Un llamado de atención del INDH

A mediados de diciembre último, en una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República y representantes de otros poderes del Estado, y en la que participó como maestra de ceremonia la protagonista de la película “Una mujer fantástica”, Daniela Vega, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega de su VIII Informe Anual, que contiene tanto el balance como las recomendaciones que deben ser abordadas por el conjunto de las autoridades públicas.

Entre los aspectos negativos que destaca este informe que contiene los avances y retrocesos están las manifestaciones de discriminación hacia las mujeres, la niñez trans e intersex, los pueblos originarios e inmigrantes, las condiciones de las personas internadas en unidades siquiátricas de larga estadía, la situación de las y los adolescentes que están en los centros de protección directa del Estado, el resguardo de la biodiversidad y el cambio climático, la justicia transicional y las políticas de reparaciones a las víctimas de la dictadura.

Uno de los elementos que acompañaron este trabajo fue el llamado de atención que develó la encuesta elaborada por el INDH, que pone el acento en materia de migración y racismo, con datos que demandan políticas que deben ser asumidas con urgencia. Por ejemplo se apunta a que, si bien un 71,3% se muestra de acuerdo con la afirmación de que “con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas”, el 68,2 % responde afirmativamente ante la pregunta de si está  de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes al país, lo que para el organismo de derechos humanos “resulta preocupante porque constituye un derecho esencial que las personas puedan moverse libremente y establecerse en lugares diferentes a su país de origen”.

En esta línea, la encuesta de percepción sobre los migrantes realizada a 2.047 chilenos mayores de 14 años , hombres y mujeres de todas las regiones del país, aporta otros datos alarmantes, como que un 76 % de la población ha sabido o presenciado al menos una vez hechos contra migrantes como menosprecio(76%), burlas(78,3%), intimidaciones (66,5%), escupitajos (54,2%), insultos (79,8%), golpes (69,5%), agresiones sexuales (44,5%), apuñalamientos (58,7%), y asesinatos (51,9%). El documento agrega que “estas situaciones tienden a acentuarse entre la población joven, los segmentos socioeconómicos más bajos y la zona norte del país”.

Si a lo anterior se suma que un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser más blanco que otras personas de países latinoamericanos, el informe nos invita no sólo a hacernos cargo de una realidad que  además tiene una expresión cotidiana dramática como la que le costó la vida a la joven haitiana Joane Florvil, sino también a asumir políticas públicas que enfrenten esta y otras realidades que son explicitadas en  esta cuenta anual.

En este sentido no basta que Chile dicte una ley migratoria democrática dentro de los marcos y compromisos que el país ha suscrito en materia de derechos humanos. Entre otras medidas, hace falta también un mayor rigor y tolerancia cero de los medios de comunicación frente a discursos xenófobos y racistas, así como una ciudadanía más alerta y comprometida.

Desde la Universidad de Chile, junto a los estudios y acciones emprendidas de manera transversal, se suma ahora la Cátedra de Migración y Racismo Contemporáneo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que se encuentra en su etapa de tramitación y que con la coordinación académica de María Emilia Tijoux asume que aportar a la reflexión sobre las causas y consecuencias de las migraciones contemporáneas y el avance del racismo en el país requiere necesariamente proponer desde la academia una aproximación amplia y actual del tema, de modo que como sociedad internalicemos que cuando nos referimos a la migración y el racismo no sólo se trata de un ejercicio teórico, abstracto o histórico, sino que también constituye un elemento fundamental del presente y futuro que como país queremos construir.

La memoria digital

Por José Miguel Piquer

La humanidad parece haber estado siempre obsesionada con almacenar su historia, por mantener una memoria hacia el futuro, por no ser olvidada. Desde los dibujos en las grutas prehistóricas, pasando por los millones de páginas de papel impresas, hasta los discos duros repletos de archivos. Por ello, no es sorprendente que hoy, que tenemos acceso a generar información y almacenarla casi a costo cero, los archivos de la humanidad hayan explotado en el planeta.

Se estima que hoy Internet almacena y disponibiliza más datos que los que se habían generado en toda la historia previa. Cada día se producen más de 2.5 exabytes en fotos, videos, textos, etc. Si eso no le dice nada, se estima que todas las palabras habladas por todos los seres humanos que han existido sobre la tierra suman como 5 exabytes de texto. Al parecer, con la memoria digital hemos construido lo más parecido posible a la biblioteca infinita de Jorge Luis Borges: jamás podremos recorrerla entera ni encontrar todo lo que en ella existe.

Una diferencia importante entre la memoria digital y los métodos anteriores de memoria (pinturas rupestres, libros) es que todo lo que almacenamos son ceros y unos, nada más. Esos ceros y unos los llamamos bits, y usualmente se almacenan y transmiten en forma electrónica, lo que permite tener enormes capacidades de almacenamiento y transmisión. Podríamos almacenarlos en formas más tradicionales, como en papel, pero resulta tremendamente ineficiente para los tamaños que se requieren. Un problema de los bits es que capturan muy poca información cada uno (sólo dos valores posibles), por lo que necesito muchos para almacenar cualquier objeto. Por ejemplo, una simple letra requiere 8 bits. Si queremos idiomas con acentos, eñes y esas alternativas, pasan a ocupar 16 bits cada una. Imaginen cuánto se requiere para una película en alta definición. Por ello es importante ocupar tecnologías de almacenamiento que requieran poco espacio y poca energía para cada bit. Los discos magnéticos y las memorias de estado sólido son los campeones actuales para almacenar datos, pero irán apareciendo alternativas nuevas en un mundo que cambia muy rápidamente.

Esto presenta un gran desafío para los archivos, ya que debemos irlos copiando de una plataforma a otra todo el tiempo, o nos arriesgamos a perderlos para siempre. En lo personal, he perdido mucho tiempo de mi vida preservando videos de mi familia desde que son digitales. En un inicio los copié a DVDs, luego los codifiqué a discos duros y hoy los tengo en la nube, suponiendo que es suficiente respaldo. En ese camino, descubrí que los DVDs se vuelven ilegibles con los años, que los discos duros se mueren con el tiempo y que cometemos errores, borrando historias completas de nuestras vidas.

Alguna vez buscamos respaldos en cinta de un viejo computador para rescatar mails muy antiguos, sólo para descubrir que esas cintas ya nadie puede leerlas. Es ahí que uno entiende el valor que tiene el papel en la historia de la humanidad: soy capaz hoy de leer un libro con cientos de años de antigüedad sin ningún problema, pero no soy capaz de leer una cinta magnética de hace 20 años.

Los archivos digitales son tremendamente volátiles, por lo que la primera lección es ¡cuídenlos! Recuerdo una charla de Marco Antonio de la Parra de hace unos 20 años atrás en que contaba cómo había perdido varios capítulos de una novela, escritos en un largo momento de inspiración en un computador, sin nunca guardar el archivo, claro, hasta un corte de luz. Dijo algo como: “en ese momento entendí lo que era el vacío. ¿Dónde estaban todas esas frases, esas palabras que escribí y sufrí hace unos minutos atrás? ¿Cómo es posible que no quede nada?”.

