El proceso constituyente desde el territorio

Desafíos y propuestas desde el pensamiento popular para refundar la patria.

Por Doris González Lemunao

Si existe algo en lo cual todos estamos de acuerdo es que Chile no está bien, y por eso, debemos modificar las formas en que se construye nuestra sociedad. La institución que regula nuestras relaciones y formas es la Constitución, por lo tanto, debe ser reescrita para refundar la patria. No basta con algunos cambios (que sin duda son necesarios, como subida de sueldos, mejora de condiciones del trabajo, impuesto específico a los superricos y limitaciones de sueldos millonarios), lo que se debe modificar es la concepción de sociedad que permite que unos pocos se enriquezcan groseramente a costa del trabajo de muchos y de la explotación irracional de los bienes comunes.

Es la hiperconcentración de la riqueza lo que se ha vuelto una situación impresentable y que ha hecho que Chile se transforme en uno de los países más desiguales del planeta. El capitalismo en su forma neoliberal fue ensayado, construido y profundizado en nuestro país de manera ofensiva. Además, ha permitido a las grandes empresas arrasar con nuestros bienes comunes, recursos naturales, mar, ríos y bosques, por mencionar algunos.

Doris González Lemunao, dirigenta del movimiento UKAMAU y presidenta de la Fundación Feman.

Pero esta profunda crisis que estamos viviendo en Chile se arrastra hace ya muchos años. Se manifestó inicialmente como una crisis de representatividad por la poca participación en los procesos electorales. Poca participación que, de paso, sólo fortalece el sistema neoliberal y a quienes se han mantenido en el poder durante más de 40 años, imponiendo leyes que sólo benefician a los dueños del poder y la riqueza. Bajo una democracia restringida, que niega derechos a las mayorías en busca de beneficio y ganancia para unos pocos.

Es un Chile agotado y hastiado de las promesas que le hicieron sobre una alegría que llegaría para el disfrute de todas y todos, esa alegría que el pueblo esperaba, esa alegría que el pueblo sigue esperando y los distintos gobiernos siguen postergando. Fueron 30 años de promesas incumplidas; los trabajadores y el pueblo hemos decidido que no esperaremos más.

Llega un momento y un escenario que se rebela en octubre del 2019 con indignación y mucha, mucha rabia. Además, esta protesta tiene un contenido que se había mantenido bastante ausente y en algunos casos marginado de las movilizaciones de la década recién pasada y que tuvieron su momento más álgido en 2011. Son los sectores populares, aquellas y aquellos invisibles que se hicieron visibles en el estallido social, con mucha radicalidad, movilizando el territorio y trasladándose a los centros de las ciudades, un escenario no propio. Los populares volvimos a la política contingente en la Plaza Dignidad y no volveremos a apartarnos de este camino por falsas promesas de alegrías y prosperidades que nunca llegan.

Se vive un momento destituyente que comienza a caracterizar un nuevo escenario político donde la principal demanda es por participación y derechos.

Participación en lo político, un espacio absolutamente desalojado para los sectores populares, marginados de la toma de decisiones. La necesidad de participación que plantea esta irrupción de sectores de trabajadores y populares en la escena política plantea un nuevo orden y una forma distinta de hacer las cosas. Situación que aún no logra la comprensión de los espacios políticos más tradicionales y los partidos políticos que tienen el apellido de transformadores y progresistas. Este proceso es absolutamente distinto al de fines de los años ochenta, por el contexto político, la realidad y características de las organizaciones y movimientos sociales e incluso el contexto mundial que impone la pandemia del Coronavirus.  Por lo tanto, la salida no puede ser la misma que operó en los ochenta y que consistió básicamente en desalojar a los trabajadores y populares de la acción política y circunscribirlos al ámbito “social” o “sindical”, en una suerte de gremialismo impulsado por el progresismo, que lo que logró fue una profunda desafección hacia la política de los sectores populares y trabajadores.

Desde esa perspectiva, es un momento crucial para avanzar en una nueva forma de relación y acción política que permita de manera efectiva hacer las transformaciones necesarias y, con ello, una nueva Constitución que garantice derechos y seguridad social. En este sentido, entonces, la principal batalla en este momento es la participación masiva y activa de la gente. No basta con lograr los niveles de participación que se han logrado en las elecciones anteriores, ahora es decisivo, para que sea un proceso representativo, la mayor cantidad de personas participando y asegurando, además, que las y los constituyentes sean reflejo de esas demandas que se han amalgamado en la rabia y frustración y se han levantado en las calles de nuestro país.

Es, sobre todo, una lucha por derechos arrebatados y negados durante décadas. Para nosotros, como organización, es importante que exista el derecho a la vivienda y la ciudad dentro de los derechos garantizados por el Estado. Hoy la vivienda no existe como derecho en la Constitución y las referencias que existen hablan de las posibilidades que tienen las policías para allanar viviendas. Por lo tanto, debemos asegurar que la refundación de la patria asegure estos derechos en su carta fundamental.

Sin duda, no basta que la Constitución mencione en uno de sus párrafos el derecho a la vivienda y la ciudad. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y la segregación social en la construcción de vivienda. Por pensar sólo en la materialidad (en cuanto a su construcción) y sólo de manera cuantitativa, no se aborda la situación cualitativa. Es decir, no se piensa en sus habitantes y comunidades, que son más que la materialidad. Debemos pensar con mayor profundidad para planificar el desarrollo del hábitat con las y los habitantes como parte del proceso dinámico al que debemos apuntar como sociedad, abarcando la vivienda, la comunidad, el barrio y la ciudad como un espacio democratizador de lo social y lo político.

En este sentido, es clave no reproducir la lógica dominante de construcción espacial mercantil, que sólo ha profundizado la segregación y marginación social a través de un constante desplazamiento a las periferias, poca accesibilidad a los servicios, escasa movilidad en la ciudad y que niega la participación ciudadana y el goce de la ciudad. Para tener redistribución de la riqueza material, social, cultural que se genera en las ciudades, pero que lamentablemente no tiene el disfrute para todas y todos por igual, para conquistar sociedades con mayor justicia y equidad, es vital pensar el hábitat que generamos de manera colectiva y el rol que juega el Estado en esto.

En el hábitat existen las relaciones, vínculos y desarrollo humano que subyacen a la materialidad y que no se deben invisibilizar. Por esta razón, para nosotras es vital la participación de las comunidades como una condición necesaria para las transformaciones en este proceso constituyente. Los sectores populares no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Desde nuestras realidades y visiones podemos aportar a ese nuevo Chile que se comienza a esbozar, en el que no se excluya a las y los populares, un país que no sea de los expertos que se apartan de la realidad concreta y el día a día que vivimos millones. Queremos que esta Constitución refleje la diversidad de nuestra geografía y sus habitantes.

Proceso constituyente y lo indígena: consideraciones de forma y fondo

¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

Por Lucas Sierra

¿Cómo debería considerar el proceso constituyente a los pueblos indígenas? Esta es una pregunta ineludible y nada fácil de contestar. Para ensayar una respuesta, creo que se puede dividir la cuestión en dos partes: forma y fondo. La primera tiene que ver con el procedimiento al cual se someta el ejercicio de la potestad constituyente. La segunda, con el contenido de las reglas constitucionales que en dicho ejercicio se terminen aprobando. En este orden se verán a continuación.

Considerar la forma equivale a preguntarse por el modo en que se pueden introducir los puntos de vista indígenas al proceso. Un modo podría ser realizar una consulta indígena en algún momento del trabajo de la convención a la que se le encargue redactar una nueva Constitución. Pero es algo que habría que organizar demasiado bien, porque de otra manera podría atrasar el proceso constituyente que ya tiene un plazo acotado (un año como máximo). El desafío es enorme, quizás excesivamente grande considerando lo que está en juego.

Lucas Sierra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Un modo alternativo de introducir los puntos de vista indígenas al proceso son los escaños reservados. Si gana el apruebo en el plebiscito de octubre, la elección de convencionales será en abril próximo. Queda poco tiempo para una reforma electoral que también debe hacerse muy bien, por lo relevante de la decisión constitucional y porque posiblemente quede como precedente para el futuro. Cada día que pasa se hace más difícil introducir estos escaños.

Si nada de lo anterior se realiza, quizás habría que pensar en alguna forma de participación de los pueblos indígenas durante el trabajo de la convención. Debería ser un mecanismo que permitiera recoger dichos puntos de vista de una manera expedita y precisa, de tal forma de allegar información relevante sin retrasar todo el proceso. Y, también, podrían usarse los resultados de la consulta indígena que se realizó en el marco del debate constitucional que impulsó la presidenta Bachelet durante el segundo semestre de 2016. Han pasado algunos años, qué duda cabe, pero no tantos como para simplemente desechar ese trabajo que ya está hecho. Hasta aquí la forma. Ahora algunas palabras sobre el fondo.

Considerar el fondo equivale, antes que nada, a preguntarse por el reconocimiento constitucional. Ésta es una promesa largamente incumplida en Chile. Hace mucho tiempo, yo escribí para que este reconocimiento se hiciera a personas indígenas y no a los pueblos. Sigo de acuerdo con las razones tras esa idea, pero he llegado a la conclusión de que una propuesta así hoy es políticamente imposible: si hay reconocimiento, éste será hecho a los pueblos indígenas.

Así, por ejemplo, lo hace el proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso pocos días antes de terminar su mandato en 2018. Dice al respecto: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica Constitucional”. Aquí hay una redacción posible para el reconocimiento por la Constitución de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el proyecto de la presidenta Bachelet tiene otra parte que parece en contradicción con lo recién citado. En otro artículo, señala: “La soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas.” ¿Cuál es entonces la relación entre nación y pueblos indígenas? Porque, como se lee más arriba, el proyecto dispone: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena”. Pero, para efectos de radicar la soberanía, el proyecto habla de “la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”, lo que parece redundante, pues se ha dicho que forman parte de la nación, en donde reside la soberanía.

