«Llevar a un primer plano la normalidad nos permite seguir explorando el concepto de lo humano (…). Nos lleva a entender lo normal como una construcción que depende de un contexto específico, pero también a derribar prejuicios y a poner en valor la diversidad y la inclusión».
Seguir leyendo«Es necesario renovar nuestros repertorios afectivos y apelar a emociones que nos permitan imaginar nuevos caminos», escribe Pilar Barba, directora de Palabra Pública, en su editorial de la edición 31.
Seguir leyendo«En estos siete años de existencia, nos hemos propuesto reforzar la misión pública de la Universidad de Chile, llevando voces de integrantes de la comunidad académica fuera de los muros universitarios».
Seguir leyendo«Cuando el mundo cambia, sus bordes —o los que creíamos como tal— también se modifican. ¿Cuáles son algunos de los límites que hoy están en disputa?», se pregunta en su editorial la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile.
Seguir leyendo«En Palabra Pública, nos propusimos abordar la incertidumbre como una oportunidad para pensar formas distintas de enfrentar los problemas, para entrecruzar saberes y disciplinas con vistas a hacer frente a un mundo complejo; metas propias de una universidad pública al servicio de la ciudadanía. Entramos en una era en que el miedo amenaza con inmovilizar justo cuando necesitamos acción y valentía, nos advierte Óscar Landerretche. Pero si algo hemos aprendido de la pandemia es que la única forma de afrontar estas incertidumbres es pensar de forma colectiva, es pensar en el nosotros».
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Por Ennio Vivaldi
Resulta, de verdad, difícil de creer que Corfo haya adjudicado el Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio extranjero administrador de instalaciones de investigación, al tiempo que desechaba el proyecto en que participaban once de las principales universidades del país, muy importantes empresas en el área, centros de investigación y universidades del ámbito internacional.
Decisiones insólitas obligan a expandir la imaginación para plantearse explicaciones que también habrán de estar fuera de los considerandos habituales. Al hacer tal ejercicio, puede ocurrir que observaciones anteriores, que en su momento también fueron desconcertantes, sean comprendidas de un modo más coherente.
Podemos, por ejemplo, asociar esta decisión de Corfo con las restricciones presupuestarias que se pretendieron imponer a las universidades este año, las que, dada la gran labor que desarrollaron durante la pandemia y la forma como un sistema de financiamiento basado en el aporte de estudiantes-clientes era afectado por la crisis económica, parecían un gesto falto de criterio y mal agradecido.
Un hecho aún más pertinente es la propuesta que hoy se debate respecto a la fijación de los aranceles regulados que el Estado debe aportar por gratuidad, y que empezaría con las facultades de Derecho, para las que se recomiendan valores muy por debajo de los actuales. De materializarse estas decisiones presupuestarias, harían imposible para las mejores universidades mantener su nivel de calidad presente y nos llevaría a nivelar hacia abajo en una homogenización mediocrizadora. Sería un castigo para las universidades que cuentan con una larga historia de construcción de excelencia y prestigio.
A partir de estos tres hechos recientes, a saber, la adjudicación de Corfo, el presupuesto para educación superior 2021 y la fijación de aranceles regulados, se puede comenzar a vislumbrar una estrategia que parte hace un par de décadas o más. A las universidades tradicionales se les mantuvo, compensatoriamente, el acceso a aportes fiscales directos, al tiempo que se las limitaba en su capacidad de expansión de matrícula vía becas estudiantiles y se las dejaba sujetas a los aranceles de referencia. Simultáneamente, se abrían hasta los confines del cielo los instrumentos de financiamiento para acceder a las nuevas universidades privadas, hacia adonde se quería dirigir toda la ampliación de la cobertura.
