El último episodio del fenómeno de la marea roja ha mostrado que uno de los ejemplos insignes del “milagro económico” de nuestro país, como es la exitosa exportación de salmones de la Isla Grande de Chiloé, esconde un conflicto que está lejos de reducirse sólo a la crisis sanitaria de los últimos meses. Desde su instalación, hace más de tres décadas, la industria salmonera ha ido modificando la cultura y la identidad local, así como la forma de explotación de los recursos naturales y la estabilidad ecológica de la isla, pero sobre todo ha cerrado el acceso a algo vital para los chilotes: el mar.
Por Francisca Siebert y Francisca Palma | Fotografía de portada: Alvaro Vidal / AFP | Fotografía interior: Juan Barrientos
El 1 de mayo estalló el conflicto en la Isla Grande de Chiloé. Imágenes televisivas de barricadas, protestas y el bloqueo de los principales accesos al archipiélago mostraban al país una crisis que por semanas habían sufrido los habitantes de la isla: una floración de marea roja iniciada a mediados de febrero, oscilante y ya en retirada a principios de abril, había retomado su fuerza, alcanzando por primera vez el norte de Chiloé e impidiendo el trabajo de miles de pescadores artesanales.
No era sólo el fenómeno natural y sus consecuencias puntuales lo que había despertado el enojo de los habitantes de la isla. A principios de mayo éstos conocieron la noticia de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada habían permitido a un grupo de empresas el vertimiento de poco más de 4 mil 500 toneladas de salmones muertos, a 140 kilómetros de las costas chilotas. Ese hecho, ocurrido entre el 12 y el 25 marzo, fue interpretado por la población como un acuerdo irregular –entre las autoridades y las salmoneras– y detonante del fenómeno de marea roja por toda la isla.
Dieciocho días se mantuvieron las movilizaciones. Justo García, acuicultor de la zona de Ancud, fue uno de los dirigentes que se plegó de lleno a las protestas. “De los 30 años que llevo en Chiloé, ésta es la primera vez que vivo la marea roja. Estoy complicadísimo. Algo de ahorros quedaron, clientes que todavía estaban en proceso de pago, con eso he logrado financiar estos dos meses, pero para los que vienen se ve muy difícil el horizonte”, afirma.
Según explica el Dr. Benjamín Suárez, director del Laboratorio de Toxinas Marinas (Labtox) del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, la segunda fase de marea roja, iniciada a fines de abril, se desarrolló en muy pocos días y “afectó a zonas que jamás habían visto este fenómeno. En el norte de la isla de Chiloé y en su interior se llegó a toxicidades peligrosísimas, del orden de diez mil microgramos en unas almejas en la zona de Quemchi, que es una zona de mucha producción. Si usted se comía dos de ellas no la alcanzábamos a atender”, advierte.
Una pregunta razonable pobló el debate mediático por esos días: ¿Se podía decir que este fenómeno había tenido relación con los miles de salmones muertos vertidos al mar? Suárez es enfático en explicar que no existe evidencia alguna. “No hay estudios, ni antes, ni durante, ni después”, advierte.
Más allá de la polémica puntal de los vertimientos y de la marea roja, las movilizaciones de los chilotes y sus consiguientes demandas se multiplicaron a partir de ese 1 de mayo, sumando otras exigencias relacionadas con antiguas reivindicaciones de carácter social y económico, todas ellas vinculadas de alguna forma con el aislamiento y la escasa preocupación del gobierno central por dicho territorio.
Para la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e investigadora en ecología política de la Universidad de Chile, Beatriz Bustos, es claro que estos últimos acontecimientos ocurridos en Chiloé evidencian “un fracaso de los modelos de desarrollo regional, porque en el fondo lo que no se ve es que haya un modelo de desarrollo propiamente tal, sino que un modelo de crecimiento, de explotación de recursos naturales”, cuya historia comienza a escribirse en la década de los ‘70.
Salmoneras: la historia de un cambio
La instalación de la industria salmonera en Chiloé fue un proyecto que involucró al Estado –a partir de la Corporación de Fomento a la Producción– y a la empresa privada, convocada para realizar acuicultura en la isla. La alianza buscaba dar salida a una crisis económica que se extendió durante las dos décadas previas, a causa de –entre otras cosas–, los estragos que había dejado el terremoto de 1960.
En primera instancia se introdujeron huevos de las especies que se querían integrar “naturalmente” al ecosistema, pero después del golpe de Estado comenzó a implementarse el sistema de concesiones a las empresas, cuyos productos comenzaron a exportarse en 1978. El apogeo de esta modalidad que incentivó la producción de productos marinos fue en la segunda mitad de la década siguiente, donde el trabajo se enfocó en el cultivo de salmones y posteriormente se complementó con el de mitílidos, es decir, moluscos bivalvos como los mejillones y los choros.
De ahí que la isla se integró al llamado “milagro económico” que devino de la exitosa etapa de exportaciones basada en productos no tradicionales de la década los ‘80.