Ese es un problema fundamental de los bits: son etéreos y frágiles. Debemos batallar por respaldarlos, replicarlos, almacenarlos en forma confiable.

Pero esta memoria digital de la humanidad también presenta varios otros desafíos hacia el futuro. El más obvio es cómo navegar en este diluvio de datos: ¿cómo encuentro esa foto que busco si ahora tengo millones de fotos en mi disco? ¿Cómo discrimino información confiable entre todo el ruido generado por opiniones sin fundamento? Y varios otros que son menos obvios, pero igual de importantes:

¿Cómo diferencio un original de una copia?

¿Cómo protejo la propiedad intelectual?

¿Cómo sé que la información que estoy leyendo es real?

¿Cómo digitalizo objetos complejos reales?

¿Cómo visualizo información masiva?

¿Cómo borro información errónea o de la que me arrepiento?

¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a estos datos masivos?

¿Cómo controlo la privacidad de mi información personal?

La digitalización nos seguirá revolucionando las vidas por muchos años más. Tendremos que seguir esforzándonos por mantenernos al día y buscar soluciones innovadoras a los múltiples desafíos que tenemos por delante.

¿Es Chile un Estado laico?

Por Agustín Squella

Tratándose del tema de la fe, la pregunta suele ser tan simple como “¿cree usted en Dios?”, y parece conducir sólo a dos posibles respuestas, sin dejar espacio para otras réplicas igualmente plausibles y que sus sostenedores desearían poder explicar más allá de un simple “sí” o “no”. Lo que quiero decir es que ante una pregunta como esa caben más de las en apariencia dos únicas respuestas posibles, porque para no pocos hombres y mujeres la existencia de Dios –utilizando una imagen literaria de John Updike- se presenta como algo más bien borroso e incógnito, “como una cara a través del cristal empañado de un cuarto de baño”.

En efecto, entre aquellas dos respuestas más habituales –“sí, creo”; “no, no creo”- es posible identificar a lo menos cinco diferentes alternativas que se sitúan en distintos puntos de una extensa línea que se podría trazar entre aquel par de conclusiones extremas y excluyentes.

Dichas posiciones son la del que opta por suspender todo juicio acerca de la existencia de Dios; la del que duda de esta misma existencia; la del que cree sólo en la posibilidad de la existencia de un ser superior; la del que afirma la existencia de Dios, pero declara que este no es cognoscible por la mente humana; y, por último, la del que únicamente cree que cree.

La primera de aquellas posiciones –suspender todo juicio sobre la existencia de Dios- es la del que se considera agnóstico, esto es, de quien declara no saber, ni ser asunto posible de saber, si Dios existe o no. La respuesta que dio alguna vez Jorge Millas a la pregunta “¿qué pasa entre Dios y usted?” podría ilustrar esta posición: “Entre Dios y yo no ocurre nada”, respondió el filósofo. “Si me ha creado, no lo sé; si su Providencia me conserva, no lo noto. No conozco ni el temor de su justicia ni la confianza de su amor, ni la bendición de su misericordia. Digo “Dios” y me envuelven las tinieblas; pierdo al instante lo único que me salva del aturdimiento ante el misterio de la rutina del universo, que es mi pequeña capacidad de pensar”.

La segunda posición –todavía más alejada del puro y simple ateísmo, pero distante, a la vez, de la firme actitud del creyente- es la de un estado de duda o de indecisión ante Dios. Juan de Mairena, el fabuloso personaje imaginario de Antonio Machado, constituye un buen ejemplo de ella, como se desprende de su conocida sentencia: “A Dios, además de creer en Él y de negarlo, se puede también dudarlo”, frase esta que recuerda la ambigua pero sincera invocación del padre del epiléptico en el Evangelio de San Marco: “Creo, Señor, socorre mi incredulidad”.

En cambio, la tercera de las posiciones antes mencionadas cae más cerca de la del creyente, aunque no coincide del todo con esta: es la del que cree, aunque no propiamente en Dios, sino sólo en la posibilidad de que este exista. Tal nos parece, por ejemplo, la actitud que acabó teniendo el novelista inglés Graham Greene, quien preguntado por los motivos de su conversión al catolicismo respondió que “ante todo me era indispensable creer en la posibilidad de la existencia de Dios”.

La cuarta posición, es decir, la de aquellos que junto con afirmar la existencia de Dios declaran el carácter no cognoscible de este, correspondería a la de Hobbes, y también de Locke. Se trata aquí de creyentes silenciosos, no pontificadores, que se limitan a creer y a quienes no se les ocurriría argumentar a favor de su creencia.

En fin, hay todavía una quinta posición, que es la del filósofo Gianni Vattimo, quien dice que “cree que cree”, y que llama incluso a conformarse con eso –a creer que se cree y a no creer a ciegas-, puesto que sólo una fe débil como esa puede suavizar el mensaje y proceder de religiones que a lo largo de la historia se han comportado agresivamente con quienes no compartían su fe.

Quiero aludir ahora a la distinción entre “secularización” y “secularismo”, la cual, en cierto modo, se corresponde con la distinción entre “laicismo” y “laicicismo”. Sin embargo, “secularización”, propiamente hablando, alude a un proceso histórico que hemos vivido y continuamos viviendo a escala de todo el planeta, el cual se encuentra especialmente avanzado en Occidente, mientras que “secularismo” alude a la ideología que apoya o empuja dicho proceso, aunque “secularismo” puede ser también otra cosa: la ideología de la repulsa o rechazo de las religiones, y, aun, de la misma idea de Dios. Por su parte, “laicismo” es lo que se predica de alguien que es laico. Pero “laico” puede significar también varias cosas, según los distintos contextos de uso del término: el que dentro de una iglesia como la Católica no es clérigo; el que propicia que el Estado debe estar separado de las religiones y de las iglesias y comportarse de manera neutral frente al mensaje de todas ellas; y el que propugna una educación que no incluya la enseñanza pública de ninguna religión. “Laicicismo”, a su turno, equivale a “secularismo” en la segunda de las dos acepciones que señalamos antes para esta última palabra. Y si acabamos de poner “religiones” e “iglesias” es para evitar la confusión entre aquellas y estas. Así, por ejemplo, si el cristianismo es una religión, la Católica es únicamente una iglesia, una iglesia cristiana, por cierto, pero que convive con muchas otras iglesias que comparten la religión cristiana. Vattimo afirma que las iglesias son a las religiones como los clubes de fútbol al fútbol.

