Emma de Ramón: “El archivo se suele convertir en un mausoleo de papeles, yo quiero que el archivo esté vivo”

Desde 2015, la historiadora y activista por los derechos de la diversidad sexual, es directora del Archivo Nacional de Chile. Al frente de la institución, ha trabajado intensamente por el resguardo de los archivos y por la apertura a la colección de otros relatos que tradicionalmente han quedado relegados de la historia oficial, como el de las mujeres. Así dentro de su gestión se creó el Archivo Mujeres y Géneros, que recoge no sólo la genealogía feminista sino también a la disidencia local.

Por Jennifer Abate

-En nuestra historia, la mujer ha estado fuera no solo del ejercicio de ciertas profesiones si no también como objeto de estudio, por eso es realmente muy valioso el trabajo que están realizando en el Archivo Nacional. En tu caso como mujer, lesbiana, y posicionada políticamente desde ambos espacios ¿Qué crees que puede aportar una mirada no patriarcal en el crecimiento de la archivística?

En general en Chile la archivística ha estado muy dominada por la mirada institucional, una mirada custodial de lo que producen las instituciones públicas, y eso de forma automática se va convirtiendo en el patrimonio de la sociedad chilena. Y es nos lleva finalmente a la construcción de una historiografía política, económica, militar si se quiere. Cuando empecé a trabajar en el Archivo Nacional me di cuenta rápidamente de eso y comencé a buscar la fórmula de que el archivo como base de la historiografía pudiera escaparse de ese paradigma y me di cuenta que en la propia ley había una frasecita maravillosa que nos podía ayudar perfectamente que dice: “el archivo tiene el objetivo de guardar estos documentos pero también cualquier documento relevante para la historia nacional”, y la verdad es que la relevancia para la historia nacional es totalmente abierto. Nadie puede decir qué es lo relevante y lo irrelevante, por lo tanto dentro de eso se abre todo un margen, campo de la memoria que no está para nada trabajado. Yo vi dentro de las posibilidades como directora poder señalar cuáles era ese margen, dar un derrotero y decir por aquí va la cosa y lo que me propuse fue poner dentro de ese ámbito toda la memoria marginada, introducir las memorias de las mujeres, de todo lo que es la diversidad sexual y también dentro de los géneros las masculinidades y diversas formas de masculinidades. Actualmente  acaba de entrar en el archivo un programa que siempre admire mucho que estaba antes en la DIBAM llamado Memorias del siglo XX. Que es una especie de archivo que recopila las memorias actuales del territorio con las personas, se acerca a los barrios, a las diferentes organizaciones sociales, a las personas que quieren recordar y llevar sus testimonios, fotografías, lo que quieran a reuniones que se hacen. Luego se digitaliza la información, se devuelven los testimonios que se han llevado y se devuelve la experiencia a ese lugar a través de una exposición o actividad que se entrega a la comunidad par que ellos sigan conversando de su historia.

Emma de Ramón dirige el Archivo Nacional de Chile desde 2015.

-Es un trabajo precioso y altamente relevante 

Sí, los archivos en general tienen la misión de resguardar lo que han adquirido respecto del Estado, pero también tienen la misión de resguardar la memoria de las personas. La historiografía se ha convertido en algo muy elitista, por lo tanto el archivo a mi juicio tiene una misión a través de la vinculación con el medio de devolver esta memoria a las personas, de hacer y explicarles a las personas que ellos también pueden hacer su propia memoria y que la pueden construir a partir de sus propios registros.

-¿De qué forma el Archivo Nacional se acerca a las personas y a las comunidades para adquirir o llegar a esos documentos?

En el archivo de mujeres y género hemos vivido esa experiencia y la seguimos teniendo, por ejemplo con las tomas feministas del año 2018 eso fue muy habitual, hicimos campañas para recuperar información y nos llegaron cosas preciosas, diarios de vida, recetarios de cocina, etc. En fin, al final el archivo de mujeres tiene todo un fondo que se llama “fondo donaciones”, de personas comunes y corrientes que van y dejan cosas. Esperamos poder ir construyendo otros fondos a partir de estas memorias recuperadas. Hemos trabajado también, por ejemplo, con las comunidades afrodescendientes de Arica Parinacota y a partir de ahí hemos levantado sus memoria, para poder romper ese silencio del archivo sobre le tema. El archivo se suele convertir en un mausoleo de papeles, pero yo quiero que el archivo esté vivo, que salga a la gente, que pueda demostrar lo que es el patrimonio realmente, que esos papeles no están muertos, están vivos porque te devuelven una memoria quizás olvidada, que está guardada por ahí y que puedes recuperar. 

-Hace no tanto en Chile estábamos discutiendo sobre cuotas políticas y finalmente la semana pasada hemos alcanzado la paridad en el contexto de la Convención Constitucional del proceso constituyente y al parecer los los cambios están ocurriendo de manera bastante acelerada. Tú dijiste que para tí el feminismo es la revolución más exitosa en la historia de la humanidad a ¿Qué te refieres cuando planteas esto?

Es cosa de mirar, cualquier revolución ha tenido su auge y su ocaso. En general todas ellas siempre han sido opacadas en algún momento y han devenido, no sé si llamarlo fracaso, pero por lo menos a un momento que no han tenido tanta beligerancia o importancia, como si lo ha tenido el movimiento feminista que desde fines del siglo XVIII cuando comenzó a surgir ha ido in crescendo hasta lograr cada vez más cosas. Las mujeres en el siglo XVII y gran parte del XVIII estábamos realmente esclavizadas, sin voz, sin posibilidad de educación, éramos solamente úteros para concebir, encerradas en casas, consideradas simplemente como seres útiles para concebir hijos y atender a los hombres. Lentamente se han ido ganando derechos, por ejemplo, si vamos a la historia de Chile: en 1877 el decreto Amunátegui fue famoso por otorgar el derecho a las mujeres a estudiar. Esto fue un logro que lo firmó el ministro de educación que era un hombre, pero detrás de eso hay un intenso lobby que hicieron las primeras educadoras que estuvieron buscando que el estudio que hacían sus estudiantes pudiera ser validado, y que muchas mujeres que estaban solas, porque el marido las había dejado, porque se había muerto, pudieran de jóvenes tener estudios para que no tuvieran que dedicarse a mendigar, para poder mantener a sus hijos con un trabajo digno. Hoy en día muchas de nosotras podemos hacer eso, podemos vivir sin un hombre a nuestro lado que nos mantenga, en los diversos niveles sociales y eso es gracias a las primeras maestras que se jugaron por ese pequeño logro y así tu vas sumando el derecho a voto o a ser elegida como parte de la política, del gobierno. Y es el logro de muchas mujeres que se jugaron por eso, que las apalearon en las calles, que salían a manifestarse, que hacían afiches, que estaban todo el tiempo movilizadas en los años 30 y 40. Así vas tú sumando esfuerzos de miles, millones de mujeres, porque claro había algunas a la cabeza, pero había otras que las seguían y que no cejaban y que iban convenciendo, criando a sus hijos de otras maneras y eso hace que hoy tengamos a un montón de muchachos y otros más grandotes que realmente entienden nuestra vida, que también eso era fundamental para lograr estar en la posición en que estamos.

-Una de las mujeres que lucharon por la igualdad de género fue Elena Caffarena, de quien se lanza este 12 de marzo una antología editada por la U. de Chile: Elena Caffarena, mujer pública, donde además tu escribes un artículo con Antonella Caiozzi titulado  “Elena Caffarena más allá de la lucha por el sufragio femenino”, donde destacan su lucha por todo tipo de injusticias hacia las mujeres. Cuéntame más sobre esto.

Elena Caffarena es un personaje que merece, más allá de que sea  mujer u hombre, un reconocimiento por su contribución a la historia de Chile. Hay que decir primero, que ella nació en Antofagasta, en el seno de una familia librepensadora, a principios del siglo XX y que vivió más de 100 años. Se llaman libres pensadoras a todas estas familias que eran liberales, muy ligadas a los radicales y masones, y a eso se debe gran parte esta posibilidad que tuvo Elena y otras mujeres de estudiar; porque una cosa que se promulgara la ley y otra cosa es que las mujeres de clase media pudieran entrar efectivamente a la universidad. La familia de Elena Caffarena y de otras chicas de su estrato social, posibilitaron que entraran a la educación media y eso significaba entrar a un liceo de hombres con chaperonas, porque en esos años se interpretaba que los hombres tenían una imposibilidad de controlar su sexualidad e iban a saltar sobre estas niñas y a violarlas. Entonces, las mujeres tenían que ir con estas chaperonas, lo que transformaba la educación de estas niñas en toda una obra familiar y eso quisiera destacarlo, no era que las niñas quisiera simplemente estudiar si no que las familias las impulsaban a hacerlo.

La abogada y activista Elena Caffarena protagoniza el último lanzamiento de Editorial Universitaria: Elena Caffarena, una mujer pública.

–Lo mismo sucedió con Eloísa Díaz, primera médica que estudió en la U. de Chile.

Claro, en el caso de Elena tuvo que venirse a Santiago para estudiar leyes y en esos años por ejemplo no había aún baños adecuados para mujeres en la U. de Chile. Para cualquier mujer es importante tener un baño especial y hasta los años 80 eso no era una realidad, en la U. de Chile había solo un baño para mujeres y eso implicaba que tenían que hacer cola +, mientras que baños de hombres había miles, imagínate todas las primeras mujeres que tuvieron que estudiar, peleando por tener un baño. Al entrar a la U. de Chile, Elena logró abrir su mente para encontrarse con todas estas ideas más revolucionarias, se abrió al mundo de la pobreza, que ella no conocía, porque venía de una familia acomodada.Comenzó a conocer los padecimientos de la mujer pobre, pobladora, lo que ellos llamaban en esa época proletaria y el problema, por ejemplo, de los embarazos no deseados, mujeres que simplemente tenían hijos 12 o hasta 15 hijos como sabemos que ocurría en esa época y que los niños andaban mal criados, en el estricto rigor de la palabra, porque no tenían una buena alimentación ni cuidado y finalmente las mujeres tenían que dedicarse en cuerpo y alma para sacar adelante a los niños; trabajar lavando ropa, casi desangrarse para que estos niños pudieran seguir creciendo. Hoy en día sabemos todo lo que le ocurre a los cuerpos de las mujeres al tener tantos hijos, entonces todo esto la conmovió a tal punto, que cuando se congregan todas estas mujeres fundadoras del Movimiento Pro Emancipación de las mujeres chilenas (MEMCH) en el año 35 y se obtiene el derecho a voto en las elecciones municipales, ellas trascienden el tema del mero voto. En realidad hacen una propuesta que está en su declaración de principios, que va también a mejorar la vida de las mujeres en general, no solo el tema del voto, también está el control de su propio cuerpo, de la maternidad, de la fertilidad, la lucha por los anticonceptivos, el aborto, el divorcio, que le era impedido a las mujeres.

-En tu trabajo como archivera cuando se hace la genealogía de las mujeres, se suele hablar de las primeras, de hecho Elena Caffarena fue la mujer número 15 en titularse como abogada en nuestro país, pero sin embargo a veces muchas quedan relegadas al olvido. ¿De qué manera se pueden recuperar las historias, documentos, legados sobre todo, de tantas mujeres que contribuyeron a la historia de sus países y que hasta hoy persisten en el anonimato?

Lo interesante es que todas estas historias dejan rastros que son los documentos y para eso existen los archivos, por suerte, donde podemos guardar miles de miles de papeles, registros, fotos, videos, todo tipo de soportes para legarlos al futuro y que otras personas puedan investigarlos y conocerlos. Lo que nosotros hemos hecho es fundar un archivo especial que se llama Archivo de Mujeres y Género, donde vamos copiando este tipo de documentos a través de donaciones, adquisiciones y de documentos que nos llegan de todo tipo de fuentes. Actualmente tenemos una cantidad importantísima de documentos de Elena Caffarena y del MEMCH particularmente, lo que ha sido gracias a un esfuerzo que ha hecho la familia de Elena Caffarena, sus nietas particularmente. Ella era muy ordenada y tenía todos sus documentos y como era abogada todo lo dejaba por escrito. 

La archivística ha estado muy dominada por la mirada institucional, una mirada custodial de lo que producen las instituciones públicas. Cuando llegué al Archivo comencé a buscar la fórmula para escapar de ese paradigma. Fue entonces que me propuse poner dentro del ámbito de acción la memoria marginada, de las mujeres, de todo lo que es la diversidad sexual y también dentro de los géneros, las masculinidades»

Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile

– Para el libro “Elena Caffarena una mujer pública”, el Archivo Nacional contribuyó de manera muy gentil y generosa al igual que Ximena Jiles, nieta de Elena Caffarena. ¿Hay otros proyectos a futuro para trabajar con memoria feminista dentro del Archivo?

Sí, tenemos un proyecto absolutamente precioso y favorito, tal vez una de las más olvidadas somos las mujeres trabajadoras dentro del hogar y a ese respecto nos hemos ido acercando voluntariamente con mucha paciencia. Hay dos sindicatos u organizaciones que nos han ido legando sus memorias, documentos como el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, que dirigía hasta hace un tiempo Ruth Olate. Estamos haciendo el traspaso de documentación de ese sindicato unido a uno mayor que es latinoamericano, el que ya nos hizo donación de su documentación, con lo que estamos levantando una exposición con ese material que se hará a mediados de año. La verdad es que el trabajo doméstico, lo hacen trabajadoras del hogar, pero también lo hacemos todas las mujeres cuando llegamos a la casa, que es el trabajo silencioso, el olvidado y que no se remunera. Lavar ropa, hacer comida, todo eso es completamente invisibilizado y las trabajadoras de hogar, justamente han hecho un trabajo muy lindo, consiguiendo diversas legislaciones y ganando derechos, como por ejemplo, horas de trabajo, ciertos rangos de sueldo, que les paguen sus imposiciones. Tenemos documentación de data desde 1929  en adelante, por eso te digo que esto es un movimiento imparable.

