La cultura chilena: cincuenta años

En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad.

Por Grínor Rojo

Salvador Allende asumió sus funciones como presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970 y, al contrario de lo que muchos creíamos entonces, su mandato no traía consigo el comienzo de un nuevo período de la historia nacional, sino el estiramiento hasta el máximo de lo que él podía dar de un período previo y más largo. Estoy pensando en nuestra segunda modernidad, la que se inauguró en los años veinte del siglo pasado y cuyo gran proyecto cultural consistió en la instalación en Chile de una conciencia democrática y democratizadora que, sin perjuicio de inflexiones y debilidades múltiples (no son lo mismo el populismo del viejo Alessandri, el socialismo democrático de Pedro Aguirre Cerda, el macarthysmo de González Videla, el neofascismo de Ibáñez, el protoneoliberalismo de Jorge Alessandri y la “revolución en libertad” de Frei Montalva), se mantuvo en pie hasta el 11 de septiembre de 1973.

Grínor Rojo, ensayista, crítico literario y profesor titular del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

Mientras no puso en cuestión su dominio, la oligarquía de nuestro país toleró la existencia y aspiraciones de semejante proyecto democratizador. Una demostración de esa anuencia reticente fue la reforma agraria “de macetero” que implementó Jorge Alessandri, a principios de los años sesenta, sin el más mínimo entusiasmo y picaneado por la kennedyana Alianza para el Progreso. Pero, cuando la oligarquía chilena sintió que el proyecto se expandía más allá de lo presupuestado, que eso hacía peligrar sus intereses, que las invasiones bárbaras estaban poniendo su perpetuación en jaque, se reconstituyó rápidamente y reaccionó de la manera que todos sabemos: haciendo trenza con el imperialismo, sacando a los militares a la calle y sumergiendo al país en diecisiete años de tinieblas.

En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad. La solidaridad y la colaboración se concretaron durante el trienio de Allende, facilitándose el acceso de los ciudadanos a los bienes de todo orden (bienes materiales, alimentación, casa, abrigo, pero también bienes no materiales, como la educación formal y la no formal o la frecuentación liberada para todos los centros de cultura, teatros, museos, bibliotecas, etcétera), así como mediante la promoción de un trato respetuoso entre las personas en el ámbito de su vida cotidiana. Me refiero al trato que yo entablo con un otro que difiere de mí, a quien yo le reconozco su identidad como la de un otro legítimo, pero que en derechos no es diferente de mí y con el que debo y puedo relacionarme horizontalmente. El espíritu crítico, por su parte, estimuló el discernimiento y la discrepancia razonada, por lo que no estar de acuerdo con las opiniones políticas del otro que no era como uno no sólo resultaba posible, sino bienvenido. E incluso era aceptable no estar de acuerdo y manifestarlo con dureza, pero siempre racionalmente y sin por eso convertir al adversario en enemigo. La Unidad Popular no persiguió a nadie por su pensamiento, no cerró ningún periódico, no calló ninguna boca.

A propósito de las prácticas en que cuajó este proyecto cultural, se suelen mencionar la nueva canción, el nuevo teatro, el nuevo cine, los murales callejeros y el involucramiento generoso de las mujeres y los jóvenes en las diferentes iniciativas. Las feministas, pensando, proponiendo y actuando como no lo habían hecho desde los tiempos de su lucha por los derechos políticos. Los jóvenes, sintiendo que su rebeldía estaba amarrada a la emancipación de los más.

Pero los que vivimos esa época sabemos que en realidad fue el libro (y, en general, la letra) el vehículo por excelencia de aquel afán de lucidez. Era una vieja tradición de la izquierda chilena, que entonces renacía y gloriosamente; una tradición que había apostado cincuenta años atrás, en los tiempos de Recabarren y El Despertar de los Tabajadores, a los beneficios de la lectura y la escritura. Me acuerdo muy bien de los pasajeros en la micro, sacando el libro o la revista o el periódico de algún bolsillo de la chaqueta, desarrugándolo y haciendo equilibrios para poderlo leer. Ello explica que uno de los logros espectaculares de aquel período haya sido la Editorial Quimantú, que publicó 12.000.093 libros con 247 títulos distintos en poco más de dos años y de los cuales, cuando se produce el golpe de Estado, se habían vendido 11.164.000, casi todos en los quioscos de periódicos y a un precio que cualquier trabajador podía permitirse. Nunca se había visto un éxito de ventas semejante en la historia editorial de Chile y tampoco se ha vuelto a ver después.

El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra. Por consiguiente, despreció la solidaridad, la colaboración y el espíritu crítico, e introdujo en cambio la competencia sin restricciones junto con el disciplinarismo autoritario. El disciplinarismo autoritario apuntalando esta vez el desenfreno de los mercaderes.

Así fue como la dictadura pinochetista impulsó la figura del otro como un competidor al que debo y puedo anular y vencer. Que ganara el “más mejor”, fue lo que se dijo, copiando la sentencia meritocrática del futbolista Leonel Sánchez, aunque el más mejor fuese en este caso sólo aquel a quien los nuevos dueños del poder le habían entregado los instrumentos para serlo.

La diferencia se convirtió en jerarquía y el universalismo en uniformidad. En un lado se ubicaban los jefes, que eran los superiores por la gracia divina y a los que si uno quería evitarse problemas era conveniente obedecerles, y en el otro se ubicaban los subordinados, los inferiores, también por la gracia divina, que eran los que obedecían y a quienes se apiñó en una masa indistinta. Por ejemplo, dejaron de existir en Chile los indios, sólo había chilenos. Un decreto de Pinochet, el 2.568, de 1979, prácticamente los ¡abolió!, autorizando la división de las tierras de las comunidades, “liberalizándolos” y “chilenizándolos”.

«El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra».

Resultados principales de esa gestión autoritaria: i) una sociedad desigual y segregada, lo que se materializó topográficamente en un apartheid urbano, de espacios para ricos y espacios para pobres,cuyo rigor habrían envidiado los supremacistas blancos de Sudáfrica; ii) una educación mejor para unos y peor para otros. Chile se transformó en el paraíso de la educación privada: colegios particulares pagados enteramente, que eran los de primera clase, para los ricos; colegios particulares subvencionados, pagados parcialmente, los de segunda clase, para aquellos que no eran ricos pero tenían todas las intenciones de serlo; y colegios públicos gratuitos, los de tercera clase, para los pobres de solemnidad. Con esto la educación pública chilena retrocedió en proporción inversa y a expensas del avance de la educación privada, hasta el nivel de su casi liquidación, es decir hasta un nivel en el que ciertos colegios públicos, que habían sido el orgullo de Chile, se desintegraron y, lo que es aún peor, que siguieron desintegrándose después, porque la verdad es que no hemos salido de ese estado de cosas hasta el día de hoy. No olvidemos, además, en este renglón, que con la misma lógica la dictadura intentó cerrar la Universidad de Chile y que sólo la respuesta airada y unánime de su comunidad impidió que ello ocurriera; iii) la instalación de un aparato de control de la cultura crítica, y estoy aludiendo ahora a la censura directa e indirecta; iv) el sospechoso regocijo de los desfiles militares, del folklore oligárquico, de los saludos a la bandera y de una canción nacional a la que se le repusieron versos alusivos a los “valientes soldados de Chile”; y v) una cotidianeidad caracterizada por la hostilidad y la agresión.

En cultura, como en todo lo demás, la postdictadura ha mantenido, y no pocas veces ha profundizado, lo obrado por la dictadura, aunque debe reconocerse que morigerándolo para hacerlo palatable a la “gente” (una palabra sanitizada, que sustituyó a la palabra “pueblo”, que era el término que empleábamos hasta 1973 para estos propósitos… otra sustitución significativa con la que se mal sinonimiza lo que no se quiere nombrar con su nombre propio). Por ejemplo: la segregación social se mantiene contemporáneamente incólume, como una expresión clara y concreta de la desigualdad, entre ricos y pobres, blancos e indios, caballeros y rotos, señoras y chinas. Y en esas condiciones no es raro que se haya continuado en la postdictadura con el predominio de la educación privada, tanto en cantidad como en calidad. Los colegios privados tienen hoy día más alumnos que los públicos e incluso más de los que tenían en 1990. En 2017, en la media, 370.627 en la educación pública frente a 519.207 en la particular subvencionada y 81.725 en la particular pagada. También el número de estudiantes en la educación superior pública es minoritario. Y los mejores resultados en las pruebas para entrar a la universidad los obtienen los/las egresados/as de la media que salen de los colegios particulares pagados.

Pero también es cierto que la censura desapareció o, mejor dicho, que sus funciones han sido trasladadas y confiadas al ejercicio de un supuesto “sentido común”, que no es otro que el que difunde una nube espesa de banalidad, la que secretan los medios, sobre todo, y que algunos políticos suelen hacer suya, ya que para sus propósitos funciona de perlas. Asisten, por ejemplo, esos representantes de nuestros deseos, rebosantes de complacencia, a los “matinales” de la televisión, donde su política se codea con la de los “rostros”, las bataclanas y los futbolistas mientras se deleitan todos juntos con los sabores del chisme.