Pero no sólo eso. Como plantean diversos autores en el libro “Revolución salmonera. Paradojas y transformaciones territoriales en Chiloé”, en la isla se revelan “dos caras del modelo neoliberal y su precariedad, con la volatilidad en el empleo, los riesgos fitosanitarios, demandas por nuevas inversiones públicas y la pérdida y mercantilización de la vida tradicional”. Todo esto, debido a la enorme velocidad con que tuvieron que implementarse los cambios, que impactaron enormemente la vida de los habitantes de la zona.
Como explica la profesora Bustos, la llegada de la industria salmonera requirió mucha mano de obra, porque “había que construirlo todo”, lo que transformó a esta industria en un foco muy interesante de empleo y que sin duda ayudó a la zona a salir de la crisis económica, pero uno que “cambió las tradiciones, porque lo que los salmoneros empiezan a exigir es la proletarización de la mano de obra, con empleos de lunes a viernes –incluso sábado y domingo–; de nueve a seis o hasta en turnos en las noches. No era la tradición chilota, que consistía en trabajar un día aquí y otro allá, ir a ayudar al vecino y trabajar en función de trueque e intercambios; la economía solidaria que había antes”.
Para la académica de la FAU el beneficio de este cambio es que trajo ingresos regulares y permanentes a las familias, pero el impacto negativo es que afectó la capacidad de la comunidad de satisfacer sus necesidades económicas y sociales a través de políticas solidarias. Además, el académico del programa de investigación Análisis Territorial Local Aplicado y Sustentabilidad (Atlas) de la Universidad de Los Lagos, Zamir Bugueño, agrega que una de las consecuencias de este proceso es que “se perdió la agricultura de pequeña escala, por lo que mucho suelo que se dejó de cultivar luego ya de 20 años deja de ser fértil”.
Daniel Pantoja, presidente de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos Rurales de Ancud y presidente de la Federación Provincial de Uniones Comunales de Chiloé –que incluye a las localidades de Ancud, Quemchi, Dalcahue, Castro, Puqueldón, Queilen y Quellón–, vivió en persona este cambio y hoy recuerda cómo fue que aquella “geografía especial y cultura única de la isla” se vieron socavadas debido a la “agresiva penetración de la cultura externa” a fines de los años ‘80.
Las salmoneras, dice Pantoja, “vinieron a cambiar el modo de relación que tenía el habitante del borde costero, que vive tanto del mar como de la tierra” (…) necesitaban mucha mano de obra, sacaron a mucha gente de su hábitat natural y se los proletarizó, y ahí comenzó un proceso de abandono de su propia cultura, un proceso de deterioro de lo que es la cultura chilota”.
Luego desembarcaron otras empresas a extraer recursos de la isla. Entonces vino la fiebre del loco, la fiebre del alga, “sin un sentido de cultivo, de conservación y manejo de los recursos. Y Chiloé fue poco a poco perdiendo su identidad, abandonando sus propias costumbres y quedando en una situación en que una cultura se come a la otra. Acompañado además de políticas de Estado que no toman en cuenta las condiciones propias de esta cultura”.
La expulsión del mar
No sólo cambiaron las condiciones materiales de la vida cotidiana, sino que también el crecimiento de la industria en la región trajo consigo una transformación simbólica brutal. “Otro cambio tiene que ver con el acceso y el uso del mar, que es parte esencial de la cultura de la región”, plantea Bustos, agregando que salir a pescar o mariscar era parte de las prácticas cotidianas y de los imaginarios de Chiloé. “En este proceso de llegada de esta industria, los chilotes y la gente de los fiordos y de la zona del estuario de Reloncaví, de Chaitén, pierden el acceso al mar, porque ahora hay reglas para entrar a éste”, afirma la académica.
En un contexto de libertad, arraigo y apego es que “empieza a haber un proceso de expulsión del mar”, situación que finalmente se institucionaliza con normas como la Ley de Pesca de los ‘90, que incluye un ítem de acuicultura. En este cuerpo legal, como explica Bustos, “se les dice a los pescadores artesanales que tienen que tener carnet para ser pescadores; segundo, que tienen que tener cuota; que no pueden pescar en cualquier parte; y tienen que hacerlo siguiendo las instrucciones que están explicadas en la ley. Y además a la acuicultura se le da estatus legal, la zona de acuicultura es de acuicultura y los pescadores no pueden estar ahí”.
En esta línea, Bugueño complementa que con este cambio “lo que más se modifica son las prácticas cotidianas, que hicieron que los pescadores artesanales pensaran el mar desde el tema del cultivo de recursos más que sólo de extracción. Pasaron de una mirada de cazador recolector al sedentarismo y a ocupar el mar como una parte de cultivo”.
Centralismo, aislamiento y las posibilidades de un puente
“El nivel de centralismo existente en Chile –el más alto de la OCDE– genera condiciones de tanta desigualdad entre los territorios, de tanta ineficiencia en la gestión, de tal concentración del poder y de los recursos, que nos encontramos ante un Estado que no tiene la capacidad de responder adecuadamente a los problemas, necesidades y particularidades de sus distintos territorios”, plantea la académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Claudia Zúñiga, respecto a otro factor que cruza la situación de muchas zonas del país, incluida Chiloé.