-A pesar de lo que hemos estado conversando, hay que decir que nuestro país no tiene una ley de archivos ¿Por qué no existe esa ley? ¿Es relevante? ¿Cual es la disputa? Y ¿Por qué no hemos llegado a ese punto?

No sé por qué no tenemos ley, la verdad es que en mi dirección tenemos levantado, pero que debemos afinar, un proyecto de ley de archivos. Existen cuatro artículos de un decreto con fuerza de ley del año 1929 resolvía todas las cosas y nadie se había molestado de actualizarlo, pero un primer terremoto para esos cuatro artículos, fue la ley de transparencia, porque algunos hicieron ver que sin desarrollo de los archivos no es posible una ley de transparencia, porque si tienes todo en una bodega no es posible una la ley de transparencia, puede que estén por ahí llenos de arañas y un funcionario se demora una semana tal vez en recuperar esos papeles, y eso no es transparencia.

-¿Qué proponen ustedes en este artículo que están trabajando?

Nosotros estamos trabajando en una ley de archivos que realmente asuma la obligación de parte de los servicios público de ordenar sus archivos y eso incluye sanciones severas a los jefes de servicio si no las cumplen. Equivalentes a las que impone la ley de transparencia al Jefe de servicios sino entregan información. El segundo terremoto es la ley de transformación digital, porque exige que los servicios públicos que incorporen a la gestión la documentación en formatos electrónicos y ahí no tenemos posibilidades de tener la documentación ordenada y organizada porque la documentación electrónica es todavía más frágil que la de papel, por lo tanto si nos ponemos las pilas como Estado en organizar nuestros documentos y tratarlos de manera adecuada, en pocos años no vamos a tener ninguna memoria y no es que sea alarmista, ni nada, esto es así, porque los formatos de los documentos digitalizados van avanzando tan acelerados que lo que tenemos va a quedar obsoleto y en cinco años no vamos a poder leer nada de lo que estamos escribiendo ahora, es así de trágico.

-En otro aspecto, sé que están recopilando documentos sobre lo ocurrido en nuestro país posterior al 18 de Octubre ¿En qué consiste eso y con qué tipo de artículos documentos, archivos cuentan ahora?

Estamos empezando a trabajar en eso, son programas de trabajo y memoria, no se trata de salir a tomar fotos a la calle, si no que son trabajos de personas que hacen memoria y que van llegando con distintos tipos de formato para poder nutrir estos espacios en de memoria, en los diferentes territorios. A mediados de año tendremos resultado concretos.

Extracto de la entrevista que se realizó el 6 de marzo de 2020 en el programa radial Palabra Pública, de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Graciela Rojas: El desafío de dirigir un hospital al servicio del país

Casi dos meses después del primer diagnóstico de Covid-19 en Chile, la directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile aborda los principales retos que ha enfrentado la institución y se refiere a la necesidad de entender este momento como una coyuntura que permita relevar el rol de un sistema de salud público que ha probado ser exitoso y a la misión que cumple uno de los principales centros de atención compleja del país.

Por Jennifer Abate

Desde el 16 de marzo, fecha en que se declaró la fase 4 de la pandemia por Covid-19, la vida de la doctora Graciela Rojas, Profesora Titular, psiquiatra, primera mujer a cargo de la dirección del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH), se volcó a transformar la institución sanitaria para responder a la emergencia. Sin tiempo que perder, la dirección a su cargo tomó la decisión de ampliar el área de emergencia, crear espacios segregados para recibir a los pacientes sospechosos de portar el Coronavirus (que hoy son tratados en un área exclusivamente dedicada a ello) sin olvidar a quienes consultan por otras emergencias, y fortalecer el área de enfermos críticos. A esto se suma la puesta al día del centro de salud en materia tecnológica: se ha profundizado la labor de telemedicina y se han mantenido reuniones virtuales con equipos internacionales para compartir experiencias y enfrentar de mejor manera la pandemia. “Hasta ahora, con orgullo, puedo decir que no tenemos ningún fallecido y sólo tenemos cinco funcionarios infectados”, dice a la distancia la doctora Rojas.

La psiquiatra y directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Graciela Rojas.

Sin embargo, el bienestar físico de las y los pacientes no ha sido la única preocupación de la psiquiatra. En un contexto de enorme estrés y preocupación por la situación del país, la salud mental de las y los funcionarios también ha estado entre las prioridades. “Ya en las primeras semanas, la unidad de recursos humanos del Hospital, junto con nuestra Clínica Psiquiátrica Universitaria, desarrollaron un programa de apoyo emocional para nuestros funcionarios, con una sala segura donde cualquiera puede retirarse a descansar y pedir apoyo emocional si se siente estresado o sobrepasado por las circunstancias. También ha sido muy importante el rol que ha jugado, en este sentido, nuestro equipo de comunicaciones, a cargo de la periodista Fernanda Farfán, que en forma permanente está resaltando los aportes y logros de los distintos grupos de nuestra comunidad hospitalaria”. Por cierto, la líder del hospital reconoce el aporte de iniciativas como la de la enfermera Patricia Bisbal, que creó la canción “¿Quién lo iba a decir?” para motivar a sus compañeros y compañeras y que tuvo amplia repercusión en diferentes medios de comunicación.

A dos meses de la detección del primer caso de Covid-19 en Chile, a Graciela Rojas aún le sorprende que una parte de la población no se tome en serio la pandemia. Sin embargo, dice, el resultado de la estrategia es alentador: “Si recordamos las imágenes de Italia, España y ahora Estados Unidos –países con más recursos que nosotros–, podemos afirmar que, a la fecha, nuestro país puede mostrar buenos resultados”.

Tarea nada fácil si se considera el contexto post 18 de octubre de 2019. “Teníamos en contra la falta de confianza de nuestra población en las autoridades y en sus instituciones, incluida la red de salud, y a favor, la larga trayectoria de salud pública de esta República. Si hoy la red de salud del país está respondiendo a la pandemia es gracias a la Institucionalidad que la República ha creado y que se ha puesto a prueba en muchas epidemias. En el pasado, nuestro sistema de salud derrotó la desnutrición infantil y las enfermedades infecciosas, y ha logrado tener una población longeva. También hay que reconocer que nuestras autoridades y dirigencias políticas se han alineado con la autoridad sanitaria. Creo que podrían haberse explicado mejor algunas decisiones y que podría haberse trabajado más colaborativamente con las autoridades locales, pero tengamos en cuenta que el enemigo es grande y la tarea, colosal”.

—En el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿cuáles han sido los principales desafíos en los últimos dos meses?

 El gran problema que hemos tenido es financiero. Ha habido momentos en que los elementos de protección personal han escaseado y/o han tenido precios muy especulativos, por lo que al interior del Hospital se montaron grandes talleres que confeccionan escudos faciales y mascarillas. No hay que olvidar que el Hospital se autofinancia con la venta de servicios, que en este caso son nuestras prestaciones clínicas, y desde el 16 de marzo estas se han limitado: no se pueden realizar cirugías postergables, está restringida la actividad ambulatoria y está regulada la actividad en general. Recién en la última semana se autorizó un aumento de esta. Además, un número importante de nuestros funcionarios ha debido permanecer en sus casas, ya sea por edad, por tener una enfermedad crónica o por tener que cuidar niños. Nosotros no tenemos posibilidad de postular a créditos, sólo tenemos a la Universidad detrás de nosotros. Por otro lado, creo que el teletrabajo y la telemedicina han sido desafíos importantes. En pocas semanas hemos avanzado lo que no habíamos logrado en años.

—El Hospital Clínico de la U. de Chile decidió poner a disposición a sus profesionales para ser trasladados a regiones como La Araucanía y Magallanes, donde se ha detectado un gran número de casos. ¿Cuál es la realidad de la disponibilidad de especialistas en regiones y, al margen de este ofrecimiento, qué está haciendo la Universidad de Chile para contribuir al mejoramiento de la salud pública a lo largo del país?

El Hospital Clínico ha jugado, históricamente, un papel muy importante en la formación de especialistas y de recursos humanos en salud, razón por la que nuestros profesionales participan de redes extensas de ex alumnos que hoy juegan roles protagónicos en regiones. Nos han contactado de varios lugares, pero en La Araucanía y Magallanes, por distintas circunstancias, la demanda fue mayor que los servicios disponibles. En La Araucanía había que aumentar la capacidad de camas intensivas en un hospital recién inaugurado, por ello partió un grupo a apoyar la instalación de dichas capacidades. En Magallanes, más bien, necesitaron profesionales que se integraran a capacidades ya instaladas. Estas situaciones nos brindan la posibilidad de desarrollar la telemedicina desde el Hospital hacia regiones para ayudar a enfrentar la distribución inequitativa de recursos humanos especializados de nuestro país. El Hospital ha desarrollado mucho la teleradiología, por lo que ya tenemos experiencias exitosas en las que apoyarnos para desarrollar otras especialidades.

—En Chile, la salud privada y la salud pública suelen ir por carriles separados, pero desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, el ministro de Salud señaló que la autoridad tomaría el control de los recursos de ambos sistemas para asegurar la cobertura y la atención oportuna a las personas. ¿Le parece que este es un momento para reevaluar de manera permanente el rol del Estado de cara a la oferta de salud, a fin de que pueda tener una mayor intervención en lo que hacen los privados en materia sanitaria?

Efectivamente, la autoridad sanitaria ha tomado el control de la red pública y privada de salud y la ha coordinado en forma centralizada. Nosotros, diariamente, debemos informar sobre nuestra ocupación de camas y nuestra disponibilidad de recursos. Pertenecemos al área norte de Santiago y en la actualidad tenemos semanalmente reuniones con las autoridades del Servicio de Salud Norte para coordinar nuestra actividad asistencial. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es público, como lo es toda la Universidad, pero es considerado parte de la red privada de salud. Creo que hoy debemos volver a plantear cómo debiese ser reconocido el rol público que juega nuestro Hospital en la formación de especialistas, pero también en la solución de problemas sanitarios del área norte de Santiago y de problemas complejos de salud a nivel nacional.

La salud pública chilena es muy fuerte, pues atiende al 80% de nuestra población y las políticas de salud pública comprometen a la red pública y privada de salud, pero hace falta discutir las lógicas de funcionamiento de ambos sistemas. Es muy difícil la convivencia de dos sistemas que trabajan de manera diametralmente distinta. En el área pública, para acceder a un especialista, una persona debe ser derivada por un médico general, como ocurre en Alemania y en el Reino Unido, pero en el sistema privado uno puede acceder a un especialista rápidamente, y sólo por una decisión personal avalada por la capacidad de pago. ¿Cuál es el resultado? Todos quieren más especialistas porque los más ricos acceden a ellos, lo que no es posible ni necesario

“La salud pública chilena es fuerte, atiende al 80% de nuestra población y las políticas de salud pública comprometen a la red pública y privada, pero hace falta discutir las lógicas de funcionamiento de ambas. Es muy difícil la convivencia de dos sistemas que trabajan de manera diametralmente distinta”.

—¿Cuál es su evaluación de la estrategia de «nueva normalidad» y posterior «retorno seguro» que está implementando el gobierno?

Es complejo el tema. Cualquiera sea la nominación que utilicemos, debemos convivir con el agente patógeno por mucho tiempo, y se puede mientras tomemos dos medidas muy importantes: el lavado de manos y la distancia física entre las personas. En algunos países no se han necesitado controles para que la gente tome las precauciones necesarias. Debemos también considerar la experiencia de los hospitales, donde muchos funcionarios se han infectado en los comedores o en las pausas, donde se relajan las medidas de seguridad y no se respetan las distancias físicas. No sacamos nada con estar encerrados en nuestras casas si vamos a ir a la feria y no vamos a guardar la distancia física. Tampoco necesitamos que trabajen presencialmente funcionarios que pueden hacerlo muy bien desde sus casas, pero no podemos tener funcionarios en sus casas y, a la vez, a la población aglomerada pues no abrimos suficientes sucursales de servicios básicos. Es muy complejo y no se puede generalizar. Las cuarentenas son muy duras y mucha gente no las puede respetar porque vive hacinada o porque tiene que buscar su sustento.

—En el actual contexto hemos visto gestos de enorme solidaridad hacia personas que están pasando por situaciones críticas, y otros cuestionables, como el de quienes insisten en llegar a sus segundas viviendas a pesar de los riesgos que esto implica. Como psiquiatra, ¿cómo explica esta disparidad de acciones frente a un mismo contexto no sólo nacional, sino global?

Así es el ser humano y por eso la salud mental es tan importante, pues tiene que ver con las conductas de las personas, tanto las conductas irresponsables, como no respetar las instrucciones de la autoridad, como las solidarias. Yo creo que en esta pandemia se han revelado nuestras debilidades como una sociedad que ha fomentado el individualismo extremo y la falta de empatía con los otros. Quizás esta es la oportunidad para que los medios fomenten la solidaridad, la ayuda mutua, y resalten tantas muestras de colaboración y empatía. Esta pandemia requiere que la enfrentemos de manera colectiva y colaborativa.