Además de esa aparente contradicción, el artículo que hace residir la soberanía en la nación “y” en sus diversos pueblos indígenas, plantea la pregunta por lo que puede significar tener fuentes de soberanía distintas entre sí. ¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

En fin. Puede haber otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, el proyecto ya citado de la presidenta Bachelet garantiza: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”.

En principio, es una buena cosa que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, parte esencial de la cual es el idioma. La nueva Constitución podría tener una referencia a esto. Pero no en la forma en que lo hace el proyecto de Bachelet que, como se acaba de transcribir, lo consagra como un derecho en el listado de garantías constitucionales, dando acción judicial para ejecutarlos. Hacerlo así plantea nuevas y difíciles preguntas. Por ejemplo, ¿quién tendrá en estos casos la legitimidad activa para accionar ante los tribunales? ¿Cómo entenderán los jueces los derechos “colectivos”?

Para evitar esas preguntas difíciles, la Constitución debería consagrar la preservación del idioma como un deber del Estado, en la parte en que se hace el reconocimiento constitucional y no en el listado de garantías constitucionales.

Y un último contenido constitucional. El proyecto de la presidenta Bachelet agrega la siguiente disposición: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas. Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”.

Yo tampoco seguiría esta propuesta. Y no por una desconsideración especial con los emblemas de los pueblos indígenas, sino porque considero indebido que se imponga una obligación constitucional de respetar determinados símbolos propios. En una sociedad democrática y pluralista, las personas deberían poder quemar sus banderas sin ser perseguidas por eso.

Además, me parece inapropiado que una Constitución hable de “valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”. ¿Qué esencias son esas? ¿Quién las determina? ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Cuál la de cada pueblo indígena? ¿Están todos los integrantes de dichos pueblos de acuerdo sobre los valores esenciales de sus tradiciones? ¿Se puede llegar alguna vez a un consenso sobre esto?

Hasta aquí estas consideraciones de forma y fondo para elucubrar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el eventual proceso constituyente. Varias preguntas. Todas difíciles, todas ineludibles.

Nueva Constitución como una oportunidad histórica de cambio con los pueblos indígenas

Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen.

Por Verónica Figueroa Huencho

El proceso de reforma constitucional que se avecina nos ofrece una oportunidad histórica para pensar con mirada de futuro cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los nuevos pilares, valores y principios que deseamos rijan nuestra convivencia, y qué país queremos legar a las futuras generaciones. Se trata, sin duda, de un proceso sin precedentes, no sólo porque (por primera vez en nuestra historia) se discutirán de forma participativa los contenidos de una nueva Constitución, sino porque también se hará con la participación de los pueblos indígenas.

En ese sentido, se requiere una nueva forma de gobernanza, es decir, debemos repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que regirá la convivencia, cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que encarnan los pueblos indígenas y que permitan equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes hemos sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. Esta exclusión tiene múltiples aristas, siendo la asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, la más evidente. Se ha invisibilizado a los pueblos indígenas utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación o las representaciones culturales.

Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y vicepresidenta de su Senado Universitario.

Por lo tanto, surge la oportunidad de generar cambios estructurales, los que no solamente son impulsados por los pueblos indígenas, sino también por una gran parte de la sociedad chilena que empatiza, cada vez más, con sus demandas y propuestas. Las movilizaciones sociales que se produjeron con fuerza después del 18 de octubre de 2019 estuvieron marcadas por la presencia en las calles de las banderas mapuche, del mapudungun en las consignas y de diferentes símbolos propios del pueblo mapuche como referencia. Asimismo, la encuesta CADEM de agosto 2020 daba cuenta que un 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena, junto con un 79% que cree que la solución al denominado “conflicto en La Araucanía” pasa por la vía política y el diálogo. El desafío es, por tanto, traspasar estos apoyos y sensibilidades al proceso constituyente, de manera de reflejar de manera fidedigna los cambios que la mayoría de esta sociedad quiere.

Entre las principales propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución Política se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento de un Estado plurinacional, pues la lógica de un Estado-una nación no ha permitido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, excluyendo su reconocimiento y participación de los proyectos políticos en cuanto naciones preexistentes. En ese sentido, un Estado plurinacional supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. No supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. La plurinacionalidad, por lo tanto, debe ir acompañada del reconocimiento de la interculturalidad, donde las diferentes naciones participan en condiciones equitativas en los procesos de toma de decisión, enriqueciéndose mutuamente y contribuyendo así a la ampliación de alternativas y soluciones a los problemas emergentes, especialmente aquellos que debemos enfrentar en los próximos 50 años. La plurinacionalidad, como proyecto político, no significa poner en riesgo la existencia del Estado, sino encontrar nuevas formas que den legitimidad a éste, favoreciendo y potenciando una mejor transferencia de poder hacia los territorios donde la propia idea de un Estado unitario no ha permitido el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país.

Otra propuesta relevante es, en virtud del reconocimiento de un Estado plurinacional, el legítimo ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen. Si tenemos en consideración que los procesos migratorios de los pueblos indígenas fueron forzados por la acción del Estado, con mayor razón cabrá encontrar los espacios para el reconocimiento apropiado de los derechos legítimos de estos pueblos. El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que posibiliten transformar esas visiones y objetivos en realidades.

Aquí, nuevamente debemos desmitificar la idea de que el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación sólo se puede dar a nivel de Estado: las naciones, dentro de estos Estados, pueden ejercer ese derecho dentro de sus límites. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), suscrito por el Estado de Chile, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (artículo 3). Además, “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4).

Finalmente, es importante señalar que a estas propuestas se suman otras vinculadas a la generación de adecuaciones institucionales, políticas y normativas, entre otras, para permitir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado, favoreciendo, entre otros, la representación política de los pueblos indígenas, la incorporación de elementos del derecho consuetudinario, la participación efectiva en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, entre otros. Asimismo, esto debe ir de la mano del reconocimiento de derechos culturales, económicos y lingüísticos, entre otros, para los pueblos indígenas, de manera que puedan asegurar la transmisión de su cultura, especialmente en espacios públicos y de ejercicio del poder.

Como reflexión final, es importante comprender que estas propuestas que surgen desde la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ser entendidas como una concesión o el reconocimiento de beneficios desde la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas. Más bien, deben ser consideradas como parte de una nueva forma de visualizar un proyecto de convivencia basado en principios de respeto, donde emergen formas comunitarias y colectivas de interrelación y de representación, donde la concreción de conceptos como el Küme Mongen (buen vivir) traen aparejados sistemas de relaciones equitativas con la madre tierra y con todos los seres que habitan en ella. Por lo tanto, no pueden ser promovidas sólo por los pueblos indígenas, sino que requieren ser incorporadas también a los planteamientos que surjan desde las propias formas de organización de la sociedad chilena, para asegurar su instalación en la agenda del mecanismo que la propia ciudadanía escoja para definir los contenidos de la nueva Constitución.

Las propuestas de los pueblos indígenas permiten soñar con una nueva sociedad. Esperemos estar a la altura.

A medio siglo del triunfo de Allende

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras.   

Por Jorge Arrate

Hay muchas razones para conmemorar eventos históricos. En el caso del triunfo de Allende el 4 de setiembre de 1970, hace medio siglo, la principal es que esa victoria fue la culminación de una lucha larga cuyo objetivo explícito era cambiar el signo del poder dominante en la sociedad chilena. La Unidad Popular y su proyecto ha sido el único intento cabal, en más de doscientos años de Chile republicano, por impulsar una transformación igualitaria y radical en el modo como convivimos los chilenos.

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras. Para ello hay que indagar cómo se desarrolló el ciclo anterior hasta que alcanzó la gran victoria de hace cincuenta años. No se trata de buscar un prototipo o de calcar los principales rasgos del movimiento popular de entonces. El pasado no es profecía del futuro. Entonces, a lo que podemos aspirar es a, una vez consideradas las grandes diferencias entre ayer y hoy, encontrar un acicate para innovar, renovar, inventar la mejor forma de luchar hoy, en el siglo XXI.

Desde Recabarren a Allende el movimiento popular (así se le llamaba) engrosó sus filas en un trayecto lleno de avances y retrocesos, de acuerdos y rupturas. En cada lugar que visitaba, Recabarren echaba a andar un partido, el POS, creaba un sindicato, iniciaba la publicación de un periódico e instaba a la creación de una “filarmónica” para desarrollar la cultura y atender a las necesidades de recreación de los obreros y sus familias. Por su parte, los anarco-sindicalistas desarrollaban un poderoso instrumento de lucha: las sociedades de resistencia, cuya arma era la huelga. En el extremo sur, en Punta Arenas y Puerto Natales, emergía una veta socialista autóctona que en 1933 se fundiría en la naciente organización nacional. El movimiento popular creció y se configuró en el desarrollo simultáneo de los partidos de trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las corrientes sociales cuyos protagonistas eran los sindicatos y los estudiantes y, más tarde, las organizaciones de arrendatarios y pobladores. Grupos de mujeres levantaron desde comienzos de siglo las primeras banderas feministas.

Un rasgo relevante del movimiento popular fue la generación de una amalgama entre lo político y lo social, en que ambas dimensiones se fundieron en un haz de fuerza en que los partidos ejercían la conducción política. Las cuatro candidaturas presidenciales de Allende fueron momentos de reiteración de una propuesta socialista y de los modos de propiciar su avance. Un segundo atributo significativo, que se consolidó en paralelo al crecimiento del “allendismo”, fue la manera de enfrentar las diferencias en un movimiento que no era uniforme y cuyos integrantes tenían, sobre ciertos tópicos, puntos de vista encontrados.

