Recientemente, rectores, académicos, funcionarios y estudiantes de las universidades estatales, junto a las autoridades e integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados y del Ministerio de Educación, conmemoramos el primer año de la entrada en vigencia de la Ley 21.094 de Universidades Estatales.
Este es un gran logro en el proceso de reinstalar en Chile los valores de una educación pública. Para nosotros, la vocación académica se identifica con dimensiones que resultan propias, es decir, específicas, de la universidad pública. Una de sus expresiones más notables es el concepto de bien común, expresado en las ideas de pertenencia, respeto a las opiniones del prójimo, inclusión social e igualdad de oportunidades para que cada cual desarrolle sus talentos.
Pensamos que ningún sector ideológico o político debiera considerar al sector público como antagónico. La educación pública permite que prosperen desde las ideas de igualdad y equidad que propone el socialismo, hasta las que permiten hacer realidad el derecho a un desarrollo individual autónomo que defiende el liberalismo.
Para nuestras universidades, esta vocación se expresa plenamente en el requerimiento de pertinencia, de compromiso con el desarrollo del país y las regiones. Es evidente también que no es posible cumplir con tal vocación a través de una decisión unilateral. Debemos invitar a todos los poderes del Estado a tener presente que las universidades estatales son una herramienta principal para servir al conjunto del país. Debemos también asumir en conjunto que sólo el reencuentro en una sociedad cohesionada permitirá superar el actual crispamiento social y el desacoplamiento entre el accionar político de nuestros jóvenes y la institucionalidad política nacional. Una de sus expresiones más dolorosas es lo que está ocurriendo en la educación media.
Pienso que hace perfecto sentido la siguiente tesis: la destrucción sistemática e intencional de la educación pública en Chile, con dramáticas consecuencias en sus niveles básico y medio, explica en gran medida el daño a la convivencia, tolerancia y cohesión social que hoy estamos sufriendo. Si queremos superar esta crisis, hoy deberemos abordar y discutir esta explicación.
Debemos asumir que este proceso de desintegración, que no ha sido casual sino buscado, alcanza su nivel más dramático en lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional. Porque ahí se entrelaza el desprecio por lo público con el desprecio por la historia. Y es la historia común, una que abarca desde lo político y militar hasta lo científico y humanístico, el otro gran factor de cohesión social para un país.
La situación del Instituto Nacional se nos aparece como surrealismo, como escenas sacadas de alguna película de Buñuel. Me imagino a un paciente diciéndole a su psicoanalista: “Doctor, tuve un sueño tan raro: veía estudiantes en el patio de un colegio, y cuando alcé la vista al techo comprobé que estaba lleno de policías uniformados en formación”.
Para nosotros tiene perfecto sentido sugerir que la crisis de convivencia que vivimos en nuestra sociedad tiene como antecedente el debilitamiento de los valores propios de la educación pública. Y que ésta no se va a resolver si no somos capaces de reinstaurar esos valores.
Es por ello que nuestra universidad, y el conjunto de las universidades estatales, hacemos de la defensa, articulación y aumento en calidad de todos los niveles de educación pública un objetivo esencial para preservar nuestra misión. Y estamos profundamente comprometidos con esta causa que busca la cohesión nacional, la equidad y la inclusión al servicio del progreso y bienestar del país.
Palabra Pública organizó un diálogo sobre periodismo y revistas culturales en el marco de la Primavera del Libro realizada en el Parque Bustamante. Se trataba de interrogar sobre el aporte del periodismo en la visibilización y análisis en torno a las manifestaciones artísticas y culturales, asumiendo que el campo cultural no sólo nos remite a la creación sino también al vasto escenario donde se exhiben y confrontan las señas de identidad de un tiempo, incluidos el pensamiento crítico y el debate de ideas.
Por ello, pasan a ser centrales interrogantes sobre cómo y dónde se abordan estos aspectos claves para el desarrollo humanista y democrático necesarios en toda sociedad que aspire a una cierta densidad, y que quiera ser narrada o mirada más allá de los parámetros del consumo o del mercado, como nos han acostumbrado en las últimas décadas.
Más aún, cuando enfrentamos cambios culturales de envergadura en medio de crisis políticas, sociales y medioambientales que ponen en jaque incluso la propia existencia humana.
