Aunque desde los orígenes de la República se consideró a la ciencia, fue a partir de la formación de la Corfo, en 1939, que se instaló la idea de que la ciencia y tecnología es central para el desarrollo del país. A partir de ese momento se generaron grandes debates sobre política científica y tecnológica, sobre industrialización y desarrollo, que se desplegaron en dos perspectivas divergentes. Por un lado, en torno a la ciencia (básica), la educación universitaria y la cultura, impulsada fundamentalmente por quienes «investigaban» en las universidades y por los jóvenes doctorados que venían llegando al país, que conformarán la elite científica. Bajo esta mirada se crearon instituciones como la Academia de Ciencias, las facultades de ciencias y Conicyt. Por otro lado, se desarrollaron las aplicaciones de la tecnología y la ciencia a la industria y el desarrollo económico. En esta línea, se multiplicaron los institutos de investigación del Estado y comenzaron debates impulsados por investigadores aplicados, ingenieros y economistas al alero de instituciones como Corfo, Odeplan y agencias internacionales como Cepal.
Instauración, desarrollo y
consolidación del modelo actual
El
golpe de 1973 truncó ese debate y la CyT perdió prioridad con el régimen
dictatorial. A poco andar, la noción de eficiencia económica comenzó a invadir
todos los campos. La elite científica se centró en resaltar la relevancia de la
ciencia para la cultura y la educación universitaria. La dictadura desmontó la
ciencia como asunto institucional y social, quitándole el financiamiento a las
universidades, y la transformó en un asunto competitivo individual (proyectos Fondecyt, 1982), un modelo orientado a
conformar a los científicos ya instalados y que introducía la idea de que el
desarrollo de la ciencia se mide por el número de científicos y de papers que estos
producen.
La
tecnología, por su parte, se desentendió de la estrategia de país y se concibió
como un bien de capital para las empresas privadas, como un commodity importable y, a lo más,
«adaptable» a las necesidades. En paralelo, se truncaron los
esfuerzos por desarrollar una base tecnológica nacional con el desmantelamiento
de los institutos de investigación del Estado.
Los
gobiernos posteriores a la dictadura continuaron con el modelo y crearon
diversos programas e instrumentos que impulsan proyectos más prolongados y con
mayores recursos, como los Fondap (1997,
dependientes de Conicyt), la
Iniciativa Científica Milenio (2000, dependiente de Mideplan), los Centros Basales y Consorcios Tecnológicos
(2004, dependientes de Conicyt) y los
«Centros de Excelencia» (2006, dependientes de Conicyt). Aunque algunos de estos
programas apuntaban a temas país, las métricas de evaluación y la lógica individual
prevalecieron. Así, importantes recursos públicos se concentraron en la elite
científica y en pocas unidades, apuntando progresivamente a crear grandes
empresas científicas con lógicas esencialmente privadas, produciendo un natural
conflicto con las universidades proveedoras de infraestructura, formación y
estudiantes.
En
el ámbito de la tecnología también continuó el espíritu de las políticas de la
dictadura. Una prueba de esto es el hecho de que la matriz productiva chilena mantuviera
(¿o profundizara?) su sesgo extractivista y la baja complejidad productiva del
país. El modelo ahondó la dependencia tecnológica al extremo de diseñar
programas para financiar la «atracción» de centros de excelencia
internacional (2009) y emprendedores extranjeros (Startup Chile, 2010).
Consecuencias del modelo y
sus políticas científicas
En
las políticas, el quehacer científico se redujo a cuatro variables: prestigio
internacional, número de científicos, número de papers y eficiencia
empresarial. Ellas aseguraban esencialmente que (la elite de) el país pudiera
frecuentar clubes internacionales. No importó el evidente empobrecimiento
reflexivo y disciplinar de la academia ni menos el abandono de la búsqueda de
respuestas a los problemas del país.
El
sujeto “científico” se modeló como un emprendedor eficiente, guiado por
rankings de prestigio y «excelencia» internacional. Esto benefició
individuos y unos pocos grupos, que concentraron los recursos y el poder. Más
abajo, invisibilizado, quedó el grueso de «colaboradores», en el cual
está la mayoría de los jóvenes científicos y científicas, con una carrera insegura,
un trabajo y vida precarios y un futuro profesional incierto.
Disciplinariamente,
se privilegiaron ciertas áreas, no en función de un plan país, sino por
mecanismos de mercado y de influencias. En particular, las ciencias sociales fueron
sometidas a métricas que desincentivan el estudio de la sociedad local y sus
problemas. Es paradigmática la irrelevancia de la ciencia social «oficial»
(de los grandes centros) para prever el estallido social del 18 de octubre.
Propuestas mínimas para una
futura política de CyT
De
lo anterior se deduce que los problemas de CyT en Chile no son sólo ni
principalmente presupuestarios, como se ha hecho tan común afirmar. Es
indispensable:
1.
Democratizar la toma de decisiones en CyT para incorporarla participativamente
en todos los insterticios del Estado y la vida del país. Es crucial buscar
mecanismos para que la comunidad científica y la sociedad toda participe y decida
sobre las políticas cientifícas.
2.
Reestructurar las relaciones entre ciencia y tecnología. Se debe romper el muro
histórico existente en Chile entre la formación técnica y la educación
universitaria, y repensar la relación entre los centros de investigación
(excelencia), los institutos de investigación del Estado y de las FF.AA.
3.
Redireccionar el modo de producción del conocimiento. Esto significa desmontar
la concepción tecnocrática y cortoplacista de la ciencia, guiada por incentivos
e indicadores basados en factores externos, e incentivar la diversidad del
pensamiento y líneas de investigación, el desarrollo estratégico y la ligazón
con la academia.
4.
Terminar con la inaceptable división entre científicos de elite que concentran
prestigio, dinero y poder, y que definen la agenda y los modos de producción de
conocimiento, y «colaboradores» o científicos precarizados
(usualmente jóvenes) con contratos a honorarios y temporales, sin posibilidades
de desarrollar sus propias ideas ni una carrera científica.
Planteamos estas ideas como una contribución al necesario debate que debemos tener como país respecto de la CyT en el marco del proceso constituyente que vivimos.
Mercedes López, Doctora en Ciencias Biomédicas y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Claudio Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Computación y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
*Esta es una versión resumida de un trabajo de lxs autorxs que contiene todo el aparato académico (datos, referencias, citas, etc.) que por razones de espacio no incluimos aquí.
Dentro de las causas del estallido social que nuestros jóvenes gatillaron hace ya seis semanas, la salud es una dimensión que ocupa un lugar central en las demandas. En muchas de las pancartas se plantean consignas que reflejan las insuficiencias del acceso a una atención de salud oportuna, continua, humanizada y de calidad, pero también que el sistema social, político y económico en el que vivimos condiciona nuestra salud de manera integral y fundamental. Desde la salud pública, hace muchas décadas que la evidencia señala que son las determinaciones sociales la fuente más importante de enfermedad o de protección frente a ella, poniendo alertas sobre la necesidad de políticas públicas que promocionen en todo orden y desde los distintos sectores, la salud y el buen vivir, abordando determinantes sociales de la salud. Sin embargo, los logros económicos se han puesto progresiva e insensiblemente por delante de los indicadores del bienestar humano y colectivo. Una de las consignas que resume el discurso del malestar es: “No era depresión, era el sistema”. Frases como esta resuenan para los y las salubristas que han venido encendiendo las alarmas respecto de las cifras de depresión y otros trastornos de salud mental en la población chilena y sus vínculos con ejes de desigualdad social, por ejemplo, género, ya que las mujeres doblan en cifras de prevalencia en varios trastornos a los hombres.
Hablando del sistema, la penetración
de la doctrina neoliberal en nuestra sociedad se relaciona con la falta de
protección del Estado ante garantías de derechos sociales fundamentales, como
educación, salud, trabajo, pensiones dignas y muchas otras necesidades, hasta
las más básicas para la vida humana. El alcance de estos derechos en Chile está
limitado por lógicas de mercado que abandonan a los individuos a sus propias
posibilidades de satisfacer sus necesidades. Este diseño de sociedad se ha ido
adueñando progresivamente de todos los espacios, y lo ha hecho sobre la base de
la generación de niveles inaceptables de desigualdad, con brechas insostenibles
entre una gran parte de la población cuya vida se ha precarizado, frente a
reducidos grupos privilegiados vinculados al poder económico que disfrutan con
creces de un buen vivir.
En este contexto, hoy en la discusión
ciudadana ha emergido fuerte y claro el derecho a la salud como un derecho
social que debe ser reconocido en nuestra Constitución, que no admite dudas
sobre el deber del Estado de garantizarlo. La salud, cuyo concepto se ha
medicalizado en extremo, debe aproximarse más a la noción de bienestar integral
y no sólo a la ausencia de enfermedad. La necesidad de un cambio sustancial del
articulado que aborda esta materia tiene que ver con que el texto actual de
nuestra Carta Fundamental sólo establece el derecho a la protección de salud a
través del acceso a un sistema de atención de salud y sus acciones. Su
modificación debe apuntar a la salud que se construye en la suma de las
condiciones sociales, culturales y económicas, y es el Estado quien debe
garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para su ciudadanía. Otro
punto fundamental que hay que desmantelar en la Constitución es la dualidad de
la respuesta frente a las necesidades de salud, lo que instala una elección
obligada entre el sistema público o privado, a partir de la cual las personas
deben suscribir y, más gravemente, aportar su contribución a la seguridad
social en un sistema u otro, lo que resta solidaridad y capacidad redistributiva
a la salud. La sociedad chilena tiene en el cuerpo casi cuarenta años de esa
dualidad, que hace evidente y demostrable que la elección no es tal y cuyo
resultado ha sido el debilitamiento del sistema público de atención en desmedro
de su capacidad de responder integralmente a las necesidades de salud de toda la
población, particularmente la beneficiaria de este sistema, que es más del 75%
de los/as usuarios/as a nivel nacional.
En esa vereda, el sistema público
concentra a población de mayor edad y que producto de los determinantes
sociales y sus interseccionalidades —como ser mujer y a la vez adulta
mayor e indígena— es también la población con mayor
carga de enfermedad y necesidades más complejas. El mercado de la salud y las
reglas del juego, Isapres mediante, ha favorecido el crecimiento de un sector
privado, concentrando los aportes a la seguridad social del 15% de la población
que corresponde a la más sana y con más recursos. Adicionalmente, a este sector
privado van a parar ingentes sumas de dineros públicos que no sólo enriquecen
al sector privado, sino que pauperizan al público, incrementando la desigualdad.
El avance hacia un sistema público
universal de salud que para su financiamiento y el fortalecimiento de su red
pública de atención cree un fondo mancomunado, reuniendo los aportes a la
seguridad social de todos/as los/as ciudadanos/as y los impuestos generales, es
la alternativa que comienza a visualizarse en las discusiones de cabildos
ciudadanos, incluidos los que están siendo organizados por organizaciones como Acauch, Ces
y Afuch en alianza con la Escuela
de Salud Pública y otras unidades de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile. La red pública de salud chilena es sin ninguna duda una de las
mejores en su diseño y posibilidades en la región, y cualquier medida debe
comenzar por fortalecer sus recursos y recuperar su funcionamiento integrado, con
el objetivo de que las personas tengan en su territorio las posibilidades de
atención accesible, resolutiva e integral concebidas en el modelo de atención,
con eje en atención primaria, y de desarrollar estrategias de promoción y prevención
de la salud comunitaria, que actualmente tenemos en la teoría y que
efectivamente podríamos brindar si creamos un sistema universal de salud capaz
de responder como un todo integral y coordinado.