Pues bien, llamo “secularismo” a la ideología y comportamiento del rechazo o repulsa de la religión, y llamo “secularización” al intento humano de conseguir una explicación del mundo sin necesidad de recurrir a la afirmación y ni siquiera a la hipótesis de la existencia de Dios. Así entendida, es decir, como un proceso en virtud del cual asuntos estrictamente humanos, tales como el arte, la ciencia, la política, el Estado, el derecho, son explicados y fundamentados con entera prescindencia de la idea de Dios, la secularización no sólo resulta compatible con la religiosidad, sino que se vuelve posible ver en ellas dos fenómenos radicalmente humanos y, por tanto, en cierto modo, convergentes.

Uno de los pensamientos que mejor refleja esa idea lo debemos a un hombre de fe, el teólogo jesuita Henri De Lubac, quien dijo que “si Dios descansó en el séptimo día, ello significa que alguien en adelante tendría que ocuparse del resto”.

Vista del modo que hemos señalado, ¿no podrá constituir la secularización un proceso incluso favorable a la misma religión, en cuanto demarca mejor, y por lo mismo refuerza, los ámbitos de lo eterno y sagrado, por una parte, y de lo temporal y profano, por otro? ¿No ocurrirá que merced a ella -en palabras de Teilhard de Chardin- “el núcleo de lo religioso se desprende ahora ante nuestros ojos más diferenciado y vigoroso que nunca”? ¿No está acaso en esa misma línea la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, cuando refiriéndose a las nuevas condiciones de nuestro tiempo sostiene que “dichas condiciones afectan a la misma vida religiosa: por una parte, el espíritu crítico, más agudizado, la purifica de la concepción mágica del mundo y de las pervivencias supersticiosas, y exige cada día más adhesión verdaderamente personal y activa a la fe”, de todo lo cual resulta –concluye el citado documento- “el que no pocos alcancen un sentido más vigoroso de Dios”.

Agregaré que, como es obvio, la moral es independiente de la religión en el sentido de que así como resulta posible una moral con Dios, esto es, una moral que tome sus preceptos de un credo religioso –por ejemplo, el cristianismo- y que de hecho es adoptada por quienes comparten ese credo, también es posible una moral sin Dios, o sea, una moral laica. Esto quiere decir que no sólo personas creyentes pueden desarrollar una idea del bien, determinar los caminos para realizarla y ponerse en marcha para concretar esa idea en la mayor medida posible. Muchas veces se afirma, erróneamente, que sin Dios todo está permitido en el terreno moral, una idea que cierra toda posibilidad para una moral laica. Sin embargo, y además de no corresponderse con la realidad, puesto que muchos no creyentes se comportan moralmente y pueden dar razones para ello con entera independencia de la existencia de Dios y de los premios y castigos divinos que los sujetos religiosos imputan a los comportamientos moralmente correctos e incorrectos, la idea de que sin Dios todo está permitido se revierte a veces en su contraria, puesto que el fanatismo religioso justifica en nombre de la fe la violencia y aun la eliminación física de quienes no participan del credo de que se trate, es decir, de los infieles. ¿No fue “Ala” la última palabra que salió de los labios de los terroristas islámicos que estrellaron sus aviones contra las torres gemelas en Nueva York? ¿No era acaso en nombre de “Dios” que el tribunal de la santa inquisición católica privaba de su patrimonio y aun de su vida a quienes no creían en Él o simplemente blasfemaban? ¿No fueron reformadores calvinistas los que en 1553 asaron vivo al médico español Miguel Servet por haberse declarado contrario al bautismo de los recién nacidos?

Volviendo a la moral religiosa, es decir, a códigos de comportamiento moral que se corresponden con determinados credos religiosos, está también el problema de que no todos los creyentes de una misma religión comparten íntegramente el código moral de esta, o, lo que es lo mismo, no todos tienen una misma interpretación del mensaje moral del fundador de la respectiva religión. Por otra parte, y si nos situamos ahora en el ámbito más limitado de una iglesia en particular, no todos los fieles comparten ni tampoco siguen las pautas de tipo moral que imponen los ministros y jerarcas de esa iglesia. Esto quiere decir que no hay perfecta coincidencia en temas morales entre quienes comparten una misma religión, y ni siquiera entre quienes forman parte de una misma iglesia, lo cual no relativiza del todo, aunque sí complica a toda moral de carácter religioso.

Mirada desde cierto punto de vista, una moral laica es no sólo posible, sino también más meritoria que una de tipo religioso, puesto que el no creyente que cumple la moral que ha adoptado autónomamente no cuenta para ello ni con la promesa de la salvación ni con la amenaza de la condena eterna. ¿Qué lo mueve entonces? La fidelidad a la imagen moral que ha trazado de sí mismo, el impulso a sustraerse al remordimiento y la culpa, la convicción de que no es aceptable causar daño a otro, e, incluso, la aprobación que desde un punto de vista moral todos necesitamos obtener tanto de parte de nosotros mismos como de los demás. Fidelidad a uno mismo, vivir sin remordimiento ni culpa (hasta donde algo así resulte posible para seres constitutivamente imperfectos), consideración y respeto por los demás, y autoestima moral fundada en el juicio moral tanto propio como ajeno: no son pocos, como se ve, los motivos que tiene un no creyente para tener y observar una moral.

Respecto ahora de cómo se relaciona un Estado con las religiones, veo cuatro alternativas posibles: el Estado confesional, el Estado religioso, el Estado laico y el Estado anti religioso.

El primero de ellos –el Estado confesional- es aquel que adopta una determinada religión como oficial, excluyendo a todas las demás. El segundo –el Estado religioso- es el que, sin adoptar una religión oficial, apoya a todas las religiones existentes, por entender que ellas son un bien para la sociedad; por tanto, un Estado religioso otorga a todos los credos y confesiones religiosas beneficios tales como subsidios, transferencias de bienes inmuebles públicos, exenciones tributarias, y así. Por su parte, el Estado laico es aquel que no adopta una religión oficial, que no hace una valoración positiva ni negativa de las religiones, y que, por lo mismo, ni las apoya ni las persigue. Un Estado laico se mantiene neutral ante el fenómeno religioso y sus diversas manifestaciones institucionales y no hace a aquel ni a estas titular de beneficios ni víctima de maleficios, declarando y respetando la más completa libertad religiosa, incluida por cierto la de no tener religión ni afiliarse a una iglesia. Por último, un Estado anti religioso sería aquel que considera que las religiones representan un daño para la vida en común y el desarrollo de la sociedad, y que, por tanto, las prohíbe y persigue a todas por igual.

En un contexto como ese, ¿qué es Chile hoy, a inicios del siglo XXI? Es claramente un Estado religioso. Ni confesional, ni laico, ni tampoco anti religioso, pero sí religioso, puesto que ayuda de distintas formas a todas las confesiones y credos (aunque casi siempre más a una que a las otras), sobre la base de admitir, aunque no lo haga de manera expresa, que esas confesiones y credos son un bien para la sociedad y que es preciso apuntalarlas en la propagación de la fe y de las buenas costumbres asociadas a esta. Un Estado religioso adopta la tesis de que religiones e iglesias colaboran a mantener buenos estándares morales en la sociedad y que por eso deben ser respaldadas por políticas y recursos públicos que el Estado implementa para ellas.

