Chile ha sido capaz de implementar con éxito una campaña de vacunación contra el covid-19. Entre los factores que convergieron para hacer posible este logro destacan la gestión de gobierno para concretar la obtención de vacunas, los contactos internacionales de nuestra comunidad científica que resultaron esenciales para establecer diálogos con los productores y la larga tradición de un sistema de salud estructurado, capaz de llevar a cabo rápida y ordenadamente un programa de vacunación masiva.
De esta campaña surgen múltiples observaciones que inspiran a la reflexión y al diálogo. Todos los países han debido preguntarse autocríticamente cómo podrían haber estado mejor preparados para enfrentar la pandemia. En el nuestro, el hecho de que la crisis sanitaria y económica haya seguido a un estallido social, nos ha obligado a situar cada momento en la evolución del enfrentamiento al covid-19 dentro del contexto de un modelo de sociedad que hoy se evidencia no solo ideológicamente extremo (asunto que siempre supimos, puesto que había un ideario que se estaba llevando a límites inexplorados; era algo confeso o, más bien, proclamado con orgullo) sino, además, carente de una flexibilidad adaptativa sorprendente.
Uno de esos extremismos más notables, que se ve drásticamente interpelado, es el individualismo. Digamos, de partida, que uno no vacuna personas para protegerlas tal como uno indica un medicamento a un paciente portador de una patología. No se vacunan individuos. La campaña opera sobre otro ente: la población. Para erradicar una pandemia se vacuna a una población. Las vacunas son gratuitas no por motivos caritativos, sino porque sería absurdo y contradictorio no vacunar a un segmento de la población que luego perpetuaría la enfermedad.
La campaña de vacunación, por lo tanto, nos recuerda que hay niveles de integración y complejidad. Hay cuestiones que se han de analizar a nivel de los individuos, pero hay otras en que es imprescindible un nivel de complejidad superior que es la sociedad. Hemos constatado tantas veces el error de no hacerlo. Un ejemplo: concebir un financiamiento de la educación superior basado en individuos que se endeudan para obtener un título. Otro: desestimar la salud comunitaria de atención primaria en los territorios para enfatizar la atención terciaria en clínicas y hospitales. Otro: promover un sistema previsional incapaz de venir en ayuda de la ciudadanía en una contingencia como la que estamos viviendo. Tarde o temprano, la mercantilización de funciones tales como la salud, la educación, la ciencia, la universidad, el deporte e incluso el arte, ha de entrar en confrontación tan profunda como explícita con las tradiciones que les han dado sentido e identidad a esas funciones.
La decisión que un individuo toma en el sentido de vacunarse o no, no tiene implicancias solo para él. Es una resolución que repercute en la sociedad de la cual él es parte. Esa decisión más vale que la tome con la mayor racionalidad y conocimiento de causa posible. Esto nos lleva a otro punto crucial que la pandemia devela: la información que recibe la ciudadanía y la forma de interactuar entre la política, que debería dar explicaciones fundadas de sus actos, y la sociedad, que debería poder distinguir entre una propuesta populista y una propuesta responsable. Es muy distinta la política cuando se tiene una ciudadanía bien informada.
Son notables los esfuerzos hechos desde las universidades para aportar datos objetivos a las autoridades. Estos deben ser comunicados de modo de contribuir a un intercambio de ideas racional. La recomendación de vacunarse y la aprobación de una determinada vacuna se cimientan en ese largo camino que la humanidad emprendió hace varios siglos, y que llamamos ciencia. Tiene que ver con los factores que, en cualquier disciplina, determinan una toma de decisión fundamentada, en el entendido de que cualquier materia a ser decidida conlleva riesgos por acción y por omisión, y que la recomendación que la autoridad haga habrá de haber sopesado tal bifurcación. Resulta pertinente recordar que la necesidad de contar con una ciudadanía bien informada está en la base de nuestro esfuerzo por reinstalar un canal de televisión de la Universidad de Chile.
Tuvimos por más de cien años un centro productor de vacunas. En otro ejemplo insuperable de reduccionismo y simplificación propios del exceso ideológico, ese centro fue desmantelado bajo el argumento de que era más barato comprar las vacunas en el extranjero. Hemos propuesto volver a tener un centro productor de vacunas. Podemos desarrollarlo en Carén, donde en estos días se inauguran dos centros tecnológicos, uno de la construcción y otro de los alimentos, los que también se fundamentan en la convergencia de la academia, el Estado, la empresa y entes internacionales.
