La frágil memoria de las pandemias en Chile

En los últimos meses se ha reiterado que la del Covid-19 es la peor pandemia de todos los tiempos. Si bien es la de mayor alcance global y ha obligado en pocos meses a cambiar la cotidianidad de millones de personas, lo cierto es que la humanidad ya había pasado por tragedias similares. En Chile, desde el siglo XIX, enfermedades como el cólera, la gripe española o el tifus exantemático han costado la vida de miles de personas y, al mismo tiempo, impulsado importantes reformas en salud. ¿Cómo han terminado estas pandemias y por qué no las recordamos tanto? Expertos entran en ese debate.

Por Denisse Espinoza A.
Página del diario El Ferrocalito de 1886, sobre la epidemia de cólera en Chile.

Creyeron que era la pandemia que por largo tiempo habían estado esperando, pero ¿realmente lo era? 

El 16 de mayo de 2009 el entonces ministro de Salud, Álvaro Erazo, confirmaba lo inevitable: la gripe A(H1N1) había llegado a Chile con la detección de los primeros casos: dos mujeres que pasaron sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, contrajeron el virus que a mediados de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como una nueva cepa de la gripe porcina. Durante años, el organismo incentivó a los países a que trabajaran en un plan de contingencia para una posible pandemia y Chile no fue la excepción. Eso sí, desde 2005, la preparación giró en torno a un posible brote de influenza, pero de tipo aviar y proveniente de Asia, por lo que el nuevo virus se instaló en el país con una rapidez que encendió las alarmas. 

Sin embargo, la reacción de las autoridades locales fue oportuna. Se dispuso de inmediato una barrera sanitaria de ingreso al país y se hicieron exhaustivos controles en el aeropuerto de vuelos provenientes de Canadá, EE.UU. y México. No fue necesario suspender clases ni tampoco decretar cuarentenas: la epidemia concluyó en marzo de 2010 con un total de casos que se alzaron por sobre los 300 mil y con sólo 155 fallecidos confirmados por el virus. “En el papel habíamos previsto millones de casos e incluso teníamos negociada con dos años de anticipación la compra de antivirales, autorizada por el presidente Lagos, por lo que fuimos el único país del Cono Sur que contó con medicamentos en cápsulas que redujo mucho la tasa de complicaciones y, por consecuencia, la demanda de camas hospitalarias. El problema fue que después se cuestionó haber comprado demasiados antivirales”, recuerda la epidemióloga Ximena Aguilera, quien fuera una de las principales responsables del plan de preparación para la pandemia de influenza y que hoy integra el consejo asesor del Covid-19.

“Aunque no fue exactamente el virus que estábamos esperando, había un plan pensado, sabíamos cuáles eran los comités que se debían armar, las autoridades que iban a participar más fuertemente. Era tanto así que la estrategia comunicacional estuvo a cargo de una empresa que diseñó logos, avisos, spots de radio y TV, incluso estaba escrito el discurso de la presidenta cuando llegara el primer caso y se produjera la primera muerte”, cuenta la también académica de la Universidad del Desarrollo. Diez años después de esa epidemia, está claro que el trabajo previsor se ha perdido, luego de que el mismo presidente Piñera declarara el 17 de mayo, por cadena nacional, que “ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del Coronavirus, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado”.

La epidemióloga e integrante de la Mesa Técnica Covid-19, Ximena Aguilera.

¿Es posible que la memoria pandémica se pierda en una sola década? ¿Qué pasó entonces? “Yo diría que tras la epidemia de influenza se abandonó el tema en las Américas. La misma OPS (Organización Panamericana de la Salud) que empujaba el tema lo sacó de sus prioridades y se abocó al reglamento sanitario internacional. Sin embargo, otros países que participan con Chile en la APEC han reaccionado bien a esta pandemia. Los australianos y oceánicos nunca descuidaron el trabajo preventivo, de hecho, cuando empezó, vi por televisión cómo en Australia se anunció que se iba a poner operativo el plan pandémico, es decir, que lo tenían y bien actualizado”, explica Ximena Aguilera.

Así, en esta pandemia, hemos visto cómo frente al poco ojo avizor que han tenido las autoridades para controlar el avance incesante del virus se ha optado por una estrategia que pretende alzar al Covid-19 como la mayor amenaza que ha enfrentado el ser humano en su historia, pero ¿qué tan cierta es esa afirmación? Para el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y especialista en historia de la salud, Marcelo Sánchez, comparar los contextos históricos es complejo, pero “en ningún caso esta es la peor epidemia de la humanidad”. Y ejemplifica: “las enfermedades que se dieron por el contacto entre conquistadores europeos y población aborigen se alzan por sobre los 25 millones de personas y en el contexto nacional republicano, las estimaciones más bajas de la epidemia de cólera de 1886-1888 están en torno a 25 mil fallecidos y las altas en torno a 30 mil, y eso habría que verlo en la proporción de población total del país que rondaba a los dos millones, entonces esa fue mucho peor. Creo que, más bien, lo del Covid-19, es un relato de la catástrofe que busca provocar unidad política, llevar a la gente a seguir instrucciones, pero es una retórica que sinceramente esconde falta de responsabilidad y creatividad política”, dice, tajante, el historiador.

Más que coincidencias 

Lo que sí ha complejizado el manejo de esta pandemia en el territorio local es la falta de credibilidad política que sufre el gobierno y la élite debido al estallido social del 18 de octubre. Sin embargo, los historiadores se apuran en aclarar que esta característica tampoco es excepcional. “Ha sucedido que las pandemias en el país han coincidido con crisis de legitimidad, donde la población ha mantenido cierta distancia frente a las decisiones gubernamentales. En la gripe española de 1918 que afectó a Chile, por ejemplo, también hubo una coyuntura social y política, la república parlamentaria hacía agua por varios lados, hubo grandes manifestaciones sociales y se sumaba a la arena política Alessandri, como el gran reformista, el tribuno del pueblo que iba a resolver todos los problemas”, cuenta el historiador Marcelo López Campillay, investigador del Programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Así también se vivió una crisis política durante el cólera, la primera epidemia que afectó a Chile y que llegó desde Argentina en diciembre de 1886 con casos en Santa María, San Felipe y La Calera, y que se extendió hasta abril de 1888 con un carácter estacional. 

Foto histórica de la gripe española de 1918, que afectó también a Chile.

