Por Ennio Vivaldi
A veces, el devenir histórico obliga a resignificar hechos y fechas. Es lo que parece ocurrir hoy con la percepción que tenemos del 5 de octubre de 1988. Nos preguntamos si acaso esa fue, efectivamente, la fecha de cierre de una etapa y comienzo de otra, o si bien no fue más que un punto de inflexión al interior de un mismo período de nuestra historia que se inició el 11 de septiembre de 1973 y cuya verdadera fecha de cierre podría ser el 25 de octubre de 2020.
No se trata de dejar más alta o más baja aquella muralla que representa, por simbolizar un límite que marca un antes y un después, la decisión de 1988 de no prolongar la condición de Jefe de Gobierno de la figura más representativa del golpe de Estado. Sin duda, fueron importantísimas las implicancias de ese plebiscito en términos de derechos humanos y vida cotidiana. Pero lo que se había instaurado en el país en 1973 era un modelo de sociedad y un nuevo conjunto de valores y principios orientadores. Por diversas razones, ese modelo fue en gran medida conservado tras el plebiscito de 1988. Más aún, había muchos convencidos de que nos encontrábamos en un nuevo momento de la historia de la humanidad; para los más entusiastas, el punto cúlmine de esa historia. Cabía opinar si ese modelo, consistente con esta nueva época, era deseable, pero sin duda era inevitable.
Esa resignación fue lo que cambió, en el mundo y en Chile. La pandemia hizo aún más evidente la necesidad de abordar los problemas con mirada transdisciplinar y disposición colaborativa. Aquí, con el estallido social que habría de terminar provocando el plebiscito, surge la determinación de no seguir tolerando un sistema que no permitía expresar, menos encauzar, el descontento. Esto se reforzaría luego, con la pandemia, cuando se hacen demasiado evidentes las consecuencias de una prolongada falta de visión sistémica en salud, educación, vivienda o pensiones.
Las preguntas de ambos plebiscitos son drásticamente distintas. Una refiere a la persona que ha de tomar la conducción de un proceso político y social. La otra, al sentido de ese proceso. Resulta especialmente significativo que fueran los más jóvenes quienes iniciaran el estallido que habría de terminar cuestionando la Constitución. No quieren que sus vidas se desarrollen en una sociedad fundamentada en valores extremadamente individualistas y egoístas. Hay una búsqueda de una nueva ética que abra espacio a la cohesión social para que, revirtiendo la primacía de intereses circunscritos, comencemos a recuperar un sentido de bien común.
Por eso resulta tan significativo que las manifestaciones hayan provenido, en primer lugar, de estudiantes de aquellos liceos donde tradicionalmente todos los jóvenes chilenos podían obtener una educación de alta calidad. El desmantelamiento de la educación pública fue una factor clave en la pérdida de cohesión social. Destaquemos a este respecto los esfuerzos recientes de nuestra Universidad, junto con la Municipalidad de Santiago, por realizar un trabajo conjunto con el Instituto Nacional.
No es cierto, como a veces se ha sugerido, que los estudiantes secundarios y universitarios desafectados pidan mejores condiciones dentro de la lógica del sistema, tales como atenuar el endeudamiento o reducir aranceles. Por el contrario, esos jóvenes denuncian la ausencia de futuro, de valores. Está en juego la relevancia de las ciencias, tecnologías, artes y humanidades y el diseño de una nueva matriz productiva para Chile, con nuevas categorías de empleo y nueva inserción en el mundo en estos tiempos globalizados.
Y en todo esto, la Constitución es la clave. Resulta ilustrativo que en la actual propuesta presupuestaria de Educación Superior se resten fondos a las universidades tradicionales para transferírselos a las privadas que no pertenecen al CRUCH, argumentando que ello es consecuencia de la política de gratuidad. Pues bien, la forma como en definitiva quedó esa política no fue decisión ni del Gobierno ni del Congreso anterior, ni tampoco de los rectores de la época, sino que la última palabra fue del Tribunal Constitucional, al establecer que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales”. Cada cual puede juzgar si, en esta moneda de dos caras, se está favoreciendo a “los estudiantes vulnerables” o a “determinadas universidades”.
Cuando el 25 de octubre se acuerda cambiar la Constitución, se está pidiendo construir un nuevo modelo de sociedad. Lo hace una ciudadanía descontenta, que quiere hablar, ser escuchada y participar efectivamente en la construcción de una comunidad basada en otros valores.