Debemos fortalecer la presencia de la ciencia chilena en el concierto de la ciencia mundial. Entender que hay pocas decisiones estratégicas políticas más relevantes que las concernientes al desarrollo de ciencia y tecnología vinculadas a nuestras universidades. Nunca resignarnos a una supuesta división mundial del trabajo en la que solo nos correspondería administrar una economía extractiva y exportadora. Así, otra gran lección que nos deja la pandemia es avanzar a constituirnos en una sociedad de conocimiento y lograr un cambio en nuestra matriz productiva.
La pandemia encontró un país en medio de una crisis y obligado a reflexionar sobre los principios en que se había basado por décadas su modelo de sociedad. Nos ha traído un lente de aumento que nos ha permitido ver magnificadas las consecuencias de imponer dogmáticamente reglas de mercado en educación, salud y en las más diversas áreas de la vida nacional que, las más de las veces, amenazaron con afectar profundamente sus sentidos y valores. Hoy habremos de reconstruir estos ámbitos reinstalando cuestiones tan básicas como la cohesión nacional, la primacía de la colaboración por sobre la competencia o que la suerte de cada uno está inevitablemente vinculada a la de la sociedad en su conjunto.
El paso súbito a la educación online de emergencia ha involucrado una serie de desafíos para las universidades a nivel global. En Chile, quizás, la principal dificultad está dada por la dependencia de los planteles del pago de aranceles, herencia del histórico manejo del financiamiento de la educación superior.
Por Antonia Orellana
Andrés (18) vivió un agitado proceso de ingreso a la educación superior: primero le tocó rendir la Prueba de Selección Universitaria en medio de las protestas en contra de ese sistema. Si bien pudo ingresar a una carrera científica en una universidad pública, no alcanzó a tener clases presenciales: el 16 de marzo, debido a la pandemia global del Covid-19, su universidad suspendió las clases y pasó completamente a la modalidad en línea. “La mayoría de mis compañeros son pantallas negras para mí. Sólo he hablado fuera de las clases con un par, pero no conozco a ninguno”, relata.
Vida universitaria pre pandemia de Covid-19. Crédito de foto: Felipe PoGa.
No es un problema local: en distintos momentos, escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.570 millones de estudiantes en 191 países. A nivel global, una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias tiene que ver con el financiamiento. De acuerdo a la encuesta de Times Higher Education Líderes de la educación: ¿dejará el Covid-19 a las universidades en la UTI?, que entrevistó a 200 líderes universitarios de 53 países en los cinco continentes, un 42% de las autoridades teme que haya quiebras en instituciones educativas de su país. De acuerdo a la clasificación que sugiere la OCDE desde 2007, existen cuatro grandes tipos de modelos de financiamiento de la educación superior. Están los países con tasas de arancel nulas o bajas y sistemas generosos de apoyo para los estudiantes, donde se encuentran Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. También existen países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes bien desarrollados, que corresponde al caso de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Países con bajas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes de bajo desarrollo, como Australia, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Irlanda, Polonia, Portugal o España. Y países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes de bajo desarrollo, donde se encuentran Chile, Japón y Corea.
Para el sociólogo Víctor Orellana, integrante del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y del centro de estudios Nodo XXI, nuestro sistema universitario está en “alto riesgo”. “El sistema chileno de educación superior, a diferencia de otros en el mundo, depende mucho de los aranceles”, explica. “Los aranceles son una porción muy relevante del financiamiento a las instituciones, al grado de que en algunos casos pagan el funcionamiento completo de la institución».
Dificultad que hoy se expresa con toda su crudeza: de acuerdo al último Termómetro Social del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, publicado el 17 de junio, el 31,7% de las personas señala que algún miembro de la familia ha perdido su trabajo después del 16 de marzo, de ellos, casi el 80% es atribuible directamente a la pandemia, y el 13,6% como consecuencia indirecta.
De acuerdo a algunos cálculos, las universidades del Consejo de Rectores estarían recibiendo un 8% menos de ingresos de lo proyectado previo a la pandemia, porcentaje que se distribuye en forma desigual entre las instituciones, acentuándose en algunos planteles regionales. Entre estos menores ingresos se considera una inferior matrícula de primer año, menores ingresos por menor matrícula de cursos superiores, menos ingresos por deserción en el primer semestre y también por morosidad en el primer semestre.
