«Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano”, escribe en su editorial la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Por Faride Zerán

La imagen muestra el instante en que un hombre que viste una llamativa polera de la selección chilena de fútbol lanza a la hoguera el coche de un bebé. Lo rodean decenas de manifestantes, algunos portando banderas chilenas, que observan la escena. El fuego está consumiendo ropa, carpas, juguetes, documentos, medicamentos; precarias pertenencias de cientos de migrantes que han cruzado la frontera norte del país, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Es el final de una manifestación antiinmigración de alrededor de 5 mil personas que recorrió las principales calles de Iquique, coreando “Chile para los chilenos”, entre otros gritos que humillaban y ofendían a esos hombres, mujeres y niños desplazados por una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos.  

Ya no se trataba del mar mediterráneo y sus cientos de improvisadas embarcaciones con migrantes desesperados provenientes del norte de Africa ni de imágenes como la del pequeño niño sirio muerto en la orilla del mar, mientras su padre llora desesperado. Ahora la fotografía se trataba de Chile, retratando el desprecio y la deshumanización hacia el otro distinto, exhibidos en su brutal obscenidad.

La imagen congelada del coche en el aire y de las llamas que lo esperan fue capturada por el fotógrafo Alex Díaz, según consignó el medio Interferencia. Nunca imaginó este corresponsal de la Agencia Aton que inmortalizaría el símbolo de la intolerancia y la xenofobia, en una postal que dio la vuelta al mundo.

Septiembre cerraba así su ciclo de conmemoraciones tanto de memoria y derechos humanos, como de celebraciones de fiestas patrias: vulnerando valores elementales de solidaridad y respeto hacia los DDHH en nombre de un patrioterismo añejo. Tanto así, que organismos internacionales denunciaron de inmediato el episodio, exigiendo al Estado chileno protección y dignidad para los migrantes. 

Este hecho desató el debate sobre la política migratoria de Chile. Una Ley de Migración y Extranjería aprobada en abril de 2021 que, básicamente, regula la migración desde una perspectiva de seguridad y no de derechos humanos.

Sin embargo, lo que tampoco puede quedar fuera de esta discusión es el dato de que en diciembre de 2018, Chile se restó del Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas con el argumento de que la migración “no es un derecho humano”.

No fue casual entonces que comenzáramos a ver llamativas deportaciones masivas de migrantes vestidos con overoles blancos como si se tratara de delincuentes; declaraciones de personeros públicos asociando la propagación del virus con la llegada de “extranjeros ilegales” o la negación del acceso a la vacuna contra el covid-19, entre mucha otras expresiones de racismo y discriminación, cuyo correlato está tanto en las llamas que el 25 de septiembre último consumieron los enseres y atentaron contra la dignidad de decenas de seres humanos, como en el desalojo ejecutado horas antes por agentes del Estado en la Plaza Brasil de Iquique, sacando a cientos de migrantes de ese lugar.

Un desalojo, como bien lo señalaron las Cátedras Amanda Labarca, la de Racismo y Migraciones Contemporáneas y la de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, “que fue de la calle a la calle, es decir, al desamparo”.                                                                                                                                                                                                                                  

En medio de esto, seguían apareciendo denuncias sobre abusos cometidos contra migrantes, como la que publicó CIPER el 28 de septiembre en un reportaje donde daba a conocer que la Fiscalía estaba investigando a más de 20 empresas relacionadas a un contratista por trabajo forzado masivo de inmigrantes en cosechas de arándanos y mandarinas. En la nota, los trabajadores relataron que “fueron amenazados con la pérdida de su estatus migratorio si no aceptaban condiciones abusivas: salarios menores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneraciones de horas extras, habitaciones insalubres y sin autorización para abandonar el predio”.

Sin duda es urgente cambiar el sentido de una política pública migratoria cuya orientación no solo desconoce los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de protección de la infancia y regularización de personas migrantes, sino que además no considera la migración como un derecho humano. 

Esto último es lo que entendieron miles de personas cuando, en febrero del 2019, el presidente Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, para asistir a un acto por Venezuela que concitó la atención de los medios de todo el mundo. En dicho evento, promovido urbi et orbi, el presidente habló de un “compromiso moral, de solidaridad con el pueblo venezolano”.

Algunos tuvimos más suerte cuando, en décadas anteriores, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, proclamó su solidaridad con los miles de chilenos y chilenas que partíamos al exilio luego del golpe de Estado de 1973 y fuimos recibidos con el respeto y la dignidad que en nuestros países se nos negaba.

Venezuela, su gente, su pueblo, nos abrió sus puertas y nos acogió con nuestros desgarros.

Hoy, miramos con vergüenza el coche de una guagua venezolana consumido en la hoguera de la xenofobia y la intolerancia.