El presidente era José Manuel Balmaceda, quien promovió un rol más activo del Estado y que era resistido por las élites debido a su insistencia por arrogarse más atribuciones como presidente. Los debates en torno al manejo de la pandemia se vertían en la prensa, en periódicos como El Ferrocarril, El Mercurio de Valparaíso y El Estandarte Católico. Sin embargo, las clases bajas quedaban fuera y más bien se informaban de forma básica y a veces errónea, a través de los versos de la Lira Popular y de la sátira política del Padre Padilla, pasquín donde se educaba a la población y que es detallado por la historiadora Josefina Carrera en su artículo El cólera en Chile (1886-1888): conflicto político y reacción popular, donde concluye: “una de las comprobaciones más interesantes fue captar el abismo que separa al mundo popular de la elite. Así observamos a un pueblo lleno de temor, desconfianza y disconformidad ante las autoridades, especialmente las médicas”. 

Otro evento epidémico que fue consecuencia directa de una crisis económica y social fue el tifus exantemático de 1931, enfermedad transmitida por el piojo del cuerpo humano y que surgió a partir del quiebre de las salitreras del norte del país en 1929. Los mineros y sus familias fueron confinados en pésimas condiciones de higiene y luego trasladados a labores de cosecha en Valparaíso y Santiago, lo que propagó el virus hasta 1935. “En la capital se dieron restricciones en los tranvías, cierres de teatros, de las actividades docentes, hubo desinfección en conventillos y recintos públicos y muchas restricciones a la libertad individual”, comenta el historiador Marcelo Sánchez, quien ha estudiado a fondo el tema. 

El historiador y académico de la U. de Chile, Marcelo Sánchez.

Claro que quizás el contexto epidémico más curioso, por las coincidencias que guarda con el momento actual, es el brote de influenza de 1957, que vino justo luego de la llamada “batalla de Santiago”. Las protestas masivas del 2 y 3 de abril de ese año fueron detonadas por el alza en el transporte público y tuvieron como protagonistas a las organizaciones sindicales lideradas por la CUT. La policía intervino con un saldo de una veintena de civiles muertos y la declaración de Estado de Sitio. Bajo ese clima, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo enfrentó en agosto el arribo de la influenza asiática, proveniente de un barco estadounidense que atracó en Valparaíso. La pandemia ubicó a Chile entre los países con índices más altos de mortalidad, con al menos 20 mil muertos, y parte de las razones fue el tenso ambiente político de un gobierno asediado por huelgas populares. 

“Hay ciertos comportamientos que se repiten en las crisis sanitarias. El miedo, la huida y sobre todo, la desconfianza hacia la autoridad es algo que repercute en el combate de la enfermedad”, explica Marcelo Sánchez. Según la epidemióloga Ximena Aguilera, la desconfianza social en la actual pandemia se enraíza en “el factor de la desigualdad. Si has tenido toda la vida la experiencia de que algunos tienen privilegios y muchos, y que tú no, es difícil creer que vaya a haber igualdad de trato y de derechos para todos”.

El peso de la historia 

Cien años después, un nuevo brote de cólera se detectó en Chile: llegó desde Perú a fines de 1991 pero a diferencia de otras pandemias, tuvo a favor el clima político. “El gobierno estaba compuesto por una alianza de partidos mucho más estable que ahora. Hubo presiones de empresarios que decían que para qué íbamos a comunicar la pandemia, que mejor lo hiciéramos para callado, pero yo me negué porque sabía que la transparencia era la única forma para que la gente siguiera las instrucciones y así fue”, cuenta el médico y ex ministro de Salud de la época, Jorge Jiménez de la Jara, quien lideró la coordinación con los ministerios del Interior, Obras Públicas y las FF.AA. “Era mal visto el contacto con los militares, pero decidí jugármela y ayudaron mucho en el control de las barreras sanitarias”. 

Jiménez de la Jara cuenta que justo en ese momento había expertos de la U. de Maryland (EE.UU.) y de la U. de Chile investigando en el país la fiebre tifoidea –que tiene un ciclo similar al del cólera– e hicieron un mapeo de la ciudad, indicando cuáles zonas de Santiago eran las de mayor peligro. Así, en lugares como Rinconada de Maipú, chacras regadas con aguas contaminadas fueron clausuradas por orden directa de la Seremi de Salud del sector poniente, la doctora Michelle Bachelet.

Los resultados del manejo del cólera fueron exitosos: se notificaron sólo 146 contagiados, tres fallecidos y la población cambió para siempre sus hábitos higiénicos: lavarse las manos se volvió natural, al igual que desinfectar las verduras y no consumir mariscos crudos. “En ocho años se logró que el tratamiento de las aguas servidas fuera una realidad en todo Chile, del 5% subió al 95% con la implementación de plantas en varias ciudades y una inversión de varios miles de millones de dólares”, agrega Jiménez de la Jara. 

Sin duda, tras las pandemias se han mejorado los aparatos institucionales. La epidemia de cólera de 1888, por ejemplo, impulsó la creación en 1892 del Consejo Superior de Higiene y el Instituto de Higiene, dependientes del Ministerio del Interior. Estos dieron paso en 1929 al Instituto Bacteriológico y luego al Instituto de Salud Pública en 1979, que incluso supervisó la manufactura nacional de medicamentos y vacunas hasta fines de los años 90. “Desde 1892 Chile construyó un sistema público de salud bastante robusto, pero todo eso se destruyó entre 1979 y 1981”, afirma el historiador Marcelo Sánchez, pero aclara: “por supuesto que el sistema antiguo tenía defectos, era lento, burocrático, muchas veces no tenía recursos y siempre se le acusaba de practicar una medicina deshumanizada, pero como ideal quería atender la salud de todas y todos los chilenos y no había ninguna exigencia de pago para la atención primaria y de urgencia”. 

Además, sucede que una vez aprendidas las lecciones, los recuerdos más duros de las crisis se terminan enterrando. ¿A qué se debe esta mala memoria de los detalles de la tragedia? “Son traumas colectivos y buena parte de la población lo único que quiere es olvidar”, dice el historiador de la UC, Marcelo López. “Es parte de la psicología humana dar vuelta la página, pero hay sociedades que deciden recordar e incluso hacer memoriales. Esa es una discusión que hace falta en nuestro país, porque no tenemos una buena memoria sanitaria”, agrega. 

El historiador Marcelo López Campillay, investigador del Programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.

Por ejemplo, en 2003, durante las excavaciones para la construcción de la Costanera Norte, se descubrieron restos óseos humanos dentro de fosas comunes que, luego se comprobó, correspondían a un antiguo cementerio de coléricos de 1888, ubicado al lado de uno de los lazaretos de la época; residencias sanitarias donde los enfermos eran aislados. “Se construían en las periferias de las ciudades, eran muy precarios y allí básicamente se iba a morir. Eso da cuenta de la magnitud de este tipo de tragedias y la respuesta común que se les dio durante el siglo XIX”, dice el historiador de la U. de Chile, Marcelo Sánchez. De hecho, al igual que el del 2003, hay una serie de otros sitios de entierro de cadáveres en distintas zonas de Chile que quedaron inscritos en la memoria popular como las “lomas de los apestados”, pero que nadie sabe exactamente dónde están. 