Es por eso que durante mayo el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) solicitó al Ministerio de Educación habilitar un nuevo periodo en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) que permite la postulación a gratuidad, becas y créditos de arancel para la educación superior, y a los beneficios complementarios que JUNAEB otorga a las y los alumnos, además de no considerar el año 2020 para el cálculo de avance curricular de la gratuidad. Paralelamente, en el Congreso se han presentado tres mociones parlamentarias que intentan suspender el cobro de aranceles a los estudiantes, las que no han conseguido el apoyo suficiente para convertirse en ley o están fuera de admisibilidad por involucrar gasto fiscal. Además, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) ha solicitado al Ministerio de Educación permitir el uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario y también un plan financiero de emergencia. La respuesta de las autoridades ha sido negativa.
“El sistema de educación superior tenía muy poca experiencia respecto a la educación en línea: sólo el 4,41% del total de las y los matriculados en el sistema el año pasado lo hicieron a través de esa modalidad, según el portal Mi Futuro”.
La solicitud de abrir nuevas líneas de apoyo estatal a los estudiantes tiene justificación: este año se matricularon al menos 11 mil alumnos menos y según el Sistema Único de Admisión (SUA), durante este primer semestre hubo una fuga de nueve mil alumnos en 17 planteles. Así, como parte del paquete de medidas dirigidas a la clase media, el presidente Piñera anunció una ampliación y postergación del Crédito con Aval del Estado (CAE), al que podrían acceder un universo de 130 mil estudiantes. De acuerdo a cálculos del Ministerio de Educación, la medida permitiría que ocho de cada 10 estudiantes de la educación superior cursen sus carreras con un apoyo del Estado para el año lectivo 2020. Adicionalmente, la propuesta incluye suspender las cuotas del Crédito con Aval del Estado, lo que beneficiaría a un total de 392.210 personas, incluyendo deudores morosos.
De acuerdo a Víctor Orellana, “en Chile los aranceles son tan altos que, para los estudiantes, las brechas que hay entre el arancel y las ayudas estudiantiles puede llegar a costar uno o dos meses de arriendo, por lo tanto, es de los primeros pagos que está en riesgo ante una dificultad económica”. Esta morosidad y la permanente diferencia entre el arancel de referencia del sistema de gratuidad y el arancel real de las universidades representa otra amenaza financiera para el sistema universitario.
“Lo que está haciendo con su propuesta de cambios de sistemas de crédito es lisa y llanamente provocar el quiebre de algunas universidades públicas. Yo diría que hay que tener una terapia rápida de disminución de la dependencia de los aranceles, y en el caso de las universidades privadas, el Estado debiera participar de la propiedad y la gestión. No es aceptable que en una situación de emergencia se rescate a los grupos económicos dueños de las universidades privadas. Para que eso se haga el Estado debe participar, no puede simplemente regalar su dinero”, advierte el investigador.
Vida universitaria online
Cuando se suspendieron las clases universitarias y luego las escolares en marzo, no había proyecciones claras sobre cuánto duraría esta fase de transición. El sistema de educación superior tenía muy poca experiencia respecto a la educación en línea: sólo el 4,41% del total de las y los matriculados en el sistema el año pasado lo hicieron a través de esa modalidad, según el portal Mi Futuro. Es por eso que algunos autores han llamado a distinguir entre la educación en línea o e-learning y la educación a distancia en emergencia, que es la que actualmente se desarrolla producto de la pandemia. Esto, ya que en la educación en línea el factor clave sería la planificación y análisis de las herramientas, cuestión que producto del Covid-19 no ha sido posible: fue un golpe súbito.
A esto se suma que Chile vivía bajo la ilusión de ser uno de los países con mayor penetración digital, pero las diferencias de cobertura, calidad y dispositivos de acceso han mostrado una vez más la desigualdad en el país. Según la publicación Desconexión y brecha digital en Chile durante la epidemia Covid-19 de Ricardo Baeza-Yates y Cristián Ocaña Alvarado, mientras que para el grupo ABC1 tener Internet es tan natural como el agua potable, tan sólo en el segmento C2-C3 ya hay 1.4 millones de personas que no tienen Internet. Luego, en el estrato socioeconómico D y E, que equivale al 50% de la población (más de nueve millones de personas), las restricciones son mayores, con sobre el 70% con móviles con prepago y 3,6 millones de personas sin Internet en sus casas.