El movimiento popular chileno, como toda obra humana, tuvo insuficiencias e imperfecciones, pero su potencia residía en estas dos características esenciales: uno, nunca admitió una separación entre la lucha política y la lucha social, que eran una sola y misma tarea. Dos, aprendió duramente a converger sin renunciar a las diferencias legítimas, que se debatían públicamente, y que, en definitiva, no fueron obstáculos, sino factor de enriquecimiento. 

En el último medio siglo, el mundo, América Latina y Chile han vivido cambios radicales. Con el desmoronamiento de la experiencia socialista que encabezó en Europa y Asia la Unión Soviética, el retroceso de la socialdemocracia europea y el consiguiente apogeo del mercantilismo neoliberal, el mapa geopolítico, económico y cultural ha cambiado sustancialmente. La riqueza y el ingreso se han concentrado en los países más ricos y, dentro de cada país, rico o pobre, en los sectores de más alto ingreso.

En Chile, el impacto de la derrota de 1973, del retroceso internacional de las ideas socialistas, de la acción exterminadora de la dictadura y su perfil autoritario-comercial y de la interminable transición a la democracia que discriminó a un sector de la izquierda y restó fuerza a las organizaciones sociales, confrontó a los herederos de Allende con nuevos desafíos. En medio siglo no se han repuesto las condiciones que hicieron posible el éxito del movimiento que expresó la Unidad Popular: el mundo político en general y amplios sectores de la izquierda perdieron paulatinamente los lazos que debían amalgamarlo con los movimientos sociales, tanto los históricos como los emergentes, como el movimiento ecologista, el feminismo de masas, el que aglutina las demandas de diversidad sexual o los que representan las aspiraciones de los pueblos originarios. Por otra parte, la izquierda se ha enriquecido con la emergencia de nuevas organizaciones partidistas, pero no ha logrado conciliar sus diferencias. Hasta ahora emprende con timidez tareas convergentes, pero sin profundizar en la elaboración de un proyecto común y de una estrategia para impulsarlo.

El levantamiento popular o “estallido” del 18-O ha abierto un nuevo capítulo en este ciclo que está en curso y pareciera que ha logrado despertar energías dormidas capaces de superar objetivos exigentes. Una vez más, la historia demuestra que sus caminos no son fáciles de predecir. Sin mediar una crisis económica clásica o una crisis política abierta, las ideas de libertad, justicia, igualdad y dignidad abrieron su propio camino, más allá de los cauces tradicionales, como un caudal que hace caso omiso al surco establecido y abre nuevos trayectos, distintos, múltiples, heterogéneos, si bien convergentes en torno a un conjunto de ideales compartidos. El 18-O sumó trabajadores y desocupados, jóvenes sin posibilidad de estudio o trabajo y multitudes de estudiantes universitarios y secundarios, mujeres cansadas del abuso y sometimiento, adultos mayores indignados con la baja consideración social que se les depara, personas afiliadas a muchísimas diversas organizaciones de base, también mujeres y hombres que concurrieron a las protestas en su condición de individuos y movidos por un impulso espontáneo. Al mismo tiempo, mientras el 18-O mostró la indignación ciudadana ante los perfiles, en buena parte ocultos o disimulados, de nuestra convivencia nacional, la pandemia que se desató en marzo pasado los puso en evidencia, como si Chile hubiese decidido montar una exposición de sórdidas inequidades, abusos y privilegios largo tiempo escondidos por un velo erigido a fuerza de la repetición e imposición del credo neoliberal.

La carencia de un vínculo activo y fluido entre las organizaciones políticas y la compleja sociedad y el fraccionamiento del vector de conducción, que han limitado al movimiento popular en los últimos decenios, no apagaron el fuego del descontento popular y la demanda por otro modo de vivir. El vacío se ha llenado con el resplandor de plurales destellos de lucha y creatividad, en que los jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones portadoras de conciencia ecológica y de respeto por nuestros orígenes, emergen como grandes protagonistas.

La historia nos dice que hay muchas maneras de lidiar por una sociedad mejor y que en cada tiempo surge un diseño que nunca es copia del anterior. Estamos presenciando, a cincuenta años del gran triunfo de Allende y de la izquierda en 1970, el desarrollo de un nuevo ciclo impulsado por un nuevo pueblo que tiene la tarea de establecer su derrotero y modos de luchar. Innovación, renovación, creatividad aplicadas a la vida política y social. ¿Cómo será el “movimiento popular” del siglo XXI? ¿Cómo serán los partidos que lo integren? ¿Cuál será su relación con movimientos y organizaciones surgidas de la vida social?

Para debatir y contestar esas cuestiones cruciales, el movimiento popular que encabezó Allende es una referencia indiscutible. La Unidad Popular enarboló un proyecto, nunca separó los ámbitos político y social de la contienda, supo reconocer las diferencias en su interior y potenciar su significado. Es una historia para inspirarse, no para copiar.   

El enredo del tiempo

El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro

Por Nona Fernández Silanes

Escribir a ciegas, tanteando un punto donde afirmarse, en medio de un tiempo hecho pedazos. El futuro se puso en pausa, el presente se desbarató y con él la fantasía de control en la que creíamos movernos. Revuelta social y pandemia enredadas para suspender cualquier interpretación de la realidad. Todo razonamiento es frágil y se pone en crisis en cuanto se asoma. Imposible aferrarse a una certeza porque no sólo es improbable encontrarla, sino que parece no servir. Nada es claro y ese está siendo el desafío a la hora de pensarnos. Andar a tientas.

Las mujeres aymara cargan a sus hijos en la espalda. Con tejidos trenzados por ellas mismas los envuelven y los cuelgan atrás, resultando este gesto una representación simbólica del lugar en el que los aymara ponen el futuro. Ese pedacito de humano que encarna el mañana viaja en el revés de su madre, suspendido en la sombra del tiempo, en ese lugar desconocido que es imposible de ver porque aún no sucede. Para los aymara el futuro no existe, sólo le pertenece a los niños. Lo ubican en la espalda, como a sus hijos, porque prefieren dar la cara a lo que sucede, que es el presente y los sucesivos presentes que conforman el pasado. Lo que ha ocurrido es lo único que pueden ver con claridad, por eso lo disponen delante, como una forma de guiar el camino. Quizá en este ejercicio del intento en el que estamos, en esta búsqueda de una baranda donde afirmarnos para no caer, podríamos cambiar el eje de nuestra mirada y probar otro punto de vista. Siempre hemos dialogado con el tiempo al revés que los aymara. El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro.

La escritora Nona Fernández. Créditos: Gonzalo Donoso.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, hace cincuenta años, el recién elegido presidente Salvador Allende Gossens se asomó en un palco improvisado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para dar el que sería su primer discurso como líder del país. “Nunca un candidato (…) usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia”, dijo. “Porque todos lo sabemos: La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla”. Lo que comenzaba esa noche era un trabajo difícil. Lo sabían las y los jóvenes que, con la lucidez histórica que les caracteriza, con ese diálogo directo que siempre han tenido con el futuro, empujaban las grandes transformaciones sociales. Lo sabía Allende y lo sabían todas y todos quienes habían votado por él. El desafío avalado por las urnas implicaba cambios profundos que la oligarquía y las élites no estaban dispuestas a permitir. “Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.” Pero esa madrugada, pese a la conciencia de la dificultad venidera, todo era alegría y festejo. Se suspendió cualquier sospecha de terror futuro y se dispuso caminar con seguridad sobre la ruta trazada. “Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza; la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Pondremos toda la fuerza creadora del pueblo en tensión para hacer posible estas metas humanas que ha trazado el programa de la Unidad Popular”.   

Casi cincuenta años después, el 18 de octubre de 2019, comenzamos a transitar el vértigo de la revuelta. La interrupción por las armas de aquel proyecto inconcluso, que se inauguró en 1970, dejó una grieta imposible de sellar que terminó alimentando la protesta. Las y los estudiantes secundarios, otra vez la lucidez de la juventud, saltaron los torniquetes del Metro y en ese gesto se abrió la gran caja de Pandora. Décadas de malestar subterráneo emergieron con fuerza. La revuelta de octubre cambió el escenario, los límites se corrieron, el punto de vista se amplió y con la caída de cada estatua de los supuestos próceres, evidenciamos el colapso de un orden que se vino abajo. La política dejó de estar encerrada en La Moneda y el Congreso y se activó fuera de los consensos pactados por los honorables hombres de la República. El ejercicio político resucitó en la calle, en la conversación larga de la esquina, en la sesión del cabildo de la plaza, en nuestras asambleas barriales, sectoriales, comunitarias, domésticas, y aparecieron nuevas ideas, propuestas, discursos, hablas, miradas que no habían sido atendidas y que, en parte, hacían eco de aquel programa anunciado en 1970. Un extraño sentimiento de comunidad comenzó a tejer lazos entre unas y otros, y el recuerdo de ese tiempo, no tan lejano, circuló como un fantasma resucitando imágenes que no todas ni todos habíamos vivido. Nuestras madres y nuestros padres lo percibieron con mayor claridad. También nuestros abuelos. Si bien las múltiples diferencias estaban a la vista entre el ayer y el hoy, las pancartas y los cabildos ciudadanos actualizaron ideas que se quedaron suspendidas en el año 1973 luego del golpe. La exigencia de los cambios que ya se habían propuesto como metas en un programa de gobierno que no pudo llegar a su fin. Otra vez se hablaba de desbaratar las diferencias sociales, de recuperar las riquezas del país para el beneficio de todas y todos, de fortalecer al Estado, de trabajar por una educación gratuita, pluralista, participativa, democrática; de establecer un sistema de salud popular, de ofrecer pensiones justas para los jubilados, de construir viviendas dignas sin reajustes que desintegren los ingresos de sus moradores, de conquistar una independencia económica, de ofrecer medio litro de leche para cada niño y niña de Chile, a los que se les debía y debe una infancia libre y feliz. Necesidades añejas que revivieron junto a otras nuevas, para mezclarse y enredarse en este presente disconforme, que dialoga con el pasado para intentar encontrar un camino hacia el futuro.

