En mayo de 2020 se cumplen dos años del histórico mayo feminista en Chile, que comenzó con masivas protestas feministas un 8 de marzo y cuya consigna fue “mujeres a la calle contra la precarización de la vida”. El movimiento alcanzó su clímax en mayo de 2018, cuando diversas instituciones educacionales –entre ellas, la Universidad de Chile– fueron ocupadas por las estudiantes que buscaban visibilizar y combatir la violencia de género, la discriminación y la violencia sexual que vivimos mujeres y disidencias sexuales. Para ello se valieron de la educación como herramienta de transformación social y levantaron con fuerza la demanda por una educación no sexista, que desde sus contenidos, prácticas y estructuras institucionales propicie la desnaturalización de las relaciones sociales basadas en la violencia y la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, de lo heterosexual y de lo cisgénero por sobre el resto de las identidades. Sin embargo, los efectos sociales, políticos y culturales de esta revolución feminista escapan por mucho al campo de lo educacional, pues años antes ya observábamos un despertar del movimiento feminista desde distintos sectores que fuimos colaborando para que los feminismos fueran discusión cotidiana e ineludible en lo público y en lo privado, y que, en nuestra lucha contra la violencia, politizamos la vida misma y sus condiciones de reproducción para develar la violencia económica y la explotación de muchas mujeres, fenómeno que sostiene una sociedad sin derechos donde el mercado no tiene límites. Desde entonces, la centralidad de buena parte de los feminismos pasó a ser la defensa de la vida y la lucha por condiciones dignas para vivirla. Hoy, cuando todo lo que la humanidad ha construido parece más frágil que nunca y la pandemia impone desafíos tremendos en materia sanitaria y humanitaria, parece acertado decir que la contradicción principal del periodo histórico que nos toca enfrentar es esa: la lucha por la vida versus la mantención y profundización del modelo.
Crédito de foto: Felipe Poga.
A dos años del 2018, uno de los momentos más álgidos de la lucha feminista contemporánea en Chile y el puntapié inicial de un ciclo intenso de movilizaciones, diversas voces feministas desde el campo social, político y académico advierten que la lucha contra la precarización de la vida está más vigente que nunca. Años de abandono estatal, desmantelamiento de lo público y subsidio estatal al mundo privado han sido la receta del neoliberalismo para el desarrollo y el crecimiento; tristemente, nuestro país es uno de los máximos exponentes de ese modelo. ¿Qué saldo nos dejan años de políticas neoliberales? ¿Con qué enfrentamos la crisis más grave de la historia contemporánea? Con un sistema de salud deteriorado y que difícilmente puede ser llamado sistema por la profunda desigualdad, competencia por recursos, proliferación de clínicas privadas subsidiadas por el Estado con altos costos, falta de insumos para profesionales de la salud, problemas de cobertura y, lo más importante, el abandono de la salud pública. Lo mismo vemos en educación, donde las comunidades deben preocuparse por sobrevivir y sostenerse tras años de financiamiento vía voucher, precarización y reducción de la participación del sistema público, estudiantes en instituciones privadas desamparados en el mercado educativo, altas tasas de endeudamiento y ninguna política de alivio económico, cuestión que impide que aprovechemos al máximo el potencial de ellas y el aporte que pueden significar para la superación de la crisis actual. Ejemplos sobran y dejan una incómoda verdad frente a nuestros ojos.
La falta de derechos sociales ha agudizado fuertemente la desigualdad durante la crisis, pues si bien, como dice Judith Butler, el virus no discrimina, el modelo se encargará de que sí lo haga, lo que nos hará ver el rostro más salvaje e inhumano del neoliberalismo y enfrentaremos una verdadera “política de la muerte”, la administración de la cruda realidad de que hay vidas que se entienden como más valiosas que otras. En ese contexto, sujetas particularmente sacrificadas y precarizadas son, nuevamente, las mujeres y disidencias sexuales; ciudadanas de segunda clase, vidas prescindibles. Esto se devela en la crisis de los cuidados, que tiene hoy a buena parte de las mujeres con altísimos grados de explotación por la sobrecarga de trabajo reproductivo y el auge de los cuidados –remunerados y no remunerados– en un contexto de crisis sanitaria, lo que se suma a la precariedad laboral e informalidad a la que ya están acostumbradas y a las iniciativas que ha impulsado nuestro gobierno para retroceder aún más en materia de derecho laboral. También podemos verlo en el auge de la violencia de género y discriminación en el hogar producto del distanciamiento social y medidas como la cuarentena, absolutamente necesarias, pero que sin políticas públicas que aborden el tema suponen un problema de sobrevivencia para mujeres y disidentes sexuales que se exponen a convivir con sus agresores, con quienes niegan sus identidades y con quienes abusan de ellas. Es como si estuviéramos viviendo nuevamente un confinamiento al mundo privado, de la familia, perdiendo espacio en el mundo público.
Todo lo anterior será un problema del futuro a la hora de repensar la vida en sociedad posterior a la pandemia. Por nombrar un ejemplo, la reincorporación de las mujeres a la vida laboral sin duda será un dilema si persiste el abandono total por parte del Estado de las tareas de cuidado de la sociedad, sobre todo en un contexto donde hay que hacerse cargo de la población de riesgo, de reproducir condiciones de vida para el personal médico que es primera línea contra la pandemia, y cuidar niños y niñas en las casas por la suspensión de clases. Por todo lo mencionado y mucho más se hace necesario contar con una lectura feminista para la crisis, una que ponga en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad la vida y su reproducción, rompiendo con la lógica neoliberal del “sálvese quien pueda”; aumentar el gasto social directo a los servicios públicos (sin mediar la banca o las empresas, como estamos acostumbrados a que opere el Estado en Chile) y fortalecerlos; garantizar una renta básica de emergencia; recuperar un rol participativo del Estado en la economía y, sobre todo, garantizar acceso a la salud, educación y otros derechos sociales, así como también a los servicios básicos. Citando nuevamente a Butler, en caso de que la revuelta social del 2019 y el proceso constituyente no lo hayan dejado del todo claro, el capitalismo tiene un límite, y urge –sobre todo en Chile– repensar el rol del Estado y el modelo de desarrollo. La crisis debe ser una oportunidad, no una excusa para clausurar los importantes procesos de transformación que hemos abierto a punta de movilización social.
¿Cómo están enfrentando la pandemia las personas adultas mayores? Las autoridades políticas y sanitarias han puesto el ojo en este segmento que a todas luces es el más vulnerable a desarrollar problemas asociados al Covid-19. Marco Espíldora, periodista, colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la U. de Chile y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, se refiere a la realidad de los adultos mayores, los riesgos médicos que corren y los estigmas con los que cargan en una sociedad que no parece consciente de que tarde o temprano, todos vamos a envejecer.
Por Jennifer Abate
-En medio de la pandemia de Coronavirus en Chile, las autoridades han llamado a resguardar con particular cuidado a las y los adultos mayores, quienes tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones a causa de la enfermedad y que lamentablemente han engrosado la lista de fallecidos. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en este contexto?
Son muchas las preocupaciones. Somos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es una sociedad médica científica que tiene un rol consultor en este contexto. Ha estado colaborando intensamente con los órganos de gobierno, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para ir generando documentos, protocolos, para los diferentes ámbitos asistenciales y también en apoyo a los profesionales que están trabajando en todos los niveles asistenciales en relación con esta pandemia. Efectivamente, antes de que llegara a Chile, sabíamos que las personas mayores eran un grupo de riesgo por diferentes razones, una de ellas tiene que ver con las enfermedades crónicas que presenta la gran mayoría de las personas adultas en Chile, como hipertensión, diabetes y otro tipo de patologías que, si no hay un cuidado adecuado, pueden agravar el cuadro de Covid-19. Se han ido desarrollando acciones desde el punto de vista educativo, de la capacitación y entrega de herramientas. El trabajo colaborativo también ha sido intersectorial, es decir, hoy la Sociedad ha trabajado con otras sociedades científicas, como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Urgencia, también la de Cuidados Paliativos, en la generación de un documento con el apoyo del MINSAL y del SENAMA.
-Se ha dicho en reiteradas ocasiones que esta pandemia no distingue a la hora de contagiar, pero sí sabemos que afecta de manera distinta a las personas adultas mayores. ¿Estábamos preparados para una enfermedad que puede resultar tan devastadora para ese grupo? Sabemos, por ejemplo, que en Chile hay pocos geriatras.
Efectivamente, hay poco más de 100 geriatras acreditados en Chile. También hay un problema de distribución, porque la mayoría se concentra en la región Metropolitana, pero en las zonas extremas de norte y sur hay un déficit enorme. A eso hay que sumar que sólo seis Escuelas de Medicina, de las 25 universidades, entre tradicionales y privadas, forman geriatras. Además, hay ciertos estigmas y son importantes los términos y conceptos, como cuando se habla de adultos mayores en los medios de comunicación y se les llama “abuelos”.
No todos los abuelos y abuelas son personas mayores, hay abuelos de 50 y hasta de 40 años. Entonces, si bien es cierto que es un grupo de riesgo, eso no exime a adultos y personas jóvenes de contraer esta pandemia. Nosotros promovemos la antidiscriminación, que se utilice un mensaje inclusivo. Hace pocas semanas, la Sociedad de Geriatría y Gerontología inició una campaña en los medios de comunicación fomentando el buen trato hacia las personas mayores en el uso del lenguaje, uso de imágenes, en el nivel audiovisual, porque se cae en el estigma y es un fenómeno que no sólo se da en Chile, sino también en otros países. He estado conversando con una abogada trasandina que está participando en una campaña que se llama “Hagamos un trato” y la idea es intercambiar con ella experiencias e inquietudes, porque es necesario el trabajo colaborativo, interdisciplinario, todos tenemos que unirnos frente a este fenómeno que a todos, de alguna forma, nos sorprendió. Uno podría decir que siempre se puede estar mejor preparado y yo creo que esta pandemia quizás va a ayudarnos a generar más y mejores políticas públicas para la atención del envejecimiento, de las personas mayores, con un enfoque participativo, inclusivo y de derecho.
Hay que recordar que hay una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a la que Chile adhirió el año 2015 y ratificó el año 2017. Son muchos los retos a los cuales nos vemos enfrentados, pero tenemos que cuidar, como sociedad, a las personas mayores que tenemos cerca, a nivel familiar, comunitario, pero siempre con un enfoque de derecho, porque son personas adultas y son ellas las que tienen la capacidad de decisión.
-Además, por temor a contagiarlas, los hijos/hijas, nietos/nietas, hemos adoptado una posición más bien paternalista y de restricción de cualquier actividad de las personas adultas mayores, lo que sin duda puede tener consecuencias graves.
Claro, por eso es importante manejar el tema de la contención emocional de manera constructiva y con un mensaje positivo, porque hoy abunda la desinformación, y muchas veces el pánico. Efectivamente, existe el miedo, la incertidumbre, y eso es difícil de controlar, pero es importante considerar que son las personas mayores las que tienen alta capacidad de resiliencia, son nuestros padres, abuelos, quienes han vivido situaciones iguales o peores desde el punto de vista de la naturaleza: terremotos, guerras, situaciones muy complejas, y han salido adelante. De ellos podemos aprender, nos pueden ayudar mucho compartiendo sus experiencias, y es en este contexto donde se juega lo intergeneracional. Ese también es un reto importante, el de la integración o convivencia intergeneracional, no solamente a nivel familiar, sino que pensemos en los vecinos si vivimos en un edificio, por ejemplo. Cuántas personas mayores viven solas, no tienen a la familia cerca. Esta es una oportunidad para acercarnos a esa realidad, que antes estaba tan distante. Yo miro también con optimismo las lecciones que vamos a sacar de esto, no sólo desde lo sanitario, sino que a nivel de las políticas públicas, a nivel sociológico. Son muchas las cosas que vamos a tener que revisar y que ya se están revisando a nivel de todas las disciplinas.
-Como periodista, ¿qué te ha parecido el tratamiento que han hecho los medios de comunicación del tema del riesgo en que se encuentran las personas adultas mayores? Si bien el objetivo es lograr que se tomen medidas de protección, quizás en muchos casos esto ha ocasionado un exceso de alarma y angustia.
Ha sido difícil, yo creo, para los medios, porque este es un fenómeno inédito y es ineludible hablar de cifras de fallecidos. Ahora, distinto es cómo se enfoca eso. Puede ser un enfoque positivo, de aprendizaje, y no fatalista. Siempre va a llamar la atención el encuadre dramático, pero he visto que hay una creciente responsabilidad de parte de los colegas, sobre todo de los que están trabajando en la primera línea en este tema, para no sólo informar e informar bien, sino que también para educar y servir. Se requiere información que sea útil frente a una cantidad de necesidades que se están presentando todos los días. Ayer, por ejemplo, conversaba con una persona cuya madre, muy mayor, de 80 años, necesitaba tener un certificado médico de un especialista para un trámite ante notario, y lamentablemente, no podía salir con su madre de la casa.
Cada caso es un mundo, cada testimonio es una historia. Es importante considerar que la población mayor es muy diversa, no se puede poner a todos en un mismo saco, o sea, un 80 o 90% de las personas mayores en Chile son autovalentes, pero hay otro grupo de personas que tienen un grado de dependencia, puede ser leve, moderada o severa, tanto en lo físico como en lo cognitivo, y a veces existen las dos dependencias. Es importante considerar que, en Chile, el grupo que más crece es el de 80 años y más, y es justamente el de mayor riesgo. Si uno ve el caso de las personas contagiadas o de personas hospitalizadas o que están con ventilación mecánica, algunos casos de fallecidos, son personas muy mayores. Sin duda, hay personas de 80 o 90 años que están en buenas condiciones, que tienen un envejecimiento que nosotros llamamos saludable o exitoso, pero, como digo, la realidad es muy amplia. Que los medios consideren esto también es importante, que usen un lenguaje apropiado, ya que crea realidad. Es importante que nosotros, como periodistas, seamos agentes multiplicadores, que podamos llevar un mensaje no discriminador, positivo, en estas circunstancias, donde también se requiere cautela, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos y llevar un mensaje positivo, constructivo, de esperanza frente a estas circunstancias.
«Se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también discrimina, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso gente más joven que puede presentarla».
-¿Qué podemos hacer en nuestros hogares o en los espacios que compartimos con personas adultas mayores para ayudarles a enfrentar ese temor o ansiedad que están enfrentando?
Hay muchas actividades y acciones que está desarrollado la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, llevando, por ejemplo, mucha información a través de cápsulas educativas que tienen varios focos. Está el tema de la contención emocional, los problemas de ansiedad, y para eso hay una serie de herramientas técnicas, consejos, recomendaciones, que se pueden tomar en la casa de parte del cuidador o familiar. Tenemos el tema emocional, el tema del aislamiento físico, donde es importante que la persona mayor realice actividades dentro de la casa, que haga ejercicios físicos, que tenga movilidad, que no esté en la cama todo el dia. Sabemos que cuando hablo de diversidad de la población mayor, eso incluye a quienes viven hacinados o en condiciones de pobreza, y otros que no, pero es importante que las personas puedan contar con herramientas que les den la posibilidad de moverse. En ese sentido, nosotros hemos entregado todas estas herramientas de manera gratuita, a través de plataformas de Internet, redes sociales, para llegar con sencillos ejemplos y de una manera simple, concreta y directa.
Otro tipo de medidas que se pueden adoptar tienen que ver con la alimentación saludable, hidratación. Hay, por ejemplo, un sector de la población mayor que está inscrita en los consultorios y que puede adquirir el PACAM (Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor) que entrega el Ministerio de Salud a las personas mayores, y que incluye bebidas, cereales, sopas y preparaciones que se pueden realizar de manera sencilla, con recetas que se pueden preparar en casa. A mí me toca colaborar y trabajar desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, y ahí también hay una serie de iniciativas que promueven la cultura en casa, desde donde se puede conectar una persona a través del sitio web para ver una obra de teatro, ballet, descargar libros. Hay una cantidad de posibilidades y oportunidades, que nos ha abierto este contexto, de volver a encontrarnos, volver a encontrarnos con las personas mayores, vecinos, conversar a nivel familiar, volver a leer un libro, revisar la biblioteca, nuestros recuerdos. Siempre digo que nuestro principal patrimonio es el interno; permitirnos escribir nuestra biografía puede ser muy catalizador desde el punto de vista emocional, también las artesanías, las manualidades, se pueden desarrollar de manera solidaria.
-Sobre los estigmas y la discriminación que pesan sobre las personas adultas mayores, tengo la impresión de que en nuestro imaginario no se respeta mucho la diversidad que existe. Tendemos a pensar en personas mayores y las identificamos sólo como aquellas que están postradas, con movilidad reducida o con otro tipo de problemas, pero muchas personas adultas mayores que están rondando los 70 años, por ejemplo, están plenamente vigentes, activas. Para ellas debe ser difícil enfrentar a la sociedad, al mundo laboral, cargando con este el estigma de la inmovilidad.
