Con la llegada al poder de las extremas derechas en distintas partes del mundo, el movimiento anticientífico se ha institucionalizado. Como resultado, la sociedad está cada vez más expuesta a la desinformación, las noticias falsas y las teorías conspirativas, pero también menos preparada para enfrentar crisis globales como la pandemia o el cambio climático.
Por José Núñez | Foto: Crédito: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency/AFP
En el libro El ocaso de la democracia: La seducción del autoritarismo (2020), la periodista e historiadora estadounidense Anne Applebaum analiza cómo, en la actualidad, la ciencia y los científicos pueden convertirse en objetivos de regímenes autoritarios. Applebaum cita el caso del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que sometió a la Academia de Ciencias de Hungría al control directo del gobierno y expulsó a la Universidad Centroeuropea (CEU) —fundada y financiada por el filántropo húngaro-estadounidense George Soros— del país, con el fin de restringir la libertad académica y eliminar una potencial amenaza política.
Pero el caso de Orbán no es el único. En sus primeros meses al mando de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha realizado varios recortes presupuestarios a las principales agencias científicas, como la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias, la Agencia de Protección Ambiental, los Institutos Nacionales de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El ataque a la salud pública, en particular, comenzó cuando en enero de este año nombró como secretario de Salud a Robert F. Kennedy Jr., un famoso activista antivacunas que se ha pronunciado en contra de la fluoración del agua potable y ha propuesto investigar un supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo, desacreditado hace años. Hace poco, Kennedy prometió “un esfuerzo masivo de pruebas e investigación” para descubrir en menos de cinco meses qué provoca la “epidemia” de autismo que afecta a Estados Unidos, un plan que los expertos consideran equivocado y poco realista, ya que se trata de un trastorno complejo que ha sido estudiado durante décadas.
En Sudamérica también hay ejemplos de políticas anticientíficas. En Brasil, durante la pandemia, el expresidente Jair Bolsonaro minimizó la gravedad del covid-19, se negó a implementar medidas de prevención, promovió tratamientos no comprobados y retrasó el despliegue de las vacunas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei inició un proceso de desmantelamiento del sistema científico nacional, con despidos masivos, reducción de becas, recortes de financiamiento a proyectos de investigación y la eliminación del Ministerio de Ciencia. El mandatario argentino, además, aplicó un ajuste presupuestario a las universidades públicas, lo que ha provocado la pérdida de empleos, la disminución del salario docente y una fuga de cerebros. “El sistema de ciencia y tecnología de Argentina retrocedió casi un cuarto de siglo”, informó el diario El País, mientras que un estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) advirtió que “se trata de una caída sin antecedentes en la historia de la política económica de la ciencia argentina”.
La ofensiva contra la producción de conocimiento es parte de un movimiento antiintelectual promovido por las ultraderechas a nivel global. “El antiintelectualismo siempre ha existido. Sin ir más lejos, en los años 30 del siglo XX fue todo un tema, con el auge de los fascismos y el nazismo alemán. Pero en nuestros días toma un giro diferente, porque se armoniza con una postura en contra de las ciencias y sus resultados, y eso plantea una pregunta muy relevante, que tiene que ver con el estatus de la verdad en la vida colectiva”, plantea el sociólogo y académico chileno Alfredo Joignant.
La desconfianza hacia el conocimiento basado en evidencia es parte de una retórica antiintelectual que, con la llegada al gobierno de líderes políticos de extrema derecha en distintas partes del mundo, parece haberse institucionalizado. El sociólogo francés Éric Fassin, en su libro Misère de l’anti-intellectualisme (2024), denomina estas actitudes como “antiintelectualismo de Estado”, y da como ejemplo la decisión de Donald Trump, al inicio de su primer mandato en 2016, de retirarse del Acuerdo Climático de París, prohibir a los científicos del gobierno asistir a conferencias sobre el medio ambiente y nombrar a personas del sector de los combustibles fósiles para puestos relevantes. “Se puede hablar de antiintelectualismo de Estado cuando ya no se trata solo de discursos ideológicos, sino de medidas represivas”, dijo Fassin en el diario digital Mediapart.
Empirismo popular
La anticiencia es el rechazo al conocimiento científico y a la ciencia como forma de comprender el mundo. Lo que busca es reemplazar sus hallazgos por teorías no comprobadas, a menudo con fines políticos. De esta forma, la evidencia científica es sustituida por una versión alternativa y simplista de los hechos, basada en lo que el historiador francés Romain Huret, en su ensayo “¿El fin de las ciencias sociales?”, llama empirismo popular: de ahí, por ejemplo, que Trump mencione la nieve y el frío invernal como pruebas contra el calentamiento global.
Pierre Ostiguy, académico de la Universidad de Valparaíso y experto en populismo, señala que “el perfil de las personas que tienden a tener mayores actitudes anticientíficas combina dos rasgos: suelen tener un nivel de educación formal (escolaridad) menor al promedio y tienen un alto nivel de desconfianza —que llega a veces a lo paranoico o conspirativo— frente a todo lo que es sistémico, y, por ende, colectivo, como el gobierno, el Estado o ‘la gente con poder’”.