La pregunta ahora es qué tipo de Estado querríamos tener en adelante. Supuesto que vamos a excluir de partida la posibilidad tanto de un Estado confesional como anti religioso, ¿querremos seguir siendo un Estado religioso, amigo de las religiones, u optaremos por ser uno simplemente laico, neutral frente a ellas?

He ahí una buena pregunta, según creo, en medio del proceso constituyente que estamos viviendo.

La ley de aborto en tres causales: agenda de derechos versus agenda valórica

Por Claudia Dides

En Chile el aborto terapéutico existió legalmente entre 1931 y 1989, periodo en que el aborto era socialmente aceptado. Fue en sus postrimerías que el “Congreso” de cuatro generales de la dictadura militar derogó el artículo 119 del Código Sanitario que lo permitía, penalizándolo a través de la modificación de los artículos 342 a 345 del Código Penal. Esta penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo significó el incumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos de las mujeres. Hoy, finalmente, hemos logrado que el Congreso chileno aprobara en septiembre una ley que permite el aborto por causales, lo que constituyó un gran avance en materia de garantía y protección de derechos reproductivos de mujeres y niñas. No obstante, en cualquiera otra causal las mujeres siguen siendo obligadas a buscar la realización de este procedimiento en condiciones inseguras y clandestinas, lo que afecta integralmente su salud y derecho a decidir.

Esta ley de aborto por tres causales se logra después de casi tres décadas de ausencia de un debate democrático sobre el tema, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, pese a la permanente lucha de la sociedad civil por concretarla y de los intentos legislativos de algunos parlamentarios.

Cuando el gobierno presentó este proyecto de ley se abrió un intenso y a veces dramático debate político e ideológico en la sociedad chilena, que se sumó a otros debates sobre otros derechos en distintas esferas de la vida, cuyo reconocimiento la sociedad chilena viene reclamando hace tiempo. Ello se enmarca en un proceso de transformaciones profundas sobre los comportamientos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres chilenos desde la década de los ‘90, las que produjeron un cuestionamiento al orden social y al “contrato sexual” de la sociedad chilena, que se ha expresado en diversas polémicas sobre políticas públicas como, por ejemplo, la educación sexual, la prevención del VIH/ Sida, el divorcio, la anticoncepción de emergencia, el reconocimiento de la diversidad sexual y el debate sobre el aborto.

A su vez, estas transformaciones han introducido nuevos principios, valores y discursos que reordenan la relación entre cuerpo, sexualidad y reproducción, fenómenos que se ven enfrentados a nuevos nudos problemáticos y que han llevado a que algunos sectores sientan la necesidad de plantear la llamada agenda valórica. Esta agenda ha sido impulsada por los sectores más conservadores -que, dicho sea de paso, no se relacionan directa ni necesariamente con las posiciones políticas de derecha, sino que atraviesan todo el espectro político chileno-, que se expresan a través de discursos político-ideológicos que se vinculan con una determinada forma de concebir la realidad y el orden social. Las significaciones que se expresan en la agenda valórica son asumidas como “verdaderas” y, por tanto, como naturales, “esencialistas”. Estos universos de significaciones operan como organizadores de sentido de los actos humanos, estableciendo los límites de lo lícito y lo permitido que intentan disciplinar los comportamientos, en particular los de las mujeres.

De manera especial, el estancamiento y retroceso de las formas de abordar y atender la sexualidad y la reproducción en Chile se ha debido a la intervención de corrientes conservadoras encarnadas en las posiciones de distintos actores institucionales, particularmente religiosos y políticos.

La presencia de sectores conservadores en estos debates se ha ido acentuando en los últimos años. Esta situación no es particular al caso de Chile. Se trata de procesos a nivel global y regional. La jerarquía de la Iglesia Católica ha determinado los lineamientos doctrinarios y religiosos sobre la sexualidad debido a la importancia que se le ha concedido a su normatividad discursiva, la que, incluso, ha llegado a convertirse en un referente casi obligatorio. Se han sumado también las jerarquías de las iglesias evangélicas, que incluso se han constituido en algunos países a través de bancadas parlamentarias, un fenómeno que también comenzaría a suceder en Chile, lo que daría cuenta de la aparición de ribetes integristas preocupantes para la democracia.

Esta agenda valórica se contrapone a la agenda de derechos que se ha construido a partir del reconocimiento de las mujeres como sujeto de derecho, proceso que tiene como base las transformaciones en la intimidad que han modificado el valor social asignado a la sexualidad y reproducción. A partir de los diferentes procesos de modernización ha surgido un elemento central para posibilitar el ejercicio de los derechos en este campo, como es la separación entre sexualidad y reproducción, lo que repercute en el proceso de toma de decisiones de las mujeres en estos ámbitos. Se trata de un nuevo camino de búsqueda de autonomía de las mujeres y, por tanto, de un cuestionamiento a los sistemas de dominación de género en estos campos. Diríamos que el “derecho a decidir” es uno de los grandes avances, a pesar de las dificultades y obstáculos conocidos.

La agenda de derechos, que tiene como columna vertebral la autonomía, la libertad y el derecho a decidir, comienza en la década de los ‘50-‘60, cuando existió una creciente preocupación por los temas de población y desarrollo por parte de los países más desarrollados, y se extiende a la década de los 2000, cuando se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Los defensores de esta agenda son principalmente movimientos feministas y de mujeres, ONGs defensoras de los derechos, etc., a los que se suman los Estados, que van suscribiendo sucesivos acuerdos.

La sexualidad y la reproducción son políticas en la medida en que han traspasado la esfera de lo privado y se han convertido en problemas de derechos ciudadanos que el Estado debe garantizar a través de la implementación de políticas públicas acorde con la realidad de la población, y del desarrollo de mecanismos para garantizar los derechos cívicos, sociales y políticos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Lo que está en disputa en las agendas y que se expresó claramente en el debate de la ley de aborto por tres causales en Chile ha sido la autonomía, la voluntad y la libertad de decidir en el marco de un Estado laico. Es decir, la capacidad que tiene cada persona, en este caso las mujeres, para adoptar normas y criterios que permiten la construcción de una voluntad individual, expresada en múltiples comportamientos y respetuosa de la autonomía de las otras personas. Se trata de que a cada persona se le reconozcan sus derechos sin renunciar a la propia identidad, a sus deseos y proyectos.

Tal como se ha señalado, la autonomía y la voluntad son parte de los hilos conductores y de los componentes sustantivos más importantes en el escenario de la vida personal, en tanto condición para relacionarse con los demás de forma igualitaria, lo que finalmente permite el respeto por las capacidades de los demás, que es consustancial al orden democrático.