Claro, se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también es discriminador, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso hay gente más joven que puede presentarla, por lo tanto, es un estigma hablar de demencia senil, porque no es una condición que presenten solamente las personas mayores. También se habla de asilos, casas de reposo, y son residencias de personas mayores de larga estadía, por lo tanto, a veces hay un trato despectivo. Vemos este trato en la urbe, en ciudades que no son amigables con las personas mayores. Hoy los especialistas están preocupados porque este confinamiento, que ya lleva más de un mes, hace que el tratamiento de diferentes enfermedades sea postergado porque las personas no pueden ir a la consulta, validar una receta, y eso juega en contra a la hora de salir a la calle nuevamente. Por eso es importante el acondicionamiento físico, ya que el trastorno por caídas está relacionado con la edad. Si tenemos una ciudad que no es amigable, con veredas rotas, y tenemos un tiempo de confinamiento con un mal acondicionamiento físico, ese es un accidente seguro.
Hay que pensar que nosotros somos adultos jóvenes y también vamos a ser adultos mayores, y tenemos que ponernos en el lugar de ellos. El desafío es también para las personas mayores: si queremos que haya un encuentro y una convivencia intergeneracional, depende de ambas partes, de lo que nosotros pongamos y también de lo que pongan las personas mayores. Por ejemplo, en materia de alfabetización digital, por cifras del SENAMA sabemos que un 30% maneja teléfonos smartphone pero sólo un 8% maneja computadores, y entonces los jóvenes, hijos, nietos, vecinos, pueden colaborativamente ayudar no sólo a ir de compras o llevar la colación a la persona mayor y dejársela sanitizada en la puerta del departamento o casa, sino que también a través de una llamada telefónica para brindarle apoyo.
Otro desafío de un país con más adultos mayores es hacerse cargo de ellos, por lo que también es atingente analizar la situación de las cuidadoras (sabemos que son principalmente mujeres), quienes sufren estrés y en muchos casos viven en condiciones precarias. ¿Crees que en algún momento logremos hacernos cargo, desde las políticas públicas, de la situación que enfrentan las cuidadoras de adultos mayores?
Sí, ocurre que el cuidado se asocia a lo femenino y no debería ser asi, deberia ser un enfoque inclusivo porque también hay cuidadores hombres y debería ser una tarea compartida por hombres y mujeres. También ocurre que la mujer vive más en Chile, hay más mujeres que hombres, y la mujer, por diferentes características, tiene herramientas que no tiene el hombre. De manera natural, antropológica, tiene capacidad de resiliencia, pero también hay una falta de profesionalización del cuidado en relación a las personas mayores. Todavía estamos al debe como sociedad para que haya un sistema que permita que esta carga que tienen las cuidadoras (se habla del estrés del cuidador) sea no solamente compartida, sino que también sea recompensada. Hay personas mayores que son cuidadoras también, la hermana se hace cargo de otra hermana, la hija, de su madre que tiene demencia, y tiene que dejar sus estudios, paralizar el trabajo, y eso es un costo humano y económico altísimo. Siempre los recursos van a ser escasos y se requiere una sensibilización, conciencia y cultura del cuidado a nivel nacional, pero nosotros todavía estamos en camino.
¿Qué tenemos que hacer para avanzar en políticas públicas que enfrenten el envejecimiento de manera integral?
Es importante el trabajo que realizan las universidades, como la U. de Chile con la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, y otras iniciativas, porque son las universidades las que ponen los insumos. Es muy importante la investigación, los datos, porque los gobiernos no van a invertir si no hay una demostración empírica frente a una realidad. Es importante que se consulte la opinión de los expertos y sociedades como la nuestra, que seamos parte de los equipos de trabajo, que podamos tener información oportuna con la que podamos entregar recomendaciones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Hay que hacer que el tema del envejecimiento se transforme en acciones sólidas para hacer un cambio fundamental que nos lleve a políticas estructurales, para que cuando nosotros seamos mayores podamos disfrutar de esas políticas públicas a nivel social y cultural.
Entrevista realizada el 1° de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.
“Porque el hombre viejo está más bien fuera que dentro de nosotros; el hombre viejo lo alimenta y sostiene la sociedad que nos rodea y nos lo impone”. (Miguel de Unamuno, citado en la novela Matar a los viejos de Carlos Droguett)
Por Faride Zerán
1.
No fuimos la excepción. El virus llegó con el fin de las vacaciones y el inicio de un año que se anunciaba altamente politizado/polarizado, que enfrentaría con el plebiscito de abril la primera prueba de fuego de muchas otras que demandaba el momento constituyente en el que Chile había entrado luego del estallido social de octubre último.
El clima político y social de inicios de marzo era de expectación. Las rutinas de los principales artistas que a fines de febrero subieron al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar apoyando, aplaudiendo, coreando las demandas y consignas de las masivas protestas que desde el 18 de octubre dieron origen a un proceso social y político inédito en la historia de nuestro país, aún resonaban en los oídos de cientos de miles que apostaban/ apostábamos a que el 2020 sería un año distinto.
Porque, se decía/veía, Chile despertó, y se instalaban en el centro del debate las pensiones miserables, la salud y educación transformadas en negocios, las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la debilidad del Estado y la necesidad de una nueva Constitución para un nuevo pacto social, a la altura del nuevo país que emergía/ asomaba/irrumpía.
2.
La pantalla está dividida en dos. En una, el actor Héctor Noguera mira a la cámara y le habla a una audiencia que, a esa hora, cerca de la medianoche de fines de abril, está en su casa en medio del toque de queda patrullado por militares; ahora, en el Chile pandémico, se ha decretado estado de catástrofe por 90 días y desde La Moneda se suceden a diario los reportes que indican las cifras de muertos y contagiados por el maldito virus.
Noguera es el octogenario don Aníbal en la serie Historias de cuarentena que transmite la señal abierta de Mega, y le pregunta a su psicólogo, interpretado por el actor Francisco Melo, si no se ha percatado de que cada vez que el ministro o una autoridad de salud aparecen para “dar los cómputos de los muertos”, lo primero que hacen es apurarse en decir que son viejos, en decir “mire, lamento el fallecimiento de doce personas, pero… ¡diez de ellos eran viejos! ¡Como si eso no importara, como si los viejos no contaran, como si los muertos fueran dos! ¿Ha visto usted algo más grosero?”, reclama Aníbal.
Mientras escucho ese alegato pienso en el ejercicio epistolar emprendido por algunos connotados colegas a través de las páginas de El Mercurio, donde luego de declararse satisfechos de sus existencias, nietos incluidos, cedían desde la sección Cartas al Director sus eventuales respiradores mecánicos en un gesto que si bien podía estar motivado por el altruismo, despojaba del derecho a la vida y a la salud a un sector importante de la población, reduciéndolo a lo que don Aníbal reclamaba: en medio de la pandemia, los viejos no importan.
3.
Era inicios de abril y la escena sorprendió a todos. En medio de una cuarentena total decretada por el Minsal en la comuna de Santiago y gran parte de las del sector oriente, y mientras el Presidente de la República se desplazaba desde La Moneda hasta su residencia, la comitiva que lo escoltaba se detuvo en el sector de Plaza Italia/Plaza de la Dignidad. Allí, descendió de su vehículo, caminó hacia el monumento del general Baquedano, se sentó a sus pies y se hizo fotografiar por los escoltas. La selfie, tomada en medio de la plaza símbolo del estallido social, en ese instante desierta, no pasó inadvertida. Días después, el mismo presidente deslizaba la posibilidad de no realizar el plebiscito en la nueva fecha prevista, 25 de octubre, aduciendo como causa la profundidad de la crisis económica que golpearía al país.
Los partidos de la oposición, hasta ese momento más bien afásicos, junto a líderes sociales y sectores afines al propio gobierno, alzaron la voz advirtiendo la gravedad de dicho acto. Las alarmas se encendieron. Aun cuando la pandemia dejaba al descubierto las profundas desigualdades sociales y la inexistencia de un Estado capaz de garantizar los mínimos estándares de derechos y seguridad social a amplios sectores de la población, el evidente protagonismo del Ejecutivo en el control de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía podía tener como correlato no sólo la mayor precarización del mundo laboral, con tasas de desempleo que ya anunciaban la gravedad de la crisis económica. Podía servir también para saciar la tentación de algunos de aprovechar la pandemia y sus efectos para neutralizar/frenar/relativizar las consecuencias y acuerdos políticos y sociales derivados del estallido social.
4.
Don Aníbal mira a la pantalla y se le humedecen los ojos cuando su terapeuta le pregunta cuánto extraña a su mujer, muerta de un infarto poco antes del inicio de la pandemia. Por ello, y venciendo su habitual laconismo, le confiesa que recuerda ese instante en que los dos, rodeados de cientos de miles de manifestantes, estuvieron en la marcha del 25 de octubre. ¡La marcha más grande de Chile! insiste, porque este hombre que vive su duelo en cuarentena es parte de ese país para el que la crisis sanitaria no eclipsa la crisis política y social que originó el estallido.
El viejo es porfiado, tal vez el guionista de la serie también decida matarlo. Pero qué duda cabe de que ese personaje algo deprimido pero vital y rebelde encarna el sueño de un Chile republicano que reacciona asumiendo el gesto ético de la indignación como la única respuesta posible ante abusos que con el virus se tornan más elocuentes.
5.
La pandemia trajo no sólo miedo, muerte y miseria, también invocó nuevos términos acuñados a lo largo de estos meses. Cuarentena, confinamiento, teletrabajo, Ley de Protección al Empleo, nueva normalidad, entre otros. Pero en Chile cada término posee dos acepciones dependiendo de quién sea el destinatario. Y es que una cosa es la cuarentena o el confinamiento en sectores acomodados, y otra es la cuarentena en pocos metros cuadrados, en hacinamiento, en cités con migrantes desprotegidos/discriminados/racializados. Lo mismo que pasa con la Ley de Protección al Empleo, que por un lado permite al empleador dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores, pero por otro lo autoriza a repartir las utilidades entre sus accionistas.
El ejemplo de Cencosud, la empresa que incorporó recientemente a su directorio a Felipe Larraín, quien hace sólo seis meses era ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, es la metáfora brutal de las dos acepciones de cada concepto. Porque si bien los empleados de Cencosud pueden no recibir su sueldo en el mes de abril, los accionistas de esa empresa, dueña de París, pueden repartirse el 80% de las utilidades al 30 de abril (220 millones de dólares) amparados en la misma Ley de Protección al Empleo, porque, como lo denunció el periodista Daniel Matamala en su columna “Perfectamente legal”, publicada el 3 de mayo en La Tercera, exigirles que no se repartan las utilidades “viola la Constitución”.
6.
Con el aumento alarmante de contagiados por Covid-19 a inicios de mayo, y con el virus emigrando de las comunas del sector oriente de Santiago al sector poniente de la capital, donde están las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, el llamado a “la nueva normalidad” efectuado por el gobierno resulta preocupante. No sólo porque puede leerse como el resultado de la presión de sectores empresariales, sino porque sumado a ello persisten las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducen a la toma de decisiones en materia sanitaria. Así lo han reiterado la presidenta del Colegio Médico y otras autoridades, así como los científicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que congelaron su participación en la mesa de datos aduciendo las mismas razones.
La crisis sanitaria ha desnudado no sólo las graves carencias del sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de manera igualitaria –ya en épocas normales– el derecho a la salud. Antes fueron las pensiones, la educación o los derechos laborales. Es el rol del Estado el que una vez más exhibe su precaria desnudez en la plaza pública. Y es el rol de la política –para la que no existe cuarentena– seguir haciéndose cargo de aquello.
Eso lo tiene claro hasta don Aníbal, un viejo rebelde y republicano que ningún virus ha podido matar.
Dedicada por más de 15 años al estudio de los sistemas penitenciarios, la psicóloga Carolina Villagra, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile y doctora en criminología por la U. de Leicester del Reino Unido, explica cómo la pandemia está afectando la vida en las cárceles y evalúa las medidas que han estado adoptando el gobierno y las autoridades sanitarias. Apoyada por informes internacionales, la psicóloga, quien además preside la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica para el ciclo 2018 – 2021, considera crucial reducir el número de población carcelaria y, en ese sentido, celebra la conmutación de penas de privación de libertad por arresto domiciliario total y enfatiza el rol que debe tener el Estado en la protección de los derechos humanos de reclusos y reclusas.
Por Jennifer Abate
Las cifras de la realidad carcelaria en Chile son alarmantes y en el contexto de la pandemia se vuelven peligrosas. El sistema penitenciario asciende a más de 100 mil personas e involucra no sólo a aquellas están privadas de libertad sino a todas quienes de alguna forma son custodiadas por el Estado, incluidas las que cumplen penas en libertad, pero que continúan con un sistema de control en la comunidad o en el post penitenciario, que son cerca de 60 mil.
Se estima que las personas privadas de libertad en este sistema ascendían a más de 42 mil, algunas de ellas cumpliendo condena, pero también un alto porcentaje en condición de prisión preventiva. Es decir, personas que siguen siendo inocentes ante la ley, que han sido imputadas por un delito que aún se investiga y sigue abierto, pero para quienes los tribunales, en ciertas condiciones, han establecido que lo ideal es que se mantengan en prisión.
La psicóloga y académica de la U. de Chile, Carolina Villagra.
Según cifras de marzo, esa población específica representa en promedio el 30%, más de 15 mil personas, y muchas de ellas son mujeres: cerca del 40% de las mujeres privadas de libertad corresponden a casos de prisión preventiva. Las recomendaciones internacionales resaltan lo abismante de nuestras cifras, ya que según esos estándares el porcentaje recomendado de personas imputadas que son privadas de libertad no debería superar el 10 o 15%.
Más allá de este dato preocupante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó el año pasado un informe sobre las condiciones que se viven en la cárcel, con cifras recabadas en 40 recintos penales. De ellos, 26 no contaban con suficientes camas y en 24 existía algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso al agua y a servicios higiénicos las 24 horas.
-Teniendo estos datos a la vista, ¿cómo enfrenta la pandemia uno de los grupos más excluidos y desfavorecidos de la sociedad, las y los presos?
Los indicadores sobre hacinamiento en nuestro sistema carcelario son bien preocupantes y han ido aumentando. Pese a que con las modificaciones de la Reforma Procesal Penal, a partir del año 2005, disminuyeron, lo cierto es que las cifras han aumentado en los últimos años y es particularmente preocupante la situación de las mujeres. Tenemos a 42 mil personas privadas de libertad en cerca de 100 unidades penales a lo largo del país. El último informe del INDH, así como numerosos informes de condiciones carcelarias, han señalado que las condiciones distan de ser óptimas: el nivel promedio de ocupación del sistema carcelario chileno es del 104%, es decir, estamos con un grado de hacinamiento. Podría parecer que no es muy grave, porque 104 quiere decir que en una unidad penal que tiene cien cupos, hay 104 personas. Pero este promedio nos esconde algunos extremos y, de hecho, en el informe del 2017 de condiciones carcelarias del INDH se reportaron 11 unidades penales que estaban con un nivel de ocupación por sobre el 140%. Entonces, cuando hablamos de condiciones carcelarias, también hablamos de una situación que es bastante heterogénea. Sin embargo, si hay un elemento transversal a todas las situaciones en las cárceles es que muchas de las infraestructuras carcelarias están obsoletas. En el caso de las mujeres, los centros penales y los centros de detención de mujeres usualmente han sido pensados para hombres, y luego han sido adecuados.
Tenemos, además, dentro del grupo de personas privadas de libertad, una heterogeneidad importante que refleja la conformación de la sociedad chilena: personas mayores de edad, con enfermedades crónicas de distinto tipo, también enfermedades de salud mental, etc. Esta situación, ante la luz de la pandemia del Covid-19, hace que las cárceles sean un lugar particularmente vulnerable al contagio y propagación de este virus, básicamente por la imposibilidad de tomar las medidas sanitarias necesarias para combatirlo, como se hace fuera de las cárceles. En la sociedad, afuera, podemos adoptar algunas restricciones básicas como el teletrabajo o el contacto virtual, pero en la cárcel la distancia física, el acceso a agua potable, el acceso a condiciones sanitarias óptimas, simplemente no es posible.
-Los efectos de ese hacinamiento ya se han hecho sentir, como en la Cárcel de Puente Alto, donde se detectaron 150 casos de Covid-19 y en el mismo lugar los reclusos tomaron como rehenes a cinco gendarmes en alegato por la falta de medidas sanitarias. ¿Cuáles son los principales riesgos en términos de seguridad al interior de las cárceles?
El caso de Puente Alto es paradigmático y podría replicarse en cualquier unidad penal del país por las condiciones que te mencionaba. Pero hay un dato que quisiera aportar, que es bien relevante, y es que cuando pensamos en comunidad carcelaria no sólo estamos pensamos en las 42 mil personas privadas de libertad, en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, también estamos pensando en los 20 mil funcionarios que trabajan en gendarmería en unidades carcelarias. Esos 20 mil funcionarios están desglosados entre oficiales, suboficiales -lo que conocemos como personal uniformado- y el personal civil que trabaja en los servicios de reinserción, salud, educación, etc., es decir, estamos hablando de una comunidad de más de 60 mil personas al mes de marzo. A veces, uno ve en las redes sociales las reacciones respecto a este tema y se cuestiona: si el confinamiento protege del contagio, entonces mejor dejarlos encerrados, porque es la mejor forma de prevenir. Sin embargo, pasa que los flujos son muy dinámicos en la población encarcelada. Entonces tenemos a estos 20 mil funcionarios que cumplen turnos y que entran y salen de las cárceles, pudiendo contagiarse dentro de la cárcel y llevando el virus a la comunidad, casa, vecindario; o al revés, contagiarse fuera y después llevar el virus dentro.