¿Desde dónde podemos leer estos cambios? ¿Quiénes y desde qué disciplinas o áreas del conocimiento siguen las huellas de estas múltiples revoluciones? ¿Qué pasa con la creación artística o con la literatura en América Latina, un continente que se funda y refunda en la palabra de sus creadores, cuya solvencia sobrepasa con creces la de sus políticos y tecnócratas?
Estas y muchas otras preguntas le corresponden al periodismo cultural a través de sus diarios, revistas, suplementos, libros u otros soportes donde éste se despliega en sus narrativas y estéticas innovadoras e irreverentes.
Sin embargo, la fría tarde primaveral donde transcurrió el diálogo en cuestión dejó un sabor amargo. Esto, pese al entusiasmo y lucidez de su conductora y editora, Evelyn Erlij, así como de las y los panelistas invitados, la crítica Patricia Espinosa, el periodista David Ponce y el editor Álvaro Matus, y pese a la buena noticia que significaba la aparición de dos nuevos medios: Átomo, de la Fundación para el Progreso, y Punto y coma, del Instituto de Estudios de la Sociedad, el primero cercano a una línea liberal y el segundo, a una más conservadora.
Porque no sólo se constataba que gran parte de los medios culturales existentes hoy están anclados a instituciones como universidades o centros de pensamiento. Palabra Pública, en la U. de Chile; Revista Universitaria, de la UC o Santiago, de la UDP, por sumar tres ejemplos a los ya nombrados, y que hablan positivamente del aporte de estas instituciones y centros de pensamiento a las sociedades a las que se deben.
El problema estaba en que no era mucho más lo que había. Porque en esa fría tarde de primavera, cuando se reflexionaba sobre el estado del arte en materia de revistas culturales y periodismo cultural, se hacía invocando los cadáveres de al menos una decena de medios que en las últimas tres décadas dejaron su impronta para luego ser arrasados, ya sea por la indiferencia de sus lectores, las leyes de un mercado que no es neutral o la ausencia de políticas públicas que deben garantizar no sólo la libertad de expresión sino el valor de la diversidad y del pluralismo. Una diversidad y pluralismo que permitan la circulación de otras voces, de otros discursos, de nuevos debates y estéticas que enriquecen a una sociedad.
Pero en el Chile actual, poco o nada de eso existe. Y aunque nos inviten a sumergirnos con entusiasmo en las alternativas que en esta materia nos ofrecería el mercado, salvo excepciones, seguimos condenados a su ramplona oferta de homogeneidad.
En una sola novela no caben todos los testimonios que habitan los archivos judiciales. Pero tal vez la polifonía se encuentre en el conjunto de novelas que se han escrito y se siguen escribiendo, tantos años después, sobre nuestro pasado reciente, esas novelas que reconstruyen nuestra memoria colectiva, nuestra posmemoria, que sacan a la luz las voces que en su momento fueron silenciadas por la dictadura.
Por Lola Larra | Ilustración: Fabián Rivas
En octubre de 1998 yo vivía en Madrid, todavía trabajaba como periodista, y uno de los diarios para los que era corresponsal me llamó para cubrir la detención de Pinochet. Y aunque me inquieté porque yo no escribía de política, pensé que el destino, o el azar, me había puesto allí, en ese preciso momento, en ese lugar, para darme la oportunidad de saldar cuentas con ese personaje que hacía más de dos décadas había obligado a mi familia a exiliarse en Venezuela.
Saldar cuentas… creo que fue un sentimiento que muchos tuvimos cuando los agentes de Scotland Yard, autorizados por el juez Nicholas Evans, se acercaron a la cama donde dormía el dictador para comunicarle que estaba bajo arresto. Sólo habían pasado unas horas desde que el juez Baltasar Garzón había firmado la orden de detención en Madrid. Era la medianoche del viernes 16 al sábado 17, y hasta las dos de la madrugada el paciente permaneció incomunicado en su habitación del octavo piso de la London Clinic. Dos largas horas —irrepetibles horas, ni fotografiadas ni filmadas para el recuerdo— en las que el dictador estuvo a solas con uniformados que no estaban allí para obedecerlo sino para apresarlo.