Wenu Mapu es el nombre que el pueblo mapuche le da al firmamento. La tierra de arriba, el lugar donde viven los espíritus de nuestros antepasados. Todos aquellos que alguna vez pisaron el mundo y que ahora, desde allá arriba, nos protegen. El lugar donde llegan los que no trasgreden el orden natural de las cosas, convirtiéndose en halcones o cóndores del sol. Para el pueblo mapuche los muertos son los poseedores de la sabiduría, los ubican arriba porque ahí la perspectiva es amplia y se ve mucho mejor. El pasado está por encima, protegiendo y entregando luz en un ejercicio activo. El pasado es fundamental en su manera de ver el mundo y tanta bandera mapuche circulando en la revuelta, reemplazando a las de los partidos políticos, quizá, entre otras muchas lecturas, tenga que ver con la importancia del pasado en la energía de la protesta. Naturalmente, sin que nadie lo organizara, sin que ningún partido lo mandara, sin que nadie pagara, la reunión callejera revivió cantos, consignas y planteamientos que creíamos sepultados. Los tiempos se enredaron y corrieron por pasadizos estrechos, de paredes porosas y difusas que filtraron el ayer y el hoy proponiendo una energía provocadora, porfiada y desobediente.

Pero de pronto, de un día para otro, en medio de ese torbellino de creatividad antigua y nueva, de ese diálogo temporal, caímos en el encierro por la crisis sanitaria y nos vimos privadas y privados del ejercicio de la calle y del estimulante intercambio en vivo. Las vidas quedaron en pausa, el intervalo se apoderó del tiempo y lo desbarató en una lógica que desafía nuestra propia neurosis por el control. Como si el virus hubiese heredado la energía caótica de la revuelta, o como si la revuelta se hubiese anticipado pavimentándole el camino, el descontrol de la naturaleza nos fuerza a ampliar la mirada, a situarnos arriba, en el Wenu Mapu, junto a nuestros antepasados que todo lo ven, y desde ahí observarnos como parte de un gran colectivo, de un universo orgánico que no gobernamos. Cayeron las estatuas de nuestros supuestos próceres y con ellas nuestra soberbia controladora poniéndonos en el lugar en el que la humanidad siempre se ha movilizado: el del caos. Y aquí estamos ahora, en medio de la incertidumbre, con la única seguridad de que no dominamos la naturaleza, sólo seguimos el orden natural de las cosas y en ese flujo quizá lleguemos a transformarnos en halcones o cóndores del sol.

La política del virus es ingobernable. Pero las políticas para la administración del virus no. De esas hemos sido testigos con asombro horrorizado. Y en ese ejercicio el desconcierto crece y nos hace juntar rabia y pena para afirmarnos en la idea que el virus nos regala, esa de ser parte de un gran organismo cuyas piezas no son autónomas. Dependemos unos de otras. Planteamiento que ya habíamos asumido en sintonía con el caos y orden natural de la revuelta. Ahí improvisamos la organización que hasta el día de hoy sostiene a muchas y muchos en un país fragilizado económicamente desde siempre y aún más por la pandemia. Ese tejido territorial, sectorial, gremial ha marcado una gran diferencia en la vivencia de la crisis sanitaria con el resto de los países latinoamericanos. Muchos de ellos eclipsados por el modelo económico chileno, construyendo serialmente la misma jaula de la que intentamos salir. Jaula construida y cerrada con múltiples candados luego de la suspensión por las armas de aquel proyecto anunciado esa madrugada de 1970. Pero hoy damos continuidad a muchas de las ideas lanzadas desde ese palco de la Federación de Estudiantes. Trenzamos redes de apoyo, lazos colaborativos, apasionados y cariñosos, que han sido la única forma de afirmarnos y seguir avanzando a tientas, sin caer.

Busco en el computador una fotografía de Salvador Allende aquella madrugada de 1970. Aparecen muchas y todas son diferentes. Tomas acotadas, no se ve bien el entorno, y en ellas el presidente viste ropas distintas. Supongo que ninguna es realmente de esa madrugada. Quizá era tan improvisado ese palco de la Federación de Estudiantes que la luz no daba como para fotos. O quizá sólo tengo mala suerte y no logro encontrar una que me parezca verídica. Como sea, en cada una de ellas Allende habla a la gente y con alguna de sus manos indica hacia adelante. Imagino que ahí sitúa el futuro. Que lo ve en frente, allá mismo donde está toda esa gente entusiasmada y feliz escuchándolo. “Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y más cariño, para hacer cada vez más justa la vida en esta patria”.

Hoy su futuro es nuestro pasado.

Sabemos cosas que en ese momento él no imagina.

Podría acercarme a su oído y susurrarle lo que vino después, pero ni el tiempo ni la historia funcionan así. Sólo nos queda seguir mirando esta fotografía. Seguir la lógica aymara o mapuche y ubicarla delante o arriba nuestro. Para que nos ilumine. Y nos guíe.

App’s de transporte y delivery: ¿de la explotación laboral al futuro del transporte público?

Por Andrés Fielbaum 

La pandemia ha vuelto a relevar las desigualdades que se viven en nuestro país. Las extremas diferencias de ingresos se traducen en nuevas y disímiles realidades al enfrentar una emergencia, desde las condiciones del hogar para vivir un encierro hasta los ahorros, el tipo de empleo y la seguridad laboral para subsistir sin asistir presencialmente al trabajo. Esto último se ha mostrado especialmente grave para un grupo de trabajadores muy precarios, pero que a su vez ha resultado fundamental para la manera en que nuestra sociedad ha sobrellevado la crisis: los repartidores y conductores de plataformas digitales. 

De su precariedad ya se conocía bastante antes de la pandemia. Trabajadores disfrazados como “socios” por compañías que niegan todo tipo de responsabilidad laboral, desligándose de la necesidad de contratos, seguros para los más que probables accidentes, derechos a vacaciones y a no ser despedidos, entre otras cosas. Más aún, personas que se ven enfrentadas a una doble o triple precariedad, pues a lo dicho se le suman muchas veces endeudamientos por estudiar (en el caso de los conductores de Uber, los análisis muestran que más de un 60% de ellos cuenta con estudios superiores), además de créditos o arriendos irregulares y abusivos para poder acceder a un vehículo que les permita trabajar.  

Los meses de encierro y de riesgos de contagio han vuelto a estos trabajadores vitales (quizá literalmente), al tiempo que han extremado su precariedad. Esta paradojal situación ocurre además con el aval del Estado, que ha tardado al menos un lustro en regular la situación de estas plataformas y sus trabajadores, pero que de inmediato les reconoció su carácter “esencial” cuando requirió que bicicletas y motocicletas recorrieran la ciudad para abastecer a quienes pueden pagar por estos servicios. Los riesgos de estos trabajos en este contexto son obvios: los trabajadores se exponen cotidiana y permanentemente al contagio, un riesgo que se extiende también a quienes reciben los productos. 

«Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado puede ser aún peor para el resto de los habitantes».

Sobre la base de esta situación, caben al menos dos preguntas hacia el futuro. Por un lado, respecto al futuro del trabajo, ¿cómo regular de manera efectiva, a nivel nacional, empleos que dependen de aplicaciones internacionales sin un rostro claro en el país y con tendencia a la automatización? Por el otro, respecto al futuro de las ciudades, ¿es posible imaginar sistemas de transporte de pasajeros y de bienes que hagan uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sin descansar sobre las espaldas de quienes conducen? 

Para la primera pregunta ya existen luces. Lo demuestran procesos políticos y judiciales en diversos lugares del mundo donde estas plataformas han aprovechado vacíos legales para expandirse, como es el caso de California, donde la justicia acaba de exigir a las plataformas contratar a sus trabajadores; o las incipientes organizaciones protosindicales de trabajadores y repartidores que han levantado movilizaciones en diversos países del mundo como Argentina, India, Holanda y recientemente también Chile. Pero los trabajadores de estas plataformas valoran positivamente la flexibilidad para decidir sus horarios, así como el poder trabajar allí mientras encuentran un empleo más estable. De este modo, las legislaciones tradicionales, basadas en jornadas de trabajo fijas, no son directamente aplicables, lo que en ningún caso excluye la posibilidad misma de reglamentar. Por ejemplo, reconocer la relación de subordinación entre empresas y trabajadores permitirá formalizar las incipientes organizaciones sindicales, equilibrando las relaciones de poder y permitiendo así que los propios procesos de negociación puedan pulir la manera de regular. 

Constatada la explotación de conductores y la falta de regulación y de pago de impuestos, es ineludible preguntarse por las razones del éxito de estas plataformas. ¿Existe algún valor agregado en la manera de asignar online oferta y demanda, o es simplemente un aprovechamiento de la alegalidad actual? Si bien las empresas sacan ventaja de la falta de regulación, existe suficiente evidencia para sostener que la capacidad de coordinar de manera masiva y en línea aumenta de manera significativa la eficiencia del sistema. En el caso del transporte de pasajeros, el tiempo que el vehículo conduce sin pasajeros logra ser disminuido de manera relevante. En el caso del transporte de bienes, coordinar cientos de tiendas y proveedores es fundamental para recortar las distancias entre el origen y el destino de un producto. 