—El gobierno, las instituciones y el sistema en general habían sido cuestionados en nuestro país tras el estallido social del 18 de octubre. ¿Qué cree que ocurrirá con la confianza en las instituciones una vez que haya pasado la emergencia sanitaria y puedan retomarse las discusiones políticas en la sociedad chilena?

Todas las instituciones estaban cuestionadas antes del estallido social. Yo echo de menos la reflexión más profunda sobre la sociedad que queremos post Covid-19. Esta pandemia no sólo tiene implicancias sanitarias, y extraño propuestas que involucren no sólo al sistema de salud, su funcionamiento y financiamiento, sino también nuestras formas de convivencia, nuestras libertades, nuestro sistema de protección social. Si el estallido social cuestionaba nuestro orden, la pandemia lo desordenó completamente, y no he escuchado voces que apunten a cómo reordenarlo.

—Muchas personas ya van a cumplir dos meses en zonas en cuarentena y respetando medidas estrictas de distanciamiento social. Como especialista, ¿cuáles son sus recomendaciones para mantener la salud mental frente a decisiones que restringen la libertad y que detienen la vida cotidiana de las personas?

El tema de la salud mental debiese ser muy prioritario. El país ya tenía una deuda con la salud mental de los chilenos antes del estallido social y en ese proceso se evidenció que era una demanda importante. La sintomatología ansiosa y depresiva aumenta en situaciones como esta, en que tenemos un enemigo poderoso que puede terminar con nuestras vidas y nadie puede entregar certezas. La incertidumbre respecto al desarrollo de la pandemia y al desarrollo de nuestras vidas posterior a ella es muy grande y ello genera angustia. En situación de confinamiento hay que mantener las rutinas, organizar actividades para el grupo, usar las tecnologías para comunicarse con seres queridos que estén a la distancia, evitar el consumo excesivo de alcohol y las situaciones que puedan generar violencia entre las personas. Obviamente, para quienes viven en espacios pequeños es muy difícil, más aún si deben cuidar niños de distintas edades, ayudar a estos en sus deberes escolares y realizar teletrabajo. La Universidad de Chile elaboró una propuesta que fue presentada en la Mesa Social Covid-19 por nuestro rector. En el documento se plantea que el tema de la salud mental debe ser abordado intersectorialmente y que es necesario generar estrategias específicas para las distintas poblaciones: mujeres, niños y adolescentes, adultos mayores, personas privadas de libertad, entre otras.

DDHH: la vara que mide a una democracia en tiempos de crisis

Si algo tienen los momentos de emergencia es que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. En este contexto de pandemia, el respeto y protección de los derechos humanos debe ser nuestra guía indiscutible en la toma de aquellas decisiones cruciales, en las que nada menos que la vida de nuestra gente está en juego.

Por Manuel Guerrero

Brotes de enfermedades infecciosas, como la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19) que se ha propagado a nivel global, implican con frecuencia un clima de incertidumbre científica, disrupción social e institucional, así como temor generalizado y desconfianza en la población. Quienes se encuentran en el ámbito político, en posición de tomar decisiones, se ven presionados a hacerlo a gran velocidad, contando, la mayoría de las veces, con escasa evidencia a la mano. Y quienes en el mundo de la salud pública se ven compelidos a proveer atención médica a grandes grupos de personas, lo tienen que hacer en un contexto de emergencia en que los sistemas de salud corren riesgo de verse desbordados, por lo que deben priorizar unos casos de atención médica por sobre otros. En ambas situaciones, la toma de decisión requiere ponderar principios éticos de igual importancia que, en el contexto de emergencia, fácilmente pueden entrar en conflicto ante la imposibilidad de ser satisfechos simultáneamente.

 En una sociedad democrática, la fuente de orientación fundante son los derechos humanos. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos son, de hecho, la condición necesaria para que estemos en presencia de una sociedad que pueda llamarse democrática. ¿Qué implica asumir los derechos humanos como marco de orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia? Un modo de responder a esta pregunta es identificar los principios relevantes que derivan de tal marco, los que fueron identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Marcha por los DD.HH. en Santiago. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Justicia. Principio que demanda la equidad en la distribución de recursos, oportunidades y resultados, tratando a casos iguales por igual, evitando la discriminación y explotación, y de particular relevancia para las personas que se encuentran vulnerables a ser dañadas o tratadas injustamente. Este principio implica un componente de justicia procedimental, en el sentido de que debe existir un proceso justo para la toma de decisiones que considere el debido proceso (el derecho a ser informado y escuchado); transparencia (provisión de información precisa y clara sobre los criterios y el mecanismo de toma de decisión); inclusión y participación de la comunidad (certeza de que actores relevantes puedan participar de la toma de decisiones); rendición de cuentas (asignación y cumplimiento de responsabilidades en la toma de decisión); y seguimiento (provisión de mecanismos apropiados de monitoreo y reporte).

Beneficencia. Es el principio que refiere a la promoción de actos benevolentes hacia otros, como el esfuerzo por reducir el dolor y sufrimiento de una persona. En el contexto de la salud pública, obliga a la sociedad a satisfacer las necesidades básicas de los individuos y comunidades, particularmente las de tipo humanitario, como alimentación, albergue o refugio, adecuadas condiciones de salud y seguridad. 

Utilidad. Concierne a las acciones que promueven el bienestar de individuos y comunidades, maximizando la utilidad de una acción tomando en consideración la proporcionalidad y la eficiencia para el logro del mayor beneficio al menor costo posible.

Respeto por las personas. Es clave en la cultura de los derechos humanos y remite a tratar a las demás personas desde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, su dignidad y derechos intrínsecos. Este principio, formulado explícitamente en el artículo primero del Código de Nüremberg de 1947 al término de la Segunda Guerra Mundial, considera el respeto a la autonomía de las personas, permitiendo y facilitando que ellas tomen, de modo informado, voluntario y libre de coerción y manipulación, sus propias decisiones. Para quienes no tienen la capacidad de tomar decisiones se debe considerar a otros que protejan sus intereses. Se considera, además, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, así como el respeto a las creencias o convicciones sociales, religiosas o culturales, incluyendo los lazos significativos, como los familiares. La transparencia en la información y la comunicación veraz son requisitos para la toma de decisiones de modo libre y autónomo. 

Libertad. Esta incluye un amplio abanico de libertades sociales, religiosas y políticas, tales como la libertad de movimiento, a reunión y libre expresión. 

Reciprocidad. Este principio debe mantenerse respecto de las contribuciones que han realizado las personas y promueve el principio de justicia en tanto permite corregir desigualdades de base que impactan en la distribución de riesgos, cargas y beneficios durante la respuesta a la epidemia. 

Solidaridad. Promueve un “nosotros” que actúa colectivamente frente a una amenaza común. En tal acción concertada es vital superar desigualdades que tienen efectos de exclusión y discriminación de grupos y minorías. 

Para que tengan una posibilidad de orientación práctica, la aplicación de estos principios, que se inspiran en la cultura de los derechos humanos, debe ser aterrizada y específica a un contexto concreto, y dado que las situaciones de pandemia como la que vivimos se caracterizan por la ausencia de evidencia completa, e incluso a veces se carece de información específica, se recomienda que el razonamiento moral opere por analogía. Es decir, una toma de decisiones informada por experiencias previas en las que sí se contaba con información a mano. Sin embargo, pese a la contingencia, los países y Estados tienen que respetar las obligaciones que han suscrito en materia de derecho internacional de los derechos humanos.

Estos son fundantes de la brújula moral que orienta la toma de decisión, al tiempo que también establecen los límites que la situación de emergencia no puede sobrepasar. Esto es lo que queda expuesto en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La limitación, por ejemplo, de algunas de las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas, como ocurre con las medidas de cuarentena y confinamiento obligatorio que restringen la libertad de movimiento y reunión, sólo puede darse cuando se considere “necesaria” por un requerimiento público o social apremiante, para responder a un objetivo legítimo y disponiendo medidas que sean proporcionales a tal objetivo. 

La salud pública es uno de los motivos que puede invocarse a la hora de ver necesaria, razonablemente y de modo no arbitrario, la limitación de ciertos derechos sólo en tanto permita al Estado la adopción de medidas que logren hacer frente a la grave amenaza a la salud de la población, para impedir la propagación de enfermedades o lesiones, y para proporcionar los cuidados necesarios. Con todo, ni siquiera en contextos de excepción, los Estados pueden suspender ciertos derechos humanos. Tal es el caso de los derechos a la vida; a no ser sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a la esclavitud ni a ser servidumbre no voluntaria; a no ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual; a no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación penal retroactiva; a ser reconocido como una persona ante la ley; y a la libertad de pensamiento, consciencia y religión. Estos derechos no admiten derogación bajo ninguna condición, por lo que establecen un límite claro e infranqueable para los Estados, sus órganos y agentes. 

En este marco y ante la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile ha formulado un conjunto de recomendaciones a las autoridades del país para que en la gestión de la emergencia: 

a. Se priorice la salud y la vida de toda la población por

sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.

b. Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el Covid-19. c. Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.

d. Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes.  

e. Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.

f. Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente. 

g. Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis, a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado. h. Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas. 

i. Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público. j. Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia. 

k. Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia. 

l. Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos. 

m. Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.

Quizás no haya momentos más definitivos para que una sociedad ponga en evidencia su potencial ético que aquellos de crisis. Tales situaciones comportan un momento veritativo en el sentido en que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. Los derechos humanos son un buen punto de partida, de referencia y de evaluación para saber si estamos a la altura de llamarnos democráticos. No en declaraciones y frases de corrección política que, como dice la sabiduría popular, son “para el bronce”, sino en cada una de las decisiones que tomamos exigidos por el contexto crítico que enfrentamos. Ahí, en ese día a día, nos jugamos no sólo la vida, sino la posibilidad de una vida buena. Decente, digna y respetuosa para con los derechos de lo más valioso que tiene un país y sociedad: su gente.

Palabra de Estudiante. Crisis de los cuidados, falta de derechos y Covid-19: urge una lectura feminista

Por Emilia Scheneider

En mayo de 2020 se cumplen dos años del histórico mayo feminista en Chile, que comenzó con masivas protestas feministas un 8 de marzo y cuya consigna fue “mujeres a la calle contra la precarización de la vida”. El movimiento alcanzó su clímax en mayo de 2018, cuando diversas instituciones educacionales –entre ellas, la Universidad de Chile– fueron ocupadas por las estudiantes que buscaban visibilizar y combatir la violencia de género, la discriminación y la violencia sexual que vivimos mujeres y disidencias sexuales. Para ello se valieron de la educación como herramienta de transformación social y levantaron con fuerza la demanda por una educación no sexista, que desde sus contenidos, prácticas y estructuras institucionales propicie la desnaturalización de las relaciones sociales basadas en la violencia y la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, de lo heterosexual y de lo cisgénero por sobre el resto de las identidades. Sin embargo, los efectos sociales, políticos y culturales de esta revolución feminista escapan por mucho al campo de lo educacional, pues años antes ya observábamos un despertar del movimiento feminista desde distintos sectores que fuimos colaborando para que los feminismos fueran discusión cotidiana e ineludible en lo público y en lo privado, y que, en nuestra lucha contra la violencia, politizamos la vida misma y sus condiciones de reproducción para develar la violencia económica y la explotación de muchas mujeres, fenómeno que sostiene una sociedad sin derechos donde el mercado no tiene límites. Desde entonces, la centralidad de buena parte de los feminismos pasó a ser la defensa de la vida y la lucha por condiciones dignas para vivirla. Hoy, cuando todo lo que la humanidad ha construido parece más frágil que nunca y la pandemia impone desafíos tremendos en materia sanitaria y humanitaria, parece acertado decir que la contradicción principal del periodo histórico que nos toca enfrentar es esa: la lucha por la vida versus la mantención y profundización del modelo.

Crédito de foto: Felipe Poga.

A dos años del 2018, uno de los momentos más álgidos de la lucha feminista contemporánea en Chile y el puntapié inicial de un ciclo intenso de movilizaciones, diversas voces feministas desde el campo social, político y académico advierten que la lucha contra la precarización de la vida está más vigente que nunca. Años de abandono estatal, desmantelamiento de lo público y subsidio estatal al mundo privado han sido la receta del neoliberalismo para el desarrollo y el crecimiento; tristemente, nuestro país es uno de los máximos exponentes de ese modelo. ¿Qué saldo nos dejan años de políticas neoliberales? ¿Con qué enfrentamos la crisis más grave de la historia contemporánea? Con un sistema de salud deteriorado y que difícilmente puede ser llamado sistema por la profunda desigualdad, competencia por recursos, proliferación de clínicas privadas subsidiadas por el Estado con altos costos, falta de insumos para profesionales de la salud, problemas de cobertura y, lo más importante, el abandono de la salud pública. Lo mismo vemos en educación, donde las comunidades deben preocuparse por sobrevivir y sostenerse tras años de financiamiento vía voucher, precarización y reducción de la participación del sistema público, estudiantes en instituciones privadas desamparados en el mercado educativo, altas tasas de endeudamiento y ninguna política de alivio económico, cuestión que impide que aprovechemos al máximo el potencial de ellas y el aporte que pueden significar para la superación de la crisis actual. Ejemplos sobran y dejan una incómoda verdad frente a nuestros ojos.

