad es mucho más que un lugar donde individuos obtienen títulos. El Hospital Universitario forma especialistas esenciales, sin los cuales el país no tendría sistema de salud público ni privado. En la Universidad de Chile se cultivan las artes y se promueve la cultura desde sus museos, orquesta y ballet. La universidad no es simplemente un lugar donde ciertas personas se benefician educándose. Más bien es la relación inversa: para que esas personas puedan formarse, se requiere de instituciones con una historia a la vez propia e inserta en la generación, conservación y transmisión universal de conocimientos y saberes. Son esas instituciones las que el país debe defender, financiar, evaluar. Con ellas debe permanentemente conversar.