Para sortear esa primera barrera, muchas universidades han entregado dispositivos electrónicos y también chips para la conexión de sus estudiantes con menos recursos. Otras alternativas han sido becas o beneficios de conectividad. De acuerdo a cálculos del CRUCH, en esto se han invertido al menos $16 mil millones, gastos no presupuestados que consideran apoyos en equipamientos y conectividad para los y las estudiantes, licencias y software para docencia virtual, y reforzamiento de infraestructura en TIC, entre otros, lo que implica un aumento de 13% a la fecha respecto al 2019.
¿Qué opinan los estudiante? Según la encuesta Pulso Estudiantil -aplicada a 2.650 estudiantes de más de 100 carreras en 15 regiones de Chile- el 60% declara estar insatisfecho con la respuesta institucional frente a la crisis, mientras que un 47% dice que su casa de estudios se ha preocupado por asegurarles recursos mínimos. En forma transversal, un 72% declara que su relación con las y los académicos ha disminuido. Aún más, 84% de los recién ingresados declara que la modalidad virtual no ha beneficiado su aprendizaje, lo que supera el promedio nacional de 78%.
“Fue complicado, porque la plataforma online no soportaba a tantos alumnos conectados al mismo tiempo”, cuenta Paula (19), estudiante de primer año de Arte en una universidad privada. “Hasta hoy no he generado relaciones reales con mis compañeros y en pocas ocasiones pudimos vernos con cámara durante el semestre. Tampoco he podido involucrarme en actividades extra a las clases por falta de comunicación general”.
Vida universitaria pre pandemia de Covid-19. Crédito de foto: Felipe PoGa.
Desde el otro lado, la experiencia tampoco ha sido fácil. Myriam Barahona , presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, señala que “ muchas veces el sistema remoto nos hace estar en horarios extensos de trabajo, aislados y, principalmente lo que han expresado los trabajadores universitarios es que se han visto muchos trastornos de salud mental respecto a la incertidumbre”.
Desde la academia, la científica de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador, llama a tener en cuenta las posibles brechas de género. “Este sistema ha sacado a relucir situaciones previas para las mujeres, de las que quizás no había conciencia, como las labores de cuidado de niños y otras personas mayores. También va a provocar que muchas académicas no logren completar sus planes académicos de este año, principalmente en lo que respecta a redacción de artículos, postulaciones a proyectos y otras actividades que son claves para la evaluación”, apunta.
De hecho, la revista Nature señaló en mayo que las mujeres estarían inscribiendo menos proyectos de investigación y entregando menos publicaciones a revistas especializadas, lo cual se traducirá en una profundización en la brecha de acceso a la carrera académica. “Si las universidades no reaccionan y realizan acciones afirmativas tanto para ponerse alerta a las brechas de género como contextualizarlas en pandemia”, señala Cristina Dorador. Sin embargo, para la especialista en microbiología hay algunos aspectos positivos en la educación online de emergencia: “reuniones que antes eran muy largas ahora ya no, y también ha servido para disminuir las brechas territoriales: ya no hay excusas para conectarse con colegas de otras ciudades e incluso países”.
La paradoja del recorte educativo
En la encuesta de Times Higher Education la mayoría de quienes dirigen universidades piensan que la ciencia tendrá una mayor prioridad para sus gobiernos el día después del Covid-19: un 62% cree que aumentará el financiamiento para investigación. En Chile podría ser una respuesta ante el debate que se ha venido planteando sobre la gran dependencia que tenemos de la producción extranjera de vacunas e insumos médicos, además de otros tipos de innovaciones que en el combate de esta pandemia se han vuelto cruciales.
Sin embargo, la batalla por el financiamiento de la ciencia local aún no está ganada e incluso hay iniciativas parlamentarias que exhortan al presidente Sebastián Piñera a destinar los fondos de las Becas Chile para ayudar a la clase media y las pequeñas y medianas empresas, lo que finalmente afectaría negativamente el perfeccionamiento de cientos de profesionales.