El hecho es que hoy no hay censura formal en nuestro país, que eso es verdad y hay que agradecerlo, pero no menos verdad es que el pensamiento crítico tiene serios problemas para darse a conocer, porque aquellos que tendrían que abrirle camino -los controladores de la prensa, de los canales de televisión, de las radios, de las editoriales, del Ministerio de las Culturas, entre otros-, no lo hacen, argumentando no tanto el distanciamiento que ellos tienen respecto de la crítica en general, que lo tienen en efecto, como el desinterés de la “gente” por tales contenidos. Un buen ejemplo es el canal estatal de televisión, que opera de la misma manera en que operan los canales privados, sólo que lo hace peor y sobrevive por eso en un déficit interminable y que los contribuyentes tenemos que ayudar a paliar cada dos o tres años. Han optado quienes dirigen ese canal por la cultura light de la farándula, una estrategia comercial que, según declaran, les asegura un rating competitivo. Que eso no es cierto, a todos nos consta. Un ente público compitiendo en un contexto capitalista con un ente privado no puede ganar.

Finalmente, anoto aquí que en el cotidiano actual continúan presentes (la realidad es que se han incrementado) la hostilidad y la agresión, en ocasiones hasta niveles apenas tolerables. Que las autoridades de turno prometan entonces combatir la “violencia” imperante en el país no es más que un parloteo hipócrita. Vivimos en una sociedad que es estructuralmente violenta y esas autoridades, que hablan fuerte y golpean la mesa, tienen, si es que no toda, una parte sustancial de la culpa.

* Texto presentado en el simposio “50 años: Unidad Popular, un pasado lleno de futuro”, en la Universidad de Chile, el 3 de noviembre de 2020.

Palabra de Estudiante. El desafío de la identidad colectiva en el proceso constituyente

Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.

Por Noam Vilches Rosales

El plebiscito constitucional se celebra a un año del estallido que dio vida a una protesta que abre las grandes alamedas, que nos ha dado la esperanza en un Chile distinto. Esta crisis tan vociferada como inesperada, de pronto se vuelve una respuesta casi obvia ante las políticas de gobiernos que no han sabido responder a las necesidades de la gente, que inventan bienestar de la población donde sólo hay riqueza y acumulación de las mismas personas de siempre. La lógica instalada según la cual la meritocracia era sinónimo de éxito económico y felicidad se termina de derrumbar, las promesas del dictador y la transición se muestran como lo que eran: mentiras.

Noam Vilches, delegade de Bienestar de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

Mientras la derecha se jacta de que el país es un oasis, el pago del crecimiento económico de un reducido grupo se traduce en que Chile ocupa el lugar número 13 de los países con las mayores tasas de suicidio del mundo (OCDE, 2013), en una desigualdad tremenda y en políticas que sin pudor alguno siguen precarizando nuestras vidas. Pero, claro, algunos sectores políticos creen que bienestar es hacer crecer el PIB, enfocando sus políticas públicas en ello y no en la población y sus necesidades, no en el bienestar de la gente.

Que el estallido social se iniciara producto de una movilización de estudiantes de liceo a causa de un alza en el pasaje que no repercutía directamente a estudiantes preparó el ambiente para que se rompiera la ideología del individualismo y volviéramos a pensarnos como colectivo. Este colectivo no pensaba sólo en las demandas de las grandes mayorías, incluyó en su reflexión a quienes somos constantemente marginalizades, como es el caso de las disidencias sexuales y de género o las personas de la tercera edad, ya no posicionando al pueblo como ente homogéneo, sino que estableciendo la precarización de la vida como el factor común, abordando en los cabildos y luego en la campaña por el Apruebo los diferentes factores que precarizan a esta masa que se reconoce y acepta heterogénea. Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.

Este proceso abrió una oportunidad que no soluciona las demandas sociales, pero abre las puertas que nos pueden permitir, de una vez por todas, decidirnos democráticamente como país. Se enriquecía este proceso de cabildos, asambleas y organizaciones territoriales de maneras que no veíamos en años. Todo esto se vio abruptamente interrumpido por una pandemia. Pero la mente no es tan frágil, y ante la necesidad se organizan hasta el día de hoy ollas comunes que siguen gritando que sólo el pueblo ayuda al pueblo, y a un año del estallido salimos a las calles, retomamos los puntos de salud y reforzamos que esto sí prendió.

A pesar del optimismo expresado, no todo está dicho. No sólo hay un plebiscito que ganar, hay que ganar una Constitución y luego ganar leyes. Este proceso es largo, y la vida online no lo hace más fácil. Quedamos a merced de lo que dicten las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación, que hace ya tiempo se posicionan como poco fiables. La comunicación de esta masa se ve limitada, empatizar se vuelve más complejo, la ayuda se virtualiza y se tensa eso que se construyó en la calle para volver al individuo, al yo y mi casa, al yo y mis cosas ahora no sólo como sinónimo de éxito, sino que además como sinónimo de seguridad, de sanidad, de vida.

Esta pandemia dificulta, por tanto, que reafirmemos ese sentido común que se construía en las calles, en los territorios, en los encuentros barriales, lo que no sólo es una mala noticia para una izquierda que afirma su quehacer y redirige su rumbo al dictado del pueblo, sino que también para la derecha, pues ese sentido común era la posibilidad de ese consenso que es fundamental para hablar de legitimidad, algo que sin duda le hace falta a este Gobierno. El desafío es claro, hay que seguir construyendo esa identidad colectiva.

Esta construcción no es interpretar, ya no basta con interpretar el estallido, con escudriñar en busca del sentido último de esta anomalía. Se vuelve necesario formar ese sentido, construirlo, decidirlo y posicionarlo con miras a las realidades y necesidades concretas que tenemos. Esto, de no ser hecho por el pueblo mismo, es decir, si no es esta misma masa que se manifiesta la que decide el país que quiere, tendrá que resignarse a aceptar que volveremos a estar bajo la voluntad de una clase política incapaz de abordar de manera contundente cualquiera de nuestras demandas. Teniendo la oportunidad de construir una nueva organización política, popular, que mire las necesidades reales de la gente, perderla es simplemente un sinsentido que nos mantendrá lejos de una vida digna.

Este tiempo de encierro ha dejado claro este último punto, pues le dio una oportunidad única al Gobierno para instalar los cambios y reformas que tanto ha vociferado como la real solución, aludiendo a que cambiar la Constitución no es la vía. Aun así, aun sin la presión que ejercíamos en las calles, su propuesta ha sido completamente deficiente. Esta deficiencia se vislumbra en que, a un año del estallido, la gente ha vuelto a dejar de manifiesto en las calles que las necesidades siguen ahí y que el actuar del Gobierno sigue siendo negligente.

Por último, no es menor recordar que esta posibilidad de una nueva Constitución no se ganó con un lápiz azul, se ganó en las calles.  Y para que esa Constitución aborde nuestras necesidades tenemos que retomar lo que significa «nuestras», es decir, retomar el sentido común que se construía en el diálogo colectivo, en la escucha atenta, en la empatía, en el reconocerse como parte de un pueblo que sufre una desigualdad cruel y que se levanta ante la injusticia con organización colectiva, popular, feminista, crítica y, sobre todo, con ganas de cambiar todo lo necesario, hasta que la dignidad, de todes, se haga costumbre.

El proceso constituyente desde el territorio

Desafíos y propuestas desde el pensamiento popular para refundar la patria.

Por Doris González Lemunao

Si existe algo en lo cual todos estamos de acuerdo es que Chile no está bien, y por eso, debemos modificar las formas en que se construye nuestra sociedad. La institución que regula nuestras relaciones y formas es la Constitución, por lo tanto, debe ser reescrita para refundar la patria. No basta con algunos cambios (que sin duda son necesarios, como subida de sueldos, mejora de condiciones del trabajo, impuesto específico a los superricos y limitaciones de sueldos millonarios), lo que se debe modificar es la concepción de sociedad que permite que unos pocos se enriquezcan groseramente a costa del trabajo de muchos y de la explotación irracional de los bienes comunes.

Es la hiperconcentración de la riqueza lo que se ha vuelto una situación impresentable y que ha hecho que Chile se transforme en uno de los países más desiguales del planeta. El capitalismo en su forma neoliberal fue ensayado, construido y profundizado en nuestro país de manera ofensiva. Además, ha permitido a las grandes empresas arrasar con nuestros bienes comunes, recursos naturales, mar, ríos y bosques, por mencionar algunos.

Doris González Lemunao, dirigenta del movimiento UKAMAU y presidenta de la Fundación Feman.

Pero esta profunda crisis que estamos viviendo en Chile se arrastra hace ya muchos años. Se manifestó inicialmente como una crisis de representatividad por la poca participación en los procesos electorales. Poca participación que, de paso, sólo fortalece el sistema neoliberal y a quienes se han mantenido en el poder durante más de 40 años, imponiendo leyes que sólo benefician a los dueños del poder y la riqueza. Bajo una democracia restringida, que niega derechos a las mayorías en busca de beneficio y ganancia para unos pocos.