El tema del centralismo y del modelo de crecimiento económico aplicado en Chiloé también ha quedado al descubierto a propósito de la construcción del puente que uniría a la isla con el continente. Para el profesor Bugueño es importante “preguntarse para qué, para quién, por qué conectar la isla”.
“Siempre se dice que no puede ser que una persona que se enferma en Castro tenga que demorarse tres horas en llegar a Puerto Montt. La lógica diría ‘bueno, por qué tiene que moverse si el Estado tendría que ser proveedor de la solución de salud en su lugar de residencia’. Pero cómo gastar tanto dinero en un mega proyecto cuando se podría ocupar el 10 por ciento en mejorar la conectividad dentro de la isla o mejorar el acceso a servicios públicos y, sobre todo, la salud. En realidad, yo creo que no se está pensando tanto en la isla, sino que más bien en los empresarios”, sugiere el académico de la Región de Los Lagos.
En línea con Bugueño, el dirigente Daniel Pantoja plantea sus cuestionamientos a este polémico proyecto vial. “Cómo un puente, una infraestructura de 750 millones de dólares, es lo que se quiere instalar para llegar a un lugar como Chiloé, que está totalmente abandonado. Primero solucionemos los problemas al interior de la isla”, dice Pantoja, quien vuelve a la pregunta: “¿Para quién es el puente? (…) Como esta es una comunidad neoliberal salvaje, busca resolver los problemas de las grandes empresas, entonces el puente serviría a los salmoneros y a las empresas que vienen, como las mineras que van a llegar. El puente va a servir de conexión hacia Aysén, hacia el sur de la isla, no para los habitantes de Chiloé”.
Para Beatriz Bustos el tema del puente es “un símbolo de cuáles son las prioridades del gobierno central hacia la isla. Hoy día la gente de Chiloé calcula cuánto sale el puente versus cuánto saldrían los hospitales, mejorar la educación y la conectividad interna, y ciertamente hay una molestia. Esto es un símbolo de lo complejas que son las dinámicas que se están dando en estos momentos en la isla”.
Fin de la crisis: ¿Y ahora qué?
Ancud fue la última comuna en bajar las movilizaciones. Después de casi tres semanas, la declaración de zona de catástrofe y la designación del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, como coordinador del conflicto, los habitantes de Chiloé acordaron con el Gobierno la entrega de un bono de 750 mil pesos para los pescadores afectados. La isla volvía entonces a la normalidad. Sin embargo, queda mucho trabajo por delante.
“Las soluciones no fueron distintas a las que se habían propuesto inicialmente, pero por el cansancio y por el trabajo de ir dividiendo al movimiento social pedazo por pedazo, consiguieron acuerdos que estuvieron basados en la desesperación de la gente. Y esa no es una actitud que le haga a uno mirar con optimismo los sucesos futuros. No podemos decir que el conflicto social y las razones profundas que determinaron las movilizaciones hayan sido solucionadas en lo absoluto. Hay muchísimo pendiente”, estima Benjamín Suárez, de Labtox.
A semanas de terminado el conflicto, Daniel Pantoja cree que “el Estado no ha hecho un mea culpa, no ha tomado cartas en el asunto”. No obstante, el dirigente es optimista. “Las crisis sirven para revertir y generar nuevas políticas y cambios. El Estado tiene la gran oportunidad de tomar a Chiloé y transformarlo en una región modelo en cuanto a su desarrollo, inyectándole el dinero que necesita para generar nuevas formas de producción, para que la gente vuelva al campo, para dar educación en la isla, generar políticas adecuadas con modelos económicos adecuados a la cultura local, porque si no, nos vamos a pasar dando limosnas, soluciones parche”, dice el dirigente.
Como plantea la profesora Bustos, “entender la marea roja como un problema de la pesca es una muestra de que hay una visión sectorial sobre los territorios y no una visión sistémica, que no hay herramientas a nivel regional para gestionar estas crisis”.
Para el profesor Bugueño lo que ocurrió en Chiloé tiene que ver con un “tema mucho más grande, es un sistema económico que se impone en una región que tiene sus características culturales, territoriales, que no se consideran. Ahora ya se están notando los impactos, una vez que ya lleva 30 años”.
“El Estado, en una primera instancia, fue el promotor de esto. La dictadura y la apertura al mercado exterior hicieron que la industria acuícola, como otras industrias, se viera potenciada. Luego, cuando se supone que viene todo el periodo democrático, en donde debiera haber existido una especie de Estado regulador, nunca fue tal”, finaliza el académico de la Universidad de Los Lagos.
Desde la isla, el dirigente Daniel Pantoja es enfático en sus conclusiones: “El Gobierno quiso acotar esto nada más que a la marea roja y el movimiento tuvo esta fuerza de 18 días no por los pescadores, sino que por una comunidad consciente de lo que está pasando en Chiloé en todos los temas. (…) Lo que debiera pasar es que el Gobierno debiese sentarse con todos los actores sociales, pescadores, empresarios, organizaciones sociales, estudiantes, y que entre todos hablemos sobre la forma en que queremos que se desarrolle Chiloé”.