La falta de derechos sociales ha agudizado fuertemente la desigualdad durante la crisis, pues si bien, como dice Judith Butler, el virus no discrimina, el modelo se encargará de que sí lo haga, lo que nos hará ver el rostro más salvaje e inhumano del neoliberalismo y enfrentaremos una verdadera “política de la muerte”, la administración de la cruda realidad de que hay vidas que se entienden como más valiosas que otras. En ese contexto, sujetas particularmente sacrificadas y precarizadas son, nuevamente, las mujeres y disidencias sexuales; ciudadanas de segunda clase, vidas prescindibles. Esto se devela en la crisis de los cuidados, que tiene hoy a buena parte de las mujeres con altísimos grados de explotación por la sobrecarga de trabajo reproductivo y el auge de los cuidados –remunerados y no remunerados– en un contexto de crisis sanitaria, lo que se suma a la precariedad laboral e informalidad a la que ya están acostumbradas y a las iniciativas que ha impulsado nuestro gobierno para retroceder aún más en materia de derecho laboral. También podemos verlo en el auge de la violencia de género y discriminación en el hogar producto del distanciamiento social y medidas como la cuarentena, absolutamente necesarias, pero que sin políticas públicas que aborden el tema suponen un problema de sobrevivencia para mujeres y disidentes sexuales que se exponen a convivir con sus agresores, con quienes niegan sus identidades y con quienes abusan de ellas. Es como si estuviéramos viviendo nuevamente un confinamiento al mundo privado, de la familia, perdiendo espacio en el mundo público.

Todo lo anterior será un problema del futuro a la hora de repensar la vida en sociedad posterior a la pandemia. Por nombrar un ejemplo, la reincorporación de las mujeres a la vida laboral sin duda será un dilema si persiste el abandono total por parte del Estado de las tareas de cuidado de la sociedad, sobre todo en un contexto donde hay que hacerse cargo de la población de riesgo, de reproducir condiciones de vida para el personal médico que es primera línea contra la pandemia, y cuidar niños y niñas en las casas por la suspensión de clases. Por todo lo mencionado y mucho más se hace necesario contar con una lectura feminista para la crisis, una que ponga en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad la vida y su reproducción, rompiendo con la lógica neoliberal del “sálvese quien pueda”; aumentar el gasto social directo a los servicios públicos (sin mediar la banca o las empresas, como estamos acostumbrados a que opere el Estado en Chile) y fortalecerlos; garantizar una renta básica de emergencia; recuperar un rol participativo del Estado en la economía y, sobre todo, garantizar acceso a la salud, educación y otros derechos sociales, así como también a los servicios básicos. Citando nuevamente a Butler, en caso de que la revuelta social del 2019 y el proceso constituyente no lo hayan dejado del todo claro, el capitalismo tiene un límite, y urge –sobre todo en Chile– repensar el rol del Estado y el modelo de desarrollo. La crisis debe ser una oportunidad, no una excusa para clausurar los importantes procesos de transformación que hemos abierto a punta de movilización social.

La catástrofe y la normalidad

Por Ennio Vivaldi

Hemos escuchado que sería deseable que todos nos quedáramos en nuestras casas por muchos días, pero que esa medida resulta difícil de implementar pues mucha gente necesita, para comer en la noche, obtener algo de dinero durante el día. Esa aseveración debería provocarnos una doble extrañeza. Lo primero que esa declaración nos enrostra es que muchos no teníamos conciencia de la extensión de la fragilidad de subsistencia y de la precariedad laboral en nuestro país. Lo segundo es que esa afirmación, que nos da a conocer un nuevo factor a tener presente en la toma de decisiones acerca de medidas de contención de la pandemia, suele exponerse en tono neutro. Al menos la noticia podría conmovernos; esperaríamos que pudiera ser comunicada con incómodo pudor.

Cuando ocurre una catástrofe, ella, a la vez, nos habla de sí misma y de nosotros. La pandemia en curso nos confronta con asumir que en Chile hay precariedad laboral, desigualdad insolente, discriminación odiosa. Debemos lamentarlo, empezando por las consecuencias que tiene sobre cada uno de nosotros mismos, pues si la pandemia nos cayera en una sociedad mejor, quizás tendría menor impacto y podríamos enfrentarla mejor. Cuando dentro de una ciudad segregada la pandemia se traslada de los lugares con mejor nivel socioeconómico a aquellos con mayor hacinamiento, es posible, ojalá no, que cobre tal fuerza que redoble sus bríos, se intensifique y se devuelva a golpearnos a todos. Y estamos obligados entonces a pensar que los “otros” no eran tan ajenos a nosotros como por tanto tiempo habían tratado de convencernos. Estamos obligados a pensar que, contrario a lo que se nos ha hecho creer por décadas, uno no se mantiene solo, no se educa solo, no se sana solo, no se pensiona solo ni se salva solo. 

Hemos aprendido que las cosas relevantes para cada individuo se juegan a un nivel de integración distinto, superior al de sus propios y simples intereses circunscritos; que, por el contrario, se juega al nivel de la sociedad, nivel de integración que posee lógicas y códigos irreducibles a los de las personas aisladas. Pareciera entonces que ideas como que el Estado deba garantizar el derecho a la salud y la educación de todos los ciudadanos no debieran entenderse como atingente solo a “otros” ciudadanos.

También la catástrofe ha sido una oportunidad para evidenciar nuestra gran vocación de servicio, consustancial a nuestra historia y a nuestra condición de universidad pública. La Universidad está realizando máximos esfuerzos por contribuir en diversos ámbitos a combatir esta pandemia. Hemos puesto al servicio del país nuestra infraestructura, equipamiento, y las competencias científicas, profesionales y técnicas de académicos y funcionarios, para que Chile pueda enfrentar la amenaza a la salud más grave que ha vivido el mundo contemporáneo.

Ha habido gran presencia de nuestro Hospital y nuestros campus clínicos en el combate a la pandemia, así como de las facultades del área de la salud en los testeos, los análisis epidemiológicos y la secuenciación del genoma del Covid-19. El Hospital envió un equipo de intensivistas para instalar una unidad de pacientes críticos en un hospital de La Araucanía. Hemos tenido un especial rol en explicar y promover la relevancia de la salud mental en el contexto de la Mesa Social Covid-19 del Ministerio del Interior. Se entregó un prototipo de ventilador mecánico diseñado y construido en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Están nuestros aportes en diseño y producción de equipos de protección, así como propuestas de distribución arquitectónica segura para consultorios. También destacamos nuestra presencia como organizadores y participantes en foros internacionales. 

Un área que merece mención aparte es la de análisis de datos para anticipar la evolución de la información más relevante, como son los requerimientos de ventiladores mecánicos. Quizás aún más importante, para evaluar los efectos diferenciales de tomar o no tomar una u otra medida mitigatoria. Estos modelos permiten analizar el comportamiento de la pandemia bajo diferentes estrategias de contención, tales como medidas de confinamiento, testeo masivo, cuarentenas intermitentes o suspensión de actividades docentes.

Y lo destacamos porque pensamos que esta línea de trabajo representa una convergencia de, por una parte, ciencia y técnica, y por otra, política y democracia. Con la información que les proveen los investigadores, las autoridades nacionales y locales pueden tomar decisiones con fundamentos racionales explícitos y pueden explicar a la ciudadanía el porqué de sus decisiones e instructivos.

Confiamos en que esta tragedia que vivimos permitirá, también, reforzar la comprensión del rol que corresponde a todo el quehacer científico y humanístico en la vida democrática del país y la importancia que para todos los ciudadanos tiene contar con una esfera pública inclusiva basada en los valores de equidad y solidaridad.

“Los adultos mayores son personas resilientes, de ellos también podemos aprender”

¿Cómo están enfrentando la pandemia las personas adultas mayores? Las autoridades políticas y sanitarias han puesto el ojo en este segmento que a todas luces es el más vulnerable a desarrollar problemas asociados al Covid-19. Marco Espíldora, periodista, colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la U. de Chile y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, se refiere a la realidad de los adultos mayores, los riesgos médicos que corren y los estigmas con los que cargan en una sociedad que no parece consciente de que tarde o temprano, todos vamos a envejecer.

Por Jennifer Abate

-En medio de la pandemia de Coronavirus en Chile, las autoridades han llamado a resguardar con particular cuidado a las y los adultos mayores, quienes tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones a causa de la enfermedad y que lamentablemente han engrosado la lista de fallecidos. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en este contexto?

Son muchas las preocupaciones. Somos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es una sociedad médica científica que tiene un rol consultor en este contexto. Ha estado colaborando intensamente con los órganos de gobierno, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para ir generando documentos, protocolos, para los diferentes ámbitos asistenciales y también en apoyo a los profesionales que están trabajando en todos los niveles asistenciales en relación con esta pandemia. Efectivamente, antes de que llegara a Chile, sabíamos que las personas mayores eran un grupo de riesgo por diferentes razones, una de ellas tiene que ver con las enfermedades crónicas que presenta la gran mayoría de las personas adultas en Chile, como hipertensión, diabetes y otro tipo de patologías que, si no hay un cuidado adecuado, pueden agravar el cuadro de Covid-19. Se han ido desarrollando acciones desde el punto de vista educativo, de la capacitación y entrega de herramientas. El trabajo colaborativo también ha sido intersectorial, es decir, hoy la Sociedad ha trabajado con otras sociedades científicas, como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Urgencia, también la de Cuidados Paliativos, en la generación de un documento con el apoyo del MINSAL y del SENAMA.

-Se ha dicho en reiteradas ocasiones que esta pandemia no distingue a la hora de contagiar, pero sí sabemos que afecta de manera distinta a las personas adultas mayores. ¿Estábamos preparados para una enfermedad que puede resultar tan devastadora para ese grupo? Sabemos, por ejemplo, que en Chile hay pocos geriatras.

Efectivamente, hay poco más de 100 geriatras acreditados en Chile. También hay un problema de distribución, porque la mayoría se concentra en la región Metropolitana, pero en las zonas extremas de norte y sur hay un déficit enorme. A eso hay que sumar que sólo seis Escuelas de Medicina, de las 25 universidades, entre tradicionales y privadas, forman geriatras. Además, hay ciertos estigmas y son importantes los términos y conceptos, como cuando se habla de adultos mayores en los medios de comunicación y se les llama “abuelos”. 

No todos los abuelos y abuelas son personas mayores, hay abuelos de 50 y hasta de 40 años. Entonces, si bien es cierto que es un grupo de riesgo, eso no exime a adultos y personas jóvenes de contraer esta pandemia. Nosotros promovemos la antidiscriminación, que se utilice un mensaje inclusivo. Hace pocas semanas, la Sociedad de Geriatría y Gerontología inició una campaña en los medios de comunicación fomentando el buen trato hacia las personas mayores en el uso del lenguaje, uso de imágenes, en el nivel audiovisual, porque se cae en el estigma y es un fenómeno que no sólo se da en Chile, sino también en otros países. He estado conversando con una abogada trasandina que está participando en una campaña que se llama “Hagamos un trato” y la idea es intercambiar con ella experiencias e inquietudes, porque es necesario el trabajo colaborativo, interdisciplinario, todos tenemos que unirnos frente a este fenómeno que a todos, de alguna forma, nos sorprendió. Uno podría decir que siempre se puede estar mejor preparado y yo creo que esta pandemia quizás va a ayudarnos a generar más y mejores políticas públicas para la atención del envejecimiento, de las personas mayores, con un enfoque participativo, inclusivo y de derecho.

Hay que recordar que hay una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a la que Chile adhirió el año 2015 y ratificó el año 2017. Son muchos los retos a los cuales nos vemos enfrentados, pero tenemos que cuidar, como sociedad, a las personas mayores que tenemos cerca, a nivel familiar, comunitario, pero siempre con un enfoque de derecho, porque son personas adultas y son ellas las que tienen la capacidad de decisión. 

-Además, por temor a contagiarlas, los hijos/hijas, nietos/nietas, hemos adoptado una posición más bien paternalista y de restricción de cualquier actividad de las personas adultas mayores, lo que sin duda puede tener consecuencias graves.

Claro, por eso es importante manejar el tema de la contención emocional de manera constructiva y con un mensaje positivo, porque hoy abunda la desinformación, y muchas veces el pánico. Efectivamente, existe el miedo, la incertidumbre, y eso es difícil de controlar, pero es importante considerar que son las personas mayores las que tienen alta capacidad de resiliencia, son nuestros padres, abuelos, quienes han vivido situaciones iguales o peores desde el punto de vista de la naturaleza: terremotos, guerras, situaciones muy complejas, y han salido adelante. De ellos podemos aprender, nos pueden ayudar mucho compartiendo sus experiencias, y es en este contexto donde se juega lo intergeneracional. Ese también es un reto importante, el de la integración o convivencia intergeneracional, no solamente a nivel familiar, sino que pensemos en los vecinos si vivimos en un edificio, por ejemplo. Cuántas personas mayores viven solas, no tienen a la familia cerca. Esta es una oportunidad para acercarnos a esa realidad, que antes estaba tan distante. Yo miro también con optimismo las lecciones que vamos a sacar de esto, no sólo desde lo sanitario, sino que a nivel de las políticas públicas, a nivel sociológico. Son muchas las cosas que vamos a tener que revisar y que ya se están revisando a nivel de todas las disciplinas.

-Como periodista, ¿qué te ha parecido el tratamiento que han hecho los medios de comunicación del tema del riesgo en que se encuentran las personas adultas mayores? Si bien el objetivo es lograr que se tomen medidas de protección, quizás en muchos casos esto ha ocasionado un exceso de alarma y angustia.

