Las actuales crisis han dejado en evidencia que la institucionalidad a escala global no ha sabido responder a los procesos migratorios. En el caso de Chile, es urgente debatir y legislar en torno a la relación entre migración, seguridad y crimen organizado, pero sobre todo es imperioso hacerlo con un enfoque de derechos humanos.
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Una de las voces fundamentales del debate afrofeminista local reflexiona sobre el racismo y la discriminación hacia los migrantes, especialmente negros, en Chile. [..]
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Vive hace 11 años en Chile y en la actualidad es una de las dirigentas del campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio. Su experiencia en este lugar ha estado marcada por un violento desalojo que realizó Carabineros de Chile en 2016, que culminó con 1.300 familias durmiendo a la interperie del desierto. En esta entrevista, la dirigenta aborda los gestos de racismo y discriminación en contra de la población migrante que lamentablemente hoy se han multiplicado, critica el rol del Estado a la hora de garantizar los derechos humanos y se refiere a las condiciones de vida de gran parte de las y los migrantes. “Somos tratados como animales, esa es la realidad”, afirma.
Por Bárbara Barrera
En agosto de 2016, bajo órdenes estrictas de la Gobernación de Tarapacá, Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al sector de La Pampa, en Alto Hospicio, con el objetivo de desalojar a las 1.300 familias que vivían en la toma del sector. Lorena Zambrano (36), ecuatoriana, dirigenta e integrante de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (AMPRO), se encontraba viviendo en la toma junto a sus tres hijos, todos menores de edad.
“En el desalojo la máquina pasó, se llevó casas y no le importó que había abuelos y niños y niñas. Es duro ver tu casa en el piso, ver a tus hijos en la noche durmiendo en el piso. Tan brutal fue lo que pasó, que hubo una señora embarazada que perdió su bebé, hubo una señora a la que le volaron los dientes los carabineros, los niños lloraban, o sea, fue una cosa impresionante. Tuvimos que dormir en carpas, aguantábamos frío, se suponía que nos iban a traer baños químicos, pero nunca llegaron, y la gente al final comenzó a hacer hoyos para al menos tener un lugar donde echar tus necesidades biológicas”, relata Lorena, en medio de la pandemia, desde el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio, lugar donde las autoridades locales reasentaron a las familias después del desalojo.
Lejos de ser un lugar con condiciones de habitabilidad dignas, el lugar escogido por las autoridades fue, literalmente, un basurero. “Lo abrieron en cuatro partes y en ese cuadrado del medio dijeron ‘ya, ¿quieren estar aquí?’ y aquí nos tiraron. De ahí en adelante han venido las luchas por limpiar el campamento y por hacer otras reconstrucciones dentro de los mismos vecinos, pero ha sido difícil porque nos dejaron abandonados, apartados”, explica la dirigenta.
En la actualidad, el campamento donde vive Lorena cuenta con 250 familias y cerca de mil personas, quienes a través de la organización comunitaria han logrado tener acceso a luz y han negociado con los medios de transporte regionales para obtener movilización desde el campamento a la ciudad.
El 70% de la población del campamento corresponde a población migrante, siendo los principales grupos los bolivianos, ecuatorianos y colombianos. La dirigenta cuenta que una de las cosas que ha llamado la atención este último tiempo ha sido la llegada de haitianos y haitianas que han migrado desde Iquique o desde la capital tras vivir situaciones de discriminación y racismo en las que han sido escupidos, golpeados y baleados.
«Habría que borrar esa canción ‘Si vas para Chile verás cómo se recibe al amigo cuando es extranjero’, habría que eliminar esa canción porque la realidad no es así. No podemos decir que el 100% de las personas en Chile, pero sí hay un alto índice de racismo», sostiene Lorena.
-¿Cómo has visto la situación de la población migrante durante la pandemia? ¿Crees que estos actos de racismo y discriminación se han incrementado este último tiempo?