Conocidos son los problemas endémicos asociados al transporte que sufren la mayoría de las ciudades en el mundo. Congestión y contaminación son las más mencionadas, pero el uso de espacio público para infraestructura dedicada es también muy relevante. Si bien hay problemas tanto o más importantes que no resuelven sólo las políticas de transporte -como las largas distancias a recorrer por miles de personas que viven muy lejos de sus trabajos-, construir sistemas de transporte más eficientes e igualitarios es un desafío ineludible. Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado de mediano-largo plazo puede ser aún peor para el resto de los habitantes (como las autopistas en Santiago, gracias a las cuales más personas deben desplazarse a trabajar en lugares alejados y recientemente poblados), fomentando además que nuevos usuarios abandonen el transporte público para comprarse automóvil, agudizando el problema original. 

De este modo, el diseño de sistemas de transporte público que integren estas nuevas tecnologías resulta tan relevante como una regulación que priorice efectivamente el transporte público por sobre los medios privados.  

Para lo primero se requieren concepciones más amplias de lo que se entiende por transporte público. Si bien medios masivos como el metro o los buses seguirán siendo fundamentales por su capacidad, otros medios de mayor flexibilidad pueden ser un complemento importante, incluyendo servicios eléctricos compartidos que funcionen online y otros no motorizados, como las bicicletas compartidas. El carácter de transporte público se alcanza cuando se sirve a toda la ciudad por igual, garantizando una disponibilidad similar de vehículos a lo largo de la ciudad -en lugar de una presencia que segrega según nivel socioeconómico por perseguir fines lucrativos-, y cuando la manera de asignar pasajeros a vehículos se decide de acuerdo a criterios que consideren a todos los actores involucrados.  

«Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada». 

Para regular los medios privados, es crucial limitar su uso en los contextos de mayor congestión, con criterios que no se basen en el poder adquisitivo del usuario. Diversos investigadores han estudiado la posibilidad de reemplazar la tenencia privada de automóvil por estos sistemas integrados, ahorrando espacio de estacionamiento y el costo económico y ambiental de construir miles de automóviles. Y es que por naturalizada que tengamos la posesión de automóviles, su ineficiencia resalta al notar que suelen estar sin uso (estacionados) durante más del 90% del tiempo. 

Con todo, es la distribución de bienes lo que ha experimentado un mayor auge durante la pandemia. Es también donde la precariedad ha sido más evidente, al tiempo que un número creciente de personas ha disfrutado la comodidad de resolver varios asuntos y compras sin necesidad de desplazarse. El debate en torno a la regulación de las plataformas, y en particular las propuestas gubernamentales al respecto, han estado marcadas por una ideología que ve a los ciudadanos como consumidores y no como trabajadores, por lo que las app’s parecen ser solamente beneficiosas y los conductores quedan fuera de la discusión. Pero no es necesario tener plataformas que impongan tiempos máximos de reparto y obliguen a los conductores a arriesgar sus vidas: los beneficios de un sistema masivo y coordinado pueden mantenerse sin necesidad de un intermediario que extraiga utilidades.  

Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada. Esto puede hacerse fortaleciendo Correos para que asuma una repartición masiva y gratuita de bienes, como es el caso en diversos países europeos para entregas que tardan unos pocos días, o con aplicaciones ad hoc para reparto inmediato, en las que los repartidores sean realmente controladores, pudiendo decidir democráticamente las reglas que busquen un equilibrio entre nivel de servicio (demora en la entrega) y condiciones laborales dignas. 

Las lógicas neoliberales han sobredeterminado la utilización de las nuevas tecnologías en transporte, convirtiéndolas en modelos del mal empleo. Sin embargo, estas mismas capacidades tecnológicas pueden abrir la puerta a sistemas en los que el transporte público sea prioritario y ofrezca un mejor servicio, así como a una expansión de los servicios de reparto hacia el conjunto de la ciudadanía. 

Qué significa una nueva Constitución

Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Por Fernando Atria

El problema

Al aproximarnos al inicio formal del proceso constituyente, es útil preguntarse qué es lo que una nueva Constitución significa para Chile. Y para responder esta interrogante sirve preguntarse qué es y que hace una Constitución.

Los profesores de derecho constitucional suelen decir que su función principal es limitar el poder. Esto es, a mi juicio, manifiestamente errado, aunque no porque el poder no necesite ser limitado. Es que eso no puede ser pensado como la primera función de una Constitución, sino como la segunda. Antes de limitar el poder, éste necesita ser creado, constituido. Esa es la función principal de toda Constitución.

Esto sirve para explicar el problema constitucional actual y las características fundamentales de una nueva Constitución que lo solucione. El problema actual es que la Constitución constituye el poder con la finalidad de neutralizarlo, de hacer imposible cualquier decisión genuinamente transformadora. Y la solución es una genuina Constitución, la de un poder democrático.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo constituir, en nuestras condiciones, un poder democrático eficaz? La respuesta no es obvia, porque nos encontramos en una etapa muy avanzada de un proceso de deslegitimación institucional que tiene al menos 15 años de desarrollo, durante el cual los conceptos democráticos se han ido vaciando de contenido. Una institucionalidad neutralizadora de la agencia política del pueblo se deslegitima en la medida en que su dimensión neutralizadora se hace evidente, pública. Esto comenzó a ocurrir en 2006, con el movimiento secundario (llamado “pingüino”). Y luego sólo fue aumentando: en 2011, el movimiento contra HidroAysén y luego el movimiento estudiantil; en 2017, No+AFP; en 2018, el movimiento feminista, por mencionar sólo los más notorios. Todas estas demandas ciudadanas de transformación chocaron con una política que, por neutralizada, aparecía ante los ciudadanos como indiferente e indolente a ellas. Esto comenzó a crear un divorcio entre la política institucional y la sociedad, que la miraba con cada vez más suspicacia. Ese divorcio hizo y hace que la política institucional tenga menos poder que el que tenía antes, lo que hace que actúe de modo más indiferente e indolente y esto aumenta el divorcio, en un círculo vicioso cuyo punto de llegada fue el 18 de octubre.

El resultado de todo esto ha sido la crisis de legitimación que hoy sufren todas las instituciones políticas. Bajo la Constitución de 1980 la idea democrática de que el poder viene del pueblo ha perdido toda realidad en la experiencia de las personas. O, para decirlo de otro modo, la idea de representación política no sobrevivió a los primeros 15 años de intervención del Senado por los senadores designados y a 25 años de un sistema electoral cuyo sentido era manipular el resultado de las elecciones. Irónicamente, la campaña del Rechazo ha intentado explotar esta destrucción de las condiciones sociales del principio democrático, con su insistencia de que decir que la nueva Constitución será redactada por “la gente” es un engaño, porque en realidad será redactada por un conjunto de personas elegidas por votación popular. Este discurso pretende conectar con lo que los ciudadanos y ciudadanas han aprendido en estos treinta años: que el hecho de que un órgano esté integrado por representantes elegidos en una votación popular no implica que ese órgano represente, porque no son los ciudadanos los que deciden. La campaña del Rechazo es la mejore explicación del daño que la Constitución ha causado, el que la nueva Constitución debe reparar.

La solución

Después de haber identificado el problema, es claro cuál es la solución: una nueva Constitución que dé al principio democrático realidad en la experiencia de las personas. Esta realidad no ha de ser pensada de modo ingenuo, como si cada decisión política fuera una decisión que cada ciudadano entienda, “sienta” o haya sido directamente tomada por él o ella. Esto es un estándar imposible de satisfacer. Pero es innecesario, como lo muestra el que probablemente es el único caso en que la política institucional ha sido vista actuando de modo representativo: el de la reforma constitucional que autorizó el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Se trató de algo enteramente inédito: una demanda que surgió de la sociedad y respecto de la cual la política institucional entendió que, por su propia debilidad, no podía sino conducir. El resultado fue una decisión que las personas vieron como propia, no de “los políticos”.

La nueva Constitución necesita constituir una política que esté a la altura del principio democrático; esto quiere decir, que las personas se vean representadas por ella. Esto tiene dos dimensiones, una de contenido y otra de forma. Por un lado, necesita constituir una política que esté habilitada en vez de neutralizada. Puede parecer irónico que la solución a una política deslegitimada sea una política con más poder, y esta apariencia de ironía por cierto ha sido explotada en la campaña del plebiscito del 25 de octubre por quienes quieren mantener el statu quo de una política neutralizada. Pero en realidad es una cuestión bastante simple. El poder de la política institucional es la medida del poder de la ciudadanía. Así, sólo si la política institucional tiene poder para acabar con las AFPs puede decirse que corresponde al pueblo decidir si ha de seguir habiendo o no AFPs. Si la política, como ocurre hoy, no tiene ese poder, entonces la voluntad manifestada por los ciudadanos en torno a esta cuestión es indiferente (como ha sido hasta ahora).

En cuanto a su contenido, entonces, la nueva Constitución ha de configurar una política no neutralizada, una que tenga poder y que pueda tomar decisiones transformadoras. Eso implicaría re-habilitar al pueblo para tomar esas decisiones, lo que no se logrará de un día para otro, pero el círculo vicioso que destruyó a la Constitución de 1980 nos anuncia la posibilidad de una inversión que cree un círculo virtuoso contrario: una nueva política muestra su capacidad de actuar y con eso contribuye a restablecer su vínculo con la sociedad, la realidad de la representación, lo que le da, en los hechos, más capacidad de actuar.

Para lograr lo anterior, la nueva Constitución deberá darle realidad en la experiencia al principio democrático, introduciendo mecanismos de partición democrática como iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios de leyes, etc. Estas formas participativas no han de verse, a mi juicio, como una alternativa a la democracia representativa, sino como condición para que la representación tenga realidad.