El llamado ciudadano es a encontrar, en esta construcción, formas que cambien y abandonen modelos donde el lucro con la enfermedad siga siendo posible. Desde la salud pública se tiene la obligación de pensar fuera de los límites del modelo actual a través de una amplia discusión social que abra espacios para construir caminos que nos puedan llevar, como sociedad, a una respuesta sanitaria a la altura de lo que el momento histórico nos demanda. Chile despertó y las fuerzas sociales están disponibles para participar activamente en la construcción del sueño colectivo, donde la negociación de las expectativas de todos/as ocurra no en las cúpulas y en la superficie, sino en comunidad, en los barrios, en la calle, en el contexto democrático que sin duda se está instalando y se instalará con la construcción de un poder constituyente. En ese diálogo democrático y participativo, el análisis profundo de los significados de estas modificaciones a la estructura del sistema de salud debe permitir comprender a todes las ventajas que tendrá para la ciudadanía destinar sus principales esfuerzos a una forma de hacer sociedad en la que sin exclusión tengamos lugar equitativamente en el aporte y también en los beneficios.
Los problemas denominados de “salud mental” aparecieron referidos con fuerza este año al interior de la vida universitaria. Se trataba de la expresión a nivel subjetivo y psicosocial de un malestar colectivo e individual que durante años ha sido el resultado de un modo de vida implantado por lo que denominamos la “condición neoliberal”. Más allá de —o junto a— las cifras epidemiológicas frecuentemente citadas que reclaman, entre otras cosas, políticas públicas acordes a los necesarios recursos para abordarla, la salud mental en Chile expresa condiciones colectivas producidas políticamente, y cuyo abordaje requiere al mismo tiempo la especificidad de prácticas situadas y de cuidado, como el reconocimiento de que una vida mejor, “digna de ser vivida”, como aparece frecuentemente en las paredes de esta ciudad en crisis, exige transformaciones sociales y culturales de más amplio y profundo alcance.
Tal como ocurriera con la revuelta feminista del 2018, se incorporaban así —con las demandas estudiantiles por la salud mental— otras dimensiones de la desigualdad, del abuso o de la violencia, referidas hasta entonces —y con razón— a las condiciones estructurales e institucionales propias a ese estado de cosas, producido violentamente a partir de un golpe de Estado que implantó “experimentalmente” no sólo una lógica política basada en la acumulación financiera y la falsa expectativa de un acceso masivo al bienestar que produciría este “modelo” (que a estas alturas, estamos claros, de modelo no tiene nada), sino un sentido común anestesiado por las promesas incumplibles del modelo y/o un descrédito progresivo de la representación política a expensas de un malestar que sólo por la vía de la indignación activa alcanzaba periódicamente formas masivas de acciones de revuelta y de movilización.
“La salud mental en Chile expresa condiciones colectivas producidas políticamente, y cuyo abordaje requiere al mismo tiempo la especificidad de prácticas situadas y de cuidado, como el reconocimiento de que una vida mejor exige transformaciones sociales y culturales de más amplio y profundo alcance”
El abordaje de tales problemáticas quedó en cierto modo interrumpido —o, como comentaremos, desplazado hacia otras dimensiones— por el estallido social que reclama otros esfuerzos de trabajo y de acción, en el marco de una crisis no sólo social sino, sobre todo, política. Un cierto adormecimiento producido por las expectativas de acceso a mejores condiciones de vida —a través de un endeudamiento creciente de las capas medias y una precarizacion extrema de los sectores más vulnerados— mantuvo latente un estado de malestar que sólo explotaba cada cierto tiempo —por ejemplo, con las revueltas por la educación pública en el 2011— para luego decaer a partir del mínimo impacto en las políticas públicas y de un sistema político deslegitimado.
Crédito: Fabián Rivas
Como una síntesis de ambos procesos —crisis de las políticas públicas referidas al acesso a condiciones de salud, previsión, educación, laborales, entre otras— y, por otra parte, como una cuestión referida a las condiciones de género y de etnias, asociadas no sólo a expectativas socioeconómicas sino directamente culturales, el estallido social de este año vino a explotar bajo la forma de la indignación y de la indignidad. No es casual que sea bajo esa forma que aparezca el conflicto social hoy, porque de algún modo pone en cuestión la dimensión ética de una política que hasta ahora era comandada sólo por intereses económicos o donde la política ha sido reemplazada a menudo por la fuerza pura. La dignidad —o la indignación—, el abuso y la desconfianza, la corrupción, la violencia desatada como represión en el marco de una violencia estructural denegada, son nociones que apuntan a una dimensión del malestar que no se resuelve en la lógica simple de expectativas de desarrollo y su eventual satisfacción. Cuestión que no está alejada del problema así llamado de “salud mental”, en la medida en que sus mayores “trastornos” (que habría que considerar también como formas de resistencia) resultan menos de exigencias de emprendimiento para vivir mejor que de una percepción, ahora expresada elocuentemente, del menoscabo flagrante de los derechos, de la publicidad impúdica de la mentira institucionalizada, del quiebre de un pacto social basado en la denegación, la impostura y la arrogancia. Y del abuso, que es la síntesis más evidente de lo que vivimos hoy.
La
lógica liberal supone —y
esto forma parte de la declinación subjetiva, individual del malestar— que la
sociedad se organiza en función de intereses individuales, donde el marco
normativo e institucional de la democracia ofrecería condiciones generales de
convivencia y desarrollo. Pero lo que olvida esta lógica es que el estado de
cosas, construido historicamente, establece inequidades de base, naturalizadas,
donde su eventual reducción sólo podría ser el resultado de una transformación
profunda de la política social y de sus instituciones. No hay libertad
individual —menos
colectiva—
posible sin un marco que otorgue legitimidad y reconocimiento a un proceso
colectivo que requiere conducción política para la transformación radical del modelo.
El problema de la así llamada “salud mental” pone en juego en la esfera de la experiencia subjetiva y psicosocial condiciones que son propias a la sociedad y a la cultura. La individualización del malestar es tanto la expresión de imperativos basados en una ideología que exige a los individuos lo que la política colectiva desconoce, política colectiva que es el fundamento histórico de la noción misma de invididuo (social), ahora reducido a un consumidor, obligado a un emprendimiento que a falta de condiciones básicas —pensiones y salarios dignos, condiciones laborales respetuosas, cuidado garantizado para niños, ancianos, personas en situación de discapacidad física o psicológica, entre muchas otras condiciones más— como de un espacio de resistencia que visibiliza las demandas no sólo de mejores condiciones de vida en lo material y social, sino de reconocer y transformar un modo de vivir implantado violentamente que hace del abuso una práctica cotidiana y frecuentemente denegada.
La etapa postdictatorial chilena se ha caracterizado por un continuo de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, lo que se refleja en dos situaciones constantes y sistemáticas. Por un lado, la violencia política sexual (VPS) y, por otro, la impunidad en crímenes cometidos en contra nuestra. Ambas realidades se retroalimentan en una ordenación neoliberal y patriarcal que sólo puede ser desestructurada por nuestra propia acción.
La VPS ha sido definida como aquella acción
violenta de carácter sexual o sexista, dirigida contra las mujeres por el hecho
de serlo, y que busca desanimarnos de participar en política, como señaló en
2016 el National Democratic Institute, menoscabando o anulando nuestros derechos.
Al extender el análisis, podemos señalar que la VPS cumple un doble objetivo: castigar
a las mujeres, jóvenes, niñes y disidentes sexuales por su participación
pública, eliminándoles de la misma, y permitir con ello que los grupos
privilegiados dominen a los pueblos, con un especial ataque a las etnias, razas
y clases consideradas peligrosas, y en específico a las mujeres pertenecientes
a tales identidades. Como consecuencia de esta agresión, no sólo se logran tales
objetivos, sino que además se impide que mujeres y niñas podamos influir en el
foro público y que aportemos con nuestras propuestas políticas a la eliminación
de las estructuras de dominación y opresión.
“Si ante el temor que nos genera la violación nos protegemos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos participar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad?”
Las razones por las que el castigo político durante conflictos armados ha sido dirigido hacia el cuerpo-mujer se encuentra en la significación que se le da a nuestra sexualidad y nuestra posición como género en la sociedad (Catherine MacKinnon). Es el peligro que representamos como extensión de la vida y resistencia a la muerte lo que se intenta anular. Y es por ello también que la VPS puede abarcar a cuerpos identificados con aquello que difiere del cuerpo-varón hegemónico (blanco, heterosexual y rico), a fin de castigarles por su feminización, o bien feminizarlos para otorgarles el menor valor que el patriarcado asigna al cuerpo femenino. Así, la VPS en conflictos con alto grado de violencia, como el que estamos viviendo desde el 18 de octubre en Chile, se realiza a través de actos colectivos, públicos y no aislados, muchas veces asociados a otras humillaciones específicas dirigidas contra aquella otra identidad desvalorada que la persona agredida posee. La VPS revela, entonces, un modus operandi en su masividad y asociación a otras formas de violencia. Por eso no es de extrañar que en Chile los ya al menos 70 casos de VPS denunciados al Indh vayan aparejados de ya más de 250 mutilaciones oculares a manos de Carabineros.
Crédito: Amanda Aravena – Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
No obstante, lo más complejo para mujeres y niñas no es que la VPS se trate de una estrategia dirigida en nuestra contra. Se ha documentado que en acciones de guerra, como las ocurridas en Vietnam, los soldados, tras violar y asesinar a mujeres, al ser interrogados indicaban que habían recibido órdenes de matar pero no de violar. Esto implicaría que la VPS como tipo penal internacional puede cometerse como estrategia (bajo órdenes) o como una práctica tolerada por el contexto social (Elizabeth Jean Wood). Pero más allá de los tipos penales, lo preocupante es que, siendo la VPS una práctica tolerada por la estructura social, lo sea en cualquier tiempo y no sólo en tiempos de guerra o crisis. He ahí el carácter político per se de la violación sexual, “un proceso consciente de intimidación por medio del cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor” (Susan Brownmiller). Si ante el temor que nos genera la violación nos protegemos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos participar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad? Por ello, que la VPS ocurra permanentemente en tiempos de la llamada “paz”, como demuestran las 284 denuncias de violencia sexual cometidas contra mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas entre 2010 y 2018 (El Desconcierto), y el 44,4% de parlamentarias a nivel mundial que han recibido amenazas de muerte, violación o palizas (Unión Interparlamentaria), es altamente peligroso. La impunidad, así, está asegurada.
«La persistencia en nuestra lucha, que nos ha permitido nombrar la VPS cometida por el Estado, hoy más preocupado de la destrucción del capital que de la vida, nos permitirá seguir saliendo a las calles a mujeres y niñas»
Finalmente, el ciclo de impunidad se cierra en VPS cuando hombres del mismo grupo atacado participan en las violaciones, como se documentó respecto de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en tiempos de Fujimori en Perú. Si la basurización de nuestros cuerpos (Rocío Santiesteban) es confirmada por nuestros propios “aliados”, la expulsión de nuestras vidas del debate político se sella. Entonces, que no sepamos las cantidades exactas de agresiones sexuales en conflictos como el de Guatemala (1.400 a 9.400) o Yugoslavia (14.600 a 60.000) o que sólo se haya llegado a una miserable condena en Chile por tortura “con connotación sexual” durante la dictadura de Pinochet, es parte de la misma VPS como práctica socialmente tolerada.
Crédito: Amanda Aravena – Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
En este escenario, sin embargo, la politicidad de las mujeres ha sido fundamental para denunciar la impunidad, que impide tanto castigar a todos los violadores de DD.HH. tras 1973 como conocer las razones de las muertes de muchísimas mujeres catalogadas por el Estado como “hallazgo de cadáver” o incluso suicidio, pese a ser encontradas flotando en ríos, con bolsas plásticas en su cabeza, quemadas o envenenadas (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres). La persistencia en nuestra lucha, que nos ha permitido nombrar la VPS cometida por el Estado, hoy más preocupado de la destrucción del capital que de la vida, nos permitirá seguir saliendo a las calles a mujeres y niñas. Nos permitirá encontrar los cuerpos de Tanya Aciares de Copiapó y Paola Alvarado de Curacautín, asesinadas por violadores y femicidas antes del estallido social, y que el Estado de Chile se niega a buscar. Nos permitirá, en definitiva, seguir construyendo nuestra propia justicia.