En el debate sobre el aborto por tres causales han coexistido estas dos agendas, que responden a intereses totalmente distintos. Sin embargo, la agenda de derechos cuenta con el amplio apoyo de la ciudadanía; un ejemplo de ello es el 72% de aprobación que tiene la ley de aborto en tres causales.

Sin duda, lo que está al centro de estas dos agendas tan disímiles son los fundamentos mismos del reconocimiento universal de estos derechos. La agenda valórica se constituye a partir de argumentos que se arrogan la interpretación correcta de ciertas reglas que por naturaleza corresponde respetar, una especie de verdad revelada y por tanto no cuestionada. Por otra parte, la agenda de derechos se caracteriza por recurrir a la razón para construir consensos que contribuyan al reconocimiento de la diversidad y de un Estado garante de ideales universales como la libertad, la justicia y la igualdad en el marco de sociedades democráticas.

La laicidad es un imperativo para el Estado y también para las religiones

“La laicidad es una virtud que hace que el Estado sea independiente y servidor del bien común. Pero nada impide, y diría que es incluso obligatorio, que la laicidad sea también una virtud de todos los ciudadanos. Pienso que las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y asociaciones parecidas, además de las personas individualmente consideradas, debieran ser “laicas”. Esta debiera ser una característica de la sociedad y no sólo de un Estado moderno.”

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Significados de una construcción que se inicia en Carén

En Carén se ha puesto en marcha la construcción del edificio que será sede del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria apoyado por CORFO. En este centro participan otras tres universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Participan también la Fundación Chile y Fraunhofer Chile.

CORFO considera que el sector alimentos es clave para el desarrollo del país y que debe preocuparnos desde su producción primaria a su transformación y procesamiento. A través del Programa Transforma Alimentos, ha apoyado con convicción este Proyecto CeTA que permitirá desarrollar tecnologías que agregan valor innovando en la producción alimentaria. Se trata de un espacio de encuentro, de construcción de capital social, de generación de proyectos estratégicos para un desarrollo integral del país.

El edificio para CeTA es el primero destinado a tareas académicas de investigación e innovación que se empieza a construir en Carén. Dentro de poco inauguraremos el Edificio Vínculo, a partir del cual se irá impulsando y organizando nuestro proyecto académico. Pensábamos que el Edificio Vínculo sería la primera construcción de Carén. Quiso la vida que eso no fuera así y que el primero que se pone en marcha sea el de CeTA. Nos alegramos mucho de este curso de los acontecimientos, pues la propuesta de CeTA no podría ser más representativa de las múltiples dimensiones que inspiran a Carén.

Para comenzar, Carén busca la transdisciplinariedad, un gran horizonte para nuestra Universidad que la ciencia contemporánea absolutamente exige. La producción alimentaria es un tema esencialmente transdisciplinario, que involucra entre otras a las áreas silvioagropecuaria, de tecnologías, de salud y socioeconómica.

En este mismo sector referido a nutrición y alimentos, la Universidad de Chile tiene el privilegio de contar con el INTA, un Instituto que, liderado por Fernando Mönckeberg, anticipó la transdisciplinariedad. Un aspecto fundamental de este concepto es que no basta con que distintos expertos den una opinión especializada sobre un tema, sino que se necesita que además conversen entre ellos. Se debe generar un clima, un ambiente, un lugar en que esos expertos se encuentren para que ahí empiece la hibridación y así una disciplina le transfiera a otra conocimiento que de otro modo no hubiera alcanzado. Los logros de ese Instituto han sido extraordinarios.

Podemos evocar otra experiencia relevante de complementariedad de disciplinas en el área silvioagropecuaria. Es la ocurrida hace 50 años cuando, en torno a la reforma agraria, empezó a dársele una importancia inédita a conceptos e ideas de las ciencias sociales para una cabal comprensión del agro.

Carén nos brinda una gran oportunidad para reestructurar e impulsar la relación entre nuestra Universidad y el Estado. Cuando uno busca en nuestra historia un ejemplo del Estado asumiendo su responsabilidad para con el progreso y el desarrollo socioeconómico del país, no hay instancia más representativa que CORFO y su rol en impulsar el desarrollo fabril en Chile. Felicitamos y agradecemos al equipo que hoy dirige CORFO por la labor que han realizado para reafirmar esos valores, del cual CeTA es una muestra elocuente.

Carén también es una oportunidad para articular una relación en torno a la innovación y al desarrollo, entre universidades y empresas, las que están representadas en CeTA por Fundación Chile y Fraunhofer Chile.

Uno de los valores más significativos de Carén es permitir una convergencia con otras universidades. Las universidades en esencia son instituciones que viven de la colaboración y de la complementariedad. En CeTA están presentes la Pontificia Universidad Católica, con la que nos une una larga relación dentro de la tradición universitaria chilena; y dos universidades que comparten nuestro origen e historia, las de Talca y la Frontera. Especialmente relevante nos resulta la articulación de Carén con los temas de descentralización y desarrollo regional. La presencia de las universidades también se proyecta en los logros que han alcanzado en internacionalización. La tarea de situar a Chile en el contexto internacional, otro objetivo de Carén, es muy pertinente tanto para las universidades de regiones como para el tema convocante, la calidad alimentaria.

A través de Carén debemos anticipar y orientar un movimiento desde economías limitadas a la explotación de recursos naturales y tareas extractivas, hacia economías basadas en el conocimiento, y hacerlo ahora, cuando se agregan expectativas políticas y sociales crecientes.

Carén habrá de reforzar, en toda su amplitud, nuestro vínculo con la sociedad.

Decreto «Mara Rita»: Hacer posible el respeto a la identidad de género en la Universidad

Por Irma Palma

En el último tiempo un*s estudiantes perturban a la Institución. Lo hacen por un asunto de género. Son jóvenes trastornad*s politizando su existencia en la Institución.

Al matricularse distinguen nombre social y nombre civil, y demandan usar el primero, y así se presentan el primer día de clase; abandonan los códigos del vestir exigidos en la escuela desde la infancia y mutan sus ropas masculinas en femeninas y viceversa, o un día una y al otro, otra; invierten el uso de salas de baño y duchas; resistirían sin duda un diagnóstico psiquiátrico en los servicios médicos estudiantiles. Desordenan a la Universidad en sus sistemas de registro de sus miembros, en su organización sexuada de los baños, en sus códigos del vestir, en su lenguaje.

Intervienen la vida social y cultural cuando invitan a Hija de Perra a seminarios académicos y a performances en los patios de campus universitarios que provocaban a la academia.