Con un amigo periodista nos lanzamos hacia la Audiencia Nacional. La antesala del despacho de Garzón era un hervidero de abogados, fiscales y reporteros, y se había convertido en el foco de atención de la prensa mundial. Cualquiera podría pensar que el lugar desde donde se había gestado esa acción histórica es, por lo menos, un edificio imponente ubicado en alguna de las imperiales avenidas que cruzan Madrid. Pero la Audiencia Nacional es una construcción moderna de aspecto decididamente ministerial, situada en una pequeña calle y provista de oficinas nada glamurosas.
Dos años atrás, en 1996, en esas mismas oficinas se habían aceptado los expedientes recabados por los abogados de la acusación particular, Carlos Slepoy y Joan Garcés. Con su meticuloso trabajo habían logrado documentar una lista de más de cuatro mil desaparecidos y recabar más de quinientas mil firmas que apoyaban la causa. Los cargos que se le imputaban a Pinochet incluían delitos de genocidio, tortura y terrorismo. Setenta y seis delitos coordinados con Argentina en la Operación Cóndor. Cuatro mil desapariciones. Más de ochocientas causas judiciales contra su régimen. Nueve procedimientos criminales contra su propia persona y procesos abiertos no sólo en España, sino también en Alemania, Suecia y Argentina.
Eran datos que manejaban todos los periodistas que nos rodeaban. Pero mi amigo y yo queríamos encontrar algo más, información que entonces, en los inicios de internet, sin Twitter, y cuando la difusión de las noticias demoraba aún algunas horas, había que salir a buscar a la calle. Alguien nos contó, por ejemplo, que Garzón había redactado la orden de detención en unas horas, que tenía 18 páginas y que lo hizo el mismo día que tomaba declaración a dos testigos de otro caso completamente distinto. Eran detalles para sumar a su leyenda de trabajador impenitente.
“Nunca pude ver las cajas con los archivos de Slepoy y Garcés, pero esa fue la primera vez que me fasciné con el poder y las posibilidades de los documentos judiciales, una fuente de memoria inagotable de la que tantos escritores han bebido para muchas cosas, entre otras, para bucear en la maldad de nuestra especie”.
Mientras mi amigo intentaba sonsacar declaraciones entre abogados y jueces, yo me quedé pensando en los expedientes de Slepoy y Garcés. ¿Dónde los guardaban? ¿Eran muchas cajas? ¿Cuántas? ¿De qué tamaño? De pronto necesitaba ver las cajas. Porque aquella noche, cuando escribía el reportaje, quería describirlas. Contar cómo eran, de qué color, viejas o nuevas… Mi amigo me dijo que seguro eran un montón de cajas llenas de carpetas muy gruesas y pesadas. Que podía usar los adjetivos que quisiera sin traicionar a la verdad: pesadas, voluminosas, enormes, ¡pon lo que quieras!
Sin embargo, para mí era importante visualizar esas cajas.
¿Qué extensión tiene la perseverancia de los abogados?
¿Qué volumen ocupa la paciencia de los familiares de las víctimas?
¿Cuánto pesa una espera de años?
¿Qué apariencia —hojeada, gastada en los bordes, amarillenta— tienen las evidencias de la crueldad?
¿Cuántas carpetas hay que acumular para demostrar la infamia?
Nunca pude ver las cajas con los archivos de Slepoy y Garcés, pero esa fue la primera vez que me fasciné con el poder y las posibilidades de los documentos judiciales, una fuente de memoria inagotable de la que tantos escritores han bebido para muchas cosas, entre otras, para reconstruir y contar la miseria humana, la vileza, la locura, y también para bucear en la maldad de nuestra especie, y de cómo puede afectar y cambiar la vida de todo un país.
Al lado de su estudio, el escritor francés Emmanuel Carrère tiene una pequeña bodega donde guarda maletas y viejos colchones, y también el sumario del caso de Jean-Claude Romand, ese impostor que en enero de 1993 mató a su mujer, a sus hijos y a sus padres. Más que un sumario se trata de una quincena de sumarios que sirvieron a Carrère para escribir su novela más famosa, El adversario (2000). A propósito de ellos, dice: “Todos los que han escrito crónicas de sucesos han tenido, como yo, la intuición de que esas decenas de miles de hojas cuentan una historia y que hay que extraerla como un escultor extrae una estatua de un bloque de mármol”.