Escribir estas líneas en un clima enrarecido por la falta de respuestas a tono con la profunda crisis de las instituciones del país, con los derechos humanos atropellados, mientras continúan las llamas, los saqueos, y —sobre todo— la incertidumbre, es un ejercicio difícil.
Pero en el intento de encontrar las hebras
que ayuden a comprender lo que ha ocurrido —y
sigue ocurriendo— aparece el grave deterioro de la educación
pública y las continuas protestas de los estudiantes y profesores que lo venían
señalando desde hace años; las deudas acumuladas por los créditos y las que se multiplican
por los incentivos al consumo de cualquier cosa; las paupérrimas pensiones que
entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los que prometieron
hace casi cuarenta años jubilaciones fabulosas; los innumerables y agotadores problemas
de la salud pública, incluyendo los elevados precios de los medicamentos, y los
de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres); la falta de viviendas
dignas y las ciudades segregadas.
Todo eso es parte del conjunto de duras
secuelas de esas políticas económicas impuestas en dictadura que se mantuvieron
en las décadas siguientes y a las que nos acostumbraron a aceptar como la
manera de lograr el crecimiento y la «estabilidad democrática».
Sin embargo, la desigualdad y la
estratificación social, así como el individualismo y el abuso en sus diferentes
formas, fueron emergiendo dentro del poco feliz legado del «modelo»
que por aquel entonces llamaban «de economía de mercado» y al que hoy
se define como neoliberal. Si se analiza el asunto más en profundidad, habrá
que admitir que también la delincuencia y el narcotráfico —en
aumento en los últimos años— se relacionan con las consecuencias de ese
estado de cosas generado por el trasfondo de injusticia social y falta de
oportunidades de miles de jóvenes.
Libros, informes y cifras estaban dando señales de alerta que no fueron escuchadas. La más comentada post 18 de octubre es la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su publicación Desiguales, editada en 2017, ratificó que el 33% del ingreso que genera la economía chilena, lo capta el 1% de la población. Y, a su vez, casi el 20% se lo lleva el 0,1% más rico. Otro récord ingrato que se suma a los de alcoholismo, drogadicción, suicidios y enfermedades mentales del país que hasta hace muy poco era considerado por el presidente de la República como «un oasis».
Ilustración: Fabián Rivas
Una historia de más de 40 años
Se ha sostenido que el estallido social del 18 de octubre no fue por 30 pesos sino por 30 años. Sin embargo, podría corregirse esa apreciación: la historia indica que la raíz del asunto va aún más atrás y se remonta a casi 40 años o incluso varios más: al principio de la dictadura, cuando un grupo de economistas provenientes de la Universidad Católica convenció a los altos oficiales uniformados de aplicar lo que fue conocido como «El ladrillo», con las líneas fundamentales de lo que sería su modelo de desarrollo.
En 1981 el plan adquirió formas concretas cuando empezó a regir la Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán Errázuriz, el líder del gremialismo, con el objetivo de perpetuar para siempre la dominación política y económica instalada en dictadura. Ese mismo año fundacional se estrenaron las controvertidas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y las Isapres, que acumulan utilidades en el negocio de la salud privada hoy ampliado a clínicas, laboratorios y otros «servicios». El mismo año se dio el impulso a las «reformas» de la educación superior que castigaron a la Universidad de Chile y a la entonces Universidad Técnica del Estado —las dos únicas públicas—, y sin hacer mucho ruido se dio el vamos a la existencia de universidades privadas e institutos profesionales.
Poco tiempo después vino la municipalización de
la educación básica y media que debilitó la educación pública hasta llevarla a
niveles paupérrimos, y se implantó el nuevo invento de la enseñanza particular
subvencionada que siguió el mismo esquema de voucher con la marca de Milton Friedman que hasta hoy prevalece
también en la educación superior.
Es obvio que en democracia no habría sido posible que esa fórmula alentada por los Chicago boys, los gremialistas —antecesores de la UDI— y resguardada por los militares que acompañaron al dictador hubieran podido implantar esas férreas reglas sin reprimir con dureza a la población. Resulta impensable imaginar siquiera que con Parlamento y Poder Judicial independiente, con prensa libre y con organizaciones sociales como las que hubo alguna vez en Chile se hubiera podido descuartizar la sociedad para generar tan radical experimento.
Como recordaba el economista doctorado en
Chicago Ricardo Ffrench-Davis, Premio Nacional de Ciencias Sociales y
Humanidades, en una reciente entrevista en La
Segunda, «Chile empezó a aplicar el modelo neoliberal casi 20 años
antes de que recibiera su nombre actual». Y agregaba: «Fue pionero y
lo aplicó brutalmente amparado en el miedo que existía en la dictadura».
También comentó algo muy escuchado en esos años 70 y 80, cuando de la mano de
Sergio de Castro y de Miguel Kast los Chicago Boys avanzaban: esta fórmula fue
más extrema que la de Ronald Reagan en Estados Unidos y la de Margaret
Thatcher, la dama de hierro, en Inglaterra.
«La nuestra fue una reforma brutal que liquidó muchas industrias, pymes y empleos. Pinochet no solo terminó con vidas, también creó desigualdad, estructuras desiguales que constituyen un lastre hasta hoy», concluyó Ffrench-Davis.
El saqueo,
Büchi y Larroulet
Llamaron «modernizaciones» a los
ejes de su «modelo». Decían que eran siete y abarcaban casi todos los
aspectos de la vida de las personas. Recurrieron a los fondos de previsión de
los trabajadores para afianzar sus políticas monetaristas y entregarlos a
grupos financieros. Traspasaron miles de millones de dólares del erario
nacional para salvar a los bancos cuando este experimento iba hacia el fracaso
después de la fuerte crisis de 1982, en momentos en que los grupos económicos
de aquel entonces rodaron por los suelos.
Los autores de ese «modelo» completaron
el saqueo al Estado de Chile con la privatización de las grandes empresas públicas
que tomó fuerza a partir de 1985 después de que Hernán Büchi Buc, quien antes
había desempeñado estratégicos roles en el gobierno, asumió como ministro de
Hacienda, en febrero de ese año. Ya el descontento se había manifestado a
partir de las protestas nacionales de 1983 y por esa época aparecían señales de
que la dictadura podía terminar algún día. El traspaso de las enormes riquezas
del país se les hacía necesario para que funcionara la economía y para dejar
asegurado el futuro de los grupos que los sostendrían y se beneficiarían con
él.
Fue así como cayeron la Línea Área Nacional
(LAN), la Compañía de Teléfonos, la Industria Azucarera Nacional (Iansa), las
generadoras y distribuidoras de electricidad, entre las que estaban Endesa —que
además era titular de derechos de agua a través de todo el territorio—
y Chilectra. Entre otras, sucumbió también la Sociedad Química y Minera de
Chile (Soquimich,) hoy conocida por su sigla SQM, que fue a parar a manos del
ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, quien está desde hace unos años en el
ranking de los grandes ricos del país, según la revista Forbes. Sus hijos, es decir, los nietos de Pinochet, acumulan
fortunas en paraísos fiscales, mientras el litio y el potasio producido por
Soquimich se encuentran en sus manos y en las de inversionistas chinos.
Desapareció en aquella época también el
Instituto de Seguros del Estado (ISE) en medio de maniobras que favorecieron a
dos ingenieros comerciales que poco tiempo después dieron vida al grupo Penta,
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los mismos que tras el
controvertido caso de las boletas falsas que reventó en 2015 fueron sancionados
con «clases de ética». Y después de traspasar algunas de sus
pertenencias, acaban de reaparecer como prósperos empresarios inmobiliarios que
buscan hacer negocios con viviendas en diferentes comunas de Santiago. El 11 de
noviembre los Carlos aparecían, por ejemplo, en una crónica de La Segunda en que anunciaban su avanzada
en Independencia, con una inversión por 84 millones de dólares.
Esa ola privatizadora que sobrevino después de la crisis de 1982 también significó la consolidación para grupos de corte más tradicional como los Matte o Anacleto Angelini, que se quedaron con parte de lo que había pertenecido al grupo Cruzat-Larraín, como las empresas forestales y de celulosa que fueron creadas por el Estado. Y Andrónico Luksic, que logró la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y luego continuó con Madeco, el Banco de Chile y empresas mineras como Los Pelambres.
Crédito: Felipe PoGa
“El inmenso saqueo de las riquezas básicas y de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país”
Büchi, quien hoy es miembro de numerosos
directorios y preside la junta directiva de la Universidad del Desarrollo y —entre
otros— integra directorios del grupo Luksic, no
actuó solo. Son muchos los nombres de ingenieros comerciales y civiles, la
mayor parte ligados a la UDI, que surgen al recordar ese periodo y siguen hoy
resguardando el modelo y el botín saqueado.
Uno de ellos es Cristián Larroulet Vigneau,
jefe de gabinete de Büchi durante todo su periodo como ministro de Hacienda,
hasta 1989, cuando renunció para dedicarse ambos a su fallida campaña
presidencial. Después, en marzo de 1990, Büchi, junto al ex ministro de Pinochet
Carlos Cáceres, fundó el Instituto Libertad y Desarrollo, y Larroulet fue
elegido director ejecutivo. Estuvo ahí 20 años, hasta el primer gobierno de Sebastián
Piñera, cuando llegó a La Moneda en calidad de ministro Secretario General de
la Presidencia.
Durante el segundo gobierno de Michelle
Bachelet, Larroulet se retiró a la UDD para volver a La Moneda en marzo de 2018
junto a Piñera, esta vez, encabezando el grupo de asesores del denominado
segundo piso. Y ahí permanece, moviendo los hilos, en este averiado gobierno de
Piñera, en un puesto más oculto pero no con menor influencia.
Ese inmenso saqueo de las riquezas básicas y
de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la
democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin
industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país, dedicada a
trabajar más en los servicios y las finanzas, a competir y endeudarse.
Los
resguardos constitucionales
Todo el entramado político que se fue
construyendo bajo la batuta del fundador del gremialismo, Jaime Guzmán
Errázuriz, iba en estrecha relación con el modelo económico y social ideado y
dirigido por Sergio de Castro, Pablo Barahona, Miguel Kast, Hernán Büchi y sus jóvenes
seguidores como Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y muchos otros.
La Constitución de 1980, aprobada en
fraudulento plebiscito sin discusión abierta, logró en buena medida su objetivo
de prolongar por casi 40 años un estado de cosas antidemocrático y adverso a
las grandes mayorías. Esa Constitución exalta la propiedad privada como el
máximo valor de una sociedad en la cual los ciudadanos se han convertido en
consumidores. Todo en ella está impregnado de la concepción de “Estado
subsidiario” y acarrea la visión economicista y privatista, además de concebir
un poderoso Tribunal Constitucional que oficia de «cuarta cámara»
dispuesta a atajar todo lo que no se avenga con ese modelo.
Además, están las leyes orgánicas constitucionales pensadas y redactadas para que en las diferentes áreas complementen a la Constitución. Y con sus elevados quórums para modificarlas han mostrado cuán rígidas pueden ser las amarras que dejaron puestas quienes ejercieron el poder dictatorial. El Código de Aguas, el de Minería y otras creaciones de ese tiempo han sido complementos importantes para favorecer a una pequeña minoría que se adueñó de lo que debiera ser de todos.