Denuncian a la Universidad por no ser un territorio libre de violencia. Han padecido la violencia temprana y exclusión de la vida familiar, la exclusión e intimidación en las instituciones educativas, religiosas y recreativas. Saben de la desprotección contra abusos médicos, tratamientos compulsivos, diagnósticos psiquiátricos, y saben de la denegación de acceso a procedimientos de reafirmación de género. Saben de la existencia de los castigos crueles en las instalaciones penitenciarias y en hospitales psiquiátricos. Saben de la exposición a explotación sexual comercial y trata de personas. Saben de la violación sexual “correctiva”. Saben también que la transfobia es una violencia normativa, una guardiana de las fronteras de género.

Son estudiantes que concluirán su formación universitaria, pero a diferencia de la mayoría, enfrentarán una enorme lucha para sortear la exclusión en el mundo laboral. Puede ser que muten nuevamente sus ropas y retomen los códigos del vestir exigidos, oculten su nombre social, inviertan el uso de salas de baño y duchas. Puede ser que una vez ejercitada la vida fuera del modelo dominante, la continúen, sólo que ocultándola.

Van a marchar por las calles el día de la Marcha del Orgullo Gay. Tensionan al Parlamento, demandando una Ley que reconozca y dé protección al derecho a la identidad de género. Reivindican el derecho a cambiar el nombre y sexo registral en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica.

Si el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género fuese aprobado en el Parlamento, arribarán si son mayores de edad y no tienen vínculo matrimonial, a un cambio de nombre y sexo registral, sólo que mediando la presentación de un certificado médico que acredite que cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas para formular este cambio. Por cierto, esto último está siendo y será fuertemente resistido.

La Universidad inició, a través de una de sus unidades, su propia transformación. Se trata del “Decreto Mara Rita” -como lo ha llamado DIVERINAP, la agrupación por la diversidad sexual del INAP-, que es fruto de un decreto que en 2016 crearon el Instituto de Asuntos Públicos y la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Mara Rita era el nombre de una estudiante de la carrera de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, una de las más importantes activistas transgénero del país, que murió a causa de un aneurisma fulminante. Su propósito en su artículo primero: “respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de cualquier persona que estudie o trabaje en esta Unidad Académica”. Como institución, se trata de hacer posible lo anterior, no de hacer en la medida de lo posible. Esto es, que los sistemas de identificación y registro operen con nombre social y códigos de identificación civil simultáneamente.

Su presencia desafía en su propia casa a las disciplinas de la psicología y la psiquiatría, Resisten el modelo de conocimiento dominante sobre la sexualidad y el género, y movilizan nuevas interrogantes. En cursos CFG se vuelven profesor*s invitados por académicas y académicos a debatir con otros estudiantes y mostrar cómo unos modelos científicos y políticos pueden ser cuestionados y transformados al contacto con estas identidades y cuerpos no normativos.

No acatan ninguna catalogación, ni etiqueta, ni definición impuesta por parte de la institución médica; reclaman el derecho a autodenominarse.

Rechazan la “psiquiatrización”, es decir, la práctica de definir y tratar la transexualidad bajo el estatuto de trastorno mental, a la confusión de identidades y cuerpos no normativos con identidades y cuerpos patológicos. Rechazan el paradigma en el que se inspiran los procedimientos actuales de atención a la transexualidad y la intersexualidad mediante procesos médicos de normalización binaria, ya que reducen la diversidad a sólo dos maneras de vivir y habitar el mundo. Presupone la existencia única de dos cuerpos (hombre o mujer) y asocia un comportamiento específico a cada uno de ellos (masculino o femenino), utilizando el argumento de la biología y la naturaleza como justificación del orden social prevalente.

Hay quienes se definen, más que otr*s, radicalmente a partir de lo que conocemos como género no binario, que no ajustan a los espectros de géneros binarios (masculino y femenino), y que resisten el tránsito del uno al otro al modo de un eje unidimensional, según el cual mientras más se aproxima un individuo a lo masculino mas lejos estará de lo femenino.

Están en una resistencia cultural y política, y la Universidad es un espacio en que ello ocurre. Saben que se trata de un esfuerzo político por la transformación –o la preservación- del orden sexual, de género y de familia. Saben que en las instituciones podría decirse sobre la transfobia lo que Daniel Borrillo sostiene respecto a la homofobia: La homofobia deviene la guardiana de las fronteras sexuales (hetero/homo) y las de género (masculino/femenino), y Florence Tamagne, que las representaciones homofóbicas tienden a fijar los límites de la “normalidad”: la estigmatización de los comportamientos “desviantes” implica la denuncia de una “confusión de los géneros”.

Lo público en la era de la posverdad

A continuación presentamos un extracto del libro del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche. El texto está incluido en el capítulo “Sermo: lo público en la era de la posverdad”, sección “La nueva educación pública: preservar un espacio abierto” de Chamullo.

Estamos aproximándonos rápidamente a una situación de obsolescencia de nuestro modelo educativo contemporáneo (no sólo en Chile). Esa obsolescencia tiene que ver con la transición hacia una era en que es fundamentalmente diferente aquello que le preocupa centralmente al sistema de educación: el proceso individual y colectivo de toma de decisiones en una variedad enorme de ámbitos personales, laborales, públicos y privados.

Ese proceso de toma de decisiones contiene muchos de los temas que han sido discutidos en este libro: priorización de preocupaciones, ordenamiento de preguntas, recopilación de datos, procesamiento de ellos y uso de la información. Un sistema educativo bien diseñado asiste a los individuos en su proceso de adquisición de un conjunto (…) de competencias que les permiten abordar de mejor manera el problema de toma de decisiones que enfrentarán durante sus vidas (…) decisiones laborales o profesionales, decisiones que afectan su salud o calidad de vida familiar, decisiones comunitarias, sociales y políticas, decisiones de comportamiento, consumo, afectivas y financieras. En todos estos casos, el sistema educativo busca proveer a los individuos de destrezas, competencias, capacidades, conocimientos, seguridades y afectos que le permitan una mejor toma de decisiones individuales o participar de los procesos de toma de decisión colectiva de manera más constructiva y efectiva.

Hay, a lo menos, cuatro preguntas que vale la pena hacerse y que, a mi juicio, están relativamente ausentes de nuestra discusión pública sobre reforma educativa:

La primera tiene que ver con las competencias de la mayoría de nuestra población. ¿Qué hacer con el déficit de competencias para la era de la abundancia de información, donde se mecaniza y masifica la recopilación de datos, su procesamiento, su análisis e incluso su uso para la operación de tecnologías y el cumplimiento de responsabilidades laborales? Esto implica, por cierto, reformular drásticamente el método, ambición y espectro del sistema de educación técnica, de capacitación, profesional y vocacional. Requiere repensar su modelo educativo y pragmáticamente reconsiderar cómo se inserta ese sistema en la vida laboral.