Si bien la imagen de Carrère es hermosa, para mí los archivos judiciales no son un bloque de mármol mudo, quieto y silencioso. Por el contrario, me resultan inquietantemente vivos y locuaces. Un sumario es una polifonía de voces, la suma de todas las voces. Y, especialmente en el caso de los que registran violaciones a los Derechos Humanos, son las voces de aquellos que han sido vilmente silenciados.
Frente a ese archivo judicial donde todo se suma, está la novela, donde la economía del lenguaje, o la pulcritud de una estructura, te obliga a restar. En la novela siempre hay que elegir. Por mucho que se usen múltiples narradores o varios puntos de vista, hay que terminar eligiendo las voces que van a hablar y las miradas a través de las cuales veremos el mundo. Hay que seleccionar, funcionar más como el conductor de una sinfonía que como el compilador de una polifonía. Y ese trabajo puede resultar extremadamente complicado. ¿Qué dejar fuera? ¿Qué dejar dentro? ¿Con qué criterios? ¿Qué es lo esencial a fin de cuentas? ¿Cuáles voces son las que permitirán contar mejor esa historia? ¿A qué memoria seremos fieles? ¿Cuáles memorias rescataremos?
En una sola novela no caben todas las voces que habitan un sumario. Pero tal vez la polifonía se encuentre en el conjunto de novelas que se han escrito y se siguen escribiendo, tantos años después, sobre nuestro pasado reciente, esas novelas que alertan sobre la impunidad y que reconstruyen nuestra memoria colectiva, nuestra posmemoria, que sacan a la luz las voces que en su momento fueron silenciadas por la dictadura. La memoria de un país, finalmente, debería intentar recordar la voz de aquellos que no tuvieron voz, otorgarles el peso y el volumen que merecen.
“El muro habrá de quedar, presumiblemente, como ruina. Y la ruina del muro, así como es reliquia del poder, sería una sombra, una velada imagen de la historia. ¿Cómo ver —y con qué mirada— en esa sombra el oculto sol, el secreto sol ausente de la historia de que esa sombra, como sombra, es testimonio?”.
“La pregunta abierta que dejó la caída del Muro de Berlín a fines del siglo XX y las demás crisis y derrotas de la izquierda en la segunda mitad de ese siglo es cómo reconstruir alternativas de cambio estructural que además de su valor ético y democrático, parezcan viables y confiables a las mayorías de la población”.
La dictadura cívico-militar chilena dejó una marca profunda en nuestra sociedad en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos. Ejemplo de ello son los casos de tortura, desaparición y muerte de civiles, además de la implantación del modelo neoliberal que dejó en manos del mercado derechos sociales básicos como educación, vivienda y salud. Por ello, tras la caída del régimen, distintas organizaciones civiles exigieron verdad, justicia, memoria y reparación, porque era imposible cimentar las bases de una democracia real sobre la impunidad, cuestión que fue asumida por los gobiernos de la transición de forma fiel a su icónica consigna “en la medida de lo posible”.
De este abandono son cómplices todos los gobiernos que han pasado por La Moneda. La forma en que como sociedad hemos afrontado la memoria y las violaciones a los Derechos Humanos ha sido clave para construir la frágil y restringida democracia que hay en Chile. De aquí que la crisis del sistema político, la crisis de representación y el ascenso de los discursos de odio de hoy estén íntimamente relacionados con la impunidad y el pacto de silencio que decretó la transición.
Una parte especialmente oscura e invisibilizada de este periodo son los crímenes cometidos contra mujeres y disidencias sexuales, hechos que sólo han salido a la luz gracias al esfuerzo de historiadoras, activistas y organizaciones sociales que no han permitido que nos borren de la historia, pero todavía falta mucho. Respecto de la situación de las disidencias sexuales, existe un mito de que la dictadura fue relativamente tolerante con la población homosexual, cuestión sustentada en la existencia de la discotheque Fausto y la presencia de ciertos personajes en la vida pública, por dar algunos ejemplos. Dicha afirmación no podría estar más alejada de la realidad: basta escuchar los testimonios de activistas de la época y analizar cómo en el régimen de Pinochet se reforzaron cuestiones esenciales para el orden patriarcal y heteronormativo, a saber, el rol social de la mujer ligado al espacio doméstico y el rol masculino de fortaleza, virilidad y liderazgo, cuestiones que encarnaban muy bien Augusto Pinochet y Lucía Hiriart como matrimonio insigne del modelo cultural de la familia chilena. No había espacio para las disidencias sexuales, que sufrieron la persecución y la obligación de habitar ocultes en los márgenes de la sociedad.