Es un Chile agotado y hastiado de las promesas que le hicieron sobre una alegría que llegaría para el disfrute de todas y todos, esa alegría que el pueblo esperaba, esa alegría que el pueblo sigue esperando y los distintos gobiernos siguen postergando. Fueron 30 años de promesas incumplidas; los trabajadores y el pueblo hemos decidido que no esperaremos más.

Llega un momento y un escenario que se rebela en octubre del 2019 con indignación y mucha, mucha rabia. Además, esta protesta tiene un contenido que se había mantenido bastante ausente y en algunos casos marginado de las movilizaciones de la década recién pasada y que tuvieron su momento más álgido en 2011. Son los sectores populares, aquellas y aquellos invisibles que se hicieron visibles en el estallido social, con mucha radicalidad, movilizando el territorio y trasladándose a los centros de las ciudades, un escenario no propio. Los populares volvimos a la política contingente en la Plaza Dignidad y no volveremos a apartarnos de este camino por falsas promesas de alegrías y prosperidades que nunca llegan.

Se vive un momento destituyente que comienza a caracterizar un nuevo escenario político donde la principal demanda es por participación y derechos.

Participación en lo político, un espacio absolutamente desalojado para los sectores populares, marginados de la toma de decisiones. La necesidad de participación que plantea esta irrupción de sectores de trabajadores y populares en la escena política plantea un nuevo orden y una forma distinta de hacer las cosas. Situación que aún no logra la comprensión de los espacios políticos más tradicionales y los partidos políticos que tienen el apellido de transformadores y progresistas. Este proceso es absolutamente distinto al de fines de los años ochenta, por el contexto político, la realidad y características de las organizaciones y movimientos sociales e incluso el contexto mundial que impone la pandemia del Coronavirus.  Por lo tanto, la salida no puede ser la misma que operó en los ochenta y que consistió básicamente en desalojar a los trabajadores y populares de la acción política y circunscribirlos al ámbito “social” o “sindical”, en una suerte de gremialismo impulsado por el progresismo, que lo que logró fue una profunda desafección hacia la política de los sectores populares y trabajadores.

Desde esa perspectiva, es un momento crucial para avanzar en una nueva forma de relación y acción política que permita de manera efectiva hacer las transformaciones necesarias y, con ello, una nueva Constitución que garantice derechos y seguridad social. En este sentido, entonces, la principal batalla en este momento es la participación masiva y activa de la gente. No basta con lograr los niveles de participación que se han logrado en las elecciones anteriores, ahora es decisivo, para que sea un proceso representativo, la mayor cantidad de personas participando y asegurando, además, que las y los constituyentes sean reflejo de esas demandas que se han amalgamado en la rabia y frustración y se han levantado en las calles de nuestro país.

Es, sobre todo, una lucha por derechos arrebatados y negados durante décadas. Para nosotros, como organización, es importante que exista el derecho a la vivienda y la ciudad dentro de los derechos garantizados por el Estado. Hoy la vivienda no existe como derecho en la Constitución y las referencias que existen hablan de las posibilidades que tienen las policías para allanar viviendas. Por lo tanto, debemos asegurar que la refundación de la patria asegure estos derechos en su carta fundamental.

Sin duda, no basta que la Constitución mencione en uno de sus párrafos el derecho a la vivienda y la ciudad. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y la segregación social en la construcción de vivienda. Por pensar sólo en la materialidad (en cuanto a su construcción) y sólo de manera cuantitativa, no se aborda la situación cualitativa. Es decir, no se piensa en sus habitantes y comunidades, que son más que la materialidad. Debemos pensar con mayor profundidad para planificar el desarrollo del hábitat con las y los habitantes como parte del proceso dinámico al que debemos apuntar como sociedad, abarcando la vivienda, la comunidad, el barrio y la ciudad como un espacio democratizador de lo social y lo político.

En este sentido, es clave no reproducir la lógica dominante de construcción espacial mercantil, que sólo ha profundizado la segregación y marginación social a través de un constante desplazamiento a las periferias, poca accesibilidad a los servicios, escasa movilidad en la ciudad y que niega la participación ciudadana y el goce de la ciudad. Para tener redistribución de la riqueza material, social, cultural que se genera en las ciudades, pero que lamentablemente no tiene el disfrute para todas y todos por igual, para conquistar sociedades con mayor justicia y equidad, es vital pensar el hábitat que generamos de manera colectiva y el rol que juega el Estado en esto.

En el hábitat existen las relaciones, vínculos y desarrollo humano que subyacen a la materialidad y que no se deben invisibilizar. Por esta razón, para nosotras es vital la participación de las comunidades como una condición necesaria para las transformaciones en este proceso constituyente. Los sectores populares no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Desde nuestras realidades y visiones podemos aportar a ese nuevo Chile que se comienza a esbozar, en el que no se excluya a las y los populares, un país que no sea de los expertos que se apartan de la realidad concreta y el día a día que vivimos millones. Queremos que esta Constitución refleje la diversidad de nuestra geografía y sus habitantes.

Proceso constituyente y lo indígena: consideraciones de forma y fondo

¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

Por Lucas Sierra

¿Cómo debería considerar el proceso constituyente a los pueblos indígenas? Esta es una pregunta ineludible y nada fácil de contestar. Para ensayar una respuesta, creo que se puede dividir la cuestión en dos partes: forma y fondo. La primera tiene que ver con el procedimiento al cual se someta el ejercicio de la potestad constituyente. La segunda, con el contenido de las reglas constitucionales que en dicho ejercicio se terminen aprobando. En este orden se verán a continuación.

Considerar la forma equivale a preguntarse por el modo en que se pueden introducir los puntos de vista indígenas al proceso. Un modo podría ser realizar una consulta indígena en algún momento del trabajo de la convención a la que se le encargue redactar una nueva Constitución. Pero es algo que habría que organizar demasiado bien, porque de otra manera podría atrasar el proceso constituyente que ya tiene un plazo acotado (un año como máximo). El desafío es enorme, quizás excesivamente grande considerando lo que está en juego.

Lucas Sierra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Un modo alternativo de introducir los puntos de vista indígenas al proceso son los escaños reservados. Si gana el apruebo en el plebiscito de octubre, la elección de convencionales será en abril próximo. Queda poco tiempo para una reforma electoral que también debe hacerse muy bien, por lo relevante de la decisión constitucional y porque posiblemente quede como precedente para el futuro. Cada día que pasa se hace más difícil introducir estos escaños.

Si nada de lo anterior se realiza, quizás habría que pensar en alguna forma de participación de los pueblos indígenas durante el trabajo de la convención. Debería ser un mecanismo que permitiera recoger dichos puntos de vista de una manera expedita y precisa, de tal forma de allegar información relevante sin retrasar todo el proceso. Y, también, podrían usarse los resultados de la consulta indígena que se realizó en el marco del debate constitucional que impulsó la presidenta Bachelet durante el segundo semestre de 2016. Han pasado algunos años, qué duda cabe, pero no tantos como para simplemente desechar ese trabajo que ya está hecho. Hasta aquí la forma. Ahora algunas palabras sobre el fondo.

Considerar el fondo equivale, antes que nada, a preguntarse por el reconocimiento constitucional. Ésta es una promesa largamente incumplida en Chile. Hace mucho tiempo, yo escribí para que este reconocimiento se hiciera a personas indígenas y no a los pueblos. Sigo de acuerdo con las razones tras esa idea, pero he llegado a la conclusión de que una propuesta así hoy es políticamente imposible: si hay reconocimiento, éste será hecho a los pueblos indígenas.

Así, por ejemplo, lo hace el proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso pocos días antes de terminar su mandato en 2018. Dice al respecto: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica Constitucional”. Aquí hay una redacción posible para el reconocimiento por la Constitución de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el proyecto de la presidenta Bachelet tiene otra parte que parece en contradicción con lo recién citado. En otro artículo, señala: “La soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas.” ¿Cuál es entonces la relación entre nación y pueblos indígenas? Porque, como se lee más arriba, el proyecto dispone: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena”. Pero, para efectos de radicar la soberanía, el proyecto habla de “la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”, lo que parece redundante, pues se ha dicho que forman parte de la nación, en donde reside la soberanía.

Además de esa aparente contradicción, el artículo que hace residir la soberanía en la nación “y” en sus diversos pueblos indígenas, plantea la pregunta por lo que puede significar tener fuentes de soberanía distintas entre sí. ¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

En fin. Puede haber otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, el proyecto ya citado de la presidenta Bachelet garantiza: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”.

En principio, es una buena cosa que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, parte esencial de la cual es el idioma. La nueva Constitución podría tener una referencia a esto. Pero no en la forma en que lo hace el proyecto de Bachelet que, como se acaba de transcribir, lo consagra como un derecho en el listado de garantías constitucionales, dando acción judicial para ejecutarlos. Hacerlo así plantea nuevas y difíciles preguntas. Por ejemplo, ¿quién tendrá en estos casos la legitimidad activa para accionar ante los tribunales? ¿Cómo entenderán los jueces los derechos “colectivos”?

Para evitar esas preguntas difíciles, la Constitución debería consagrar la preservación del idioma como un deber del Estado, en la parte en que se hace el reconocimiento constitucional y no en el listado de garantías constitucionales.