La segunda tiene que ver con los métodos de enseñanza. Nada hay más importante en ese proceso que la interacción interpersonal: entre maestro y estudiante, entre estudiantes, entre maestros, colectiva (…) etc. La interacción interpersonal es un elemento insustituible de la educación de calidad: la conversación en aula, el cuestionamiento e indagación, la resolución de problemas, los laboratorios y metodologías clínicas; en el caso de las materias de mayor vocación académica, los talleres y seminarios, donde las destrezas analíticas, estadísticas, dialécticas, retóricas, humanistas o científicas se prueban en una comunidad intelectual que cuestiona, desafía e interpela. Los cambios tecnológicos y culturales que estamos viviendo le han creado la posibilidad de mayor espacio a lo anterior porque sustituyen una parte importante de lo que hacían los sistemas educativos tradicionales: la entrega de datos y de información a través del modelo catedrático.

La tercera pregunta tiene que ver con otro potencial uso que tienen los espacios educativos que abren las nuevas tecnologías: la posibilidad de restablecer un espacio público de deliberación política. Un espacio donde se mejora la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones públicas y políticas. En la era del chamullo, el sistema educativo va quedando como uno de los pocos ámbitos donde se puede en forma factible educar a los ciudadanos para la toma de decisión colectiva, esencial para una democracia.

La cuarta pregunta tiene que ver con la equidad. Es tentador asumir que la revolución tecnológica reciente también genera en la educación un efecto indiscutiblemente democratizador. Pero esto no tiene por qué ser así. La educación también puede ser capturada por el chamullo, por la no verdad, por el ruido. La tecnología estándar para digitalizar y automatizar partes mecánicas del sistema educativo va a estar, seguramente, disponible para masificar en poco tiempo más. La calidad de lo que hacen los profesores en un ágora quizá será mucho más difícil de universalizar.

Es imperativo desarrollar una metodología para educar a los ciudadanos a vivir y tomar decisiones en la era del ruido, del chamullo y del abuso editorial. Esto va un poco más allá del mero alfabetismo digital. Requiere que los ciudadanos sepan “limpiar” los datos, extraer efectivamente información de ellos y ponderar cuidadosamente las opiniones dado que estas tienen modelos corporativos y políticos que las inducen a sostener sesgos editoriales.

La nueva educación pública es un sistema que se hace cargo del mayor desafío público que tiene la vida contemporánea en sociedad: cómo tener un proceso cognitivo y deliberativo que permita a los ciudadanos tomar mejores decisiones privadas y públicas, mejores decisiones individuales y colectivas.

Situación de la ciencia en Chile: El necesario aporte de las universidades estatales

Por María Cecilia Hildago / Fotografía: Fotos Naín Nómez/ Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile

El año 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que Chile tenía que avanzar hacia una sociedad del conocimiento para potenciar su desarrollo social y económico. En este artículo presento mi visión sobre cómo la situación actual de la ciencia en nuestro país nos limita para realizar este avance y cómo las universidades estatales podrían contribuir a solucionar este problema.

Escaso número de investigadores. Nuestro país tiene actualmente siete veces menos investigadores por millón de habitantes que el promedio de los países de la OCDE, definiendo como investigadores a quienes generan nuevo conocimiento y lo comunican en publicaciones. Esta escasez de investigadores, que es aún más grave en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, limita la generación de conocimiento, pues carecemos de la masa crítica necesaria para generar el conocimiento que requiere nuestro país y así poder influir en forma importante en su desarrollo. Por lo tanto, es urgente e imprescindible implementar medidas para aumentar la cantidad de científicos que trabajen en Chile. Esto permitiría potenciar un modelo de desarrollo más amplio y equitativo, centrado no sólo en aspectos económicos, pues es imprescindible generar nuevos conocimientos en aspectos sociales y culturales que nos permitan eliminar la gran desigualdad económica y social que exhibe nuestro país.

Una forma lógica y efectiva de aumentar nuestra pequeña comunidad científica sería incorporar a los científicos formados en el país y recuperar a quienes han salido a perfeccionarse al extranjero, financiados con programas como Becas Chile. Si bien este programa ha permitido que muchos jóvenes chilenos hayan tenido la oportunidad de completar su formación de postgrado en prestigiosas instituciones extranjeras, no se generó un programa paralelo reinserción-Chile que velara por la reinserción de los becados en nuestro país. Como consecuencia, estamos perdiendo, y corremos el riesgo de seguir perdiendo a futuro, toda una generación de jóvenes talentosos y con una excelente formación que requerimos con urgencia para impulsar nuestro desarrollo. El conjunto de universidades estatales podría jugar un papel decisivo en la inserción de jóvenes científicos tanto formados en Chile como en el extranjero, especialmente si se constituye el Consejo de Coordinación propuesto en el proyecto de ley de universidades del Estado. Insertar nuevos investigadores en esta red a través de un bien diseñado programa de reinserción permitiría ampliar y compartir la actividad científica para generar nuevos conocimientos e impulsar la innovación.

Falta de valoración de la actividad científica creativa. A mi parecer, como sociedad no valoramos actividades que son centrales para avanzar hacia el desarrollo, pues no apreciamos a nuestros científicos y educadores ni a nuestros técnicos. Sabemos que posibilitar el acceso masivo de nuestra población a una educación de calidad, de preferencia estatal, es una forma demostrada de disminuir la desigualdad cultural, social y económica de nuestros habitantes, y permite, además, potenciar el desarrollo de futuros talentos científicos. Si no cambiamos esta perspectiva, será difícil que contemos con los profesores que se necesitan para formar a nuestros futuros investigadores, y con las personas con formación de calidad que se requieren para brindar apoyo técnico efectivo a la cadena de generación de conocimiento.

Falta de apoyo económico e institucional a la actividad científica creativa. Existe consenso en torno a que un fuerte apoyo a la ciencia caracteriza a todos los países desarrollados, sin excepción alguna, y cuando hablo de ciencia incluyo a todas las disciplinas que generan nuevo conocimiento. Nuestro país, que cuenta con una sólida tradición en investigación científica centrada en su gran mayoría en algunas de sus universidades, ha mostrado un avance notable en los últimos 30 años pese al exiguo apoyo financiero público y privado y al escaso número de investigadores nacionales. La calidad y el impacto internacional de las publicaciones chilenas, que destaca respecto a la de otros países de América Latina, motivó que nuestro país fuera mencionado por Nature Index, Rising Stars 2016 como uno de los 10 países del mundo, y el único de las Américas, que pese a su pobre inversión en ciencia, tecnología e innovación presenta un notable avance en el desarrollo de su ciencia, principalmente en astronomía y en menor grado también en ciencias biológicas.

No obstante, hoy el desarrollo científico y tecnológico de Chile enfrenta una aguda crisis, originada por una nociva política científica nacional, economicista y carente de visión, y que además ha sido ineficaz en impulsar el desarrollo de la ciencia y en lograr que los conocimientos generados por nuestros científicos impacten y contribuyan al desarrollo del país. Esta ideología, que ha privilegiado la ciencia por propósito en desmedro de la ciencia básica, omite los importantes efectos benéficos que esta última aporta a la sociedad en términos de educación, cultura e innovación. No apreciar el aporte de la ciencia básica al desarrollo del país es nefasto, pues nos debilita como país creador y nos lleva a la pérdida de talentos y de posibles aplicaciones del conocimiento generado, lo que restringe el avance hacia el anhelado desarrollo integral de Chile.