Es decir, estamos hablando de los movimientos naturales de la población penal, como son algunos traslados o salidas. Hay personas que gozan de los beneficios interpenitenciarios o salidas controladas, es decir, personas que salen a trabajar y vuelven, etc. Entonces, a estos factores más estáticos de los que hablábamos al principio, falta de alguna potable, condiciones sanitarias mínimas, se suma la característica de que es una población muy dinámica. Los riesgos son bien evidentes, o sea, en tanto se produce un contagio, la posibilidad del sistema penitenciario de detener la propagación es muy compleja. Se han hecho recomendaciones de parte de organismos internacionales. Lo hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., la OMS sacó un manual para el manejo de la pandemia en cárceles, también se ha manifestado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Al menos diez organizaciones internacionales han hecho un llamado urgente a descongestionar el sistema carcelario justamente por estas condiciones, porque, además, las personas que están en cárcel, usualmente vienen con cierto deterioro físico, no han accedido a los mejores servicios de salud, por ejemplo, y no se les puede garantizar que sigan o accedan a un mejor sistema de salud. Cuando hay hacinamiento se hace más compleja también la provisión de servicios, es decir, hay una serie de factores tanto estructurales como funcionales de la comunidad penitenciaria que hacen que el contagio sea de un riesgo altísimo, en tanto que la propagación es casi inmediata. Por eso hemos visto motines y otras expresiones de internos, que lo que están buscando, básicamente, son medidas de protección. Hay motines que se han dado en los últimos días que también reclaman por las medidas de seguridad de gendarmes y otros funcionarios que están igualmente expuestos.
Según cifras de marzo, la población penitenciaria en Chile asciende a más de 100 mil personas.
-En este sentido, ¿cuáles han sido las medidas específicas de protección de la población carcelaria adoptadas por el gobierno o las autoridades sanitarias?
Para responder a esa pregunta me gustaría partir por otra: ¿por qué las autoridades debieran tomar ciertas medidas de especial resguardo para la población privada de libertad? Hay que decir que la relación de una persona privada de libertad con el Estado se encuentra regulada por la normativa nacional y también por la normativa internacional. Distinto, tal vez, a lo que se piensa desde el sentido común sobre que esas personas debieran cumplir sus condenas y ojalá en las peores condiciones posibles. O sea, a la condena penal, añadirle condiciones de sufrimiento.
Lo cierto es que las poblaciones carcelarias son consideradas dentro de las poblaciones vulnerables, tanto por la trayectoria de desarraigo educacional, laboral, exclusión social, marginalidad que antecede al encarcelamiento, como por las condiciones de este. El Estado tiene una serie de obligaciones en relación al resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Sólo por citar algunos, en términos de normativa interna, la Constitución indica que el Estado debe garantizar la vida e integridad física y psíquica de estas personas, además de proveerles una serie de servicios y resguardar sus derechos. Pero también es interesante que a nivel internacional hay una serie de instrumentos, más de 20 genéricos y universales de DD.HH., como la Declaración Universal de DD.HH., y otros específicos, como el Sistema Internacional de Derechos Humanos, las Reglas Bangkok sobre tratamiento de reclusos, que tienen el mismo espíritu que las Reglas Mandela, pero orientadas a mujeres. Tenemos el principio de protección para las personas privadas de libertad y en relación a los tratos, tenemos la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que es muy categórica en indicar que no existe ninguna circunstancia en la cual la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes puedan darse por parte del Estado.
Esa relación de resguardo es la que hace imperativo que las autoridades tomen medidas. A nivel internacional, no bien se declaró la pandemia a inicios de marzo, una de las medidas que se tomó fue ocuparse de las cárceles y averiguar cuál era la situación. En términos generales, se han tomado medidas de reducción de población encarcelada, lo que se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, limitando los ingresos de nuevas condenas o privaciones de libertad, facilitando la salida a través de mecanismos que ya existen, las libertad condicionales, otorgando permisos anticipados de salida, que lo hemos visto en otros países: importante ha sido el caso de Estados Unidos, que es el país que tiene mayor número de encarcelados en el mundo, donde desde las primeras semanas y a nivel federal se tomaron ciertas medidas para reducir la población encarcelada. ¿Qué medidas se han tomado en Chile y que son relevantes? Primero, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en presentar la propuesta de un proyecto de ley de indulto conmutativo.
-Sin embargo, fue sumamente polémico.
Así es, y desde varias perspectivas, pero es un indulto que desde el mundo especializado y académico se vio con buenos ojos, porque es un indulto muy bien fundado que se orienta a la protección de los grupos más vulnerados y en resguardo de los DD.HH., y también en resguardo de la seguridad pública, que es algo muy importante. Estamos hablando de personas mayores de 60 o 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres, en particular, conociendo la situación frágil de las mujeres, algunas mujeres embarazadas, con hijos en cuidado, etc. Ese indulto fue bastante polémico y tardó la tramitación y discusión sobre a quiénes liberar.
«Somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante».
-Claro, porque el indulto no incluía a las personas que estaban imputadas por delitos de lesa humanidad y hubo una petición para que fueran incluidas.
No las incluían porque hay todo un sistema de DD.HH. que limita las posibilidades de salida a personas que han cometido delitos en contextos graves, delitos que son considerados graves y gravísimos a nivel nacional e internacional. Creo que el indulto conmutativo tardó, pero está siendo efectivo, ha sido una medida que hay que aplaudir realmente, en términos de gestión penitenciaria, ha sido bien pensado, estructurado, y se ha dado en conjunto con otras acciones que creo que es necesario destacar. En marzo teníamos 42 mil personas privadas de libertad y hoy se ha reducido la población, ha habido una salida casi del 10%, diez mil casos, 8% que ha salido de distintas maneras, cerca de 1.400 a través del indulto conmutativo. Por otro lado, la Defensoría Penal Pública ha solicitado a los tribunales de garantía la revisión de la medida cautelar preventiva para la sustitución por arresto domiciliario total. Eso ha significado que a la fecha han salido 900 jóvenes, adultos y otras mil personas, pero que van a seguir cumpliendo su medida cautelar. No es un perdonazo, ya que la gente sale y sigue en una medida cautelar, arresto domiciliario total, o termina de cumplir su condena bajo la modalidad de reclusión domiciliaria absoluta o con ciertas medidas de resguardo. Tenemos la libertad condicional, que es una manera de terminar de cumplir su condena que está muy regulada en la ley y que en los últimos cinco, diez años, había tenido una baja muy importante: tenemos años en los que prácticamente no se dieron medidas de libertad condicional en Chile. Este año, 1.550 personas a nivel nacional salieron de cárceles, es decir, van a terminar de cumplir su condena en libertad bajo una serie de condiciones.
Junto con todo ello ha habido otras iniciativas que se deben mantener en el tiempo, que son el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las unidades penales y restricción a las nuevas prisiones preventivas cuando la ley y las condiciones así lo permiten. Diría que se han tomado medidas, algunas muy interesantes.
-Es interesante lo que planteas, porque muchas veces tiende a haber una crítica generalizada a las acciones que toman los gobiernos y las autoridades sanitarias. También es interesante la responsabilidad que planteas del Estado en la protección y resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Absolutamente, son buenas medidas de inicio, pero falta un largo trecho para seguir. Hay unidades penales que tal vez no han recibido la aplicación de esta salidas, o sea, si bien las autoridades han actuado en la línea correcta en términos de las directrices de derecho y de las directrices sanitarias y realidad carcelaria, esto sigue, y con las libertades, indultos, no se resuelve el tema. Finalmente, lo que está pasando en los sistemas carcelarios deriva en la pregunta sobre por qué tenemos tanta gente en la cárcel.
En las cárceles hay población dinámica: a 20 mil ascienden los funcionarios, entre gendarmes y personal civil que también están expuestos al contagio.
Sobre ese punto, todo indica que este es un país bastante punitivo, en el que las personas entran a la cárcel ante cualquier delito y eso redunda en consecuencias como hacinamiento y sobrepoblación de los recintos carcelarios. En ese sentido, estas medidas de libertad condicional o indulto han sido clave, pero ¿por qué no se han aplicado antes?
Chile, desafortunadamente, ha seguido una tendencia internacional de encarcelamiento y uso de la cárcel como principal medida punitiva. Hasta el año 2013 teníamos la mayor parte, cerca del 70% de personas, condenadas en cárceles, y eso trajo una serie de problemas muy graves. No hay que confundirse con que los países que más encarcelan son los países que tienen los sistemas de justicia más efectivos, no es así, necesariamente. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región y, de hecho, el año 2010 marcó un hito relevante en la historia carcelaria en nuestro país, ya que tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Y ese año se produjo el incendio en la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 personas y donde se vieron casos muy dramáticos y muy mediáticos, y en el que se cuestionó si las personas más peligrosas están realmente en la cárcel.
A nivel de derecho, sabemos que los sistemas de justicia deben siempre priorizar que la persona no pierda el contacto con su familia, comunidad, que no se desarraigue a menos que sea estrictamente necesario, por lo tanto, la cárcel debiera estar reservada sólo para los delitos más graves y que representan más riesgos para la seguridad pública. Desafortunadamente, la cárcel nace como una institución en crisis, nunca ha habido, a nivel internacional, un momento en que las cárceles estén más o menos equilibradas, siempre han sido instituciones muy críticas y las reformas se toman después de tragedias como la de 2010. Tres años después se promulgó y comenzó a funcionar la ley de medidas sustitutivas, que pretende cambiar esta proporción. No es que estas personas se estén cambiando a otro sistema, sino que es un sistema que progresivamente permite que las personas sean enviadas a un cumplimiento de condena en libertad.
Entonces, sí, somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Te voy a dar un dato de las poblaciones femeninas y del crecimiento de las poblaciones carcelarias en el mundo. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza, por ejemplo, las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante. No olvidemos que la cárcel es sumamente costosa, no sólo en términos económicos sino que también en términos de capital humano y capital social; genera costos, impactos sociales a las personas, familias, a la sociedad en su conjunto, que exceden ampliamente, en muchos de los casos, tener a una persona privada de libertad.
-Junto a Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción de la Justicia de México, escribiste el artículo Mujeres encarceladas en Latinoamérica y el Covid-19, recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región, donde plantean que las mujeres encarceladas deben ser un grupo prioritario en caso de crisis. ¿Por qué?
Bueno, primero hay que decir que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sistema carcelario. Según estadísticas internacionales de crecimiento carcelario, entre 2000 y 2017 la población femenina aumentó un 53%, pero en Latinoamérica ese aumento fue del 147% y eso está muy relacionado con las políticas antidrogas en la región, que han sancionado con mayor fuerza delitos que dentro de la jerarquía y estructura del narcotráfico son menores, como el microtráfico. En Chile teníamos, hace diez años, una proporción importante de mujeres privadas de libertad por delitos de familia, pero hoy la mayoría de las mujeres están también asociadas a delitos de drogas y eso ha cambiado la configuración de las cárceles.
En general, las cárceles no están pensadas para las necesidades específicas de las mujeres, nosotras tenemos necesidades distintas de los hombres en términos de las condiciones sanitarias, de las condiciones de visitas, pero ninguno de esos elementos se recoge en nuestras unidades penales, que no están muy diseñadas para que la mujer pueda acceder a la mayor cantidad de servicios de reinserción, los que también son escasos y que apuntan a una proporción muy menor de las personas.
En esto se han hecho avances también bien positivos en términos de reinserción social en Chile en los últimos años, pero siguen siendo reservados a una población pronta a cumplir condenas, y yo diría que tenemos condenas muy largas y que las experimentan personas muy jóvenes, y también tenemos condenas muy cortas experimentadas por mujeres. Tenemos condenas, por ejemplo, de menos de un año.
Las estadísticas informan que hay un porcentaje importantísimo de mujeres que entran a la cárcel para cumplir condenas de seis meses, un año, y que a veces no son condenas sino que faltas administrativas o multas que se deben cumplir con privación de libertad. ¿Qué significa que tú estés en la cárcel seis meses? Que si tenías un trabajo, lo pierdes, si tenías una fuente de ingreso, la pierdes. El 95% de las mujeres tienen al menos un hijo y el 80% son el sostén económico de su familia, no sólo de los hijos, sino que de la mamá, la abuelita, etc. La evidencia internacional y nacional nos muestra que las condenas cortas también socavan el capital humano, social y económico de las personas de manera mucho más importante que las condenas más largas. O sea, las condenas más largas son de un impacto profundo a nivel individual, familiar, y muchas mujeres en Chile están viviendo condenas cortas. ¿Qué pasa con los hijos cuando es la segunda condena o hay una reincidencia? Los hijos son institucionalizados o quedan al cuidado de otros, en esos niños hay desencanto escolar, problemas educacionales, hay una especie de efecto dominó importante y por eso, además, las mujeres son prioritarias, porque son consideradas población particularmente vulnerable dentro de la ya vulnerada población encarcelada, por las condiciones de salud que muchas veces arrastran, enfermedades crónicas, el cuidado de los hijos, embarazos, etc. Además, es un hecho criminológico bien sostenido que la mayoría de las mujeres no representan riesgos y no reinciden en delitos menores, empiezan más tarde en el delito y cometen delitos mucho menos violentos.
Entrevista realizada el 24 de abril de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.
La periodista Claudia Lagos, magíster en Estudios de Género y doctora en Medios y Comunicación de la U. de Illinois, EE.UU., comparte sus reflexiones sobre la cobertura periodística que han hecho los medios de comunicación durante la pandemia y el estallido social. La académica de la Escuela de Periodismo de la U. de Chile cree que es necesario regular de manera más estricta la manera en que se informa sobre grupos vulnerables de la población, como personas que viven en situación de calle, privadas de libertad o mujeres y niños víctimas de violencia en el hogar. Además, aplaude la iniciativa del canal cultural y advierte cómo, a pesar de las críticas, la televisión sigue siendo uno de los soportes de información más populares.
Por Jennifer Abate
—Hablemos de medios de comunicación y de lo extremadamente importantes que son en este contexto de tanta incertidumbre, que en nuestro caso suma un estallido social a la emergencia por Coronavirus. ¿Qué te ha parecido, en términos generales, la cobertura mediática que se ha hecho en los últimos meses en nuestro país?
Si vemos todo este periodo, de octubre hasta ahora, los medios de comunicación, después de la llamada “revuelta social”, tuvieron una pésima evaluación, eso si nos fijamos solamente en las encuestas, que son una foto de un momento determinado y operan, si se quiere, como un termómetro. Había muy pocas diferencias entre los medios según soporte, no había muchas diferencias entre cómo la ciudadanía, a través de estas encuestas, manifestaba su rechazo o disconformidad con cómo los medios de comunicación estaban cubriendo todo lo derivado de la revuelta. Y eso vino a poner una especie de lápida, si se quiere, a la evaluación de los medios de comunicación y a su credibilidad, que ha venido a la baja en los últimos diez años, por lo menos. Es importante recordar que los problemas que dieron origen a la revuelta de octubre todavía se mantienen y en parte esta crisis sanitaria los ha acentuado y nos ha recordado que siguen ahí. Sin embargo, en el último mes, lo vimos en encuestas como la de IPSOS sobre la radio, ha habido una revalorización y habrá que ver, con el tiempo, a qué se debe, cuáles son las razones de esa revalorización por parte de las audiencias de la radio y otros medios de comunicación en términos generales. Es particularmente curiosa o interesante la valoración de las audiencias en las últimas encuestas, aplicadas y difundidas durante marzo y abril, de la televisión, que se aprecia como un soporte y medio de comunicación a través del cual las personas buscan información o se conectan con el afuera.
La periodista y docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
Sabemos que la televisión no sólo es una experiencia informativa, sino que es también una experiencia colectiva. Es bastante curioso cómo un medio de comunicación que había sido tan duramente criticado adquiere cierto valor en nuestro contexto. En nuestros países, en Chile en particular, a pesar de que la televisión ha sido criticada por su espectacularización, por su estereotipación, etc., sigue siendo uno de los lugares donde nos vemos reflejados. Es uno de los medios de comunicación más importantes para amplios sectores de la población, pues a pesar de que Internet puede ser muy relevante en ciertos sectores sociales, en América Latina y otros lugares del mundo, el acceso a una Internet de calidad, estable, una banda ancha que soporte una videoconferencia e incluso la alfabetización digital de sectores importantes de la ciudadanía, siguen siendo una deuda de las democracias modernas.
—Durante mucho tiempo, sobre todo con la masificación de las redes sociales, se levantó una discusión sobre si realmente iban a seguir siendo necesarios los medios de comunicación, en el entendido de que la información estaba ahí y que bastaba con que cualquiera tomara un teléfono, sacara una foto y reporteara. Quizás en este momento se revaloriza, efectivamente, el trabajo de filtro, interpretación y chequeo de la información que hacen los medios de comunicación.