“La forma en que como sociedad hemos afrontado la memoria y las violaciones a los Derechos Humanos ha sido clave para construir la frágil y restringida democracia que hay en Chile”.
Los activistas de la diversidad y disidencia sexual que vivieron en esa época han aportado relatos que apuntan a lo mismo: los militares cometieron actos de humillación, violencia e incluso asesinatos contra quienes según su apariencia mostraban una orientación sexual o identidad de género diversa, viéndose afectadas de forma más brutal la población trans/travesti y todes quienes desafiaran de forma más visible la heteronorma y los roles de género. Al igual que la militancia política, la orientación sexual y la identidad de género eran motivos para agravar los castigos y abusos que se daban en las cárceles.
8 de marzo de 1989. Estadio Santa Laura, Santiago. Último día de la mujer conmemorado en dictadura. Crédito: Archivos Vicaría de la Solidaridad. Gentileza MMDH.
Otro ejemplo claro de la violación a los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ en dictadura es lo ocurrido con la crisis del VIH/SIDA en el país: en 1984 falleció la primera persona notificada con el virus en Chile, hecho que fue titulado por La Tercera como: “Murió paciente del cáncer gay chileno”. Esta situación fue tratada con la misma irresponsabilidad del titular por el Estado y la junta militar, haciendo omisión de una problemática que más de treinta años después nos sitúa como uno de los diez países en el mundo donde más aumenta el virus.
Por todo lo anterior, en esta conmemoración también es necesario visibilizar cómo resistieron y sobrevivieron durante ese período oscuro las disidencias sexuales y las organizaciones feministas, partiendo por recabar información de forma sistemática respecto de los crímenes cometidos. Este asunto —como también la invisibilización de la violencia política y sexual que vivieron muchas mujeres, cuestión que queda en evidencia con la reciente venta del excentro de tortura “La Venda Sexy”— debería ser asumida como una deuda por parte del Estado y las organizaciones de DDHH.
Ya que la violencia, la discriminación y la exclusión que viven las disidencias sexuales persiste hasta hoy, es urgente tomar medidas de reparación histórica que se orienten hacia la inclusión y el otorgamiento de plenos derechos hacia estas comunidades. Por ejemplo, a través de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva en las diversas orientaciones, identidades y expresiones de género; una Ley Integral Trans que incluya medidas de reparación hacia las personas que han vivido violaciones a sus derechos en dictadura y en democracia, como también garantías de acceso a salud, trabajo y educación.
Sólo así podemos ir saldando las profundas deudas que tenemos como sociedad con las mujeres y disidencias sexuales. Sólo así construiremos un país menos excluyente y una verdadera democracia.
En momentos en que en Chile se debate la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es crucial buscar formas más razonables y menos sesgadas de medir el desarrollo económico, más cercanas al desarrollo humano. Para poner límites a la lógica capitalista se necesitan decisiones políticas: así ha ocurrido en países europeos, donde se ha logrado que una parte significativa de la expansión productiva redunde en más tiempo libre.
Por Nicolás Grau | Ilustración: Fabián Rivas
A pesar de lo que podría pensar una persona ajena a nuestra disciplina, las y los economistas sí consideramos el tiempo libre como una variable importante de bienestar. De hecho, la mayoría de nuestros modelos macro —los que están diseñados para capturar las decisiones más sustantivas de los individuos en la sociedad y así analizar las dinámicas de crecimiento— consideran que el total de horas no trabajadas es uno de los elementos que da bienestar a las personas. Incluir el tiempo libre como un bien preciado en las preferencias de los individuos tiene muy buenas justificaciones normativas y positivas.