Y un último contenido constitucional. El proyecto de la presidenta Bachelet agrega la siguiente disposición: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas. Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”.

Yo tampoco seguiría esta propuesta. Y no por una desconsideración especial con los emblemas de los pueblos indígenas, sino porque considero indebido que se imponga una obligación constitucional de respetar determinados símbolos propios. En una sociedad democrática y pluralista, las personas deberían poder quemar sus banderas sin ser perseguidas por eso.

Además, me parece inapropiado que una Constitución hable de “valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”. ¿Qué esencias son esas? ¿Quién las determina? ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Cuál la de cada pueblo indígena? ¿Están todos los integrantes de dichos pueblos de acuerdo sobre los valores esenciales de sus tradiciones? ¿Se puede llegar alguna vez a un consenso sobre esto?

Hasta aquí estas consideraciones de forma y fondo para elucubrar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el eventual proceso constituyente. Varias preguntas. Todas difíciles, todas ineludibles.

Nueva Constitución como una oportunidad histórica de cambio con los pueblos indígenas

Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen.

Por Verónica Figueroa Huencho

El proceso de reforma constitucional que se avecina nos ofrece una oportunidad histórica para pensar con mirada de futuro cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los nuevos pilares, valores y principios que deseamos rijan nuestra convivencia, y qué país queremos legar a las futuras generaciones. Se trata, sin duda, de un proceso sin precedentes, no sólo porque (por primera vez en nuestra historia) se discutirán de forma participativa los contenidos de una nueva Constitución, sino porque también se hará con la participación de los pueblos indígenas.

En ese sentido, se requiere una nueva forma de gobernanza, es decir, debemos repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que regirá la convivencia, cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que encarnan los pueblos indígenas y que permitan equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes hemos sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. Esta exclusión tiene múltiples aristas, siendo la asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, la más evidente. Se ha invisibilizado a los pueblos indígenas utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación o las representaciones culturales.

Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y vicepresidenta de su Senado Universitario.

Por lo tanto, surge la oportunidad de generar cambios estructurales, los que no solamente son impulsados por los pueblos indígenas, sino también por una gran parte de la sociedad chilena que empatiza, cada vez más, con sus demandas y propuestas. Las movilizaciones sociales que se produjeron con fuerza después del 18 de octubre de 2019 estuvieron marcadas por la presencia en las calles de las banderas mapuche, del mapudungun en las consignas y de diferentes símbolos propios del pueblo mapuche como referencia. Asimismo, la encuesta CADEM de agosto 2020 daba cuenta que un 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena, junto con un 79% que cree que la solución al denominado “conflicto en La Araucanía” pasa por la vía política y el diálogo. El desafío es, por tanto, traspasar estos apoyos y sensibilidades al proceso constituyente, de manera de reflejar de manera fidedigna los cambios que la mayoría de esta sociedad quiere.

Entre las principales propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución Política se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento de un Estado plurinacional, pues la lógica de un Estado-una nación no ha permitido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, excluyendo su reconocimiento y participación de los proyectos políticos en cuanto naciones preexistentes. En ese sentido, un Estado plurinacional supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. No supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. La plurinacionalidad, por lo tanto, debe ir acompañada del reconocimiento de la interculturalidad, donde las diferentes naciones participan en condiciones equitativas en los procesos de toma de decisión, enriqueciéndose mutuamente y contribuyendo así a la ampliación de alternativas y soluciones a los problemas emergentes, especialmente aquellos que debemos enfrentar en los próximos 50 años. La plurinacionalidad, como proyecto político, no significa poner en riesgo la existencia del Estado, sino encontrar nuevas formas que den legitimidad a éste, favoreciendo y potenciando una mejor transferencia de poder hacia los territorios donde la propia idea de un Estado unitario no ha permitido el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país.

Otra propuesta relevante es, en virtud del reconocimiento de un Estado plurinacional, el legítimo ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen. Si tenemos en consideración que los procesos migratorios de los pueblos indígenas fueron forzados por la acción del Estado, con mayor razón cabrá encontrar los espacios para el reconocimiento apropiado de los derechos legítimos de estos pueblos. El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que posibiliten transformar esas visiones y objetivos en realidades.

Aquí, nuevamente debemos desmitificar la idea de que el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación sólo se puede dar a nivel de Estado: las naciones, dentro de estos Estados, pueden ejercer ese derecho dentro de sus límites. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), suscrito por el Estado de Chile, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (artículo 3). Además, “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4).

Finalmente, es importante señalar que a estas propuestas se suman otras vinculadas a la generación de adecuaciones institucionales, políticas y normativas, entre otras, para permitir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado, favoreciendo, entre otros, la representación política de los pueblos indígenas, la incorporación de elementos del derecho consuetudinario, la participación efectiva en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, entre otros. Asimismo, esto debe ir de la mano del reconocimiento de derechos culturales, económicos y lingüísticos, entre otros, para los pueblos indígenas, de manera que puedan asegurar la transmisión de su cultura, especialmente en espacios públicos y de ejercicio del poder.

Como reflexión final, es importante comprender que estas propuestas que surgen desde la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ser entendidas como una concesión o el reconocimiento de beneficios desde la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas. Más bien, deben ser consideradas como parte de una nueva forma de visualizar un proyecto de convivencia basado en principios de respeto, donde emergen formas comunitarias y colectivas de interrelación y de representación, donde la concreción de conceptos como el Küme Mongen (buen vivir) traen aparejados sistemas de relaciones equitativas con la madre tierra y con todos los seres que habitan en ella. Por lo tanto, no pueden ser promovidas sólo por los pueblos indígenas, sino que requieren ser incorporadas también a los planteamientos que surjan desde las propias formas de organización de la sociedad chilena, para asegurar su instalación en la agenda del mecanismo que la propia ciudadanía escoja para definir los contenidos de la nueva Constitución.

Las propuestas de los pueblos indígenas permiten soñar con una nueva sociedad. Esperemos estar a la altura.

A medio siglo del triunfo de Allende

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras.   

Por Jorge Arrate

Hay muchas razones para conmemorar eventos históricos. En el caso del triunfo de Allende el 4 de setiembre de 1970, hace medio siglo, la principal es que esa victoria fue la culminación de una lucha larga cuyo objetivo explícito era cambiar el signo del poder dominante en la sociedad chilena. La Unidad Popular y su proyecto ha sido el único intento cabal, en más de doscientos años de Chile republicano, por impulsar una transformación igualitaria y radical en el modo como convivimos los chilenos.

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras. Para ello hay que indagar cómo se desarrolló el ciclo anterior hasta que alcanzó la gran victoria de hace cincuenta años. No se trata de buscar un prototipo o de calcar los principales rasgos del movimiento popular de entonces. El pasado no es profecía del futuro. Entonces, a lo que podemos aspirar es a, una vez consideradas las grandes diferencias entre ayer y hoy, encontrar un acicate para innovar, renovar, inventar la mejor forma de luchar hoy, en el siglo XXI.

Desde Recabarren a Allende el movimiento popular (así se le llamaba) engrosó sus filas en un trayecto lleno de avances y retrocesos, de acuerdos y rupturas. En cada lugar que visitaba, Recabarren echaba a andar un partido, el POS, creaba un sindicato, iniciaba la publicación de un periódico e instaba a la creación de una “filarmónica” para desarrollar la cultura y atender a las necesidades de recreación de los obreros y sus familias. Por su parte, los anarco-sindicalistas desarrollaban un poderoso instrumento de lucha: las sociedades de resistencia, cuya arma era la huelga. En el extremo sur, en Punta Arenas y Puerto Natales, emergía una veta socialista autóctona que en 1933 se fundiría en la naciente organización nacional. El movimiento popular creció y se configuró en el desarrollo simultáneo de los partidos de trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las corrientes sociales cuyos protagonistas eran los sindicatos y los estudiantes y, más tarde, las organizaciones de arrendatarios y pobladores. Grupos de mujeres levantaron desde comienzos de siglo las primeras banderas feministas.

Un rasgo relevante del movimiento popular fue la generación de una amalgama entre lo político y lo social, en que ambas dimensiones se fundieron en un haz de fuerza en que los partidos ejercían la conducción política. Las cuatro candidaturas presidenciales de Allende fueron momentos de reiteración de una propuesta socialista y de los modos de propiciar su avance. Un segundo atributo significativo, que se consolidó en paralelo al crecimiento del “allendismo”, fue la manera de enfrentar las diferencias en un movimiento que no era uniforme y cuyos integrantes tenían, sobre ciertos tópicos, puntos de vista encontrados.

El movimiento popular chileno, como toda obra humana, tuvo insuficiencias e imperfecciones, pero su potencia residía en estas dos características esenciales: uno, nunca admitió una separación entre la lucha política y la lucha social, que eran una sola y misma tarea. Dos, aprendió duramente a converger sin renunciar a las diferencias legítimas, que se debatían públicamente, y que, en definitiva, no fueron obstáculos, sino factor de enriquecimiento. 