Exacto, podemos entrar a discutir con mayor detalle qué aspectos son más críticos, pero hay otro estudio que se publicó recientemente y que discutíamos hace unos días con el profesor del ICEI Cristian Cabalín, que da cuenta, en Estados Unidos, de que a pesar de que existen tasas de penetración de conectividad mayores que las que pueden tener países como Chile y otros de América Latina, la televisión sigue siendo un lugar, un género, un soporte mucho más relevante que las redes sociales a la hora de diseminar informaciones falsas, desinformación o información malintencionada.
Es un estudio bien interesante, pero, como digo, muy acotado a las prácticas de audiencias y producción de contenido en Estados Unidos. Sin embargo, abre preguntas relevantes sobre el poder que sigue teniendo la televisión para las audiencias. Creo que es importante hacer distinciones, porque una cosa es cómo ha actuado la televisión y otra cosa cómo ha sido valorizada la radio, la prensa digital y la impresa, que también ha establecido algunos esfuerzos para, por ejemplo, liberar los contenidos de algunos medios de comunicación relacionados con la cobertura del Covid-19, de los contagios, etc. Creo que es importante destacar la liberación de algunos medios de pago, no es el caso de El Mercurio, claro, que sigue teniendo un muro de pago, a contrapelo de diarios como La Tercera y otros que han liberado sus restricciones entendiendo que hay un esfuerzo colectivo de llevar información de calidad a mayores audiencias.
—A propósito de lo mismo, la semana pasada el periodista Andrés Azócar, en una columna en The Clinic, aseguraba que han aumentado las visitas a los medios de comunicación y que esto les ofrecería una posibilidad de volverse nuevamente indispensables para las personas. ¿Crees que los medios de comunicación chilenos han sintonizado con esa “oportunidad”?
Tiendo a creer que sí, pero tenemos que recordar que nuestro sistema de medios de comunicación, sin distinción de soporte, lleva golpeado varios años. La cantidad de despidos en todos los soportes, medios grandes, pequeños, radio, televisión, ha sido una constante en los últimos años. Eso ha significado un desguace, un despotenciamiento de los equipos profesionales, y se nota en cierta cobertura particular de televisión en que eso es visible: profesionales con pocos años de experiencia, con menos calle, y eso se nota en la cobertura diaria, muy apegada a lo que está sucediendo en el momento, muy encima, con poca distancia. Entonces, definitivamente, la columna de Andrés Azócar abre preguntas que son necesarias y que no están en el debate público. Me parece que por la urgencia no son centrales o no han aparecido, pero es algo que hay que retomar porque se trata de una cuestión que se discutió a propósito de los eventos desencadenados por la revuelta de octubre.
¿Qué tipo de medios queremos? ¿Qué tipo de periodismo queremos? ¿Qué tipo de periodismo es necesario en una sociedad democrática del siglo XXI? Siguen siendo preguntas que a la luz de la urgencia y la cobertura sanitaria se hacen evidentes. Es importante revisitar los mismos mecanismos legales de autorregulación que están disponibles en Chile, que incluyen desde el Código de Ética del Colegio de Periodistas hasta las orientaciones programáticas de los canales de televisión. Creo que ahí hay herramientas que parecen guardadas en el cajón. Por ejemplo, es algo que debiera considerarse en la discusión sobre las personas que viven en situación de calle o la población penal o las mujeres que viven violencia intrafamiliar en época de cuarentena (algo que las organizaciones feministas advirtieron muy temprano, antes de la toma de decisiones sobre las cuarentenas obligatorias), todos temas que aparecieron muy recientemente en los medios más tradicionales y en voz de las autoridades. Creo que ahí hay todavía, por parte de los medios de comunicación, un rezago en advertir y proyectar, a eso me refiero con que están muy apegados al día a día, a la calle, a esa cobertura de matinal que le ha quitado peso y espesor a una cobertura que puede ser un poco más distante en la relación con la autoridad, por ejemplo.
Hay herramientas, tanto de autorregulación como de regulación a nivel legislativo en Chile, que los medios de comunicación y el periodismo deberían recordar y repasar en estos días, que tienen que ver con el respeto a las comunidades más vulnerables, que incluyen a niños y adolescentes, y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la protección de los datos de salud. Ha habido todo un tema bien intenso y agresivo respecto de quienes son los que están enfermos y contagiados en las comunidades de edificios y condominios, y eso abre cuestiones que me parece que son centrales para el periodismo y que han estado pasando por el costado.
—En el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos, las autoridades están haciendo puntos de prensa diarios, varias veces al día, intentando instalar una suerte de verdad única, que los medios de comunicación, en muchas ocasiones, reproducen sin mucho cuestionamiento, a pesar del buen trabajo que han hecho algunos profesionales haciendo preguntas concretas. Según tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de esta visión única de la realidad en un escenario tan crítico e incierto como el que vivimos hoy?
Los riesgos tienen que ver con cómo combinar la entrega de información útil para la ciudadanía, que permita tomar las medidas de resguardo necesarias, con las decisiones en nuestra vida cotidiana respecto a nuestra salud y la de los demás, y la ansiedad e incertidumbre que significa en términos individuales y para la comunidad. En esto, las autoridades, en términos generales, no sólo en este caso particular, ocupan un rol central. Es impresionante el pilar en el que se han convertido las autoridades del gobierno central a la hora de copar la agenda mediática. A ratos parece que estuviésemos asistiendo a una conferencia de prensa estatal, permanente, que va desde poco después de las 9 o 10 de la mañana hasta la noche. Evidentemente, hay una estrategia política de comunicación que ha visto en esto una oportunidad de reposicionamiento de un gobierno que estaba muy golpeado por la crisis de octubre. La efectividad de esa estrategia y los alcances que tenga están aún por verse, pero me parece que es bastante evidente, incluso para un observador poco entrenado en esto, cuáles son los riesgos.
El gobierno ha optado por realizar diarias pautas de prensa para informar sobre el avance del Covid-19 en Chile, discurso oficial que es ampliamente difundido, pero también poco cuestionado por los medios de comunicación.
—Por lo menos ahora las autoridades están aceptando las preguntas de la prensa, porque durante los meses del estallido e incluso al comienzo de la crisis sanitaria, nos habíamos acostumbrado a estas conferencias de prensa donde las autoridades hablaban y se retiraban, sin darle la oportunidad a las y los periodistas de hacer su trabajo y hacer las preguntas que correspondían.
Sí, y agregaría otra cosa, volviendo al tema de por qué no se ocupan las herramientas que se conocen, sugerencias, manuales, etc., para hacer una cobertura periodística más adecuada en un contexto de emergencia sanitaria. Algo que ha sido bien complejo es el tema de la estadística, porque viene de la ciencia. Necesitamos tener de dónde agarrarnos, tener ciertas certezas y ellas están en el conteo diario. Algunas vocecitas del área más especializada han llamado la atención sobre las cifras y sus vacíos, sus áreas grises, el tipo de información, el volumen de la información, el acceso a la información, pero me parece que hay una cobertura más de discurso, de quién dijo qué, cuándo y por qué, que una cobertura más informativa.
—Desde el 27 de abril se puso a disposición TV Educa Chile, una plataforma cultural infantil para las y los estudiantes que están sin clases presenciales. Resulta curioso que haya tenido que llegar una pandemia para que se alcanzara el viejo anhelo de un canal cultural. ¿Cómo evalúas esta medida?
Hay vastos sectores de la población en Chile que no tienen aún dispositivos electrónicos o una conexión a Internet estable que les permita acceder a este universo inacabable y maravilloso de contenidos por medio de la red, por lo tanto, los contenidos culturales a través de las señales abiertas de la televisión son sin duda una buena noticia. No es una nueva estrategia en el caso chileno, recordemos que la televisión nace como un proyecto educativo y cultural al alero de las universidades a fines de los años 50, pero evidentemente que esta estrategia, hoy, en un contexto donde el ecosistema es completamente distinto en términos mediáticos, será un laboratorio en tiempo real y vital. Será interesante ver cómo las audiencias se relacionan con ese contenido. Hablo de distintos tipos de audiencias, no solamente las audiencias a las que está destinada, los niños y adolescentes, sino que otros actores del campo de la educación, cómo pueden ellos relacionarse con estos contenidos en un contextos de insistencia en la educación remota.
—Esta es una demanda que había sido planteada hace mucho tiempo por diferentes actores y solía decirse que era imposible, que era muy difícil de implementar, que no existía el financiamiento. Ahora, con la presión de la emergencia sanitaria, ¿qué te pasa al ver que no era tan difícil desarrollar una iniciativa de estas características?
Creo que tiene que ver con un sistema mediático y televisivo altamente comercializado, donde no nos hemos planteado el tipo de estructura de televisión que queremos, la que deberíamos estar abordando desde la perspectiva de la convergencia, entendiendo las lógicas más multimediales. Creo que esa discusión está bastante en pañales, por lo menos en términos de la industria y, como tú mencionas, hay mucha reticencia a las apuestas culturales, más bien a apuestas que proveen menos réditos comerciales y que, por lo tanto, son más riesgosas en una industria que lleva diez años registrando pérdidas. Pero si uno ve algunos proyectos que han tenido financiamiento a través del fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), evidentemente hay una audiencia a la que le interesan los productos culturales de calidad. Por supuesto, no estamos hablando de la sinfónica, estamos hablando de “Los 80”, de la programación infantil que ha financiado el CNTV, con muy poco espacio, estamos hablando de “31 minutos”. Tenemos claro que la cultura popular es cultura y, por lo tanto, es necesario abrir esos matices.
Según Claudia Lagos, la televisión aún es el soporte más popular de Chile para informarse, sobre todo en aquellos hogares que tienen poco acceso a una cobertura estable de Internet.
—Viviste en Estados Unidos y te has dedicado a analizar e investigar este tema. ¿Cuál es la discusión que se tiene en otros países respecto a la existencia de canales culturales?
Haría varias distinciones. A nivel internacional hay muchas experiencias de modelos de sistemas de medios de comunicación públicos y con eso me refiero a una lógica convergente, es decir, empresas de carácter público que producen contenidos tanto audiovisuales, radiales, etc. El ejemplo que siempre sale a colación es el de la BBC, pero no es el único. Todas las sociedades de países derivados del imperio británico tienen algún tipo de sistema de medios público, robusto, vigoroso, importante. Del mismo modo, la enorme mayoría de los países de Europa también tienen sistemas de medios de comunicación públicos, que incluyen no sólo televisión, sino también radio y producción digital. En otras ocasiones se han mencionado las experiencias de los países nórdicos, en todos ellos hay distintos modelos, por ejemplo, gobiernos corporativos. ¿Quiénes son los que integran los gobiernos corporativos de estas empresas públicas mediáticas? ¿Cuál es la relación que estas empresas tienen con el Estado? ¿Cuál es la regulación que tienen? ¿Cuál es el financiamiento? Todos tienen, de alguna manera, financiamiento público importante, y en algunos países, en particular, producto de la creciente privatización y recortes de gastos públicos, ha habido una tensión por aminorar esos presupuestos. Hay contenidos que compiten en el mercado y otros contenidos que no, que están amarrados a las funciones públicas que tienen esas compañías de medios públicos. Hay estudios interesantes, comparativos, que señalan que en aquellos países en que hay sistemas robustos de comunicación pública, el resto de los medios “tira para arriba”, la vara de comparación tira para arriba más que para abajo; se eleva la calidad, en general, de esos sistemas de medios donde están insertas estas compañías de medios públicos. Otra cosa interesante es que hay estudios que demuestran que en aquellos países donde hay medios públicos, la ciudadanía manifiesta mayor interés en la política y en la participación en lo público.
—Hablemos de propuestas. ¿Qué recomendaciones emergen desde la sociedad civil, las instituciones, que apunten a una mejor comunicación y a un mejor ejercicio del periodismo?
En el caso del periodismo, en particular, hay organizaciones internacionales y profesionales tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo que están entregando distintas herramientas y recomendaciones. Tienen que ver con cómo hacer una mejor cobertura periodística de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora y con la manera en que se entregan herramientas a los profesionales del campo de la comunicación para la cobertura en terreno de la pandemia. Esto está relacionado tanto con la calidad de la información que ponemos a disposición, en la cual está incluida la pregunta acerca de la información falsa o la manipulación informativa, y, en otros casos, tiene que ver más con la práctica, con las personas, los seres humanos e individuos, que, en el marco de sus oficios o profesiones están más expuestos a distintos riesgos. Ahí hay varias recomendaciones que han salido a la luz. En el caso de una mejor cobertura, esta tiene que ver con que no se cubran sólo los discursos, quién dijo qué, sino que se aborde lo que está pasando, quién lo ha hecho, cuáles son los datos, cuál es la evidencia, etc. Hay que promover y preferir fuentes informativas especializadas en vez de fuentes informativas que apuntan más bien a la discursividad. Utilizar menos adjetivos, utilizar más datos, menos anécdotas, pues estas exacerban la discriminación, el sensacionalismo, la ansiedad o la incertidumbre en las audiencias. Ahora, nada de esto es una receta mágica, pero son recomendaciones que dan distintas organizaciones profesionales tanto en Latinoamérica como en otros países para intentar que el enfoque sea desde la calma y no desde la alarma, y eso incluye el tono.
—¿Quieres terminar con alguna recomendación para que nuestros auditores y auditoras accedan a contenidos e información diferentes?
Sí, a mi me gusta mucho Radio Ambulante, un proyecto bilingüe en español y en inglés que produce la radio pública en Estados Unidos y que tiene muchos medios y reporteros a lo largo de Latinoamérica. Ellos están cubriendo historias, pero también patrones más largos en la sociedad, en versión podcast. Ya que estamos valorando la radio y que la semana pasada la encuesta de IPSOS demostró la aprobación que tiene este soporte, me parece bueno relevarlo en este contexto. Allí se van a encontrar con historias que no sólo son de crisis sanitaria, así podemos introducir un poco de diversidad en nuestra vida informativa en estos días.
Entrevista realizada el 17 de abril de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.
“Hasta que la dignidad se haga costumbre” fue una de las frases que se transformó en consigna tras el estallido social del 18 de octubre y que de alguna manera engloba las exigencias de la ciudadanía relacionadas con diversas materias que van desde mejora de sueldos, pensiones y término de las AFP hasta reformas en la educación. Sin embargo, en esa larga lista, las demandas de mejor salud y vivienda digna aparecían más bien desplazadas. Hoy, la pandemia ha hecho nítida la vulnerabilidad de quienes viven en condiciones precarias como campamentos y viviendas sociales de baja calidad, o en situación de hacinamiento y con escaso acceso a una atención de salud oportuna. Es allí donde el virus podría causar estragos cuando llegue el invierno.
Por Denisse Espinoza A.
La cuarentena o el llamado aislamiento social ha sido una de las estrategias de los gobiernos para enfrentar la pandemia por Covid-19 que ya lleva cuatro meses desde el primer caso detectado en Wuhan, China, y que ha afectado a Chile desde mediados de marzo. El llamado general ha sido a “guardarse en los domicilios” y así evitar que la infección se siga expandiendo. Pero ¿qué pasa cuando “quedarse en casa” es sinónimo de seguridad y tranquilidad sólo para una parte de la población? ¿Qué pasa cuando hay más de tres grupos familiares, por ejemplo, viviendo bajo mismo techo? ¿Qué pasa con quienes viven en campamentos y ni siquiera tienen agua potable? Hay familias que no tienen condiciones térmicas o sanitarias adecuadas para pasar un invierno normal sin enfermarse. ¿Qué pasa con ellas? Las realidades de vivienda en Chile distan mucho unas de otras y aunque no necesariamente debiera ser un factor correlacionado, lo cierto es que en nuestro país la vivienda precaria sí está asociada también a sectores geográficos: Santiago es sin duda una de las ciudades paradigmáticas en esa división entre barrios ricos y barrios pobres.
Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit habitacional en Chile disminuyó en casi 200 mil viviendas en los últimos 15 años. Sin embargo aún se necesitarían construir 393.613 viviendas en todo el territorio.
En octubre de 2019, la Fundación Vivienda presentó uno de sus últimos estudios, Allegados, una olla de presión social en la ciudad, donde junto con entregar cifras preocupantes sobre déficit habitacional, cuestionó la efectividad del mercado inmobiliario –en cuanto a la provisión de vivienda para sectores emergentes y medios– y los programas públicos de vivienda actuales, y relevó la urgencia de elaborar un plan de desarrollo urbano que dé solución efectiva y a largo plazo a los problemas de segregación y precariedad en que vive gran parte de la población. En la actualidad, 1.528.284 personas, equivalentes al 8,6% de la población, viven bajo la línea de la pobreza medida por ingresos y un 20,7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además, de las 497.560 viviendas, 91,4% tienen familias viviendo el fenómeno del allegamiento y hacinamiento. A los días de lanzado el estudio se produjo el estallido social del 18 de octubre, otra olla a presión donde la situación habitacional era sólo una de las causas de la molestia general, y quizás la menos visible.