Lo anterior implica que cuando las y los economistas hacemos análisis de bienestar a partir de nuestros modelos macro, el tiempo libre sí es un factor. Y, por ende, no consideramos igualmente desarrolladas dos sociedades con PIB parecido, distribuido de forma similar, pero donde en una se trabaja más que en la otra. La paradoja es que nuestras medidas más utilizadas para el desarrollo económico suelen olvidar esta dimensión, haciendo equivalente el crecimiento del PIB con el desarrollo económico.
Desconozco cómo llegamos a esta confusión. Pero en defensa de nuestra profesión, y en atención a lo señalado en el primer párrafo, creo que es justo señalar que el problema no tiene necesariamente que ver con el foco de la disciplina económica. En cambio, parece haber una disociación entre cómo hacemos nuestra ciencia social y los instrumentos concretos que utilizamos para medir cómo progresan las sociedades.
Vale la pena notar que esta confusión sesga positivamente la valoración normativa de la sociedad capitalista y de sus variantes más extremas, como la chilena. A saber, las sociedades capitalistas tienen una capacidad sin precedentes en la historia de la humanidad de expandir la capacidad de producción de bienes y servicios. Si pensamos en dos extremos, tal expansión de la productividad podría ser aprovechada para trabajar menos (y producir/consumir más o menos lo mismo) o para producir/consumir más (y trabajar más o menos lo mismo). Pues bien, la lógica interna del desarrollo capitalista requiere que su expansión productiva redunde principalmente en aumentos de la producción y consumo, y no en mayor tiempo libre.
“La lógica interna del desarrollo capitalista requiere que su expansión productiva redunde principalmente en aumentos de la producción y consumo, y no en mayor tiempo libre”.
El mecanismo tiene los siguientes componentes: primero, los capitalistas, en su afán de lograr el máximo nivel de utilidades, buscan desarrollar nuevas y más eficientes formas de producción. Segundo, quienes logran hacer estos progresos en productividad requieren rentabilizar su inversión vendiendo lo máximo que puedan de su producto, ya que no les sirve (o les sirve menos) vender lo mismo que antes, pero produciendo de forma más eficiente. Tercero, lo anterior requiere desarrollar en los potenciales consumidores un interés cada vez mayor de consumir más y nuevas cosas (basta con ver los avisos comerciales), obligando a esos consumidores, por lo tanto, a no bajar sus horas trabajadas para sostener el ritmo de consumo. Si algo se corta en esta cadena, el motor de la expansión productiva capitalista se pone en riesgo.
El análisis anterior tiene un alto nivel de abstracción, pues obviamente hay variantes del capitalismo donde se trabaja más (Estados Unidos) y otros donde se trabaja menos (Europa), pero eso no pone en cuestión —como se apunta en el párrafo anterior— que la lógica de la dinámica capitalista que explica sus sucesivas revoluciones productivas sea también la que explica su sesgo anti-tiempo libre. Son decisiones políticas, que conscientemente ponen límites a esa lógica capitalista, las que han permitido en el caso europeo lograr que una parte más significativa de esta expansión productiva redunde en más tiempo libre.
Dicho lo anterior, me permito una digresión metodológica. El hecho de que esta forma de medir el desarrollo económico beneficie la valoración normativa del capitalismo no es razón suficiente para pensar que es su funcionalidad al capitalismo lo que explica su existencia. Pensar de esa manera es, en mi opinión, una forma muy peligrosa de hacer ciencia social (y también de hacer análisis político).
Con todo, me parece que es crucial buscar formas más razonables y menos sesgadas de medir el desarrollo económico, más cercanas al desarrollo humano. Acá sólo he puesto el acento en una de las dimensiones olvidadas, pero hay muchas otras, como las vinculadas al medioambiente, al trabajo reproductivo o a la salud de los individuos. Y no es que tengamos que partir de cero, ya que hay abundante desarrollo conceptual en la economía y en otras disciplinas. Sin ir más lejos, los avances importantes que hemos hecho en Chile en la medición de la pobreza, pasando de una medida basada en ingresos a una multifactorial (con enfoque de capacidades), son un claro signo de que es posible medir distinto el desarrollo económico.