En el último medio siglo, el mundo, América Latina y Chile han vivido cambios radicales. Con el desmoronamiento de la experiencia socialista que encabezó en Europa y Asia la Unión Soviética, el retroceso de la socialdemocracia europea y el consiguiente apogeo del mercantilismo neoliberal, el mapa geopolítico, económico y cultural ha cambiado sustancialmente. La riqueza y el ingreso se han concentrado en los países más ricos y, dentro de cada país, rico o pobre, en los sectores de más alto ingreso.

En Chile, el impacto de la derrota de 1973, del retroceso internacional de las ideas socialistas, de la acción exterminadora de la dictadura y su perfil autoritario-comercial y de la interminable transición a la democracia que discriminó a un sector de la izquierda y restó fuerza a las organizaciones sociales, confrontó a los herederos de Allende con nuevos desafíos. En medio siglo no se han repuesto las condiciones que hicieron posible el éxito del movimiento que expresó la Unidad Popular: el mundo político en general y amplios sectores de la izquierda perdieron paulatinamente los lazos que debían amalgamarlo con los movimientos sociales, tanto los históricos como los emergentes, como el movimiento ecologista, el feminismo de masas, el que aglutina las demandas de diversidad sexual o los que representan las aspiraciones de los pueblos originarios. Por otra parte, la izquierda se ha enriquecido con la emergencia de nuevas organizaciones partidistas, pero no ha logrado conciliar sus diferencias. Hasta ahora emprende con timidez tareas convergentes, pero sin profundizar en la elaboración de un proyecto común y de una estrategia para impulsarlo.

El levantamiento popular o “estallido” del 18-O ha abierto un nuevo capítulo en este ciclo que está en curso y pareciera que ha logrado despertar energías dormidas capaces de superar objetivos exigentes. Una vez más, la historia demuestra que sus caminos no son fáciles de predecir. Sin mediar una crisis económica clásica o una crisis política abierta, las ideas de libertad, justicia, igualdad y dignidad abrieron su propio camino, más allá de los cauces tradicionales, como un caudal que hace caso omiso al surco establecido y abre nuevos trayectos, distintos, múltiples, heterogéneos, si bien convergentes en torno a un conjunto de ideales compartidos. El 18-O sumó trabajadores y desocupados, jóvenes sin posibilidad de estudio o trabajo y multitudes de estudiantes universitarios y secundarios, mujeres cansadas del abuso y sometimiento, adultos mayores indignados con la baja consideración social que se les depara, personas afiliadas a muchísimas diversas organizaciones de base, también mujeres y hombres que concurrieron a las protestas en su condición de individuos y movidos por un impulso espontáneo. Al mismo tiempo, mientras el 18-O mostró la indignación ciudadana ante los perfiles, en buena parte ocultos o disimulados, de nuestra convivencia nacional, la pandemia que se desató en marzo pasado los puso en evidencia, como si Chile hubiese decidido montar una exposición de sórdidas inequidades, abusos y privilegios largo tiempo escondidos por un velo erigido a fuerza de la repetición e imposición del credo neoliberal.

La carencia de un vínculo activo y fluido entre las organizaciones políticas y la compleja sociedad y el fraccionamiento del vector de conducción, que han limitado al movimiento popular en los últimos decenios, no apagaron el fuego del descontento popular y la demanda por otro modo de vivir. El vacío se ha llenado con el resplandor de plurales destellos de lucha y creatividad, en que los jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones portadoras de conciencia ecológica y de respeto por nuestros orígenes, emergen como grandes protagonistas.

La historia nos dice que hay muchas maneras de lidiar por una sociedad mejor y que en cada tiempo surge un diseño que nunca es copia del anterior. Estamos presenciando, a cincuenta años del gran triunfo de Allende y de la izquierda en 1970, el desarrollo de un nuevo ciclo impulsado por un nuevo pueblo que tiene la tarea de establecer su derrotero y modos de luchar. Innovación, renovación, creatividad aplicadas a la vida política y social. ¿Cómo será el “movimiento popular” del siglo XXI? ¿Cómo serán los partidos que lo integren? ¿Cuál será su relación con movimientos y organizaciones surgidas de la vida social?

Para debatir y contestar esas cuestiones cruciales, el movimiento popular que encabezó Allende es una referencia indiscutible. La Unidad Popular enarboló un proyecto, nunca separó los ámbitos político y social de la contienda, supo reconocer las diferencias en su interior y potenciar su significado. Es una historia para inspirarse, no para copiar.   

El enredo del tiempo

El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro

Por Nona Fernández Silanes

Escribir a ciegas, tanteando un punto donde afirmarse, en medio de un tiempo hecho pedazos. El futuro se puso en pausa, el presente se desbarató y con él la fantasía de control en la que creíamos movernos. Revuelta social y pandemia enredadas para suspender cualquier interpretación de la realidad. Todo razonamiento es frágil y se pone en crisis en cuanto se asoma. Imposible aferrarse a una certeza porque no sólo es improbable encontrarla, sino que parece no servir. Nada es claro y ese está siendo el desafío a la hora de pensarnos. Andar a tientas.

Las mujeres aymara cargan a sus hijos en la espalda. Con tejidos trenzados por ellas mismas los envuelven y los cuelgan atrás, resultando este gesto una representación simbólica del lugar en el que los aymara ponen el futuro. Ese pedacito de humano que encarna el mañana viaja en el revés de su madre, suspendido en la sombra del tiempo, en ese lugar desconocido que es imposible de ver porque aún no sucede. Para los aymara el futuro no existe, sólo le pertenece a los niños. Lo ubican en la espalda, como a sus hijos, porque prefieren dar la cara a lo que sucede, que es el presente y los sucesivos presentes que conforman el pasado. Lo que ha ocurrido es lo único que pueden ver con claridad, por eso lo disponen delante, como una forma de guiar el camino. Quizá en este ejercicio del intento en el que estamos, en esta búsqueda de una baranda donde afirmarnos para no caer, podríamos cambiar el eje de nuestra mirada y probar otro punto de vista. Siempre hemos dialogado con el tiempo al revés que los aymara. El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro.

La escritora Nona Fernández. Créditos: Gonzalo Donoso.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, hace cincuenta años, el recién elegido presidente Salvador Allende Gossens se asomó en un palco improvisado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para dar el que sería su primer discurso como líder del país. “Nunca un candidato (…) usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia”, dijo. “Porque todos lo sabemos: La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla”. Lo que comenzaba esa noche era un trabajo difícil. Lo sabían las y los jóvenes que, con la lucidez histórica que les caracteriza, con ese diálogo directo que siempre han tenido con el futuro, empujaban las grandes transformaciones sociales. Lo sabía Allende y lo sabían todas y todos quienes habían votado por él. El desafío avalado por las urnas implicaba cambios profundos que la oligarquía y las élites no estaban dispuestas a permitir. “Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.” Pero esa madrugada, pese a la conciencia de la dificultad venidera, todo era alegría y festejo. Se suspendió cualquier sospecha de terror futuro y se dispuso caminar con seguridad sobre la ruta trazada. “Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza; la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Pondremos toda la fuerza creadora del pueblo en tensión para hacer posible estas metas humanas que ha trazado el programa de la Unidad Popular”.   

Casi cincuenta años después, el 18 de octubre de 2019, comenzamos a transitar el vértigo de la revuelta. La interrupción por las armas de aquel proyecto inconcluso, que se inauguró en 1970, dejó una grieta imposible de sellar que terminó alimentando la protesta. Las y los estudiantes secundarios, otra vez la lucidez de la juventud, saltaron los torniquetes del Metro y en ese gesto se abrió la gran caja de Pandora. Décadas de malestar subterráneo emergieron con fuerza. La revuelta de octubre cambió el escenario, los límites se corrieron, el punto de vista se amplió y con la caída de cada estatua de los supuestos próceres, evidenciamos el colapso de un orden que se vino abajo. La política dejó de estar encerrada en La Moneda y el Congreso y se activó fuera de los consensos pactados por los honorables hombres de la República. El ejercicio político resucitó en la calle, en la conversación larga de la esquina, en la sesión del cabildo de la plaza, en nuestras asambleas barriales, sectoriales, comunitarias, domésticas, y aparecieron nuevas ideas, propuestas, discursos, hablas, miradas que no habían sido atendidas y que, en parte, hacían eco de aquel programa anunciado en 1970. Un extraño sentimiento de comunidad comenzó a tejer lazos entre unas y otros, y el recuerdo de ese tiempo, no tan lejano, circuló como un fantasma resucitando imágenes que no todas ni todos habíamos vivido. Nuestras madres y nuestros padres lo percibieron con mayor claridad. También nuestros abuelos. Si bien las múltiples diferencias estaban a la vista entre el ayer y el hoy, las pancartas y los cabildos ciudadanos actualizaron ideas que se quedaron suspendidas en el año 1973 luego del golpe. La exigencia de los cambios que ya se habían propuesto como metas en un programa de gobierno que no pudo llegar a su fin. Otra vez se hablaba de desbaratar las diferencias sociales, de recuperar las riquezas del país para el beneficio de todas y todos, de fortalecer al Estado, de trabajar por una educación gratuita, pluralista, participativa, democrática; de establecer un sistema de salud popular, de ofrecer pensiones justas para los jubilados, de construir viviendas dignas sin reajustes que desintegren los ingresos de sus moradores, de conquistar una independencia económica, de ofrecer medio litro de leche para cada niño y niña de Chile, a los que se les debía y debe una infancia libre y feliz. Necesidades añejas que revivieron junto a otras nuevas, para mezclarse y enredarse en este presente disconforme, que dialoga con el pasado para intentar encontrar un camino hacia el futuro.