Así lo confirma el geógrafo Juan Correa, uno de los autores del estudio de Fundación Vivienda: “Los temas urbanos y de salud no aparecieron en la primera línea de las demandas durante la crisis social, pero ahora la pandemia dejó al desnudo estas desigualdades estructurales. La vivienda tiene mucho que decir sobre tu vulnerabilidad espacial de cara al Covid-19. Lo más seguro es que el nuevo discurso del gobierno, de volver a la normalidad, a los trabajos, a las clases, hará que el virus se expanda porque ni siquiera ha llegado a su peak. Es urgente identificar aquellos sectores de la población en los que el virus puede ser más desastroso, y la vivienda es clave. A mayor hacinamiento, más concentración de personas, y, por ende, más contacto, por lo que el contagio será más probable”.
Desde enero, Correa trabaja en el Centro de Producción del Espacio (CPE) de la Universidad de las Américas y con ellos ha estado elaborando una serie de artículos que justamente cruzan variables entre territorio y la expansión del virus. Uno de ellos,Cuarentena o no cuarentena, esa es la pregunta –publicado el 7 de abril–, plantea el riesgo que se produce al levantar la medida en el sector oriente y retomar actividades productivas en esa zona –la apertura de los mall sería un ejemplo–, ya que al estudiar los desplazamientos de la población se hace evidente que muchas personas de comunas que aún no poseen altos índices de contagio, suelen desplazarse hacia el eje del corazón en cuarentena: Santiago, Providencia y Las Condes, lo que haría más probable el contagio y que el virus se traslade a otras comunas periféricas.
Además, Correa y otros integrantes del centro apelan a la necesidad de establecer cuarentenas preventivas en barrios vulnerables incluso antes de que se detecten casos de contagio. “Nosotros creemos que lo mejor es hacer la cuarentena, porque justamente es en situación de hacinamiento o de allegamiento que suben las probabilidades de que mucha gente se contagie y en un plazo más corto. También cuando hay condiciones precarias de materialidad. Por ejemplo, si una persona está enferma en casa, pero esa vivienda tiene mala calidad térmica, no va a estar cómodo, va a pasar frío, habrá humedad y el virus puede ser más difícil de controlar”, dice Correa. “Estamos seguros de que el Estado puede aumentar su deuda pública en un 20%, como muchos países lo están haciendo, porque Chile es uno de los que tiene menor deuda pública de Latinoamérica. Si el Estado hiciera la inversión, por ejemplo, de apoyar a estas familias vulnerables con entrega de alimentos, medicamentos, pago de los arriendos y un ingreso ético para tres meses, con el fin de que no necesiten salir de sus casas, bien se podría frenar la expansión del virus, que si llega a expandirse en estos lugares, de seguro tendrá el costo de muchas vidas humanas. Eso es muy grave, porque se podría evitar”.
Al igual que Correa, Fernando Campos, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, experto en temas de desarrollo urbano y miembro de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la misma casa de estudios, enfatiza en la urgencia que supone que el Estado otorgue ayudas efectivas durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos, los migrantes. “Ya que con este virus todos podemos infectarnos por igual, el gobierno ha planteado la idea de que también todos podemos acceder por igual a los sistemas de salud, y eso no es así. La población migrante es vulnerable en ese aspecto. En otros países, como Portugal, por ejemplo, se les dio permiso y residencia a todos los migrantes para asegurarles la atención médica en los servicios de salud”, cuenta Campos.
“También es necesario desarmar la idea de que los migrantes tengan un problema especial con el virus; son las condiciones habitacionales las que tienen un problema y eso afecta a todos quienes vivan en esas condiciones. El tema con los migrantes es que se les debe asegurar el acceso a los servicios públicos de salud, independiente de su estatus migratorio, si tiene los papeles al día o no, ya que lamentablemente la mayoría vive en malas condiciones de vivienda y es allí donde hay un alto foco de contagio, y es allí donde urge que las personas sean diagnosticadas y monitoreadas a tiempo”, agrega el sociólogo.
El MINVU tiene catastrados 802 campamentos a lo largo de Chile, pero es probable que las cifras no alcancen a dar cuenta de toda la precaria realidad habitacional.
Según un informe desarrollado en febrero pasado por el Departamento de Sociología de la U. de Chile en conjunto con Un Techo para Chile y el Centro de Ética y Reflexión Social de la U. Alberto Hurtado, las personas migrantes representan el 14% del déficit habitacional que existe en Chile, donde el 22% son allegados y 19%, además, vive en condiciones de hacinamiento. A esto se agrega que la mayoría no tiene acceso a vivienda propia, sino arrendada, y que una de cada cuatro personas arrienda sin contrato. Un 30% de ellos vive en campamentos. Esa fue una de las razones del lanzamiento de la campaña “La humanidad somos todes”, impulsada por la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile, la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
En este sentido, durante las últimas semanas el Ministerio de Vivienda comprometió la entrega de “kits de salud” que incluyen cloro gel, toallas desinfectantes, detergente, pasta de dientes, cepillos de dientes, guantes, jabón, paños de limpieza y lavalozas, entre otros, que están destinados a las personas que viven en los 802 campamentos que se tienen catastrados. La ayuda ya estaría llegando a los primeros 290 campamentos y seguirá sucediendo así todos los días, dice el ministro Cristián Monckeberg. “Mediante una alianza público privada, se acordó el aporte de la CPC para contar con 47 mil kits más, con los que llegaremos al total de campamentos. Estamos trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas, el mundo privado, para llegar con estos kits, y con toda la información a las familias para prevenir contagios en los campamentos. Efectivamente, este virus a todos nos puede tocar, pero hay familias más vulnerables y en ellas debemos focalizar una ayuda lo más integral posible”.
Claro que estas serían ayudas de emergencia y, en ese sentido, el ministro asegura que lo que se busca es dar soluciones más permanentes. “Estamos trabajando en una política de erradicación a largo plazo, que busca otorgar soluciones definitivas a estas familias que, gracias al catastro, están identificadas y con las cuales se está trabajando en diferentes proyectos para una solución, ya sea en el mismo lugar donde viven, mediante un proceso de urbanización, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar; o con la construcción o relocalización de las familias en otros lugares”, dice Monckeberg, quien asegura que además han acelerado la entrega de dos mil viviendas sociales desde que comenzó la pandemia, “lo que viene a ser muy importante para que puedan pasar este tiempo en la seguridad de sus nuevos hogares”.
Sin embargo, no es la cantidad de las viviendas sociales ni la capacidad de entrega lo que preocupa a los expertos, quienes comparten una crítica profunda y de larga data a la falta de actualización de los estándares de calidad de lo que se construye y la falta de planificación urbana de largo plazo, sin la cual se ha seguido reproduciendo un modelo segregatorio a la hora de habitar las ciudades chilenas. A esto se suma el hecho de que la vivienda no está contemplada como un derecho garantizado dentro de la Constitución. Hoy, el modelo considera la vivienda como un bien más dentro del mercado que promueve la libre competencia entre empresas constructoras, y ese es uno de los puntos clave que se debería reformar para construir una ciudad más igualitaria.
No son 30 pesos ni 30 años
Si bien es cierto que en los últimos años han habido mejoras en la construcción de viviendas sociales, se han aumentado los metrajes –entre los años 80 y 90 se construían viviendas de 25 a 36 metros cuadrados mientras que hoy el estándar va de los 44 a los 55 metros cuadrados– y hay ejemplos aplaudidos de viviendas sociales ampliables como las que ha levantado la oficina Elemental, lo cierto es que la construcción ha bajado debido al alto precio del suelo, lo que supone seguir desplazando este tipo de viviendas a la periferia, donde el suelo es más barato.
El plano de erradicación de campamentos entre 1979 y 1985, da cuenta del desplazamiento de las personas hacia la periferia.
El arquitecto Ricardo Tapia, académico de la U. de Chile y especialista en vivienda social, realizó una investigación Fondecyt que justamente analiza el tema. “Entre 1980 y 2002 se construyeron 230 mil viviendas sociales, la mayor cantidad de producción de viviendas en toda la historia de Chile, pero el tamaño eran en promedio de 45 m2, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron apenas 23 mil viviendas, y esto es simplemente porque el suelo fue cada vez más caro, sobre todo en las metrópolis. Ya que el suelo eminentemente urbano es un bien que se transa en el mercado, en las ciudades el precio va de las tres a cuatro UF hacia arriba el m2, y para que una vivienda social se pueda construir y genere utilidades a las empresas, no debería superar el precio de una UF por m2. Pero eso ya es imposible de encontrar en ciudades de más de 100 mil habitantes, por lo que terminan construyendo en la periferia, en lugares como Lampa, Buin, Talagante, Melipilla, donde hay menos población y donde tampoco están obligados a dotarlos de equipamientos complementarios, que las viviendas estén cerca de colegios, servicios de salud, etc.”, explica. “Por otro lado, aunque ha habido un avance con respecto a lo que se hizo durante la dictadura militar, todavía quedamos al debe en cuanto a otras condiciones de habitabilidad, como la parte acústica, térmica y de localización”.
Fernando Campos comparte ese primer diagnóstico y califica de obsoletos los criterios para medir la calidad de las viviendas. “El índice que se ocupa es el de déficit habitacional, que dice poco del criterio de calidad que se utiliza y que está construido en base a datos de hace 50 años o más, entonces, que te digan si la vivienda tiene piso de tierra o no, son criterios muy básicos. Hoy el estándar de vida ha subido y eso no se ve reflejado en estos indicadores. La capacidad de ventilación o los niveles de humedad de una vivienda no se toman en cuenta y son justamente los que hoy, en medio de una pandemia, ponen en juego la rapidez del contagio”, dice el sociólogo.
La política de vivienda social que existe hoy en Chile se instauró en 1979, luego de que la junta militar dictaminara que el suelo no era un bien escaso y por lo tanto dejó en manos de los privados y del mercado la apropiación y construcción de estos bienes. La arquitecta Alejandra Celedón, Jefa de Magíster de Arquitectura UC, ha estudiado el tema a fondo y lo llevó a la palestra internacional cuando en 2018 representó a Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia con la muestra Stadium, donde exhibió cómo se desarrolló el Programa de Radicación y Erradicación de Barrios Marginales a la Periferia de la Ciudad (1976-1985) y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD) de 1979, que liberó el perímetro urbano de la ciudad. Todo esto se anunció, en esa época, en un evento en el Estado Nacional, el 29 de septiembre de 1979, cuando 37 mil pobladores fueron convocados para una entrega masiva de títulos de propiedad bajo esta nueva política. “De ahí en adelante, no el Estado sino el mercado regularía, desde los costos de la tierra hasta la construcción. Ese es el cambio fundamental con el gobierno anterior: la vivienda ya no es un derecho sino una mercancía, y los proletarios son transformados en propietarios, los pobladores en deudores. El resultado era esperable y hoy aún visible: un proyecto de ciudad (o falta de este) en base a una suma de lotes privados, atomizados, desprovistos de un programa colectivo”, dice Celedón.
Hoy, esa segregación se hace aún más patente con la expansión de la pandemia: “El virus ya está distinguiendo entre barrios (y países) según sus recursos y su capacidad de admitir los distanciamientos y aislamientos que demanda. Está el caso de Puente Alto, que se transformó en el foco más alto de contagiados del país. Hacinamiento, imposibilidad de hacer cuarentena, espacios domésticos inadecuados, harán visible la inequidad a través de la enfermedad”, reflexiona la académica de la UC.
Antes de 1973, la visión de la ciudad era un problema territorial y colectivo donde entidades como la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano) y la CORVI (Corporación de la Vivienda) entendían la arquitectura como piezas colectivas e integradoras de la ciudad. De esa época hay ejemplos emblemáticos como la Villa Portales, ubicada en Estación Central e inaugurada en 1966, o la remodelación San Borja, ubicada en el centro de Santiago, en las que el Estado expropió terrenos pagándolos a precio de mercado para levantar edificios en altura interconectados y con grandes áreas comunes. En 1972, incluso, el gobierno de Salvador Allende entregó las primeras viviendas sociales ubicadas en Las Condes, la Villa San Luis, que contaba con 250 departamentos que llegarían a ser mil, para quienes vivían en campamentos en esa comuna y que hoy figuran destruidos y abandonados.
Imagen del pabellón chileno en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, donde Alejandra Celedón estuvo a cargo de la muestra Stadium, sobre el cambio en la política de viviendas sociales llevada a cabo en 1979.
Durante la dictadura, en tanto, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a cargo de Miguel Kast elaboró los primeros mecanismos para diseñar, aplicar y evaluar su política social, entre los que se cuentan el Mapa de Extrema Pobreza (1974), la Ficha CAS (1977) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (1985). Con ellas se proponía una política social que tuviera como objetivo erradicar la pobreza extrema mediante el crecimiento económico y la entrega directa, desde el Estado, de subsidios a los más pobres, pero para ello se debía identificar a los beneficiarios.
“El planteamiento político fue: ‘bueno, tenemos muchos pobres, mucha demanda de vivienda y los recursos del Estado son escasos, entonces vayamos focalizando’. El concepto de focalización es el que se mantiene hasta ahora en el sentido de que se le da preferencia a los más carenciados. Bajos de Mena es un ejemplo de eso, se juntó a un grupo de gente que tenía más o menos el mismo puntaje de ficha CAS, lo que significó grandes áreas homogéneas de igual nivel de pobreza y precariedad, sin ninguna clase de integración de distintos niveles socioeconómicos. Craso error”, dice el arquitecto Ricardo Tapia.
Sin embargo, en las últimas décadas la falta de planificación y la especulación del valor del suelo por parte del mercado no sólo ha perjudicado a los grupos más pobres, sino también a la clase media a través de la construcción de grandes torres con cientos de departamentos, poco metraje y sobreprecios que han formado una burbuja inmobiliaria. “Los famosos guetos verticales obedecen a esa lógica. El mercado descubrió un nicho de gente que trabajaba en áreas centrales y que sólo necesitaba un lugar para dormir y comenzó a construir departamentos de 17 m2 y a venderlos en más de mil UF, simplemente porque había mercado para hacerlo. La verdad es que no existe una norma que regularice la cantidad mínima de m2 que debe tener una vivienda privada”, agrega Tapia.
En agosto de 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Integración Social Urbana que impulsa el MINVU y que incentiva la densificación de buenas locaciones de vivienda con proyectos privados que incorporen cuotas para viviendas sociales, lo que le permitirá a las personas acceder, con subsidios, a barrios mejor localizados. La iniciativa ya se discute en el Senado y es defendida por el ministro Monckeberg, ya que “busca acabar con la segregación”, pero ha sido más bien cuestionada por los expertos entrevistados.
“Es un cheque en blanco para las empresas inmobiliarias”, dispara Juan Correa. “Les da la facultad a los privados a seguir construyendo en lugares con buenos indicadores, cuando lo que se debería hacer es dotar de mejores servicios a los barrios de la periferia, que haya hospital, un Cesfam, colegios y profesionales de calidad, no comprimir más el centro”, agrega.
Mientras, el arquitecto Ricardo Tapia repara en la falta de conexión que existe entre la clase dirigente y la ciudadanía. “La gente de menos recursos y sectores más vulnerables no quiere irse a vivir a aquellos sectores donde vive la gente de mayores recursos: lo que la gente quiere es que sus barrios y comunas gocen de la misma calidad residencial que tienen los barrios altos, mejor transporte, más áreas verdes, mejores servicios complementarios. Lo mismo sucede con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que viene desde el primer gobierno de Piñera y que se fundamenta en cinco pilares espectaculares, en los que todos estamos de acuerdo, pero que son sólo indicativos y no vinculantes, y en los que, la verdad, tampoco se le ha pedido la opinión a la ciudadanía”.
“Creo que es fundamental volver a considerar la vivienda como un derecho”, dice el sociólogo Fernando Campos. “No creo que el problema sea la regulación, la regulación existe, pero está orientada a fines que no compartimos todos, o no se transparentan los fines a los que apuntan esas normas y ciertos grupos las utilizan a su conveniencia. A Chile no le faltan mecanismos regulatorios, le falta que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos regular las cosas. A mí me cuesta pensar, por ejemplo, que en el último año en Santiago se haya construido una mejor ciudad. Es el momento de pensar en una ciudad más equitativa con los estándares de vida, es brutal que eso no esté en discusión hoy día y es brutal también que mandemos a la gente a hacer cuarentena en su casa, pero no tengamos idea de en qué condiciones vive”.
Aquellos que aún no se hayan dado cuenta de la verdadera calidad del espacio en el que viven, lo harán ahora gracias a la cuarentena, y aún más si el virus se convierte en una normalidad de duración incierta. Probablemente, quienes nunca antes se sintieron como parte de un grupo vulnerable, lo sentirán ahora con condiciones más precarizadas de habitabilidad, con la invasión de sus espacios domésticos por el teletrabajo y la educación en línea y, quién sabe, la futura reducción de sus antiguos espacios de interacción como oficinas, teatros, escuelas y cines. “Estos fenómenos no son nuevos”, dice Alejandra Celedón. “Son propios de la era digital, radicalizados por la pandemia. Sin duda, el virus ha hecho visible que es imperativo mejorar y asegurar los estándares que se venían estableciendo para viviendas mínimas posibles. La crisis puede gatillar cambios profundos que nos debemos hace ya largo tiempo. Si la ciudad es parte del problema, también puede ser parte de la solución”.