El 27 de abril, en tanto, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) informó que se sumará al recorte presupuestario. Así, durante lo que resta del 2020 se suspenderán las convocatorias en todas aquellas líneas de financiamiento destinadas a cooperación internacional. Esto significa que también se suspenden las convocatorias 2020 de Becas de Magíster en el Extranjero y de sus variantes: Áreas Prioritarias; Personas en Situación de Discapacidad; Profesionales de la Educación; Subespecialidad Médica en el Extranjero; y Postdoctorado en el Extranjero. Pero, en otro ámbito, la ANID adjudicó recientemente 63 proyectos del concurso rápido Fondo para Proyectos de Investigación Científica sobre Covid-19.
Según el investigador Víctor Orellana, “el alto grado de mercantilización de la educación superior ha hecho que esta pierda su eje. La pregunta debiera ser cómo ayudan sus estudiantes de medicina, los laboratorios, los recursos institucionales e intelectuales a bajar los contagios. ¿Por qué no nos estamos haciendo esa pregunta? Porque dependemos tanto de los aranceles, que las universidades se están preguntando cómo sobrevivir y no cómo aportar. Es decir, lo que debiesen hacer las autoridades es resolver rápidamente la cuestión de la supervivencia financiera para pasar a la verdadera discusión”.
El contenido del actual proyecto de ley sobre universidades estatales conocido por la opinión pública en las últimas semanas ha sido rechazado en sus partes importantes. Este rechazo incluye no sólo a los rectores que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, sino a amplios sectores de la opinión pública y, particularmente, a todos los estamentos de la comunidad de la Universidad de Chile, incluyendo su máxima autoridad, su Senado y Consejo Universitario, las agrupaciones de académicos, funcionarios y la FECH.
Las razones se han explicitado profusamente en declaraciones, columnas de opinión y entrevistas que apuntan a repudiar las propuestas, especialmente en torno a la gobernanza de dichas casas de estudio, que con este proyecto cambiarían sus estructuras actuales por juntas directivas con presencia mayoritaria de agentes externos, pasando a llevar no sólo la autonomía universitaria, sino la historia de dichos planteles; al rechazo ante los componentes del financiamiento, o bien a la precarización de la condición laboral de funcionarios y académicos, entre otros puntos.
Lo que se esperaba con expectativas, una ley que fortaleciera a las universidades estatales pensadas como motoras del desarrollo económico, social y cultural de la República, devino en un balde de agua fría que lavaba no sólo ese rol, sino sus épicas resistentes y todo vestigio democratizador propio de una universidad crítica, hija de la Reforma de Córdoba de 1918.
La universidad plasmada en parte de los articulados de este proyecto de ley no era aquella que exigió al Estado un compromiso público con sus planteles, sino una fiel exponente del modelo neoliberal que con tanto éxito ha permeado nuestro país.
De ahí la advertencia del Senado Universitario cuando señalaba que “coherente con la lógica gerencial que se quiere imprimir a las instituciones de educación superior, el proyecto introduce normativas que eventualmente podrían flexibilizar la vinculación entre la Universidad y su personal académico y no académico, precarizando aún más las condiciones laborales en las universidades. Unido a lo anterior, si bien el proyecto avanza en la materia, entrega fondos insuficientes para enfrentar el enorme desafío de reconstruir universidades abandonadas por el Estado que puedan contribuir significativamente al desarrollo del país y no modifica en su esencia la política de financiamiento del Estado y sus instituciones”.
Sin embargo, luego de conocerse este proyecto, cuyo articulado mayoritariamente vulnera las promesas y expectativas que lo precedieron, la pregunta que ha rondado diferentes círculos es cuándo, en qué minuto el diablo metió su cola y cambió tan radicalmente lo que era un proyecto esperado por todos quienes creen que es indispensable una ley que potencie a las universidades del Estado.
Pero más que una cola separó al gobierno y al ministerio de Educación. Lo que a estas alturas se evidencia con claridad es más bien la superposición de “dos almas”, dos proyectos de país y de educación pública que no terminan de encontrarse y que hacen que cada mes las reformas avancen y retrocedan dependiendo de quién gane la pugna en cuestión.
Por ello la preocupación de las universidades del Estado, cuyas comunidades hoy están expectantes y exigen ser escuchadas. Escuchadas por sobre aquellos poderes que, parapetados en las lógicas tecnocráticas, pretenden torcer el espíritu de una ley y hacer de estos planteles un remedo de universidad; una intervenida por los gobiernos de turno, domesticada por el poder de los fondos concursables y precarizada en su inestabilidad laboral.