Efectivamente, ha aumentado el clasismo, el racismo, la discriminación y la xenofobia. Hay muchos migrantes que todavía no tienen sus papeles, el Estado todavía no ha dado una solución a las personas que se han quedado sin trabajo y estaban en procesos de tramitación de visas. Si tú le preguntas hoy día a una madre o un padre -sea chileno o extranjero- que tiene seis hijos, si dejaría de trabajar porque tiene Covid-19, obvio que no va a dejar de salir a trabajar porque la respuesta es “prefiero contagiar a diez mil, pero darle a mi hijo de comer”. El Estado tiene que encontrar una forma de proveer a estas familias que están contagiadas con lo mínimo, que son los víveres, porque si en tu casa tienes qué comer, por lo menos los 15 días de cuarentena no tienes para qué salir, porque por lo menos tienes alimento en tu casa.
–El asesinato por parte de la policía estadounidense del ciudadano afroamericano George Floyd indignó a la población mundial y, a partir de ello, en Chile revivimos episodios de racismo que terminaron con la vida de Joane Florvil, Monise Joseph y Rebeca Pierre, entre muchos otros hombres y mujeres haitianas. ¿Cómo ves la indignación que ha manifestado la sociedad chilena ante esta situación?
Ha habido un reconteo de las muertes que han sucedido antes y de otros compañeros que han sufrido racismo y discriminación. Sin embargo, es increíble cómo ha aumentado la discriminación ahora que descubrieron los cités donde hay haitianos contagiados, que han sido incitados por los discursos que lanza el gobierno, en los que tú ves la cuota de racismo al decir que los migrantes que están en cités son culpables de que tengamos el virus. Tienen esos discursos que llaman a que la gente se alce y nos vea como un enemigo infeccioso. Aquí vemos compañeros que han venido de Santiago, especialmente los compañeros haitianos, quienes han sido escupidos, baleados, maltratados. Y ¿quién se hace cargo de todo el daño psicológico que esas experiencias conllevan? Nadie.
–¿Cuáles han sido las principales demandas de la población migrante durante la pandemia?
Lo mínimo que se pide en este Estado de Excepción es que haya una regularización inmediata, porque no es posible que migrantes que estaban trabajando con sus papeles, al haber una pandemia, sean despedidos siendo que estaban en proceso de regularización. Sí, efectivamente, el carnet se les va a actualizar un año más, pero después del año, ¿qué? Las cosas vienen graves y no creo que haya trabajo de la noche a la mañana. ¿Quién les devuelve su trámite? ¿Quién les devuelve ese dinero? ¿Quién les devuelve su tiempo? Nadie. Por eso nosotros pedíamos una regularización inmediata, que a todas las personas que están trabajando se les regule inmediatamente dos años más su carnet para que tengan la posibilidad de buscar un trabajo.
-Mencionaste la discriminación y episodios de racismo en contra de la población migrante en comunas como Quilicura. ¿Cómo son las condiciones de vida de la población migrante en estos sectores de la capital y en la ciudad de Iquique?
La ley no se ha hecho presente en cuanto a establecer cuál es la responsabilidad de la persona que te arrienda. No te dan ni siquiera un contrato, no te dan un papel de que tú le pagas y las condiciones son deplorables. ¿Quién sanciona a esa persona que arrienda la casa en ese estado? Es el dueño el que tiene la obligación de garantizar al menos un lugar cómodo donde vivir. Somos tratados como animales, esa es la realidad. No les interesa cómo viven los niños, sólo les importa el lucro. Nos tiran a la calle y nos sacan como delincuentes porque llaman a los carabineros. Eres como un delincuente por pedir un techo donde dormir. Yo me pregunto dónde están los derechos humanos, dónde está la humanidad, el respeto por las personas.