Pareciera que uno de los errores más recurrentes es reducir la respuesta de una crisis de salud al ámbito de la ciencia, cuando en realidad el elemento social es decisivo y por eso urge cruzar disciplinas. “Mientras no haya una vacuna o un tratamiento, dependemos más que nada del comportamiento humano. Hoy sabemos que los niveles de confianza y la credibilidad en las instituciones es importante para manejar una crisis como esta y lo sabemos porque justamente no se está dando”, dice la historiadora de la ciencia y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Bárbara Silva. “Lo de la memoria y la conciencia histórica es un tema sensible, o sea, en los últimos años hemos visto las intenciones de reducir la relevancia de la historia y de las ciencias sociales en el currículum escolar y eso tendrá consecuencias ahora y a largo plazo”, agrega Silva. Mientras, López da un dato relevante. “La historia de la salud se desterró de la mayoría de las Escuelas de Medicina y eso es paradójico. Es decir, ni siquiera los médicos conocen la historia de su disciplina. Al parecer, lo que ocurrió fue que en el siglo XX la medicina se enamoró tanto de sí misma que ya no necesitó ninguna otra disciplina para explicarse los problemas”.

Protestas post pandemia: ¿Estallido 2.0?

Si no se realizan cambios estructurales al actuar de Carabineros en las calles frente a las manifestaciones sociales, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate. 

Por Lucía Dammert

La pandemia tendrá consecuencias económicas y sociales profundas para América Latina. Si bien aún los pronósticos cambian de forma diaria, las visiones de la CEPAL o el Banco Mundial reconocen un retroceso de entre una a dos décadas en los logros de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

Chile no es una excepción. A mediados de mayo de 2020 más de 459 mil trabajadores enfrentan suspensión de sus contratos, más de 17 mil reducción de sus jornadas, lo que impacta directamente sobre aquellos que tienen trabajos más precarios. Según datos del INE, el desempleo al mes de abril de 2020 alcanzó a 8,3% de hombres y 9,9% de mujeres, lo que se suma a una tasa de ocupación informal que se situó en 26,3%. La información aparece de forma constante con un mensaje claro: los que menos tienen sufrirán más por la consecuencias de la pandemia. 

Referirnos a las bases del estallido del 2019 parece algo lejano en el tiempo. Mucho ha cambiado en menos de un año, pero también mucho ha quedado igual o se ha magnificado. La pandemia presenta tasas más altas de infectados en las comunas más pobres, la pobreza extrema, que llegaba a 1,4% de la población, podría moverse, según estimaciones, entre 2,3% y 2,6%. CEPAL pronostica también que la pobreza que afectaba a 9,8% de la población el 2019, afectará a entre 12,7% y 13,7% en el mediano plazo. 

Con la pandemia y la cuarentena obligatoria, las ollas comunes han regresado a las poblaciones más vulnerables.

El hambre, la sobrevivencia y el frío, así como el trabajo infantil, el abandono escolar y la cobertura médica se instalarán en una agenda social que hace sólo un año reconocía la necesidad de un cambio de modelo en Chile. Ahí donde se puso en duda el lucro con la educación, el negocio de la salud privada y los pésimos resultados del sistema privado de pensiones, ahora se reconocerá la necesidad de mecanismos estatales sólidos y permanentes para brindar estos bienes públicos con un Estado robusto, que sirva a las mayorías y que deje su rol subsidiario. 

La pandemia además ha enfatizado en un tema central del estallido del 2019, la segregación de nuestras ciudades, el abandono de múltiples territorios, la inequidad con rostro de discriminación, maltrato y fragmentación. Vivir en la ciudad no es igual para todas y todos, la presencia de guetos verticales, así como de guetos de pobreza y explotación para la población migrante, son dos caras que por décadas nos negamos a ver. Tal vez estar entre las ciudades más prometedoras o con la mejor calidad de vida para los negocios según rankings internacionales nos impidieron ver el rostro completo de la ciudad que construimos. Esa donde le tememos al distinto y desconfiamos del vecino; donde contaminamos con parque vehicular “del año” y concentramos las áreas verdes en pocas comunas. 

El estallido social del 2019 nos llamó a reflexionar sobre un país que se produce a pesar de estas profundas grietas e inequidades. La pandemia no callará este llamado, por el contrario, es muy probable que lo amplifique, con la evidencia que dejará no sólo en términos de enfermedades y fallecidos, sino también de cuidados y privilegios. Los sectores populares donde se concentró la pandemia y algunos hechos de violencia que ocurrieron en 2019 han sido los primeros en implementar ollas comunes, redes de asistencia ciudadana y mecanismos colaborativos incipientes entre vecinos. Generalmente apoyados por los gobiernos municipales, han enfrentado la precariedad con dignidad, pero también con un claro sentido de abandono que se hizo evidente con los limitados apoyos entregados inicialmente, los llamados al encierro sin reconocer las dificultades del mismo y la situación de la mayoría de los centros de salud ubicados en sus comunas. 

El estallido 2019 tuvo como respuesta inicial un violento accionar policial que no escatimó en usar balines, bombas lacrimógenas y agua con químicos entre otras herramientas de lo que llamamos orden público. La protesta social tiene que ser entendida como un mecanismo legítimo de expresión de necesidades por parte de la población que no se siente representada por los partidos políticos o los gobernantes de turno. Criminalizar su accionar o policializar la respuesta sólo trae más violencia y convierte muchas veces el reclamo en ira. Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Human Rights Watch muestran señales irrefutables de violación de derechos humanos, así como de un entendimiento institucional del uso de la violencia como una solución rápida. 

La represión policial fue una de las tónicas de las manifestaciones post estallido social del 18 de octubre.

La crisis de legitimidad de Carabineros de Chile marcó la necesidad de una profunda reforma policial, que pusiera énfasis en el verdadero gobierno civil del sector. Por primera vez desde el retorno de la democracia en Chile, el tema policial se analizó desde la integralidad y se pusieron en duda los altos niveles de autonomía, opacidad e impunidad. La pandemia le quitó momentum a este debate, los acuerdos por reformas se han ido transformando en acuerdos legislativos específicos. La certera y proactiva respuesta que han tenido las policías en el marco de la pandemia ha incrementado la confianza y validación de los ciudadanos en las principales encuestas de opinión. Proceso esperable que muestra que el trabajo policial es multifacético y que la ciudadanía, a pesar de las complejidades del pasado, reconoce el rol de una policía que ayuda a la protección. La confianza en momentos de angustia, ansiedad y pandemia no debería entenderse como una carta en blanco para desarrollar estrategias comunicacionales y cambios menores.