La inversión que hace actualmente Chile en ciencia, tecnología e innovación, que representa cerca del 0,38% del Producto Interno Bruto (PIB), está muy por debajo de la inversión que presentan los países de la OCDE, que en promedio es superior al 2%, e incluso es menor que la inversión que realizan otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y México. Más aun, hasta hoy la institucionalidad científica chilena presenta un alto grado de fragmentación, lo que resulta en una gran dispersión de los programas públicos de inversión destinados a investigación y desarrollo. Por lo tanto, urge generar una nueva institucionalidad que represente a los científicos frente a quienes toman las decisiones sobre el desarrollo de la ciencia en el país. La Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, anunció la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en enero de 2016. La comunidad científica espera que la creación de este ministerio, que incorpora también innovación basada en conocimiento científico, contribuya a resolver los problemas urgentes que he mencionado en este artículo; no obstante, existen también temores de que este ministerio se transforme en otra institución estatal más, con poca efectividad real y escaso financiamiento.

Falta de difusión de la actividad científica. Y por último, otro desafío que enfrentamos es el hecho de que como los científicos que trabajamos en Chile somos muy pocos, es difícil llevar a cabo una importante tarea en la cual estamos en deuda como comunidad con nuestra sociedad. Tenemos que explicar y convencer a la población de nuestro país de que la generación de conocimiento es clave para asegurar nuestro desarrollo. En consecuencia, tenemos que responder en forma convincente y clara la pregunta ¿por qué es importante hacer ciencia en Chile? Las universidades estatales tienen un papel central en esta materia, especialmente si se genera el Consejo de Coordinación, pues han demostrado que, pese a las limitaciones del sistema, han sido capaces de generar conocimiento mediante investigación científica con la mirada puesta en el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.

El papel de la ciencia no puede limitarse a perfeccionar el actual modelo de desarrollo, que sólo busca fortalecer la tecnología o la innovación para mejorar la productividad de los sectores exportadores de recursos naturales u otras áreas estratégicas de la economía. Por el contrario, debemos impulsar un amplio concepto de desarrollo científico que fomente tanto la investigación motivada por curiosidad como por propósito, en todas las áreas del conocimiento y con recursos y visión a largo plazo. Así se podrá transformar nuestro actual modelo de desarrollo en un modelo que asegure el bienestar, la educación y la salud de todos sus habitantes, y que logre generar soluciones para los desafíos de hoy y del futuro. Tenemos lo esencial: una comunidad de científicos bien preparados, activos y conectados con el mundo; comprometidos con su quehacer y deseosos de trabajar en Chile generando nuevos conocimientos y dispuestos a encarar los múltiples problemas que enfrentamos como país y como habitantes de este planeta. El país debe apostar por apoyar a sus científicos si queremos que Chile sea un país desarrollado. Si no cambia radicalmente la política actual y no aumenta significativamente el apoyo estatal y privado a la ciencia, incluyendo un fuerte apoyo a la generación de conocimiento en las universidades estatales presentes a lo largo del país, se corre el riesgo cierto de perder todo lo logrado en las últimas tres décadas. En particular, se corre el riesgo de perder toda una generación de investigadores que ha tomado muchos años formar tanto en el país como en el exterior.

La cola y el diablo

El contenido del actual proyecto de ley sobre universidades estatales conocido por la opinión pública en las últimas semanas ha sido rechazado en sus partes importantes. Este rechazo incluye no sólo a los rectores que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, sino a amplios sectores de la opinión pública y, particularmente, a todos los estamentos de la comunidad de la Universidad de Chile, incluyendo su máxima autoridad, su Senado y Consejo Universitario, las agrupaciones de académicos, funcionarios y la FECH.

Las razones se han explicitado profusamente en declaraciones, columnas de opinión y entrevistas que apuntan a repudiar las propuestas, especialmente en torno a la gobernanza de dichas casas de estudio, que con este proyecto cambiarían sus estructuras actuales por juntas directivas con presencia mayoritaria de agentes externos, pasando a llevar no sólo la autonomía universitaria, sino la historia de dichos planteles; al rechazo ante los componentes del financiamiento, o bien a la precarización de la condición laboral de funcionarios y académicos, entre otros puntos.

Lo que se esperaba con expectativas, una ley que fortaleciera a las universidades estatales pensadas como motoras del desarrollo económico, social y cultural de la República, devino en un balde de agua fría que lavaba no sólo ese rol, sino sus épicas resistentes y todo vestigio democratizador propio de una universidad crítica, hija de la Reforma de Córdoba de 1918.

La universidad plasmada en parte de los articulados de este proyecto de ley no era aquella que exigió al Estado un compromiso público con sus planteles, sino una fiel exponente del modelo neoliberal que con tanto éxito ha permeado nuestro país.

De ahí la advertencia del Senado Universitario cuando señalaba que “coherente con la lógica gerencial que se quiere imprimir a las instituciones de educación superior, el proyecto introduce normativas que eventualmente podrían flexibilizar la vinculación entre la Universidad y su personal académico y no académico, precarizando aún más las condiciones laborales en las universidades. Unido a lo anterior, si bien el proyecto avanza en la materia, entrega fondos insuficientes para enfrentar el enorme desafío de reconstruir universidades abandonadas por el Estado que puedan contribuir significativamente al desarrollo del país y no modifica en su esencia la política de financiamiento del Estado y sus instituciones”.

Sin embargo, luego de conocerse este proyecto, cuyo articulado mayoritariamente vulnera las promesas y expectativas que lo precedieron, la pregunta que ha rondado diferentes círculos es cuándo, en qué minuto el diablo metió su cola y cambió tan radicalmente lo que era un proyecto esperado por todos quienes creen que es indispensable una ley que potencie a las universidades del Estado.

Pero más que una cola separó al gobierno y al ministerio de Educación. Lo que a estas alturas se evidencia con claridad es más bien la superposición de “dos almas”, dos proyectos de país y de educación pública que no terminan de encontrarse y que hacen que cada mes las reformas avancen y retrocedan dependiendo de quién gane la pugna en cuestión.

Por ello la preocupación de las universidades del Estado, cuyas comunidades hoy están expectantes y exigen ser escuchadas. Escuchadas por sobre aquellos poderes que, parapetados en las lógicas tecnocráticas, pretenden torcer el espíritu de una ley y hacer de estos planteles un remedo de universidad; una intervenida por los gobiernos de turno, domesticada por el poder de los fondos concursables y precarizada en su inestabilidad laboral.