Sin embargo, cuando son las campañas de gobierno, ahí sí nos llaman, cuando nos necesitan para alguna cosa, ahí estamos los migrantes. ¿Y ahora dónde está el gobierno para nosotros? Acá no contamos con el Servicio Jesuita Migrante, no hay casas para alojar a personas que están en la calle. ¿Qué va a pasar entonces? Todo el mundo se va a tirar a las tomas y el gobierno va a decir que no están autorizadas, pero es que entonces, ¿qué haces? Entre tener un techo, aunque sea mal hecho, a estar muriéndote de hambre y frío en la calle, no te toca de otra.
-¿Cuál crees que es la importancia de los vínculos y formas de organización comunitarias para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, en un contexto en el que la ayuda por parte del Estado ha sido prácticamente nula?
Acá, en Alto Hospicio, nosotras estamos colaborando con tres ollas comunes, le han puesto «El pueblo ayuda al pueblo» porque es la única forma: juntar todos los víveres para poder solventar el hambre de todos. La gente tiene que entender que uno no viene a vivir a las tomas porque Alto Hospicio prácticamente esté calificado como un foco de delincuencia y que todos venimos a robar, que aquí está la prostitución, etc. No, somos personas a las que el bolsillo no les da para más, el Estado mismo nos obligó a buscar otras instancias de vida y como migrantes tampoco tenemos la posibilidad de obtener una casa de la noche a la mañana si no tenemos papeles.
–Dentro de las principales falencias del proyecto de ley de migraciones que está en tramitación se encuentra la imposibilidad del cambio de categoría migratoria para la visa de turista en el país. Esto implicaría que las y los migrantes deberán volver a sus países de origen para tramitar el cambio de categoría. ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley?
Prácticamente, están llamando a que la migración sea un delito, porque si a la gente tú no la dejas estar como corresponde, ten por seguro que va a seguir pasando irregular. La ley migratoria va a jugarnos en contra siendo que debería ser más flexible para esas personas que les cuesta traer sus papeles, ya que en sus países también les cobran una barbaridad. En realidad, estas cosas tendríamos que sentarnos a negociarlas. ¿Cuánto va a perder el Estado y cuánto vamos a perder nosotros? Dentro de eso tenemos que llegar a un acuerdo, pero no se puede cuando el Estado decide todo y el resto ve cómo acatar, por eso no podemos decir que este es un país libre y democrático. Este país sigue siendo un país sin democracia, la democracia nunca existió en Chile, cada política que sacan es antidemocrática. El pueblo sigue oprimido y su opresor sigue arriba.
Mientras sigamos así, van a seguir las marchas, las huelgas, la gente se va a seguir pronunciando. El estallido social no se ha calmado, está pausado por la pandemia, pero una vez que termine esto, la gente se va a alzar a las calles y vamos a tener a un Estado observando cómo todas las medidas no han sido suficientes para aplacar la ira del pueblo.
-La campaña “La humanidad somos todes”, de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Universidad Abierta de Recoleta, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Radio Universidad de Chile y la Radio JGM, busca preservar la vida en tiempos de pandemia y hace un llamado de humanidad ante los distintos casos de discriminación y racismo en contra de la población migrante. ¿Cuál crees que es la importancia de este tipo de iniciativas?
Siempre, como organizaciones, deseamos que desde la universidad despertara esta hambre por trabajar en conjunto con nosotros. Estamos viendo que otros están entendiendo que la humanidad somos todes, que vivimos en un país donde no podemos seguir hablando de «los chilenos», que es un país donde estamos todos, todas y todes. Para nosotros ha sido un hecho fundamental para poder rebatir el racismo, la discriminación y que sean los mismos actores migrantes quienes aparecen. Yo creo que todas las personas que hagan parte de la campaña son la voz del que no puede hablar y esta campaña sirve para prevenir y evitar que no haya ninguna muerte más por culpa de la xenofobia y el racismo.