La situación de emergencia inevitablemente impactará en las tareas asociadas a la crianza y el cuidado infantil debido a la sobrecarga que hoy están experimentado madres, padres y otros cuidadores que deben sostener la vida conviviendo con la fragilidad y la incertidumbre.
Por Camilo Morales
El lugar de la niñez en Chile históricamente ha estado tensionado por las dificultades de la sociedad y las instituciones para garantizar los derechos y reconocer, particularmente, el carácter ciudadano y político de niños, niñas y adolescentes. El contexto de crisis sanitaria no es la excepción y se constituye como una situación que puede profundizar aún más las condiciones de invisibilización de niños, niñas y adolescentes en un momento histórico de gran vulnerabilidad e incertidumbre.
¿Cómo están siendo considerados los derechos de niños, niñas y adolescentes en esta crisis?¿En qué medida la situación de confinamiento pone en riesgo el cuidado y la protección de los derechos de la infancia? Ambas preguntas son necesarias de responder en el marco de un estado de emergencia que no sólo establece restricciones significativas a la vida cotidiana de la población infanto-juvenil, sino que también configura un escenario que tendrá severos impactos económicos, sociales, emocionales, sanitarios y educativos en el mediano y largo plazo.
Niños y jóvenes están seriamente amenazados por la envergadura de una pandemia que devela la fragilidad de un sistema que, como ya ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no cumple con los objetivos de cuidar, proteger y garantizar derechos fundamentales. Pero tampoco los considera como actores relevantes en los procesos sociales e institucionales que afectan directamente sus vidas. Estos antecedentes son críticos en un momento donde las brechas preexistentes pueden aumentar e impactar gravemente en esta población que siempre ha tenido barreras para expresar y visibilizar sus demandas.
Pensar el lugar de la niñez y los efectos derivados de esta crisis, como las experiencias de encierro y confinamiento, constituyen elementos prioritarios que deben ser considerados en la elaboración de medidas y políticas que no estén limitadas, exclusivamente, a prevenir y controlar la propagación del virus, sino que incorporen una perspectiva que reconozca las necesidades y los derechos de la infancia y la juventud que hoy se encuentran en riesgo como consecuencia de una recesión económica en ciernes.
La pandemia no es sólo una amenaza para la salud pública o para la vida biológica, también lo es para la subjetividad, la vida en comunidad y los vínculos. En sólo semanas hemos experimentado la perturbación completa de nuestra vida cotidiana y la brutal constatación de las desigualdades sociales, económicas, educacionales y de género para el ejercicio del cuidado y la protección de la infancia.
Muchas familias con niños carecen de los recursos para protegerse a sí mismas y cuidar de otros: enfrentan incompatibilidad para implementar teletrabajo desde el hogar; carencia de ingresos; condiciones habitacionales de hacinamiento; pérdida de empleo, etc. La situación de emergencia inevitablemente impactará en las tareas asociadas a la crianza y el cuidado infantil debido a la sobrecarga que hoy están experimentado madres, padres y otros cuidadores que deben sostener la vida conviviendo con la fragilidad y la incertidumbre.
Por otro lado, el cierre de jardines infantiles, escuelas y colegios, así como las prohibiciones para hacer uso de plazas y parques no sólo afectan el derecho al acceso a la educación, al movimiento, al juego o a la recreación. También dan cuenta de un fenómeno inédito para nuestra sociedad, como es la situación del abandono masivo de niños, niñas y adolescentes de los espacios públicos y su repliegue forzado para confinarse al interior de la familia.
Situación paradójica si miramos los últimos meses, a partir del estallido social, donde la apropiación de los espacios públicos, particularmente por parte del mundo estudiantil adolescente, permitieron un sinfín de nuevos significados y expresiones que dejaron huellas en distintos rincones de la ciudad a través de iniciativas colectivas que generaron un importante sentido de pertenencia.
Hoy en día, el panorama es radicalmente distinto, las medidas de cuarentenas obligatorias y voluntarias han tenido como efecto que niños, niñas y adolescentes dejen de participar de los espacios públicos y tengan más dificultades para mantenerse vinculados a otras instancias sociales e institucionales. Las posibilidades para expresarse y dar cuenta de sus experiencias se reducen drásticamente cuando sólo son considerados como receptores pasivos de medidas que los afectan en su autonomía, desarrollo y bienestar, como es la situación del cierre de colegios y escuelas.
Por lo mismo, resulta relevante en este escenario repensar el rol de las instituciones encargadas de la educación y la protección de la niñez a través de la implementación de dispositivos que permitan promover los vínculos, el intercambio de experiencias y el encuentro con otros. Se trata, en definitiva, de hacer presencia y facilitar la generación de espacios colectivos que sostengan y apoyen a los niños y jóvenes que ven afectada la continuidad de aquellas relaciones que son significativas.
Por otra parte, el confinamiento impone una nueva cotidianidad que se caracteriza por la superposición del trabajo, los estudios, la crianza y la vida familiar en una continuidad abrumadora que puede dificultar la diferenciación de roles, tareas y espacios al interior del hogar. Lejos de las idealizaciones sobre trabajar y estudiar desde la casa, estas experiencias han sido fuente de agobio y sufrimiento para niños y familias que no tienen condiciones que les permitan enfrentar las exigencias y el ritmo de esta nueva forma de “normalidad”.
“Es imprescindible recordar que pese a las resistencias históricas para reconocer y legitimar su capacidad de agencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, actores sociales y miembros activos de la comunidad”.
Lamentablemente, nuestro sistema alimenta la idealización de estas nuevas condiciones de vida, invisibilizando las dificultades y el malestar circunscrito al ejercicio del cuidado infantil, que sin soportes y apoyos concretos se ha transformado en un esfuerzo individual y privado, cuyo único acompañamiento han sido principalmente las orientaciones y consejos de los especialistas que, al día de hoy, pueden entregar alivio a una parte de la población, pero que en el largo plazo no serán suficientes dada la fragilidad a la que estamos expuestos en nuestras actuales condiciones de vida.
Resguardar los derechos de la niñez, entonces, requiere de una comprensión del cuidado más allá de la esfera de la responsabilidad parental y la crianza individual. En tiempos donde los vínculos sufren por la discontinuidad y el distanciamiento social, es fundamental construir espacios de cuidado que operen de forma colaborativa y colectiva.
A su vez, en un contexto de emergencia sanitaria, no es posible sostener la protección de los derechos de la infancia sin la participación de la sociedad y el Estado a través del desarrollo e implementación de políticas que consideren las necesidades y las perspectivas de niños, niñas y adolescentes. Es indispensable incorporar una visión del cuidado donde deben articularse elementos económicos, laborales, habitacionales y perspectiva de género para una comprensión lo suficientemente amplia del cuidado y la proteción de la niñez que no reproduzca las desigualdades que ya todos conocemos.
Es imprescindible recordar que pese a las resistencias históricas para reconocer y legitimar su capacidad de agencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, actores sociales y miembros activos de la comunidad. Este tiempo de crisis es también una oportunidad para implementar medidas que consideren sus voces, puntos de vista y sus experiencias personales y colectivas.
Tengo una especie de pensamiento vinculado a que muchas cosas terribles han pasado en la historia de la humanidad, a que esto no es lo peor, a que estas cosas pasan. Pasan para recordarnos como humanidad completa que hay dolor en esta tierra herida. Que hubo dolor. Que está habiendo dolor. Que habrá dolor. Que venir a la vida es venir a la muerte.
Por Ana Harcha Cortés.
Pienso en Chernóbil.
Pienso en la vida antes y después de Chernóbil.
Pienso en que nunca he estado en Chernóbil.
Pienso en mi memoria cuando explotó Chernóbil.
1986. Pitrufkén. Sur de Chile. Chernóbil es la imagen de una enorme nube de humo en la televisión marca Dayco. Chernóbil es una explosión nuclear en el país de los malos –según el relato hegemónico dominante por estos lares–, la Unión Soviética. Chernóbil son babushkas llorando. Chernóbil, después de la explosión, es una zona prohibida. Chernóbil, después de la explosión, es una zona radioactiva. Se descontaminará en 100.000 años. La nube radioactiva se expande por todo el planeta. Hay muertos. Habrá más muertos. Muchos enfermarán de cáncer sin límite de edad o condición social. Nacerán niños y niñas deformes. Bebés monstruos. Con bocas gigantes, sin ojos, con apenas retazos de orejas. Niños y niñas erizos de Chernóbil. Niños y niñas luciérnagas, cuyos cuerpos se iluminarán, fosforescentes, por las noches. Yo tengo 10 años y alucino con estos posibles seres humanos. Me fascinan y me aterran. Mi cuerpo no es demasiado deforme por afuera, pero tengo la certeza de que esa falsa normalidad durará unos pocos años, porque me percibo deforme, monstruosa, erizo, luciérnaga, rara. Chernóbil. El mundo cambió después de Chernóbil. No se puede afirmar que fue mejor, pero no fue el mismo. El guion del mundo cambió después de Chernóbil.
Pensar en el presente no está resultando un ejercicio nítido y fácil.
Pensar en el presente sobre lo que nos está pasando.
Mascarillas abandonadas tras el desastre de Chernóbil.
A veces la infodemia acompaña los sucesos del fenómeno de la pandemia más que la misma pandemia. Me sirve y no me sirve leer a otros sobre lo que está pasando, para escribir, proponer algo sobre qué reflexionar. Análisis, comentarios emergentes en un día, se transforman en ingenuidades montañosas a la semana siguiente. Mi cuerpo se resiste a hablar del presente, entonces. No sé lo que está pasando. No sabemos. Quizás, efectivamente, muchas veces no sabemos lo que está pasando, pero nos ayuda la ilusión de que sí sabemos. Quizás, una de las cuestiones que emerge más evidentemente como común es la sensación de incertidumbre. La activación en diversos planos de la vida –o, de plano, en la vida entera– del principio de incertidumbre, de que el cambio de un solo factor producirá resultados inesperados.
Quizás, y aquí otro error permanente, esto siempre está, pero hemos constituido un sistema de percepciones que se ha encargado de negarlo, estimulando la sensación/idea de que sí podemos planificar proyectos, el futuro, nuestras vidas. No estaba en mis planes escribir sobre una pandemia, pero aquí estoy, intentando tejer algo de aquello que consigo aún concebir como perenne en la configuración de sentido del habitar en el mundo, con algo de la pandemia sin que el gran tema sea la pandemia. Yo no sé mucho (por no decir nada) de pandemias. Es la primera vez en la vida que pienso en ello y sólo porque estamos viviéndolo. Posiblemente, cuando esta situación de excepción pase –porque me aferro a ello–, mi reflexión no sean las pandemias –ya existe y continuará existiendo gente que se dedique seriamente a pensar específicamente en ello–, sino aquellas cosas perennes que en este momento de pandemia emergen también como los lugares situados, desde los que sí siento algo más de tranquilidad para hablar. La sensación permanente que tengo es que en estos últimos meses las cosas se están transformando y están cambiando hacia algo que ninguno de nosotros puede predecir. Esto no excluye que sí podamos imaginar, desear o trabajar porque esa transformación se parezca a algo de lo que somos capaces de formar parte activando nuestras respons-habilities (Haraway), que sería algo así como responder con nuestras habilidades.
I. Comprender mejor la vida de un hámster
Bajo al espacio común de mi edificio a moverme un poco. Pertenezco a ese pequeño grupo de personas que, en esta circunstancia, en este país del Tercer Mundo, puede darse el lujo de trabajar desde casa a través de un computador durante ocho, nueve o más horas diarias. Descubrimos que el teletrabajo es adictivo. Si no para uno mismo a este lado de la pantalla, para alguna otredad al otro lado de la pantalla; entonces comienza un ciclo que se retroalimenta entre los lados de la pantalla. Para algunas tareas, el teletrabajo es muy efectivo. Para otras, un fracaso radical. Pero consigue disciplinarnos como no sabíamos que podíamos hacerlo en un escritorio, frente a un computador. Es bio-psico-hormono político el ejercicio de este poder. Está transformando condiciones y conciencias sobre nuestra relación con el trabajo a nivel personal, pero, evidentemente, también a nivel sistémico. La paranoia de ser parte de un macabro experimento se apodera de mis pensamientos. Qué útil a ciertos poderes cada cuerpo individualizado frente a una pantalla, intentando conexiones virtuales. Dispuestos a entregar todos los datos almacenados en nuestros segundos cerebros –los computadores– con tal de poder establecer una comunicación, una reunión.
Bajo al espacio común de mi edificio a moverme un poco. Necesito salir de estos pensamientos. Necesito sentir que mis ojos no se están atrofiando mirando un cuadrado de 17×30 centímetros todo el día. Necesito elevar mis ojos al cielo. Ejercitar el músculo del ojo que mira más allá, al infinito. Me recuerdo que el infinito existe. Después camino, troto, corro de un lado a otro del pequeño patio de concreto. Alterno detenciones a mirar al cielo con este ejercicio de trotar-correr en el pequeño patio de concreto. De un lado a otro. Pienso en un hámster doméstico. Pienso en todas las veces en que pensé que no entendía para qué daban vueltas en una rueda que no los transportaba a ninguna parte. Siento que mi vida se parece a la vida de un hámster y entiendo por qué se meten a la rueda a dar vueltas en el mismo lugar, sin desplazarse. Ambos somos mamíferos. Ambos somos animales. Ambos necesitamos movernos, activar el movimiento en nuestros cuerpos para sentir que estos actúan en toda su potencia. Aunque estemos encerrados. Pienso entonces en el movimiento como forma de supervivencia y de resistencia. Pienso en el movimiento como un campo de batalla. Pienso en que quiero tocarlo todo, mirarlo todo, sentirlo todo, contactarme con todo, con todos los sentidos y naturalezas de lo vivo y lo no vivo. Me posee un éxtasis de materialidad y movimiento.
Recuerdo. Recuerdo los meses precedentes, embriagados de colectividad, en las calles. Conversando, discutiendo, asambleístas, marchantes, danzantes, protestando, actuando, performativizando, resignificando, caceroleando, proponiendo un deseo de país desde un movimiento político social extraordinario que realizó gestos colectivos extraordinarios. Que en estos momentos está contenido y reprimido en casas, departamentos y cárceles. Subrayo: contenido, reprimido; no detenido. Tengo el privilegio también de participar de la transformación de sus modos de acción y relación. La revuelta tiene en el horizonte la recuperación de la plaza. La recuperación de lo público. La defensa de lo público. No sabemos cuándo eso volverá a pasar ni exactamente cómo. Pero sí sabemos que lo podemos desear. Organizar. Nada de lo que está sucediendo es ajeno a las demandas previamente instaladas. Al revés, la peste actúa como un ratificador de las exigencias de una masa, de un pueblo, de una pobla que lleva muchos años viviendo y sobreviviendo en zonas de exclusión. Anhelo ese horizonte con más fuerza que antes y al mismo tiempo intuyo el despliegue de una enorme política de represión sobre los cuerpos colectivizados. Carne y cañón, carne y perdigones, carne y rejas, carne y cámara, carne y chips, carne y control. Corro otra vez de un lado a otro del patio. Estoy experta en su dimensión. Puedo trotar a lo largo, hacia atrás, en reversa, sin mirar y sin chocar. Mide siete árboles medianos; dos ventanales; seis bancas; ocho Anas Harcha extendidas en el suelo; 30 bicicletas estacionadas; aire; luz. Quiero que nos gobierne el sentido del tacto, el sentido del contacto. Al patio común entra una vecina con su perro. Nuestros cuerpos se sorprenden del encuentro, se ponen en alerta, y una vez hemos comprobado que estamos lo suficientemente lejos, nos saludamos con los ojos que asoman sobre nuestras respectivas mascarillas.
Performance callejera en barrio Lastarria, durante los meses de estallido social. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.
Una cosa es lo que se desea, otra cosa es lo que sucederá.
La incertidumbre otra vez, recordándonos que no podemos pretender tener el control. Las cosas suceden con, en relación a: un bichito, un virus, una vecina, un gobierno, un espacio, un territorio, una ciudad. Una zona. El espacio no mide de un modo fijo, se mide respecto del acuerdo que se establece para su habitación. Se expande y se contrae según una necesidad, según un ejercicio del poder, del biopoder; hoy, del bichopoder. La vida está en movimiento. Por eso el hámster corre en su jaula, dentro de su rueda. Si habitamos con los reinos de mineralia, vegetalia o animalia, estamos en peligro de vida. De movimiento, de diálogo, de incertidumbre respecto de alguna de las formas de manifestación de estos reinos. Dejo una vez más de tener certezas. Elijo una pregunta: ¿cómo será la vida en esta tierra herida?
