La situación de emergencia inevitablemente impactará en las tareas asociadas a la crianza y el cuidado infantil debido a la sobrecarga que hoy están experimentado madres, padres y otros cuidadores que deben sostener la vida conviviendo con la fragilidad y la incertidumbre.
Por Camilo Morales
El lugar de la niñez en Chile históricamente ha estado tensionado por las dificultades de la sociedad y las instituciones para garantizar los derechos y reconocer, particularmente, el carácter ciudadano y político de niños, niñas y adolescentes. El contexto de crisis sanitaria no es la excepción y se constituye como una situación que puede profundizar aún más las condiciones de invisibilización de niños, niñas y adolescentes en un momento histórico de gran vulnerabilidad e incertidumbre.
¿Cómo están siendo considerados los derechos de niños, niñas y adolescentes en esta crisis? ¿En qué medida la situación de confinamiento pone en riesgo el cuidado y la protección de los derechos de la infancia? Ambas preguntas son necesarias de responder en el marco de un estado de emergencia que no sólo establece restricciones significativas a la vida cotidiana de la población infanto-juvenil, sino que también configura un escenario que tendrá severos impactos económicos, sociales, emocionales, sanitarios y educativos en el mediano y largo plazo.
Niños y jóvenes están seriamente amenazados por la envergadura de una pandemia que devela la fragilidad de un sistema que, como ya ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no cumple con los objetivos de cuidar, proteger y garantizar derechos fundamentales. Pero tampoco los considera como actores relevantes en los procesos sociales e institucionales que afectan directamente sus vidas. Estos antecedentes son críticos en un momento donde las brechas preexistentes pueden aumentar e impactar gravemente en esta población que siempre ha tenido barreras para expresar y visibilizar sus demandas.
Pensar el lugar de la niñez y los efectos derivados de esta crisis, como las experiencias de encierro y confinamiento, constituyen elementos prioritarios que deben ser considerados en la elaboración de medidas y políticas que no estén limitadas, exclusivamente, a prevenir y controlar la propagación del virus, sino que incorporen una perspectiva que reconozca las necesidades y los derechos de la infancia y la juventud que hoy se encuentran en riesgo como consecuencia de una recesión económica en ciernes.
La pandemia no es sólo una amenaza para la salud pública o para la vida biológica, también lo es para la subjetividad, la vida en comunidad y los vínculos. En sólo semanas hemos experimentado la perturbación completa de nuestra vida cotidiana y la brutal constatación de las desigualdades sociales, económicas, educacionales y de género para el ejercicio del cuidado y la protección de la infancia.
Muchas familias con niños carecen de los recursos para protegerse a sí mismas y cuidar de otros: enfrentan incompatibilidad para implementar teletrabajo desde el hogar; carencia de ingresos; condiciones habitacionales de hacinamiento; pérdida de empleo, etc. La situación de emergencia inevitablemente impactará en las tareas asociadas a la crianza y el cuidado infantil debido a la sobrecarga que hoy están experimentado madres, padres y otros cuidadores que deben sostener la vida conviviendo con la fragilidad y la incertidumbre.
Por otro lado, el cierre de jardines infantiles, escuelas y colegios, así como las prohibiciones para hacer uso de plazas y parques no sólo afectan el derecho al acceso a la educación, al movimiento, al juego o a la recreación. También dan cuenta de un fenómeno inédito para nuestra sociedad, como es la situación del abandono masivo de niños, niñas y adolescentes de los espacios públicos y su repliegue forzado para confinarse al interior de la familia.
Situación paradójica si miramos los últimos meses, a partir del estallido social, donde la apropiación de los espacios públicos, particularmente por parte del mundo estudiantil adolescente, permitieron un sinfín de nuevos significados y expresiones que dejaron huellas en distintos rincones de la ciudad a través de iniciativas colectivas que generaron un importante sentido de pertenencia.
Hoy en día, el panorama es radicalmente distinto, las medidas de cuarentenas obligatorias y voluntarias han tenido como efecto que niños, niñas y adolescentes dejen de participar de los espacios públicos y tengan más dificultades para mantenerse vinculados a otras instancias sociales e institucionales. Las posibilidades para expresarse y dar cuenta de sus experiencias se reducen drásticamente cuando sólo son considerados como receptores pasivos de medidas que los afectan en su autonomía, desarrollo y bienestar, como es la situación del cierre de colegios y escuelas.
Por lo mismo, resulta relevante en este escenario repensar el rol de las instituciones encargadas de la educación y la protección de la niñez a través de la implementación de dispositivos que permitan promover los vínculos, el intercambio de experiencias y el encuentro con otros. Se trata, en definitiva, de hacer presencia y facilitar la generación de espacios colectivos que sostengan y apoyen a los niños y jóvenes que ven afectada la continuidad de aquellas relaciones que son significativas.
Por otra parte, el confinamiento impone una nueva cotidianidad que se caracteriza por la superposición del trabajo, los estudios, la crianza y la vida familiar en una continuidad abrumadora que puede dificultar la diferenciación de roles, tareas y espacios al interior del hogar. Lejos de las idealizaciones sobre trabajar y estudiar desde la casa, estas experiencias han sido fuente de agobio y sufrimiento para niños y familias que no tienen condiciones que les permitan enfrentar las exigencias y el ritmo de esta nueva forma de “normalidad”.
“Es imprescindible recordar que pese a las resistencias históricas para reconocer y legitimar su capacidad de agencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, actores sociales y miembros activos de la comunidad”.
Lamentablemente, nuestro sistema alimenta la idealización de estas nuevas condiciones de vida, invisibilizando las dificultades y el malestar circunscrito al ejercicio del cuidado infantil, que sin soportes y apoyos concretos se ha transformado en un esfuerzo individual y privado, cuyo único acompañamiento han sido principalmente las orientaciones y consejos de los especialistas que, al día de hoy, pueden entregar alivio a una parte de la población, pero que en el largo plazo no serán suficientes dada la fragilidad a la que estamos expuestos en nuestras actuales condiciones de vida.
Resguardar los derechos de la niñez, entonces, requiere de una comprensión del cuidado más allá de la esfera de la responsabilidad parental y la crianza individual. En tiempos donde los vínculos sufren por la discontinuidad y el distanciamiento social, es fundamental construir espacios de cuidado que operen de forma colaborativa y colectiva.
A su vez, en un contexto de emergencia sanitaria, no es posible sostener la protección de los derechos de la infancia sin la participación de la sociedad y el Estado a través del desarrollo e implementación de políticas que consideren las necesidades y las perspectivas de niños, niñas y adolescentes. Es indispensable incorporar una visión del cuidado donde deben articularse elementos económicos, laborales, habitacionales y perspectiva de género para una comprensión lo suficientemente amplia del cuidado y la proteción de la niñez que no reproduzca las desigualdades que ya todos conocemos.
Es imprescindible recordar que pese a las resistencias históricas para reconocer y legitimar su capacidad de agencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, actores sociales y miembros activos de la comunidad. Este tiempo de crisis es también una oportunidad para implementar medidas que consideren sus voces, puntos de vista y sus experiencias personales y colectivas.