Mientras Donald Trump alertaba sobre la caravana de migrantes que comenzaba a organizarse y desplazarse desde Honduras, Guatemala y El Salvador para cruzar masivamente la frontera estadounidense, la periodista Marianne von Pérez partió hacia la localidad de Huixtla, al sur de México, para unirse a la peregrinación de los casi 5 mil migrantes. La siguiente crónica revela las dificultades cotidianas del grupo, las medidas de resguardo, las formas de sobrevivencia y el incierto destino de un enorme grupo de niños, jóvenes, mujeres y ancianos que actualmente insisten en llegar a Estados Unidos. Un país donde, al cierre de esta edición, el presidente Trump autorizó el uso de fuerza letal contra la caravana.
Texto y fotografías: Marianne von Pérez, desde México
A sus 68 años, no es la primera vez que don Jesús se embarca en la cruzada por llegar a Estados Unidos. La primera fue a finales de los ‘80, cuando “quería conocer y saber si era realidad todo lo que le contaban. Que era el país de los sueños, de las promesas, que había mucho dinero y trabajo”. Y pese a que el sueño americano del cual tanto escuchó se hizo real, la preocupación constante por todo lo que dejó atrás lo hizo regresar a Honduras.
Víctor Manuel escuchó las mismas historias de niño que don Jesús. Con 17 años, se armó de valor y los primeros días de octubre salió, una vez más, en búsqueda de su hermana que vive en Houston desde 2013. Era su segundo intento en un año: en abril había sido detenido por la migra y deportado de vuelta a El Salvador, pero al oír sobre la caravana no lo pensó dos veces y decidió unirse. “Es la única forma que tengo de llegar y así poder ayudar con dinero a mi familia. En mi país, al no tener estudios y ser menor de edad no me contratan, ni siquiera para las chambas (trabajos) matadas que pagan menos que poco”, dice.
Bartolo Fuentes, periodista hondureño que lleva veinte años tratando temas de inmigración, fue el primer acusado por el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, de instigar las caravanas. Para muchos era inimaginable pensar que personas de tres países distintos, cuyos gobernantes no gozan de una gran relación entre ellos, se hubieran unido para huir de la violencia, el hambre y la falta de oportunidades que vivían día a día en sus distintas regiones. Pero sucedió: con el lema “la unión hace la fuerza” comenzó a correrse la voz y de las doscientas personas que eran en un inicio, terminaron siendo más de mil las que el 13 de octubre tuvieron el coraje de abandonar sus hogares en Honduras en busca de un mejor porvenir. En esta ocasión no se expondrían a morir solos en el tren de carga llamado “La Bestia”, ni tendrían que pagar los cerca de 6.500 dólares que cobra por persona un coyote para cruzar a Estados Unidos, casi 4 millones y medio de pesos chilenos por arriesgar la vida; ahora lo harían en grupo, cuidándose unos a otros.
Los gobiernos y las realidades que se viven en Honduras, Guatemala y El Salvador -el llamado Triángulo Norte de Centroamérica- no distan mucho entre sí. Los días giran en torno a la miseria, la corrupción y la impunidad. San Pedro Sula, donde se conformó la primera caravana en Honduras, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Tanto que su tasa de homicidios es de 51,18 por cada 100.000 habitantes y, según las Naciones Unidas, si la tasa supera los diez estamos hablando de una “epidemia de homicidios”. Las cifras de Guatemala se asimilan a la realidad hondureña. En el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018), Guatemala se encuentra en el puesto 127, sólo seis escalones por sobre Honduras.
Por su parte, El Salvador, conforme a la “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017” (EHPM, 2017), es uno de los países más desiguales de América Latina. “A nivel nacional un 29,2% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 6,2% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 23,0% están en pobreza relativa.” Además, ”una característica fundamental es que la población es mayoritariamente joven, puesto que el 53,6% de la población es menor de 30 años, mientras que el 12,6% tiene una edad de 60 años o más”. Pero el problema más grave en este país no son las cifras de desigualdad, sino las pandillas que han azotado la región con su brutalidad.