Sin cambios estructurales en la forma en que se enfrenta la protesta social, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate. 

La debilidad estatal no sólo se ha visto reflejada en la carencia de un sistema de atención de salud primaria que permita una cobertura adecuada para toda la población, sino también en la ausencia de espacios de protección. Se trata de una situación que ha consolidado espacios grises, donde grupos informales o criminales cumplen roles de protección y asistencia dirigidos a personas de alta vulnerabilidad. La ausencia del Estado es un escenario extremo que se observa en algunos contextos, en la mayoría de los barrios populares de Chile, donde el Estado está presente sólo en términos policiales, muchas veces reactivamente o con programas sociales que entregan bonos pero no construyen redes sociales. El estallido en los lugares donde el Estado juega este rol ambivalente (represión/abandono) sin duda tendrá expresiones y narrativas muy distintas para las que debería estar preparado el aparato estatal. Preparado no sólo con nuevos carros blindados o cámaras policiales de cuerpo, sino con la presencia efectiva de los sistemas de protección social. Post pandemia preocupa el abandono escolar, el consumo problemático de drogas y alcohol, los problemas de salud mental no tratados, entre otros múltiples factores que son reconocidos por su vinculación con el aumento de la violencia. No es clara cuál será la agenda de inversión en ninguna de estas áreas.

En el futuro cercano tendremos que acostumbrarnos a una “nueva normalidad”, nos han dicho los encargados de la agenda sanitaria. Una normalidad que traerá cuidados especiales, distanciamiento social e incluso restricción de algunas prácticas que nos eran cotidianas. En nuestro contexto, avanzar con una efectiva reforma policial que evidencie que no habrá impunidad por la violencia utilizada el 2019, así como mostrar preocupación por la construcción de una legitimidad policial basada en la confianza y la percepción de trato justo es un elemento fundamental para evitar el posible escalamiento de violencia en el futuro. Mantener un cronograma de debate nacional, con verdadera y diversa participación en el marco constitucional, es muy relevante. El cronograma electoral tendrá que ser discutido en el marco de lo acordado; pensar en una alternativa política que elimine el plebiscito de ingreso, la definición del mecanismo o el plebiscito de salida podría ser entendida como un retroceso en los logros de la movilización ciudadana. 

En la nueva normalidad, el derecho a la protesta deberá ser asumido por la sociedad en su conjunto. La protesta sin respuesta política puede terminar en violencia debido a la frustración o a los intereses de algunos grupos. Está en las manos de los principales líderes sociales y políticos la tarea de involucrar a la sociedad, reconocer los problemas estructurales, avanzar en la agenda de transformación y de inclusión. Así, el estallido 2.0 no debe ser visto como una amenaza, sino como un recordatorio de que la búsqueda de dignidad en la forma en que se desarrolla el país no es un evento episódico, sino un reclamo estructural que llegó para quedarse. 

Alejandra Matus: «Es una salida política fácil culpar a la gente si la autoridad no ha hecho lo suficiente»

Aunque su domicilio actual es Nueva York, EE.UU., la periodista e investigadora ha dedicado estos meses a analizar y recoger datos sobre la pandemia en Chile, dejando en evidencia una serie de inconsistencias en las cifras oficiales de fallecidos y contagiados, lo que junto a otros factores influyó en la salida del ministro Jaime Mañalich. Alejandra Matus es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos Crimen con castigo, El libro negro de la justicia chilena —que fue censurado en 1999—, Doña Lucía y Mitos y verdades de las AFP. En esta entrevista, Matus aborda detalles sobre su investigación durante la pandemia y el rol del periodismo en este tipo de contextos.

Por Jennifer Abate

—Vives en Brooklyn, EE.UU., y no trabajas hoy en un medio de comunicación, sin embargo, fuiste quien realizó una de las revelaciones claves sobre la pandemia: en nuestro país no era exacto el número de fallecidos. ¿Qué te llevó a emprender esa investigación?

Desde enero me atrajo el tema desde el punto de vista periodístico. Me parecía que había una contradicción entre los deseos y expectativas de los gobiernos, que esperaban que la pandemia se quedara solamente en China, y lo que advertían los expertos, los epidemiólogos, las revistas de difusión científica. Entonces, desde el punto de vista profesional y también por obsesiones propias, fui siguiendo las noticias, y leyendo y aprendiendo distintos aspectos de la pandemia. Como soy chilena, por supuesto me preocupaba cómo iba a desembarcar el virus en Chile, sobre todo considerando que el país venía de un periodo bastante crítico, el estallido social de octubre, y con autoridades con una muy baja credibilidad. Pensaba que el tema de la confianza iba a ser un problema para que las personas adhirieran a las cuarentenas y por eso escribí una columna en marzo, señalando ese problema. 

Una de las primeras cosas que publiqué en Twitter (@alejandramatus) fue precisamente sobre los estudios que hablan de cómo la pandemia afecta más a los pobres y son más graves sus consecuencias cuanto más desiguales son las sociedades. El exceso de mortalidad ya era un tema en marzo, es un indicador que tomaron los primeros diarios, no los inventaron ellos, son indicadores creados por los centros de control infeccioso tanto en Estados Unidos como en Europa y, básicamente, miden cuántas personas fallecen por sobre lo esperado en el periodo de la pandemia.

—¿Por qué este indicador es más preciso?

Es considerado un indicador más preciso del impacto directo e indirecto de la pandemia que las contabilidades propias de los gobiernos, las que están determinadas por factores políticos, de acceso a testeos, de masividad de los testeos, de foco de los testeos, de capacidad, por ejemplo, de contar a los fallecidos en sus casas. Esto no se puede hacer en países que no tienen un sistema centralizado de registro de fallecidos, lo que Chile afortunadamente tiene, pero hasta en los países más robustos en su tratamiento de la pandemia y con más recursos, también se producen deltas, porque es muy difícil capturar los casos en medio de una crisis que está en desarrollo. 

Normalmente, la actitud de los gobiernos democráticos que han visto este indicador ha sido reconocer que hay un reporte inintencional, muchas veces tratar de tomar medidas para corregir este subreporte y, sobre todo, hacerse cargo de ese número para tomar medidas políticas en el momento en que se conoce la información.

—¿Por qué crees que en nuestro país nadie tuvo la inquietud de hacer estos cruces? 