II. Las zonas prohibidas
Otra vez no sé en qué es más importante pensar. Vuelvo a Chernóbil. Estoy enferma. Medio loca. Siento una especie de inexplicable extraño alivio al ver documentales sobre Chernóbil. Similar a lo que comentaba la escritora Mariana Enríquez en su columna para Página/12, en Argentina. Una especie de pensamiento vinculado a que muchas cosas terribles han pasado en la historia de la humanidad, a que esto no es lo peor, a que estas cosas pasan. Pasan para recordarnos como humanidad completa que hay dolor en esta tierra herida. Que hubo dolor. Que está habiendo dolor. Que habrá dolor. Que venir a la vida es venir a la muerte. Somos finitos, vulnerables, decadentes, mortales, cuestión de la que somos conscientes en ciertos momentos de nuestra experiencia singular de vida, pero de lo que ahora estamos siendo conscientes de forma colectiva, planetaria.
Nos sucederán cuestiones extraordinarias como generación y habrá sobrevivientes. Maremotos de restablecimiento de equilibrios entre todas las fuerzas de estar aquí. Cuando era pequeña, 1986, 10 años, Pitrufkén, identificaba tres miedos colectivos fundamentales: el miedo al terrorismo de Estado; el miedo a una guerra nuclear (la imagen de una mano con el poder de apretar un botón y hacer desaparecer a la mitad del mundo); el miedo a la invasión extraterrestre. El primer miedo ha vuelto a emerger, el tercer miedo sólo parece pervivir en la esposa de nuestro actual presidente, y el segundo comenzó a desmoronarse con la explosión de Chernóbil. No se puede decir que el mundo fue mejor después de Chernóbil, pero sí se puede decir que no fue el mismo. La Guerra Fría cambió de rumbo. En una parte de nuestro relato de Tercer Mundo falsamente occidental comenzamos a sentirnos más tranquilos. Chernóbil fue declarado zona prohibida en un radio de aproximadamente 30 kilómetros a la redonda. En mi obsesión insomne con esta tragedia que cambió al mundo, leo que Alla Ivanivna, una mujer que en 2014 tiene 87 años, nunca salió de esa zona, negándose a irse de su pequeña casa porque ahí estaba su vida, sus memorias, sus afectos, porque no tenía adónde más ir. Alla Ivanivna ha vivido un tercio de su vida en la zona de exclusión. En la zona radioactiva. Entonces, en este viaje de insomnio, de búsqueda de sosiego en una tragedia distanciada, pienso en todas las Alla Ivanivna de nuestra tragedia social y sanitaria. Todos aquellos que pandemia o no mediante, viven en una zona de exclusión. Así, Chernóbil se cono-sur-iza, se chileniza, se santiaguiniza, se convierte en Chernóbil-San Pablo; Chernóbil-Plaza Yungay; Chernóbil-Cárcel de Puente Alto; Chernóbil-metro y micros de esta ciudad herida. Territorios-cuerpos para los cuales la inminencia de la muerte se manifiesta nítidamente, cada día, en hambre y otras formas de violencia como racismo, machismo, sexismo, clasismo, homofobia, pobrezafobia –aporofobia–, explotación, extractivismo, precariedad laboral extrema, tala indiscriminada, salmoneras contaminantes, sequía.
Me permito otorgarnos el desafío de habitar este presente, radicalizando aquello que sí queremos vivir. En esa idea de retorno de la normalidad que se indica, ¿cómo nos encontraremos otra vez en la plaza? ¿Cómo se hará danza, teatro, performance? ¿Vamos a querer seguir produciendo en las condiciones preexistentes? ¿Vamos a contar las mismas historias tal y como las contamos hasta ahora?
La situación actual desnuda estas zonas de exclusión perennes, cuya ilusión general de no existencia sólo se sostenía en el relato de la imposibilidad de detener de toda la gran estructura. Como grababa un rayado durante la revuelta en las calles: “Antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es verdad”. Chile, como laboratorio de las más radicales políticas neoliberales, ha implicado e implica la permanente ejecución de necropolíticas(Mbembe) donde sin armas se ha ido eliminando a los excluidos a través de la negación de derechos sociales fundamentales (salud, educación, vivienda, pensiones, medio ambiente). Negación que saca de juego, silenciosa y cotidianamente, a cada cuerpo que se vuelve improductivo para un Estado controlado por holdings y conglomerados comerciales que privatizan estos derechos, convirtiéndolos en bienes de consumo a los que se accede –o no– y hacen girar –o no– la rueda del consumo, la deuda y el mercado. En este sistema, los cuerpos que habitan no son masacrados de forma evidente, sino que se los deja morir en vida o se intenta convencerlos de que la sobrevivencia es el supremo estado de experiencia vital al que se puede aspirar. Una sociedad criminal. Una sociedad medio caníbal.
Zonas de exclusión. Vidas para el sacrificio. Esto no sólo pertenece a Chernóbil. Esto es mi barrio. Alla Ivanivna, camina por la vereda que veo a través de mi pequeño balcón. Alla Ivanivna vende ajos a mil en una manta en San Pablo para pagar la comida y techo del día. Alla Ivanivna, que no tiene dónde más ir, duerme en la plaza que está a una cuadra, en un colchón húmedo, bajo una carpa de frazadas. Esto pertenece a nuestro territorio. Chernóbil es Petorca. Chernóbil es Tirúa. Chernóbil es Puerto Williams.
Mi mente vuelve al mitote de pensamientos. Elijo otra pregunta: ¿Para qué queremos seguir viviendo?
III. Hay (otra) vida en Chernóbil
Quisiera que el humus contara la historia de todo lo humano y lo no humano.
¿Cómo hablarían de nosotros las piedras, los océanos, un átomo de un reactor nuclear, una matita de toronjil, un ceibo, los zorzales urbanos, una orquesta de jabalíes, el propio bicho? ¿Cómo sería la historia de esta pandemia narrada por el virus? (directamente por el virus, no por un humano haciéndose pasar por el virus). ¿Cuál sería su lenguaje?
Escribo desde el lugar situado de asumirme como una trabajadora de las artes. Por ende, asumo que lo que hago propone una relación con el mundo desde la práctica de la generación de un lenguaje, conocimiento y saberes ligados a la experiencia estética. En mi caso, fundamentalmente, ligados a las artes escénicas y también al ejercicio de la escritura. Sigo sin saber cómo se resolverá todo este estado de las cosas o hacia dónde exactamente nos conducirá. No imagino que sea fácil e intuyo que una serie de propuestas inimaginables, hasta ahora, emergerán. Tanto de aquellas que trabajan a favor de la diversidad de la manifestación de la vida como de aquellas que circunscribo a los poderes mortíferos de esta existencia terrícola. Con todo, me parece fundamental insistir en las cuestiones que he planteado en este texto. Hoy mismo, a pesar de que me invaden profundas dudas sobre para qué sirve lo que hacemos los artistas en este contexto de crisis, reconozco al mismo tiempo que este es un ejercicio a través del cual he aprendido a establecer una relación con la tierra y con sus sangrantes heridas, como muchas otras personas, a lo largo de los siglos, dedicadas a estos haceres y oficios. Por tanto, me permito otorgarle el beneficio de su inútil necesidad como parte de la experiencia vital. Luego, al mismo tiempo, me permito otorgarnos el desafío de habitar este presente, radicalizando aquello que sí queremos vivir. En esa idea de retorno de la normalidad que se indica, ¿cómo nos encontraremos otra vez en la plaza? ¿Cómo se hará danza, teatro, performance? ¿Vamos a querer seguir produciendo en las condiciones preexistentes? ¿Vamos a contar las mismas historias tal y como las contamos hasta ahora? ¿Cuáles serán nuestras prioridades de relación? ¿Cómo se radicalizarán, profundizarán o expandirán nuestras preguntas de lenguaje? ¿Cómo nuestra acción performativa, si aún seguimos creyendo en ella, activará mundos multiespecies a partir de su potencia material y las relaciones que establecemos entre los cuerpos, los espacios y las cosas?
Vista de la abandonada ciudad de Prypiat, al norte de Ukrania, donde en 1986 explotó el reactor de la planta nuclear Chernóbil.
Me gustan propuestas que vienen desde hace un tiempo ya, como la de la bióloga feminista Donna Haraway para seguir con el problema; me gusta la potencia imprevisible contenida en la capacidad de responder con nuestras habilidades, desde lugares situados, pero al mismo tiempo comprendiendo la imposibilidad de tener una respuesta definitiva sobre las cosas; me gusta la potencia política de actuar simpoiéticamente (con aliados situados en potencias compatibles); me gusta la idea de imaginar utopías posibles –y ya no distopías, para eso la estamos viviendo– en donde podamos generar hábitats vitales para una existencia en redes de parentesco que cuiden lo vivo, más allá de lo humano, y en donde comprendamos que somos, permanentemente, con.
Mi obsesión actual con Chernóbil comenzó cuando vi unas fotografías de lobos habitando y jugando dentro de la zona de exclusión. Luego vi fotografías de alces, nutrias, jabalíes. Luego de plantas y árboles. Seres vivos que se han transformado y regenerado en una nueva vida, en ese espacio radioactivo, al no estar compelidos por las presiones humanas. Presiones crueles que hemos ejercido como humanos con todo lo que no es lo humano –animales, territorios, minerales, organismos microscópicos, vegetales, elementos–, y también con nuestra propia especie, sobrevalorándonos exageradamente al tiempo que haciéndonos los mayores daños.
Me gustan las visiones de mundo de los pueblos indígenas que comparten el factor común de entenderse en relación a todo lo que les rodea, como especies en igualdad de derecho a existencia. De reconocimiento a presencia.
Me gusta pensar que podemos insistir en mundos más atentos al cuidado de las vidas que ya existen, que ya estamos acá.
Me gusta pensar que lo anterior implica pensar, también colectivamente, en la pertinencia de la continuidad de la reproducción sin pausa de nuestra propia especie.
Ya hay tanto que cuidar.
Chernóbil es la memoria de un desastre que cambió una de las grandes narrativas del mundo, del siglo XX. ¿Qué narrativa cambiará esta crisis y cómo participaremos de ello? ¿Para quiénes queremos la vida? Hoy, hay (otra) vida en Chernóbil. Yo me maravillo y aferro a esa terrícola inteligencia vital.
Amigos y amigas imaginarias acompañantes de esta escritura: Mariana Enríquez, La ansiedad ¿Hay que opinar sobre la pandemia? Donna Haraway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno Achille Mbembe, Necropolíticas Silvia Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos para un presente en crisis
La llamada “crisis informativa” en que nos ha situado la pandemia y el aislamiento social debería suponer una oportunidad para las grandes industrias de la comunicación periodística de poder posicionar su labor informativa y educativa por sobre el bochorno que ha significado su tendenciosa cobertura del reciente estallido social. Sin embargo, los medios han demostrado no estar a la altura y por eso y muchas otras razones se fortalece una escena alternativa, mayor y más diversa, que da cuenta de audiencias no menores que no se ven representadas en los grandes medios, ni sus voces ni sus imágenes ni sus vivencias.
Por Juan Enrique Ortega
Pensar hoy los procesos comunicativos que se producen desde el sector social conlleva analizar un complejo número de variables que superan ampliamente el llamado periodismo ciudadano o periodismo popular como concepto. Las diversas estrategias de libre apropiación que se hace de las técnicas y usos de la comunicación desde múltiples colectivos, organizaciones y movimientos desafían incluso los formatos mediáticos para reelaborar y adaptar la herramienta en defensa del derecho a la comunicación.
“El neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática”, dice Wendy Brown.
La industria de la comunicación junto, a sus estructuras de poder y producción de sentido social, enfrenta profundas transformaciones, no sólo por la vertiginosa revolución tecnológica que habitamos y que afecta a los medios, modificando las bases y los objetivos modernos de estas plataformas de comunicación, sino también por la profunda hibridación de formatos, estilos y géneros que afecta al periodismo también, como una parte importante de la reproducción de los relatos cotidianos de una sociedad.
En la cancha de los medios comunitarios, populares y la construcción mediática alternativa, es aún más frenético este momento de mutaciones y redefiniciones, porque dicha escena tiene una necesidad mayor de permear audiencias incidiendo en la opinión pública, una urgencia por resignificar los discursos oficiales y poder instalar nuevas visiones de país, territorio y comunidad, conceptos que hoy no existen en los flujos comerciales de información. Chile es un caso único por la ausencia paradigmática de debates relacionados con la comunicación, lo que incide en lo diverso, espontáneo y rizomático de los ejercicios y formatos de apropiación comunicativa.
La llamada “crisis informativa” en que nos ha situado el momento de pandemia y aislamiento social debería suponer una oportunidad para las grandes industrias de la comunicación periodística de poder posicionar su labor informativa y educativa por sobre el bochorno general que ha significado su tendenciosa cobertura del reciente estallido social. Cómo no reconocer este momento histórico para reposicionar una cobertura que contextualice, analice, informe y eduque acorde a la crisis de relato civilizatorio que estamos viviendo. Cómo no soñar con medios que reflejen los diálogos necesarios para una sociedad, donde se proyecte el nivel de debates que debemos abordar.
Lamentablemente, la oferta ha sido una confirmación de lo que ya es vox populi en nuestro país: coberturas sesgadas centradas en el Estado como actor principal de la pauta. Medios esclavos de cifras que ni siquiera cuestionan, que sobreviven encadenados al morbo de la discriminación por género, raza, condición social y tantas dimensiones de vulnerabilidad.
El Covid-19 no sólo está demostrando la ineptitud de la clase dirigente para enfrentar la situación, sino también el silencio cómplice de un gran grupo de medios que se pone al servicio del reporteo simplista y la mediocridad informativa. Los medios de comunicación no han demostrado estar a la altura de los lineamientos éticos mínimos en un contexto de pandemia y, más aún, afirman su servil rol al sector dominante de turno. El levantamiento popular iniciado en octubre y que se prolonga este año, reafirmó que la industria mediática nacional no cumple su rol de informar de forma pluralista ni representa los intereses de la diversidad de sectores de la sociedad chilena.
Hoy más que nunca hay, desde la ciudadanía, una explosión de voces, de preguntas, de debates negados por años y de exigencias a actores importantes de la sociedad. Si dicho flujo discursivo no encuentra cabida en las editorialidades empresariales lo hará en diversos canales que hoy construyen las propias comunidades excluidas. Las esferas de comunicación alternativa hoy están bullantes por esa y muchas razones.
Otra comunicación
En Chile, el movimiento de comunicación popular alternativa no es nuevo, existen desde al menos cuatro décadas iniciativas mediáticas y no mediáticas que desde la experimentación han abierto canales de expresión popular por donde se cuelan las voces de hombres y mujeres, niños y niñas, con mensajes reales de las vivencias populares. La radio comunitaria, la televisión popular, los medios y espacios de comunicación de pueblos originarios, redes feministas, migrantes, territoriales, socioambientales y de diversos sectores pueblan hoy la oferta mediática alternativa.
Sin duda, hoy, gracias al avance del acceso a internet y múltiples herramientas de grabación, producción audiovisual, transmisión y circulación masiva de mensajes, la parrilla desde la escena alternativa es mayor y más diversa, lo que da cuenta de audiencias no menores que no se ven representadas en los grandes medios, ni sus voces ni sus imágenes ni sus vivencias.
La ausencia y debilidad de medios públicos, que han sido fundamentales en las democracias modernas del mundo, nos tiene sobreviviendo a merced del mercado de las comunicaciones, de la dictadura de los formatos, discursos e intereses que estas grandes fábricas de sentido común instalan sobre nuestra cotidianidad. No es una tarea fácil y no todos y todas somos conscientes de su envergadura.
Contar, por lo tanto, con medios alternativos fuertes es una necesidad profunda de la sociedad global, necesidad que abarca la urgencia por legislar con enfoque de derecho sobre el acceso a las frecuencias y los monopolios mediáticos y construir opiniones públicas locales que fortalezcan el debate en los territorios, descentralizando la visión de país que hoy vemos repetida de norte a sur.
En tiempos de Covid-19, los medios y plataformas alternativas, comunitarias y populares son las que están denunciando la realidad de territorios que hoy no tienen cómo lavarse las manos pues la sequía y el saqueo los ha dejado sin agua. Tienen un tratamiento de la información más ético, responsable y solidario que lo que podemos encontrar en los medios de comunicación tradicionales.
La sociedad civil hoy se apropia de las comunicaciones no pensando en fundar medios ni levantar estructuras verticales, sino que se articula en roles funcionales a la concreción de objetivos comunicacionales particulares y generales. La mayoría de esos esfuerzos se divide en lógicas productivas (registro y producción de mensajes desde esferas alternativas, con actores sociales comunitarios y en códigos coloquiales) y lógicas circulatorias donde lo principal es participar de un ejercicio viralizatorio de mensajes, imágenes y formatos virtuales que participan de la guerrilla diaria de la información. En cada uno de estos esfuerzos hay una constatación básica: los medios de comunicación no “nos” reflejan, no dan cuenta de voces que deberían estar.
Rol de la comunicación alternativa en tiempos de infodemia
Aun cuando la tradición de la comunicación alternativa en Chile ha tenido un desarrollo mayor en los formatos mediáticos, radio, TV y prensa, desde hace más de una década el desarrollo de experiencias de comunicación se asocia mucho más a colectivos fotográficos, equipos audiovisuales y grandes “centrales” de publicación en plataformas de redes sociales. Formatos como el diseño, la ilustración y la gráfica mixta son los que hoy recorren millones de teléfonos al día.