Wenu Mapu es el nombre que el pueblo mapuche le da al firmamento. La tierra de arriba, el lugar donde viven los espíritus de nuestros antepasados. Todos aquellos que alguna vez pisaron el mundo y que ahora, desde allá arriba, nos protegen. El lugar donde llegan los que no trasgreden el orden natural de las cosas, convirtiéndose en halcones o cóndores del sol. Para el pueblo mapuche los muertos son los poseedores de la sabiduría, los ubican arriba porque ahí la perspectiva es amplia y se ve mucho mejor. El pasado está por encima, protegiendo y entregando luz en un ejercicio activo. El pasado es fundamental en su manera de ver el mundo y tanta bandera mapuche circulando en la revuelta, reemplazando a las de los partidos políticos, quizá, entre otras muchas lecturas, tenga que ver con la importancia del pasado en la energía de la protesta. Naturalmente, sin que nadie lo organizara, sin que ningún partido lo mandara, sin que nadie pagara, la reunión callejera revivió cantos, consignas y planteamientos que creíamos sepultados. Los tiempos se enredaron y corrieron por pasadizos estrechos, de paredes porosas y difusas que filtraron el ayer y el hoy proponiendo una energía provocadora, porfiada y desobediente.

Pero de pronto, de un día para otro, en medio de ese torbellino de creatividad antigua y nueva, de ese diálogo temporal, caímos en el encierro por la crisis sanitaria y nos vimos privadas y privados del ejercicio de la calle y del estimulante intercambio en vivo. Las vidas quedaron en pausa, el intervalo se apoderó del tiempo y lo desbarató en una lógica que desafía nuestra propia neurosis por el control. Como si el virus hubiese heredado la energía caótica de la revuelta, o como si la revuelta se hubiese anticipado pavimentándole el camino, el descontrol de la naturaleza nos fuerza a ampliar la mirada, a situarnos arriba, en el Wenu Mapu, junto a nuestros antepasados que todo lo ven, y desde ahí observarnos como parte de un gran colectivo, de un universo orgánico que no gobernamos. Cayeron las estatuas de nuestros supuestos próceres y con ellas nuestra soberbia controladora poniéndonos en el lugar en el que la humanidad siempre se ha movilizado: el del caos. Y aquí estamos ahora, en medio de la incertidumbre, con la única seguridad de que no dominamos la naturaleza, sólo seguimos el orden natural de las cosas y en ese flujo quizá lleguemos a transformarnos en halcones o cóndores del sol.

La política del virus es ingobernable. Pero las políticas para la administración del virus no. De esas hemos sido testigos con asombro horrorizado. Y en ese ejercicio el desconcierto crece y nos hace juntar rabia y pena para afirmarnos en la idea que el virus nos regala, esa de ser parte de un gran organismo cuyas piezas no son autónomas. Dependemos unos de otras. Planteamiento que ya habíamos asumido en sintonía con el caos y orden natural de la revuelta. Ahí improvisamos la organización que hasta el día de hoy sostiene a muchas y muchos en un país fragilizado económicamente desde siempre y aún más por la pandemia. Ese tejido territorial, sectorial, gremial ha marcado una gran diferencia en la vivencia de la crisis sanitaria con el resto de los países latinoamericanos. Muchos de ellos eclipsados por el modelo económico chileno, construyendo serialmente la misma jaula de la que intentamos salir. Jaula construida y cerrada con múltiples candados luego de la suspensión por las armas de aquel proyecto anunciado esa madrugada de 1970. Pero hoy damos continuidad a muchas de las ideas lanzadas desde ese palco de la Federación de Estudiantes. Trenzamos redes de apoyo, lazos colaborativos, apasionados y cariñosos, que han sido la única forma de afirmarnos y seguir avanzando a tientas, sin caer.

Busco en el computador una fotografía de Salvador Allende aquella madrugada de 1970. Aparecen muchas y todas son diferentes. Tomas acotadas, no se ve bien el entorno, y en ellas el presidente viste ropas distintas. Supongo que ninguna es realmente de esa madrugada. Quizá era tan improvisado ese palco de la Federación de Estudiantes que la luz no daba como para fotos. O quizá sólo tengo mala suerte y no logro encontrar una que me parezca verídica. Como sea, en cada una de ellas Allende habla a la gente y con alguna de sus manos indica hacia adelante. Imagino que ahí sitúa el futuro. Que lo ve en frente, allá mismo donde está toda esa gente entusiasmada y feliz escuchándolo. “Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y más cariño, para hacer cada vez más justa la vida en esta patria”.

Hoy su futuro es nuestro pasado.

Sabemos cosas que en ese momento él no imagina.

Podría acercarme a su oído y susurrarle lo que vino después, pero ni el tiempo ni la historia funcionan así. Sólo nos queda seguir mirando esta fotografía. Seguir la lógica aymara o mapuche y ubicarla delante o arriba nuestro. Para que nos ilumine. Y nos guíe.

App’s de transporte y delivery: ¿de la explotación laboral al futuro del transporte público?

Por Andrés Fielbaum 

La pandemia ha vuelto a relevar las desigualdades que se viven en nuestro país. Las extremas diferencias de ingresos se traducen en nuevas y disímiles realidades al enfrentar una emergencia, desde las condiciones del hogar para vivir un encierro hasta los ahorros, el tipo de empleo y la seguridad laboral para subsistir sin asistir presencialmente al trabajo. Esto último se ha mostrado especialmente grave para un grupo de trabajadores muy precarios, pero que a su vez ha resultado fundamental para la manera en que nuestra sociedad ha sobrellevado la crisis: los repartidores y conductores de plataformas digitales. 

De su precariedad ya se conocía bastante antes de la pandemia. Trabajadores disfrazados como “socios” por compañías que niegan todo tipo de responsabilidad laboral, desligándose de la necesidad de contratos, seguros para los más que probables accidentes, derechos a vacaciones y a no ser despedidos, entre otras cosas. Más aún, personas que se ven enfrentadas a una doble o triple precariedad, pues a lo dicho se le suman muchas veces endeudamientos por estudiar (en el caso de los conductores de Uber, los análisis muestran que más de un 60% de ellos cuenta con estudios superiores), además de créditos o arriendos irregulares y abusivos para poder acceder a un vehículo que les permita trabajar.  

Los meses de encierro y de riesgos de contagio han vuelto a estos trabajadores vitales (quizá literalmente), al tiempo que han extremado su precariedad. Esta paradojal situación ocurre además con el aval del Estado, que ha tardado al menos un lustro en regular la situación de estas plataformas y sus trabajadores, pero que de inmediato les reconoció su carácter “esencial” cuando requirió que bicicletas y motocicletas recorrieran la ciudad para abastecer a quienes pueden pagar por estos servicios. Los riesgos de estos trabajos en este contexto son obvios: los trabajadores se exponen cotidiana y permanentemente al contagio, un riesgo que se extiende también a quienes reciben los productos. 

«Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado puede ser aún peor para el resto de los habitantes».

Sobre la base de esta situación, caben al menos dos preguntas hacia el futuro. Por un lado, respecto al futuro del trabajo, ¿cómo regular de manera efectiva, a nivel nacional, empleos que dependen de aplicaciones internacionales sin un rostro claro en el país y con tendencia a la automatización? Por el otro, respecto al futuro de las ciudades, ¿es posible imaginar sistemas de transporte de pasajeros y de bienes que hagan uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sin descansar sobre las espaldas de quienes conducen? 

Para la primera pregunta ya existen luces. Lo demuestran procesos políticos y judiciales en diversos lugares del mundo donde estas plataformas han aprovechado vacíos legales para expandirse, como es el caso de California, donde la justicia acaba de exigir a las plataformas contratar a sus trabajadores; o las incipientes organizaciones protosindicales de trabajadores y repartidores que han levantado movilizaciones en diversos países del mundo como Argentina, India, Holanda y recientemente también Chile. Pero los trabajadores de estas plataformas valoran positivamente la flexibilidad para decidir sus horarios, así como el poder trabajar allí mientras encuentran un empleo más estable. De este modo, las legislaciones tradicionales, basadas en jornadas de trabajo fijas, no son directamente aplicables, lo que en ningún caso excluye la posibilidad misma de reglamentar. Por ejemplo, reconocer la relación de subordinación entre empresas y trabajadores permitirá formalizar las incipientes organizaciones sindicales, equilibrando las relaciones de poder y permitiendo así que los propios procesos de negociación puedan pulir la manera de regular. 