Se instaló así una forma alternativa de entender las universidades, concibiéndolas como más orientadas —a veces, exclusivamente dedicadas— a la docencia de pregrado, y una visión que enfatizaba las ventajas pecuniarias de la obtención de un título profesional, justificando endeudamientos. Todo esto bajo el amparo de una Constitución que obligaba a definir el financiamiento no por el mérito o la misión de las instituciones, sino por el derecho individual de los clientes, claro que sin cautelar la idoneidad de lo que ellos recibían a cambio de endeudarse. Quizás alguien desde ya pensaba que esa nueva forma de entender la universidad hacía más sentido para un país como el nuestro.
Agreguemos enseguida el argumento más directo: la prolongada dificultad para obtener presupuestos mínimamente razonables para ciencia y tecnología, el frustrante rechazo en los concursos nacionales a tantos proyectos bien evaluados y no financiados, así como las restricciones en las oportunidades de formación de nuevos científicos. Curioso, al respecto, que no hayamos discutido las consecuencias de haber cerrado un centro productor de vacunas, decisión que tiene incluso connotaciones de soberanía nacional. Tampoco se habla de que, ahora, la exigencia de cobre verde por parte de los mercados mundiales puede repetir la crisis del salitre si no cumplimos con los objetivos, precisamente, del Instituto de Tecnologías Limpias.
Podemos preguntarnos, entonces, si acaso la decisión de Corfo que deja fuera a las principales universidades chilenas en un concurso con fondos de esta magnitud y objetivos de esta trascendencia no debiera entenderse como un propósito en sí mismo, como la culminación de políticas que quieren coartar el desarrollo de las universidades que hacen investigación.
Solíamos interpretar el continuo desinterés por incentivar la ciencia y la tecnología en las decisiones presupuestarias como la consecuencia de que, en un mundo de recursos limitados y necesidades múltiples —como siempre se nos recuerda— habían otros requerimientos más apremiantes. Pero ahora debemos preguntarnos si acaso más que lamentar no poder invertir en desarrollo académico, en realidad lo que se quiera sea que tal progreso no exista. El fallo de Corfo, por su carácter desmedido, invita a esta mirada diferente. Quizás no apoyar el desarrollo científico autónomo no sea una decisión para lamentar y resignarse. Quizás de resignación nada. Quizás quienes toman estas decisiones lo hacen —si se me permite la expresión— a conciencia pura, sabiendo las consecuencias y alegrándose de ellas.
En palabras muy simples y directas: por una parte existe este Chile extractivista, por otra, uno puede imaginar un Chile que ingresa a la sociedad del conocimiento generando un cambio drástico en su matriz productiva. Ambos escenarios conllevan modelos de sociedad distintos. Mientras el primero casi obliga a la perpetuación del actual orden de cosas, el segundo conduce a un cambio en el mercado laboral, en los estilos de vida, en las inquietudes intelectuales, en los valores observados. Al mismo tiempo, eso determina el arquetipo de universidad deseable. Para el primer escenario, no se necesitaría situar las carreras profesionales en universidades de primer nivel donde los formadores son investigadores de frontera. No causaría tristeza tener que regular para abajo la calidad del sistema. Sería una opción económicamente aplaudible acortar las carreras. Podría no significar nada el que nuestra universidad, aún en condiciones comparativamente tan adversas, se sitúe entre las diez mejores de América Latina.
En resumen, la decisión de desarrollar o no ciencia y tecnología propias no es neutra para la estructura de la sociedad, la distribución del ingreso o la forma como Chile se insertará en la economía mundial.
Por Faride Zerán
La crónica donde Pedro Lemebel describe cómo cruza el teatro repleto de jóvenes que aplauden el retorno de Serrat a Chile, a inicios de la transición, es memorable. Su nombre le sabe a hierba y es la voz que, cual banda sonora de las décadas de la ira, retumba en ese auditorio de la Universidad Arcis repleto de chicas y chicos que han tarareado las canciones de su ídolo y lo aplauden a rabiar.
Lemebel avanza por el pasillo, se para frente a Serrat y le estampa un beso en la boca. Los insultos no se hacen esperar. Maricón es lo más suave que se escucha de esa audiencia macha que se mira progre pero que no resiste la performance de loca y de fan con la que Lemebel los provoca.