No puedo saber por qué otra gente no lo hizo, no es un método que yo inventé, no es algo que estaba escondido y que encontré registrando en un paper escondido en una biblioteca, sino que era un tracker que se iba actualizando y mostraban otros países. Al principio, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) era el primer laboratorio, llamaba la atención que el crecimiento de la infección fuera lineal, o sea, todos los días había un máximo de casos reportados y daba la impresión de que más que mostrar el avance de la epidemia, lo que se estaba mostrando era la capacidad máxima de testeo y no sólo de testeo, sino la capacidad máxima de procesar ese test y sacar un resultado, que además tenía un retraso. Ya en ese minuto, el ISP tenía un retraso de cinco a siete días, por lo que la foto que se estaba mostrando el 10 de marzo podía ser la foto de dos o tres días atrás. Parecía que Chile era un país excepcional, donde, por alguna razón mágica, la epidemia avanzaba lentamente y había pocos fallecidos. La primera muerte se registra el 21 de marzo y a finales de ese mes sólo se habían registrado 16 fallecidos. Eso generaba dudas sobre los datos, dudas razonables si pensamos que se trata de un país que no tenía otras políticas especiales, extraordinarias, y que más bien no había adoptado ninguna de las políticas que en otros países habían servido para contener o aminorar la velocidad de contagio.

Cuando salió la respuesta del gobierno, que dijo que el Registro Civil no era la fuente, pasaron por alto otros dos datos que yo entregué en esa fecha. No sólo había un número mayor de muertes en marzo de 2020 comparado con el mes de marzo de años anteriores, sino que también estaban fuertemente cargadas hacia las edades superiores a los 50 años en una distribución significativamente inusual comparada con los cinco años anteriores. Luego estaba la distribución por regiones. En marzo, si bien a nivel nacional había un 11% de diferencia en exceso de muertes, hay algunas regiones donde esa diferencia era mucho mayor, como Valparaíso, Biobío, Magallanes. 

«Está pasando en los hospitales: la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estima inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático»

—Crees que había un interés creado detrás de este “ocultamiento” de información por parte del gobierno o más bien faltó rigurosidad para atender a la relevancia del exceso de muertes reportado por el Registro Civil?

No sé cuáles son las intenciones, porque no las puedo reportear. Cuando uno reportea los propósitos políticos de algo, tiene que buscar evidencias, un memorándum, una entrevista en que alguien diga “mira, vino alguien y nos ordenó hacer tal cosa”. No tengo acceso a esa información, por lo tanto, no voy a hablar de cuáles pudieron ser o no las intenciones. Lo que sí puedo analizar son las declaraciones públicas antes y después. Las declaraciones públicas de ese minuto hacían énfasis en que Chile era el país con más testeos, con una capacidad única y excepcional para atender la crisis; que Chile contaba más allá de lo que se recomendaba; que Chile tenía la más baja letalidad gracias a estas políticas de cuarentenas dinámicas y que las medidas de seguimiento y trazabilidad le permitían a Chile tener mayor flexibilidad en su política, y que sobre la base de esa construcción, de esos argumentos, se descartaba completamente lo que yo había publicado. El ministro incluso me atribuyó, sin mencionarme y de manera indirecta, intenciones espurias para que el gobierno fracasara. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero sí sé que tuvo la oportunidad de ver esos datos. Así como vio los datos del número de fallecidos, también podría haber visto esa información a la que no se refirió nunca, en ninguna de sus declaraciones, y tampoco se refirieron, hay que decirlo, otras personas que también analizaron los datos y que dijeron que no eran significativos, que el método estaba malo, que yo no sabía sumar.

—Si bien hubo muchas voces que agradecieron lo que estabas haciendo, hubo quienes te criticaron por cuestionar la verdad oficial en un momento en que debía primar la idea de la “unidad nacional”. Periodistas te trataron de alarmista e irresponsable. ¿Cómo enfrentaste en ese momento esos comentarios y a qué crees que se deben estas reacciones?

Bueno, la reacción emotiva de la gente la comprendo, porque es un shock, y cuando uno tiene que adaptarse a malas noticias, la reacción emocional es dispararle al mensajero, eso es histórico, sobre todo si es la autoridad la que estimula esa idea. Hay personas que se sienten representadas por el discurso de que es el momento de la unidad y no de la discordia, y así lo manifiestan. Lo de irresponsable y alarmista me pareció injustificado y me pareció también temerario de parte de los colegas que hicieron esos juicios sin siquiera haberme mandado un mensaje directo para preguntarme, reportear un poquito antes de tirar esas piedras. Nunca ha sido mi intención publicar esta información para criticar el reporteo de otro, no tiene por objetivo compararme con otros, solamente aportar información que me parece relevante. Puede que se hayan sentido, de alguna manera, interpelados, que cuestionaran, por ejemplo, que yo tuviera estos datos y ellos no, y una manera rápida de salir de eso fue decir “ella fue irresponsable, ella publicó información que no estaba lo suficientemente verificada, no como nosotros, que somos responsables y lo estamos haciendo bien en resguardo de la salud pública”.

—Las cifras de contagio y fallecidos en Chile son desastrosas. Esta semana se dio a conocer el tercer informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile, realizado por la U. de Chile y el Colegio Médico, que señala que el plan de “retorno seguro” propuesto por el gobierno redujo el efecto de la cuarentena en un 78%. Sin embargo, la autoridad ha tendido a culpar a una población que no respeta las medidas de cuarentena. ¿De quién es la responsabilidad que hoy nos tiene entre los países con el peor manejo de la pandemia?

Desde el 11 de junio, Chile es el país con el mayor número de contagios por millón de habitantes y eso se refiere sólo a las cifras oficiales, y con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Por supuesto que hay una responsabilidad de cada persona de cuidarse y tomar las medidas posibles. Eso parte del supuesto de que la gente puede hacerlo, que los jefes no te van a obligar a ir a trabajar y que tienes condiciones habitacionales adecuadas y una educación suficiente que te permite entender que cuando el gobierno está hablando de “retorno seguro” tienes que tomarlo con distancia y tienes que buscar tu propia información y medidas de resguardo, más allá de lo que la autoridad sugiere. 