Con
esos instrumentos lograron debilitar el Estado al que le quitaron su rol en la
producción —salvo el caso de Codelco y otras pocas excepciones— y
suministrador de servicios públicos básicos, y le dejaron sin posibilidad de
ejercer su papel regulador, mientras la concentración se hacía cada vez más
presente.
En algunos sectores, como las sanitarias y
los puertos, que se habían librado del traspaso en dictadura, el impulso fue
retomado en los 90. En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se vendieron las
sanitarias y se privatizaron las faenas de la mayoría de los puertos. La
justificación fue la falta de recursos del Estado y las necesidades de
inversión. Lo mismo ocurrió después en el gobierno de Ricardo Lagos con las
concesiones de obras públicas.
También es lo que está detrás del crecimiento sin límites —ni regulación— de las universidades privadas, favorecidas con recursos del Estado que se les otorgan por la vía del subsidio a la demanda orientado a los estudiantes que acuden a ellas, a quienes se les dan créditos o becas. El Crédito con Aval del Estado (CAE), que data de 2006, es elocuente ejemplo de la canalización de esos recursos a las entidades privadas, que ha permitido su notable ampliación de matrícula sin dar garantías de calidad, y que ha comprometido gran cantidad de recursos fiscales mientras disminuía la proporción de matriculados en las universidades públicas.
Crédito: Felipe PoGa
El precio de la atomización
«¿Por qué Chile es Chile?» fue la pregunta que nos plantearon en 2010, el año del
Bicentenario y del terremoto a un grupo de 23 Premios Nacionales desde la
Comisión Nacional de la Cultura y las Artes, precursora de ese Ministerio. Era
el primer año del primer gobierno de Piñera y se publicó un libro con las
respuestas. Cuando escribía este artículo, volví a toparme con ese texto que —creo— viene al caso recordar
por su relación con la raíz de los hechos actuales.
Planteaba en esa oportunidad que «a ojos
vista aumenta la riqueza y el lujo» y unos pocos concentraban cada vez «más
poder económico y cientos de miles quieren seguir los ritmos del consumo de los
más acaudalados, y se endeudan día a día para adquirir la última novedad que
les ofrece el mercado».
Continuaba en ese artículo escrito hace nueve
años: Chile es «un país de consumidores más que de ciudadanos, dicen
muchos. Un laboratorio de experimentos ideológicos, religiosos y políticos de
muy diferente signo para llegar a ser hoy un conjunto de muchos Chiles que se
divisan a lo lejos unos a otros»…
Me referí a los medios de comunicación como «factores
determinantes en esa atomización que experimenta el país cuando conmemora su
Bicentenario». Y agregaba: «En Chile están —salvo muy pocas excepciones— en manos de un solo
sector político y económico: la derecha vinculada a grupos económicos y
financieros (…) Se puede advertir que los medios masivos —prácticamente todos— apuntan en un sentido,
responden a una sola ideología, la de ese mercado que quiere ser reforzado, la
que dictan quienes tienen el poder».
«Esto —continuaba— no solo atenta contra la libertad de
expresión y el acceso de la ciudadanía a la información (…) contribuye a que
Chile sea muchos Chiles fragmentados, y atenta contra el sentido de comunidad
nacional donde unos y otros puedan conocerse y reconocerse. Difícilmente,
entonces, podrán identificarse como un país».
A continuación rescato otros párrafos que
parece adecuado considerar en estos días: «En lugar de integrar a los
ciudadanos y contribuir a generar identidad, la actual estructura de medios de
comunicación es una barrera que se levanta contra los muchos habitantes de este
país que son ignorados, olvidados, censurados o estigmatizados. Un factor de
desunión de los chilenos, de desinformación y de aislamiento entre las personas
que integran los diversos sectores socioeconómicos. Un elemento que potencia la
estratificación social que se ha venido manifestando en forma creciente en las
últimas décadas”.
«Muchas realidades solo se conocen
cuando estallan como conflictos. Ha ocurrido con el histórico tratamiento
medial de la situación en La Araucanía, con la rebelión de ‘los pingüinos’ en
2006, con el reciente malestar de los habitantes de Rapa Nui, por citar algunos
casos».
«Faltan espacios para la información
sobre lo que realmente ocurre en este territorio. Faltan medios que, con ética
y calidad profesional, entreguen versiones distintas a las de la prensa
convencional ligada a grandes grupos económicos. Faltan escenarios donde pueda
haber discusión de proyectos de largo aliento para el país, para la cultura y
el desarrollo de las personas”.
«La situación de los medios y las
‘cortinas’ que se imponen son factores claves para la permanencia de la
desigualdad y la desintegración social y política. Solo se muestra una cara de
Chile: la que interesa a los grupos que han logrado dominar no solo con su
poder económico, sino también con su visión y su manera de imaginar el futuro
del país”.
«La actual estructura de medios de
comunicación contribuye así a perpetuar y agudizar la existencia de ‘Chiles’
incomunicados y aislados. Sin espacios públicos para compartir realidades y
sueños es imposible construir país. Entre los riesgos evidentes de una situación
así está el debilitamiento de la democracia y la agudización de la desigualdad
y de la estratificación social y económica. Y a la corta o a la larga eso no
será positivo para nadie”.
«De no mediar acciones concretas que
impidan que las cosas sigan el curso que llevan, este Chile dividido seguirá
sumiéndose en sus brechas y contrapuntos, seguirá perdiendo su ser más
profundo», decía en los párrafos finales.
Está claro que las acciones concretas no
llegaron a tiempo. Y tal como están las cosas, sin reformas que abarquen el
modelo económico impuesto en Chile en dictadura, sin un rol más activo del
Estado al servicio del bien común y no de unos pocos, y —desde luego— con una nueva
Constitución que las ampare, el resultado será como barrer la basura debajo de
la alfombra. Y más temprano que tarde los innumerables problemas de fondo
volverán a reaparecer. Y los costos que eso tendría para la democracia y para
la calidad de vida de las personas no se miden en dólares.
Para fortalecer la democracia y asegurar el destino del país para los próximos 30 o 40 años, parece ya imprescindible reconocer que el experimento de Chicago fracasó. Y habrá que pensar en serio en construir sobre nuevas bases y criterios un modelo de desarrollo sustentable a tono con los desafíos que plantea el siglo XXI y con los necesarios requerimientos de justicia social.
Por Claudio Alvarado Lincopi | Fotografías: Alejandra Fuenzalida
Hay tres temporalidades que con mucha claridad han sido impugnadas durante el último mes de movilización. Cada una de ellas, entremezcladas y articuladas, habla de nudos históricos que buscan ser desatados por tiempos y subjetividades negadas en la gestación de los vínculos de la comunidad política que es Chile.
Las dos primeras temporalidades que más visibilidad tienen son el pacto del año 88 y el golpe del 73. Cada una de ellas, en su particularidad y acopladas, representa los cerrojos del modelo neoliberal y de la democracia autoritaria. 1973 es la fractura histórica que permitió el asentamiento de un modelo económico de inagotable privatización: el agua, las pensiones, la educación, la salud, casi la vida entera comenzó a quedar regulada por los vaivenes del mercado. No es que todo haya ocurrido en el 73, pero su peso y densidad histórica fue la que contaminó el modelo de desarrollo instalado hasta hoy en el país.
Desde el mismo lugar, el pacto del 88, fundado en el plebiscito del Sí y el No, gestó otro amarre que hoy se busca desatar. La “democracia de los acuerdos” profundizó un tipo democrático profundamente clausurado para los movimientos sociales, donde la participación se resumió al voto, bloqueando cualquier capacidad deliberativa desde los territorios y los pueblos.
“La reivindicación de la wenufoye y la whipala, junto con los hechos de desmonumentalización de figuras icónicas del colonialismo español y republicano, son manifestaciones de un malestar identitario, de una congoja en la configuración de la subjetividad nacional”.
Así las cosas, desde el 18 octubre se viene tensionando el modelo de desarrollo neoliberal y la democracia autoritaria, como sedimentaciones de las temporalidades 1973 y 1988. Ahora bien, hay un tercer tiempo histórico, de mayor densidad, que las movilizaciones han puesto en querella: la larga continuidad colonial. La reivindicación de la wenufoye y la whipala, expresiones simbólicas del pueblo mapuche y los pueblos andinos, respectivamente, junto con los hechos de desmonumentalización de figuras icónicas del colonialismo español y republicano, son manifestaciones de un malestar identitario, de una congoja en la configuración de la subjetividad nacional, de una crisis que busca socavar una herida de profundidades centenarias.
Es que la comunidad política que es Chile se fraguó bajo un principio identitario que ubicó como intereses superiores de la nación aquellos que eran particulares de las elites eurocentradas. Lo nacional chileno se construyó bajo un relato patrio profundamente utilitarista y antropocéntrico, donde el eje hegemónico de la nación quedó enclaustrado en una percepción del bienestar como maximización económica, donde la naturaleza fue establecida únicamente como recurso, y los territorios (sus pueblos y ambientes) puestos como material para la conquista de los fines elitarios.
Esta trama nacional fue el epítome de un proyecto civilizatorio sustentado ideológicamente en la blanquitud. El barroquismo societal fue reducido a una proyección monocromática, profundamente homogeneizadora bajo el espectro de nuestras elites blanquecinas. Fueron ellas los que definieron el eje hegemónico de la comunidad política nacional. Así, los diversos horizontes históricos que llevan otras formas de gobernanza, disidentes percepciones epistemológicas y herejes concepciones éticas, fueron clausurados del relato nacional.
Y es esta densa temporalidad, refundada y en permanente actualización desde el siglo XIX, la que denominamos larga continuidad colonial. El procedimiento de glorificación y anulación obedece a un viejo patrón colonialista: son determinadas vidas, cuerpos y saberes los que engloban los caminos aceptables y honoríficos de la comunidad política, mientras que otras vidas, cuerpos y saberes son edificados como salvajes, inferiores, no capacitados. Los otros de la nación no tienen cabida, sus racionalidades son relegadas, y aquí yacen las vidas indígenas y afrodescendientes, pero también las biografías mestizas y empobrecidas, ese Chile que reivindica el bastión nacional, pero desde una trayectoria disonante a las fórmulas esgrimidas por las elites.
“¿Qué racionalidad y concepción de bienestar se pondrán en debate en este Chile del siglo XXI que se abre ante un proyecto hidroeléctrico o ante un monocultivo de gran extensión? ¿Será únicamente la visión utilitarista y antropocéntrica que ha dominado el debate sobre los intereses superiores de la nación?”.
Y desde esta fractura temporal emerge la plurinacionalidad como escenario y posibilidad. El repertorio de acción desmonumentalizador y la reivindicación de los emblemas indígenas es un reconocimiento de facto de aquellas otras racionalidades que cohabitan Chile, este es el escenario, y desde allí emerge una potencia utópica, una posibilidad que se erige desde una presumible cohabitación abierta al contacto, a forjar un nuevo universalismo sostenido en el abigarramiento societal, renunciando al monocroma eurocéntrico, provincializando Europa, manchándolo de otras trayectorias históricas y divergentes racionalidades. Plurinacionalidad como el reconocimiento de diferentes modos de concepción del bienestar común conviviendo al interior de la misma comunidad política. En este plano, ¿qué racionalidad y concepción de bienestar se pondrán en debate en este Chile del siglo XXI que se abre ante un proyecto hidroeléctrico o ante un monocultivo de gran extensión? ¿Será únicamente la visión utilitarista y antropocéntrica que ha dominado el debate sobre los intereses superiores de la nación? ¿O podremos también poner en la mesa las expresiones cosmogónicas de los pueblos indígenas y las éticas socioambientales que promueven los derechos intrínsecos de la naturaleza? Es esta tensión, la concepción del vínculo humano-naturaleza es quizás la más gráfica para pensar los alcances de la plurinacionalidad, pero, ineludiblemente, debe ser traducida a toda la vida social: educación, salud, habitares colectivos en el medio rural y urbano, etc.