Algo similar hará Lemebel cuando recibe el Premio José Donoso de la Universidad de Talca, premunido de sus tacos altos aguja, ante la formalidad y el terror de su rector.
¿Qué es el arte sino el gesto que provoca, que incomoda, que interpela, que critica, que reinventa la forma de mirar?
¿Qué es la creación sino el intento de subvertir los límites de la realidad otorgándole otros horizontes éticos y estéticos desde donde imaginar, narrar, plasmar otros mundos, otros horizontes, otros lenguajes?
En un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual.
La respondió en su momento la propia ministra del área, al señalar que no se trataba de un ámbito prioritario, o cuando este año el gasto en cultura se tradujo en un 0,3% , lejos del 2% que la UNESCO recomienda como piso; o cuando el Observatorio de Políticas Culturales nos dice que el 81% de los trabajadores de la cultura encuestados en Chile sufrió una disminución o el cese de sus actividades y el 54% no obtuvo ayuda en medio de la crisis, a diferencia de países europeos donde los Estados ayudaron al sector, como la Alemania de Merkel, que anunció un aporte de alrededor de 2.100 millones de euros para la cultura.
Y es que no basta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señale que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Es letra muerta, al menos en Chile, donde los creadores están condenados a concursar/competir por recursos estatales; donde el analfabetismo funcional es alarmante; y donde en plena pandemia se abren las puertas de los centros comerciales, no de las industrias culturales que alimentan el alma, sino de aquellas que nutren las arcas de los grandes empresarios, asumiendo que un mall abierto es menos peligroso que un teatro, una librería o una sala de conciertos con aforos limitados.
Pero hablar de cultura o esgrimir la necesidad de que los derechos culturales estén en la nueva Constitución, implica asumirnos en una diversidad y pluralidad que va más allá de los cánones formales con que se expresa “lo cultural”. Significa re-conocer territorios, etnias y disidencias sexuales. Nos exige re-mirar y re-democratizar las dimensiones artísticas, culturales y patrimoniales que nos constituyen, sobre todo en tanto comunidades críticas, complejas y problematizadoras.
Nos demanda interpelar al poder que no tolera los trazos y las obras del arte callejero en medio de un estallido social, y que, amparándose en la impunidad de los toques de queda, los borra, como si con ello desaparecieran las causas que lo originaron. O denunciar las amenazas a quienes dibujan con luz las palabras “hambre” o “pueblo”, como ocurrió con los hermanos Gana; o reaccionar ante las querellas contra LasTesis y sus performances contra la violencia machista, por citar ejemplos recientes.
En definitiva, si hablamos de derechos culturales en la nueva Constitución debemos prepararnos para luchar por ampliar los márgenes de la libertad de expresión y de creación; por ensanchar los límites de la democracia; por asegurar el acceso amplio de los territorios a cada una de estas manifestaciones; por asumir que sin libros, sin cine, sin teatro, sin música, sin filosofía, sin grafitis, sin Lemebel estampando un beso en la boca de un rector o de un cantante, la vida puede ser la letra muerta de una mala canción o una horrible caricatura de sí misma.
Como ocurrió en 1992, cuando una gran mole de hielo, blanca, sin identidades ni memorias, fue la representación cultural de Chile en la famosa Expo de Sevilla. Eran los inicios de la transición, Chile se mostraba como un país blanco, frío, sin memoria, sin dolores, sin historia. “El iceberg de Sevilla” se levantaba, así, como una metáfora de la simulación. Sin embargo, treinta años después, la faz sumergida de ese iceberg, estalló.