En segundo lugar, la representación debe ser hecha realidad en el proceso constituyente mismo, lo que quiere decir que la convención constitucional que decidirá la nueva Constitución debe ser vista como representativa del pueblo.

La convención constitucional será el espacio institucional para la discusión constituyente. Esa discusión, sin embargo, no será la única. Al mismo tiempo habrá una discusión ciudadana sobre la nueva Constitución que ocurrirá, informalmente, en plazas, calles, juntas de vecinos, sindicatos, federaciones estudiantiles, etc. Y la idea fundamental en la que descansa el principio democrático, pero que hoy no tiene realidad alguna en la experiencia de las personas, es que las discusiones y decisiones institucionales representan las discusiones y decisiones informales que ocurren en la sociedad. Por cierto, esto último va contra la idea de representación propia de la política de los últimos treinta años, que es una mera formalidad sin contenidos, de acuerdo con la cual un diputado representa porque hay una norma que dice que representa. Pero precisamente de eso se trata: de que la Constitución dé paso a una política distinta de la de los últimos treinta años. Y el primer paso es que la discusión y decisión de la nueva Constitución sea genuinamente representativa, que sea vista y reconocida como tal. Pero para que sea vista y reconocida como tal no basta la forma, no basta que sea elegida en una votación popular, no basta que haya una norma que disponga que será representativa. Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Del modo de operación de la convención constitucional dependerá si esto es posible. Y de que sea así, de que la convención logre ser vista como genuina representante del pueblo chileno en la discusión y decisión relacionada con la nueva Constitución, depende que de ella surja una Constitución que contribuya a solucionar el problema de deslegitimación política que ha sido el legado de treinta años bajo la Constitución tramposa.

Desconfinar las voces de la niñez: ¿por qué excluir a niñas, niños y adolescentes del proceso constituyente?

A un año de la revuelta popular de octubre es ineludible hacer un ejercicio de memoria. Reconocer y recordar que el movimiento social impulsado por las y los estudiantes secundarios, que desafiaron el orden establecido de un modelo que ha precarizado la vida profundizando la desigualdad, la injusticia y el individualismo, sentó las bases que desencadenaron un proceso social y político que, el próximo 25 de octubre, nos dará la posibilidad de decidir como ciudadanía el inicio de un camino de construcción de una nueva carta fundamental.

Por Camilo Morales Retamal

¿Quién podría negar el protagonismo del movimiento social estudiantil en el posicionamiento de demandas sociales transversales, portadoras de un valor intergeneracional y que han permitido desafiar los torniquetes impuestos por el sistema neoliberal? Una fuerza inclasificable, que no se dejó confinar por las formas tradicionales que ofrece la institucionalidad adulta para la participación y organización de la niñez y la juventud. Una potencia que interpeló las promesas fracasadas del capitalismo encarnadas en las vidas precarizadas de sus madres, padres, abuelas y abuelos.

Este acontecimiento histórico ha permitido construir esperanzas y sueños en medio de una de las crisis institucionales más profundas de las últimas décadas, producto de los efectos de un sistema que ha deshumanizado la convivencia social y ha hecho del abuso de poder una experiencia cotidiana naturalizada. Pero también como efecto de la pandemia que ha dejado en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad en las vidas de familias y comunidades. Expresiones de una cartografía del malestar social inscrito en los cuerpos y territorios del país.

Evasión de estudiantes secundarios en estaciones del metro, que detonó el estallido social de 2019.

En medio de una emergencia global sociosanitaria, el proceso que comenzará después del plebiscito condensa la promesa de un nuevo orden social. Uno que desmantele, a través de una movilización constituyente, las barreras institucionales vigentes que no nos han permitido avanzar en democracia, igualdad e inclusión. La oportunidad para redefinir las bases de una sociedad que garantice la dignidad de todas las personas. 

Ahora bien, el proceso constituyente también es un hecho que aloja una contradicción que no puede soslayarse, toda vez que queda de manifiesto la marginación, en diferentes niveles, de un grupo fundamental para la sociedad, pero que históricamente ha quedado excluido de tomar parte en este tipo de acontecimientos políticos, a saber, niñas, niños y adolescentes quienes a la fecha no podrán participar de este hito democrático trascendental para nuestro país.  

No sólo porque no podrán ejercer el derecho a voto en el plebiscito de entrada, sino porque hasta ahora no se han planteado mecanismos de participación ciudadana vinculantes que consideren de forma específica sus expresiones, experiencias y voces. Dicho de otra manera, la niñez y la adolescencia están siendo excluidas de participar en el proceso constituyente pese a la relevancia de su protagonismo social y su papel transformador en la cultura. ¿Cómo entender esta permanente exclusión de la vida social y política en el caso de niñas, niños y adolescentes?

Responder a esta pregunta implica analizar cuál ha sido el lugar la niñez en nuestra sociedad durante los últimos 30 años y si estamos en condiciones de afirmar que se han implementado, de forma efectiva, normativas y mecanismos institucionales que encarnen una visión de cuidado y protección integral que los reconozca en su dignidad como portadores de derechos, como sujetos sociales y políticos. 

«Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido».

En los últimos años, no sólo hemos sido testigos de la violencia impune ejercida por la policía y por instituciones de protección públicas y privadas. También hemos podido observar la trama de obstáculos que han socavado el avance de iniciativas legislativas que son fundamentales para el ejercicio pleno de derechos. En nuestra sociedad y en los fundamentos de nuestro marco normativo, la infancia sigue siendo un objeto que hay que tutelar y normalizar. Un proyecto de persona, considerados incapaces y reducidos a formas contradictorias de estigmatización a través del imaginario de la vulnerabilidad o de la criminalización. Es imperativo preguntarnos, ¿cuál es el horizonte de posibilidades que ofrece esta sociedad a una generación que no se siente escuchada ni considerada en decisiones que les afectan en su vida cotidiana?

Junto con lo anterior, es necesario enfatizar que los meses de confinamiento han sido particularmente implacables en restringir el ejercicio de los derechos de la niñez. Pero también lo han sido a través de la circulación de discursos que alimentan los estigmas del proteccionismo y de la sospecha que operan sobre el campo de la infancia y la adolescencia cuando se les encasilla con el rótulo de vectores, culpabilizándolos, o se les celebra como héroes asignándoles cualidades excepcionales para resistir el encierro, pero sin reparar en sus pérdidas, miedos y sufrimientos. 

El confinamiento físico también ha sido un confinamiento de las subjetividades. Sus experiencias, saberes y voces siguen confinados. Una vez más, están quedado fuera de la historia oficial y de las prioridades políticas. Cómo entender que hayan sido los últimos en tener un permiso para salir, incluso después de las mascotas, o no se les esté considerando en el debate sobre el retorno a clases cuando son los principales protagonistas de los procesos de aprendizaje. La voz de la infancia y la adolescencia importa poco y sigue reducida a símbolos intrascendentes para montar simulacros de participación que responden a intereses adultos.

En el marco de la emergencia, el proceso constituyente, sin su participación, amenaza con seguir reproduciendo su invisibilización como actores sociales si no se les incorpora formalmente. No repetir la inercia de la exclusión de este grupo de ciudadanas y ciudadanos requiere de un compromiso social y político, sin precedentes, para ceder ciertas cuotas de poder e innovar en el modo en cómo se les escucha y se les hace parte del itinerario constituyente. 

Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido. Es también una oportunidad inédita para abrir espacios de participación que reconozcan su diversidad a través de mecanismos deliberativos que sean respetuosos de sus propias formas de producción de significados. Una posibilidad para desarrollar un proceso intergeneracional de escucha, diálogo y reconocimiento donde efectivamente podamos soñar con un país para todas y todos.

Interdicciones II. Mutilaciones de una máquina de podar llamada Academia

No me interesa responder a los mandatos tiránicos de felicidad, ni de buena persona, ni de asertividad, ni de dulzura, ni de adecuación, menos de autoconocimiento desde una posición acrítica/neutra/aséptica/higiénica/sin mancha o como personal branding. Me interesa seguir rehaciendo la esfera (trans) formativa de la educación superior desde la docencia e investigación, sin sentirme amputada o mutilada.

Por Valentina Osses

La esperanza de octubre me movió el coraje para escribir la retrospectiva de este año dos mil veinte. En abril tuve que dejar de trabajar por un compromiso depresivo mayor. Hablaba casi todos los días con mi amiga Silvia. Le contaba que se me hacía cada vez más difícil levantarme y estar frente al computador para hacer mis clases, que los fines de semana no eran suficientes. Con una carga laboral habitual para mí, consistente en seis cursos en Ciencias Sociales y Humanidades, paralelos a una asesoría organizacional, a diferencia de otros años académicos, me estaba costando todo.

Terminé mi relación de cinco años con un bagaje terapéutico sin rito de pasaje, rauda planificando ya una siguiente. Recibí bullying por parte de estudiantes de psicología de pregrado por usar lenguaje inclusivo, y por otras diferencias asumidas desde un pool de impresionismos que habría que someter a cátedra.

Llamé a mi mejor amiga de la adolescencia. Me asistió con la redacción de las cartas de renuncia en su propia casa, mientras me alimentaba y me contenía. Mi capacidad cognitiva era bastante deficitaria al mismo tiempo. Recibí una respuesta tolerante de casi todos mis empleadores. Abrigaba una pesadumbre inanimada.

Escudriño siempre lo que escribo en correos y libretas, me doy cuenta que siempre dejo rastros: “No puedo con tantas crisis”, “la precariedad de les cabres en esta situación de Zoom, Meet, y otras plataformas me hace sentir tremendamente invasiva, no puedo pedirles nada”, y otorgaba espacio a que les estudiantes repasaran la pandemia, las brechas contenidas en ella y otras dimensiones políticas claves de su situación educativa superior. Me despedí de los grupos cercanos de estudiantes desde la hipersensibilidad que me caracteriza.