Ha sido difícil, yo creo, para los medios, porque este es un fenómeno inédito y es ineludible hablar de cifras de fallecidos. Ahora, distinto es cómo se enfoca eso. Puede ser un enfoque positivo, de aprendizaje, y no fatalista. Siempre va a llamar la atención el encuadre dramático, pero he visto que hay una creciente responsabilidad de parte de los colegas, sobre todo de los que están trabajando en la primera línea en este tema, para no sólo informar e informar bien, sino que también para educar y servir. Se requiere información que sea útil frente a una cantidad de necesidades que se están presentando todos los días. Ayer, por ejemplo, conversaba con una persona cuya madre, muy mayor, de 80 años, necesitaba tener un certificado médico de un especialista para un trámite ante notario, y lamentablemente, no podía salir con su madre de la casa. 

Cada caso es un mundo, cada testimonio es una historia. Es importante considerar que la población mayor es muy diversa, no se puede poner a todos en un mismo saco, o sea, un 80 o 90% de las personas mayores en Chile son autovalentes, pero hay otro grupo de personas que tienen un grado de dependencia, puede ser leve, moderada o severa, tanto en lo físico como en lo cognitivo, y a veces existen las dos dependencias. Es importante considerar que, en Chile, el grupo que más crece es el de 80 años y más, y es justamente el de mayor riesgo. Si uno ve el caso de las personas contagiadas o de personas hospitalizadas o que están con ventilación mecánica, algunos casos de fallecidos, son personas muy mayores. Sin duda, hay personas de 80 o 90 años que están en buenas condiciones, que tienen un envejecimiento que nosotros llamamos saludable o exitoso, pero, como digo, la realidad es muy amplia. Que los medios consideren esto también es importante, que usen un lenguaje apropiado, ya que crea realidad. Es importante que nosotros, como periodistas, seamos agentes multiplicadores, que podamos llevar un mensaje no discriminador, positivo, en estas circunstancias, donde también se requiere cautela, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos y llevar un mensaje positivo, constructivo, de esperanza frente a estas circunstancias.

«Se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también discrimina, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso gente más joven que puede presentarla».

-¿Qué podemos hacer en nuestros hogares o en los espacios que compartimos con personas adultas mayores para ayudarles a enfrentar ese temor o ansiedad que están enfrentando?

Hay muchas actividades y acciones que está desarrollado la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, llevando, por ejemplo, mucha información a través de cápsulas educativas que tienen varios focos. Está el tema de la contención emocional, los problemas de ansiedad, y para eso hay una serie de herramientas técnicas, consejos, recomendaciones, que se pueden tomar en la casa de parte del cuidador o familiar. Tenemos el tema emocional, el tema del aislamiento físico, donde es importante que la persona mayor realice actividades dentro de la casa, que haga ejercicios físicos, que tenga movilidad, que no esté en la cama todo el dia. Sabemos que cuando hablo de diversidad de la población mayor, eso incluye a quienes viven hacinados o en condiciones de pobreza, y otros que no, pero es importante que las personas puedan contar con herramientas que les den la posibilidad de moverse. En ese sentido, nosotros hemos entregado todas estas herramientas de manera gratuita, a través de plataformas de Internet, redes sociales, para llegar con sencillos ejemplos y de una manera simple, concreta y directa. 

Otro tipo de medidas que se pueden adoptar tienen que ver con la alimentación saludable, hidratación. Hay, por ejemplo, un sector de la población mayor que está inscrita en los consultorios y que puede adquirir el PACAM (Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor) que entrega el Ministerio de Salud a las personas mayores, y que incluye bebidas, cereales, sopas y preparaciones que se pueden realizar de manera sencilla, con recetas que se pueden preparar en casa. A mí me toca colaborar y trabajar desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, y ahí también hay una serie de iniciativas que promueven la cultura en casa, desde donde se puede conectar una persona a través del sitio web para ver una obra de teatro, ballet, descargar libros. Hay una cantidad de posibilidades y oportunidades, que nos ha abierto este contexto, de volver a encontrarnos, volver a encontrarnos con las personas mayores, vecinos, conversar a nivel familiar, volver a leer un libro, revisar la biblioteca, nuestros recuerdos. Siempre digo que nuestro principal patrimonio es el interno; permitirnos escribir nuestra biografía puede ser muy catalizador desde el punto de vista emocional, también las artesanías, las manualidades, se pueden desarrollar de  manera solidaria. 

-Sobre los estigmas y la discriminación que pesan sobre las personas adultas mayores, tengo la impresión de que en nuestro imaginario no se respeta mucho la diversidad que existe.  Tendemos a pensar en personas mayores y las identificamos sólo como aquellas que están postradas, con movilidad reducida o con otro tipo de problemas, pero muchas personas adultas mayores que están rondando los 70 años, por ejemplo, están plenamente vigentes, activas. Para ellas debe ser difícil enfrentar a la sociedad, al mundo laboral, cargando con este el estigma de la inmovilidad.

Claro, se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también es discriminador, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso hay gente más joven que puede presentarla, por lo tanto, es un estigma hablar de demencia senil, porque no es una condición que presenten solamente las personas mayores. También se habla de asilos, casas de reposo, y son residencias de personas mayores de larga estadía, por lo tanto, a veces hay un trato despectivo. Vemos este trato en la urbe, en ciudades que no son amigables con las personas mayores. Hoy los especialistas están preocupados porque este confinamiento, que ya lleva más de un mes, hace que el tratamiento de diferentes enfermedades sea postergado porque las personas no pueden ir a la consulta, validar una receta, y eso juega en contra a la hora de salir a la calle nuevamente. Por eso es importante el acondicionamiento físico, ya que el trastorno por caídas está relacionado con la edad. Si tenemos una ciudad que no es amigable, con veredas rotas, y tenemos un tiempo de confinamiento con un mal acondicionamiento físico, ese es un accidente seguro. 

Hay que pensar que nosotros somos adultos jóvenes y también vamos a ser adultos mayores, y tenemos que ponernos en el lugar de ellos. El desafío es también para las personas mayores: si queremos que haya un encuentro y una convivencia intergeneracional, depende de ambas partes, de lo que nosotros pongamos y también de lo que pongan las personas mayores. Por ejemplo, en materia de alfabetización digital, por cifras del SENAMA sabemos que un 30% maneja teléfonos smartphone pero sólo un 8% maneja computadores, y entonces los jóvenes, hijos, nietos, vecinos, pueden colaborativamente ayudar no sólo a ir de compras o llevar la colación a la persona mayor y dejársela sanitizada en la puerta del departamento o casa, sino que también a través de una llamada telefónica para brindarle apoyo. 

Otro desafío de un país con más adultos mayores es hacerse cargo de ellos, por lo que también es atingente analizar la situación de las cuidadoras (sabemos que son principalmente mujeres), quienes sufren estrés y en muchos casos viven en condiciones precarias. ¿Crees que en algún momento logremos hacernos cargo, desde las políticas públicas, de la situación que enfrentan las cuidadoras de adultos mayores?

Sí, ocurre que el cuidado se asocia a lo femenino y no debería ser asi, deberia ser un enfoque inclusivo porque también hay cuidadores hombres y debería ser una tarea compartida por hombres y mujeres. También ocurre que la mujer vive más en Chile, hay más mujeres que hombres, y la mujer, por diferentes características, tiene herramientas que no tiene el hombre. De manera natural, antropológica, tiene capacidad de resiliencia, pero también hay una falta de profesionalización del cuidado en relación a las personas mayores. Todavía estamos al debe como sociedad para que haya un sistema que permita que esta carga que tienen las cuidadoras (se habla del estrés del cuidador) sea no solamente compartida, sino que también sea recompensada. Hay personas mayores que son cuidadoras también, la hermana se hace cargo de otra hermana, la hija, de su madre que tiene demencia, y tiene que dejar sus estudios, paralizar el trabajo, y eso es un costo humano y económico altísimo. Siempre los recursos van a ser escasos y se requiere una sensibilización, conciencia y cultura del cuidado a nivel nacional, pero nosotros todavía estamos en camino.

¿Qué tenemos que hacer para avanzar en políticas públicas que enfrenten el envejecimiento de manera integral?

Es importante el trabajo que realizan las universidades, como la U. de Chile con la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, y otras iniciativas, porque son las universidades las que ponen los insumos. Es muy importante la investigación, los datos, porque los gobiernos no van a invertir si no hay una demostración empírica frente a una realidad. Es importante que se consulte la opinión de los expertos y sociedades como la nuestra, que seamos parte de los equipos de trabajo, que podamos tener información oportuna con la que podamos entregar recomendaciones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Hay que hacer que el tema del envejecimiento se transforme en acciones sólidas para hacer un cambio fundamental que nos lleve a políticas estructurales, para que cuando nosotros seamos mayores podamos disfrutar de esas políticas públicas a nivel social y cultural.

Entrevista realizada el 1° de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Matar a los viejos

“Porque el hombre viejo está más bien fuera que dentro de nosotros;
el hombre viejo lo alimenta y sostiene la sociedad que nos rodea y nos lo impone”.
(Miguel de Unamuno, citado en la novela Matar a los viejos de Carlos Droguett)

Por Faride Zerán

1.

 No fuimos la excepción. El virus llegó con el fin de las vacaciones y el inicio de un año que se anunciaba altamente politizado/polarizado, que enfrentaría con el plebiscito de abril la primera prueba de fuego de muchas otras que demandaba el momento constituyente en el que Chile había entrado luego del estallido social de octubre último.

El clima político y social de inicios de marzo era de expectación. Las rutinas de los principales artistas que a fines de febrero subieron al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar apoyando, aplaudiendo, coreando las demandas y consignas de las masivas protestas que desde el 18 de octubre dieron origen a un proceso social y político inédito en la historia de nuestro país, aún resonaban en los oídos de cientos de miles que apostaban/ apostábamos a que el 2020 sería un año distinto.

Porque, se decía/veía, Chile despertó, y se instalaban en el centro del debate las pensiones miserables, la salud y educación transformadas en negocios, las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la debilidad del Estado y la necesidad de una nueva Constitución para un nuevo pacto social, a la altura del nuevo país que emergía/ asomaba/irrumpía.

2.

La pantalla está dividida en dos. En una, el actor Héctor Noguera mira a la cámara y le habla a una audiencia que, a esa hora, cerca de la medianoche de fines de abril, está en su casa en medio del toque de queda patrullado por militares; ahora, en el Chile pandémico, se ha decretado estado de  catástrofe por 90 días y desde La Moneda se suceden a diario los reportes que indican las cifras de muertos y contagiados por el maldito virus. 

Noguera es el octogenario don Aníbal en la serie Historias de cuarentena que transmite la señal abierta de Mega, y le pregunta a su psicólogo, interpretado por el actor Francisco Melo, si no se ha percatado de que cada vez que el ministro o una autoridad de salud aparecen para “dar los cómputos de los muertos”, lo primero que hacen es apurarse en decir que son viejos, en decir “mire, lamento el fallecimiento de doce personas, pero… ¡diez de ellos eran viejos! ¡Como si eso no importara, como si los viejos no contaran, como si los muertos fueran dos! ¿Ha visto usted algo más grosero?”, reclama Aníbal.

Mientras escucho ese alegato pienso en el ejercicio epistolar emprendido por algunos connotados colegas a través de las páginas de El Mercurio, donde luego de declararse satisfechos de sus existencias, nietos incluidos, cedían desde la sección Cartas al Director sus eventuales respiradores mecánicos en un gesto que si bien podía estar motivado por el altruismo, despojaba del derecho a la vida y a la salud a un sector importante de la población, reduciéndolo a lo que don Aníbal reclamaba: en medio de la pandemia, los viejos no importan.

3.

Era inicios de abril y la escena sorprendió a todos. En medio de una cuarentena total decretada por el Minsal en la comuna de Santiago y gran parte de las del sector oriente, y mientras el Presidente de la República se desplazaba desde La Moneda hasta su residencia, la comitiva que lo escoltaba se detuvo en el sector de Plaza Italia/Plaza de la Dignidad. Allí, descendió de su vehículo, caminó hacia el monumento del general Baquedano, se sentó a sus pies y se hizo fotografiar por los escoltas. La selfie, tomada en medio de la plaza símbolo del estallido social, en ese instante desierta, no pasó inadvertida. Días después, el mismo presidente deslizaba la posibilidad de no realizar el plebiscito en la nueva fecha prevista, 25 de octubre, aduciendo como causa la profundidad de la crisis económica que golpearía al país.

Los partidos de la oposición, hasta ese momento más bien afásicos, junto a líderes sociales y sectores afines al propio gobierno, alzaron la voz advirtiendo la gravedad de dicho acto. Las alarmas se encendieron. Aun cuando la pandemia dejaba al descubierto las profundas desigualdades sociales y la inexistencia de un Estado capaz de garantizar los mínimos estándares de derechos y seguridad social a amplios sectores de la población, el evidente protagonismo del Ejecutivo en el control de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía podía tener como correlato no sólo la mayor precarización del mundo laboral, con tasas de desempleo que ya anunciaban la gravedad de la crisis económica. Podía servir también para saciar la tentación de algunos de aprovechar la pandemia y sus efectos para neutralizar/frenar/relativizar las consecuencias y acuerdos políticos y sociales derivados del estallido social.

4.