(Independientes por la Nueva Constitución) Distrito 10 – Región Metropolitana
Si tuviera que definir en una sola palabra los primeros dos meses del trabajo constitucional sería aprendizaje. Ha sido una etapa llena de sorpresas y emociones. La primera fue Carmen Gloria Valladares, esa funcionaria pública ejemplar que manejó con maestría la ceremonia de instalación. Las manifestaciones en el entorno del Congreso y las sensibilidades a flor de piel podían llevarnos a un callejón sin salida. Pero el espíritu republicano y la responsabilidad democrática de esta abogada le dieron solemnidad a la ceremonia. Logró que se hiciera silencio y cada cual declaró su compromiso con la tarea de escribir una nueva Constitución.
Luego vino la ineficiencia o falta de voluntad política del Ejecutivo con el proceso constitucional. La hoja en blanco había sido entendida como la nada, no solo en el texto sino en la infraestructura. No había computadores, papel, lápices, tampoco basureros. Sin embargo, con el apoyo de la Universidad de Chile y de la Cámara de Diputadas y Diputados, en menos de un mes se levantó de esa nada una nueva institución de la República: la Convención Constitucional.
En pocas semanas, sus 155 integrantes ya habían elegido a una presidenta mapuche, un vicepresidente, siete vicepresidencias adjuntas (dos de ellas con representantes de pueblos originarios), y habían formado ocho comisiones temáticas para comenzar a trabajar. Un mes después, la Comisión de Reglamento recibió la tarea cumplida para armonizar un documento que debe pasar por la aprobación del Pleno.
Sigo tan optimista como el día en que el Tricel comunicó oficialmente mi elección como Convencional Constituyente. He sido partícipe de un ejercicio democrático como nunca antes en nuestra historia. La Convención reúne a un conjunto plural y diverso, que refleja la complejidad de nuestra sociedad en toda su dimensión. Esta amalgama de historias de vida, experiencias, cosmovisiones, ideologías, religiones, ha ido conformando un todo armónico para dar forma a la institucionalidad constitucional.
Es en esta institucionalidad, en la que cada cual va encontrando su espacio, su manera de relacionarse con el otro, de asombrarse con vivencias insospechadas, de enriquecerse con nuevos conocimientos. Lentamente, la rigidez de nuestra sociedad se va metamorfoseando, para permitir que participen en el ágora diversos colectivos que durante décadas fueron invisibles para las elites.
Cuando se cumplió un mes de la instalación de la Convención escribí una columna que hablaba de los extraordinarios tintineos que se escuchan en los pasillos y de cómo la norma son los colores, los aros y los adornos en hombres y mujeres. Los ponchos y vestidos cuyas formas y texturas dan cuenta de variados territorios de norte a sur. Un colorido similar a la diversidad de los seres humanos. Esta realidad, cada vez más natural, da cuenta de que ya se inició el cambio profundo que Chile necesita. Algunos siguen incrédulos y enfadados; otros, atemorizados y a la defensiva. Pero el mirarnos a los ojos, reconocer nuestras voces, adivinar una respuesta, permite que empiecen a caer las corazas, surjan complicidades insospechadas y se vayan creando confianzas. Que se pueda trabajar codo a codo, hablar con franqueza y sin resquicios de realidades duras y dolorosas. Así, en conjunto, vamos aprendiendo a dialogar, argumentar y llegar a acuerdos.
(Apruebo Dignidad) Distrito 9 – Región Metropolitana
Lo más complejo ha sido adaptarse a un espacio de deliberación política como este. La diversidad que existe adentro ha implicado descubrir una forma de relacionarse que, personalmente, me es ajena. Viniendo de organizaciones sociales y del activismo, incluso aunque sea militante, no me había tocado tener una experiencia de este tipo, entender las dinámicas y las lógicas de las relaciones políticas. Ha sido un gran aprendizaje. Lo más difícil es estar con gente de la que no se sabe qué esperar. Si tengo al frente a una persona de derecha, sé inmediatamente cuál es su postura, sin embargo, hay gente de centro que en algunas cosas se inclinan para un lado, en otras para otro, y eso representa una gran complejidad en las conversaciones y los acuerdos.