Valentina Osses, poeta y candidata a doctora en Sociología.

Pasé cinco meses al menos haciendo una rutina bastante triste: ducharme y vestirme. Encontraba algo de placer solamente en hacer la cama, mientras mi cabeza enunciaba un haiku. Mi departamento era un vaciado de mi ruina afectiva, y cuando miraba por la ventana, el centro de la ciudad parecía una escenografía desmontable.

Seguía con una terapia cognitivo conductual en alianza con mi psiquiatra con frecuencia de una vez a la semana, que me provocaba cortocircuitos. Alguien que cuando se refería a mi pareja, me decía: “deja a ese huevón”. Cuando CB me acompañaba a la consulta presencial, el terapeuta no tenía idea de quién era. Insistió en que nos separáramos y se fuera del departamento.

Las consultas terapéuticas se podían resumir en lo siguiente: “equis te invalidó”, “tal cual”, “yo te hubiese odiado si hubieses sido mi profesora, porque yo no leo”. Algo así como una grabadora anquilosada en una técnica conversacional de formato automático.   

Tiempo después, el terapeuta me pidió como tarea que le mostrara mi poesía, a lo que yo no accedí, estimé que estaba frente a hombre poco culto que lee desde la nemotecnia de lo anómalo. Sentía que estaba del mismo modo frente a un hombre que no sabía/podía trabajar emoción alguna. En realidad, a él le interesaba mi nivel de funcionalidad, que encontrara trabajo en cualquier parte del mundo de manera instantánea.

Cuando le exigí una vez más que me conceptualizara con sus palabras en qué consistía el enfoque de la terapia, él repetía. Me cuenta que están los grupos de terapia grupal. Me deriva a una psicóloga que me hace una entrevista para evaluar si puedo ser parte del grupo, le digo que: “honestamente, no quiero que me despojen de mi repertorio emocional”, y “que tengo suspicacias frente a la psicología positiva y al mindfulness” [y frente a cualquier exportación exprés del budismo saqueado de sentido, cultura, ancestralidad, y procesado por un discurso de marketing]. Ella me dice: “está operacionalizado”. Quedo aturdida como si esa “breve ilustración” fuese una garantía de algo. Me seleccionan.

Empiezo a averiguar con mis amigas/os académicas/os de psicología, otras/os psicólogas/os clínicas/os, sobre este enfoque. Me sumerjo. Mi amiga ancla me consigue el teléfono de mi terapeuta anterior, retomo terapia con ella. Mi médico psiquiatra de cabecera cuestiona –a través de su rostro- la corriente que me hace sentido: Psicoanálisis Lacaniano. Ella me da total confianza, cuando estuve emplazada por la desolación total, hablé con ella por video llamada.

No puedo confiar en un terapeuta cognitivo conductual que para hacer una definición de personalidad acude a Wikipedia durante una consulta. Horroroso, pero no. Mi médico me cuestiona por qué cambio de terapeuta. Para mí es de una obviedad tal que no requiere más aclaración. Y que quien haya leído hasta acá, comprenderá que mi titubeo tiene cimientos éticos primordiales.

Ahora, después de tantos años, hago el insight. Yo soy el problema. Si no se logra un vínculo [un espacio relacional], para este enfoque biomédico y cognitivo conductual siempre voy a ser el problema. Que haya estado trabajando siete años a honorarios como académica en una institución de derecha no es problema. Que para la revuelta social se nos haya mutilado de alguna forma la libertad de cátedra tampoco es el problema. Temer por la vida de mis estudiantes, menos. Soy un elemento desubjetivado para confirmar/corroborar un diagnóstico, existo como mera deducción verificatoria. Soy la ortopedia de un formulario, por lo tanto un objeto del positivismo contemporáneo de lo biopsicosocial.

Espero una ruptura epistemológica a la ontoepistemología de la distancia como objetividad, donde me ubican como un discurso clausurado, puesto que hay una teoría mayor que me encapsula persistentemente, y, desde luego, de manera unilateral. El conocimiento experto de la iteración. Si yo reproduzco una animosidad depresiva, nada tiene que ver el discurso del psiquiatra que me define así por una insuficiencia química para siempre. O del neurólogo que dice que mi enfermedad es compleja. ¿No debo salir mutilada de lenguaje de su consulta? Me señalan como consuelo que esto es igual a la diabetes. Las analogías son siempre desde las dolencias. Falso. Por lo demás, el estigma de la depresión es bastante alto.

¿No me queda más que identificarme de forma obligatoria con eso?  Su solución de la praxis basada en evidencias es aterrizar en un grupo humano “terapéutico” que tiene el mismo diagnóstico. Esta es su innovación: estacionarnos en una narrativa urbana-neoliberal similar a la de los signos astrológicos, y que nos sepamos modular en esa homogeneidad en la escena de un laboratorio social. Falta que aparezcamos al final de los diarios: amor, trabajo, salud para: depresivos, bipolares, esquizofrénicos, temperamentales, distímicos, paniqueados, adictos, angustiados, ansiosos, fóbicos, obsesivos compulsivos, de traumas complejos; o que tengamos nuestra propia app de citas.

En un operar cerrado de un clima social experimental con reglas de cuasi-instituciones totales para modificar nuestras conductas. ¿Y en el mundo que habitamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Incontinencia del lenguaje sin símbolos; un elogio a la literalidad. Esa objetividad, que ha penetrado de manera tan naïf, señala que haremos el ejercicio de forma inmediata sin mediación alguna, huérfana de reciprocidad.

Este espacio terapéutico promueve una clausura para hacer inducción analítica, al menos una teoría sustantiva inter para elaborarnos, poco se puede significar desde la co-construcción introyectiva. Somos un correlato artificial que nos quita la capacidad de negociar y de performar. ¿Cuándo las recomendaciones vienen de cerca hay que sospechar? ¿La situacionalidad del conocimiento no le dice nada a un médico? ¿Roza siquiera esa jerarquía endiosada de su profesión? Justamente origina su propia ceguera de su parcialidad. No la reconoce.

Luego viene la pornografía del chisme de algunos cercanos: “¿Te echaron de la pega?”, “en las crisis viene la oportunidad” y todas esas frases hechas que, sinceramente, aborrezco. No faltó quien me sugirió la reinvención. ¿Hay que ser sujeta – empresa? ¿Adaptación desmembrada? No, gracias. No problematizar la academia privada local, dejar fuera la autorreflexividad de las capturas lingüísticas de la pandemia, y escuchar otros slogans penosamente distintivos: “hay que trabajar igual”.

Siete años de mutilación de mi self creativo [hay que separar las Ciencias Sociales de la Creación Artística], con cambios de gestión transcendentales en algunas escuelas que estaban censurando mi capacidad de nombrar: a mis ponys, ponys divergentes, nómadas y pichones, nombres que les daba a mis distintos grupos de estudiantes. Siete años de precarización intelectual para impedir la generación de memoria con la figura de la presencia, pero sí tapizar el espacio digital con el nombre/firma a través de las citaciones. Reconozco que el paper es un género que no me atrapa, no genera más que vínculos estratégicos.

Para mi ese éxito de la dialéctica en el enfoque cognitivo conductual es una apropiación bastante instrumental y apática -cómo no. La enfermedad tiene una dimensión política. Las omisiones y destematizaciones en las consultas médicas son también indolentes al abogar la neutralidad.  Siento urgente el conocimiento situado y la duda en los espacios tan seguros que comprometen esa supuesta evidencia tan firme. Hacer micropolítica en los espacios de relación. Me concentro en la ruta de la performatividad de tantos diagnósticos de enfermedades mentales, del ánimo y cuántas otras que lo fueron.

No soy la correspondencia de una esencia profesional-académica o de los trasvasijes estratégicos de un manual DSM, tampoco una lectura confirmatoria de un examen de sangre. No nos podemos elaborar desde el lenguaje multicorporal a causa de una reproducción de ciertos criterios prescriptivos en una psiquis de introyección del capitalismo farmacopornográfico (gracias por la libertad a Paul B. Preciado). En esas estructuras atemporales disciplinadas, me he sentado a escuchar, y si increpo apasionadamente, me leen en ese formato de patología de no difracción. Me interesa una reconstrucción de la posibilidad.

No me interesa responder a los mandatos tiránicos de felicidad, ni de buena persona, ni de asertividad, ni de dulzura, ni de adecuación, menos de autoconocimiento desde una posición acrítica/neutra/aséptica/higiénica/sin mancha o como personal branding. Me interesa seguir rehaciendo la esfera (trans) formativa de la educación superior desde la docencia e investigación, sin sentirme amputada o mutilada. Recuperando a mis afectos, amigues, colegas y ex-estudiantes que me sostuvieron y resisten conmigo día a día. Tengo un compromiso político y feminista claro. He reconquistado mi deseo desde esa relación, por lo que la esfera privada carece ya de mis esfuerzos y compenetración desde lejos. Por último, no quiero intervenir en la insuficiencia de la heterorreferencia de la ciencia desde una comunidad científica que abrevia enfáticamente los ejercicios posibles de su traducción. Tampoco aspiro a ser cómplice de asesinatos a estudiantes y/o jóvenes en ningún espacio público y menos académico.

La perseverancia de las olas: una perspectiva feminista de los derechos culturales

El propósito, entre otros, de visibilizar los derechos culturales, es activar su musculatura y erradicar ese concepto de cultura controlada, que la reduce a una concepción estática con márgenes rígidos, distante de las personas, inocua, homogénea y sello de tradiciones patriarcales marcadas por la exclusión.