Por Ennio Vivaldi
Hay conversaciones que, tras largo tiempo sin ser asumidas, se hacen de repente ineludibles. Esto suele ocurrir por acontecimientos que impiden seguir pretendiendo que está todo bien y que no necesitamos reflexionar acerca de ciertas condiciones
de existencia. En ese momento, la presunción tácita de normalidad se desvanece y hay que conversar. Esto nos ocurrió en Chile con un estallido social de convocatoria sorprendentemente amplia, y ahora, con la pandemia, pareciera que estamos tomando conciencia no sólo de nuestros problemas, sino también de los condicionantes que jugarán un rol clave en su solución. El problema evidenciado por el estallido tiene que ver con un inédito modelo de sociedad que nos fue impuesto y que, habiéndose reiteradamente tomado nota de sus falencias, pareciera haber sido imposible de reparar. El asunto de base está en que el modelo se diseñó desde la plataforma inexorable de un régimen dictatorial y se hizo en un modo cuasi axiomático. A partir de verdades asumidas como incuestionables, entre las que destacaban la primacía de lo privado sobre lo público, la ineficiencia del Estado y la motivación principal en la conducta humana del egoísmo y el lucro, se definieron estructuralmente los sistemas de educación, pensiones y salud, entre tantos. Poca o ninguna atención se prestó a los saberes disciplinares, a la opinión experta y a la historia de las instituciones. Ejemplo palmario es la redefinición operacional de lo que es una universidad como un lugar en el que se paga por obtener un título que después reembolsará dividendos. Otro ejemplo, que hoy nos cuesta caro, es el desinterés por la atención primaria en salud y por la salud mental de la población. Nótese, además, que los mencionados axiomas se presentaban como determinados por nuestra naturaleza humana, un antiguo juego de prestidigitación que enfatiza ejemplos de conductas que buscan la supervivencia individual e ignora las que promueven valores solidarios y altruistas.
La pandemia, por su parte, nos viene enseñando que los seres humanos necesitamos ser solidarios y sobreponer el interés colectivo al individual.
También nos ha mostrado que no nos sirven las miradas reduccionistas ni menos las que no quieren ver las interacciones factoriales. La pandemia se nos presenta en un nivel de complejidad donde lo sanitario y lo económico están recíprocamente relacionados, donde lo que le ocurre a algunos segmentos sociales necesariamente repercute en el todo. Pero de esto ya deberíamos haber estado más que advertidos, pues una visión transdisciplinar y sistémica ya se nos había mostrado como metodológicamente obligatoria ante problemas de la magnitud de, por ejemplo, el cambio climático y la preservación del medioambiente.
Conversar acerca de cambios importantes en los valores y estructuras sociales podría habernos parecido un ejercicio inútil, ya fuera porque se pensara que los cambios no eran necesarios o porque no eran posibles. Hasta hace poco, se hubiera dicho que lo que la gente opinara sobre las cuestiones de fondo, si es que lo hacía, no importaba mucho. Hoy, recabar esas opiniones es absolutamente fundamental para poder restablecer un clima de convivencia, de intercambio de ideas, de reflexiones tranquilas que primen sobre la impulsividad y la rabia. Un muy buen ejemplo de esfuerzo en tal sentido lo constituye la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile”, en la que las universidades trabajan colaborativamente al servicio del país para potenciar el diálogo, el pluralismo y la cohesión social. En este espacio, donde las personas pueden plantear sus inquietudes, necesidades e ideas a partir de discusiones ciudadanas, se elaborarán insumos que contribuirán a la creación de políticas públicas. En esta instancia será muy relevante la participación de personas de todas las regiones para pensar el ámbito local y el del país en el que quieren vivir. Es obvia la importancia que una labor de este tipo representa para el futuro debate constitucional. Otra iniciativa que nos compromete es el proyecto de generar una Propuesta de Acuerdo Social que busque la recuperación del concepto de lo público, un tema central para nuestra Universidad. Necesitamos establecer principios para la construcción de un nuevo Estado; volver a darle un soporte estructural a un concepto tan fundamental en nuestra historia y misión como es el de bien común; y lograr un acuerdo entre los ámbitos público y privado para la superación de la actual crisis. Este es un momento único para la solidaridad, la inteligencia y la responsabilidad.
