A pesar de los crecientes índices de secularización en el país, la religión sigue siendo un elemento relevante a la hora de entender la composición y funcionamiento de una sociedad cada vez más compleja y diversa. En esta columna, académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile plantean que la inclusión de preguntas sobre la religión en el Censo 2024 puede ser una oportunidad para abordar, desde otra perspectiva, temas como la baja participación electoral, la atomización social o los procesos migratorios.
Por Luis Bahamondes G. y Nelson Marín A. | Foto: Claudio Reyes/AFP
Durante décadas, los censos de población describieron el mapa religioso de los chilenos/as dando cuenta de la hegemonía del catolicismo, la que solo se vería alterada en los noventa por el crecimiento del mundo evangélico. Hace pocas semanas se dio inicio a una nueva versión del Censo en Chile, que presenta la pregunta sobre la pertenencia religiosa, incluyendo 10 opciones relativas a tradiciones e iglesias dominantes. En caso de no identificarse con las opciones ofrecidas, se incluye la alternativa de ‘ninguna’ y ‘otra religión o credo’, dando esta última la posibilidad de señalar libremente la preferencia del encuestado. A pesar de los cuestionamientos iniciales —algunos incluso provenientes del mismo Instituto Nacional de Estadísticas (INE)— referidos a la pertinencia y utilidad de conservar la pregunta por la religión, el Censo 2024 ofrece no solo la posibilidad de determinar el peso estadístico de estas tradiciones ―dato particularmente interesante para sus líderes y representantes―, sino también de advertir de transformaciones relevantes en el mapa religioso del país.
Una de las principales demandas entre las agrupaciones que abogan por el laicismo o la secularización del Estado es la expulsión de lo religioso del espacio público. Junto con ello, el pragmatismo tecnocrático ha instalado progresivamente la idea de que el gasto público debe tener un respaldo concreto a través de mediciones de impacto en la población. Sin embargo, dicha premisa ha encontrado, a nuestro juicio, expresiones extremas que se sintetizan en las preguntas ¿Para qué sirve la religión?, o bien, ¿Cuál es su utilidad práctica? Detrás de este cuestionamiento se encuentran muchas veces prejuicios secularistas que la consideran como un elemento irrelevante para las políticas sociales o la vida pública de los individuos. Bajo este escenario, el presente texto pretende dar algunas luces respecto a la consideración de la variable religiosa en el diseño de políticas públicas, no solo debido a su “utilidad”, sino también porque la religión es un elemento relevante a la hora de entender la composición y funcionamiento de una sociedad cada vez más compleja y diversa. Tal como advertían los pioneros de las ciencias sociales (Weber y Durkheim), la religión representa una dimensión esencial de la cultura que otorga cohesión social, orientaciones ético-normativas y sentido de pertenencia a miles de personas. De ahí que, más allá de juzgar su “utilidad práctica”, preguntarse por ella es también posicionarla como un factor relevante de lo público y, en este caso, de las políticas dirigidas desde el Estado.
En concreto, conocer la identificación religiosa institucional de los chilenos/as a través del Censo (en cruce con encuestas locales) permitiría analizar y comprender los comportamientos de un número significativo de personas con relación a las siguientes aristas:
a) Una preocupación permanente de los gobiernos durante las últimas décadas ha sido la baja participación votante en las elecciones (36% en las elecciones municipales de 2016, la más baja desde el retorno a la democracia). La evidencia internacional, a través de un sinnúmero de encuestas, ha revelado la cercanía o distancia que poseen determinados grupos religiosos con el sistema democrático, así como el rol que tiene lo religioso en la promoción o defensa de valores asociados a la democracia o el autoritarismo. De esta forma, conocer la identificación religiosa podría contribuir a analizar el comportamiento electoral, sus inclinaciones hacia determinados regímenes políticos, o el nivel de participación e indiferencia hacia la política en general.
b) Es de conocimiento público la labor social que realizan diversas agrupaciones religiosas en el país en una multiplicidad de áreas: rehabilitación de drogadictos y alcohólicos, terapias alternativas para enfermedades graves, bolsas de empleo, reinserción de expresidiarios, etc. En consecuencia, es de interés del Estado conocer las formas de participación de la sociedad civil, a la vez que fomentar el capital social de instituciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
c) La construcción de espacios asociativos en ambientes de fuerte atomización y violencia ha encontrado, a través de la generación o fomento de vínculos espacios comunitarios, una vía de alivio o solución. De esta forma, tanto el gobierno como los municipios han inyectado grandes recursos en iniciativas comunitarias como agrupaciones de adulto mayor, clubes de barrio, orquestas juveniles, etc. Ahora bien, si consideramos que la cobertura territorial de templos, iglesias, salones, centros de culto y espacios religiosos, entre otros, presenta un rico entramado societal, resulta pertinente para el diseño de política pública aprovechar dicha capacidad instalada conociendo la distribución de las denominaciones religiosas en el país. Esto con la finalidad de poder realizar alianzas virtuosas público/religiosas que permitan promover la generación de redes asociativas en espacios de conflicto. A modo de antecedente, según el Informe Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido (PNUD 2019), el 19% de la población en Chile participa de juntas de vecinos, seguido de las iglesias u otras organizaciones religiosas con un 14%.
d) La tendencia a nivel global indica que los procesos migratorios serán cada vez más recurrentes a nivel intrarregional. Muestra de aquello es el caso de Chile, que en las últimas décadas ha visto crecer de manera exponencial la población extranjera (haitianos, dominicanos, venezolanos, colombianos, etc.). Si consideramos que la religión es un componente central de la identidad del continente y que posee una alta valoración, según el informe Religión en América Latina (2014) de Pew Research Center, resulta fundamental conocer la identificación religiosa de dicha población que presenta nuevas variantes a las ya históricas presentes en el país (catolicismo y protestantismo), pues el vudú, la santería, el neochamanismo y las espiritualidades indígenas forman parte del mapa religioso del Chile del siglo XXI.
Finalmente, aunque la relevancia de lo religioso en lo político y lo público sea evidente y justifique la importancia de incluir la identificación religiosa en el actual Censo, también es necesario considerar las limitaciones de seguir comprendiendo esta variable a través de preguntas excluyentes centradas en instituciones y tradiciones. Existe un consenso en la literatura especializada de que las personas tienden a construir sus sistemas de creencias y adscripciones religiosas de forma cada vez más ecléctica e independiente de las jerarquías institucionales, situación que una pregunta como la del Censo 2024 no puede representar en su complejidad. Incluso entre quienes dicen no tener religión existe la posibilidad de que practiquen o posean creencias mágico-religiosas que no logran relacionar con una opción religiosa definida. Esta decisión de definirse al margen es el resultado de una insatisfacción con las opciones ofrecidas o un juicio crítico con lo que identifican como religión. De ahí que sea necesario complementar el dato censal con otra clase de fuentes de información que nos permitan dar cuenta de mejor forma de las transformaciones religiosas que ha experimentado la población chilena y las posibles implicancias que podrían tener estos cambios en el diseño e implementación de políticas públicas.