Don Aníbal mira a la pantalla y se le humedecen los ojos cuando su terapeuta le pregunta cuánto extraña a su mujer, muerta de un infarto poco antes del inicio de la pandemia. Por ello, y venciendo su habitual laconismo, le confiesa que recuerda ese instante en que los dos, rodeados de cientos de miles de manifestantes, estuvieron en la marcha del 25 de octubre. ¡La marcha más grande de Chile! insiste, porque este hombre que vive su duelo en cuarentena es parte de ese país para el que la crisis sanitaria no eclipsa la crisis política y social que originó el estallido.

El viejo es porfiado, tal vez el guionista de la serie también decida matarlo. Pero qué duda cabe de que ese personaje algo deprimido pero vital y rebelde encarna el sueño de un Chile republicano que reacciona asumiendo el gesto ético de la indignación como la única respuesta posible ante abusos que con el virus se tornan más elocuentes.

5.

La pandemia trajo no sólo miedo, muerte y miseria, también invocó nuevos términos acuñados a lo largo de estos meses. Cuarentena, confinamiento, teletrabajo, Ley de Protección al Empleo, nueva normalidad, entre otros. Pero en Chile cada término posee dos acepciones dependiendo de quién sea el destinatario. Y es que una cosa es la cuarentena o el confinamiento en sectores acomodados, y otra es la cuarentena en pocos metros cuadrados, en hacinamiento, en cités con migrantes desprotegidos/discriminados/racializados. Lo mismo que pasa con la Ley de Protección al Empleo, que por un lado permite al empleador dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores, pero por otro lo autoriza a repartir las utilidades entre sus accionistas.

El ejemplo de Cencosud, la empresa que incorporó recientemente a su directorio a Felipe Larraín, quien hace sólo seis meses era ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, es la metáfora brutal de las dos acepciones de cada concepto. Porque si bien los empleados de Cencosud pueden no recibir su sueldo en el mes de abril, los accionistas de esa empresa, dueña de París, pueden repartirse el 80% de las utilidades al 30 de abril (220 millones de dólares) amparados en la misma Ley de Protección al Empleo, porque, como lo denunció el periodista Daniel Matamala en su columna “Perfectamente legal”, publicada el 3 de mayo en La Tercera, exigirles que no se repartan las utilidades “viola la Constitución”.

6.

Con el aumento alarmante de contagiados por Covid-19 a inicios de mayo, y con el virus emigrando de las comunas del sector oriente de Santiago al sector poniente de la capital, donde están las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, el llamado a “la nueva normalidad” efectuado por el gobierno resulta preocupante. No sólo porque puede leerse como el resultado de la presión de sectores empresariales, sino porque sumado a ello persisten las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducen a la toma de decisiones en materia sanitaria. Así lo han reiterado la presidenta del Colegio Médico y otras autoridades, así como los científicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que congelaron su participación en la mesa de datos aduciendo las mismas razones.

La crisis sanitaria ha desnudado no sólo las graves carencias del sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de manera igualitaria –ya en épocas normales– el derecho a la salud. Antes fueron las pensiones, la educación o los derechos laborales. Es el rol del Estado el que una vez más exhibe su precaria desnudez en la plaza pública. Y es el rol de la política –para la que no existe cuarentena– seguir haciéndose cargo de aquello.

Eso lo tiene claro hasta don Aníbal, un viejo rebelde y republicano que ningún virus ha podido matar.

Hacinamiento, motines e indultos: la realidad de las cárceles en el contexto de la pandemia

Dedicada por más de 15 años al estudio de los sistemas penitenciarios, la psicóloga Carolina Villagra, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile y doctora en criminología por la U. de Leicester del Reino Unido, explica cómo la pandemia está afectando la vida en las cárceles y evalúa las medidas que han estado adoptando el gobierno y las autoridades sanitarias. Apoyada por informes internacionales, la psicóloga, quien además preside la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica para el ciclo 2018 – 2021, considera crucial reducir el número de población carcelaria y, en ese sentido, celebra la conmutación de penas de privación de libertad por arresto domiciliario total y enfatiza el rol que debe tener el Estado en la protección de los derechos humanos de reclusos y reclusas.

Por Jennifer Abate

Las cifras de la realidad carcelaria en Chile son alarmantes y en el contexto de la pandemia se vuelven peligrosas. El sistema penitenciario asciende a más de 100 mil personas e involucra no sólo a aquellas están privadas de libertad sino a todas quienes de alguna forma son custodiadas por el Estado, incluidas las que cumplen penas en libertad, pero que continúan con un sistema de control en la comunidad o en el post penitenciario, que son cerca de 60 mil. 

Se estima que las personas privadas de libertad en este sistema ascendían a más de 42 mil, algunas de ellas cumpliendo condena, pero también un alto porcentaje en condición de prisión preventiva. Es decir, personas que siguen siendo inocentes ante la ley, que han sido imputadas por un delito que aún se investiga y sigue abierto, pero para quienes los tribunales, en ciertas condiciones, han establecido que lo ideal es que se mantengan en prisión.

La psicóloga y académica de la U. de Chile, Carolina Villagra.

Según cifras de marzo, esa población específica representa en promedio el 30%, más de 15 mil personas, y muchas de ellas son mujeres: cerca del 40% de las mujeres privadas de libertad corresponden a casos de prisión preventiva. Las recomendaciones internacionales resaltan lo abismante de nuestras cifras, ya que según esos estándares el porcentaje recomendado de personas imputadas que son privadas de libertad no debería superar el 10 o 15%.

Más allá de este dato preocupante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó el año pasado un informe sobre las condiciones que se viven en la cárcel, con cifras recabadas en 40 recintos penales. De ellos, 26 no contaban con suficientes camas y en 24 existía algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso al agua y a servicios higiénicos las 24 horas.

-Teniendo estos datos a la vista, ¿cómo enfrenta la pandemia uno de los grupos más excluidos y desfavorecidos de la sociedad, las y los presos?

Los indicadores sobre hacinamiento en nuestro sistema carcelario son bien preocupantes y han ido aumentando. Pese a que con las modificaciones de la Reforma Procesal Penal, a partir del año 2005, disminuyeron, lo cierto es que las cifras han aumentado en los últimos años y es particularmente preocupante la situación de las mujeres. Tenemos a 42 mil personas privadas de libertad en cerca de 100 unidades penales a lo largo del país. El último informe del INDH, así como numerosos informes de condiciones carcelarias, han señalado que las condiciones distan de ser óptimas: el nivel promedio de ocupación del sistema carcelario chileno es del 104%, es decir, estamos con un grado de hacinamiento. Podría parecer que no es muy grave, porque 104 quiere decir que en una unidad penal que tiene cien cupos, hay 104 personas. Pero este promedio nos esconde algunos extremos y, de hecho, en el informe del 2017 de condiciones carcelarias del INDH se reportaron 11 unidades penales que estaban con un nivel de ocupación por sobre el 140%. Entonces, cuando hablamos de condiciones carcelarias, también hablamos de una situación que es bastante heterogénea. Sin embargo, si hay un elemento transversal a todas las situaciones en las cárceles es que muchas de las infraestructuras carcelarias están obsoletas. En el caso de las mujeres, los centros penales y los centros de detención de mujeres usualmente han sido pensados para hombres, y luego han sido adecuados.

Tenemos, además, dentro del grupo de personas privadas de libertad, una heterogeneidad importante que refleja la conformación de la sociedad chilena: personas mayores de edad, con enfermedades crónicas de distinto tipo, también enfermedades de salud mental, etc. Esta situación, ante la luz de la pandemia del Covid-19, hace que las cárceles sean un lugar particularmente vulnerable al contagio y propagación de este virus, básicamente por la imposibilidad de tomar las medidas sanitarias necesarias para combatirlo, como se hace fuera de las cárceles. En la sociedad, afuera, podemos adoptar algunas restricciones básicas como el teletrabajo o el contacto virtual, pero en la cárcel la distancia física, el acceso a agua potable, el acceso a condiciones sanitarias óptimas, simplemente no es posible.

-Los efectos de ese hacinamiento ya se han hecho sentir, como en la Cárcel de Puente Alto, donde se detectaron 150 casos de Covid-19 y en el mismo lugar los reclusos tomaron como rehenes a cinco gendarmes en alegato por la falta de medidas sanitarias. ¿Cuáles son los principales riesgos en términos de seguridad al interior de las cárceles?

El caso de Puente Alto es paradigmático y podría replicarse en cualquier unidad penal del país por las condiciones que te mencionaba. Pero hay un dato que quisiera aportar, que es bien relevante, y es que cuando pensamos en comunidad carcelaria no sólo estamos pensamos en las 42 mil personas privadas de libertad, en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, también estamos pensando en los 20 mil funcionarios que trabajan en gendarmería en unidades carcelarias. Esos 20 mil funcionarios están desglosados entre oficiales, suboficiales -lo que conocemos como personal uniformado- y el personal civil que trabaja en los servicios de reinserción, salud, educación, etc., es decir, estamos hablando de una comunidad de más de 60 mil personas al mes de marzo. A veces, uno ve en las redes sociales las reacciones respecto a este tema y se cuestiona: si el confinamiento protege del contagio, entonces mejor dejarlos encerrados, porque es la mejor forma de prevenir. Sin embargo, pasa que los flujos son muy dinámicos en la población encarcelada. Entonces tenemos a estos 20 mil funcionarios que cumplen turnos y que entran y salen de las cárceles, pudiendo contagiarse dentro de la cárcel y llevando el virus a la comunidad, casa, vecindario; o al revés, contagiarse fuera y después llevar el virus dentro.

Es decir, estamos hablando de los movimientos naturales de la población penal, como son algunos traslados o salidas. Hay personas que gozan de los beneficios interpenitenciarios o salidas controladas, es decir, personas que salen a trabajar y vuelven, etc. Entonces, a estos factores más estáticos de los que hablábamos al principio, falta de alguna potable, condiciones sanitarias mínimas, se suma la característica de que es una población muy dinámica. Los riesgos son bien evidentes, o sea, en tanto se produce un contagio, la posibilidad del sistema penitenciario de detener la propagación es muy compleja. Se han hecho recomendaciones de parte de organismos internacionales. Lo hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., la OMS sacó un manual para el manejo de la pandemia en cárceles, también se ha manifestado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Al menos diez organizaciones internacionales han hecho un llamado urgente a descongestionar el sistema carcelario justamente por estas condiciones, porque, además, las personas que están en cárcel, usualmente vienen con cierto deterioro físico, no han accedido a los mejores servicios de salud, por ejemplo, y no se les puede garantizar que sigan o accedan a un mejor sistema de salud. Cuando hay hacinamiento se hace más compleja también la provisión de servicios, es decir, hay una serie de factores tanto estructurales como funcionales de la comunidad penitenciaria que hacen que el contagio sea de un riesgo altísimo, en tanto que la propagación es casi inmediata. Por eso hemos visto motines y otras expresiones de internos, que lo que están buscando, básicamente, son medidas de protección. Hay motines que se han dado en los últimos días que también reclaman por las medidas de seguridad de gendarmes y otros funcionarios que están igualmente expuestos.

Según cifras de marzo, la población penitenciaria en Chile asciende a más de 100 mil personas.

-En este sentido, ¿cuáles han sido las medidas específicas de protección de la población carcelaria adoptadas por el gobierno o las autoridades sanitarias?

Para responder a esa pregunta me gustaría partir por otra: ¿por qué las autoridades debieran tomar ciertas medidas de especial resguardo para la población privada de libertad? Hay que decir que la relación de una persona privada de libertad con el Estado se encuentra regulada por la normativa nacional y también por la normativa internacional. Distinto, tal vez, a lo que se piensa desde el sentido común sobre que esas personas debieran cumplir sus condenas y ojalá en las peores condiciones posibles. O sea, a la condena penal, añadirle condiciones de sufrimiento.

Lo cierto es que las poblaciones carcelarias son consideradas dentro de las poblaciones vulnerables, tanto por la trayectoria de desarraigo educacional, laboral, exclusión social, marginalidad que antecede al encarcelamiento, como por las condiciones de este. El Estado tiene una serie de obligaciones en relación al resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Sólo por citar algunos, en términos de normativa interna, la Constitución indica que el Estado debe garantizar la vida e integridad física y psíquica de estas personas, además de proveerles una serie de servicios y resguardar sus derechos. Pero también es interesante que a nivel internacional hay una serie de instrumentos, más de 20 genéricos y universales de DD.HH., como la Declaración Universal de DD.HH., y otros específicos, como el Sistema Internacional de Derechos Humanos, las Reglas Bangkok sobre tratamiento de reclusos, que tienen el mismo espíritu que las Reglas Mandela, pero orientadas a mujeres. Tenemos el principio de protección para las personas privadas de libertad y en relación a los tratos, tenemos la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que es muy categórica en indicar que no existe ninguna circunstancia en la cual la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes puedan darse por parte del Estado.

Esa relación de resguardo es la que hace imperativo que las autoridades tomen medidas. A nivel internacional, no bien se declaró la pandemia a inicios de marzo, una de las medidas que se tomó fue ocuparse de las cárceles y averiguar cuál era la situación. En términos generales, se han tomado medidas de reducción de población encarcelada, lo que se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, limitando los ingresos de nuevas condenas o privaciones de libertad, facilitando la salida a través de mecanismos que ya existen, las libertad condicionales, otorgando permisos anticipados de salida, que lo hemos visto en otros países: importante ha sido el caso de Estados Unidos, que es el país que tiene mayor número de encarcelados en el mundo, donde desde las primeras semanas y a nivel federal se tomaron ciertas medidas para reducir la población encarcelada. ¿Qué medidas se han tomado en Chile y que son relevantes? Primero, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en presentar la propuesta de un proyecto de ley de indulto conmutativo.