Ahora bien, esto no se trata únicamente de disputas epistemológicas, de divergentes gestaciones narrativas sobre el mundo común, sino que se trata de poder. No es sólo reconocer la existencia de otras formas de comprensión de la realidad, sino entender que aquellas formas puedan convivir de modos simétricos, dado que hoy cohabitan jerárquicamente. Por ello la plurinacionalidad está inevitablemente atada al derecho de la autodeterminación de los pueblos y territorios. Así, la descentralización y gobernanza desde zonas ecológicas e identitarias como horizonte libredeterminista en el marco de la plurinacionalidad, puede ser entonces una propuesta concreta desde los pueblos indígenas para todo el territorio chileno. ¿Acaso los habitantes de Petorca, de Quinteros, de Chiloé, de Aysén o de la población Lo Hermida no encuentran también urgente participar de manera contundente en el devenir de sus territorios? Autodeterminación como profundización de la democracia y plurinacionalidad como convivencia de racionalidades y horizontes históricos.
En fin, en esta imaginación plurinacional caben todos bajo la posibilidad de construir una comunidad política unificada y heterogénea, democrática y descentralizada, que supere por fin las viejas tradiciones decimonónicas para entrar de lleno al siglo XXI, que abraza universalismos contradictorios, unicidades heterogéneas, abigarramientos societales que sepultan el blanqueamiento homogeneizante, el centralismo asfixiante y la violencia monocultural. Debemos avanzar hacia la antropofagia cultural como nuevo horizonte universal.
Quienes en 1990 recuperaron la democracia y sus instituciones, prometieron la alegría administrando un modelo económico que traía enraizada una tremenda omisión. Uno que privilegiaba el mercado y relegaba al Estado a un rol exclusivamente subsidiario. Un modelo que prometía alcanzar el desarrollo del país sin seguridad social. Esto les impidió cumplir con sus promesas.
El mercado no vela por la protección social. No provee los servicios en cumplimiento de los derechos sociales de aquellos habitantes del país que no tienen la capacidad para comprarlos. No genera seguridad social,entendida como la provisión de medidas públicas destinadas a evitar privaciones económicas y sociales que, de otro modo, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Esto también abarca la protección en forma de prevención y asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
La seguridad social se hizo desaparecer con tres medidas implícitas de la dictadura y su Constitución. Primero, la cotización que trabajadores y empleadores aportaban por trabajar e ingresaban a cajas donde el Estado actuaba en calidad de patrocinador, se transformó en una cuota de ahorro de propiedad exclusiva del trabajador y que obligatoriamente se debía depositar en administradoras de fondos de pensiones (AFP) con fines de lucro. Segundo, el empleador se eximió de contribuir al sistema, excepto por una pequeña prima para un seguro de invalidez. Tercero, el Estado asumió el financiamiento del costo fiscal de transitar desde un sistema de reparto a uno de capitalización en cuentas individuales, y se comprometió a regular y supervisar una industria de administradoras de fondos de pensiones.
El derecho previsional asociado al trabajo se cambió por un derecho previsional asociado a la capacidad de ahorro individual de cada trabajador. El trabajador pasó a ser el único responsable de su futuro previsional y mutó desde un ciudadano con derechos a un consumidor de servicios financieros, a merced de una industria a la que se enfrenta con completa indefensión y asimetría de información. Terminó siendo el único responsable de gestionar riesgos que estaban fuera de su control, como son aquellos asociados a la falta de oportunidades de empleo, la caída en la rentabilidad de los fondos y el aumento de la longevidad.
“El mercado no vela por la protección social. No provee los servicios en cumplimiento de los derechos sociales de aquellos habitantes del país que no tienen la capacidad para comprarlos”.
La realidad se impuso a la doctrina. Ya en 2006, las autoridades detectaron que la mitad de los adultos mayores habrían transitado a lo largo de todo su ciclo de vida activa en condiciones de vulnerabilidad y sin capacidad de ahorro. La reforma de 2008 de la Presidenta Michelle Bachelet vino a suplir esta deficiencia con la creación del Pilar Solidario, que ofrecía dos garantías financiadas con impuestos generales. Una Pensión Básica Solidariapara quienes no habían tenido posibilidad de ahorro, y un Aporte Previsional Solidario para quienes habrían ahorrado poco. Sin embargo, dado el carácter subsidiario asignado al rol del Estado, sólo eran garantías para aquellos que, teniendo malas pensiones autofinanciadas, podían demostrar pertenecer al 60% de la familias más pobres. Las prestaciones no constituían un derecho, sino un subsidio focalizado, el cual se otorgaba bajo medidas tecnocráticas de disciplina fiscal e incentivos al ahorro.
La realidad resultó ser más dura aun. Cuatro argumentos bastan para ilustrarlo.
Crédito: Felipe Poga
Primero, los parámetros bajo los que se diseñó el sistema quedaron rápidamente obsoletos. Tanto los ingresos imponibles de los trabajadores como la tasa de cotización del 10% sin aportes patronales, la frecuencia o densidad de cotizaciones con que un trabajador aportaba al sistema debido a la vulnerabilidad en el mercado de trabajo, y la rentabilidad de los fondos de pensiones que convergieron a niveles internacionales, resultaron bajos. Lo que sí aumentó fue la longevidad. Por ende, no era posible que los trabajadores autofinanciaran sus pensiones por sus propios medios.
Segundo, el sistema jamás se adaptó a las características del mercado de trabajo chileno y ha sido incapaz de generar incentivos o superar las limitaciones para que los trabajadores independientes, aquellos a honorarios, con subcontratos y los trabajadores informales coticen en el sistema.
Tercero, el sistema ha carecido de legitimidad en tanto los dueños del ahorro previsional —que son los trabajadores— no tienen ninguna injerencia en la administración de sus fondos. Deben aceptar las regulaciones y supervisiones del gobierno y la gestión de las administradoras de fondos de pensiones, donde no tienen representantes en los directorios.
“La situación en Chile debiera servir de lección al mundo. El mercado no puede suplir a la seguridad social y el desarrollo no puede prescindir de ella”.
Finalmente, al sistema le faltan piezas. Omite la realidad de toda una generación que ya vivió su ciclo de vida activa sin haber ahorrado lo suficiente. Esta generación debió pagar el costo de la transición. Además de financiar sus pensiones, debieron financiar con sus impuestos aquella de quienes permanecieron en el sistema antiguo y las de las Fuerzas Armadas. Es la misma generación que sufrió las consecuencias de la crisis de la deuda por el mal manejo económico de las autoridades y debió laborar en programas de empleo de emergencia (Pem) y en programas de ocupación para jefes de hogares (Pojh). En definitiva, una generación que merece la construcción de un pilar. Uno que los compense mediante ingresos generados hoy, un pilar de reparto solidario y redistributivo, no puramente asistencial.
La situación en Chile debiera servir de lección al mundo. El mercado no puede suplir a la seguridad social y el desarrollo no puede prescindir de ella. El mercado no implementa solidaridad, es miope, y en el caso chileno, dominado por industrias lucrativas que no se ocupan de la gente, no provee los mecanismos públicos para derechos sociales si estos no se expresen en capacidad de compra. Respecto al sistema previsional chileno, haberlo dejado en manos del mercado y una regulación inapropiada, descuidó sus parámetros, su necesaria adaptación a las diferentes condiciones laborales de los trabajadores, su legitimidad y su capacidad de redistribuir y compensar.
Existen argumentos suficientes para ir en rescate de la seguridad social en Chile.
La trágica experiencia de las violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) durante la dictadura cívico-militar generó un acuerdo político y social sobre su centralidad en el diseño de la convivencia democrática y un compromiso explícito con el Nunca Más al terrorismo de Estado.
Estos parecían ser acuerdos profundos en
la sociedad chilena, pero los años fueron demostrando su fragilidad.
Desde el retorno de la democracia comenzó
un lento pero persistente proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH.
como base de la convivencia democrática. Así, los “límites de lo posible” en
materia transicional y los cerrojos constitucionales para satisfacer derechos
económicos, sociales y culturales fueron generando un escenario donde el acuerdo
sobre los DD.HH. dejó de ser un espacio compartido, para transformarse en un campo
de disputa y controversia.
En dicho contexto, la crisis de DD.HH. que vive el país desde el 18 octubre no es un paréntesis histórico lamentable e inexplicable, sino que es la consecuencia del proceso de degradación del acuerdo sobre derechos fundamentales en Chile. El estallido social dio cuenta, precisamente, de la insatisfacción ciudadana con un modelo económico que no resguarda derechos económicos y sociales; reveló evidentes déficits democráticos que no generaban espacios de participación real; y evidenció el desmantelamiento de las formas asociativas tradicionales (sindicatos, colegios profesionales, organizaciones estudiantiles) y la falta de credibilidad a las instituciones políticas (partidos, Parlamento).
“La crisis de DD.HH. que vive el país desde el 18 octubre no es un paréntesis histórico lamentable e inexplicable, sino que es la consecuencia del proceso de degradación del acuerdo sobre derechos fundamentales en Chile”.
Por otra parte, la respuesta gubernamental
ante la protesta ciudadana ha generado una crisis de DD.HH. inédita en
democracia, pero que ya venía dando señales preocupantes en el último tiempo.
En efecto, desde hace décadas venía desarrollándose un contexto de violencia estatal
que se fue normalizando y no tuvo respuestas efectivas que permitieran prevenir
la actual crisis. Algunos ejemplos pueden ser de utilidad para aclarar el
punto.
Un primer ejemplo es la violencia
constante y creciente contra el pueblo mapuche. La militarización de la
respuesta estatal ante sus demandas tuvo su expresión más evidente en el
asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y la tortura de un niño de 15
años que lo acompañaba. En este caso concurren los principales elementos que
hoy aquejan al país: fuerza desmedida y criminal por parte de Carabineros,
intentos destinados a ocultar la verdad de lo sucedido, creación de un ambiente
que permitiera la impunidad, falta absoluta de responsabilidades de mando y
políticas.
Un segundo ejemplo es la creciente
violencia en contra del movimiento estudiantil secundario ante demandas de
mejoras en materia de calidad de la educación. Durante todo el 2019 se llevó a
cabo un verdadero laboratorio de lo que ha sido la respuesta social ante la
legítima protesta ciudadana: énfasis en los hechos de violencia, uso
indiscriminado de la fuerza represiva (uso de gas lacrimógeno, violencia física,
psicológica y sexual), afectación del derecho a la educación e incapacidad de
aislar y sancionar a quienes incurrían en actos violentos.
Finalmente, una muestra de cómo se horadó
el acuerdo del Nunca Más son los retrocesos en el ámbito de la justicia
transicional. Si bien el país había podido avanzar en materia de verdad, la
justicia comenzó a abrir profundas grietas por donde la impunidad fue consolidándose,
y, lo más grave, se dio amplio espacio a discursos que buscaban justificar o
contextualizar las graves violaciones a los DD.HH. ocurridas en dictadura.
En este escenario ya no parece ni tan extraordinario ni tan inexplicable que la respuesta frente a las movilizaciones ciudadanas diera paso a un cuadro de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
¿Es posible que el acuerdo parlamentario
para iniciar un proceso constituyente sea un punto de inflexión para los DD.HH.
en Chile? La respuesta a esta pregunta dependerá de tres cuestiones: la
respuesta ante las graves violaciones de estos; el rol que cumplan en el
procedimiento del nuevo acuerdo constitucional; y, sobre todo, la forma en que estos
derechos serán incorporados en la Constitución.
“El proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH. que se ha dado en nuestro proceso post dictadura ha tenido su expresión más brutal en la violencia ejercida por el Estado contra la población movilizada en 2019”.