Uno le podría reprochar a esos ciudadanos que tienen un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel educacional (que además son una minoría en el país), que a pesar de saber lo que saben, a pesar de tener las condiciones que tienen y tener los ingresos que tienen, deciden salir, deciden tomar actitudes riesgosas. Para el resto de la población, la responsabilidad es fundamentalmente del Estado y del gobierno, que en el fondo es el administrador del gobierno con el mandato de la gente que lo elige. Uno también pierde de vista que el gobierno es un servidor público, que el gobierno está al servicio de los intereses comunes de todos y, en ese sentido, la primera responsabilidad y la única responsabilidad exigible es la responsabilidad política. No es gente malvada que se quiere enfermar, algo pasa, hay un desajuste entre lo que estoy diciendo y el comportamiento que espero. Es la autoridad la responsable de ajustar su discurso. Si aún después de un discurso que pone los riesgos sobre la mesa y que toma todas las medidas para que la gente se quede en su casa, no se logra rebajar el 60% de la movilidad, entonces el gobierno puede acudir a la labor coercitiva del Estado, controles policiales, vigilancia, etc. Pero, en general, me parece que es una salida política fácil culpar a la gente de los comportamientos si es que yo, como autoridad, no he hecho lo suficiente para lograr ese comportamiento deseado.

El ex ministro Jaime Mañalich en uno de sus reportes habituales sobre la pandemia.

—En Chile podemos llegar a tener tres cadenas nacionales al día. Esto implica que gran parte de la información que recibimos proviene más de discursos oficiales y estrategias comunicacionales del gobierno que de investigación o reporteo independiente. ¿Qué opinas de esta forma de construir la información y la estrategia del gobierno de copar los espacios mediáticos?

A mí me trae malos recuerdos de Dinacos (División Comunicación Social en dictadura) y los reportes oficiales, también me parece mal que se personifiquen los reportes. Está bien que haya un vocero que entregue la información todos los días, pero ocupar esa tribuna para justificarse o para desacreditar información o para criticar a alguna persona o institución que está pidiendo que se liberen los datos, por ejemplo, me parece un uso abusivo del espacio público y antidemocrático, porque obviamente la jerarquía y la atención que logra una cadena nacional no puede compararse con lo que logra un centro de estudios que saca un reporte. El gobierno, en vez de decir “vamos a recoger esto, vamos a estudiarlo, analizarlo, a invitarlos a conversar con nosotros”, le tira ollas con agua hirviendo a quienes disienten, eso provoca un efecto inhibidor a la libertad de expresión. Si le tiro agua hirviendo a Eduardo Engel (de Espacio Público), qué le queda a Juan Pérez, qué le queda a una persona que siente que tiene algo que decir pero que va a ser acusada de estar contra el espíritu nacional. Eso es lo que está pasando en los hospitales, la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estime inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático.

—¿Cómo evalúas la situación de Chile en materias de libertad de expresión?

Me parece alarmante, no solamente respecto de la manera en que desde posiciones de autoridad se desacreditan los discursos indeseados, sino porque también hay un retroceso en el acceso a datos públicos. La Ley de Transparencia ha funcionado muy mal en el periodo de la pandemia y me parece que la justificación que dan distintas instituciones, que señalan que la pandemia hace más difícil el trabajo de los funcionarios que tienen que recopilar y entregar esa información, no es suficiente, no calza, y te voy a poner un ejemplo. El ISP me pidió 100 días hábiles para la entrega de datos, o sea, en octubre tendría que darme información que está desde abril, información que está en computadores, información que el gobierno controla y conoce. No es información que tienen que ir a buscar a un sótano, una bodega, un archivo judicial escrito a mano; no, es información que está en archivos computacionales y que los funcionarios, dependiendo de la complejidad que se pida, podrían resolver en una o dos horas. Y si no está computada, si no está en línea o si la respuesta es que la información no está organizada, deberían decir que los datos no están organizados computacionalmente, lo que quiere decir que el gobierno, al referirse a esa información, está hablando de datos que no son confiables.

Creo que la fortaleza y la precisión de datos en Chile es un tema. Roberto Méndez (académico y analista de datos) lo había puesto en el debate antes de que pasara todo esto. En Chile, todos los chilenos tienen RUT, por lo que —es escalofriante si uno lo piensa desde el derecho a la privacidad— todo está en línea, casi que con tu celular pueden saber si estás vivo o estás muerto. Ayer me respondieron una petición que hice en Fiscalía, pedí las autopsias abreviadas para saber cuántos casos de Covid-19 habían detectado en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía y la respuesta fue que no me van a entregar la información por un tema de resguardo de la privacidad. Eso es tan absurdo, porque en Chile la muerte es un hecho público, casi en todos los países la muerte es un hecho público, tú puedes sacar el certificado de defunción de cualquier persona por esa misma razón, no tienes que ser ni siquiera familiar directo. De hecho, hoy, con tu dirección, tu RUT, o basta con que yo sepa tu nombre y dos apellidos, puedo encontrar lo que está publicado en el Servicio de Registro Civil, entonces, ¿vamos a respetar la privacidad o no la vamos a respetar? Se usa la privacidad para negar datos, pero la privacidad deja de existir para otras cosas. Me parece que todo eso es un tema largo y complejo y que probablemente va a requerir investigaciones académicas de todo tipo.

—¿Cuál es tu visión en general del periodismo que se hace hoy en Chile?

Creo que la gente identifica el periodismo con la tele, porque además es el medio preferido para informarse y puede haber muchos periodistas haciendo un excelente trabajo en medios alternativos, escritos, pero la gente no los ve, no los identifica. Sí le reprocha el trabajo periodístico a la televisión y yo creo que ahí hay un lamento justo, en el sentido de que la televisión, como representante de los grandes medios de comunicación, tiene los recursos suficientes para hacer un buen trabajo de periodismo informativo, que me parece que es la demanda del momento. No necesitas ser periodista de investigación para contrastar los datos del gobierno; no necesitas ser periodista de investigación para hacer una petición por transparencia; no necesitas ser un periodista de investigación para ir a los hospitales y preguntar a los deudos; para ir a los cementerios; para buscar información colateral y con métodos periodísticos que te permitan demostrar o averiguar si lo que dice el gobierno en sus cadenas nacionales se condice con la realidad. 

Más que de los periodistas, la responsabilidad es de los jefes de prensa, que autorizan o no autorizan las pautas. Estoy segura de que estas pautas han estado, estoy segura de que hay periodistas que han levantado estos temas y al final es la decisión del editor ordenar una pauta y, últimamente, difundirla; bien puede que las pautas se hayan hecho, que el editor las haya ordenado y que no salieran al aire. En esa cadena de responsabilidades, me parece que mientras más alto el cargo, más alta es la responsabilidad, uno no le puede cargar la mata a los periodistas porque no sabemos si lo han intentado, y yo me atrevería a asegurar que sí lo han intentado.

También hay que recordar que los canales de televisión abierta en Chile están explotando una señal que es pública, es el Estado el que les permite usar esa señal y, por lo tanto, lo mínimo es tener un departamento de prensa autónomo, independiente, que se rija por las reglas del periodismo y que no esté dependiendo del vaivén de los intereses del dueño de turno, porque las personas que hoy explotan esas señales no son dueños, son solamente concesionarios. Espero que en algún momento alguien ponga esto de relieve. 

—Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre hacer periodismo hoy en Chile y a finales de los noventa y comienzos de los 2000?

Bueno, hay muchos, muchos cambios. La década de los noventa también fue difícil para el periodismo porque estábamos en la llamada transición a la democracia, que nunca terminaba, y había pactos de los cuales formaban parte los medios. Si bien tenían líneas editoriales y posturas editoriales distintas, los pactos de la transición eran compartidos por casi todos, salvo algunas revistas alternativas que existían en ese tiempo, pero que no tenían alcance masivo. Se podía hablar de derechos humanos, pero no de la responsabilidad penal de Pinochet. Otro acuerdo tácito era no cuestionar el modelo económico, otro no tan tácito, sino más bien declarado, era no investigar las privatizaciones de las empresas públicas, no investigar posibles casos de corrupción del noventa hacia atrás. Había un cerco bastante amplio y delimitado y tú sabías cuándo te acercabas a ese cerco porque te llegaba el shock de electricidad. Eso se fue estrechando porque además empezaron a desaparecer los otros medios, los medios que trataban de acercarse al cerco; cerró La Época el 98, pero antes cerró Apsi, Análisis, un montón de revistas. Creo que el momento de mayor restricción editorial duró desde 1998 a 2004, antes de que empezaran a surgir otros medios como The Clinic y que aparecieran medios digitales. Pero si bien hoy tenemos mayor diversidad editorial, seguimos teniendo déficit de periodismo. El periodismo es caro, es más barato tener gente que opine que armar un departamento de prensa, pero es más útil un departamento de prensa que mucha gente opinando. Está bien la opinión, cumple un rol, pero ya tenemos opinantes suficientes. 

Extracto de la entrevista realizada el 12 de junio de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Lorena Zambrano, dirigenta ecuatoriana: “En Chile eres como un delincuente por pedir un techo donde dormir”

Vive hace 11 años en Chile y en la actualidad es una de las dirigentas del campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio. Su experiencia en este lugar ha estado marcada por un violento desalojo que realizó Carabineros de Chile en 2016, que culminó con 1.300 familias durmiendo a la interperie del desierto. En esta entrevista, la dirigenta aborda los gestos de racismo y discriminación en contra de la población migrante que lamentablemente hoy se han multiplicado, critica el rol del Estado a la hora de garantizar los derechos humanos y se refiere a las condiciones de vida de gran parte de las y los migrantes. “Somos tratados como animales, esa es la realidad”, afirma.

Por Bárbara Barrera

En agosto de 2016, bajo órdenes estrictas de la Gobernación de Tarapacá, Fuerzas Especiales de Carabineros llegó al sector de La Pampa, en Alto Hospicio, con el objetivo de desalojar a las 1.300 familias que vivían en la toma del sector. Lorena Zambrano (36), ecuatoriana, dirigenta e integrante de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (AMPRO), se encontraba viviendo en la toma junto a sus tres hijos, todos menores de edad. 

“En el desalojo la máquina pasó, se llevó casas y no le importó que había abuelos y niños y niñas. Es duro ver tu casa en el piso, ver a tus hijos en la noche durmiendo en el piso. Tan brutal fue lo que pasó, que hubo una señora embarazada que perdió su bebé, hubo una señora a la que le volaron los dientes los carabineros, los niños lloraban, o sea, fue una cosa impresionante. Tuvimos que dormir en carpas, aguantábamos frío, se suponía que nos iban a traer baños químicos, pero nunca llegaron, y la gente al final comenzó a hacer hoyos para al menos tener un lugar donde echar tus necesidades biológicas”, relata Lorena, en medio de la pandemia, desde el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio, lugar donde las autoridades locales reasentaron a las familias después del desalojo. 

En 2016, Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron a 1.300 familia del sector de La Pampa en Alto Hospicio. Crédito de fotos: 24horas.cl

Lejos de ser un lugar con condiciones de habitabilidad dignas, el lugar escogido por las autoridades fue, literalmente, un basurero. “Lo abrieron en cuatro partes y en ese cuadrado del medio dijeron ‘ya, ¿quieren estar aquí?’ y aquí nos tiraron. De ahí en adelante han venido las luchas por limpiar el campamento y por hacer otras reconstrucciones dentro de los mismos vecinos, pero ha sido difícil porque nos dejaron abandonados, apartados”, explica la dirigenta.

En la actualidad, el campamento donde vive Lorena cuenta con 250 familias y cerca de mil personas, quienes a través de la organización comunitaria han logrado tener acceso a luz y han negociado con los medios de transporte regionales para obtener movilización desde el campamento a la ciudad. 

El 70% de la población del campamento corresponde a población migrante, siendo los principales grupos los bolivianos, ecuatorianos y colombianos. La dirigenta cuenta que una de las cosas que ha llamado la atención este último tiempo ha sido la llegada de haitianos y haitianas que han migrado desde Iquique o desde la capital tras vivir situaciones de discriminación y racismo en las que han sido escupidos, golpeados y baleados.

«Habría que borrar esa canción ‘Si vas para Chile verás cómo se recibe al amigo cuando es extranjero’, habría que eliminar esa canción porque la realidad no es así. No podemos decir que el 100% de las personas en Chile, pero sí hay un alto índice de racismo», sostiene Lorena.

La dirigenta ecuatoriana de AMPRO, Lorena Zambrano.

-¿Cómo has visto la situación de la población migrante durante la pandemia? ¿Crees que estos actos de racismo y discriminación se han incrementado este último tiempo?

Efectivamente, ha aumentado el clasismo, el racismo, la discriminación y la xenofobia. Hay muchos migrantes que todavía no tienen sus papeles, el Estado todavía no ha dado una solución a las personas que se han quedado sin trabajo y estaban en procesos de tramitación de visas. Si tú le preguntas hoy día a una madre o un padre -sea chileno o extranjero- que tiene seis hijos, si dejaría de trabajar porque tiene Covid-19, obvio que no va a dejar de salir a trabajar porque la respuesta es “prefiero contagiar a diez mil, pero darle a mi hijo de comer”. El Estado tiene que encontrar una forma de proveer a estas familias que están contagiadas con lo mínimo, que son los víveres, porque si en tu casa tienes qué comer, por lo menos los 15 días de cuarentena no tienes para qué salir, porque por lo menos tienes alimento en tu casa. 

–El asesinato por parte de la policía estadounidense del ciudadano afroamericano George Floyd indignó a la población mundial y, a partir de ello, en Chile revivimos episodios de racismo que terminaron con la vida de Joane Florvil, Monise Joseph y Rebeca Pierre, entre muchos otros hombres y mujeres haitianas. ¿Cómo ves la indignación que ha manifestado la sociedad chilena ante esta situación?