Una de las sorpresas gratas ha sido conocer gente independiente, de otras regiones, de otras listas y colectivos políticos. Hemos podido construir relaciones muy buenas; hay muchas mujeres increíbles, llenas de fuerza y convicción. El trabajo más intenso ha sido el de la Comisión de Reglamento, donde comparto con gente muy aplicada, con muy buenas ideas. Este es un un espacio donde la mitad somos mujeres, algo novedoso. Por eso pienso mucho en mis compañeras que están en el Congreso y en lo tremendo que debe ser estar en un espacio tan masculinizado.
Ser parte de este proceso histórico es importante y lo vivo en el día a día, tratando de superar mis estándares de exigencia. Trato de mantener un contacto muy fluido con la gente, especialmente de mi distrito, y es un trabajo que consume muchísimo tiempo. Fuerzo mi agenda a tener espacios de conexión con la ciudadanía e ir a asambleas, y no es sencillo por el ritmo que tiene la Convención, que es brutal. Nuestros horarios de trabajo son sin parar de mañana a noche, fines de semana completos. A todas y todos nos ha pasado que vemos menos a nuestra familia y amistades. Vivo con mi compañero, no tengo hijos, pero sí una gata: la Abogata. Pienso en mis compañeras que son madres y mis compañeros que son padres o que ejercen labores de cuidados y la incompatibilidad de eso con este ritmo. No podemos permitirlo, porque las que se van a ver más afectadas serán las mujeres. Si nosotras no somos capaces de moderar esto de alguna forma, ellas tendrán que empezar a marginarse de espacios de reunión y eso es tremendamente injusto. Creo que no estamos dando un buen ejemplo sobre lo que es tener una política de cuidado dentro de la CC, y eso es grave. Avanzar en eso es clave.
Mi gran batalla es la Constitución feminista. Obviamente, son varios los otros asuntos en los que he puesto mucho énfasis, sobre todo en los derechos sociales, pero creo que mi gran batalla es introducir la perspectiva de género de principio a fin en el texto constitucional.
(Insulares e Independientes) Distrito 26 – Región de Los Lagos
Mis principales recuerdos de los primeros días son los cantos y gritos de la gente que fue junto a nosotros desde Plaza Dignidad hasta el ex Congreso Nacional, como símbolo del acompañamiento que realizarían a sus representantes populares y al proceso en general. Nuestra primera dificultad fue sesionar. Parecía mentira que no estuvieran las condiciones mínimas para el funcionamiento después de tantos meses de preparación. Era la señal más patente de que esto no era de consenso para los poderes constituidos y de lo difícil que sería todo el proceso.
Las anécdotas más divertidas venían de los convencionales de zonas aisladas y extremas, de los extensos viajes que tuvieron que hacer para llegar hasta ahí, algunos por mar y tierra, otros que no podrían volver a sus territorios durante todo el proceso por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. Les comenté a mis compañeros que no podría acostumbrarme jamás a la capital, que no me gustaba la idea de acomodarnos en el Ex congreso ni en Palacio Pereira. Semanas más tarde me convertiría en la coordinadora de la comisión de descentralización y organizaríamos junto a Cristina Dorador y 17 convencionales de regiones, el primer despliegue territorial de la Convención.
El significado de ser parte de este proceso estuvo claro desde el primer día en que salí a marchar por una nueva Constitución en octubre de 2019. Este proceso democrático y deliberativo es lo más relevante que ha ocurrido en los últimos 40 años del país, para mí representa una instancia que se debe defender a fuego, una instancia para buscar la anhelada justicia y dignidad por la cual luchamos nosotros y nuestros antepasados, para hacerlo junto a la gente y no entre cuatro paredes.
El choque entre las expectativas y la realidad es entender en la práctica, que tanto los poderes constituidos como los partidos del orden, la prensa y las elites políticas y económicas de este país no solo no comparten la creación de una nueva constitución (que era de esperarse) si no que se empeñaran en entorpecer el proceso constituyente.
Para mi territorio es prioritaria la descentralización efectiva, y por ende, lo es también para mí. Buscamos avanzar en autonomías políticas, económicas, tributarias, fiscales y legislativas que le otorguen a los territorios la posibilidad de salir del olvido y la invisibilización, para poder tomar decisiones pertinentes a sus realidades.