Roberto Valencia, periodista vasco quien ha investigado durante casi ocho años la realidad de las pandillas en El Salvador y su exportación desde Estados Unidos -análisis plasmado en su libro Carta desde Zacatraz (Libros del K.O., 2018)-, señaló hace poco en una entrevista en el medio eldiario.es que “vivir en una zona controlada por una pandilla significa que si el colegio al que tienen que ir tus hijos está en el territorio de la pandilla rival, no puedes llevarles allí. Las pandillas tienen control e imponen su lema, resumido en oír, ver y callar”. Fue por lo mismo que Juan Carlos, de 14 años, al igual que tantos otros de la caravana, huyó de su hogar. “En mi barrio me dijeron que me tenía que unir a los Mara y que si no lo hacía me matarían, a mí y a mi familia. Así que por buscar un lugar mejor y tratar de salvarlos a ellos, partí”, me contó mientras alumbraba, con una pequeña linterna entre la lluvia, los pies de tres personas a quienes la piel herida ya no les daba más.
El 18 de octubre, miles de personas que esperan en el puente Rodolfo Robles -que une a Guatemala con México- están expectantes y algo inquietas. Un helicóptero militar sobrevuela sus cabezas y la policía se alista para recibir el contingente.
La madrugada del sábado 13 de octubre centenares de personas desconocidas empezaron a avanzar juntas hacia la carretera, una detrás de la otra. A medida que la caravana pasaba frente a otras casas, muchos más se iban sumando. Familias, hermanos, amigos, ancianos, mujeres embarazadas, adolescentes y niños. Todos y cada uno de ellos había achicado su mundo para que cupiera en una pequeña mochila. Nada ni nadie los iba a detener de su objetivo: llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor. No sería un impedimento la pena por dejar a los suyos, ni las llagas que se irían infectando lentamente en sus pies. Ni siquiera la incertidumbre de si lo lograrían o morirían en el intento. Tampoco los más de 5 mil kilómetros que tendrían que recorrer. Algo así como cuatro días seguidos en bus o 10 horas en avión incluyendo una escala.
Ese 18 de octubre, las horas al sol y la angustia de no tener claridad de si podrán cruzar empiezan a calentar los ánimos hasta que todo estalla con violencia. Un grupo logra tirar las rejas que los mantiene dentro de territorio guatemalteco y como una manada corren a traspasar las barreras. – ¡Sí se pudo! ¡Sí se puede! -, gritan a coro hasta que las bombas lacrimógenas empañan sus ojos y ahogan sus pulmones.
Los noticieros esa tarde mostraron las piedras que en su agobio lanzaron los migrantes y el daño causado a las fuerzas especiales, pero la cámara obvió enfocar a los cientos de mujeres y ancianos que saltaron al río Suchiate en su intento desesperado por respirar y llegar a México. Ni siquiera informó sobre los dos niños muertos en pleno puente a causa de los gases.
Luego de la tormenta/enfrentamiento se llamó a la calma, se negoció con los encargados fronterizos, algunos de los integrantes de la caravana se enfilaron y comenzaron a pasar en grupos de cinco personas, tal como lo habían solicitado las autoridades mexicanas. “Avancemos ordenadamente, compañeros”, se escuchaba alto y claro por un megáfono. Pero muchos no lograron atravesar la frontera ese día. Los rezagados deberán esperar en el mismo puente anhelando cruzar, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, en condiciones indignas y con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo tendrán que soportar para ser atendidos por las autoridades. No tuvieron otras alternativas de recepción, en Ciudad Hidalgo el albergue temporal fue cerrado.