Según Ostiguy, esta desconfianza “suele provenir de una derecha con un sentimiento antagónico hacia la modernidad. Se ve por ejemplo en familias religiosas de orientación evangélica, donde elegir entre la palabra de Dios tomada de la Biblia literalmente y lo que afirma el aparato científico es fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, hay familias que prefieren no mandar a sus hijos a la escuela para que no los ‘contaminen’. Como saben que están a contracorriente, tienden a cerrarse ante cualquier tipo de argumentación lógica de hechos empíricos”.
Este tipo de posturas, como advierten diversos estudios, debilita la credibilidad de las respuestas científicas frente a problemas sociales complejos. “En el ámbito de la salud pública, el cuestionamiento constante de la información científica bajo la premisa de un ‘pensamiento crítico’ mal entendido puede generar desconfianza en las vacunas, promover el uso de tratamientos no comprobados y fomentar la desinformación sobre medidas preventivas, lo que agrava las crisis sanitarias. En cuanto al medioambiente, la negación del cambio climático puede retrasar la implementación de políticas para mitigar sus efectos”, afirma Eugenia Gayo, directora del Núcleo Milenio UPWELL e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).
A esto se suman otras consecuencias menos evidentes, que tienen que ver con la pérdida de una instancia de validación neutral y de un marco de comprensión común. “Con la llegada de la modernidad, se produce una transición de sociedades teocráticas, en las que Dios era el garante del mundo, a sociedades donde la ciencia cumple esa función. Si uno dice ‘está científicamente comprobado’, hay un tercero en referencia que garantiza la comprensión del mundo y contribuye a resolver una controversia. Eso se acaba cuando la ciencia es puesta en cuestión. Lo que se pierde es un ordenamiento de las comprensiones, los significados y las disputas”, advierte la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Kathya Araujo.
Fortalecer la comunicación
“Desde los argumentos de motivación religiosa contra la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas hasta la negación del cambio climático, pasando por la defensa new-age de la medicina alternativa, las afirmaciones extravagantes sobre los efectos de las vacunas o la fluoración del agua y la ignorancia básica generalizada sobre conceptos como ‘teoría’ o ‘evidencia’, los puntos de vista anticientíficos se manifiestan cada vez más en nuestra vida cotidiana”, escriben los académicos Michael Thompson y Gregory Smulewicz-Zucker en Anti-Science and the Assault on Democracy (2018).
El origen de estos cuestionamientos a la ciencia se explica por múltiples factores, tal como advierten Aviva Philipp-Muller, Spike W. S. Lee y Richard E. Petty en una investigación publicada en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences. Según los autores, hay cuatro factores psicológicos de las personas que adoptan posturas anticientíficas: la falta de credibilidad percibida de la fuente del mensaje, la identificación con grupos sociales que rechazan la ciencia, la contradicción entre los datos científicos y las creencias personales y el desajuste entre el estilo de comunicación científica y la forma en que los individuos procesan la información. A esto se suma la percepción de que la ciencia está al servicio de ciertas élites, algo que los líderes populistas aprovechan presentándose como defensores de la “gente común”.
Estos cuestionamientos en contextos polarizados, donde la información neutral de la ciencia es trasladada al ámbito de la ideología política, pueden convertirse en ataques concretos. En The Deadly Rise of Anti-science (2023), el médico y científico estadounidense Peter J. Hotez describe las agresiones que él y otros científicos sufrieron durante la pandemia, desde amenazas anónimas por correo electrónico y redes sociales hasta enfrentamientos físicos. En el libro, que narra cómo el movimiento antivacunas en Estados Unidos pasó a convertirse en una fuerza política respaldada por funcionarios de gobierno, menciona una encuesta publicada por la revista Science en 2022, la que reveló que el 38% de los científicos que trabajaron en temas relacionados con el covid-19 reportaron haber sufrido ataques, desde insultos hasta amenazas de muerte. Como resultado, dice el informe, muchos optaron por reducir su compromiso público.
“Los discursos anticientíficos se utilizan como una estrategia para promover agendas ideológicas con el fin de favorecer los intereses de ciertos grupos sociales”, opina Eugenia Gayo, un fenómeno que ha quedado en evidencia —por dar dos ejemplos bien documentados— en las campañas que hace algunas décadas financiaron las industrias tabacaleras para negar los daños en la salud del tabaco, o el negacionismo climático alimentado por las industrias de combustibles fósiles, difundido a través de investigaciones y campañas de comunicación. El problema, sin embargo, se agrava cuando estos discursos son respaldados por figuras con poder político.
Un estudio publicado en enero de 2025 por la revista académica Nature Human Behaviour llegó a la misma conclusión. Luego de realizar una encuesta en 68 países que incluyó a 71.922 participantes, constató que no hay una falta generalizada de confianza en los científicos, pero planteó la necesidad de tomarse en serio a la minoría anticientífica, “especialmente si reciben una amplia cobertura mediática e incluyen a personas en puestos de poder que pueden influir en la elaboración de políticas”.
“Quienes hacemos ciencia debemos reconocer que nuestra responsabilidad va más allá de la producción de conocimiento, y que nuestros esfuerzos deben orientarse también hacia la divulgación científica y la corrección de conceptos erróneos. Por eso, debemos generar estrategias para fortalecer la comunicación pública de la ciencia utilizando lenguajes transversales a toda la sociedad”, señala Gayo. Y agrega: “Otro aspecto muy importante es involucrarnos de manera proactiva en la creación de políticas públicas que favorezcan el bienestar colectivo, lo que garantiza que la toma de decisiones se base en el conocimiento científico y no en opiniones infundadas”.