-Sin embargo, fue sumamente polémico.

Así es, y desde varias perspectivas, pero es un indulto que desde el mundo especializado y académico se vio con buenos ojos, porque es un indulto muy bien fundado que se orienta a la protección de los grupos más vulnerados y en resguardo de los DD.HH., y también en resguardo de la seguridad pública, que es algo muy importante. Estamos hablando de personas mayores de 60 o 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres, en particular, conociendo la situación frágil de las mujeres, algunas mujeres embarazadas, con hijos en cuidado, etc. Ese indulto fue bastante polémico y tardó la tramitación y discusión sobre a quiénes liberar.

«Somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante».

-Claro, porque el indulto no incluía a las personas que estaban imputadas por delitos de lesa humanidad y hubo una petición para que fueran incluidas.

No las incluían porque hay todo un sistema de DD.HH. que limita las posibilidades de salida a personas que han cometido delitos en contextos graves, delitos que son considerados graves y gravísimos a nivel nacional e internacional. Creo que el indulto conmutativo tardó, pero está siendo efectivo, ha sido una medida que hay que aplaudir realmente, en términos de gestión penitenciaria, ha sido bien pensado, estructurado, y se ha dado en conjunto con otras acciones que creo que es necesario destacar. En marzo teníamos 42 mil personas privadas de libertad y hoy se ha reducido la población, ha habido una salida casi del 10%, diez mil casos, 8% que ha salido de distintas maneras, cerca de 1.400 a través del indulto conmutativo. Por otro lado, la Defensoría Penal Pública ha solicitado a los tribunales de garantía la revisión de la medida cautelar preventiva para la sustitución por arresto domiciliario total. Eso ha significado que a la fecha han salido 900 jóvenes, adultos y otras mil personas, pero que van a seguir cumpliendo su medida cautelar. No es un perdonazo, ya que la gente sale y sigue en una medida cautelar, arresto domiciliario total, o termina de cumplir su condena bajo la modalidad de reclusión domiciliaria absoluta o con ciertas medidas de resguardo. Tenemos la libertad condicional, que es una manera de terminar de cumplir su condena que está muy regulada en la ley y que en los últimos cinco, diez años, había tenido una baja muy importante: tenemos años en los que prácticamente no se dieron medidas de libertad condicional en Chile. Este año, 1.550 personas a nivel nacional salieron de cárceles, es decir, van a terminar de cumplir su condena en libertad bajo una serie de condiciones.

Junto con todo ello ha habido otras iniciativas que se deben mantener en el tiempo, que son el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las unidades penales y restricción a las nuevas prisiones preventivas cuando la ley y las condiciones así lo permiten. Diría que se han tomado medidas, algunas muy interesantes.

-Es interesante lo que planteas, porque muchas veces tiende a haber una crítica generalizada a las acciones que toman los gobiernos y las autoridades sanitarias. También es interesante la responsabilidad que planteas del Estado en la protección y resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

Absolutamente, son buenas medidas de inicio, pero falta un largo trecho para seguir. Hay unidades penales que tal vez no han recibido la aplicación de esta salidas, o sea, si bien las autoridades han actuado en la línea correcta en términos de las directrices de derecho y de las directrices sanitarias y realidad carcelaria, esto sigue, y con las libertades, indultos, no se resuelve el tema. Finalmente, lo que está pasando en los sistemas carcelarios deriva en la pregunta sobre por qué tenemos tanta gente en la cárcel. 

En las cárceles hay población dinámica: a 20 mil ascienden los funcionarios, entre gendarmes y personal civil que también están expuestos al contagio.

Sobre ese punto, todo indica que este es un país bastante punitivo, en el que las personas entran a la cárcel ante cualquier delito y eso redunda en consecuencias como hacinamiento y  sobrepoblación de los recintos carcelarios. En ese sentido, estas medidas de libertad condicional o indulto han sido clave, pero ¿por qué no se han aplicado antes?

Chile, desafortunadamente, ha seguido una tendencia internacional de encarcelamiento y uso de la cárcel como principal medida punitiva. Hasta el año 2013 teníamos la mayor parte, cerca del 70% de personas, condenadas en cárceles, y eso trajo una serie de problemas muy graves. No hay que confundirse con que los países que más encarcelan son los países que tienen los sistemas de justicia más efectivos, no es así, necesariamente. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región y, de hecho, el año 2010 marcó un hito relevante en la historia carcelaria en nuestro país, ya que tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Y ese año se produjo el incendio en la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 personas y donde se vieron casos muy dramáticos y muy mediáticos, y en el que se cuestionó si las personas más peligrosas están realmente en la cárcel.

A nivel de derecho, sabemos que los sistemas de justicia deben siempre priorizar que la persona no pierda el contacto con su familia, comunidad, que no se desarraigue a menos que sea estrictamente necesario, por lo tanto, la cárcel debiera estar reservada sólo para los delitos más graves y que representan más riesgos para la seguridad pública. Desafortunadamente, la cárcel nace como una institución en crisis, nunca ha habido, a nivel internacional, un momento en que las cárceles estén más o menos equilibradas, siempre han sido instituciones muy críticas y las reformas se toman después de tragedias como la de 2010. Tres años después se promulgó y comenzó a funcionar la ley de medidas sustitutivas, que pretende cambiar esta proporción. No es que estas personas se estén cambiando a otro sistema, sino que es un sistema que progresivamente permite que las personas sean enviadas a un cumplimiento de condena en libertad. 

Entonces, sí, somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Te voy a dar un dato de las poblaciones femeninas y del crecimiento de las poblaciones carcelarias en el mundo. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza, por ejemplo, las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante. No olvidemos que la cárcel es sumamente costosa, no sólo en términos económicos sino que también en términos de capital humano y capital social; genera costos, impactos sociales a las personas, familias, a la sociedad en su conjunto, que exceden ampliamente, en muchos de los casos, tener a una persona privada de libertad.

-Junto a Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción de la Justicia de México, escribiste el artículo Mujeres encarceladas en Latinoamérica y el Covid-19, recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región, donde plantean que las mujeres encarceladas deben ser un grupo prioritario en caso de crisis. ¿Por qué? 

Bueno, primero hay que decir que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sistema carcelario. Según estadísticas internacionales de crecimiento carcelario, entre 2000 y 2017 la población femenina aumentó un 53%, pero en Latinoamérica ese aumento fue del 147% y eso está muy relacionado con las políticas  antidrogas en la región, que han sancionado con mayor fuerza delitos que dentro de la jerarquía y estructura del narcotráfico son menores, como el microtráfico. En Chile teníamos, hace diez años, una proporción importante de mujeres privadas de libertad por delitos de familia, pero hoy la mayoría de las mujeres están también asociadas a delitos de drogas y eso ha cambiado la configuración de las cárceles.

En general, las cárceles no están pensadas para las necesidades específicas de las mujeres, nosotras tenemos necesidades distintas de los hombres en términos de las condiciones sanitarias, de las condiciones de visitas, pero ninguno de esos elementos se recoge en nuestras unidades penales, que no están muy diseñadas para que la mujer pueda acceder a la mayor cantidad de servicios de reinserción, los que también son escasos y que apuntan a una proporción muy menor de las personas. 

En esto se han hecho avances también bien positivos en términos de reinserción social en Chile en los últimos años, pero siguen siendo reservados a una población pronta a cumplir condenas, y yo diría que tenemos condenas muy largas y que las experimentan personas muy jóvenes, y también tenemos condenas muy cortas experimentadas por mujeres. Tenemos condenas, por ejemplo, de menos de un año. 

Las estadísticas informan que hay un porcentaje importantísimo de mujeres que entran a la cárcel para cumplir condenas de seis meses, un año, y que a veces no son condenas sino que faltas administrativas o multas que se deben cumplir con privación de libertad. ¿Qué significa que tú estés en la cárcel seis meses? Que si tenías un trabajo, lo pierdes, si tenías una fuente de ingreso, la pierdes. El 95% de las mujeres tienen al menos un hijo y el 80% son el sostén económico de su familia, no sólo de los hijos, sino que de la mamá, la abuelita, etc. La evidencia internacional y nacional nos muestra que las condenas cortas también socavan el capital humano, social y económico de las personas de manera mucho más importante que las condenas más largas. O sea, las condenas más largas son de un impacto profundo a nivel individual, familiar, y muchas mujeres en Chile están viviendo condenas cortas. ¿Qué pasa con los hijos cuando es la segunda condena o hay una reincidencia? Los hijos son institucionalizados o quedan al cuidado de otros, en esos niños hay desencanto escolar, problemas educacionales, hay una especie de efecto dominó importante y por eso, además, las mujeres son prioritarias, porque son consideradas población particularmente vulnerable dentro de la ya vulnerada población encarcelada, por las condiciones de salud que muchas veces arrastran, enfermedades crónicas, el cuidado de los hijos, embarazos, etc. Además, es un hecho criminológico bien sostenido que la mayoría de las mujeres no representan riesgos y no reinciden en delitos menores, empiezan más tarde en el delito y cometen delitos mucho menos violentos.

Entrevista realizada el 24 de abril de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Claudia Lagos: “En la TV aún hay una cobertura más de discurso oficial que de periodismo informativo”

La periodista Claudia Lagos, magíster en Estudios de Género y doctora en Medios y Comunicación de la U. de Illinois, EE.UU., comparte sus reflexiones sobre la cobertura periodística que han hecho los medios de comunicación durante la pandemia y el estallido social. La académica de la Escuela de Periodismo de la U. de Chile cree que es necesario regular de manera más estricta la manera en que se informa sobre grupos vulnerables de la población, como personas que viven en situación de calle, privadas de libertad o mujeres y niños víctimas de violencia en el hogar. Además, aplaude la iniciativa del canal cultural y advierte cómo, a pesar de las críticas, la televisión sigue siendo uno de los soportes de información más populares.

Por Jennifer Abate

—Hablemos de medios de comunicación y de lo extremadamente importantes que son en este contexto de tanta incertidumbre, que en nuestro caso suma un estallido social a la emergencia por Coronavirus. ¿Qué te ha parecido, en términos generales, la cobertura mediática que se ha hecho en los últimos meses en nuestro país?

Si vemos todo este periodo, de octubre hasta ahora, los medios de comunicación, después de la llamada “revuelta social”, tuvieron una pésima evaluación, eso si nos fijamos solamente en las encuestas, que son una foto de un momento determinado y operan, si se quiere, como un termómetro. Había muy pocas diferencias entre los medios según soporte, no había muchas diferencias entre cómo la ciudadanía, a través de estas encuestas, manifestaba su rechazo o disconformidad con cómo los medios de comunicación estaban cubriendo todo lo derivado de la revuelta. Y eso vino a poner una especie de lápida, si se quiere, a la evaluación de los medios de comunicación y a su credibilidad, que ha venido a la baja en los últimos diez años, por lo menos. Es importante recordar que los problemas que dieron origen a la revuelta de octubre todavía se mantienen y en parte esta crisis sanitaria los ha acentuado y nos ha recordado que siguen ahí. Sin embargo, en el último mes, lo vimos en encuestas como la de IPSOS sobre la radio, ha habido una revalorización y habrá que ver, con el tiempo, a qué se debe, cuáles son las razones de esa revalorización por parte de las audiencias de la radio y otros medios de comunicación en términos generales. Es particularmente curiosa o interesante la valoración de las audiencias en las últimas encuestas, aplicadas y difundidas durante marzo y abril, de la televisión, que se aprecia como un soporte y medio de comunicación a través del cual las personas buscan información o se conectan con el afuera. 

La periodista y docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Sabemos que la televisión no sólo es una experiencia informativa, sino que es también una experiencia colectiva. Es bastante curioso cómo un medio de comunicación que había sido tan duramente criticado adquiere cierto valor en nuestro contexto. En nuestros países, en Chile en particular, a pesar de que la televisión ha sido criticada por su espectacularización, por su estereotipación, etc., sigue siendo uno de los lugares donde nos vemos reflejados. Es uno de los medios de comunicación más importantes para amplios sectores de la población, pues a pesar de que Internet puede ser muy relevante en ciertos sectores sociales, en América Latina y otros lugares del mundo, el acceso a una Internet de calidad, estable, una banda ancha que soporte una videoconferencia e incluso la alfabetización digital de sectores importantes de la ciudadanía, siguen siendo una deuda de las democracias modernas.

—Durante mucho tiempo, sobre todo con la masificación de las redes sociales, se levantó una discusión sobre si realmente iban a seguir siendo necesarios los medios de comunicación, en el entendido de que la información estaba ahí y que bastaba con que cualquiera tomara un teléfono, sacara una foto y reporteara. Quizás en este momento se revaloriza, efectivamente, el trabajo de filtro, interpretación y chequeo de la información que hacen los medios de comunicación.

Exacto, podemos entrar a discutir con mayor detalle qué aspectos son más críticos, pero hay otro estudio que se publicó recientemente y que discutíamos hace unos días con el profesor del ICEI Cristian Cabalín, que da cuenta, en Estados Unidos, de que a pesar de que existen tasas de penetración de conectividad mayores que las que pueden tener países como Chile y otros de América Latina, la televisión sigue siendo un lugar, un género, un soporte mucho más relevante que las redes sociales a la hora de diseminar informaciones falsas, desinformación o información malintencionada. 