Pese a que horas antes el nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “hay que hablar con los migrantes, ofrecerles opciones y protegerlos, que puedan tener albergues, que si son familias se cuide a los niños y al mismo tiempo buscar soluciones para que tengan posibilidad de trabajo”, el personal del Instituto de Migración (INM) y las policías federal, estatal y municipal se dedicaron a obstaculizar el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios, y gestionó únicamente el ingreso con la condición de someterse a una detención migratoria. El miedo por una posible deportación aumentó y se hizo visible en sus caras cansadas.
Las condiciones para migrar no son fáciles. La caravana de centroamericanos sufre la incertidumbre todo el tiempo. Los destinos cambian, los buses prometidos no llegan y los kilómetros que faltan por avanzar se tornan inimaginables. En general, cada jornada hay que moverse a un nuevo lugar. La hora de salida es entre las tres y cuatro de la madrugada porque a medida que avanza el reloj, el sol hace imposible seguir desplazándose a pie. Las sandalias empiezan a quemar la piel, las ampollas proliferan y los síntomas de la insolación no demoran en aparecer. Más aún para los ancianos, mujeres embarazadas y niños pequeños.
Pese a que cada lugar trata de recibirlos de la mejor manera, la infraestructura no da abasto para albergar a los cerca de 5 mil migrantes que hoy componen la caravana, lo que se traduce en condiciones indignas para cualquier ser humano. Los piojos y las pulgas abundan, los baños se rebalsan, el agua potable se agota antes de oscurecer, las personas se agolpan en filas para pedir un plato de comida o un café y al llegar la noche la tos es parte del concierto nocturno, cuando es posible dormir. Casi todos están enfermos.
Tratar de descansar es difícil. El calor ahoga o la lluvia no da lugar para salvar lo poco y nada que les queda. La ropa se va dejando tirada en el camino porque el tiempo es insuficiente para que se seque y “llevarla mojada es un peso más”. Las guaguas no dejan de llorar, las madres desesperadas no saben cómo callarlas, empieza el griterío y los golpes entre tanto estrés. Muchos pequeños ya no quieren bajarse de los coches ni un solo momento luego de estacionarlos: les da pavor volver a caminar. Esto, sumado a la obligación de tener un ojo abierto y otro cerrado a la hora de dormir, lo que se ha vuelto ley, tratando de evitar más abusos sexuales a menores. Ya es común que estos se produzcan amparados por la noche, cuando la mayoría trata de recomponerse tras un día de arduo caminar.
A su vez, ser mujer en la caravana no sólo es vivir con el constante miedo a que le hagan algo a tus hijos o los intenten raptar -como sucedió en más de una parada-, sino que además convives con el terror diario a que te roben, violen o rapten. Y pese a que se trata de resguardar la integridad de todos, hasta ahora la más comprometida y vulnerada es la de mujeres y niños. Su espacio vital ha sido invadido, la infancia truncada y lo que partió siendo casi un juego, se convirtió en un tedio real. Pero ya su mentalidad ha cambiado, la de todos ha cambiado, porque ahora la vida es otra. “Por eso somos migrantes”, me dijo Exiel – de 10 años – en el albergue Hermanos en el Camino, “porque nuestra vida ahora es caminar y caminar”.
Por Matías Marchant
La migración de grupos humanos es en sí misma un proceso complejo. Sin embargo, pensar la migración de niños y niñas es un fenómeno aún más complicado dado que ella implica una serie de acciones para la adaptación a un nuevo escenario que, durante la infancia, no siempre están disponibles. Esto no quiere decir que los adultos siempre las tengan, pero en el caso de los niños y las niñas, esto está supeditado al modo en que el mundo adulto puede canalizar, contener y elaborar los procesos de asimilación de un nuevo escenario.