En primer lugar, frente a las violaciones
de DD.HH. que se han producido en Chile debe haber verdad, justicia e íntegra
reparación a las víctimas. Chile no resiste un nuevo proceso de impunidad y
olvido.
Segundo, el proceso constituyente debe
dar plenas garantías de expresión ciudadana (derecho de reunión y expresión),
participación sin discriminación (medidas de acción afirmativa respecto de
grupos en situación de discriminación) e información completa, oportuna y veraz
a la población para que esta decida y apruebe el nuevo texto constitucional.
Finalmente, la legitimidad sustantiva del
nuevo acuerdo constitucional estará dada por ciertos mínimos. La forma en la
que la Constitución resuelva la relación del derecho internacional de los
derechos humanos con el derecho interno o los principios constitucionales que
uniforman las bases de la institucionalidad son cuestiones esenciales para un
diseño institucional basado en los DD.HH. Asimismo, hay temas en los que la
Constitución no parte de una “hoja en blanco”, sino que tienen una base mínima
en los compromisos internacionales del Estado (catálogo de derechos y la protección
de estos). Asimismo, se deberá resolver la forma en que los órganos del Estado
estarán vinculados con la protección de los DD.HH., aspecto que hasta hoy ha
estado ausente de los diseños constitucionales del país.
En definitiva, el proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH. que se ha dado en nuestro proceso post dictadura ha tenido su expresión más brutal en la violencia ejercida por el Estado contra la población movilizada en 2019. El proceso constituyente, junto a la respuesta ante las demandas sociales, son una oportunidad para un nuevo pacto político y social que esta vez sí se sustente en un acuerdo profundo sobre los derechos humanos.
1.- Una obsesión atraviesa la lucha de clases en Chile: la obsesión visual. Ojos que ven, expresan, sangran con los balines incrustados, cámaras que rodean plazas y metros para vigilar el desvío de los cuerpos supurados por los torniquetes, drones que silenciosamente registran las marchas y canales de televisión que no ven y pasan teleseries mientras la asonada popular se toma el país.
En la ex Plaza Italia (actual Plaza Dignidad), un encapuchado escala un frío poste gris, en cuya cima espera una cámara. Con esfuerzo, el muchacho llega a la altura del dispositivo y con sus pies lo patea hasta destruirlo. La multitud se inunda de algarabía: la mirada del poder acaba de ser destituida. El ver y no-ver, el control y descontrol, el registro y la fuga, ojos ocultos, ojos enceguecidos por el poder y el poder encegueciendo ojos devienen máquinas de visibilidad en las que se dirime la común obsesión por “ver”.
Discursos que no dejan de insistir que “esto se veía venir” o que subrayan que esto habría sido “sorpresivo” comparten una misma obsesión por la mirada, una ilusión por la posibilidad de que un determinado saber-poder podría haber advertido la debacle en ciernes. Sin embargo, múltiples informes sondeaban lo que advendría como acontecimiento. Pero, precisamente porque dichos informes registraban algo que calificaban bajo el difuso término “malestar”, jamás podrían haber atendido a la irrupción del acontecimiento. Entre las condiciones y el estallido, entre el “malestar” y la revuelta, habita la imaginación popular que espera su momento.
«Vuelven los pastores de la transición a intentar ‘explicar’ que el pueblo no debería tener motivos para la revuelta. Le castiga con su saber. Insiste en que no hay razón para la ‘anomia’ porque Chile tiene los mejores indicadores de América Latina (…), culpa a los jóvenes de no comprender, de no saber, de no ver lo que deberían ver«.
Además, un “malestar” que, según la visión promovida por la trama del saber-poder de los intelectuales del orden, se debía a la falta de “modernización” que sólo el cumplimiento total del programa neoliberal podría llegar a cumplir. En vez de refutar al programa neoliberal, el “malestar” parecía confirmarlo secretamente. Se trató de una lectura que predominó entre intelectuales ligados al poder y que, más allá de la enorme cantidad de páginas escritas o del conjunto de monsergas que insistían a la “gente” que todo iba por un buen camino, vieron sin poder ver: la sociología, la economía y el derecho —tres saberes predilectos del neoliberalismo— devienen impotentes, su arsenal de miedo y conservadurismo que permanentemente le decía a la “gente” cómo debía comportarse, no vio precisamente porque vio. No es que no hayan visto simplemente, sino que vio sin ver. Se trata de la ruina de un tipo de conocimiento de carácter “conceptual”, de la quiebra de una episteme que, por años, se llamó “transición” y que tipo “epifánico” de conocimiento desplazó. El concepto por la imagen, la explicación por la irrupción, la representación por la imaginación montan las maquinarias de visibilidad que yacen en irremediable conflicto.
La revuelta es un instante de fulmíneo conocimiento. Los pueblos abrazan sus ciudades y las conocen epifánicamente. Todo registro “explicativo” se destituye y la irrupción imaginal hunde al “causalismo” en un absurdo. Vuelven los pastores de la transición a intentar “explicar” que el pueblo no debería tener motivos para la revuelta. Le castiga con su saber. Insiste en que no hay razón para la “anomia” porque Chile tiene los mejores indicadores de América Latina, porque es el mejor “modelo”; culpa a los jóvenes de no comprender, de no saber, de no ver lo que deberían ver: ¿qué significa hacer una revuelta en el “mejor” país del continente, en el “modelo” que es visto con aparente admiración por ciertos vecinos, por cierta oligarquía planetaria?
Como una camisa de fuerza o una imagen que totalizaba lo visible, la violencia transitológica consistió en inventar al país-modelo como si fuera un verdadero país. Se trató de un proceso metonímico en el que una parte (el modelo) parecía ser el todo (el país). No se trató jamás de un “modelo” que precedió al saber que lo vio, sino de una producción tecno-política que fue nombrada por un saber que vio lo que él mismo inventó. Con ello, el país modelo podía coincidir con el mito que la propia oligarquía forjó durante el siglo XIX: la “copia feliz del Edén”, estableciendo así un continuum con el mito forjado en el siglo XX: la “larga tradición democrática”.
Sin embargo, cuando la revuelta destituye al país “modelo”, es toda la episteme transicional la que estalla en pedazos. Los jóvenes enceguecidos por el disparo policial contemplan epifanías que los viejos iluminados por el saber no ven: ven los que no pueden ver y no ven los que pueden ver. Los canales de TV —como los intelectuales del orden, drones y dispositivos varios de seguridad— ven y por eso no ven. Los cientos de jóvenes que han sido heridos en sus ojos por las fuerzas policiales durante la protesta no pueden ver y por eso ven. Los primeros insisten en un conocimiento de tipo “conceptual”, los segundos abrazan un conocimiento enteramente “epifánico”: las máquinas de visibilidad —en los cuerpos que las portan y los dispositivos que las materializan— traman la pregunta por la “visión” como un asunto decisivamente político inmanente a la batalla de Chile.
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2.- No habrá más “modelo” que ver sino fragmentos abandonados, escombros repartidos, neumáticos quemados, poblaciones allanadas, supermercados saqueados. No hemos visto la revuelta, sino que la revuelta nos ha hecho ver la ruina de una visión. Su conocimiento interrumpió al banquete que se complacía del país que tenía, del “modelo” que había forjado. Porque la revuelta no ha hecho más que exponer al Chile exitoso, modélico, ejemplar, como una singular máscara.
«Cayó la máscara, el ‘modelo’ de un país que, a la vez, se vertía como ‘país modelo’ y el trono quedó absolutamente vacío: el paraíso chileno —el ‘oasis’ según el término usado por Piñera— en el que los pobres simplemente obedecían a los ricos, en el que los viejos aceptaban recibir pésimas jubilaciones, en que los estudiantes consideraban legítimo endeudarse de por vida para obtener una mísera carrera profesional (…)».
Pero la máscara no oculta una “verdad”. Más bien, deviene una máscara que no tiene a nada ni a nadie “detrás”: el trono está vacío, el sujeto supuesto saber se revela como nada más que eso, un “supuesto”, una “máscara”: la diferencia entre modelo y realidad, entre sujeto y máscara, entre esencia y apariencia resulta destituida. Nada había “detrás” de la máscara, ni una verdad ni una mentira, ni un éxito ni un fracaso. Por eso es que no se trata de que la episteme transicional pusiera en juego una “falsa conciencia” incapaz de ver la “realidad” de las cosas, eso que ahora los intelectuales maltrechos llaman “malestar”. Más bien, se trata de que no había más “realidad” que el “modelo” al que el conocimiento popular terminó por destituir. Cayó la máscara, el “modelo” de un país que, a la vez, se vertía como “país modelo” y el trono quedó absolutamente vacío: el paraíso chileno —el “oasis” según el término usado por Piñera— en el que los pobres simplemente obedecían a los ricos, en el que los viejos aceptaban recibir pésimas jubilaciones, en que los estudiantes consideraban legítimo endeudarse de por vida para obtener una mísera carrera profesional, en el que los trabajadores huían de la sindicalización por el bien de la “libertad” o en el que los mapuche eran permanentemente asediados por el capital de las grandes forestales, se acabó.
Tras el “modelo” no había nada ni nadie. Sólo ruinas de una Moneda reventada por los Hawker Hunters, sangre de campos de concentración irrigadas en cada verso del nuevo orden, alaridos de desaparecidos que aún crujen en la estela de nuestros cuerpos; todo se deslizaba en la superficie de los cuerpos, no en una “realidad” oculta por el ojo del poder, ni en un “detrás” que esperaba a la buena receta epistémica para revelarse y surtir de verdad al pueblo: si el sujeto supuesto saber veía sin ver era precisamente porque no hacía otra cosa que ver a un “modelo” cuyas fibras estaban hechas de múltiples juego de fuerzas que fluían en los cuerpos arrumbados.
El sujeto supuesto saber de la episteme transitológica confundió al modelo con el país y pretendió clausurarlo en y como modelo: una “copia feliz” que coincidía con el “Edén”, el modelo coincidía con la mirada del Otro, cuyo estatuto colonial y jerárquico legitimaba su asentimiento. En otros términos, todo ocurrió “como si” el país fuera el “modelo”. Las fugas eran evidentes, las grietas colaron desde el principio por doquier. Porque los cuerpos son potencias y jamás simples unidades dispuestas sólo ahí para la decisión del poder. Toda una tecnología se desarrolló aquí: los cuerpos fueron capturados por el modelo y el modelo devino cárcel de los cuerpos dispuestos a recibir el evangelio de la “reconciliación”: el miedo consolida el Pacto Oligárquico de 1980 al signar a los cuerpos con la marca del poder de turno.
Las superficies son lo más evidente y, a la vez, lo más an-árquico. Por eso el neoliberalismo no constituye una racionalidad orientada simplemente a modelar grandes estructuras o a hacer converger en un mismo régimen de inteligibilidad a diferentes partidos políticos, sino sobre todo, a controlar las superficies de los cuerpos, a confiscarles en sus desvíos, excedencias y rearticulaciones. El neoliberalismo intenta adaptarse a la capilaridad de las superficies, seguirlas en su desenvolvimiento an-árquico. Pero no puede del todo: justamente las superficies se abrieron como el campo de batalla sobre las que estalló la revuelta del 18 de octubre.
Crédito: Milagros Ábalo
Los estudiantes secundarios que “evadieron” el alza del pasaje atravesando los torniquetes del metro pasaron de los subterráneos hacia las superficies, de los oscuros y estrechos túneles a los amplios sitios de las calles. “Evade” fue el significante que catalizó el paso por el cual los estudiantes restituyeron sus cuerpos a su potencia o, lo que es igual, liberaron las superficies de los cuerpos de la captura promovida por el capital. Desde ahora, la batalla se daría en las calles de la ciudad y no sus subterráneos, el conflicto ingresa así a un nuevo régimen de visibilidad que la revuelta hace cognoscible.