Constatada la explotación de conductores y la falta de regulación y de pago de impuestos, es ineludible preguntarse por las razones del éxito de estas plataformas. ¿Existe algún valor agregado en la manera de asignar online oferta y demanda, o es simplemente un aprovechamiento de la alegalidad actual? Si bien las empresas sacan ventaja de la falta de regulación, existe suficiente evidencia para sostener que la capacidad de coordinar de manera masiva y en línea aumenta de manera significativa la eficiencia del sistema. En el caso del transporte de pasajeros, el tiempo que el vehículo conduce sin pasajeros logra ser disminuido de manera relevante. En el caso del transporte de bienes, coordinar cientos de tiendas y proveedores es fundamental para recortar las distancias entre el origen y el destino de un producto. 

Conocidos son los problemas endémicos asociados al transporte que sufren la mayoría de las ciudades en el mundo. Congestión y contaminación son las más mencionadas, pero el uso de espacio público para infraestructura dedicada es también muy relevante. Si bien hay problemas tanto o más importantes que no resuelven sólo las políticas de transporte -como las largas distancias a recorrer por miles de personas que viven muy lejos de sus trabajos-, construir sistemas de transporte más eficientes e igualitarios es un desafío ineludible. Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado de mediano-largo plazo puede ser aún peor para el resto de los habitantes (como las autopistas en Santiago, gracias a las cuales más personas deben desplazarse a trabajar en lugares alejados y recientemente poblados), fomentando además que nuevos usuarios abandonen el transporte público para comprarse automóvil, agudizando el problema original. 

De este modo, el diseño de sistemas de transporte público que integren estas nuevas tecnologías resulta tan relevante como una regulación que priorice efectivamente el transporte público por sobre los medios privados.  

Para lo primero se requieren concepciones más amplias de lo que se entiende por transporte público. Si bien medios masivos como el metro o los buses seguirán siendo fundamentales por su capacidad, otros medios de mayor flexibilidad pueden ser un complemento importante, incluyendo servicios eléctricos compartidos que funcionen online y otros no motorizados, como las bicicletas compartidas. El carácter de transporte público se alcanza cuando se sirve a toda la ciudad por igual, garantizando una disponibilidad similar de vehículos a lo largo de la ciudad -en lugar de una presencia que segrega según nivel socioeconómico por perseguir fines lucrativos-, y cuando la manera de asignar pasajeros a vehículos se decide de acuerdo a criterios que consideren a todos los actores involucrados.  

«Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada». 

Para regular los medios privados, es crucial limitar su uso en los contextos de mayor congestión, con criterios que no se basen en el poder adquisitivo del usuario. Diversos investigadores han estudiado la posibilidad de reemplazar la tenencia privada de automóvil por estos sistemas integrados, ahorrando espacio de estacionamiento y el costo económico y ambiental de construir miles de automóviles. Y es que por naturalizada que tengamos la posesión de automóviles, su ineficiencia resalta al notar que suelen estar sin uso (estacionados) durante más del 90% del tiempo. 

Con todo, es la distribución de bienes lo que ha experimentado un mayor auge durante la pandemia. Es también donde la precariedad ha sido más evidente, al tiempo que un número creciente de personas ha disfrutado la comodidad de resolver varios asuntos y compras sin necesidad de desplazarse. El debate en torno a la regulación de las plataformas, y en particular las propuestas gubernamentales al respecto, han estado marcadas por una ideología que ve a los ciudadanos como consumidores y no como trabajadores, por lo que las app’s parecen ser solamente beneficiosas y los conductores quedan fuera de la discusión. Pero no es necesario tener plataformas que impongan tiempos máximos de reparto y obliguen a los conductores a arriesgar sus vidas: los beneficios de un sistema masivo y coordinado pueden mantenerse sin necesidad de un intermediario que extraiga utilidades.  

Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada. Esto puede hacerse fortaleciendo Correos para que asuma una repartición masiva y gratuita de bienes, como es el caso en diversos países europeos para entregas que tardan unos pocos días, o con aplicaciones ad hoc para reparto inmediato, en las que los repartidores sean realmente controladores, pudiendo decidir democráticamente las reglas que busquen un equilibrio entre nivel de servicio (demora en la entrega) y condiciones laborales dignas. 

Las lógicas neoliberales han sobredeterminado la utilización de las nuevas tecnologías en transporte, convirtiéndolas en modelos del mal empleo. Sin embargo, estas mismas capacidades tecnológicas pueden abrir la puerta a sistemas en los que el transporte público sea prioritario y ofrezca un mejor servicio, así como a una expansión de los servicios de reparto hacia el conjunto de la ciudadanía. 

Qué significa una nueva Constitución

Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Por Fernando Atria

El problema

Al aproximarnos al inicio formal del proceso constituyente, es útil preguntarse qué es lo que una nueva Constitución significa para Chile. Y para responder esta interrogante sirve preguntarse qué es y que hace una Constitución.

Los profesores de derecho constitucional suelen decir que su función principal es limitar el poder. Esto es, a mi juicio, manifiestamente errado, aunque no porque el poder no necesite ser limitado. Es que eso no puede ser pensado como la primera función de una Constitución, sino como la segunda. Antes de limitar el poder, éste necesita ser creado, constituido. Esa es la función principal de toda Constitución.

Esto sirve para explicar el problema constitucional actual y las características fundamentales de una nueva Constitución que lo solucione. El problema actual es que la Constitución constituye el poder con la finalidad de neutralizarlo, de hacer imposible cualquier decisión genuinamente transformadora. Y la solución es una genuina Constitución, la de un poder democrático.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo constituir, en nuestras condiciones, un poder democrático eficaz? La respuesta no es obvia, porque nos encontramos en una etapa muy avanzada de un proceso de deslegitimación institucional que tiene al menos 15 años de desarrollo, durante el cual los conceptos democráticos se han ido vaciando de contenido. Una institucionalidad neutralizadora de la agencia política del pueblo se deslegitima en la medida en que su dimensión neutralizadora se hace evidente, pública. Esto comenzó a ocurrir en 2006, con el movimiento secundario (llamado “pingüino”). Y luego sólo fue aumentando: en 2011, el movimiento contra HidroAysén y luego el movimiento estudiantil; en 2017, No+AFP; en 2018, el movimiento feminista, por mencionar sólo los más notorios. Todas estas demandas ciudadanas de transformación chocaron con una política que, por neutralizada, aparecía ante los ciudadanos como indiferente e indolente a ellas. Esto comenzó a crear un divorcio entre la política institucional y la sociedad, que la miraba con cada vez más suspicacia. Ese divorcio hizo y hace que la política institucional tenga menos poder que el que tenía antes, lo que hace que actúe de modo más indiferente e indolente y esto aumenta el divorcio, en un círculo vicioso cuyo punto de llegada fue el 18 de octubre.

El resultado de todo esto ha sido la crisis de legitimación que hoy sufren todas las instituciones políticas. Bajo la Constitución de 1980 la idea democrática de que el poder viene del pueblo ha perdido toda realidad en la experiencia de las personas. O, para decirlo de otro modo, la idea de representación política no sobrevivió a los primeros 15 años de intervención del Senado por los senadores designados y a 25 años de un sistema electoral cuyo sentido era manipular el resultado de las elecciones. Irónicamente, la campaña del Rechazo ha intentado explotar esta destrucción de las condiciones sociales del principio democrático, con su insistencia de que decir que la nueva Constitución será redactada por “la gente” es un engaño, porque en realidad será redactada por un conjunto de personas elegidas por votación popular. Este discurso pretende conectar con lo que los ciudadanos y ciudadanas han aprendido en estos treinta años: que el hecho de que un órgano esté integrado por representantes elegidos en una votación popular no implica que ese órgano represente, porque no son los ciudadanos los que deciden. La campaña del Rechazo es la mejore explicación del daño que la Constitución ha causado, el que la nueva Constitución debe reparar.

La solución

Después de haber identificado el problema, es claro cuál es la solución: una nueva Constitución que dé al principio democrático realidad en la experiencia de las personas. Esta realidad no ha de ser pensada de modo ingenuo, como si cada decisión política fuera una decisión que cada ciudadano entienda, “sienta” o haya sido directamente tomada por él o ella. Esto es un estándar imposible de satisfacer. Pero es innecesario, como lo muestra el que probablemente es el único caso en que la política institucional ha sido vista actuando de modo representativo: el de la reforma constitucional que autorizó el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Se trató de algo enteramente inédito: una demanda que surgió de la sociedad y respecto de la cual la política institucional entendió que, por su propia debilidad, no podía sino conducir. El resultado fue una decisión que las personas vieron como propia, no de “los políticos”.

La nueva Constitución necesita constituir una política que esté a la altura del principio democrático; esto quiere decir, que las personas se vean representadas por ella. Esto tiene dos dimensiones, una de contenido y otra de forma. Por un lado, necesita constituir una política que esté habilitada en vez de neutralizada. Puede parecer irónico que la solución a una política deslegitimada sea una política con más poder, y esta apariencia de ironía por cierto ha sido explotada en la campaña del plebiscito del 25 de octubre por quienes quieren mantener el statu quo de una política neutralizada. Pero en realidad es una cuestión bastante simple. El poder de la política institucional es la medida del poder de la ciudadanía. Así, sólo si la política institucional tiene poder para acabar con las AFPs puede decirse que corresponde al pueblo decidir si ha de seguir habiendo o no AFPs. Si la política, como ocurre hoy, no tiene ese poder, entonces la voluntad manifestada por los ciudadanos en torno a esta cuestión es indiferente (como ha sido hasta ahora).