Es un estudio bien interesante, pero, como digo, muy acotado a las prácticas de audiencias y producción de contenido en Estados Unidos. Sin embargo, abre preguntas relevantes sobre el poder que sigue teniendo la televisión para las audiencias. Creo que es importante hacer distinciones, porque una cosa es cómo ha actuado la televisión y otra cosa cómo ha sido valorizada la radio, la prensa digital y la impresa, que también ha establecido algunos esfuerzos para, por ejemplo, liberar los contenidos de algunos medios de comunicación relacionados con la cobertura del Covid-19, de los contagios, etc. Creo que es importante destacar la liberación de algunos medios de pago, no es el caso de El Mercurio, claro, que sigue teniendo un muro de pago, a contrapelo de diarios como La Tercera y otros que han liberado sus restricciones entendiendo que hay un esfuerzo colectivo de llevar información de calidad a mayores audiencias.

—A propósito de lo mismo, la semana pasada el periodista Andrés Azócar, en una columna en The Clinic, aseguraba que han aumentado las visitas a los medios de comunicación y que esto les ofrecería una posibilidad de volverse nuevamente indispensables para las personas. ¿Crees que los medios de comunicación chilenos han sintonizado con esa “oportunidad”?

Tiendo a creer que sí, pero tenemos que recordar que nuestro sistema de medios de comunicación, sin distinción de soporte, lleva golpeado varios años. La cantidad de despidos en todos los soportes, medios grandes, pequeños, radio, televisión, ha sido una constante en los últimos años. Eso ha significado un desguace, un despotenciamiento de los equipos profesionales, y se nota en cierta cobertura particular de televisión en que eso es visible: profesionales con pocos años de experiencia, con menos calle, y eso se nota en la cobertura diaria, muy apegada a lo que está sucediendo en el momento, muy encima, con poca distancia. Entonces, definitivamente, la columna de Andrés Azócar abre preguntas que son necesarias y que no están en el debate público. Me parece que por la urgencia no son centrales o no han aparecido, pero es algo que hay que retomar porque se trata de una cuestión que se discutió a propósito de los eventos desencadenados por la revuelta de octubre.

¿Qué tipo de medios queremos? ¿Qué tipo de periodismo queremos? ¿Qué tipo de periodismo es necesario en una sociedad democrática del siglo XXI? Siguen siendo preguntas que a la luz de la urgencia y la cobertura sanitaria se hacen evidentes. Es importante revisitar los mismos mecanismos legales de autorregulación que están disponibles en Chile, que incluyen desde el Código de Ética del Colegio de Periodistas hasta las orientaciones programáticas de los canales de televisión. Creo que ahí hay herramientas que parecen guardadas en el cajón. Por ejemplo, es algo que debiera considerarse en la discusión sobre las personas que viven en situación de calle o la población penal o las mujeres que viven violencia intrafamiliar en época de cuarentena (algo que las organizaciones feministas advirtieron muy temprano, antes de la toma de decisiones sobre las cuarentenas obligatorias), todos temas que aparecieron muy recientemente en los medios más tradicionales y en voz de las autoridades. Creo que ahí hay todavía, por parte de los medios de comunicación, un rezago en advertir y proyectar, a eso me refiero con que están muy apegados al día a día, a la calle, a esa cobertura de matinal que le ha quitado peso y espesor a una cobertura que puede ser un poco más distante en la relación con la autoridad, por ejemplo.

Hay herramientas, tanto de autorregulación como de regulación a nivel legislativo en Chile, que los medios de comunicación y el periodismo deberían recordar y repasar en estos días, que tienen que ver con el respeto a las comunidades más vulnerables, que incluyen a niños y adolescentes, y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la protección de los datos de salud. Ha habido todo un tema bien intenso y agresivo respecto de quienes son los que están enfermos y contagiados en las comunidades de edificios y condominios, y eso abre cuestiones que me parece que son centrales para el periodismo y que han estado pasando por el costado.

—En el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos, las autoridades están haciendo puntos de prensa diarios, varias veces al día, intentando instalar una suerte de verdad única, que los medios de comunicación, en muchas ocasiones, reproducen sin mucho cuestionamiento, a pesar del buen trabajo que han hecho algunos profesionales haciendo preguntas concretas. Según tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de esta visión única de la realidad en un escenario tan crítico e incierto como el que vivimos hoy?

Los riesgos tienen que ver con cómo combinar la entrega de información útil para la ciudadanía, que permita tomar las medidas de resguardo necesarias, con las decisiones en nuestra vida cotidiana respecto a nuestra salud y la de los demás, y la ansiedad e incertidumbre que significa en términos individuales y para la comunidad. En esto, las autoridades, en términos generales, no sólo en este caso particular, ocupan un rol central. Es impresionante el pilar en el que se han convertido las autoridades del gobierno central a la hora de copar la agenda mediática. A ratos parece que estuviésemos asistiendo a una conferencia de prensa estatal, permanente, que va desde poco después de las 9 o 10 de la mañana hasta la noche. Evidentemente, hay una estrategia política de comunicación que ha visto en esto una oportunidad de reposicionamiento de un gobierno que estaba muy golpeado por la crisis de octubre. La efectividad de esa estrategia y los alcances que tenga están aún por verse, pero me parece que es bastante evidente, incluso para un observador poco entrenado en esto, cuáles son los riesgos.

El gobierno ha optado por realizar diarias pautas de prensa para informar sobre el avance del Covid-19 en Chile, discurso oficial que es ampliamente difundido, pero también poco cuestionado por los medios de comunicación.

—Por lo menos ahora las autoridades están aceptando las preguntas de la prensa, porque durante los meses del estallido e incluso al comienzo de la crisis sanitaria, nos habíamos acostumbrado a estas conferencias de prensa donde las autoridades hablaban y se retiraban, sin darle la oportunidad a las y los periodistas de hacer su trabajo y hacer las preguntas que correspondían.

Sí, y agregaría otra cosa, volviendo al tema de por qué no se ocupan las herramientas que se conocen, sugerencias, manuales, etc., para hacer una cobertura periodística más adecuada en un contexto de emergencia sanitaria. Algo que ha sido bien complejo es el tema de la estadística, porque viene de la ciencia. Necesitamos tener de dónde agarrarnos, tener ciertas certezas y ellas están en el conteo diario. Algunas  vocecitas del área más especializada han llamado la atención sobre las cifras y sus vacíos, sus áreas grises, el tipo de información, el volumen de la información, el acceso a la información, pero me parece que hay una cobertura más de discurso, de quién dijo qué, cuándo y por qué, que una cobertura más informativa. 

—Desde el 27 de abril se puso a disposición TV Educa Chile, una plataforma cultural infantil para las y los estudiantes que están sin clases presenciales. Resulta curioso que haya tenido que llegar una pandemia para que se alcanzara el viejo anhelo de un canal cultural. ¿Cómo evalúas esta medida? 

Hay vastos sectores de la población en Chile que no tienen aún dispositivos electrónicos o una conexión a Internet estable que les permita acceder a este universo inacabable y maravilloso de contenidos por medio de la red, por lo tanto, los contenidos culturales a través de las señales abiertas de la televisión son sin duda una buena noticia. No es una nueva estrategia en el caso chileno, recordemos que la televisión nace como un proyecto educativo y cultural al alero de las universidades a fines de los años 50, pero evidentemente que esta estrategia, hoy, en un contexto donde el ecosistema es completamente distinto en términos mediáticos, será un laboratorio en tiempo real y vital. Será interesante ver cómo las audiencias se relacionan con ese contenido. Hablo de distintos tipos de audiencias, no solamente las audiencias a las que está destinada, los niños y adolescentes, sino que otros actores del campo de la educación, cómo pueden ellos relacionarse con estos contenidos en un contextos de insistencia en la educación remota.

—Esta es una demanda que había sido planteada hace mucho tiempo por diferentes actores y solía decirse que era imposible, que era muy difícil de implementar, que no existía el financiamiento. Ahora, con la presión de la emergencia sanitaria, ¿qué te pasa al ver que no era tan difícil desarrollar una iniciativa de estas características?

Creo que tiene que ver con un sistema mediático y televisivo altamente comercializado, donde no nos hemos planteado el tipo de estructura de televisión que queremos, la que deberíamos estar abordando desde la perspectiva de la convergencia, entendiendo las lógicas más multimediales. Creo que esa discusión está bastante en pañales, por lo menos en términos de la industria y, como tú mencionas, hay mucha reticencia a las apuestas culturales, más bien a apuestas que proveen menos réditos comerciales y que, por lo tanto, son más riesgosas en una industria que lleva diez años registrando pérdidas. Pero si uno ve algunos proyectos que han tenido financiamiento a través del fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), evidentemente hay una audiencia a la que le interesan los productos culturales de calidad. Por supuesto, no estamos hablando de la sinfónica, estamos hablando de “Los 80”, de la programación infantil que ha financiado el CNTV, con muy poco espacio, estamos hablando de “31 minutos”. Tenemos claro que la cultura popular es cultura y, por lo tanto, es necesario abrir esos matices. 

Según Claudia Lagos, la televisión aún es el soporte más popular de Chile para informarse, sobre todo en aquellos hogares que tienen poco acceso a una cobertura estable de Internet.

—Viviste en Estados Unidos y te has dedicado a analizar e investigar este tema. ¿Cuál es la discusión que se tiene en otros países respecto a la existencia de canales culturales?

Haría varias distinciones. A nivel internacional hay muchas experiencias de modelos de sistemas de medios de comunicación públicos y con eso me refiero a una lógica convergente, es decir, empresas de carácter público que producen contenidos tanto audiovisuales, radiales, etc. El ejemplo que siempre sale a colación es el de la BBC, pero no es el único. Todas las sociedades de países derivados del imperio británico tienen algún tipo de sistema de medios público, robusto, vigoroso, importante. Del mismo modo, la enorme mayoría de los países de Europa también tienen sistemas de medios de comunicación públicos, que incluyen no sólo televisión, sino también radio y producción digital. En otras ocasiones se han mencionado las experiencias de los países nórdicos, en todos ellos hay distintos modelos, por ejemplo, gobiernos corporativos. ¿Quiénes son los que integran los gobiernos corporativos de estas empresas públicas mediáticas? ¿Cuál es la relación que estas empresas tienen con el Estado? ¿Cuál es la regulación que tienen? ¿Cuál es el financiamiento? Todos tienen, de alguna manera, financiamiento público importante, y en algunos países, en particular, producto de la creciente privatización y recortes de gastos públicos, ha habido una tensión por aminorar esos presupuestos. Hay contenidos que compiten en el mercado y otros contenidos que no, que están amarrados a las funciones públicas que tienen esas compañías de medios públicos. Hay estudios interesantes, comparativos, que señalan que en aquellos países en que hay sistemas robustos de comunicación pública, el resto de los medios “tira para arriba”, la vara de comparación tira para arriba más que para abajo; se eleva la calidad, en general, de esos sistemas de medios donde están insertas estas compañías de medios públicos. Otra cosa interesante es que hay estudios que demuestran que en aquellos países donde hay medios públicos, la ciudadanía manifiesta mayor interés en la política y en la participación en lo público.

—Hablemos de propuestas. ¿Qué recomendaciones emergen desde la sociedad civil, las instituciones, que apunten a una mejor comunicación y a un mejor ejercicio del periodismo?

En el caso del periodismo, en particular, hay organizaciones internacionales y profesionales tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo que están entregando distintas herramientas y recomendaciones. Tienen que ver con cómo hacer una mejor cobertura periodística de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora y con la manera en que se entregan herramientas a los profesionales del campo de la comunicación para la cobertura en terreno de la pandemia. Esto está relacionado tanto con la calidad de la información que ponemos a disposición, en la cual está incluida la pregunta acerca de la información falsa o la manipulación informativa, y, en otros casos, tiene que ver más con la práctica, con las personas, los seres humanos e individuos, que, en el marco de sus oficios o profesiones están más expuestos a distintos riesgos. Ahí hay varias recomendaciones que han salido a la luz. En el caso de una mejor cobertura, esta tiene que ver con que no se cubran sólo los discursos, quién dijo qué, sino que se aborde lo que está pasando, quién lo ha hecho, cuáles son los datos, cuál es la evidencia, etc. Hay que promover y preferir fuentes informativas especializadas en vez de fuentes informativas que apuntan más bien a la discursividad. Utilizar menos adjetivos, utilizar más datos, menos anécdotas, pues estas exacerban la discriminación, el sensacionalismo, la ansiedad o la incertidumbre en las audiencias. Ahora, nada de esto es una receta mágica, pero son recomendaciones que dan distintas organizaciones profesionales tanto en Latinoamérica como en otros países para intentar que el enfoque sea desde la calma y no desde la alarma, y eso incluye el tono. 

—¿Quieres terminar con alguna recomendación para que nuestros auditores y auditoras accedan a contenidos e información diferentes?

Sí, a mi me gusta mucho Radio Ambulante, un proyecto bilingüe en español y en inglés que produce la radio pública en Estados Unidos y que tiene muchos medios y reporteros a lo largo de Latinoamérica. Ellos están cubriendo historias, pero también patrones más largos en la sociedad, en versión podcast. Ya que estamos valorando la radio y que la semana pasada la encuesta de IPSOS demostró la aprobación que tiene este soporte, me parece bueno relevarlo en este contexto. Allí se van a encontrar con historias que no sólo son de crisis sanitaria, así podemos introducir un poco de diversidad en nuestra vida informativa en estos días.

Entrevista realizada el 17 de abril de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.