Recientemente, rectores, académicos, funcionarios y estudiantes de las universidades estatales, junto a las autoridades e integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados y del Ministerio de Educación, conmemoramos el primer año de la entrada en vigencia de la Ley 21.094 de Universidades Estatales.
Este es un gran logro en el proceso de reinstalar en Chile los valores de una educación pública. Para nosotros, la vocación académica se identifica con dimensiones que resultan propias, es decir, específicas, de la universidad pública. Una de sus expresiones más notables es el concepto de bien común, expresado en las ideas de pertenencia, respeto a las opiniones del prójimo, inclusión social e igualdad de oportunidades para que cada cual desarrolle sus talentos.
Pensamos que ningún sector ideológico o político debiera considerar al sector público como antagónico. La educación pública permite que prosperen desde las ideas de igualdad y equidad que propone el socialismo, hasta las que permiten hacer realidad el derecho a un desarrollo individual autónomo que defiende el liberalismo.
Para nuestras universidades, esta vocación se expresa plenamente en el requerimiento de pertinencia, de compromiso con el desarrollo del país y las regiones. Es evidente también que no es posible cumplir con tal vocación a través de una decisión unilateral. Debemos invitar a todos los poderes del Estado a tener presente que las universidades estatales son una herramienta principal para servir al conjunto del país. Debemos también asumir en conjunto que sólo el reencuentro en una sociedad cohesionada permitirá superar el actual crispamiento social y el desacoplamiento entre el accionar político de nuestros jóvenes y la institucionalidad política nacional. Una de sus expresiones más dolorosas es lo que está ocurriendo en la educación media.
Pienso que hace perfecto sentido la siguiente tesis: la destrucción sistemática e intencional de la educación pública en Chile, con dramáticas consecuencias en sus niveles básico y medio, explica en gran medida el daño a la convivencia, tolerancia y cohesión social que hoy estamos sufriendo. Si queremos superar esta crisis, hoy deberemos abordar y discutir esta explicación.
Debemos asumir que este proceso de desintegración, que no ha sido casual sino buscado, alcanza su nivel más dramático en lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional. Porque ahí se entrelaza el desprecio por lo público con el desprecio por la historia. Y es la historia común, una que abarca desde lo político y militar hasta lo científico y humanístico, el otro gran factor de cohesión social para un país.
La situación del Instituto Nacional se nos aparece como surrealismo, como escenas sacadas de alguna película de Buñuel. Me imagino a un paciente diciéndole a su psicoanalista: “Doctor, tuve un sueño tan raro: veía estudiantes en el patio de un colegio, y cuando alcé la vista al techo comprobé que estaba lleno de policías uniformados en formación”.
Para nosotros tiene perfecto sentido sugerir que la crisis de convivencia que vivimos en nuestra sociedad tiene como antecedente el debilitamiento de los valores propios de la educación pública. Y que ésta no se va a resolver si no somos capaces de reinstaurar esos valores.
Es por ello que nuestra universidad, y el conjunto de las universidades estatales, hacemos de la defensa, articulación y aumento en calidad de todos los niveles de educación pública un objetivo esencial para preservar nuestra misión. Y estamos profundamente comprometidos con esta causa que busca la cohesión nacional, la equidad y la inclusión al servicio del progreso y bienestar del país.