A partir de dos proyectos de ley, uno general sobre universidades y otro específico para las estatales, el país puede por fin vislumbrar la posibilidad, porfiadamente negada e inexplicadamente postergada, de un cambio en la actual legislación chilena sobre universidades.
Antes de discutir los contenidos mismos de estos proyectos de ley parecería necesario un debate previo: decidir si queremos o no un cambio en la actual legislación universitaria. Aparentemente, gran parte de los comentarios críticos a las propuestas modificatorias del actual estado de cosas en educación superior no están en realidad dirigidos a las propuestas propiamente tales, sino al intento de hacer un cambio. No son críticas a este proyecto de cambio, sino a cualquier proyecto de cambio. Esto no debería extrañarnos pues muchos representantes de universidades sienten que ya viven en el mejor mundo posible, amparados tanto por la ambigüedad entre lo público y lo privado, como por la redefinición del rol del Estado, el que pasa de ser un proveedor de educación superior a un mero facilitador de transferencia de recursos. Ellos no podrían, aun extremando la imaginación, concebir una situación mejor que la que ya tienen.
El cambio que esperamos debe restaurar en las universidades chilenas valores inherentes a la academia que fueron trastocados por la aplicación de otros valores como parte de un proyecto integrista inédito. El exagerado énfasis en la competencia y en la motivación entusiasta que despierta el afán por el lucro tuvo hondas y extensas repercusiones. Se supuso que las universidades serían mejores mientras más se las hiciera competir entre ellas. Parte importante de las dificultades que hoy encontramos para trabajar una nueva legislación provienen, precisamente, del temor permanente de que alguna medida beneficie a otro. Para la nueva mentalidad rivalizadora, lo que es bueno para otro es malo para uno.
Valores tales como el pluralismo, la democracia, la inclusión, el compromiso con el desarrollo social, científico y cultural del país, o la formación cabal de profesionales de pertinencia nacional y regional, persisten no sólo en las comunidades de las universidades estatales. Las encuestas a la población señalan que el ideario de las estatales prima con creces en la sociedad chilena. Los datos objetivos que evalúan a las universidades no son considerados. La insólita insistencia en declarar que lo privado es mejor que lo público, como la consecuencia de un principio que tiene que ser cierto porque un dogma así lo exige, representa un excelso ejercicio de posverdad.
A la hora de discutir sobre gobierno universitario, el dogmatismo homogeneizador demuestra suma coherencia. No cree en la participación, desconfía de las comunidades universitarias y amenaza con instalar formas de gobiernos propias de otros contextos negando los desarrollos históricos específicos. La Universidad de Chile se caracteriza por un entrelazamiento entre sus funciones y el progreso del Estado. En realidad, fue fundada expresamente para cumplir esa misión. Nuestra historia tiene resonancias con una historia de la universidad latinoamericana de participación y compromiso social, uno de cuyos paradigmas es la Reforma de Córdoba, ya a punto de ser centenaria. La actual estructura de gobierno de la Universidad de Chile es un motivo de orgullo para el país, pues es la primera instancia en que un precepto heredado del período dictatorial, a saber, la organización de la universidad, es debatido y modificado. Ya antes nuestra Universidad se había rebelado ante formas autoritarias de intervención gubernamental. Incluso por su simbolismo, no puede pretenderse que sus actuales estatutos se borren de una caprichosa plumada. O lo que aún es peor, de una plumada no caprichosa sino premeditada.
Estamos ante una oportunidad inédita de reforzar un ideario de universidades públicas. Para lograrlo bastaría con permitir que esas universidades se articulen entre sí y con el resto del Estado, respetando su historia de autonomía, participación y compromiso. No debiera ser en absoluto difícil, si hay conciencia y voluntad para ello.
El reciente anuncio del gobierno del proyecto de ley que regirá las universidades estatales gatilló la inmediata reacción de parte de la comunidad universitaria. Los reparos están en la propuesta de estructura de gobierno universitario, que iría en detrimento de la autonomía alcanzada por la U. de Chile desde la reforma de sus estatutos, la precarización de la situación laboral del personal de colaboración de la institución y la insuficiente propuesta de financiamiento a la educación pública superior, que dejaría a las universidades del Estado nuevamente a merced de la búsqueda de autofinanciamiento.