No sólo los estudiantes, también los trabajadores; no sólo Santiago comienza a ver, sino el país completo. Se evadió un “modelo” que condicionaba al ver, por un conjunto de campos múltiples en los que se fraguó una batalla. Si la revuelta trae un conocimiento epifánico y no explicativo, una “revelación” antes que una “conceptualización”, es porque ella misma se juega como una batalla por ver. No se trata de ver la “verdad” tras la máscara del poder, sino de ver la superficie que el poder ha capturado. Porque el neoliberalismo no “engaña” a las conciencias, sino que las produce para separarlas de sus cuerpos y escindirlas de su médium sensible.
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3.- El miedo es una forma de ver. Los poderes aparecen temibles, eternos y personalizados. En la medida que la episteme transicional separó a los cuerpos de sus superficies, inoculó el miedo en cada uno de ellos. Miedo ha sido la receta mágica que amenaza el destino del paraíso: sea el miedo a los militares que amenazaban con volver o a los empresarios que amenazaban con huir, la separación capilar sobre los cuerpos surtió un efecto devastador: privar al pueblo de Chile de su potencia, desplazarle de la política. La episteme transicional sólo puede funcionar con esa privación. Serán la trama del saber-poder la que se encargue de los cuerpos, la que los dirija, conduzca, gobierne.
El sujeto supuesto saber de la transición obedece al modelo pastoral y su país al modelo oveja. El miedo se impone: el lobo puede llegar en cualquier momento y nuestro hermoso sueño hecho realidad puede desfallecer. El lobo será la inminencia de una amenaza, latencia de un peligro que configura al relato transicional bajo la narrativa de una fábula que produce el escenario en que la separación de los cuerpos respecto de sus superficies se verá enteramente naturalizada.
Cualquier posibilidad de que los cuerpos restituyan sus médiums podrá ser castigada con militares que regresan o con empresarios que huyen. En cuanto fábula, impone una “lección moral” y, con ello, introduce al miedo como dispositivo de separación. La episteme transicional será una versión gubernamental de dicha filosofía, en que la máquina triádica constituida por el pastor, la oveja y el lobo no dejan de funcionar y potenciarse inexorablemente.
Sólo al interior de dicha fábula los cuerpos podrán ser gobernados porque dicha fábula no será otra cosa que el “modelo”. En cuanto la fábula narra una historia y ofrece una “lección moral” funciona como una verdadera maquinaria sacrificial en la que exige a cada uno renunciar a sus pasiones o, si se quiere, a gozar sin erotismo, tal como ocurre en la continua “fiesta” propuesta por el capitalismo neoliberal.
La “lección moral” que cuenta la narrativa transicional posibilita aceptar un orden para nada natural, para nada evidente, sino efecto de un conjunto de tecnologías muy precisas que confiscaron la imaginación popular en una representación teatral que contaba la historia de porqué debíamos ser culpables, porqué debíamos temer. Eran visibles los militares que se paseaban impunes en las calles, eran visibles los empresarios que nos “daban” trabajo dado que nos portábamos tan bien.
Crédito: Milagros Abalo
Ahora bien, ¿estuvo la transición en falta de justicia por un déficit exterior a su propia racionalidad? Al contrario: si la episteme transicional quería conservar la “lección moral” como dispositivo de separación, debía proteger a los militares de la justicia y a los empresarios de la regulación estatal. El precio a la desobediencia era alto: si los militares no quedaban impunes volverían, si los empresarios pagaban impuestos huirían. Un país asesinado y pobre era la imagen que operaba como sombra de la imagen paradisíaca que traía el modelo. El crimen militar y la pobreza económica eran el “exterior” que operaba como “interior” al dispositivo de la fábula.
Militares y empresarios ofrecían sus dosis de miedo para que la episteme transicional funcionara y, al revés dicha episteme operaba sólo a partir del miedo infundido. Si no ¿cómo se entiende que el reo Pinochet haya sido devuelto por los mismos gobernantes que otrora habían sido prisioneros, exiliados o torturados por el dictador?, ¿para qué “hacía falta” Pinochet a la transición, pregunta el filósofo Miguel Vicuña? Justamente era su pivote: sólo con su relativa presencia, el lobo podía mostrar que su doble amenaza (militar-empresarial) iba en serio; en otros términos sólo con la presencia de Pinochet y su correlato pinochetista, el peligro podía ser visto y la episteme transicional operar.
El peligro que acechó la transición fue conjurado cuando el dictador volvió a Chile. Y, más allá de su escandaloso retorno, ello vuelve a suturar una pieza que había saltado por los aires y expuesto el vacío sobre el que pendía nuestro auto-celebrado “modelo”. Porque no otra cosa fue la transición: un modo de producción del miedo que posibilitaba ver al modelo como lo único que se podía ver. El cuento sobre el que tranquilamente quisieron que descansáramos sin mayores cuestionamientos.
La revuelta hizo saltar al miedo en mil pedazos porque su potencia epifánica trajo imágenes enteramente diferentes a las impuestas por el modelo. La revuelta hace del ver y el experimentar una misma intensidad, a diferencia de la fábula transitológica que separa ostensiblemente al ver de toda experiencia. Si la episteme transitológica hacía del ver una observación de tipo universal y objetiva a la que sólo un sujeto supuesto saber podía acceder, la revuelta transfigura al ver en una verdadera experiencia popular. La transición ordenó las pasiones bajo el recato impuesto por el miedo, la revuelta disloca las pasiones y excede al miedo con la rabia.
“Rabia” no define aquí “emoción” sino “afecto”, porque convoca a una relación que rabia, a un conjunto de ciudadanos que rabian. La revuelta misma no necesita de la autoridad gubernamental para rabiar, ella misma deviene una intensa politización de la rabia. No se trata de una “rabia” psicológica sino política que ha desactivado la separación que el miedo había impuesto entre cuerpo y superficie, entre vida y potencia. La rabia permitió el advenimiento de una vida activa que suda en plena batalla de Chile, que lucha en medio de una contienda incierta y enteramente desigual.
La “rabia” permite ver otras cosas, cruza como un modo de conocimiento preciso acerca de las condiciones materiales que condenan al presente. ¿Qué se ve cuando se ve? Esta es precisamente la pregunta política de la batalla de Chile. Cuando la policía hiere a chilenos en los ojos porque no quieren que vean lo que están viendo, intentan cercenar al conocimiento epifánico de la revuelta.
Como si la mirada fuera una estocada al poder que la policía sólo puede responder petrificando a quien le mire. La acción policial enceguece a los chilenos reproduciendo incondicionadamente los lentes oscuros que otrora usara Pinochet días después de haber perpetrado el Golpe de Estado. La mirada impenetrable de quien mira sin ser mirado, de quien vigila sin ser vigilado, de quien castiga sin jamás ser castigado.
Pero el “ver” asumió otros caminos, devino otros horizontes. El pueblo chileno dice haber “despertado” justamente de la sugestión que la mirada pinochetista producía, que la mirada del “modelo” no dejaba de forjar. Pero para despertar tuvo que recoger pacientemente los fragmentos que quedaron de los lentes de Salvador Allende: transparentes, de marco grueso y negro, que quedaron rotos una vez consumado el golpe de 1973. El pueblo juntó sus pedazos, probó y pudo ver justamente porque no podía ver, porque el poder le había privado de ver. En su afirmación de la vida activa, el pueblo usó los lentes de Allende e inmediatamente experimentó el más fugaz pero decisivo de todos los conocimientos: aquél que irrumpe epifánicamente y que entiende que el porvenir se hereda.
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4.- La policía dispara directamente a los ojos. Como en el mito de Medusa, el desgarro irrumpe como si la mirada de la protesta tuviera que ser petrificada por la policía y, a la vez, como si la policía misma no tuviera otra función más que petrificar la mirada de la revuelta, hacer de su fulmíneo conocimiento una piedra inmóvil y absolutamente sin vida. La revuelta despetrifica y posibilita un ver epifánico que juega a contrapelo del ver puramente conceptual. Al despetrificar, todo comienza a ser removido.
Los edificios, las piedras que sostienen sus pilares, las pequeñas tramas que habían sido instituidas, los rituales plásticos típicos de la monumentalidad de una fábula cuya “lección moral” fue arrasada por la imaginación popular.
Porque sólo la imaginación convierte a una piedra en un símbolo y, a su vez, puede transfigurar un símbolo en piedra. Justamente más allá de la célebre tesis de Martin Heidegger, según la cual la “piedra es sin mundo”, la revuelta hace de la piedra un verdadero mundo. Para ella, la piedra es símbolo que estalla en la contingencia histórica, tormenta que suelta palabras que comienzan a hablar de otras cosas. Como las piedras dejan la soledad del camino, las palabras abandonan el código al que se apegaban. El lanzamiento de piedras deviene habla epifánica de una revuelta que ha interrumpido la episteme que otrora suturaba. Otro lugar de enunciación se abre, otros posibles irrumpen.
«La revuelta es una ráfaga de vida en la que los pueblos vuelven a abrazar al tiempo gracias a la suspensión del propio tiempo. Por eso, en una revuelta los pueblos piensan sin necesidad de amos. Y, por eso, una revuelta es enemiga del reloj y de los calendarios: al devenir inactual consigo misma, la revuelta abre un lugar que no tiene lugar en la representación instituida, un sitio sin espacio, un tiempo sin época».
Como dirá Furio Jesi, la revuelta “suspende al tiempo histórico” y las agujas del reloj no le apuntan jamás a sus tiempos. Si el reloj es un invento de imperialistas, orientado a cartografiar la existencia expropiando al tiempo de la vida, la revuelta nos dona muchísimo tiempo, tanto que no puede sino estallar en un “ahora” irreductible y singular a cualquier medida cronológica. El “ahora” de la revuelta es incomprensible para el saber-poder universitario: no se trata de que quienes participan de la revuelta “quieren todo de inmediato” o que sean “jóvenes impacientes” como reza la estúpida interpretación realizada por el poder. Mas bien, consiste en que ese “ahora” es precisamente una suspensión del tiempo histórico que resulta enteramente irreductible a cualquier régimen de representación, refractario a toda cartografía diseñada por el poder.
Sustracción a la confiscación del tiempo promovido por la razón neoliberal. Sustracción que da tiempo al tiempo y convierte al pueblo en una máquina del pensamiento. A la inversa: el régimen neoliberal ha podido irrigar su poder en cada punto de la vida en el que la gente suele decir que “no tiene tiempo”. ¿Qué significa “no tener tiempo”? Ante todo, petrificarse y asemejarse a cuerpos que carecen de todo tiempo: los muertos.
La revuelta es una ráfaga de vida en la que los pueblos vuelven a abrazar al tiempo gracias a la suspensión del propio tiempo. Por eso, en una revuelta los pueblos piensan sin necesidad de amos. Y, por eso, una revuelta es enemiga del reloj y de los calendarios: al devenir inactual consigo misma, la revuelta abre un lugar que no tiene lugar en la representación instituida, un sitio sin espacio, un tiempo sin época. Ofrece “trabajo vivo” al “trabajo muerto” osificado por el capital: los cuerpos pletóricos de tiempo (el “ahora”) imaginan. Han recuperado las superficies, los médium sensibles para no dejar de danzar.
Todo lo que hubo antes fue un gran ensayo. Ensayo matar, ensayo perseguir, ensayo espionaje, ensayo eliminar líderes, ensayo el permanente estado de sitio en Wallmapu, ensayo firmar leyes para ajustarse a normativas internacionales. El Estado no nos quiere: eso no era un ensayo, tampoco lo es el hastío, el orgullo y la indefensión que también tenemos como escenario ahora.