Dada la complejidad del problema me parece necesario centrar la atención sobre aquellos niños o niñas migrantes que entran al sistema de protección de la infancia en Chile. Normalmente, los organismos que tienen por misión evaluar si se es o no vulnerado en sus derechos deben establecer un paradigma sobre el cual debe compararse y la migración vuelve esto aún más difícil. La evaluación de vulneración de derechos puede implicar el retiro del cuidado personal de los hijos e inclusive la internación de niños y niñas en centros residenciales alejados de sus padres. Este fenómeno ya se ha producido en nuestro país y ha tenido trágicas consecuencias, conocidas por la opinión pública. Todo esto es atribuible a la falta de preparación y la inexistencia de políticas de inmigración referida a niños y niñas.
En este contexto, quisiera plantear las siguientes preguntas: ¿Si el sistema de protección de la infancia en Chile está en una crisis crónica, entonces está preparado para evaluar y, por sobre todo, brindar atención y cuidado a los niños o niñas migrantes que puedan ser vulnerados en sus derechos? ¿Si las políticas de migración aún no logran comprender el fenómeno en toda su complejidad y recién se están estableciendo nuevos reglamentos y procedimientos para su recepción y acogida, tenemos políticas y normativas particularmente dirigida a los niños y niñas que ingresan como migrantes a nuestro país? ¿Tenemos criterios mínimos sobre cómo habremos de afrontar las situaciones de vulneración de derechos en la infancia en los hijos de migrantes?
Un primer punto que podemos dejar planteado como desafío respecto de las políticas de migración es que la situación de los niños o niñas debe ser tratada de una manera diferencial respecto a los adultos. Los niños migrantes deben tener un espacio reservado respecto al resguardo de sus derechos. Una ética del cuidado debe considerar que los niños jamás deberán perder ni uno de sus derechos por motivo alguno y deberán ser sujetos de una protección especial.
¿Qué derechos deberemos proteger más que cualquier otro para un niño migrante? Nuestra legislación debe contener algunos principios que mencionaremos aquí brevemente: 1) el principio de inseparabilidad del niño con su familia de origen salvo en casos justificados y que la primera opción en el proceso de restablecimiento de los vínculos la debe tener su familia nuclear, su familia extendida y su comunidad, para ayudar a preservar los aspectos más básicos de su identidad nacional, étnica o cultural; 2) toda intervención y evaluación debe considerar los aspectos culturales que son parte de los orígenes del niño, es decir, debe evitarse todo proceso de aculturación por medio de la omisión de su lengua y rechazo prejuicioso de estilos de crianzas de su grupo de origen; 3) la evaluación de los grupos familiares de migrantes no pueden ser igual que la de los no migrantes dado que deben considerarse todos los factores que afectan la posibilidad de cuidar de sus hijos y que no dependen de una voluntad negligente, sino de las dificultades de adaptación: asimilación de una lengua, adaptación a nueva situación económica y laboral y los efectos psicológicos asociados a duelos propios de la partida de lugar de origen; 4) el sistema jurídico debe prestar una ayuda activa a los grupos familiares de origen y comunidad para que puedan ser efectivamente representados en toda instancia judicial, ofreciendo legítima defensa y comprensión de un nuevo sistema que el migrante desconoce.
En definitiva, en el fenómeno migratorio, cuando se trata de niños o niñas, implica asumir una política diferencial a la de los adultos. Las consecuencias de políticas no apropiadas pueden causar daños y heridas interminables.
La solución a la migración no puede ser abordada por medio de un cierre de las fronteras, pues esto equivale tan sólo a cerrar los ojos frente a una realidad de hecho y constituye así una voluntad negligente. Debemos tener en cuenta que establecer un sistema especial de acogida a los niños o niñas migrantes no puede sino enriquecer, gracias a la diferencia, las políticas de infancia en nuestro propio país. La migración es deseable precisamente por el hecho de que lo heterogéneo y lo diverso ayuda a tener una nueva mirada y apreciación de nosotros mismos. Dicho en otros términos, sólo la alteridad puede dar lugar a una verdadera ética de responsabilidad por el otro, algo que a todos luces es un tema pendiente para el Estado chileno y su sociedad.