Por Andrea Gutiérrez

“Dame la perseverancia de las olas del mar,
que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance”.

Gabriela Mistral 

De perseverancia estamos construidas, de este legado enorme que nos precede. Y desde allí es que me animo a traer una reflexión inicial que, provista de la cálida conversación colectiva con mis pares, me ha impulsado a hablar de derechos culturales. Más que encerrarme en un concepto quisiera dejar abiertas puertas y ventanas para quien quiera incorporarse a complementar, hacer crecer, dar vuelta o simplemente divagar sobre ellos, pues estoy segura que, desde mi (nuestro) lugar, carezco de la posibilidad de abordar todas sus dimensiones, y por eso decido recorrerlos por una ruta que siento más propia y que lanzo al ruedo con la esperanza de que sea habitada por ideas que quizás no alcanzaron a mis palabras.

Lo cierto es que el proceso constituyente es una instancia que aparece con un horizonte medianamente claro, un plebiscito que apruebe la construcción de una nueva constitución para Chile. No estoy considerando en este escrito la postura antidemocrática que me parece es optar por el rechazo, me emplazo a no quedarme varada ahí y a afinar el ojo aportando una nueva narrativa (no mía, por cierto) sobre los derechos culturales. La ruta que he elegido es desde una perspectiva feminista. No puedo hacerlo de otra forma, pues es desde ésta que quiero que avizoremos la reformulación del orden social de significaciones hegemónicas, patriarcales y colonialistas. Trato de no permitirme ninguna conversación social sin tener alerta los sentidos a cuál es realmente el tablero en el que estamos desplegándonos.

Me interesan los derechos culturales por dos motivos. Primero porque son derechos humanos. Y segundo, porque garantizarlos nos permite entrar en la disputa de un cambio paradigmático y no funcional, donde el mundo de las artes y las mujeres podemos implicarnos en dar cabida a nuevas formas de (re)conocimiento a voces que han sido silenciadas por el canon. El primer obstáculo que debemos sortear es el desconocimiento de estos derechos, más allá de su enunciado. Los derechos culturales se instituyen cuando se los consagra como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 27, que señala que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, con el propósito de proteger el acceso a los bienes y servicios culturales, protege el disfrute de los mismos y su producción intelectual”.

Andrea Gutiérrez Vásquez es actriz, escritora y vocera de la Red de Actrices Chilenas (RACH).

Pero en la declaración universal, las culturas son mucho más que un artículo. Son consideradas también uno de los mecanismos indispensables para hacer posible la existencia y validez de los derechos fundamentales. El propósito, entre otros, de visibilizar los derechos culturales, es activar su musculatura y erradicar ese concepto de cultura controlada, que la reduce a una concepción estática con márgenes rígidos, distante de las personas, inocua, homogénea y sello de tradiciones patriarcales marcadas por la exclusión. La promoción de su urgente consideración en una nueva Constitución busca tener en cuenta permanentemente la diversidad cultural, admitiendo su naturaleza dinámica, dialogante, abierta, sostenida por las percepciones, opiniones y acciones de una comunidad en movimiento. Vimos mucho de esto en la contienda simbólica de octubre en adelante, donde las manifestaciones culturales que emergían libres eran aplastadas por el blanco uniforme para silenciarlas. Es relevante que nos preguntemos qué tradiciones queremos mantener, qué practicas culturales queremos cambiar, a quién falta por sumar, cómo está y cómo estará representada la voz de las mujeres en todo aquello.

Otro desafío interesante que creo podemos darnos es la tarea de revisar las recomendaciones de las relatoras especiales de derechos culturales de la ONU. Particularmente Farida Shaheed y Karima Bennoune, quienes han mostrado un compromiso con el ejercicio de los derechos culturales de las mujeres en el mundo, pues sabido es que la participación libre de la mujer en la vida cultural es restringida por múltiples mecanismos coercitivos y estructurales, que muchas veces no detectamos o asociamos únicamente a prácticas o privaciones brutales que ejercen ciertas culturas. Pero lo cierto es que la participación y expresión cultural de las mujeres vive también limitaciones que tenemos integradas como propias del género, como son la doble o triple jornada laboral que coarta sus libertades o las múltiples manifestaciones de violencia física, política, económica y simbólica. Estos y otros impedimentos están presentes en la vida de las mujeres tanto para el disfrute, como en la realización de sus creaciones artísticas.

Por ello agregaría a esta reflexión la invitación a revisar las investigaciones de pensadoras feministas como Rita Segato, que han problematizado sobre la violencia como presencia limitante estructural en la vida de las mujeres, o Alejandra Castillo, en torno a las limitaciones políticas de la mujer en la esfera pública androcéntrica, pues nos ayudan a mantenernos despiertas y críticas.  La participación y representación pública de las mujeres está atravesada por sus condiciones de vida y esto se manifiesta con claridad en la esfera cultural, reconocerlo es una manera de hacer frente al sistema de dominación del que somos parte tanto hombres como mujeres.

Los derechos culturales como ejercicio colectivo configuran un motor de transformación social, por ende, de interés para quienes creemos que nos debemos como sociedad una revisión profunda en las dinámicas sociales, entre ellas las relacionales de poder, presentes en las condiciones laborales, las formas de representación del género, la libertad de expresión y creación, el reconocimiento a los pueblos indígenas y la participación cultural. Levantar este debate nos permitiría ampliar la discusión.

 La participación y representación pública de las mujeres está atravesada por sus condiciones de vida y esto se manifiesta con claridad en la esfera cultural.

La ocupación contingente del sector cultural, tan necesaria para afrontar la emergencia, debe ser nutrida o enmarcada en una conversación mayor que desborde los límites de la estructura sectorial fragmentada, que nos tiene de cabeza en la política correctiva, a la que no le resto valor, pero estoy segura que esta red puede fortalecerse si también nos damos a pensar en una matriz estructural que supere el modelo subsidiario que, a través de sus sistemas de producción, promueve la atomización y las fracturas.

Ampliar la mirada con una reflexión transversal nos daría la comunión y libertad para impugnar discursos hegemónicos y normas culturales impuestas. Este es el momento para aquello, para cambiar la forma en que hemos dialogado los últimos treinta años y sumarnos sin complejos a la radicalidad de la crisis que desató la revuelta social. Las injusticias, violencia y desigualdades que reclama el sector artístico cultural, nos anteceden y no obedecen exclusivamente a nuestra realidad actual. Reitero, majaderamente, que obedecen a un orden estructural, que a pesar de que se presente frente a nuestros ojos con las particularidades que tiene nuestro quehacer, forma parte del descontento que nos activó en las calles pidiendo dignidad. No podemos dejar de habitar esta realidad trastocada, pero sí podemos hacernos conscientes y volcarnos como cuerpo a un debate y una reflexión que nos implique, más allá de la demanda inminente, para que no confundamos la premura del hoy con el mañana que queremos construir.

Además de lo escrito, quiero terminar de relacionar los derechos culturales como una demanda que debiese ser absorbida por el movimiento feminista. Aunque ya lo es, aún falta nombrarla. Sabido es que para el movimiento feminista la defensa de los derechos humanos no es un ámbito desconocido, así como para la defensa de los derechos humanos no es novedoso el rol fundamental y protagónico de las mujeres, incorporar la dimensión de los derechos culturales como parte fundamental y transversal de los derechos humanos, tal y como lo señala el informe de la relatora especial en derechos culturales de la ONU: “los derechos culturales de la mujer proporcionan un nuevo marco para promover todos los demás derechos. La realización de la igualdad de derechos culturales de la mujer debería ayudar a reconstruir el género de manera que trascienda los conceptos de inferioridad y subordinación de la mujer, mejorando así las condiciones para el disfrute pleno y en pie de igualdad de sus derechos humanos en general. Esto requiere un cambio de perspectiva: de considerar la cultura un obstáculo a los derechos humanos de la mujer a garantizar la igualdad de derechos culturales de la mujer.”

El motivo es nítido, pues el feminismo tiene ese llamado superior de transformación del orden social que debe ser cultural, no debe ser nunca el poder por el poder, debe surgir de la búsqueda incesante de la deconstrucción neoliberal y patriarcal. No queremos buscar cupos en un espacio público cuyos márgenes nos oprimen, queremos transformarlo. Pero además estamos dispuestas, desde las redes que habitamos, a reflexionar junto a nuestras compañeras para aportar. Pues tal como señala Miranda Fricker “no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias”. Y ése es precisamente el momento en que nos encontramos, porque como mujeres y particularmente como creadoras y trabajadoras culturales, poseemos un espíritu crítico que se nutre de la sabiduría del colectivo histórico y sus experiencias de vida.

Me motiva creer que nos situamos en este desafío mayor, el de promover y discutir los derechos culturales en profundidad. Que es, a su vez, discutir el cambio de las estructuras democráticas con sentido de pertenencia desde donde estamos situadas. Así podremos ir más allá de la frase armada de campaña, implicándonos con la conciencia despierta de que la existencia del cuerpo legal no garantiza per se un ejercicio pleno, pero que la disputa también es simbólica, no en un afán minimizante, sino que en aquél más profundo, complejo y arraigado socialmente, aquél que sustenta e impulsa la realidad material.

Quisiera también alentar a quienes son más escépticas y escépticos a que legislar sobre esto no implica la necesidad de tener un concepto previo de culturas, tampoco significa normar aquello que nunca será regulable. Mi propósito es hacer germinar la inquietud y la rebelde esperanza de que sean también los derechos culturales una posibilidad de subvertir el orden androcéntrico, que nuestras olas obstinadas se hagan presentes en la participación cultural, considerando que el disfrute de este derecho protege la dignidad de las mujeres y las niñas en sus culturas y resuenan en un relato de un estado plurinacional que nos incluya cabalmente.