Habemos cuerpos más reactivos, sensibles, combustibles, magnetizados, pegados, parchados, electrificados, golpeados por Chile. Anhelé tantos años esto, pensé que el país no cambiaría. Viajé en agosto, y cuando el avión pasaba sobre esa gigantesca y angustiante cordillera lloré como si se me hubiera muerto alguien, porque la gente que quiero estaba tan triste y quejumbrosa. Se sentía el dolor, la necesidad de palabras y cariños.
Ella me dijo que no estuviera triste, ellos no se dan cuenta.
Vivo hace cuatro años en Rosario. Y aunque estoy al lado, nunca es fácil ser inmigrante. Cómo sería envejecer en Chile, me pregunté hace años, y tuve la certeza de que era hora de irse. No me vine desde Coyhaique a hacer hora para regresar. Yo me fui, tengo el corazón de exiliada, un concepto que costaba que comprendieran cuando intenté explicarlo. No era una inmigrante de un país en crisis, no iba y volvía, no vine a estudiar solamente. No entendían el malestar, tan soterrado, sólo veían esa democracia chilena estable, tan bien vestida, de tradición republicana —afirmaban algunos—, tan moderna. La gente tiene miedo, decía, la gente es infeliz, decía, y creo que desde que sucedió el estallido, ahora cuaja lo que intentaba decirles. Tuve que aliviar la presión que me aplastaba en Chile y sanar la biografía. Para los que estamos en el extranjero, también el 18/10 comenzó otro Chile, uno que vislumbro libre y autónomo, desbordante de expresiones y emociones, y, lamentablemente, despertando con el golpe de la represión feroz que aún tras ser condenada por organismos internacionales de derechos humanos, continúa presente.
Apareció de nuevo la palabra pueblo, renovada. Se comenzaron a nombrar las cosas, se encontró la gente, se derribaron símbolos que ya no nos representaban. Símbolos de un nacionalismo servil y programado. Y aunque no estoy allá, siento el territorio en mi cuerpo. Vos sos Chile, me dijo alguien, y sentí que algunas heridas comenzaban a sanar. Sentí a Chile como ese momento en que me atreví a hablar de abusos y violaciones y sentí alivio. Se quita la máscara neoliberal sostenida con el sudor de Chile. Todo se cuestiona, se deconstruye y se resignifica. El estallido salpicó todos los calendarios y corazones, y rompió esa pingüinesca marcha hacia el abismo. Respiré hondo, quizás lloré.
Hace años había tenido la certeza de que Chile jamás cambiaría. Me encantó estar equivocada y ver que mi decepción histórica en estos días se convertía en esperanza y orgullo. Después del 18/10 hay anhelos colectivos secretos que nos convierten en cómplices, aunque haya que enfrentar la omnipresencia del Estado.
Y mientras muchos miraban y resignifican la Wenufoye, yo miraba y resignificaba la bandera de Chile, más allá del consuelo que encontré en la poesía de Elvira Hernández. Ese paño tricolor siempre me resultó ajeno, con olor a la banda de guerra de la concha acústica de mi pueblito patagón; con olor a milico, a derecha, a patrones de fundo, a un fútbol que no me gusta, a una caridad y solidaridad aprendida desde la verticalidad de la Teletón, para desastres naturales y egos mediáticos. Nunca creí en el blanco, el azul y el rojo que me decían eres chilena. Era una ininteligible paleta de colores. Imposible alinearme con la bandera de Chile en la Patagonia, donde hasta hace pocos años alzábamos banderas negras y banderas argentinas. El 18/10 abrió también la memoria.
Elegí estar aquí. No lejos. Aquí. Dejé todo, vendimos todo, rematamos todo. Nos trajimos a los gatos. Ni ella ni yo queríamos sobrevivir más a Chile. Habíamos pasado el movimiento «Aysén, tu problema es mi problema», y luego el borrón y la impunidad, como si todo ese dolor y daño pudiera dejar de existir porque no se le nombra. Esa noche en que Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo supe que la memoria es oblicua y puede dormir, pero no desaparecer. Supe lo que pasaría, porque en el gobierno anterior del tirano ya vi llegar a los aviones Hércules con cuatrocientos pacos, el helicóptero sobre las cabezas; vi a los pobladores que intentaron detener a los zorrillos y guanacos tomándose de las manos en Puerto Cisnes y Mañihuales, y los reprimieron como a criminales, los hirieron, también a los niños. Y la gente, tomándose la pista de aterrizaje para que Luksic no llegase como patrón de fundo a Villa O’Higgins, y el Estado al servicio del empresariado, y todos presos por un gesto de soberanía allá donde termina la Carretera Austral. Porque ya vivimos esa represión en la Patagonia. Y vino la desazón. Sabía que por redes sociales pasaría una pornografía bélica, carne, carreras, sangre, gritos, dolor; porque la gente había despertado, se había cansado de la obediencia y no se iría a su casa.
Para el movimiento Aysén 2012 trabajé en comunicaciones, contra la prensa burguesa y para romper el cerco mediático. Luego vino el olvido. También lo quise borrar, porque quizás con eso vendría mi olvido. En mi porfía eliminé todo lo que me vinculara a esa época: videos, declaraciones de heridos, comunicados. Tampoco podía hablar de esos días; no pude por años. Y es que era tanto, que nada de lo que dijera podría describir lo que vivimos esos cuarenta días. Le bajaba el perfil cuando comenzaba a hablar. No comprenderían, no sabrían de lo que les hablo, del pánico, del orgullo, del dolor, de la rabia, de la ternura de esos momentos en que todos también deseamos tanto para nuestra Patagonia y tuvimos que defendernos con lo que fuera. Defendíamos nuestra dignidad, porque romantizar el esfuerzo cuando hay que soportar tantos grados bajo cero ya es masoquismo, e iban generaciones y generaciones en la precarización. La memoria siempre aparece.
Era un ensayo más de la represión que desplegaron estos días en todo el país. Camioneros, leñeros, pescadores, gauchos, empleados, familias, abuelos; nuestra fibra de las tradiciones marchó cada día por las calles. Salió a marchar la tía que no salía ni a la esquina para no descuidar la casa y la comida, el abuelo que la dictadura lo llenó de miedo, salieron familias completas, como nunca en nuestra breve y desconocida historia. Teníamos tanta fe ese frío verano, y la solidaridad era un compañerismo hasta las lágrimas. Nos contábamos historias mientras corrían los mates, jugábamos truco, planificábamos. Había tantas colas que ya no sabíamos de qué eran, porque bloqueamos los accesos a la región, pero estábamos seguros de que no necesitábamos nada más, sólo que el gobierno nos respondiera. No había autos porque nos quedamos sin bencina, y la gente bajaba desde las faldas del cerro a marchar. Aprendimos a devolver las lacrimógenas que habíamos conocido para la votación de Hidroaysén, cuando también conocimos el guanaco. Aprendimos estrategias, corrimos, las casas de los amigos y familia que se abrían en el camino mientras escapábamos. Los más fuertes y aguerridos resistiendo en el puente Ibañez, en Aysén; en líneas, las madres haciendo sopaipillas en las fogatas. Los pacos no sabían lidiar con la naturaleza como nosotros, no sabían de vientos. Aysén resistió a un enemigo que hoy se ha encarnizado con Chile, nos ha dejado muertos, tuertos, heridos; mujeres violadas, abusadas, infancias marcadas, experiencias imborrables. Esta vez no habrá borrón. Esta vez la memoria la peleamos. Ya nada será igual.
En 2012 no mataron a nadie porque pusimos todo por cada uno que se llevaban. Cuidábamos que no nos mataran porque sabíamos que si eso sucedía se transformaría en una versión Mad Max, y vendrían las retroexcavadoras, tractores, arpones, facones, boleadoras y asadores de los que ya hablaban los más fieros, enojados de que les vinieran a ocupar su Patagonia. En una región de pocos habitantes, casi todos estamos emparentados, y en ese camuflaje de comunidad crecen también los instintos. Y nos sentíamos solos, abandonados por el Estado ¿A quién le iba a importar en Chile? Con varios voluntarios trabajábamos por las noches en una improvisada estación de primeros auxilios, porque el hospital lo tenían sitiado. Pensaba en esas noches en la indefensión, contando heridos, juntando lacrimógenas y perdigones en unos tarros para informar. A los detenidos se los llevaban en buses que desaparecían durante horas para golpearlos. Había teléfonos intervenidos, sabíamos que nos perseguían, pero teníamos fe de que jugábamos de local, aunque también en lo secreto, uno se preguntaba si valía la pena.
Yo me besé con ella escapando de la represión. Esa tarde había llegado bencina y fuimos a dejar a una amiga observadora de derechos humanos. Nos arriesgamos. Sabíamos el destino de las mujeres en las comisarías. Se volvió todo un desastre, era de noche y grababa mientras le gritaba ¡acelera! Adrenalina y miedo. Se nos cruzó el zorrillo, nos alcanzaron los pacos con sus trajes impenetrables, veíamos en la otra esquina cómo todos corrían, se movían demasiado rápido, barricadas, gritos. Fue otro de los momentos en que pensé que moriría, porque cualquiera podía morir en cualquier momento, lo sabíamos: ya no usaban sólo perdigones. Yo me arranqué de Chile con la chica que besé escapando de la represión, vendimos todo y llegamos a Rosario.
Y con ella, que sabe de lo que hablo cuando digo Aysén 2012, nos abrazamos esa noche del 18/10. No dormimos. Nos ha costado habitar ambos países estas semanas. Salimos a caminar y en las calles caen las hojas moradas de los jacarandás, los perros pasean con sus humanos, la gente sonríe y es amable, preguntan, nos abrazan. Saben de la represión. Nosotras mostramos los videos de Bailapikachú, Sensual Spiderman, del Corredinosaurio o fotos épicas para despistar y sentir esa locura orgullosa de nuestro pueblo despierto. Estamos todo el día en Chile. Lo que duele es puertas adentro mientras nos crece la memoria. No quiero llorar con nadie. No puedo narrar las emociones. Explicamos qué significa la frase #estonoprendió, hablamos de una nueva Constitución. Nos preguntamos, luego de tantas escenas, si queríamos regresar. Ambas nos quedamos algún rato en silencio. Yo dije que no. Ella también. Tengo una pena basal porque este movimiento ha creado también una distancia gigantesca, que aún no calculo, entre Chile y yo. Tengo la certeza de que, a diferencia de ella, a mí nadie me espera. Es esa certeza también de la libertad.
No podía contar cómo había sido Aysén, el pánico, ese dolor, eso que disfrazas de fortaleza y cordura cuando un paco te apunta con su arma de servicio. Toda esa locura y represión a la que ahora arrastran al pueblo tuvo muchos ensayos, en todo el país. En Aysén no conseguimos nada de lo esencial, quizás lo más secundario, una universidad, pero una universidad necesita un ecosistema social que aún no está garantizado.
Yo dejé de marchar en Chile después de Aysén 2012. Acá marcho. Mi vida la podría narrar en marchas, contra Alumysa, contra proyectos de destrucción ambiental, por la educación, por la educación, por la educación; contra el CAE, por el pueblo mapuche, por las diversidades y disidencias sexuales. Me gusta el pueblo chileno. Siento orgullo, lloro; a ratos ya no sé por qué. Me alegro. Quiero gritar. Duermo mal. Me encanta que se resignifique la Wenufoye. Esa es la raíz indígena inextinguible que nos convoca, un símbolo de resistencia a esa represión histórica, una cosmogonía, un relato donde caben todos los pueblos. Por primera vez siento orgullo de mi nacionalidad. A veces, para hablar de algo, tienes que tomar otra ruta. Han pasado los días, asistimos a la represión más desatada y espantosa desde la dictadura, deseamos ese Chile que tanto queríamos. Algunos hemos dejado este episodio inédito en nuestra historia como un sueño extraterritorial. Entonces pienso: quizás ahora pueda hablar del 2012.