Los nuevos formatos de la comunicación hoy muchas veces eluden el escenario de “los medios” y establecen identidades y referencias desde la virtualidad, ya no desde un territorio específico o una comunidad. Se trata de transmisiones y programas que se emiten desde espacios cotidianos no lujosos y que están cumpliendo un rol educativo y liberador de muchas audiencias.
Las diversas faunas que hoy habitan y conviven en la esfera comunicacional alternativa participan de ejercicios de producción espontánea de formatos periodísticos hechos desde la contrahegemonía temática, de fuentes y de estilos, y construyen estrategias de circulación y masificación de mensajes, imágenes y videos. En cada una de estas apuestas se deconstruye una realidad mediática y se crea relato social con autonomía.
En tiempos de Covid-19, los medios y plataformas alternativas, comunitarias y populares son las que están denunciando la realidad de territorios que hoy no tienen cómo lavarse las manos pues la sequía y el saqueo los ha dejado sin agua; son los espacios donde las comunidades migrantes intercambian estrategias para sobrevivir al racismo y discriminación que se instala desde las grandes esferas; son los espacios donde millones de mujeres intercambian estrategias para prevenir, disminuir y denunciar la violencia patriarcal en tiempos de encierro; donde se educa a los trabajadores en derechos básicos ante la crisis económica que se avecina.
Los movimientos sociales y organizaciones territoriales que desde hace décadas vienen entregando discursividades, testimonios y consignas desde la experiencia profunda del neoliberalismo, usan hoy los espacios comunicacionales para dialogar y proponer un tratamiento de la información en tiempos de pandemia, uno mucho más ético, responsable y solidario que lo que podemos encontrar en los medios de comunicación tradicionales.
Los medios alternativos nos muestran la crisis en la salud primaria de localidades en regiones, enfrentan y desenmascaran falsos discursos de autoridades, organizan e informan de cadenas de ayuda y visibilizan la autogestión popular de la salud, la educación y la sobrevivencia en crisis económica. Son las radios populares las que conmemoran los seis meses de la revuelta social, los núcleos audiovisuales independientes los que nos muestran cómo las propias comunidades sanitizan las calles, cómo el Estado, que dejó de estar, ha sido reemplazado precariamente pero con dignidad, por estrategias solidarias y colectivas.
Sin embargo, no basta con tener y sostener espacios de denuncia transversal, sino que es necesario apostar también a la construcción de nuevos espacios de interacción y reinterpretación de los discursos oficiales, con incidencia indirecta pero real en la esfera social cotidiana, ya sea de la mano de la convergencia del meme, la ilustración, el diseño, el podcast y la producción audiovisual.
La esfera comunicacional alternativa hoy es un amplio espacio de interacción espontánea a través del que se ejercen nuevas estrategias discursivas, donde se pone en vitrina a nuevos sujetos sociales y se reproducen nuevas formas de ser en el mundo. Son las voces vivas de una ciudadanía que bulle bajo la opinión pública convencional, relatos de resistencia al modelo que se multiplican y resginifican a alta velocidad.
En tiempos de crisis social y de pandemia sanitaria-informativa, a la comunicación comunitaria, alternativa y popular no le corresponde ni imitar ni adaptar los formatos comerciales, tampoco esforzarse por llenar los vacíos de los medios públicos ausentes en Chile. A las voces, relatos y medios de la esfera social les corresponde subvertir los discursos oficiales, poner en duda y debatir colectivamente con las audiencias prosumidoras sobre horizontes políticos, culturales y también sanitarios, reformulando los sentidos de la comunicación, del periodismo y de la construcción de realidad. La comunicación comunitaria es el síntoma de un pueblo que reflexiona, dialoga y se hace preguntas sobre la realidad.
Hoy es un deber colectivo sumar voces al debate y participar ya sea de la producción, circulación o resemantización de la información. La necesidad de expresar, dialogar y articular voces es demasiado profunda para dejarle la pega a los medios tradicionales.
La actriz y gestora cultural es una de las creadoras de Escenix, la plataforma digital para ver teatro local anunciada el año pasado y que fue lanzada hace unas semanas en medio de la crisis asociada a la pandemia. La contingencia sanitaria que tiene a las salas y centros culturales cerrados ha hecho que el teatro y otras disciplinas artísticas deban adaptarse al mundo digital y, en ese sentido, Rivadeneira explica cómo ha mutado el proyecto original y cómo le gustaría que siguiera a futuro.
Por Florencia La Mura
Dentro del mundo del arte, muchos espacios nacionales han tenido que adaptarse al mundo digital como única manera de mantenerse vivos en medio de una pandemia que impide todo lo presencial. Entre ellas están las distintas opciones digitales que han nacido desde las artes escénicas y audiovisuales, como es el caso del programa delivery que inició el Teatro Municipal en su sitio web, u otras plataformas que ya existían, pero que hoy se han visto potenciadas, como Ondamedia.cl, que reúne películas y documentales chilenos y es auspiciada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Si bien en Chile la tendencia hacia lo digital es relativamente nueva y creciente, en el resto del mundo lleva tiempo, con ejemplos como Broadway HD, que reúne presentaciones en los clásicos escenarios de Nueva York desde 2013, y Teatrix, un proyecto similar que recoge obras argentinas desde 2015.
La actriz y gestora cultural Patricia Rivadeneira, es la co-creadora de Escenix. Crédito de foto: Nacho Rojas.
Con estos últimos referentes nace Escenix, una plataforma digital para disfrutar de teatro y danza, un proyecto conjunto creado entre el cineasta Esteban Larraín y la actriz y gestora cultural Patricia Rivadeneira. ¿Cuál es su gracia? No se trata sólo de un registro de las obras montadas para un escenario real, sino que involucra una verdadera propuesta visual y de montaje pensada desde un comienzo para ser vista en formato digital.
Así, en la plataforma se pueden reproducir montajes recientes como Xuárez (2016), de Manuela Infante y protagonizado por la propia Patricia Rivadeneira; Emergenz (2019), obra de danza contemporánea del destacado coreógrafo José Vidal, o Lucila, luces de Gabriela (2020), obra familiar que recorre la vida y legado de la Premio Nobel chilena, entre otras. Actualmente, el catálogo cuenta con nueve obras estrenadas en los últimos tres años, filmadas con el sello Escenix, además de otras nueve que tienen un registro distinto, de corte histórico y que pertenecen al Archivo del Teatro Ictus, una de las compañías más antiguas del país.
Conocida desde fines de los años 80 por su trabajo en televisión, teatro y performance, como por su posterior carrera dedicada a la diplomacia política como agregada cultural en Italia entre 2001 y 2006 durante el segundo gobierno de Ricardo Lagos, Patricia Rivadeneira asegura que la idea principal de Escenix es “salvaguardar a las obras de su carácter efímero” y, por otra parte, influir en la formación tanto de audiencias generales como de profesionales de las artes escénicas.
En términos prácticos, el sitio web requiere de una inscripción para acceder de forma gratuita a ver las distintas obras de teatro y danza, las que se pueden disfrutar en alta calidad con sólo un par de clicks. Para el segundo semestre -cuando sea lanzada comercialmente, como aclaran en el mismo sitio web- se comenzará a hacer un cobro (aún por definir) por la suscripción con el fin de poder retribuir económicamente tanto al equipo de Escenixcomo a las compañías que están detrás de las obras, cuenta Patricia. Además, el catálogo crecerá hasta tener unas 45 obras, sumando de dos a tres por mes, y contempla musicales y stand-up dentro de las opciones.
Lucila, luces de Gabriela, sobre la Premio Nobel chilena se estrenó en el GAM y ahora está disponible en Escenix. Crédito de foto: Patricio Melo.
Por estos días, Escenix se ha aliado a varios espacios cerrados, entre ellos, Matucana 100, con el que acaba de cerrar un convenio que permitió poner en línea la obra Arpeggione, la alabada versión de Jesús Urquieta de la obra de Luis Alberto Heiremans, con interpretaciones de Claudia Cabezas y Nicolás Zárate.Por ahora, Rivadeneira confiesa que están adaptándose a la contingencia y viendo cómo el escenario de pandemia va cambiando el proyecto.
Escenixfue trabajado para ser lanzado el segundo semestre de este año. ¿Modificó de alguna manera el enfoque del proyecto el hecho de lanzarlo en el contexto de pandemia? ¿Qué pretenden recoger de esta experiencia, sirve como marcha blanca?
Las ideas son ideas y las realidades las cambian, hay que saber moldearse. En ese sentido, si bien Escenix partió como una plataforma de streaming, como pueden ser Teatrix o Scenario o Broadway HD -que son plataformas de registro de espectáculos grabados y puestos a disposición del público por una suscripción mensual-, la realidad de las circunstancias en las que nos encontramos y en las que Escenixsale al aire han transformado completamente el proyecto. Se está convirtiendo en una especie de canal de las artes escénicas chilenas. Un espacio transversal donde estamos sellando acuerdos con distintos teatros, como Matucana 100, Mori, GAM, y recibiendo sus materiales, además de otras compañías que nos están ofreciendo registros de obras que no tienen el sello Escenix, ya que no fueron hechas para plataforma streaming, pero que en estas condiciones permiten a los artistas seguir vigentes y mantener un contacto con sus públicos.
¿Qué diferencias existen entre ir al teatro y ver una obra por Escenix y cuál es finalmente el aporte que hace esta plataforma al medio teatral?
Es distinto como lo son el sexo y el sexo virtual, no tienen nada que ver. No pretende ser en vivo, son dos cosas distintas y puede que te guste más una que la otra. No tengo una respuesta clara, creo que cada uno tiene sus propias respuestas a través de su experiencia. En un sentido social, creo que tiene validez en muchos ámbitos. Primero, en la formación de profesionales de las artes escénicas, como también en la formación de audiencias. Te permite, más allá de la experiencia de la función, que es única y que tiene una duración acotada, analizar el trabajo, volver a verlo, repensarlo, ver algo que no viste o se te escapó. Te ofrece la posibilidad de una experiencia más crítica, de repetirla. Es imposible para mis amigos chilenos que viven en Italia ver esas obras y ahora pueden. Quizás esta posibilidad de las plataformas de streaming dé la ocasión a mucha gente que no tiene acceso a, al menos, tener un acercamiento a aquellos espectáculos que de otra forma no habrían visto jamás. Por ejemplo, La iguana de Alessandra -de Ramón Griffero y estrenada en el Teatro Nacional Chileno en 2018-, no creo que se vaya a reponer en los próximos años, y ya puedes verla en Escenix. Aunque no es lo mismo que verlo en vivo y nunca lo será.
«El arte siempre ha tenido un lugar político, es un canal que se establece entre lo que está pasando, entre las realidades y las esperanzas, los deseos y las frustraciones de la comunidad».
¿De qué forma se reparten el trabajo de Escenix con el cineasta Esteban Larraín y cómo proyectan esta plataforma a futuro, post pandemia?
Esteban hace todo lo que tiene que ver con el registro y montaje de las obras. Por otra parte, junto a algunos asesores que están trabajando conmigo vemos las obras y decidimos cuáles podrían ser. En este momento no hubo mucho de eso en particular, porque las ocho obras que grabamos antes de salir al aire estaban saliendo de cartelera, lo que nos permitía ponerlas pronto en línea, y también queríamos tener una variedad de estilos y géneros y fue a eso a lo que apuntamos. Con el contexto actual, Escenix está cambiando, se está modelando y no sabemos a dónde nos vamos a encaminar. Por ahora, queremos ser un canal de las artes escénicas y no sólo una plataforma de streaming.
Ha sido un trabajo enorme, con una enorme inversión personal, que todavía no tiene ninguna posibilidad de recuperar esa inversión y tampoco por ahora sabemos muy bien por dónde vamos a poder hacer que esta plataforma siga viva y tenga ganancias y se sostenga. Siempre pensé en esto no como un negocio, porque sabemos que el teatro y la cultura en Chile nunca han sido un negocio; son contados con los dedos de una mano quienes pueden hacerlo, pero sí queremos que Escenix pueda dar un servicio de gran calidad y que pueda mantener a su staff. La idea principal es salvaguardar a las obras de su carácter efímero y después también darle a los artistas una parte de las ganancias a través de la repartición de los ingresos que existan, que en este arte es tan necesario, entendiendo lo precario que es todo. Este también es un proyecto que tiene una finalidad cultural: me daría por pagada si pudiese llevar el teatro donde no puede llegar, como las cárceles o el Sename.
De la política a la actuación y viceversa
Desde el comienzo de su carrera como actriz a fines de los 80, Patricia Rivadeneira Ruiz-Tagle (1964) destacó por su carácter desinhibido en el escenario, su multiplicidad artística y sus opiniones en contra la dictadura, las que la posicionaron como una de las artistas de la llamada resistencia cultural. Se formó en la Academia de Teatro de Fernando González y en 1987 debutó con el espectáculo Cleopatras, una agrupación musical performática donde colaboró con la artista Jacqueline Fresard, la bailarina Tahía Gómez y los músicos Cecilia Aguayo y Jorge González, quien escribió el clásico tema Corazones rojos inicialmente para ellas, quienes interpretaron la primera versión. Luego, en 1992, junto al artista Vicente Ruiz realizó una conocida y polémica performance frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en la que Patricia apareció crucificada y envuelta en la bandera de Chile como protesta contra la discriminación de minorías sexuales y étnicas.
Patricia Rivadeneira es una de las protagonistas de Xuárez, la obra sobre la compañera de Pedro de Valdivia. Crédito foto: Maglio Pérez.
Su paso a la televisión y el cine lo dio de mano de la teleserie Secretos de familia en 1986, y en la película Sussy. En los 90 también tuvo un recordado rol en Caluga o menta, ambas de Gonzalo Justiniano. Hasta fines de los 90 fue parte del área dramática de TVN en teleseries como Estúpido cupido (1995) y Sucupira (1996). Desde comienzos de los años 90 también se dedicó a la gestión cultural, organizando charlas, seminarios y conciertos con artistas como el músico Carlos Cabezas, el pintor Bororo y el fallecido actor, dramaturgo y director Andrés Pérez. Para las elecciones presidenciales de 1999 se unió a la campaña de Ricardo Lagos, donde apoyó en la creación de las bases del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para luego ser nombrada agregada cultural en Italia y secretaria ejecutiva del Instituto Italo – Latino Americano. De vuelta en Chile, Patricia volvió a actuar: en 2014 se incorporó a Mega y en teatro ha participado en importantes montajes como La contadora de películas (2014), Allende, noche de septiembre (2013) y Xuárez (2014).
Hoy, Escenix aparece como un proyecto que de alguna forma resume su diversa trayectoria en la actuación y gestión cultural.
Hace seis meses Chile vivió el estallido social que cambió totalmente al país y ahora está sumido en la crisis derivada de la pandemia por Covid-19. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre lo que está pasando?
Creo que todas las crisis siempre son oportunidades. La civilización que hemos creado es muy autodestructiva, muy poco amorosa con la propia comunidad y el resto de las especies. Me gustaría pensar que esta es una oportunidad, pero no sé si somos una especie que aprende rápido.
Comenzaste a actuar en los años 80, cuando el teatro y las artes eran un campo para combatir la dictadura. ¿Crees que persiste en ellas ese mismo rol de denuncia y resistencia?
El lugar político de las artes siempre ha sido ese, de alguna manera somos un medio social, un canal que se establece entre lo que está pasando, entre las realidades y las esperanzas, los deseos y las frustraciones de la comunidad. Muchas veces también muy premonitorio. Basta ver la cartelera de Escenix para darte cuenta de que en esas obras hay muchos temas que estaban siendo anunciados, denunciados, tocados, vistos por los artistas y que no habían querido ser vistos -ni menos atendidos- por el Estado o los poderes fácticos. Desde que el mundo existe es así, es una de las misiones y vocaciones inherentes al mundo del arte. Es el trasmisor de nuestros deseos, de nuestras distintas conciencias.
De ser actriz, luego pasaste a la diplomacia y ahora a la gestión cultural. ¿Qué lecciones te han dejado esas distintas experiencias?
Si estás del lado de la producción, del lado en que debes canalizar las necesidades, los deseos y aspiraciones de los artistas, debes intentar que sus trabajos sean vistos, apreciados, pagados. Es muy distinto, pero siempre me llamó la atención y me gustó. Quizás lo más difícil va por el lado de la ecuanimidad, ir más allá de lo que a mí me gusta, de lo que yo hubiera escogido, el libro que a mí me hubiera gustado presentar. Es ponerse con la cabeza mucho más amplia y ver la belleza, el esfuerzo y el trabajo que hay en cada cosa, más allá de mi percepción personal. Ese fue uno de los desafíos más interesantes. Aprendí que hay público para todo, pude aprender a apreciar cosas muy variadas, a escuchar con la mente y el corazón mucho más abiertos.También influyen muchos aspectos: la formación de audiencias, las necesidades, la curatoría -donde siempre hay algo personal en eso-, los criterios, y aún así nunca se le va a dar en el gusto a todos. Las cosas más populares no son siempre las mejores, eso lo sabemos.