En cuanto a su contenido, entonces, la nueva Constitución ha de configurar una política no neutralizada, una que tenga poder y que pueda tomar decisiones transformadoras. Eso implicaría re-habilitar al pueblo para tomar esas decisiones, lo que no se logrará de un día para otro, pero el círculo vicioso que destruyó a la Constitución de 1980 nos anuncia la posibilidad de una inversión que cree un círculo virtuoso contrario: una nueva política muestra su capacidad de actuar y con eso contribuye a restablecer su vínculo con la sociedad, la realidad de la representación, lo que le da, en los hechos, más capacidad de actuar.

Para lograr lo anterior, la nueva Constitución deberá darle realidad en la experiencia al principio democrático, introduciendo mecanismos de partición democrática como iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios de leyes, etc. Estas formas participativas no han de verse, a mi juicio, como una alternativa a la democracia representativa, sino como condición para que la representación tenga realidad.

En segundo lugar, la representación debe ser hecha realidad en el proceso constituyente mismo, lo que quiere decir que la convención constitucional que decidirá la nueva Constitución debe ser vista como representativa del pueblo.

La convención constitucional será el espacio institucional para la discusión constituyente. Esa discusión, sin embargo, no será la única. Al mismo tiempo habrá una discusión ciudadana sobre la nueva Constitución que ocurrirá, informalmente, en plazas, calles, juntas de vecinos, sindicatos, federaciones estudiantiles, etc. Y la idea fundamental en la que descansa el principio democrático, pero que hoy no tiene realidad alguna en la experiencia de las personas, es que las discusiones y decisiones institucionales representan las discusiones y decisiones informales que ocurren en la sociedad. Por cierto, esto último va contra la idea de representación propia de la política de los últimos treinta años, que es una mera formalidad sin contenidos, de acuerdo con la cual un diputado representa porque hay una norma que dice que representa. Pero precisamente de eso se trata: de que la Constitución dé paso a una política distinta de la de los últimos treinta años. Y el primer paso es que la discusión y decisión de la nueva Constitución sea genuinamente representativa, que sea vista y reconocida como tal. Pero para que sea vista y reconocida como tal no basta la forma, no basta que sea elegida en una votación popular, no basta que haya una norma que disponga que será representativa. Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Del modo de operación de la convención constitucional dependerá si esto es posible. Y de que sea así, de que la convención logre ser vista como genuina representante del pueblo chileno en la discusión y decisión relacionada con la nueva Constitución, depende que de ella surja una Constitución que contribuya a solucionar el problema de deslegitimación política que ha sido el legado de treinta años bajo la Constitución tramposa.

Desconfinar las voces de la niñez: ¿por qué excluir a niñas, niños y adolescentes del proceso constituyente?

A un año de la revuelta popular de octubre es ineludible hacer un ejercicio de memoria. Reconocer y recordar que el movimiento social impulsado por las y los estudiantes secundarios, que desafiaron el orden establecido de un modelo que ha precarizado la vida profundizando la desigualdad, la injusticia y el individualismo, sentó las bases que desencadenaron un proceso social y político que, el próximo 25 de octubre, nos dará la posibilidad de decidir como ciudadanía el inicio de un camino de construcción de una nueva carta fundamental.

Por Camilo Morales Retamal

¿Quién podría negar el protagonismo del movimiento social estudiantil en el posicionamiento de demandas sociales transversales, portadoras de un valor intergeneracional y que han permitido desafiar los torniquetes impuestos por el sistema neoliberal? Una fuerza inclasificable, que no se dejó confinar por las formas tradicionales que ofrece la institucionalidad adulta para la participación y organización de la niñez y la juventud. Una potencia que interpeló las promesas fracasadas del capitalismo encarnadas en las vidas precarizadas de sus madres, padres, abuelas y abuelos.

Este acontecimiento histórico ha permitido construir esperanzas y sueños en medio de una de las crisis institucionales más profundas de las últimas décadas, producto de los efectos de un sistema que ha deshumanizado la convivencia social y ha hecho del abuso de poder una experiencia cotidiana naturalizada. Pero también como efecto de la pandemia que ha dejado en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad en las vidas de familias y comunidades. Expresiones de una cartografía del malestar social inscrito en los cuerpos y territorios del país.

Evasión de estudiantes secundarios en estaciones del metro, que detonó el estallido social de 2019.

En medio de una emergencia global sociosanitaria, el proceso que comenzará después del plebiscito condensa la promesa de un nuevo orden social. Uno que desmantele, a través de una movilización constituyente, las barreras institucionales vigentes que no nos han permitido avanzar en democracia, igualdad e inclusión. La oportunidad para redefinir las bases de una sociedad que garantice la dignidad de todas las personas. 

Ahora bien, el proceso constituyente también es un hecho que aloja una contradicción que no puede soslayarse, toda vez que queda de manifiesto la marginación, en diferentes niveles, de un grupo fundamental para la sociedad, pero que históricamente ha quedado excluido de tomar parte en este tipo de acontecimientos políticos, a saber, niñas, niños y adolescentes quienes a la fecha no podrán participar de este hito democrático trascendental para nuestro país.  

No sólo porque no podrán ejercer el derecho a voto en el plebiscito de entrada, sino porque hasta ahora no se han planteado mecanismos de participación ciudadana vinculantes que consideren de forma específica sus expresiones, experiencias y voces. Dicho de otra manera, la niñez y la adolescencia están siendo excluidas de participar en el proceso constituyente pese a la relevancia de su protagonismo social y su papel transformador en la cultura. ¿Cómo entender esta permanente exclusión de la vida social y política en el caso de niñas, niños y adolescentes?

Responder a esta pregunta implica analizar cuál ha sido el lugar la niñez en nuestra sociedad durante los últimos 30 años y si estamos en condiciones de afirmar que se han implementado, de forma efectiva, normativas y mecanismos institucionales que encarnen una visión de cuidado y protección integral que los reconozca en su dignidad como portadores de derechos, como sujetos sociales y políticos. 

«Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido».

En los últimos años, no sólo hemos sido testigos de la violencia impune ejercida por la policía y por instituciones de protección públicas y privadas. También hemos podido observar la trama de obstáculos que han socavado el avance de iniciativas legislativas que son fundamentales para el ejercicio pleno de derechos. En nuestra sociedad y en los fundamentos de nuestro marco normativo, la infancia sigue siendo un objeto que hay que tutelar y normalizar. Un proyecto de persona, considerados incapaces y reducidos a formas contradictorias de estigmatización a través del imaginario de la vulnerabilidad o de la criminalización. Es imperativo preguntarnos, ¿cuál es el horizonte de posibilidades que ofrece esta sociedad a una generación que no se siente escuchada ni considerada en decisiones que les afectan en su vida cotidiana?

Junto con lo anterior, es necesario enfatizar que los meses de confinamiento han sido particularmente implacables en restringir el ejercicio de los derechos de la niñez. Pero también lo han sido a través de la circulación de discursos que alimentan los estigmas del proteccionismo y de la sospecha que operan sobre el campo de la infancia y la adolescencia cuando se les encasilla con el rótulo de vectores, culpabilizándolos, o se les celebra como héroes asignándoles cualidades excepcionales para resistir el encierro, pero sin reparar en sus pérdidas, miedos y sufrimientos. 

El confinamiento físico también ha sido un confinamiento de las subjetividades. Sus experiencias, saberes y voces siguen confinados. Una vez más, están quedado fuera de la historia oficial y de las prioridades políticas. Cómo entender que hayan sido los últimos en tener un permiso para salir, incluso después de las mascotas, o no se les esté considerando en el debate sobre el retorno a clases cuando son los principales protagonistas de los procesos de aprendizaje. La voz de la infancia y la adolescencia importa poco y sigue reducida a símbolos intrascendentes para montar simulacros de participación que responden a intereses adultos.

En el marco de la emergencia, el proceso constituyente, sin su participación, amenaza con seguir reproduciendo su invisibilización como actores sociales si no se les incorpora formalmente. No repetir la inercia de la exclusión de este grupo de ciudadanas y ciudadanos requiere de un compromiso social y político, sin precedentes, para ceder ciertas cuotas de poder e innovar en el modo en cómo se les escucha y se les hace parte del itinerario constituyente. 

Una nueva Constitución es una carta abierta al futuro que no sólo nos brinda la posibilidad de elaborar democráticamente un nuevo contrato social donde niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos titulares de derechos, como una forma de avanzar en su protección y reivindicación en tanto grupo históricamente excluido. Es también una oportunidad inédita para abrir espacios de participación que reconozcan su diversidad a través de mecanismos deliberativos que sean respetuosos de sus propias formas de producción de significados. Una posibilidad para desarrollar un proceso intergeneracional de escucha, diálogo y reconocimiento donde efectivamente podamos soñar con un país para todas y todos.