Ha habido un reconteo de las muertes que han sucedido antes y de otros compañeros que han sufrido racismo y discriminación. Sin embargo, es increíble cómo ha aumentado la discriminación ahora que descubrieron los cités donde hay haitianos contagiados, que han sido incitados por los discursos que lanza el gobierno, en los que tú ves la cuota de racismo al decir que los migrantes que están en cités son culpables de que tengamos el virus. Tienen esos discursos que llaman a que la gente se alce y nos vea como un enemigo infeccioso. Aquí vemos compañeros que han venido de Santiago, especialmente los compañeros haitianos, quienes han sido escupidos, baleados, maltratados. Y ¿quién se hace cargo de todo el daño psicológico que esas experiencias conllevan? Nadie. 

–¿Cuáles han sido las principales demandas de la población migrante durante la pandemia? 

Lo mínimo que se pide en este Estado de Excepción es que haya una regularización inmediata, porque no es posible que migrantes que estaban trabajando con sus papeles, al haber una pandemia, sean despedidos siendo que estaban en proceso de regularización. Sí, efectivamente, el carnet se les va a actualizar un año más, pero después del año, ¿qué? Las cosas vienen graves y no creo que haya trabajo de la noche a la mañana. ¿Quién les devuelve su trámite? ¿Quién les devuelve ese dinero? ¿Quién les devuelve su tiempo? Nadie. Por eso nosotros pedíamos una regularización inmediata, que a todas las personas que están trabajando se les regule inmediatamente dos años más su carnet para que tengan la posibilidad de buscar un trabajo.

Otra imagen del desalojo que sufrió el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio, en 2016

-Mencionaste la discriminación y episodios de racismo en contra de la población migrante en comunas como Quilicura. ¿Cómo son las condiciones de vida de la población migrante en estos sectores de la capital y en la ciudad de Iquique?

La ley no se ha hecho presente en cuanto a establecer cuál es la responsabilidad de la persona que te arrienda. No te dan ni siquiera un contrato, no te dan un papel de que tú le pagas y las condiciones son deplorables. ¿Quién sanciona a esa persona que arrienda la casa en ese estado? Es el dueño el que tiene la obligación de garantizar al menos un lugar cómodo donde vivir. Somos tratados como animales, esa es la realidad. No les interesa cómo viven los niños, sólo les importa el lucro. Nos tiran a la calle y nos sacan como delincuentes porque llaman a los carabineros. Eres como un delincuente por pedir un techo donde dormir. Yo me pregunto dónde están los derechos humanos, dónde está la humanidad, el respeto por las personas. 

Sin embargo, cuando son las campañas de gobierno, ahí sí nos llaman, cuando nos necesitan para alguna cosa, ahí estamos los migrantes. ¿Y ahora dónde está el gobierno para nosotros? Acá no contamos con el Servicio Jesuita Migrante, no hay casas para alojar a personas que están en la calle. ¿Qué va a pasar entonces? Todo el mundo se va a tirar a las tomas y el gobierno va a decir que no están autorizadas, pero es que entonces, ¿qué haces? Entre tener un techo, aunque sea mal hecho, a estar muriéndote de hambre y frío en la calle, no te toca de otra. 

-¿Cuál crees que es la importancia de los vínculos y formas de organización comunitarias para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo, en un contexto en el que la ayuda por parte del Estado ha sido prácticamente nula?

Acá, en Alto Hospicio, nosotras estamos colaborando con tres ollas comunes, le han puesto «El pueblo ayuda al pueblo» porque es la única forma: juntar todos los víveres para poder solventar el hambre de todos. La gente tiene que entender que uno no viene a vivir a las tomas porque Alto Hospicio prácticamente esté calificado como un foco de delincuencia y que todos venimos a robar, que aquí está la prostitución, etc. No, somos personas a las que el bolsillo no les da para más, el Estado mismo nos obligó a buscar otras instancias de vida y como migrantes tampoco tenemos la posibilidad de obtener una casa de la noche a la mañana si no tenemos papeles. 

–Dentro de las principales falencias del proyecto de ley de migraciones que está en tramitación se encuentra la imposibilidad del cambio de categoría migratoria para la visa de turista en el país. Esto implicaría que las y los migrantes deberán volver a sus países de origen para tramitar el cambio de categoría. ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de ley? 

Prácticamente, están llamando a que la migración sea un delito, porque si a la gente tú no la dejas estar como corresponde, ten por seguro que va a seguir pasando irregular. La ley migratoria va a jugarnos en contra siendo que debería ser más flexible para esas personas que les cuesta traer sus papeles, ya que en sus países también les cobran una barbaridad. En realidad, estas cosas tendríamos que sentarnos a negociarlas. ¿Cuánto va a perder el Estado y cuánto vamos a perder nosotros? Dentro de eso tenemos que llegar a un acuerdo, pero no se puede cuando el Estado decide todo y el resto ve cómo acatar, por eso no podemos decir que este es un país libre y democrático. Este país sigue siendo un país sin democracia, la democracia nunca existió en Chile, cada política que sacan es antidemocrática. El pueblo sigue oprimido y su opresor sigue arriba. 

Mientras sigamos así, van a seguir las marchas, las huelgas, la gente se va a seguir pronunciando. El estallido social no se ha calmado, está pausado por la pandemia, pero una vez que termine esto, la gente se va a alzar a las calles y vamos a tener a un Estado observando cómo todas las medidas no han sido suficientes para aplacar la ira del pueblo.

Marcha contra el racismo en Santiago de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile.

-La campaña “La humanidad somos todes”, de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Universidad Abierta de Recoleta, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Radio Universidad de Chile y la Radio JGM, busca preservar la vida en tiempos de pandemia y hace un llamado de humanidad ante los distintos casos de discriminación y racismo en contra de la población migrante. ¿Cuál crees que es la importancia de este tipo de iniciativas? 

Siempre, como organizaciones, deseamos que desde la universidad despertara esta hambre por trabajar en conjunto con nosotros. Estamos viendo que otros están entendiendo que la humanidad somos todes, que vivimos en un país donde no podemos seguir hablando de «los chilenos», que es un país donde estamos todos, todas y todes. Para nosotros ha sido un hecho fundamental para poder rebatir el racismo, la discriminación y que sean los mismos actores migrantes quienes aparecen. Yo creo que todas las personas que hagan parte de la campaña son la voz del que no puede hablar y esta campaña sirve para prevenir y evitar que no haya ninguna muerte más por culpa de la xenofobia y el racismo.